CAPITULO I PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION CONTRATACION ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 1.1.- MARCO CONCEPTUAL. El contrato es una de las formas jurídicas de la función administrativa. En su consecuencia, por una relación de especie a género, en la preparación y ejecución de los contratos de la Administración se aplica el régimen jurídico de la función administrativa. Ahora bien, en el régimen jurídico de tal función, como principio de ella, encontramos encontramos el procedimiento administrativo, es decir, las reglas que rigen la intervención de los administrados interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. Por todo ello hay que aplicar en la contratación administrativa las normas del procedimiento administrativo. Más aún, el procedimiento de contratación administrativa es un procedimiento administrativo especial. El procedimiento de formación de la voluntad administrativa contractual (precontractual) no se confunde con el contrato, que es el resultado del encuentro de aquélla con la voluntad del contratista (persona física o jurídica, privada o pública, estatal o no estatal). El vínculo contractual nace cuando se enlazan la voluntad de la Administración Pública y la del contratista, por el procedimiento legal previsto al efecto. Tenemos que distinguir, por tanto, un procedimiento precontractual, previo al contrato, de formación o preparación del contrato, y un procedimiento contractual o de ejecución. 1.2- PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL CONTRATO La actividad preliminar al contrato de la Administración adopta las formas jurídicas propias de la función administrativa. Las etapas del procedimiento preparatorio y previo a la emisión de la voluntad contractual, sustancialmente adquieren forma de acto, reglamento, hecho o simple acto administrativos.
Ellas, a tenor de nuestra dogmática jurídica, son las formas por las cuales se exterioriza toda la actividad administrativa del Estado, contractual o no. La actividad administrativa contractual o precontractual no es ajena al régimen jurídico de la función administrativa ni tiene formas jurídicas de manifestación distinta de aquélla. Los actos, hechos, reglamentos y simples actos administrativos, dictados o ejecutados en la preparación de la voluntad administrativa contractual, se incorporan unitariamente, aunque de manera separable, en el procedimiento administrativo de conformación de la voluntad contractual. Por ello, las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa (procedimiento administrativo) son también aplicables a la actividad administrativa precontractual (de preparación de la voluntad) y contractual propiamente dicha (de ejecución de la voluntad). El procedimiento administrativo preparatorio de la voluntad contractual se integra, además, con la actividad que despliega a ese efecto el futuro contratista de la Administración Pública. En la actividad precontractual, preparatoria o preliminar del contrato administrativo, encontramos también actos y hechos jurídicos privados o de particulares, v.gr., la compra del pliego, la presentación de la oferta, el retiro o desistimiento de la oferta, la constitución de la garantía, la solicitud de inscripción en los registros respectivos, la formulación de observaciones e impugnaciones en el acto de apertura, etcétera. Por lo tanto, la selección del contratista por cualquier procedimiento (licitación pública, licitación privada, contratación directa, remate público, concurso), no se agota en un acto administrativo único, sino que es el resultado de varios actos, hechos, reglamentos y simples actos administrativos, que reciben concurrencia y colaboración de los particulares por medio de actos y hechos jurídicos privados, siempre que el oferente sea una persona privada. 1.3- PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DEL CONTRATO La actividad preliminar al contrato de la Administración adopta las formas jurídicas propias de la función administrativa. Las etapas del procedimiento preparatorio y previo a la emisión de la voluntad contractual, sustancialmente adquieren forma de acto, reglamento, hecho o simple acto administrativos.
Ellas, a tenor de nuestra dogmática jurídica, son las formas por las cuales se exterioriza toda la actividad administrativa del Estado, contractual o no. La actividad administrativa contractual o precontractual no es ajena al régimen jurídico de la función administrativa ni tiene formas jurídicas de manifestación distinta de aquélla. Los actos, hechos, reglamentos y simples actos administrativos, dictados o ejecutados en la preparación de la voluntad administrativa contractual, se incorporan unitariamente, aunque de manera separable, en el procedimiento administrativo de conformación de la voluntad contractual. Por ello, las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa (procedimiento administrativo) son también aplicables a la actividad administrativa precontractual (de preparación de la voluntad) y contractual propiamente dicha (de ejecución de la voluntad). El procedimiento administrativo preparatorio de la voluntad contractual se integra, además, con la actividad que despliega a ese efecto el futuro contratista de la Administración Pública. En la actividad precontractual, preparatoria o preliminar del contrato administrativo, encontramos también actos y hechos jurídicos privados o de particulares, v.gr., la compra del pliego, la presentación de la oferta, el retiro o desistimiento de la oferta, la constitución de la garantía, la solicitud de inscripción en los registros respectivos, la formulación de observaciones e impugnaciones en el acto de apertura, etcétera. Por lo tanto, la selección del contratista por cualquier procedimiento (licitación pública, licitación privada, contratación directa, remate público, concurso), no se agota en un acto administrativo único, sino que es el resultado de varios actos, hechos, reglamentos y simples actos administrativos, que reciben concurrencia y colaboración de los particulares por medio de actos y hechos jurídicos privados, siempre que el oferente sea una persona privada. 1.4- FASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. Todo procedimiento de contratación con las Administraciones Públicas se compone de tres fases bien diferenciadas: a) FASE DE PREPARACIÓN DEL CONTRATO b) FASE DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO c) FASE DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Vamos a estudiarlas una por una: a) Fase de preparación del contrato: Cuando la Administración decide contratar, tiene que elaborar previamente un proyecto de contratación, en el que se contienen: - Los estudios económicos y administrativos. - Las prescripciones técnicas en forma de pliegos de cláusulas administrativas. Una vez elaborado el proyecto, se organiza el expediente de contratación, que debe ser fiscalizado para comprobar tanto su adecuación a la legislación vigente, como que ese gasto está previsto en los presupuestos. Terminando este expediente, se pasa a la fase de aprobación. Las p res cr ip ci on es té cn ic as son los requisitos de carácter técnico en que se basa la
contratación. Los pliego s d e cláusu las adm inistrativas se conforman por la documentación que
acompaña a la convocatoria de un concurso y en la que se contienen las condiciones de la contratación. b) Fase de adjudicación del contrato: Una vez aprobado, se procede a la selección del contratista, esto es, se procede a efectuar la adjudicación de la persona o empresa idónea. El tipo de contratación administrativa del que se esté hablando es el que va a determinar el tipo de contratista que podrá acceder al mismo. En el siguiente cuadro se aprecia claramente la correlación entre el tipo de procedimiento administrativo y el tipo de contratista idóneo:
c) Fase de formalización del contrato: Una vez seleccionado el contratista, la Administración extiende el contrato que será suscrito por ambas partes. El contrato incluye una serie de cláusulas, entre las que se incluye la facultad de la Administración de interpretarlo, así como de modificar sus condiciones si con eso se favorece el interés general. Sin embargo, en este caso es preciso indemnizar al contratista por el perjuicio causado al variar las condiciones iniciales del contrato que firmó.
Todas las actuaciones y procedimientos que se produzcan durante las fases de la contratación, así como los conflictos y controversias que pudieran surgir con motivo de la ejecución e interpretación del contrato, están plenamente sometidos a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por el contrario, en aquellos contratos de carácter privado que celebre la Administración, serán regulados por la Ley de Contratos del Estado en cuanto a las fases de preparación, adjudicación y formalización de los mismos, siendo competente la jurisdicción que corresponda en lo que se refiere a su ejecución, interpretación y posibles controversias.
1.5- MODALIDADES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Las modalidades fundamentales de selección de contratistas son cuatro: la subasta, el concurso, el concurso-subasta y la adjudicación directa. La subasta En esta modalidad la Administración impone unas condiciones en los pliegos de contratación y se presentan los contratistas que lo deseen. El contrato (ya sea de obra o de servicio) se adjudica al que ofrezca la mejor oferta económica. El concurso Esta modalidad es la más utilizada. Aquí, la Administración establece unas condiciones que deberán cumplir los contratistas y, en base a las mismas, éstos podrán mejorarlas. Por ejemplo para la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria, se señala que el adjudicatario de la obra deberá terminarla en un año y su costo par a la Administración no deberá superar los 3.000.000,00 de Nuevos Soles. Es posible que cualquier empresa concursante proponga realizarlo en menos tiempo y a menor costo. La Administración valorará una a una cada oferta y elige la que, globalmente, le parezca más ventajosa. Es decir, no tiene que elegir la más barata o la empresa más solvente, sino la que presenta el conjunto de condiciones más favorables para la Administración. El concurso-subasta Esta modalidad de contratación tiene dos fases:
Fase de concurso: se valoran las condiciones que ofrecen los distintos contratistas, como equipos técnicos, personal, plazo de realización de la obra, etc. De esta fase se preselecciona a los más solventes.
Fase de subasta: se realiza la subasta entre los que han superado la primera fase. Entre ellos se adjudica el contrato al que ofrezca la mejor oferta económica.
La adjudicación directa En determinadas situaciones de urgente necesidad o debido a la escasa cuantía de lo contratado la Administración puede seleccionar libremente al contratista, prescindiendo de las formalidades de contratación. 1.6- CONTRATOS PÚBLICOS DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS. Las Administraciones Públicas, para poder llevar a cabo los contratos de obras, servicios o suministros, deben recurrir, en la mayoría de los casos, a empresas o particulares. La Administración construye carreteras, diques, presas, hospitales, universidades, etc., mediante contratos de obras con empresas privadas o públicas. Servicios como los de recogida de basuras, limpieza de playas, comedores escolares, comida en los hospitales, etc., que deben ser prestados por las diferentes Administraciones Públicas, son contratados por éstas con empresas privadas que los desarrollan. Cada uno de estos contratos son regulados de forma particular por la ley, y esta regulación es la que pasamos a estudiar ahora. El contrato de obras Tiene por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación o demolición de un bien inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del suelo o del subsuelo por cuenta de la Administración y a cambio de un precio, ya sean de primer establecimiento o creación, reforma, reparaciones menores, y obras de conservación y mantenimiento (por ejemplo, carreteras, ferrocarriles, puertos, presas, dragados, prospecciones, etc.). La adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión y, en su caso, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto, que definirá con precisión el objeto del contrato. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas del contrato y del proyecto.
Durante el desarrollo de las obras, y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan observarse. Para que el contratista, (empresa que realiza las obras) pueda cobrar, la Administración expedirá certificaciones que acrediten las obras ejecutadas y por tanto debidas, durante un periodo de tiempo determinado. El contrato de obras podrá ser modificado respecto del planteamiento inicial. Para ello, se debe seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratos de la Administración Pública y dependen fundamentalmente del director facultativo de la obra, necesitando realizarse un expediente de modificación de obras que requerirá: a) Realización del proyecto y aprobación del mismo. b) Audiencia del contratista. c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación. El contrato de suministro Se considera contrato de suministro la compra de bienes muebles por la Administración, en la que concurra alguna de las siguientes características: Que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes, de forma sucesiva y por un precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el negocio por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la Administración (por ej. mobiliario). Que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso ( por ej. Material farmacéutico y sanitario para hospitales, material de oficina). Que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deben ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la Administración (por ej. equipos informáticos, aparatos de alta especialización, etc.). Asimismo, la adquisición de bienes muebles, cuando no tenga la calificación legal de suministro (por ej. la adquisición de un cuadro, etc.), se somete a normas de procedimiento reguladas en la Ley de Patrimonio del Estado. La adjudicación de estos contratos puede ser por subasta, concurso o negociado.
a) La subasta, sólo podrá utilizarse en aquellas adquisiciones de escasa cuantía en las que los productos a adquirir estén perfectamente definidos por estar Ciclo Grado Medio Gestión Administrativa Principios de Gestión Administrativa Pública normalizados, pudiendo variar solamente en el precio y no en la calidad o forma. b) En el resto de los casos el contrato de suministro se realizará mediante el concurso. c) El procedimiento negociado solamente se puede acordar en el caso de que las ofertas económicas en los procedimientos de subasta o concurso sean irregulares o inaceptables y siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones del contrato inicial. En el contrato de suministro el contratista está obligado a entregar los bienes objeto del suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y conforme a las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. El abono del precio que la Administración debe satisfacer al adjudicatario, una vez entregados y formalmente recibidos los bienes objeto del contrato, se realizará en dinero, pudiendo ser de forma extraordinaria en otros bienes siempre que en ningún caso sobrepase el 50 por ciento del valor contratado. El contrato de servicios Este contrato recibe también el nombre de contrato de gestión de servicio público, en virtud del mismo, la Administración encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio público; en consecuencia, se trata no tanto de un tipo contractual definido como de una técnica de gestión indirecta de los servicios públicos, que comprende una pluralidad de figuras contractuales como son la concesión, la gestión interesada, el concierto y la sociedad de economía mixta (en la Administración local se conoce también la figura del Arrendamiento). Este tipo de contrato se adjudica por el procedimiento abierto o restringido, mediante concurso; el procedimiento negociado sólo se podrá realizar previa justificación. En su fase de ejecución el contratista está obligado a ejecutar las obras precisas y a organizar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo.
1.7- REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS. Para garantizar la transparencia de las actuaciones de las Administraciones existe un Registro Público, dependiente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda. La obligación de registrar los contratos administrativos se extiende a los órganos correspondientes de las respectivas Administraciones Públicas. Estos registros constituirán el soporte estadístico sobre la contratación pública para fines estatales.
CAPITULO II PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ADMINITRATIVA DE SERVICIO. 2.1- ANTECEDENTES El CAS es una modalidad contractual de la Administración Pública, privativa del Estado, que vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera no autónoma. Se rige por normas del derecho público y confiere a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones que establece el Decreto Legislativo Nº 1057 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM. No está sujeto a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público —, ni al régimen laboral de la actividad privada, ni a ningún otro régimen de carrera especial. Es una prestación de servicios de carácter no autónomo, pues es la prestación de servicios que realiza una persona a favor de una Entidad Pública de manera dependiente, sin que ello implique un vínculo laboral con la Entidad. Conforme a la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1057, dicha norma entró en vigencia al día siguiente de su publica ción en el Diario Oficial ―El Peruano‖, es decir, se encuentra vigente desde el 29 de junio de 2008 y sus normas son
de obligatorio cumplimiento.
2.2- MARCO NORMATIVO Dichos procedimientos se encuentran regulados por los siguientes dispositivos legales: Se rige por normas del derecho público, y confiere a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones que establece el Decreto Legislativo Nº 1057 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM. No está sujeto a las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público —, ni al régimen laboral de la actividad privada, ni a ningún otro régimen de carrera especial.
2.3- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 2.3.1- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Para suscribir un contrato administrativo de servicios las entidades públicas deben observar un procedimiento que incluye las siguientes etapas: PREPARATORIA: Comprende el requerimiento del órgano o unidad orgánica usuaria, que incluye la descripción del servicio a realizar y los requisitos mínimos y las competencias que debe reunir el postulante, así como la descripción de las etapas del procedimiento, la justificación de la necesidad de contratación y la disponibilidad presupuestaria determinada por la oficina de presupuesto o la que haga sus veces de la entidad. No son exigibles los requisitos derivados de procedimientos anteriores a la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1057 y de este reglamento. CONVOCATORIA: Comprende la publicación de la convocatoria en el portal institucional en Internet y en un lugar visible de acceso público del local o de la sede central de la entidad convocante, sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la entidad convocante, otros medios de información. La publicación de la convocatoria debe hacerse y mantenerse publicada desde, cuando menos, cinco días hábiles previos al inicio de la etapa de selección.
SELECCIÓN: Comprende la evaluación objetiva del postulante relacionado con las necesidades del servicio. Debe incluir la evaluación curricular y, a criterio de la entidad convocante, la evaluación escrita y entrevista, entre otras que se estimen necesarias según las características del servicio materia de la convocatoria. En todo caso la evaluación se debe realizar tomando en consideración los requisitos relacionados con las necesidades del servicio y garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. El resultado de la evaluación se publica a través de los mismos medios utilizados para publicar la convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, que debe contener los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO: Comprende la suscripción del contrato dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados. Si vencido el plazo el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas imputables a él, se debe declarar seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente, para que proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación. De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, la entidad convocante puede declarar seleccionada a la persona que ocupa el orden de mérito inmediatamente siguiente o declarar desierto el proceso. Una vez suscrito el contrato, la entidad tiene cinco días hábiles para ingresarlo al registro de contratos administrativos de servicios de cada entidad y a la planilla electrónica regulada por el Decreto Supremo Nº 018 ‐2007‐TR. Los procedimientos seguidos para la contratación de personas en el régimen de contratación administrativa de servicios, que se inician con posterioridad a la vigencia del presente reglamento, se sujetan única y exclusivamente a las normas que lo regulan, contenidas en el Decreto Legislativo Nº 1057 y el presente reglamento. No son exigibles los requisitos derivados de procedimientos anteriores ni el proceso regulado por las normas que rigen las contrataciones y adquisiciones del Estado.
IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR Y PROHIBICIÓN DE DOBLE PERCEPCIÓN -
No pueden celebrar contratos administrativos de servicios las personas con inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el Estado.
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Están impedidos de ser contratados bajo el régimen de contratación administrativa de servicios quienes tienen impedimento para ser postores o contratistas, expresamente previsto por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.
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Están impedidas de percibir ingresos por contrato administrativo de servicios aquellas personas que perciben otros ingresos del Estado, salvo que, en este último caso, dejen de percibir esos ingresos durante el período de contratación administrativa de servicios.
La prohibición no alcanza, cuando la contraprestación que se percibe proviene de la actividad docente o por ser miembros únicamente de un órgano colegiado.
AMIGA RUTH ACA FALTA COMPLEMENTARLE CON EL PROCEDIMIENTO SUPLETORIO QUE LE DA LA LEY 27444 PERO PUEDES IR AVANZADO CON LA INTRODUCCION Y TODO ESO Y CHEKA SI ESTA BIEN EL TRABAJO PORQUE ANDO UN POCO CONFUNDIDO.
