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Análisis General de la Ley Desarme
Profesor: Abg. Rubén Darío Acosta. E-Mail:
[email protected]
Autores: Arístides Mota. Asdrúbal Macías. Jesús Huice. Subdary Ortiz. Wayne Herrera. Yirly Jardines. Grupo 04. Ambiente 02 Lcdos.
Valencia, Noviembre de 2014
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LEY PARA EL DESARME Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES Esta Ley, publicada en Gaceta Oficial Nº 40.190 de fecha 17 de junio de 2013, tuvo unas intenciones meramente preventivas de delitos (al inicio), es decir, fue promovida con la intención de desarmar a la población venezolana en vista de la alta tasa de criminalidad que se ha evidenciado los últimos años, teniendo a Venezuela como uno de los países más violentos del continente y del mundo, según cifras oficiales publicadas por la Organización de las Naciones Unidas. El desarme de la población, se ha visto como una posible solución al problema delictual que vive ho y en día el país, pero que en verdad, nadie sabe si dará resultado. No es un secreto para nadie que las leyes en Venezuela pareciesen estar de adornos en un mueble de biblioteca, y que solo son utilizadas cuando peligra un cargo en el Gobierno. En Pocas palabras la ley en Venezuela se ha visto politizada en toda su estructura.
Sin embargo, la reciente Ley también regula todo lo referente al “Control de Armas y Municiones”, derogando así la Ley sobre Armas y Explosivos del año 1939, lo que sin duda es un aspecto positivo ya que ha pasado mucho tiempo y las armas han evolucionado debido a la alta tecnología implementada en las mismas, por lo que es totalmente justificable que esta Ley trate el tema de las armas, nuevamente.
En este contexto, a pesar de contener nuevas sanciones penales, hay que destacar que la Ley trae consigo una serie de sanciones administrativas que acarrean altas multas de Unidades Tributarias, por ilícitos tales como falta de autorización para porte de arma, entre otros.
Cabe destacar, que el artículo 64 de la Ley permite exclusivamente cincuenta (50) municiones anuales para las personas naturales o jurídicas con los permisos para porte de armas en los casos de defensa personal, protección de personas, tenencia domiciliaria de arma de fuego, tenencia para protección de bienes y para traslado y custodia de bienes y valores.
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Se debe tener en cuenta que el cuerpo normativo trae en sus novedades el “marcaje de municiones”, en donde el órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con competencia en materia de control de armas, determinará la nomenclatura para el marcaje de municiones, debiendo realizarse al mismo al momento de su fabricación. Debe contener nombre de fabricante, año, nomenclatura y numeración correlativa que la individualice.
Pero aun con todo lo establecido en los 125 artículos que contiene la Ley, hay que destacar que no solo afectas a los civiles, sino que también afecta a los funcionarios policiales y que no es de menos importancia describir como estos se sienten ante esta ley. El desarme de los funcionarios policiales ha sido muy mal visto, ya que afecta la seguridad personal de quienes tienen que lidiar con personas altamente peligrosas, y que tan solo por haber realizado un procedimiento policial, ya cuenta con un enemigo.
Esto se agrava más cuando la impunidad de los delitos reina en las mismas salas de juicio, cuando se pretende poner en entredicho la actuación policial. Sin importar la opinión de las víctimas, quienes han sido colocadas a un lado no pueden opinar ni defenderse ante la autonomía de un juzgado casi inquisitivo pero ahora a favor de quien comete el delito.
Por tal razón esta Ley, no afronta la realidad delictual del País, es necesario ser más fuerte y pensar si en realidad desarmar a la población es la solución al problema de inseguridad, a modo propio, es necesario prohibir a la Compañía anónima de Industrias Militares, la fabricación de armas y municiones ligeras, o personales, como es la pistola y los revólveres, que su fabricación sea exclusiva para armas largas, vehículos y potencial de guerra, ya que casi en la totalidad de los homicidios se ha utilizado una munición fabricada por esta empresa (CAVIM). De esta manera poder controlar lo interno y luego lo externo.
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De tal forma, se puede decir que la Ley Desarme, un novedoso instrumento legal que viene a dar una respuesta estructural al problema delictivo; en su sentido más simple, regula la venta de armamentos a particulares y busca supervisar su uso por parte de los funcionarios po liciales y militares”, expuso Fernández, quien no dejó de mencionar que, en su mayor parte, el articulado aprobado fue producto de los aportes hechos por la extinta comisión presidencial. Al aplicar esta Ley, se busca “acabar con la armería como rubro comercial. El único organismo para hacer este tipo de actividad es la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares. Otro aspecto es que Limita la venta de municiones particulares (…) Establece sanciones fuertes a funcionarios públicos que incurran en violaciones a algunos de los artículos de la Ley (…) Se crea un registro automatizado de armas que contiene la prueba balística.
En este contexto, Según un reporte emitido por la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX), en el país existen 167 mil 800 armas registradas legalmente y con su respectivo porte concedido. “Si a ello se agrega, digamos 10 veces esa cifra para calcular las armas ilegales, que es lo que se estima, estamos ante una situación que debe apalancarse con la puesta en marcha del plan desarme, y que creo fundamental para el proceso de paz y seguridad en el país”.
La Ley establece sanciones de orden pecuniario y penal, con la novedad de que se considerará como agravante para aumento de las penas y sanciones, el hecho de que quien trafique o introduzca armas y municiones a los penales y otros sitios para generar más violencia, sean funcionarios policiales o púb licos.
De igual manera, se establece que cuando se violenten los sitios de resguardo, depósitos o parques de armas, se plantea prisión de 8 a 20 años, según sean los casos; pero si los implicados son funcionarios, se aumentará la pena en una cuarta parte adicional; “como manera de golpear la galopante corrupción existente, pero que ya está detectada y con medidas como ésta se controla hasta reducirla a cero, que sería lo
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ideal. Muchas veces con esas armas que deberían estar inutilizadas se cometen delitos y se genera una espiral de violencia. Además, el porte ilícito será penado de 7 a 20 años de prisión.
Experiencia Previa Fue Positiva. La redacción de la Ley por parte de la Comisión Presidencial para el Desarme, se le presentaba regularmente al presidente Hugo Chávez para su corrección y discusión, este recomendó una consulta general. Se hizo una encuesta piloto de la Comisión en la web a 7 mil 500 personas, entre finales de 2012 e inicio de 2013, en torno a si estaban de acuerdo o no con los incentivos por parte del Estado a quienes practicaran el desarme voluntario.
“No solo todo el mundo estuvo de acuerdo, sino que 3 mil 909 personas, casi 50 por ciento, indicaron que a todo el que se desarme voluntariamente hay que estimularlo con oportunidades para estudiar, trabajar, herramientas para el trabajo, materiales de construcción, e incluso canje por electrodomésticos”, expone, a la vez que añade: “Todo eso está ahora mismo en estudio, pero se va a cumplir la voluntad popular”.
¿Qué se logra al aplicar la Ley? 1) Acaba con la armería como rubro comercial. El único organismo para hacer este tipo de actividad es la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares.
2) El porte de arma de defensa personal debe ser otorgado bajo declaración jurada de necesidad.
3) Expone la diferencia entre porte y tenencia, dejando claro que la tenencia está permitida en los casos en que el arma está declarada para resguardo de bienes dentro del hogar o propiedades.
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4) Se crea un registro automatizado de armas que contiene la prueba balística.
5) Prohíbe la recarga de municiones y ordena su marcaje, mediante modernos métodos.
6) Ordena presentar un plan de producción de municiones de Cavim al presidente de la República anualmente, a manera de rendición de cuentas.
7) Limita la venta de municiones particulares: 50 unidades por año. Deportistas (tiro deportivo) sólo 300 por mes, que serán vendidas por tiendas Cavim dentro de los polígonos. Cacería (respetando y tomando en cuenta los planteamientos de las comunidades indígenas) 100 municiones de escopetas por mes. Policías: 50 municiones por arma mensualmente. Para reponer las usadas, cada funcionario debe rendir cuenta, avalado por su respectivo jefe policial. Para resguardo de zonas agropecuarias: 100 al año es el cupo de municiones.
8)Ordena campañas preventivas sobre armas en medios de comunicación y prohíbe programación que induce al uso de armas. “Deben intervenir CONATEL y el MINCI”, agregó.
9) Legaliza las zonas libres de armas.
10)Crea un fondo para el desarme, con el objetivo de otorgar compensaciones a las personas que entreguen las armas, de acuerdo con lo que establezca el plan de canje que es producto de la Ley.
11)Legaliza la inutilización de armas. “Este punto es básico, toda vez que se venía detectando cómo armas y municiones que estaban en resguardo, mientras se hacía la experticia requerida aparecían implicadas en nuevos hechos delictivos, lo cual
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presuponía complicidad de personas con acceso a los parques de armas y depósitos de resguardo; ahora con la inutilización no se interfiere con la investigación y luego pasa a ser arma destruida”, explica Fernández. Es un punto clave que estableció el presidente Chávez como decreto en la Gaceta Oficial 40.047 de octubre de 2012.
12) Ordena la amnistía. Este punto se refiere a uno de los estímulos que brinda el Estado a quien voluntariamente acuda a desarmarse. No será reseñado y entrará en el protocolo del canje que aún tiene algunos elementos en estudio, como la compensación.
13) Establece sanciones fuertes a funcionarios públicos que incurran en violaciones a algunos de los artículos de la Ley.
Puntos importantes: 1) El Presidente Chávez, en su momento, anunció la creación de un banco de incentivo para el desarme, a través de empresas públicas y con la colaboración de empresas privadas.
2) Se llamó a la conformación de un Fondo Nacional para atender a víctimas por arma de fuego. Este fondo estará basado en un importe de 5% sobre las ganancias netas de empresas que comercializan, importan y producen armas de fuego. 3) Inicialmente se desplegaron 60 centros para el desarme nacional y se entregarán incentivos a las personas que entreguen sus armas voluntariamente. Las entregas se harán de forma anónima.
4) La Ley, aplicada solo a la población civil, sanciona a las personas que de forma ilícita portan un arma de fuego con una pena de 7 a 20 años de cárcel.
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Pasos y Claves de La Ley y el Plan Desarme
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