ADMIN III UC3M. CONTRATACION

Contratación y medios de las Administraciones Públicas

2013

BLOQUE 1: LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

1

LAURA GÓMEZ PIEDELOBO // DAVID SAN-ELOY SALAS

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.






















2013

TEMA 1: LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO 1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN La actividad contractual del sector público español se rige por la Ley de Contratos del Sector Público, una ley muy compleja técnicamente, y que se dictó como transposición a algunas directivas europeas. Esta Ley no se aplica exclusivamente al sector público, sino que determinados sectores también se rigen por ella, incluso aunque se trate de empresas privadas, porque se exige a los operadores de esos sectores que cumplan con ciertas obligaciones de servicio público que se compensan con ayudas del SP a esos operadores; los sectores son: los del agua, de la energía, de los trasportes y de los servicios postales y las telecomunicaciones. En España, históricamente la legislación de contratos públicos siempre ha perseguido evitar la malversación de servicios públicos y procurar la eficacia y la eficiencia en la ejecución de las potestades públicas. A esto se le han añadido las directivas de contratos del sistema europeo que prevalecen sobre nuestro derecho. El DUE se introduce en esta materia desde la lógica de la competencia ya que los países miembros tienen la misión de salvaguardar el bienestar comunitario, que podría violarse si el Estado da preferencia a sus empresas sobre las de otros Estados miembros. Es decir, la UE entró a legislar en este ámbito por la especial dimensión económica que tienen estos contratos en el mercado interior, ya que suponen una cuantía importante del volumen de transacciones financieras.

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN En cuanto al objeto de la Ley, dice el art. 2.1 que tratamos de los contratos onerosos que son fuente de obligaciones recíprocas y equivalentes entre las partes (prestación ↔contraprestación: precio).

Art. 2.1 LCSP: LCSP: Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades






















2013

Art. 4 LCSP: 1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas: a. b.

La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. c. Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley. d. Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. e. Los convenios incluidos en el ámbito del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa. f. Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con entidades de derecho internacional público. g. Los contratos de suministro relativos a actividades directas de los organismos de derecho público dependientes de las Administraciones públicas cuya actividad tenga carácter comercial, industrial, financiero o análogo, si los bienes sobre los que versan han sido adquiridos con el propósito de devolverlos, con o sin transformación, al tráfico jurídico patrimonial, de acuerdo con sus fines peculiares, siempre que tales organismos actúen en ejercicio de competencias específicas a ellos atribuidas por la Ley. h. Los contratos y convenios derivados de acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con uno o varios países no miembros de la Comunidad, relativos a obras o suministros destinados a la realización o explotación conjunta de una obra, o relativos a los contratos de servicios destinados a la realización o explotación en común de un proyecto. i. Los contratos y convenios efectuados en virtud de un acuerdo internacional celebrado en relación con el estacionamiento de tropas. j. Los contratos y convenios adjudicados en virtud de un procedimiento específico de una organización internacional. k. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. l. Los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta y transferencia de valores o de otros instrumentos financieros, en particular las operaciones relativas a la gestión financiera del Estado, así como las operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los entes, organismos y entidades del sector público, así como los servicios prestados por el Banco de España y las operaciones de tesorería. m. Los contratos por los que un ente, organismo o entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o prestar algún servicio, sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad del sector público sujeta a esta Ley, deba ajustarse a sus prescripciones para la celebración del correspondiente contrato. n. Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo el artículo 24.6, tenga 24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada prestación. No obstante, los contratos que deban celebrarse por las entidades que tengan la consideración de medio propio y servicio técnico para la realización de las prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos a esta Ley, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en la Sección la Sección II del Capítulo II de este Título Preliminar, las Preliminar, las entidades de derecho privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 137.1 y 190. o. Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en e l artículo 7, 7, que se regularán por su legislación





















Contratación y medios de las Administraciones Públicas p.

q.

r.

2013

Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre

bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial. En estos contratos no podrán incluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos regulados en la Sección I del Capítulo II del Título Preliminar, si Preliminar, si el valor estimado de las mismas es superior al 50 % del importe total del negocio o si no mantienen con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 25; 25; en estos dos supuestos, dichas prestaciones deberán ser objeto de contratación independiente con arreglo a lo establecido en esta Ley. Los contratos de servicios y suministro celebrados por los Organismos Públicos de Investigación estatales y los Organismos similares de las Comunidades Autónomas que tengan por objeto prestaciones o productos necesarios para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o servicios técnicos, cuando la presentación y obtención de resultados derivados de los mismos esté ligada a retornos científicos, tecnológicos o industriales susceptibles de incorporarse al tráfico jurídico y su realización haya sido encomendada a equipos de investigación del Organismo mediante procesos de concurrencia competitiva. Los contratos de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de contratación, siempre que éste comparta con las empresas adjudicatarias los riesgos y los beneficios de la investigación científica y técnica necesaria para desarrollar soluciones innovadoras que superen las disponibles en el mercado. En la adjudicación de estos contratos deberá asegurarse el respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación y de elección de la oferta económicamente más ventajosa.

2. Los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el apartado anterior se regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley otros negocios jurídicos que celebre la AP que no estén caracterizados por esta onerosidad (aunque los acuerdos sean bilaterales, p.e. los convenios). El art. 4 habla de los negocios y contratos excluidos de la a plicación de la Ley: 

 





Convenios de colaboración entre distintos entes públicos (p.e. convenio entre universidad y una AP sin percibir un precio). Convenios de colaboración con entes privados. Contratos especiales (p.e. relación funcionarial, tratados suscritos con Estados u otros entes de Derecho Internacional; tampoco se rigen por la Ley los contratos regidos por legislación laboral). Negocios jurídicos de encomienda de gestión (art. 24.6). Siempre y cuando al ente al que se le encomiende tenga la consideración de medio propio y servicio técnico de la AP. Contratación en los “sectores excluidos”: agua, energía, transportes y servicios

postales (d.a. 8ª LCSP y Ley 30/2007). *Cabe decir que todos los regulados en el art.4.1 se rigen subsidiariamente por la LCSP.






















2013

En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación de la LCSP es el sector público pero entendido más allá de la mera AP. Se produce una combinación del criterio estatutario español (distinción por el estatuto que regula el ente) con el funcional europeo (dependiendo de la función que desempeña). La LCSP cumple las directivas europeas pero va más allá de ellas, lo que hace que se puedan diferenciar tres ámbitos de aplicación progresiva (de mayor a menor intensidad) de la Ley (art. 3 LCSP): 1) Administración Pública (se aplica toda la Ley) 2) Poder adjudicador (es el concepto que utilizan las directivas). P.e. AENA 3) Sector Público (donde menos se aplica la Ley) La LCSP puede aplicarse incluso a entes que no son del SP (p.e. arts. 17 –contratos subvencionados- y 274 –concesionarios de obra pública-).Por tanto, los entes privados pueden tener que cumplir con esta Ley si contratan obras o servicios que estén financiados en la mitad o más por un poder adjudicador. Art. 3 LCSP: 1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades: a. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. b. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. c. Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. d. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 %. e. Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Común, y la legislación de régimen local. f. Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. g. h.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o






















2013

2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de Administraciones Públicas los siguientes entes, organismos y entidades: a. Los mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior. b. Los Organismos autónomos. c. Las Universidades Públicas. d. Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad, y e. las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características siguientes: 1. Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o 2. que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios. No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales. f. Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en lo que respecta a su actividad de contratación. g. Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación. 3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, los siguientes entes, organismos y entidades: a. Las Administraciones Públicas. b. Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia distintos de los expresados expresados en la letra a) que hayan sido creados específicamente específicamente para satisfacer necesidades necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3 financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. c. Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.

3. PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO CONTRATANTE La AP y los particulares no están situados en una posición de igualdad en la relación contractual, sino que la AP tiene potestades que la colocan en una posición de superioridad frente al contratante. Estas potestades se manifiestan en todas las fases del procedimiento contractual. Estas prerrogativas se justifican en el hecho de la AP como potentior persona con un estatuto exorbitante al servicio del interés general (como se reconoce en la CE) que le concede potestades y prerrogativas, pero que le obliga a mantener ciertas garantía y la vincula positivamente a la ley. Las prerrogativas son:
























2013

La LCSP reconoce al órgano de contratación cuando es una AP una serie de prerrogativas específicas (art. 210 LCSP): Potestad de interpretación del contrato y de resolución de las dudas que se o planteen sobre su cumplimiento. Potestad de modificación del contrato por razones de interés general ( ius o ). variandi ). Potestad de resolución del contrato y determinación de los efectos de la o misma.



Estas potestades deben ser ejercidas cumpliendo una serie de requisitos en garantía del contratista (art. 211 LCSP): Deben ser ejercidas a través del correspondiente procedimiento administrativo Debe existir siempre un trámite de audiencia al interesado Se exige al órgano contratante un informe previo preceptivo del correspondiente servicio jurídico, y en algunos supuestos el legislador exige también un dictamen preceptivo del Consejo de Estado o sus equivalentes a nivel autonómico (p.e. cuando la resolución del contrato suscite la oposición del contratista o cuando la modificación del contrato sea de una cuantía superior al 10% del precio inici al). La resolución de estos procedimientos administrativos pone fin a la vía administrativa. admi nistrativa.

  



Art. 211 LCSP: 1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista. 2. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 99 y 213. 3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de: Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del contratista. 



Modificaciones del contrato, cuando su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 % del precio primitivo del contrato, cuando éste sea igual o superior a 6.000.000 de euros.

4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y

serán






















2013

Art. 18 LCSP: Los contratos del sector público pueden tener carácter administrativo o carácter privado.

1) Contratos administrativos (sólo las APs). Art. 19 LCSP: 1. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración Pública: a. Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro, y servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. No obstante, los contratos de servicios comprendidos en la categoría 6 del Anexo II y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo no tendrán carácter administrativo. b. Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos privados conforme al párrafo segundo del artículo 20.1, o por declararlo así una Ley. 2. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas.

a. Típicos o nominados (art. 19.1.a) LCSP). Art. 6 LCSP: 1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto. 2. Por “obra” se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.

i. Contrato de obra* (art.6 LCSP). Sólo se retribuye un precio. ii. Contrato de concesión de obra pública (art. 7 LCSP). Consiste en el






















2013

b. Las actuaciones actuaci ones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales. 3. El contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos preceptivos.

iii. Suministro*(art. 9 LCSP). Adquisición o arrendamiento de bienes muebles. Art. 9 LCSP: 1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este artículo respecto de los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. 3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes: a. Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. No obstante, la adjudicación de estos contratos se efectuará de acuerdo con las normas previstas en el Capítulo II del Título II del Libro III para los acuerdos marco celebrados con un único empresario. b. Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios. c. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.

iv. Servicios*(art. 10 LCSP). Obligaciones de hacer con el poder adjudicador para la obtención de un resultado distinto de obra o suministro. La definición tradicional empleada en España (basada en el sujeto al que iba






















2013

Art. 8 LCSP: 1. El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una Administración Pública o una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración o Mutua encomendante. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales sólo podrán realizar este tipo de contrato respecto a la gestión de la prestación de asistencia sanitaria. 2. Las disposiciones de esta Ley referidas a este contrato no serán aplicables a los supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.

Hablamos de un servicio público que se gestiona a través de una encomienda a un ente privado. A su vez este contrato admite varias modalidades previstas en el art. 277 de la Ley: Art. 277 LCSP: La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes modalidades: a. Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura. b. Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato. c. Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate. d. Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas.

a) Concesión. El concesionario se retribuye pero es el gestor del riesgo del servicio. Puede significar tres cosas: de obra, de servicio –la directiva europea de contratos la excluye expresamente de su ámbito de aplicación aunque en España y Francia se usa- (estos dos son contratos) y la concesión demanial (es un acto administrativo, p.e. conceder un trozo de playa para un chiringuito). b) Gestión interesada. Es similar a la concesión pero la AP acepta compartir riesgos y beneficios con la empresa privada. No se suele dar. c) Concierto con persona física o jurídica. Se emplea p.e en educación,






















2013

vi. Contrato de colaboración entre Sector Público y Sector Privado (art. 11 LCSP). Este tipo contractual nos viene de UK. Art. 11 LCSP: 1. Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquellos en que una Administración Pública o una Entidad pública empresarial u organismo similar de las Comunidades Autónomas encarga a una entidad de derecho privado, por un período determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones: a. La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas, y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión. b. La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas. c. La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado. d. Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o actuación de interés general que le haya sido encomendado. 2. Sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto, en la forma prevista en el artículo 134, que 134, que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas. 3. El contratista puede asumir, en los términos previstos en el contrato, la dirección de las obras que sean necesarias, así como realizar, total o parcialmente, los proyectos para su ejecución y contratar los servicios precisos. 4. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un precio que se satisfará durante toda la duración del contrato, y que podrá estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento.

*Estos son los que recogen las directivas di rectivas europeas. b. Especiales, atípicos o innominados (art. 19.1.b) LCSP). Son todos los demás no recogidos en la Ley y vinculados a la finalidad de la AP. *Ver artículo más en páginas anteriores. 2) Contratos privados (cualquier ente del SP). Son privados todos los que no son
























2013

Hay determinados contratos que por su escasa cuantía no exigen la sujeción rígida a la LCSP, son los conocidos como contratos menores (art. 138.3 LCSP) : 

En el caso de obras los de <50000€



Los restantes <18000€

Art. 138.3 LCSP: Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo el artículo 111. Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

Dentro de la clasificación por cuantía están también los contratos sujetos a regulación armonizada (art. 13), significa que se cumple plenamente la directiva europea:  

Los de colaboración entre Sector Público y Sector Privado en todo caso. Los de obras, concesión de obras, suministros y servicios cat. 1 a 16 (del Anexo II LCSP) de poderes adjudicadores y cuyo valor estimado supere cierta cuantía.

Art. 13 LCSP: 1. Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, en todo caso, y los contratos de obras, los de concesión de obras públicas, los de suministro, y los de servicios comprendidos en las categorías las categorías 1 a 16 del Anexo II, cuyo II, cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo el artículo 88, 88, sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos siguientes, siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador. Tendrán también la consideración de contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos subvencionados por estas






















2013

Por último hay que mencionar que no todos los contratos contienen exactamente los elementos que describe la Ley sino que algunos mezclan varios tipos de contratos, son los llamados contratos mixtos (art. 12 LCSP) a los que le será aplicable la normativa de la prestación principal para la que hayan sido concebidos. Art. 12 LCSP: Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico.






















2013

El objeto de los contratos se establece en los pliegos cuya finalidad es concretar la voluntad del órgano de contratación desde una perspectiva técnica y jurídica. Por tanto existen dos tipos: pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas y ambos a su vez pueden ser generales o particulares según se refieran al caso concreto o no. Art. 86 LCSP: 1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. 2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 3. Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto. Asimismo podrán contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas a integrarse en una obra, tal y como ésta es definida en el artículo 6, cuando dichas prestaciones gocen de una sustantividad propia que permita una ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación. En los casos previstos en los párrafos anteriores, las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la adjudicación de cada lote o prestación diferenciada se determinarán en función del valor acumulado del conjunto, salvo lo dispuesto en los artículos 14.2, 15.2 14.2, 15.2 y 16.2.

Los pliegos de prescripciones técnicas (arts. 116 y 117 LCSP) describen las características técnicas del objeto de los contratos. Los generales los aprueba el Consejo de Ministros o sus órganos análogos en el resto de entes y son potestativos. Los particulares los aprueba el órgano de contratación y son de carácter preceptivo.






















2013

Art. 114 LCSP: 1. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, y previo dictamen del Consejo de Estado, podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, que deberán ajustarse en su contenido a los preceptos de esta Ley y de sus disposiciones de desarrollo, para su utilización en los contratos que se celebren por los órganos de contratación de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales. 2. Cuando se trate de pliegos generales para la adquisición de bienes y servicios relacionados con las tecnologías para la información, la propuesta al Consejo de Ministros corresponderá conjuntamente al Ministro de Economía y Hacienda y al Ministro de Política Territorial y Administración Pública. 3. Las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local podrán aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo con sus normas específicas, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera. Art. 115 LCSP: 1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación. 2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. En el caso de contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos. 3. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos. 4. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponderá corresponderá al órgano de contratación, que podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga. 5. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado deberá informar con carácter previo todos los pliegos particulares en que se proponga la inclusión de estipulaciones contrarias a los correspondientes pliegos generales.






















2013

que se contienen en los pliegos de cláusulas administrativas generales. Los requisitos para revisar el precio son tres: 1) Es necesario que haya transcurrido al menos 1 año desde la adjudicación del contrato. 2) Es necesario que se haya ejecutado más del 20% del importe del contrato (hay excepciones). 3) Es necesario que esta posibilidad no se haya excluido expresamente del pliego de cláusulas administrativas particulares. Art. 87 LCSP: 1. En los contratos del sector público, la retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en euros, sin perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los casos en que ésta u otras Leyes así lo prevean. Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados. 2. El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración. 3. Los precios fijados en el contrato podrán ser revisados o actualizados, en los términos previstos en el Capítulo II de este Título, si se trata de contratos de las Administraciones Administraciones Públicas, o en la forma pactada en el contrato, en otro caso, cuando deban ser ajustados, al alza o a la baja, para tener en cuenta las variaciones económicas que acaezcan durante la ejecución del contrato. 4. Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, así como penalizaciones por
























2013

Cabe decir, que el precio acordado entre las partes y determinado en la adjudicación es distinto del valor estimado (art. 88 LCSP: estimado por el órgano de contratación). El precio es la contraprestación a que se obliga la AP, el valor estimado determina el régimen jurídico del contrato (p.e. sujeción a regulación armonizada). Art. 88 LCSP: 1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato. Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la cuantía de los mismos se tendrá en cuenta en el cálculo del valor estimado del contrato. En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106, 106, se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas. 2. La estimación deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en el mercado, y estar referida al momento del envío del anuncio de licitación o, en caso de que no se requiera un anuncio de este tipo, al momento en que el órgano de contratación inicie el procedimiento de adjudicación del contrato.






















2013

7. Cuando la realización de una obra, la contratación de unos servicios o la obtención de unos suministros homogéneos pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de dichos lotes. 8. Para los acuerdos marco y para los sistemas dinámicos de adquisición se tendrá en cuenta el valor máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, del conjunto de contratos contemplados durante la duración total del acuerdo marco o del sistema dinámico de adquisición.






















2013

TEMA 2: SUJETOS Y ACTUACIONES PREPARATORIAS 1. EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Es aquel órgano unipersonal o colegiado que tiene atribuida, por la norma, la competencia para contratar en nombre de la correspondiente entidad del sector público (art. 51.1 LCSP). No obstante en esta materia en algunos supuestos para que el órgano pueda ejercer la competencia se requiere la autorización por un órgano superior (p.e. Consejo de Ministros en aquellos contratos con valor igual o superior a 12M€). Art. 51.1 LCSP: 1. La representación de los entes, organismos y entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.

A nivel estatal los órganos que tienen atribuida esta competencia son los Ministros y los Secretarios de Estado, salvo que se cree en ese Ministerio un órgano especial ad hoc llamado






















2013

otro órgano de asistencia que se llama Jurado de Concurso (art. 323 LCSP) que se crean cuando se tratan de concursos de proyectos. También está la Junta Consultiva de Contratación de Órganos del Estado. Art. 320 LCSP: 1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos y restringidos y en los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el artículo el artículo 177.1, los 177.1, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de las ofertas. En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será potestativa para el órgano de contratación. 2. La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario. 3. Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación. El Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo de personal dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, o, a falta de éstos, una persona al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las





















Contratación y medios de las Administraciones Públicas 





2013

Tiene que tener capacidad para contratar. Tienen capacidad las personas físicas o jurídicas y también las UTEs U TEs (Uniones ( Uniones Temporales de empresarios) que cumplan (art. 59 LCSP): Que tengan capacidad de obrar en términos de derecho civil. o Dispongan de las habilidades técnicas o jurídicas que se exijan en cada caso. o No incurrir en ninguna de las prohibiciones legales de contratar (art. 60 LCSP) o (p.e. que exista una relación entre el órgano y el empresario que deje en entredicho la objetividad del órgano que contrata, o que haya sido condenado en firme). La solvencia, de carácter económico o financiera pero también solvencia profesional o técnica. Que debe acreditarse documentalmente en los pliegos (art. 62 LCSP). En algunos supuestos el legislador exige a los empresarios la clasificación del contratista, que es un procedimiento administrativo de clasificación que realiza la Junta Consultiva de Contratación (p.e. para algunos contratos de obras). Esta clasificación tiene una duración indefinida aunque es revisable y debe justificarse cada
























2013

incumplimiento por parte del contratista de presentar la garantía definitiva. Son de carácter potestativo y si se exigen tendrá que hacer se en los pliegos de cláusulas administrativas, donde se fijará la cuantía de la garantía (no puede superar el 3% del Art. 103 LCSP: 1. En atención a las circunstancias concurrentes en cada contrato, los órganos de contratación podrán exigir a los licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del mismo. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía provisional responderá también del
























2013

2. En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas que, además de la garantía a que se refiere el apartado anterior, se preste una complementaria de hasta un 5 % del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 % del precio del contrato. 3. Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación. 4. En la concesión de obras públicas el importe de la garantía definitiva se calculará aplicando el 5 % sobre el valor estimado del contrato, cuantificado con arreglo a lo establecido en el artículo 88.3. El órgano de contratación, atendidas las características y la duración del contrato, podrá prever en los pliegos, justificándolo justificándolo ente, la posibili el la garantía definitiv la
























2013

2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos: a. Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación. c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible,
























2013

3) Resolución motivada del órgano de contratación donde aprueba el expediente, el gasto y dispone la apertura del procedimiento de adjudicación (art. 110 LCSP). Por tanto esta resolución supone el inicio de la siguiente fase. Art. 110 LCSP: 1. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto, salvo el supuesto excepcional previsto en la letra a) del apartado 3 del artículo
























2013

No obstante, cuando se trate de procedimientos relativos a contratos sujetos a regulación armonizada, esta reducción no afectará a los plazos establecidos en los artículos los artículos 158 y 159 para la facilitación de información a los licitadores y la presentación de proposiciones en el procedimiento abierto. En los procedimientos restringidos y en los negociados en los que, conforme a lo previsto en el artículo 177.1, proceda la publicación de un anuncio de la licitación, el plazo para la presentación de solicitudes de participación podrá reducirse hasta quince días contados desde el envío del anuncio de licitación, o hasta diez, si este envío se efectúa por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y el plazo para facilitar la información información suplementaria suplementaria a que se refiere el artículo a rtículo 166.4 se reducirá a cuatro c uatro días. En el procedimiento restringido, el plazo para la presentación de proposiciones previsto en el artículo


























2013


























2013


























2013


























2013


























2013
































































































































































































































































































































































































































































2013

Art. 5 LIPSAP: 1. Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes: a) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad. b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva. 2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No obstante, en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la situación de dedicación parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se produzca en ellas. Art. 6 LIPSAP: 1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4. 3, excepcionalmente podrá autorizarse al personal incluido en el ámbito de esta ley la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente, o de asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos, que no correspondan a las funciones del personal adscrito a las respectivas Administraciones Públicas. Dicha excepción se acreditará por la asignación del encargo en concurso público, o por requerir especiales calificaciones que sólo ostenten personas afectadas por el ámbito de aplicación de esta ley. 2. El personal investigador al servicio de los Organismos Públicos de Investigación, de las Universidades públicas y de otras entidades de investigación dependientes de las Administraciones Públicas, podrá ser autorizado a prestar servicios en sociedades creadas o participadas por los mismos en los términos establecidos en esta ley y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, por el Ministerio de la Presidencia o por los órganos competentes de las Universidades públicas o de las Administraciones Públicas.



Prohibición de más de una remuneración con cargo a la hacienda pública. Exceptuando dietas e indemnizaciones (arts. 5.2 y 8 LIPSAP) y la retribución de actividades autorizadas hasta ciertos límites porcentuales (art. 7 LIPSAP).

Art. 7 LIPSAP: 1. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director general, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en: -Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente. -Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente. -Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente. -Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo D o personal equivalente. -Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo E o personal equivalente. La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las Comunidades Autónomas o Pleno de las Corporaciones Locales en base a razones de especial interés para el servicio. 2. Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas extraordinarias, así como las






















2013

Art. 8 LIPSAP: El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley que en representación del sector público pertenezca a Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas o privadas, sólo podrá percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos, ajustándose en su cuantía al régimen general previsto para las Administraciones Públicas. Las cantidades devengadas por cualquier otro concepto serán ingresadas directamente por la Entidad o Empresa en la Tesorería pública que corresponda. No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración u órganos de gobierno a que se refiere el apartado anterior, salvo que excepcionalmente se autorice para supuestos concretos mediante acuerdo del Gobierno, órgano competente de la Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local correspondiente. 

Incompatibilidad para cualquier cargo, profesión o actividad, pública o privada, que pueda impedir o menoscabar el cumplimiento de los deberes o comprometer la imparcialidad o independencia. independencia. Exceptuadas las administraciones del patrimonio personal o familiar, la participación en congresos, cursos, seminarios o conferencias, la creación y producción literaria, artística, científica y técnica y los derechos de propiedad intelectual que generen, la participación en programas de medios de comunicación social, … (art. 19 LIPSAP).

Art. 19 LIPSAP: Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes: a) Las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley. b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y formas que reglamentariamente se determine. c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas. d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les corresponda, en la forma reglamentariamente establecida. e) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sea retribuido. f) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios. g) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social; y h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional.






















BLOQUE 3: MEDIOS MATERIALES DE LAS L AS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2013






















2013

LECCIÓN 7: LAS PROPIEDADES PÚBLICAS 1. EVOLUCIÓN Y RÉGIMEN ACTUAL Ya el Derecho romano distinguía entre cosas apropiables o aprovechables privativamente (bienes del art. 333 CC) y res comunes omnium, de las que es heredero el patrimonio común de la humanidad en el Derecho Internacional (alta mar, Antártida, espacio extra-atmosférico). En la Edad Media y el Estado Moderno había una indefinición de los bienes públicos, ya que no se diferenciaban los bienes públicos del patrimonio del titular del sector público (el soberano). En el Estado contemporáneo se va perfilando un estatuto jurídico-público concebido de manera dual que, en función del uso que se dé a los bienes, diferencia: el dominio público o demanio y el dominio privado o patrimonio de la AP (art. 339 y 340 CC). Cabe decir que la última tendencia ha sido a aproximar los regímenes jurídicos de estas dos categorías (relativización de la summa divisio; p.e. inclusión de ambas en el ámbito de aplicación de la LPAP, art. 4) y a funcionalizar la propiedad (art. 33 CE). Art. 339 CC: Son bienes de dominio público: 1.º Los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos. 2.º Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio, y las minas, mientras que no se otorgue su concesión. Art. 340 CC: Todos los demás bienes pertenecientes al Estado, en que no concurran las circunstancias expresadas en el artículo anterior, tienen el carácter de propiedad privada.

La CE se ocupa de los bienes públicos en el art. 132 estableciendo est ableciendo cuatro tipos de bienes: de un lado, bienes de dominio público y bienes comunales, de otro lado, patrimonio del Estado y Patrimonio Nacional. Art. 132 CE: 1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. 2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. 3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional , su administración, defensa y

Hay una legislación general y una especial para el desarrollo de esta materia: 

General: Ley General: Ley de Patrimonio de las AAPP –LPAP-(parcialmente básica y parcialmente de aplicación plena: d.f. 2ª) y arts. 79 a 83 LBRL (desarrollados por los arts. 74 a 87 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local –






















2013

2. CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Son aquellos bienes y derechos de titularidad pública afectados (destinados) al uso general o

al servicio público, así como aquellos a los que la ley les otorgue expresamente el carácter de demaniales (art. demaniales (art. 5.1 LPAP). LPAP) . La causa fundamental de esta distinción es excluir a esos bienes del tráfico jurídico privado dominical (enajenación de los bienes). Un ejemplo de estos bienes son:   

Uso general: playas Servicio público: campus universitario Afectación por ley al fomento de la riqueza nacional: yacimientos minerales

El art. 132.2 CE establece ciertos bienes que se consideran de dominio público “ natural natural ” ” estatal: la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. →SSTC 227/1988, de 29 del 11 (aguas) y 149/1991, de 4 del 7 (costas): existe reserva de ley

estatal, pero la titularidad no es la competencia. Aprecia la necesidad de conciliar las potestades estatales de policía demanial con las competencias autonómicas (protección del medio ambiente, ordenación del territorio incluido el litoral, urbanismo,…). Los principios generales de su régimen jurídico son ( art. 132.1 CE y art. 6.a) LPAP): Inalienabilidad. No Inalienabilidad. No se pueden transmitir definitivamente (enajenar). Inembargabilidad. No Inembargabilidad. No pueden ser embargados. Imprescriptibilidad. Imprescriptibilidad. Existe prescripción adquisitiva (usucapión) y prescripción por desafectación. La jurisprudencia en ocasiones ha entendido que si hay una conducta de la AP que inequívocamente lleva a inducir que ese bien ya no es necesario para el SP puede producirse la desafectación de los bienes. bi enes. Exclusión al tráfico jurídico privado Principio de reserva de Ley Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público al que estén destinados Aplicación efectiva al uso general o al a l servicio público Dedicación preferente al uso común frente al uso privativo Cooperación y colaboración entre AAPP en el ejercicio de competencias sobre el dominio público.   

  

  

Art. 4 LPAP: Por razón del régimen jurídico al que están sujetos, los bienes y derechos que integran el patrimonio de las Administraciones públicas pueden ser de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales. Art. 36.1 LPAP: Las Administraciones públicas deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos los actos
























2013

El art. 5.4 de la LPAP recoge el sistema de fuentes aplicable a los bienes de dominio público: 1) 2) 3) 4)

Legislación especial (aguas, especial (aguas, costas, minas, montes …) Legislación patrimonial general (LPAP, general (LPAP, LBRL, TRRL, RBEL) Normas de Derecho Administrativo Normas de Derecho Privado, con carácter supletorio

Art. 5.4. LPAP: Los bienes y derechos de dominio público se regirán por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por esta ley y las disposiciones que la desarrollen o complementen. complementen. Las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las normas del derecho privado, se aplicarán como derecho supletorio.

3. CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES PATRIMONIALES Son bienes y derechos patrimoniales los de naturaleza jurídico-privada de titularidad de una AP, que sirven de soporte para la realización de funciones públicas, pero que no están afectadas ni al uso ni al servicio público. Definición negativa en LPAP

patrimoniales, los  Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales,

que, siendo de titularidad de las l as AAPP no tengan el carácter de demaniales. (art. 7.1 LPAP).

En cuanto a su régimen jurídico, están incluidos dentro del tráfico jurídico privado, pero con exorbitancias en más (prerrogativas de la AP) y en menos (procedimiento y límites para la enajenación,…) propias del estatuto jurídico de las AAPP.

Se presume salvo disposición legal en contrario, que los bienes y derechos de la AGE y sus organismos públicos, se adquieren con el carácter de patrimoniales (sin perjuicio de de su posterior afectación).

El art. 7.3 LPAP establece el sistema de fuentes para estos bienes: 1) Legislación patrimonial de las AAPP (LPAP AAPP (LPAP y las de desarrollo)






















2013

4. OTRAS PROPIEDADES PÚBLICAS BIENES COMUNALES Los bienes comunales son una pequeña cuña de la propiedad colectiva de tradición germánica metidos en la tradición del derecho romano y que hoy en día pueden entenderse como bienes demaniales, cuyo aprovechamiento corresponde corresponde al común de los vecinos (art. (ar t. 79.3 LBRL). Estos bienes están sometidos también a las limitaciones de indivisibilidad, indivisibilidad, inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad imprescriptibilidad y la aplicación en lo demás del régimen patrimonial. Están sometidos a reserva de Ley: - tanto en su regulación (inalienable, imprescriptible e inembargable), - como para su desafectación: si durante 10 años los bienes comunales no son aprovechados para este fin, se podrán desafectar mediante acuerdo del Municipio y posterior aprobación de la Comunidad Autónoma correspondiente.

LBRL lo regula como una titularidad compartida entre el Municipio y los vecinos. Municipio tendrá derecho de regulación y protección de estos bienes, y los vecinos el de participar en su aprovechamiento. Art. 79.3 LBRL: Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público. Tienen la consideración de comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.

Regulación diferente merece la de los montes vecinales en mano común (remite común (remite a la Ley de Montes) que pertenecen a agrupaciones vecinales en calidad de grupos sociales y que vengan aprovechándose de mano común. En este caso, la titularidad de los bienes es de los comuneros (privada) y los beneficiarios no son la totalidad de los vecinos sino una agrupación de ellos. ell os. PATRIMONIO NACIONAL Los bienes de Patrimonio Histórico Nacional tienen origen en los bienes y patronazgos (que son derechos no bienes) que pertenecían a la Corona, y se rigen por una ley especial (Ley 23/1982) quedando la LPAP como ley de aplicación supletoria (disp. Adic. 4ª LPAP). El Patrimonio Nacional está integrado por bienes de titularidad del Estado afectados al uso y






















2013

LECCIÓN 8: LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1. AFECTACIÓN Y DESAFECTACIÓN La afectación es afectación es un acto de Derecho Público que determina: 1- La vinculación de un bien de una AP territorial a un fin (uso o servicio) de interés público 2- Integra dicho bien en el dominio público Para que un bien sea de dominio público tiene que cumplir dos requisitos: ser de titularidad pública y estar afectado al interés general o a un servicio público. Más interesante es saber de qué forma se puede afectar un bien al dominio público, de ello se ocupa el art. 66 de la Ley. Primero, pueden estar afectados al servicio público: Los bienes determinados por la CE (art. CE (art. 132.2). Los bienes afectados por Ley “ex lege” (art. 5.3 LPAP, art. 74 TRRL,…). En virtud de decisión legal directa los bienes y derechos pasan en bloque a integrar el dominio público, en cuanto operada por la Ley misma, la afectación de los bienes no precisa acto posterior alguno de concreción o aplicación. Los bienes determinados por acto expreso administrativo (regla administrativo (regla general de acuerdo con lo previsto en el art. 66.1). Mediante acto administrativo dictado por el órgano competente e indicando el bien al que se refiere y fin al que se destina, y el órgano al que corresponde las competencias demaniales, incluidas su administración, defensa y conservación. La afectación por acto administrativo tácito: por otros actos administrativos distintos al formal y que presuponen de forma implícita el destino del bien al uso/servicio público (art. 66.2a o expropiación forzosa) Presunta forma forma de afectación: utilización pública, pública, notoria notoria (art. 66.1a LPAP) LPAP) y prescripción adquisitiva o usucapión (art. 69.2b LPAP).  







Art. 66 LPAP: 1. Salvo que la afectación derive de una norma con rango legal, ésta deberá hacerse en virtud de acto expreso por el órgano competente, competente, en el que se indicará el bien o derecho a que se refiera, refiera , el fin al que se destina, destina, la circunstancia de quedar aquél integrado en el dominio público y el órgano al que corresponda el ejercicio de las competencias demaniales, incluidas las relativas a su administración, defensa y conservación. 2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior y de lo dispuesto en el artículo 73 de esta ley, surtirán los mismos efectos de la afectación expresa los hechos y actos siguientes: a) La utilización pública, notoria y continuada por la Administración General del Estado o sus organismos públicos de bienes y derechos de su titularidad para un servicio público o para un uso general.






















2013

La desafectación es desafectación es la pérdida de la condición demanial y adquisición de la de patrimonial por dejar de destinarse al uso general o al servicio público (art. 69 LPAP) y conlleva también la extinción de las autorizaciones y concesiones sobre él hasta entonces dominio público. Art. 69 LPAP: 1. Los bienes y derechos demaniales perderán esta condición, adquiriendo la de patrimoniales, en los casos en que se produzca su desafectación, por dejar de destinarse al uso general o al servicio público. 2. Salvo en los supuestos previstos en esta ley, la desafectación deberá realizarse siempre de forma expresa.

Puede hacerse: - por acto expreso (regla general, art. 69.2 LPAP) o - por acto tácito: en los casos de expropiación forzosa con ejercicio del derecho de reversión o cuando se produce la desadcripción de bines y derechos a organismos o entes públicos por incumplimiento del fin para el que fueron adscritos. Hay dos casos de sentencias de desafectación tácita (no son ambas favorables): la estación de Chamartín y Campamento. - También se puede realizar por hechos concluyentes: demolición concluyentes: demolición de un edificio. No cabe la desafectación presunta para bienes de dominio público estatal, ni tampoco cabe la desafectación de bienes demaniales por prescripción constitucional (132.3CE, salvo reforma constitucional). Cabe el paso de patrimonial a demanial (afectación), de demanial a patrimonial (desafectación) y de demanial a demanial (mutación). La mutación demanial es el acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho del Patrimonio del Estado, con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio público de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. - Mutación subjetiva  cambia cambia de sujeto (de AP titular a otra) - Mutación objetiva  cambia cambia de uso, fin o servicio público Art. 71 LPAP:






















2013

2. UTILIZACIÓN La afectación de un bien público, que lo convierte en inalienable (art. 6 LPAP) y prohíbe ocuparlo sin título administrativo habilitante (art. 84 LPAP), no impide que dicho bien se pueda utilizar. Cabe ceder un bien público de forma temporal (no es contrario a la inalienabilidad), ahí la Ley requiere para estas cesiones un título habilitante que varía en función del uso. La LPAP establece el régimen general de utilización por terceros de bienes destinados al uso general, sobre el que prevalecen las reglas especiales (art. 84.3 LPAP), hay tres tipos: Art. 84.3 LPAP: Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán en primer término por la legislación especial reguladora de aquéllas y, a falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por las disposiciones de esta ley. 





Uso común: común: el que corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos de modo que no impide el de los demás. Para estos bienes no hace falta un título habilitante. Uso normal de realizarse libremente, sin necesidad de título habilitante y sin otras limitaciones que las derivadas de su propia naturaleza. Aprovechamiento especial. No especial. No impide el uso común pero reúne circunstancias especiales de peligrosidad, intensidad, rentabilidad o similares que exceden del uso común o lo menoscaban. P.e. transportar residuos nucleares por la carretera. Este tipo de uso requiere un título habilitante, normalmente una autorización administrativa. admini strativa. Uso privativo. privativo . Ocupa el bien y limita o excluye su uso por otros. P.e. tener una zona de playa reservada para poner hamacas. Requiere un título habilitante. Art. 85 LPAP: 1. Se considera uso común de común de los bienes de dominio público el que corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso por unos no impide el de los demás interesados. 2. Es uso que implica un aprovechamiento aprovechamiento especial especial del dominio público el que, sin impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes, que determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste. 3. Es uso privativo el privativo el que determina la ocupación de una porción del dominio público, de modo que se limita o exclu e la utilización utilización del mismo or otros interesados. interesados.
























2013

3. TÍTULOS HABILITANTES 



Régimen jurídico de la autorización demanial (art. demanial (art. 92): La regla general es el otorgamiento a todos cuantos cumplan las condiciones o requeridas. La excepción cuando esté limitado su número se hará por concurrencia o, en o su caso, por sorteo. Son intransmisibles si se han otorgado por número limitado o características o personales. Se otorgan por tiempo determinado de máx 4 años incluidas prórrogas, o aunque Leyes sectoriales pueden dictar otro plazo. Pueden ser revocadas en cualquier momento por AP por razones de interés o público o impidan su utilización para actividades de mayor interés público. Régimen jurídico de la concesión demanial (art. demanial (art. 93 y ss.): La regla general es que se otorgan en régimen de concurrencia, aunque cabe la o excepción del otorgamiento directo (p.e. a otra AP o ente del SP). Están excluidas las personas incursas en prohibición para contratar. o Su formalización en documento administrativo es un título inscribible en el o Registro de la Propiedad. Constituye un derecho real temporal, pero hipotecable, sobre las obras, o construcciones e instalaciones que realice sobre el bien concedido. Concesión no podrá durar más de 75 años, salvo que se establezca otro menor o en las normas especiales de aplicación (pero nunca mayor).






















2013

4. PROTECCIÓN Principios constitucionales y legales de: -

Inalienabilidad: prohibición Inalienabilidad: prohibición de enajenar el bien mientras subsista su afectación y, por tanto, su demanialidad. Imprescriptibilidad: Imprescriptibilidad: excluye la adquisición por terceros mediante prescripción adquisitiva o usucapión (arts. 1930 y ss. CC). Inembargabilidad: Inembargabilidad: ninguna autoridad administrativa ni judicial puede proceder en apremio contras estos bienes.

Deber de las AAPP de inscribir en el Registro de la Propiedad todos los bienes inmuebles de que son titulares, incluidos los demaniales (arts. 36 y ss. LPAP). Art. 36 LPAP: 1. Las Administraciones públicas deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos registros. No obstante, la inscripción será potestativa para las Administraciones públicas en el caso de arrendamientos inscribibles conforme a la legislación hipotecaria. 2. La inscripción deberá solicitarse por el órgano que haya adquirido el bien o derecho, o que haya dictado el acto o intervenido en el contrato que deba constar en el registro o, en su caso, por aquel al que corresponda su administración y gestión. 3. En los expedientes que se instruyan para la inscripción de bienes o derechos de titularidad de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos deberá emitir informe la Abogacía del Estado. Si los bienes o derechos corresponden a otras entidades públicas dependientes de la Administración General del Estado, deberá emitir informe el órgano al que corresponda su asesoramiento jurídico.






















2013

Art. 4 LC: Pertenecen asimismo al dominio público marítimo-terrestre estatal: 1. Las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar, cualesquiera que sean las causas. 2. Los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, y los desecados en su ri bera. 3. Los terrenos invadidos por el mar que pasen a formar parte de su lecho por cualquier causa. 4. Los acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público marítimoterrestre, hasta su coronación. 5. Los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus características naturales de playa, acantilado, o zona marítimo-terrestre, salvo lo previsto en el artículo 18. 6. Los islotes en aguas interiores y mar territorial. 7. Los terrenos incorporados por los concesionarios para completar la superficie de una concesión de dominio público marítimoterrestre que les haya sido otorgada, cuando así se establezca en las cláusulas de la concesión. 8. Los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre. 9. Las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio. 10. Las obras e instalaciones de iluminación de costas y señalización marítima, construidas por el Estado cualquiera que sea su localización, así como los terrenos afectados al servicio de las mismas, salvo lo previsto en el artículo 18. 11. Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se regularán por s u legislación específica.

- Su determinación se hace por el procedimiento de deslinde (arts. 11 y ss LC), que se incoa de oficio o a petición del interesado. Su resolución tiene carácter declarativo de la posesión y de la titularidad dominical a favor del Estado, sin que las Inscripciones en RP puedan prevalecer, y es título inscribible, suficiente para la inmatriculación y la rectificación registral. - La ley también prevé medidas de protección p rotección del dominio público marítimo terrestre: Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos: Servidumbre de protección (zona protección (zona de mínimo 100 metros ampliable otros 100). o Prohibida la edificación residencial. Servidumbre de tránsito tránsito (franja de 6 metros). Debe dejarse libre de o 






















2013

La gestión del agua continental se organiza en torno a cuencas hidrográficas (art. 16 LA), que se gobiernan y administran, cuando son interautonómicas, en confederaciones hidrográficas 8arts. 21 y 22 LA) de competencia estatal. A esto se une el concepto de demarcación hidrográfica que es el ámbito territorial para la planificación hidrográfica. Art. 16 LA:A LA:A los efectos de esta ley, se entiende por cuenca hidrográfica la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. La cuenca hidrográfica como unidad de gestión del recurso se considera indivisible. Art. 21 LA: En las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma se constituirán organismos de cuenca con las funciones y cometidos que se regulan en esta Ley. Art. 22 LA: 1. Los organismos de cuenca, con la denominación de Confederaciones Hidrográficas, son organismos autónomos de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscritos, a efectos administrativos, al Ministerio de Medio Ambiente. 2. Los organismos de cuenca dispondrán de autonomía para regir y administrar por sí los intereses que les sean confiados; para adquirir y enajenar los bienes y derechos que puedan constituir su propio patrimonio; para contratar y obligarse y para ejercer, ante los Tribunales, todo género de acciones, sin más limitaciones que las impuestas por las Leyes. Sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa. 3. Su ámbito territorial, que se definirá reglamentariamente, comprenderá una o varias cuencas hidrográficas indivisas, con la sola limitación derivada de las fronteras internacionales. 4. Los organismos de cuenca se rigen por la Ley 6/1997, de 14 de abril, y demás disposiciones disposiciones de aplicación a los organismos autónomos de la Administración General del Estado, así como por la presente Ley y por los Reglamentos dictados para su desarrollo y ejecución.

En materia de aguas las servidumbres no son forzosas ya que se pueden imponer por la






















2013

LECCIÓN 9: LOS BIENES PATRIMONIALES 1. RÉGIMEN JURÍDICO -“Res intra comercium”: Las AAPP tienen la facultades de uso, disfrute y enajenación, propios del instituto de la propiedad. Art 30 LPAP: Todos los bienes y derechos patrimoniales, cualquiera que sea la AP a la que

pertenecen, pueden: - Ser enajenados: enajenados: siguiendo el procedimiento y cumpliendo previamente los requisitos legalmente establecidos. -Ser objeto de prescripción adquisitiva: por adquisitiva: por terceros, de acuerdo con CCivil y Leyes Espaciales - Embargables, pero: Ningún Tribunal ni autoridad administrativa puede dictar providencia de embargo ni despachar mandato que ejecute bienes patrimoniales cuando: Se encuentren materialmente afectados Sus rendimientos o el producto de su enajenación estén afectados Valores o títulos representativos de ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general - Cumplimiento de las resoluciones que determinenobligaciones a cargo de la AGE o sus organismos se efectuará de conformidad con Texto Refundido R.D Legislativo, acordado en Consejo de Ministros, Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado en pleno pleno y la jurisdicción contenciosa administrativa   

2. ADQUISICIÓN Y VENTA


























2013

vez más exceptuada por legislación autonómica o sectorial (por ejemplo patrimonios públicos de suelo en el art. 39.2 TRLS). Adjudicación directa, por ejemplo a otra entidad del sector público, del tercer sector o iglesia, confesión o comunidad religiosa (art. 137.4 LPAP).

También cabe la permuta: sólo por razones de interés público y si la diferencia de valor de tasación es <50% para la AGE, 40% para las EELL. Puede hacerse mediante adjudicación directa, en su caso previa invitación pública (arts. 153 y 154 LPA P)

3. UTILIZACIÓN Hay negocios jurídicos que regulan la utilización de los bienes: los del Derecho civil patrimonial, constitutivos de derechos reales o personales temporales a favor de tercero: usufructo, superficie, arrendamiento,…

La duración varía en el caso de las leyes especiales (p.e. en la ley de suelo es de 99 años). La





















Contratación y medios de las Administraciones Públicas 

2013

Relativa a la titularidad del bien: Investigación (cuando no le conste de modo cierto la titularidad de un bien o o derecho: art. 45 LPAP). La resolución es título inscribible.

Art. 45 LPAP: Las Administraciones públicas tienen la facultad de investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando ésta no les conste de modo cierto.



Relativa a la integridad del bien: Deslinde (cuando los límites sean imprecisos o existan indicios de usurpación: o art. 50 LPAP). La resolución es título inscribible.

Art. 50 LPAP: 1. Las Administraciones públicas podrán deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación.

ADMIN III UC3M. CONTRATACION

Recommend Documents