IDE_U2_EU_ALRV evidencia de aprendizaje
1.A partir de un problema de inseguridad que se busca revertir mediante una política pública de las previstas en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, elabora un cuadro sinóptico en el que describas de manera específica los siguientes elementos:
Documento anexo al presente.
2. A continuación, enuncia las acciones específicas a desarrollar por las autoridades de seguridad pública, donde identifiques el programa gubernamental específico del cual se desprende, detallando el marco jurídico que prevé las facultades y atribuciones para dichas autoridades, el nombre de la legislación y los artículos correspondientes.
R.- El 27 de noviembre se expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, con los siguientes objetivos:
Regular de manera adecuada los tipos penales de trata, su tentativa, así como señalar las sanciones aplicables a las personas morales y lo relativo a la reparación del daño.
Señalar el marco institucional encargado de la política criminal sobre la trata de personas, así como los lineamientos básicos de distintas políticas públicas en la materia.
Establecer medidas de protección y asistencia para las víctimas u ofendidos por el delito de la trata de personas.
Marco normativo
El Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. A su vez, el Artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tendrá a su cargo salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos y preservar la libertad, el orden y la paz públicos. El artículo 8 fracción II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece la obligación de formular y ejecutar planes y programas. La SSP, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD), con fundamento en los artículos 26 apartado A constitucional, y 16, fracción IV, 21, 22, 26, 29, 32 y 37 de la Ley de Planeación, es responsable de elaborar el PNSP; que es el punto de convergencia de las distintas políticas públicas, programas y acciones de las diversas instituciones y organizaciones gubernamentales responsables de la seguridad en el país. Las propuestas de contenido para la integración del PNSP se han formulado de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 3 y 17, fracción I de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGEBCSNSP), y con lo que establecen los artículos 9 y 15, fracción III del mismo ordenamiento. la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el artículo 6o.- establece las facultades y funciones que dan marco a su actuación, así como el artículo 2 de la Ley de Seguridad Publica del Distrito Federal.
3. Por último, describe un programa de prevención del delito y participación del delito que haya implementado el gobierno federal para el combate a ese tipo de delito específico, agregando datos estadísticos de su implementación, desarrollo y resultados, así como desde tu óptica, sus fortalezas y debilidades.
R.- ESTRATEGIA 15.4 Promover y aplicar instrumentos jurídicos internacionales sobre la trata y el tráfico de personas.
El traslado ilegal de personas a través de las fronteras, la contratación no reglamentada, la prostitución, la pederastia y la pornografía infantil han dado lugar a modernas versiones de la esclavitud y la deshumanización, a partir de las cuales grupos de delincuentes ponen en peligro la seguridad y la integridad de los seres humanos.
La convicción de los ciudadanos por el respeto a los derechos y libertades de las personas impulsa a nuestra política exterior a seguir abriendo espacios de colaboración entre las naciones para compartir esfuerzos en este sentido.
Los esfuerzos conjuntos y coordinados entre la autoridad y la ciudadanía son fundamentales para que los espacios públicos de esparcimiento y convivencia, así como las inmediaciones de planteles educativos que hayan sido recuperados, se mantengan seguros. Por ello, entre otras, el PNSP contempla la promoción de las siguientes acciones:
Fortalecer la participación de las corporaciones policiales en la recuperación de espacios públicos y el entorno escolar.
Fomentar campañas para la promoción de la cultura de la legalidad y la protección de los derechos humanos, particularmente de aquellos segmentos más vulnerables.
Reforzar las estrategias de atención a las víctimas del delito mediante el fortalecimiento y consolidación de redes de atención en todo el país.
Incidencia delictiva
El combate al fenómeno delictivo requiere de una política integral de seguridad pública que mediante la alineación de las capacidades institucionales de los tres órdenes de gobierno y de la articulación de esfuerzos con los otros poderes de la Unión y la sociedad, inhiba y combata de manera eficaz la incidencia delictiva.
Para ello, se habrá de:
Desarrollar, promover y consolidar programas de prevención del delito con la activa participación de la sociedad.
Fortalecer las capacidades institucionales de los tres órdenes de gobierno en materia de inteligencia criminal y operativos conjuntos para el combate a la criminalidad y la desarticulación de redes delictivas.
Consolidar la cultura de la denuncia, optimizar los mecanismos de respuesta eficaz y oportuna a las llamadas de emergencia, así como la atención y seguimiento de la denuncia anónima.
BIBLIOGRAFIA.
Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
A partir de julio de 2007, el Gobierno Federal, a través de la Estrategia Nacional de Seguridad Limpiemos México, lanzó el Programa Nacional Escuela Segura, cuyo objetivo es consolidar a las escuelas de educación básica como espacios seguros y confiables a través de la formación ciudadana de los alumnos. El Programa pretende promover el desarrollo de competencias para la convivencia democrática y el ejercicio de los derechos humanos a fin de fortalecer una cultura de prevención dentro de las escuelas.
Según datos del Gobierno Federal, que se pueden consultar en la página web del Programa, en el Distrito Federal existen 1 679 escuelas dentro del Programa Nacional Escuela Segura, con cobertura en las 16 delegaciones políticas. Las delegaciones con más escuelas incluidas son Iztapalapa, con 576, Gustavo A. Madero, con 235 e Iztacalco, con 148. Se entiende que exista una mayor cobertura en Iztapalapa y Gustavo A. Madero por ser delegaciones con alta incidencia delictiva, sin embargo la delegación con mayor incidencia delictiva, Cuauhtémoc, cuenta apenas con 87 escuelas participantes en el Programa, por lo que sería necesario que el Gobierno Federal revisara la forma en la que opera el programa, para darle mayor prioridad a las delegaciones que más lo necesiten en función de la dinámica que manejan.
Escuelas participantes en el Programa Nacional Escuela Segura
Distrito Federal 2009
Técnica
Primaria General
Secundaria General
Secundaria
técnica
Telesecundaria Secundaria
Secundaria
Para trabajadores
total
Álvaro Obregón
59
29
14
1
-
103
Azcapotzalco
22
40
9
1
-
72
Benito Juárez
39
19
2
3
-
63
Coyoacan
18
43
10
3
-
74
Cuajimalpa
4
8
-
-
-
12
Cuauhtémoc
28
41
14
4
-
87
Gustavo A madero
95
95
33
12
-
235
Iztacalco
26
34
12
2
-
148
Iztapalapa
132
94
50
7
5
576
Magdalena Contreras
1
14
-
-
-
30
Miguel Hidalgo
17
29
4
1
-
51
Milpalta
1
8
-
-
-
9
tlahuac
3
17
-
-
-
20
Tlalpan
25
22
16
1
-
64
Venustiano Carranza
33
37
13
4
-
87
Xochimilco
16
22
9
1
-
48
total
519
552
186
40
5
1,679
BIBLIOGRAFIA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS 10 DEMANDAS CIUDADANAS DISTRITO FEDERAL. MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
La seguridad pública es una de las necesidades más sentidas de la sociedad, dar los pasos decisivos para alcanzar una seguridad de calidad requiere de la estricta aplicación de la ley, de la capacidad y de la honradez de las instituciones y servidores públicos, así como de la participación de la sociedad que dé sustento a las decisiones y acciones del gobierno en esta materia.
La inseguridad pública es un problema complejo, y las acciones para solucionarla deben ser tantas como las causas que la originan y tan profundas y contundentes como los efectos que ocasionan.
Entendemos la seguridad pública desde una perspectiva dinámica e integra, que se ocupa de la seguridad de las personas, teniendo por eje al ser humano en su relación con la comunidad.
Superamos así la visión fragmentada que presentan los problemas de seguridad pública: escasa información al respecto, el manejo puramente cuantitativo de la estadística criminal, respuesta institucional tardía, ausencia de mecanismos que garantice el respeto a los derechos humanos, insuficiencia del aparato judicial, escasa profesionalización de corporaciones policíacas, ausencia de evaluación de programas para la prevención de la delincuencia, insuficientes recursos destinados a salarios e instrumentos de trabajo, la falta de coordinación intergubernamental para el desarrollo de acciones específicas sobre la problemática delincuencia, legislación insuficiente y desarticulada que impide el desarrollo efectivo del conocimiento del fenómeno criminal.
OBJETIVO
La elaboración sistemática de medidas preventivas de orden antisocial y criminal, mecanismos y procesos que vinculen a la sociedad civil organizada con los programas de prevención, presencia de una institución que proporcione atención inmediata a las víctimas, mecanismos eficientes para identificar sistemas alternos de solución a conflictos que implican conductas antisociales, y la ausencia de una cultura en materia de prevención.
Alcanzar los niveles de seguridad que los ciudadanos demandan como un derecho humano compartido, exige la estricta aplicación de la ley, la capacidad, honradez de las instituciones y servidores públicos; así como la participación de la sociedad como elementos totales en las decisiones y acciones de gobierno en esta materia.
Se debe de dar prioridad a la prevención mediante la detección de zonas y sectores sociales en donde se pueden presentar comportamientos criminales, descubrir probables delitos y conductas antisociales nos permitirá anticiparnos a la consumación de los delitos. Lo anterior se logrará con mayor profesionalización y tecnificación que le permitan al policía desarrollar, la investigación criminológica y criminalística para actuar oportunamente, ya que conoce el origen y causa del delito y de las conductas antisociales.
La seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento social y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida en el país.
Las recientes circunstancias que ha vivido el estado en materia de seguridad, requieren de involucrar una visión integral que exceda el tradicional componente policial. La presentación de esta propuesta de consolidación estratégica de la secretaria de seguridad pública, involucra a todas las instancias del ramo para que a través del seguimiento de los lineamientos rectores, y en la conformación de programas particulares, participen junto con los actores sociales para obtener resultados concretos y que abarquen integralmente el problema, para que las acciones realizadas por diversas dependencias tengan congruencia y coherencia en función de los objetivos que se plantea al ajustar sus lineamientos.
SUSTENTO
Acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el espíritu y alcance de la reforma, además de los acuerdos de la conferencia nacional de gobernadores (conago) y el diagnóstico de la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa
Es importante resaltar algunos puntos sustantivos que plantea la reforma procesal en materia de prevención del delito y ejecución de penas y medidas de seguridad.
En materia preventiva se establece lo siguiente:
Proporcionar información al ciudadano y contribuir al desarrollo y fomento de la difusión de los valores que garanticen la convivencia armónica de los individuos, todo ello en estrecho vínculo con el entorno inmediato, regional, nacional e internacional.
Considerar la importancia de la participación ciudadana en las estrategias de prevención, y propone que los particulares podrán coadyuvar con la difusión de los programas de prevención del delito.
Las autoridades de educación estarán obligadas a establecer información sobre la prevención del delito, en sus programas y planes de estudio.
Propone la creación de los órganos de participación y consulta para la planeación y coordinación del sistema de prevención del delito.
En materia de ejecución de penas y medidas de seguridad establece:
Creación de un órgano colegiado que controle y vigile la ejecución de las penas y beneficios preliberacionales.
Establecer los puntos básicos en el quehacer de obligación de la ejecución de penas rehabilitación, readaptación y reincorporación a la sociedad.
.
MARCO CONCEPTUAL.
Este concepto involucra la participación proactiva de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad.
Es innegable que el temor de las personas frente al fenómeno delictivo requiere de una participación proactiva que va mas allá del elemento policiaco, que si bien parece en muchas ocasiones, que es exclusivamente el aspecto visible del sistema, en realidad solamente constituye una parte del proceso correspondiente.
Ante la necesidad de plantear soluciones que abarquen el espectro completo del problema, se requiere ir más allá de las propuestas de carácter represivo o disuasivo encabezadas por los cuerpos policíacos, por lo que, la participación de todas las dependencias va a enfrentar el problema de los fenómenos y hechos causantes del delito como una condición necesaria para resolver el problema de fondo en el corto, mediano, y desde luego a largo plazo.
La magnitud del reto en materia de seguridad pública implica la necesidad de reformas estructurales que aborden el problema de la seguridad pública de manera integral y desde una óptica sistémica, por cuanto involucra al policía de tránsito, al policía preventivo, a las autoridades que sancionan las infracciones cívicas, al ministerio público, a la policía ministerial, a los órganos jurisdiccionales, a quienes tienen la responsabilidad de ejecutar las penas y a los responsables de atender a las víctimas del delito.
En consecuencia se requiere reestructurar las Instituciones encargadas de la Seguridad; dotar al Ministerio Público de autonomía; revisar el marco de sanciones de delitos generadores de criminalidad, facilitar el intercambio de información (plataforma México); dotar de estructura tecnológica e informática a las instituciones encargadas de prevenir e investigar los delitos; agilizar los procesos penales y fortalecer las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población y abatir rezagos sociales en materia de empleo, salud, educación y vivienda. Unificar la policía con un mando único, así como mejoramiento salarial a los cuerpos encargados de la seguridad publica, que es la mejor vía para contrarrestar la corrupción y la impunidad y darle vigencia al derecho de los ciudadanos de desarrollar su vida en condiciones de seguridad en su persona y patrimonio.
