Lima, diez de agosto Del año dos mil nueve.‐ nueve.‐ LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vista la causa número tres mil seiscientos treinta y ocho guión dos mil ocho, en audiencia pública de la fecha, y producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO.‐ RECURSO.‐ Se trata del recurso de casación interpuesto por Flora Urcunio Aparicio viuda de Surco, a fojas quinientos, contra la resolución de vista de fojas cuatrocientos sesenta y cinco, su fecha veintitrés de julio de julio del año dos mil ocho, expedida por la Sala Mixta e Itinerante de Canchis – Canchis – Sicuani de la Corte Superior de Justicia de Cusco, que Confirma la resolución apelada de fojas cuatrocientos quince, su fecha dieciocho de abril del año dos mil ocho, que declara Fundada la demanda; en los seguidos por Juana Paula Aslla Rodríguez viuda de Cuno contra Flora Urcunio Aparicio viuda de Surco, sobre interdicto de recobrar y otro. FUNDAMENTOS DEL RECURSO.‐ RECURSO.‐ Esta Sala Suprema, mediante resolución de fojas treinta y seis del presente cuadernillo, su fecha veintitrés de octubre del año dos mil ocho, ha estimado Procedente el recurso únicamente por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso e infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, denunciando que: A) el auto admisorio de fojas cincuenta, es nulo al no haber sido admitido en forma clara y precisa las pretensiones procesales contenidas en la demanda, transgrediendo el principio de legalidad procesal y el derecho de defensa, asimismo limita las reglas de congruencia procesal que debía observarse al momento de dictar sentencia, contraviniendo así lo así lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, inciso cuatro del Código Civil; B) las instancias de mérito no se han pronunciado respecto de la observación de peritaje peritaje propuesta a fojas doscientos seis con lo que se afecta su derecho al debido proceso; C) la sentencia contiene fundamentos contradictorios y aparentes, siendo que en su quinto considerando concluye en forma escueta el Colegiado Superior, que la actora pretende una indemnización de daños y perjuicios, al ser despojada de su posesión y al haberse afectado la naturaleza del inmueble se ha causado daños y perjuicios que la actora evalúa en diez mil nuevos soles; sin embargo, en el considerando octavo haciéndose referencia a la prueba pericial se concluye que la pretensión de la actora no ha sido acreditada plenamente, no obstante ello, señala que es susceptible de ser amparada en parte, sin señalar a que parte de la indemnización se refiere, teniendo en cuenta que dicho rubro comprende tanto al daño emergente y lucro cesante, elementos justificantes elementos justificantes de la teoría de la responsabilidad civil; D) la impugnada carece de fundamentación jurídica, motivo por el cual transgrede lo dispuesto por los artículos ciento treinta y nueve, inciso cinco de la Constitución Política del Estado, doce del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ciento veintidós del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: Primero.‐ Primero.‐ Que, previamente a la absolución de los extremos denunciados que se han glosado precedentemente conviene hacer un breve recuento de lo acontecido en el presente proceso. En tal sentido del examen de los autos se puede apreciar que a fojas treinta y seis Juana Paula Aslla Rodríguez viuda de Cuno interpone demanda en contra de Flora Urcunio Aparicio viuda de Surco, solicitando se le entregue la posesión del inmueble urbano de mil cien metros cuadrados denominado “Huaylla Cjato” sito en la Calle Panamericana y la calle Quince de Febrero del Distrito de San Pedro – Pedro – Canchis – Canchis – Cusco. Asimismo, solicita se le pague una indemnización ascendente al monto de diez mil nuevos soles por los perjuicios causados. Como fundamentos de su demanda expone que es
poseedora del inmueble antes señalado al haberlo adquirido por documento escrito de fecha dieciocho de octubre del año mil nove cientos noventa formalizada por Javier Corimanya Cuno y esposa Matilde Amaru Quispe, cuyas firmas ha sido legalizadas por el Juez de Paz del Distrito de San Pedro el veinte de octubre del año mil novecientos noventa. Alega que ha venido ejerciendo de hecho la posesión del bien en forma directa pública e ininterrumpida, incluso paga el autoavalúo. Sostiene que los demandados han procedido a despojarla del bien aprovechando su ausencia, ya que el inmueble se encontraba en construcción, alegando que el predio les correspondía por herencia de su abuelo Justo Aparicio. Lo alegado motivó que se interpusiera denuncia por usurpación agravada, en donde se ha emitido resolución de no haber lugar a proceso penal, por considerar que se debe ventilar en la vía civil. Segundo.‐ Segundo.‐ Que, mediante escrito de fojas noventa la emplazada absuelve el traslado de la demanda manifestando que la actora jamás actora jamás ha poseído directa ni indirectamente el bien, siendo que el dieciocho de marzo del año dos mil seis, utilizando peones ha pretendido levantar cerco perimétrico. Alega que viene poseyendo el bien desde mil novecientos ochenta y dos, esto es, desde la muerte de su madre Benita Aparicio Aguilar. Refiere que el bien por el lado este, colinda con la propiedad de su hermana Ana Jesús Urcunio Aparicio, inmueble con el que conformaban una sola unidad predial que era de propiedad de su progenitora. Tercero.‐ Tercero.‐ Que, tramitada la demanda según su naturaleza el juez el juez de la causa, mediante sentencia de fojas cuatrocientos quince, su fecha dieciocho de abril del año dos mil ocho, ha declarado Fundada la demanda en cuanto al extremo de interdicto de recobrar; asimismo, Fundada en parte respecto al extremo de indemnización por daños y perjuicios; en consecuencia, Ordena que se reponga a la demandante en el derecho de posesión del inmueble denominado Huaylla Cjato; asimismo, que los demandados paguen en forma solidaria la suma de mil novecientos diez nuevos soles. Como sustento de su fallo el A Quo señala que de la constancia emitida por el Presidente de la Comunidad Campesina de San Pedro de Kacha de fecha veintisiete de marzo del año dos mil seis, se acredita que la actora y su finado esposo poseen desde hace muchos años y hasta la actualidad el predio urbano Huaylla Cjato, documento que no ha sido cuestionado por los demandados; la certificación emitida por el Juez de Paz de Segunda denominación de dicha comunidad acredita que se suscitó un robo de ganado vacuno de propiedad de Julián Cuno (esposa de la actora) hecho ocurrido el tres de abril del año mil novecientos noventa y seis en el predio materia de litis, el mismo que no ha sido objeto de impugnación, siendo que el acto de despojo está demostrado con la constancia policial de fojas once, tampoco cuestionado; el informe número cero cero veinticuatro – veinticuatro – dos mil seis – seis – GEC – GEC – ROOP – ROOP – MDSP de fecha veinte de marzo del año dos mil seis, emitido por el Presidente de la oficina de Infraestructura de la Municipalidad de San Pedro acredita que la actora como propietaria del bien en un área de novecientos cincuenta metros cuadrados, el cual se ha reducido en trece punto seis por ciento, con la certificación emitida por autoridades y vecinos del distrito de San Pedro acreditan que la actora se encuentra en posesión del bien desde hace más de quince años. Cuarto.‐ Cuarto.‐ Que, apelada dicha sentencia, la Sala Revisora, mediante resolución de fojas cuatrocientos sesenta y cinco, su fecha veintitrés de julio de julio del año dos mil ocho, la Confirma. Como sustento de su decisión, el Ad Quem manifiesta que de lo actuado en el proceso se ha determinado lo siguiente: a) que en la intersección de la calle Quince de Febrero y la Carretera Panamericana Sur, se ubica un predio de aproximadamente trescientos sesenta y siete punto ochenta metros cuadrados; b) el referido predio conforme lo manifiesta la demandante se denomina Huaylla Cjato, mientras que los demandados señalan que se
denomina Rosaspata; c) que el día dieciocho de marzo del año dos mil seis, los demandados han procedido a trasladar un aproximadamente de ochocientos adobes, así como así como han procedido a levantar una cerca con estacas y alambres habiendo despojado a la demandante; d) ha quedado acreditado que con anterioridad a la materialización de los actos de despojo la demandante ejercía posesión sobre el bien, pues inclusive se ha determinado mediante la diligencia de inspección ocular que el predio se realizó en la construcción de la cimentación de un muro y conforme lo han señalado los demandados fue mandado a construir en el año dos mil cinco por la demandante; e) ha quedado acreditado a su vez que fueron los demandados, quienes sin encontrarse en posesión fáctica en el inmueble en mención, el dieciocho de marzo del año dos mil tres ingresaron al predio descargando piedras y adobes y de esta manera se ha materializado el acto de despojo. Por las razones explicadas se ha establecido que quien ejercía la posesión directa sobre el bien (predio Huaylla Cjato) fue la demandante, quien ha sido despojada de dicha posesión por los demandados; cabe señalar que si bien en el acta de inspección ocular no se consignó el lugar ni la fecha de la realización del acto, se debe tener en cuenta que las nulidades se rigen por el principio de trascendencia. Quinto.‐ Quinto.‐ Que, como primer extremo la recurrente ha denunciado que el auto admisorio de fojas cincuenta es nulo al no haber sido admitidas en forma clara y precisa las pretensiones procesales contenidas en la demanda, transgrediendo el principio de legalidad procesal y el derecho de defensa; asimismo limita las reglas de congruencia procesal que debía observarse al momento de dictar sentencia, contraviniendo así lo así lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, inciso cuatro del Código Civil. Al respecto cabe señalar a fojas treinta y siete se advierte que Juana Paula Aslla Rodríguez viuda de Cuno interpone demanda de interdicto de recobrar, es decir, restitución de la posesión del inmueble urbano denominado Huaylla Cjato y, además, indemnización por daños y perjuicios. Tal petitorio ha sido sustentado debidamente en los fundamentos pertinentes, que han sido glosados en el considerando primero de la presente sentencia, los cuales han sido expresados por la demandante en forma clara y coherente. De otro lado, mediante resolución de fojas cincuenta el juez el juez de la causa ha admitido la demanda, atendiendo al petitorio señalado y las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en la demanda. En tal sentido, no se aprecia, en modo alguno, violación del principio de congruencia, o de legalidad procesal y derecho de defensa, como sostiene la recurrente. Por tanto el primer extremo debe desestimarse. Sexto.‐ Sexto.‐ Que, como segundo extremo la recurrente ha denunciado que las instancias de mérito no se han pronunciado respecto de la observación de peritaje propuesta a fojas doscientos seis, con lo que se afecta su derecho al debido proceso. Este extremo carece de sustento alguno, por cuanto a fojas doscientos treinta y cinco – doscientos treinta y seis consta el Acta de Audiencia Única en la cual los peritos que suscriben el Informe Pericial de fojas ciento ochenta y nueve y siguientes, levantaron las observaciones que formularon la parte actora (fojas doscientos seis) y la parte demandada (fojas doscientos quince). Por consiguiente, también debe ser desestimado. Séptimo.‐ Séptimo.‐ Que, como tercer extremo la recurrente ha denunciado que la sentencia impugnada contiene fundamentos contradictorios y aparentes, siendo que en su quinto considerando concluye el Colegiado Superior que la actora pretende una indemnización de daños y perjuicios, que evalúa en diez mil nuevos soles; sin embargo, en el considerando octavo haciéndose referencia a la prueba pericial se concluye que la pretensión de la actora no ha sido acreditada plenamente, no obstante ello, señala que es susceptible de ser amparada en parte, sin señalar a que parte de la indemnización se refiere, teniendo en cuenta que dicho rubro
comprende tanto al daño emergente y lucro cesante, elementos justificantes elementos justificantes de la teoría de la responsabilidad civil. Octavo.‐ Octavo.‐ Que, a este respecto cabe señalar, en principio, que del examen de la demanda se aprecia que la accionante ha solicitado como pretensión acumulativa que la parte emplazada le pague una indemnización ascendente a diez mil nuevos soles. Por otro lado, del examen de la sentencia de vista impugnada (fundamento número ocho, obrante a fojas cuatrocientos sesenta y nueve) se aprecia que el Ad Quem, luego de valorar los medios probatorios aportados en relación a la pretensión de indemnización hace suyas las consideraciones expuestas por el juez el juez de la causa que a su vez ha tomado como fundamentos lo expuesto en el Dictamen Pericial de fojas ciento ochenta y nueve, concluyendo que los daños ascienden a la suma de mil novecientos diez nuevos soles, suma que ordena pagar en el fallo de la sentencia impugnada. Por consiguiente, no se advierte vicio ni incoherencia alguna en la afirmación del Colegiado Superior al ordenar sólo el pago de esta última cantidad y no los diez mil nuevos soles reclamados por la actora, en razón de que los hechos la cual sustentan tal pretensión no han sido acreditados plenamente. Por consiguiente, este extremo denunciado tampoco puede prosperar. Noveno.‐ Noveno.‐ Que, como último extremo la recurrente ha denunciado que la impugnada carece de fundamentación jurídica, fundamentación jurídica, motivo por el cual transgrede lo dispuesto por los artículos ciento treinta y nueve, inciso cinco de la Constitución Política del Estado, doce del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ciento veintidós del Código Procesal Civil. A este respecto, cabe señalar, en principio, que de acuerdo al artículo trescientos noventa y siete, in fine, del Código acotado “la Sala no casará la sentencia por el sólo hecho de estar erróneamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho. Sin embargo, debe hacer la correspondiente rectificación”. Rectamente interpretada la norma citada debe entenderse que se refiere también a los casos en que haya motivación defectuosa. Décimo.‐ Décimo.‐ Que, del examen de la resolución impugnada se advierte que el Ad Quem, sólo ha citado como sustento jurídico sustento jurídico de su decisión, el artículo seiscientos tres del Código Procesal Civil, razón por la cual existe motivación defectuosa. Sin embargo, los hechos establecidos por el Ad Quem contienen supuestos fácticos tales que hacen posible sostener el fallo emitido por el Ad Quem, por cuanto ha concluido que la demandante ha efectuado gastos en la cimentación en lo referente a la excavación y el llenado de la cimentación con piedra y mortero de barro. Estos hechos se pueden encuadrar dentro del concepto de daño emergente, contenido en el artículo mil trescientos veintiuno del Código Civil, aplicable por analogía al caso de autos. Por otro lado, el Ad Quem ha establecido que al no poder ser usada el área ocupada por la parte demandada, por lo que existe un lucro cesante, concepto consagrado en el artículo mil novecientos ochenta y cinco del Código acotado, aplicable también al caso de autos. Décimo Primero.‐ Primero.‐ Que, de acuerdo al artículo novecientos veintiuno del Código Civil todo poseedor de muebles e inmuebles puede utilizar las acciones posesorias y los interdictos. Por otro lado, el artículo ochocientos noventa y seis del Código acotado establece que la posesión es el ejercicio de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Las dos normas citadas también son pertinentes a la relación fáctica establecida por el Ad Quem, por cuanto éste ha estimado que se ha determinado que quien ejercía la posesión directa sobre el sector materia de conflicto (predio “Huaylla Cjato”), fue la demandante, quien ha sido despojada de dicha posesión por los demandados. Décimo Segundo.‐ Segundo.‐ Que, por consiguiente, estando a que la parte resolutiva de la sentencia impugnada se ajusta a derecho y estando a lo previsto en el artículo trescientos noventa y siete in fine del Código Procesal Civil, anteriormente glosado, no es necesario casar la sentencia mencionada, debiendo tener la misma, como sustento jurídico sustento jurídico
las normas previamente citadas. Por las consideraciones expuestas; declararon: INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por Flora Urcunio Aparicio viuda de Surco, a fojas quinientos; por consiguiente, NO CASARON la sentencia de vista de fojas cuatrocientos sesenta y cinco, su fecha veintitrés de julio de julio del año dos mil ocho, expedida por la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Canchis – Canchis – Sicuani de la Corte Superior de Justicia de Cusco que Confirma la resolución apelada de fojas cuatrocientos quince, su fecha dieciocho de abril del año dos mil ocho, que declara Fundada la demanda; CONDENARON a la recurrente al pago de las costas y costos del recurso, así como así como a la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Juana Paula Aslla Rodríguez viuda de Cuno contra Isaías Surco Aparicio y otra, sobre Interdicto de Recobrar y otro; y, los devolvieron; Vocal Ponente señor Miranda Molina.‐ Molina.‐ S.S. TICONA POSTIGO CELIS ZAPATA MIRANDA MOLINA MAC RAE THAYS ARANDA RODRÍGUEZ Crb
Corte Suprema de Justicia de la República Sala Civil Transitoria Casación Nº 3638‐ 3638‐2008 Cusco
Interdicto de Recobrar
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