Analisis Sobre la Ley 834 del 1978 Índice Contenido Pag. Introducción…………………..…………….…………….4 Incidentes de competencias………………...…..……………5 Las excepciones de procedimientos..……………...…………..5 Clases de excepciones…………………………...…………..6 excepciones…………………………...…………..6 La excepción de incompetencia…………………...…………7 La litispendencia……………….………………………….9 La conexidad……………………………………………..10 Condiciones de recibildad de la excepcion de conexidad…………………………………….………….10 Las excepciones de nulidad………………….…………......11 Las excepciones de nulidad por vicio o irregularidades de fondo…………………….…………………….………...13 Las exepciones dolatorias………………….………………14 La apelación…………………………….………………..14 La impugnación (le contredit)…………….………………..16 La incompetencia promovida de oficio……………...………17 Conclusión……………………………………...………..18 Bibliografía……….…………………………..…………19 Anexos……………………………………….…………20
Introducción Se ha dicho con razón que el procedimiento es la vida del proceso, el procedimiento es el órgano de los valores esenciales de la democracia, es el derecho del derecho. A través de él se llega a la justicia de una causa, por cuya razón su motivo principal es garantizar el legítimo derecho de defensa; pero para que éste cumpla su objetivo es preciso convertirlo en una herramienta ajustada a la realidad social. El decreto del 20 de julio de 1972, que produjo en Francia cambios importantes en el procedimiento civil de esa nación, sirvió de base para la reforma introducida por las leyes 834 y 845 del 15 de julio de 1978, en nuestro Código de Procedimiento Civil. Aquí, como en Francia, se puede decir, que “a partir de la reforma, se hace necesario distinguir lo que, en las reglas de procedimiento, es esencial en tanto que protector de los derechos de la defensa, de lo que es secundario por formalista; lo que es irremediable, de lo que puede ser fácilmente objeto de rectificación”. Aunque el interés del demandante en justicia es que sus pretensiones sean acogidas en el menor tiempo posible, es infrecuente que su proceso se desarrolle y culmine sin obstáculos. A la parte demandada parece, por lo general, no importarle la demora en la solución del caso, sino que, por el contrario, su interés se concentra más bien en hacer que se asegure un juicio justo. Cuando el tribunal apoderado examina de oficio su competencia está procurando dar cumplimiento a una regla esencial para la buena administración de justicia, y asegurar, de ese modo, los derechos de la defensa en el proceso. Lo mismo ocurre cuando el demandado opone, en el ejercicio de sus derechos constitucionales y adjetivos, la excepción de incompetencia. El demandado puede solicitar al tribunal que declare inadmisible la demanda por falta de calidad o interés del demandante, así como por una de las demás causas indicadas por el artículo 44 de la Ley 834 del Código de Procedimiento Civil. Estos incidentes, que son de derecho, y que constituyen una garantía del legítimo derecho de defensa, retardan, son cierto, la marcha del proceso e impiden, en consecuencia, que se produzca el fallo que dirimirá el asunto, pero
establecen, por otra parte, la base sobre la que se organiza el sistema de justicia.
Incidentes De Competencia
El incidente supone que una jurisdicción haya sido efectivamente apoderada y que la competencia ha sido contestada. La competencia del tribunal apoderado, es un elemento de la regularidad de la instancia. Le corresponde al demandante determinar la jurisdicción competente ante cual ha incoado su demanda. La contestación de la competencia, obliga al juez a estatuir sobre esta cuestión y a dictar una sentencia sobre ella. Los incidentes se convierten en un cedazo que va cerniendo el procedimiento de sus posibles impurezas hasta hacer que el tribunal vea de qué lado está el derecho. El juez declara irrecibibles las demandas que carecen de interés, acoge o rechaza las excepciones de incompetencia, inconstitucionalidad, vicios de forma o de fondo; decide los incidentes que procuran la instrucción de asunto, verbigracia: la administración de las pruebas. Los litigantes procuran expandir, en muchos casos, la esfera del debate mediante demandas incidentes: adicionales, reconvencionales, provisionales, enintervención. Las excepciones de procedimiento
El artículo 1 de la ley 834 lo defines de la siguiente manera: Constituye una
excepción de procedimiento todo medio que tienda sea a hacer declarar el procedimiento irregular o extinguido, sea a suspender su curso. De manera general se pueden definir las excepciones como el medio por el cual el demandado solicita al juez, sea rehusar examinar la pretensión de demandante porque la instancia ha sido mal introducida incompetencia de un tribunal irregularidad de un acto de procedimiento, sea sobreseer de estatuir hasta la puesta en causa de un garante, la expiración del plazo la expiración del plazo acordado a un heredero para hacer inventario y deliberar. Dirigida contra el procedimiento, solamente, la excepción no constituye más que un obstáculo temporal. Luego de la decisión sobre la excepción, el proceso retoma su curso ante el mismo tribunal o es recomenzado ante el o ante otro.
La excepción en sentido propio es, pues, un contra derecho frente a la acción y, precisamente por esto, un derecho de impugnación, de decir, un derecho potestativo dirigido a la anulación de la acción. La excepción tiene dos finalidades establecidas en los párrafos 1 y 2 del articulo 1 las cuales son, primero, la de hacer declarar el procedimiento irregular o extinguido y segundo, suspender su curso. Mediante ellas el demandado, generalmente, sostiene que el tribunal es incompetente (excepción de incompetencia), que el actos de citación o emplazamiento notificado es nulo (excepción de nulidad) que hay un plazo para hacer ciertas actuaciones-inventarios de bienes y deliberar (excepcion de dilatoria), o que el mismo litigio esta pendiente otra jurisdicción (excepción de litispendencia). Quien presente la excepción no pretende llegar al fondo del debate, al contrario, lo rehúye, bien sea paralizándolo temporalmente e incluso podrá liberarse de la condenación si llegase a probar la extinción de la instancia Clases de excepciones
En el actual régimen procesal dominicano, la ley 834 del 15 de julio del 1978, la cual introduce a nuestro derecho procesal las modificaciones al código de procedimiento civil francés, por el decreto del 20 de julio del 1972, objeto de nuestro estudio, establece como excepciones del procedimiento: 1) las excepciones de incompetencia 2) las excepciones de litispendencia y conexidad 3) las excepciones de nulidad Existen además las excepciones dilatorias que son aquellas que tienden a aplazar la contestación mediante la obtención de un plazo. Tradicionalmente se distinguen dos: 1) la que permite al heredero hacer inventario y deliberar, y 2) la que relativa a llamar en garantía. Estas resultan de las disposiciones de los artículos 174 y siguientes del código de procedimiento civil dominicano, en tanto que en el código de procedimiento civil Frances se encuentran en los artículos 108 y siguientes, con algunas diferencias mínimas a la nuestra. La Excepción De Incompetencia
La Excepción de Incompetencia es el medio de contestación de la competencia; es una excepción de procedimiento que obedece a condiciones estrictas de risibilidad establecida en los artículos 3 y siguiente de la Ley 834 del 15 de julio de 1978. Para evitar que las excepciones sirvan para dilatar los procesos, se han establecido condiciones estrictas para ser recibidas; por ello
es que la contestación de la competencia debe ser objeto de un debate previo, antes de abordar el fondo y las otras causas eventuales de irregularidad o de irrecibilidad. La competencia puedes ser solicitada:
1) Por las partes en la instancia (al menos por el demandado) 2) por la jurisdicción apoderada a la demanda y, 3)
bajo
ciertas
reservas
por
el
ministerio
publico
Condiciones De Recibibilidad De La Excepción De Incompetencia.
La excepción de incompetencia, al igual que cualquier otra excepción, debe de cumplir con dos condiciones que son: 1- Debe ser presentada antes de toda defensa al fondo o fin de no recibir; 2Simultáneamente con las otras excepciones. Además la parte que pretende que la jurisdicción es incompetente debe de motivar su pretensión e indicar la jurisdicción que será competente, esta es una condición de forma (artículos 2 y 3 de la Ley 834 de 1978). La excepción de incompetencia puede presentarse tanto en primera instancia como en grado de apelación, a pesar de que se haya concluido al fondo en primera instancia. Pues ninguna regla lo prohíbe, siempre que en apelación haya sido planteada antes de toda defensa al fondo o fin de no recibir. Incluso no es necesario que se plantee en el acto del recurso, puede serlo en conclusiones posteriores. También se admite en el caso de un recurso de oposición. (Civil. 14-12-1979) Lo contrario sucede cuando el asunto se encuentra en casación, ya que la jurisprudencia es constante en afirmar que no se puede plantear la incompetencia por primera vez ante la Corte de Casación, incluso si es de orden público. Aquí tenemos pues que, aparte de la obligación de los jueces de analizar su propia competencia, las partes cuentan con la facultad y derecho de analizar la competencia y someter la excepción cumpliendo con las formalidades ya referidas. Puntos a discutir:
La excepción de incompetencia se discutirá sobre tres puntos: 1. La regularidad de la excepción de incompetencia; 2. 3.
El La
examen de designación
la de
regla la
de competencia; y jurisdicción competente.
La Incompetencia Promovida De Oficio.
Para que la incompetencia pueda ser pronunciada de oficio debe de existir una violación de una regla de competencia de atribución, cuando esta regla es de orden público o cuando el demandado no comparece. Cuando a un tribunal se le planteado una excepción de incompetencia, El juez o tribunal apoderado, sea a solicitud de parte o de oficio debe de estatuir sobre la competencia por una sentencia (o una ordenanza en algunos casos). Cuando el juez se declara competente solo debe de pronunciarse sobre 1.- El examen de la regla de competencia y, 2.- Sobre el tribunal competente. La Litispendencia
La litispendencia se produce cuando un mismo litigio está pendiente ante dos jurisdicciones del mismo grado igualmente competentes para conocerlo. En estos casos, para evitar contradicción de sentencias y dificultad de ejecución, una de las dos jurisdicciones debe desapoderarse. Es por ello que se considera la litispendencia una excepción declinatoria. La jurisprudencia ha establecido que para que sea aceptada la litispendencia, debe de tratarse de un caso en el cual dos tribunales igualmente competentes, se encuentran apoderados de un mismo asunto existente entre las mismas partes. El fundamento legal de la excepción de litispendencia lo constituyen los artículos 1, 2, y 28 de la ley 834 del 1978. Como excepción que es, debe ser presentada antes de toda defensa al fondo o fin de no recibir y simultáneamente con las otras excepciones. Debe ser presentada por ante la jurisdicción apoderada en segundo lugar, pues es ésta la que debe desapoderarse en provecho de la otra: esto puede además hacerlo el tribunal de oficio. La Conexidad
La base legal del la conexidad la encontramos en la ley 834 en su artículo 29. Esta excepción puede verificarse cuando existe un lazo estrecho entre dos demandas no idénticas, pero de tal forma que es de buena justicia instruirlas y juzgarlas al mismo tiempo, a fin de evitar soluciones que pudiesen ser inconciliables o contradictorias.
Esta excepción de procedimiento, permite que se estatuya sobre asuntos conexos por una sola y misma sentencia; lo hace efectivo el principio de economía procesal. La conexidad debe ser distinguida de la litispendencia, esta última se presenta, como ya hemos expresado, cuando dos jurisdicciones igualmente competentes están apoderadas de un litigio idéntico, con el mismo objeto, sobre la misma causa y las mismas partes. La conexidad, por el contrario supone que varias demandas han sido formadas en diferentes asuntos; la diferencia puede ser las partes o el objetivo o el fundamento de la demanda. Pero sobre ciertos puntos, ambas o todas obedecen a reglas comunes o poseen determinadas semejanzas. Es útil, también, distinguir la conexidad de la indivisibilidad, aunque haya podido ser presentada esta última como una indivisibilidad reforzada, pues mientras la conexidad deja la oportunidad de reunir dos litigios, demandas o instancias; la indivisibilidad impone la unidad del litigio contra todo. Con lo que se debe de cumplir es motivar debidamente la solicitud, a fin de hacer ver claramente el lazo de conexidad sobre el cual su autor la funda. Sin embargo al igual de las demás excepciones supra mencionadas puede ser presentada in limini litis, es decir antes de toda defensa al fondo, sin embargo se ha admitido que, dado sus características particulares, puede ser propuesta en todo estado de causa; también puede ser presentada por primera vez en grado El juez al cual es presentada la excepción de conexidad, tiene el poder de descartarla, si ha sido propuesta tardíamente con una intención dilatoria. La decisión que interviene en ocasión de la declinatoria por litispendencia o conexidad conlleva el desapoderamiento del tribunal por ante el cual fue presentado la excepción, a la vez que le atribuye imperativamente la competencia correspondiente a la jurisdicción de reenvío. Las Excepciones De Nulidad
La nulidad es la sanción establecida por la ley a las reglas que rigen la forma de los actos de procedimientos judiciales y extrajudiciales, preparados por las partes, por los abogados, secretarios y alguaciles. Las nulidades son reguladas por los Arts.35 al 43 de la Ley 834 del 1978 Las excepciones pueden referirse a una nulidad de forma o de fondo. De acuerdo a la normativa base para proponer la nulidad se precisa de ciertas condiciones que varían según que se trate de un vicio de forma o de una irregularidad de fondo. Cuando la nulidad tenga por causa un vicio de forma, es preciso que el legislador haya previsto la sanción de la nulidad mediante un texto apropiado,
como se infiere del artículo 1030 del Código de Procedimiento Civil: “ningún acto de alguacil o de procedimiento se podrá declarar nulo, si la nulidad no está formalmente pronunciada por la ley. En los casos en que la ley no hubiere pronunciado la nulidad, se podrá condenar al curial (o alguacil), sea por omisión o contravención, a una multa que no bajará de un peso, ni excederá de veinte”. Es preciso, además, que para que el acto que contenga un vicio de forma, sea sancionado con la nulidad, se pruebe que la irregularidad que se alega causó un perjuicio a quien la propone (máxima no hay nulidad sin agravio art. 37 de la ley 834). Esta última condición no es exigida sin embargo, para los vicios de fondo (esta es la principal diferencias entre estas nulidades). Ambas nulidades tienen por condición común, por otra parte, que ellas no podrán ser pronunciadas si la irregularidad ha sido cubierta. La irregularidad ha sido cubierta y la nulidad no podrá ser pronunciada, en el caso de un vicio de forma, dispone el artículo 38 de la ley citada, si el acto que lo contiene ha sido regularizado antes de que se haya producido su caducidad, y si se comprueba, además, que la regularización ha borrado cualquier agravio que hubiere podido haber ocasionado la irregularidad. La nulidad quedaría cubierta aún cuando se tratase de una irregularidad substancial de orden público. El artículo 43 establece en ese tenor, para el caso de la nulidad de los actos por irregularidad de fondo, que la nulidad no será pronunciada, en la circunstancia de que sea susceptible de ser cubierta, si su causa ha desaparecido en el momento en que el juez estatuye. El acto irregular, de acuerdo a este artículo, podrá ser regularizado hasta antes de que se pronuncie la sentencia, bajo reserva de que no se haya producido la caducidad en el intervalo. Cualquier omisión de una de las indicaciones requeridas por el artículo 61 citado constituye una irregularidad de forma, ya que se produce el irrespeto de una regla formal de redacción o de notificación de un acto. La nulidad podría ser, en consecuencia, la sanción, en razón de que ésta está expresamente prevista por el texto aludido, como también lo dispone el artículo 1030; pero el artículo 37 de la Ley 834 establece que la nulidad no puede ser pronunciada, en el caso de un vicio de forma, sino cuando el adversario que la invoca pruebe el agravio que le causa la irregularidad, aún cuando se trate de una formalidad substancial o de orden público. El artículo 37 establece como condición indispensable para el pronunciamiento de la nulidad de un acto por vicio de forma a la prueba de la existencia del agravio causado. Dicho artículo establece también una diferencia entre formalidades substanciales, y aquellas que no son sustanciales. Se entiende por una formalidad substancial es la que da al acto su naturaleza, sus caracteres; es la formalidad que constituye la razón de ser del acto; pero aún en el caso de que esta formalidad no haya sido observada la nulidad del acto no es pronunciada si no se prueba el agravio que la inobservancia ha provocado.
El juez debe, antes de pronunciar la nulidad, verificar si la irregularidad cometida ha causado un perjuicio a la parte que la invoca. Pero se debe recordar que la regla no hay nulidad sin agravio concierne sólo a las nulidades de forma ya que para las nulidades de fondo la regla no tiene aplicación. El agravio es el perjuicio causado a la parte que invoca el vicio, y quien ha sido impedido o limitado en sus posibilidades de defensa. El formalismo es, entre otras obligaciones, un medio para permitir un proceso equitativo. Si el formalismo no es respetado se debe buscar si el error o la falta ha tenido repercusiones sobre la posibilidad de defensa. No hay agravio si el vicio no ha privado a quien lo invoca de las garantías a que tiene derecho en un proceso equitativo. Las Excepciones De Nulidad Por Vicio o Irregularidades De Fondo. El artículo 39 de la ley 834 del 1978, enumera las irregularidades que vician el fondo de los actos de procedimiento, al establecer que: “Constituyen irregularidades de fondo que afectan la validez del acto: 1° La falta de capacidad para actuar en justicia. 2° La falta de poder de una parte o de una persona que figura en el proceso como representante, ya sea de una persona moral, ya sea de una persona afectada de una incapacidad de ejercicio. 3° La falta de capacidad o de poder de una persona que asegura la representación de una parte en justicia”. El juez está obligado a invocar de oficio las excepciones de nulidad fundadas en la inobservancia de las reglas de fondo cuando ellas tengan un carácter de orden público de acuerdo con el artículo 42 que dispone que “Las excepciones de nulidad fundadas en el incumplimiento de las reglas de fondo relativas a los actos de procedimiento deben ser invocadas de oficio cuando un carácter de orden público”. Contrario a las excepciones de forma, las de fondo no están sometidas a la regla “no hay nulidad sin agravio del art. 37” y así lo dispone el artículo 41 de la Ley 834 de 15 de julio de 1978. Las nulidades de fondo como las de forma pueden ser subsanadas si su causa ha desaparecido en el momento en que el juez estatuye y por consecuencia no será pronunciada (el artículo 43 de la Ley de referencia). Las Excepciones Dilatorias Son los medios puestos a la disposición de una parte para obtener la suspensión de la instancia. Estas excepciones están establecidas en nuestra legislación en los artículos del 174, al 185 del Código de Procedimiento Civil. Las excepciones pueden ser de dos tipos: 1) La excepción deducida del plazo establecido a favor de una parte; 2) La excepción dilatoria de garantía. Toda suspensión de la instancia automática o no, da lugar a una excepción dilatoria y no aun fin de no recibir; esto se explica perfectamente, porque solo el
procedimiento está afectado, el derecho de accionar del adversario no se contesta. La
Apelación
El articulo 6 de la ley 834 plantea que si el juez se declara competente y estatuye sobre el fondo del litigio en la misma sentencia, ésta sólo podría ser impugnada por la vía de la apelación, sea respecto del conjunto de sus disposiciones si es susceptible de apelación, sea la parte del dispositivo que se refiere a la competencia en el caso de que la decisión sobre el fondo fuere rendida en primera y última instancia. La apelación es el recurso indicado y no el contredit cuando: a) la sentencia es dictada en primara y única instancia, advirtiéndose que la apelación solo deberá recaer entonces sobre la cuestión de la competencia en razón de que el fondo litigioso es apelable; b) si la decisión al fondo del tribunal del primer grado es susceptible de apelación, dicho tribunal ha fallado el fondo, su decisión puede ser atacada por la apelación tanto en lo que respecta al fondo como en lo que respecta a la competencia. La solución en ambos casos, la ofrece con claridad la ley 834 en su artículo 6, que recoge en toda su extensión las disposiciones del artículo 78 del nuevo código de procedimiento civil Frances. Pero al margen y por encima de estas dos situaciones, la apelación sigue siendo el recurso posible, en las siguientes ocurrencias: a) cuando la incompetencia del tribunal es invocada con ocasión de demandas incidentales y, b) cuando la decisión emana del juez de los referimientos. El recurso de apelación, en tanto recurso ordinario, posee desde sus entrañas un efecto devolutivo, el cual es uno de los elementos distintivos de nuestro sistema apelativo, sino el mayor. Como parte de su idiosincrasia procesal Inherente, al instante de interponerse la apelación se le impone al tribunal de alzada conocer el caso por nueva vez, cual si fuese inexistente la sentencia impugnada. No solamente el órgano juzgador va a ser distinto, sino que físicamente el expediente va a ser otro, procediéndose a un nuevo examen, en toda su amplitud, de la demanda introductiva (y de las demandas incidentales, si las hubiere), según similares reglas procesales primigenias. Algunas disposiciones generales que regulan los procesos apelativos tienden, incluso, a hacer del procedimiento de alzada uno más acelerado. Como ejemplo de ello: a) El art. 648 del Código de Comercio le concede una naturaleza particularmente sumaria al proceso en alzada en materia comercial; y b) el art. 49, parte in-fine, de la Ley 834, del 15 de julio de 1978, le ofrece cierta celeridad a la instrucción de todo recurso de apelación al establecer una especie de “camisa de fuerza” en contra de los aplazamientos para comunicar y depositar documentos a nivel de apelación. La impugnación (Le contredit) El Artículo 8 de la ley 834 plantea que Cuando el juez se pronuncia sobre la competencia sin estatuir sobre el fondo del litigio, su decisión no puede ser
atacada más que por la vía de la impugnación (le contredit) aún cuando el Juez haya decidido el fondo del asunto del cual depende la competencia. Bajo reserva de las reglas particulares al experticio, la decisión no puede igualmente ser atacada en lo relativo a la competencia más que por la vía de la impugnación) le contredit) cuando el Juez se pronuncia sobre la competencia y ordena una medida de instrucción o una medida provisional. El recurso formado contra la decisión del juez de los referimiento sobre su competencia debe ser llevada ante la corte por medio de una apelación ordinaria según el regimen propio de la apelación de las ordenanzas de referimiento. Si bien el Artículo 10 de la Ley No. 834 de 1978 establece un plazo de 15 días a partir del pronunciamiento de la sentencia para recurrir en impugnación contra ella, esto es así cuando ha sido dictada en la misma audiencia en que se conoció del incidente de competencia o cuando las partes han sido citadas para oír su pronunciamiento o cuando se encuentran presentes o representadas. En los demás casos el punto de partida del plazo es la fecha de la notificación de la sentencia. El plazo de 15 días para interponer el recurso de impugnación comienza a partir del día en que el recurrente tuvo conocimiento de la existencia de la sentencia. Si no estuvo presente cuando ésta se dictó, ni fue citado al pronunciamiento ni se le notificó, es necesario admitir que obtuvo conocimiento el día de la interposición del recurso. La falta de notificación del recurso no acarrea lesión al derecho de defensa del recurrido si se entera del mismo y comparece a la audiencia. La aceptación por el Secretario del recurso es un acto administrativo, no un requisito de admisión. La única consecuencia de la aceptación del recurso sin los gastos es que la responsabilidad solidaria del secretario queda comprometida. La impugnación (le contredit) es un recurso especial contra sentencias que deciden sobre la competencia sin tocar el fondo. Cuando el tribunal de primer grado resuelve sobre la competencia y sobre el fondo, el recurso procedente es el de apelación. La impugnación (le contredit) es el recurso para atacar la decisión en que el Juez se pronuncia sobre la competencia sin estatuir sobre el fondo. La Corte de Ap. apoderada de este recurso puede resolver el fondo sólo cuando la competencia depende de lo principal o si la Corte entiende de buena justicia dar al asunto una solución definitiva.
La
incompetencia
promovida
de
oficio
En el Artículo 20 de la ley 834podemos observar que plantea claramente que la incompetencia puede ser pronunciada de oficio en caso de violación de una regla de competencia de atribución, cuando esta regla es de orden público. No puede serlo sino en este caso. Ante la corte de apelación y ante la Corte de Casación esta incompetencia sólo podrá ser declarada de oficio si el asunto fuere de la competencia de un tribunal represivo o de lo contencioso administrativo, o escapare al conocimiento de cualquier tribunal dominicano. La cámara que declaro de oficio su incompetencia para conocer del caso de que se trata, al juzgar que el inmueble objeto de la litis es un terreno registrado; que en esas circunstancias, la cámara que juzgo procedente desapoderarse del caso a su cargo, en razón de que las litis sobre derechos registrados son de la competencia exclusivas de tribunal de tierras; que sin embargo, la cámara que declaro su incompetencia de oficio, lo que prohíbe el citado articulo 20 de la ley 834 del 1978 , disposición legal que se aplica en este caso, por haber dicha camara actuado como tribunal de apelación. Conclusión En este trabajo de investigación pudimos analizar algunos aspectos de la ley 834 del 15 de junio de 1978, los beneficios, reformas y aportes que ha hecho esta ley al procedimiento civil dominicano, esta ley constituyo importante paso de avance en nuestro derecho procesal, podemos decir que ha sido determinante en la solución de la problemática procedimental de carácter civil, en la Republica Dominicana. En efecto, dicha legislación introdujo al conjunto de normas que ordenan el procedimiento civil dominicano experimentadas las modificaciones expedientadas en el Código de Procedimiento Civil Frances, mediante decreto del 20 de julio de 1972, para establecer entre otras providencias, las denominadas excepciones declinatorias y dilatorias, de manera especial, convierte la tradicional excepción de comunicación de documentos en una simple demanda o pedimento del demandante, del demandado, tendente a la comunicación de las piezas documentales invocadas por su adversario. Antes de esta modificación el carácter de excepción atribuida a la comunicación previa de documentos producía un aplazamiento del conocimiento del fondo del caso mientras no se cumpliera con tal medida procesal, dando lugar a la materia excepción de no comunicación de documentos, utilizada siempre en nuestros tradicionales incidentalitas, lo que implicaba, como hecho, la suspensión del curso de la instancia y, por tanto, graves decisiones en perjuicio de la cabal y oportuna solución de las litis judiciales. Antes de la Ley 834, del 15 de julio del 1978, que hace suyas las más recientes y avanzadas reformas del Código de Procedimiento Civil Francés, y trata las excepciones de nulidad de forma en sus artículos del 35 al 38, y las nulidades de fondo desde el 39 al 43; regían en nuestro ordenamiento jurídico básicamente las disposiciones contenidas por los artículos 1029 y 1030 del
Código de Procedimiento Civil Dominicano, que en cuanto a las nulidades, consagran dos principios generales resumidos de la siguiente manera: a) “No hay nulidad de actos sin un texto”, que equivale a decir ningún acto de procedimiento puede ser declarado nulo en ausencia de un texto que lo establezca, y b) “Las nulidades en la ley no son conminatorias”, que es lo mismo decir el Juez no tiene poder de apreciación frente a la violación cometida.
Bibliografía Estévez Lavandier, Napoleon R. Ley no. 834 del 1978, comentada y anotada en el orden de sus articulos, con doctrina y jurisprudencia dominicana y francesa Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Boletín Judicial No. 887. Año 2686º Compendio Jurídico Dominicano: Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia durante el período 1970-1998 e índice de la legislación vigente en la República Dominicana. 2 ed. Santo Domingo: Editora Taller, 2000. 503p. Codigo Procesal Civil de la republica dominicana
