UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP
DERECHO PROCESAL PENAL II TUTOR: Dr. JOSÉ ALEJANDRO ROJAS FLORES
ENSAYO “LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA PERSECUCIÓN Y JUZGAMIENTO DEL CRIMEN”
PRESENTADO POR: FREDY RAMIRO PALOMINO GAVILAN CARRERA PROFESIONAL: DERECHO CORPORATIVO – CICLO V
LIMA – PERU 2 0 1 3
INTRODUCCIÓN El presente ensayo es para tratar acerca de la necesidad y la conveniencia de implementar el Derecho Penal Internacional en nuestro ordenamiento jurídico. Con este fin, realizo una descripción básica de los crímenes de Derecho internacional, para luego presentar los argumentos tanto jurídicos como de política jurídica a considerar en la discusión; finalmente, para resaltar la importancia de la cooperación internacional en la
persecución y juzgamiento del crimen . Entre los primeros, desarrolla ciertas obligaciones preexistentes del Estado peruano, la falta de identidad entre el injusto de los crímenes internacionales y de los delitos de Derecho interno y la necesidad general de implementación de las normas penales internacionales para asegurar su aplicabilidad en el Derecho interno dada la exigencia de determinación de la ley penal vigente en el sistema jurídico continental. En una tercera parte del trabajo se exponen esquemáticamente las distintas formas de implementación empleadas a la fecha por otros Estados, tanto en lo relativo al cómo implementar como en lo relativo al dónde implementar. Finalmente, desarrollaré la forma de la cooperación internacional para combatir el crimen.
El autor.
I.
EL OBJETO DE LA IMPLEMENTACIÓN: LOS CRÍMENES DE DERECHO INTERNACIONAL
El Derecho Penal Internacional es aquella disciplina jurídica que se ocupa de las normas que fundamentan la punibilidad de ciertas conductas directamente a partir del Derecho Internacional.1 Siguiendo a Werle, para ser objeto de estudio por el Derecho Penal Internacional, una norma debe reunir tres condiciones: 1.
Debe describir un hecho típico imputable individualmente, y prever una pena como consecuencia jurídica.
2.
Debe ser parte del ordenamiento jurídico internacional.
3.
La punibilidad de la conducta descrita debe ser independiente de su tipificación como delito en el Derecho nacional y de si el ordenamiento jurídico de un Estado permite a sus tribunales la aplicación directa de las normas penales internacionales. 2
1
WERLE, Gerhard. (2005) Tratado de Derecho Penal Internacional. Coordinación de la traducción al español por DÍAZ PITA, María del Mar. Editorial Tirant lo Blanch. P. 76. Valencia. 2 Ibídem.
Esta descripción deja de lado las normas procesales del Derecho Penal Internacional y las materiales referidas a su parte general, pero nos valemos de ella por cuanto es útil a los efectos de distinguir claramente el Derecho Penal Internacional de los Derechos penales nacionales y de las demás disciplinas que conforman el derecho penal de trascendencia internacional. Los crímenes de Derecho internacional, que coinciden con los crímenes para cuya investigación y juzgamiento es competente la Corte Penal Internacional son cuatro, aunque respecto de uno de ellos se da una situación muy especial. A continuación una apretada revista de cada uno:
1.
El genocidio El tipo penal de genocidio consiste en perpetrar uno o más “hechos individuales” con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Este ánimo, común a todas las figuras de genocidio, es el elemento decisivo que hace de tales conductas atentados contra la paz y seguridad internacionales elevados a la categoría de crímenes internacionales. En el juicio de Núremberg se consideró al genocidio como una forma de crimen contra la humanidad. Sin embargo, a poco andar, ya con la Convención contra en Genocidio de 1948, este crimen cristalizó como una categoría independiente. La definición del artículo 6 del Estatuto de la Corte Penal Internacional es una reproducción de la definición contenida en el artículo 2 del Convenio para la prevención y sanción del delito de genocidio del 9 de diciembre de 1948.
2.
Los crímenes de lesa humanidad (o crímenes contra la humanidad)
Esta clase de crímenes consiste en acciones (hechos individuales) cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil (hecho global) con conocimiento de dicho ataque. Se encontraban definidos en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, que exigió para su comisión un nexo con un conflicto armado. Sin embargo, al contrario de lo que sucedió con el genocidio y los crímenes de guerra, no fueron definidos en ningún tratado posterior hasta el Estatuto de la Corte Penal Internacional, donde se lo define para los efectos de establecer la competencia material de la Corte (artículo 7)
3.
Los crímenes de guerra Son los crímenes de los que más antiguos antecedentes se tienen. Están regulados en numerosísimas convenciones, y estaban también contemplados en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Hoy, los tratados más importantes sobre derecho humanitario, que contienen también normas penales, son los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus dos protocolos adicionales del 8 de junio de 1977. El Estatuto de la Corte Penal Internacional también contiene una larga lista de crímenes de guerra en su artículo 8. Lo particular y novedoso de la regulación de los crímenes de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional consiste en que no solamente se refiere a los crímenes de guerra en conflictos armados internacionales, sino también a crímenes de guerra que en conflictos armados no internacionales, comúnmente llamados crímenes de guerra civil. En efecto, los conflictos que más recientemente han llamado la atención de la comunidad internacional, cuya calidad de internacional es a lo menos dudosa (antigua Yugoslavia, Ruanda, Uganda, República Democrática del Congo, Sudán),
muestran la obsolescencia de la distinción entre crímenes de guerra interna y crímenes de guerra civil, que data de una época en que la soberanía estatal se consideraba más importante que el resguardo de los derechos humanos. Esta época ha llegado a su ocaso, al menos en lo que al Derecho respecta y en el ámbito internacional la jurisprudencia de la última década (sobre todo la del Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia, la del Tribunal Penal para Ruanda y la de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos). De hecho, se critica al Estatuto de la Corte Penal Internacional que no contempla algunos crímenes de guerra civil que sí están reconocidos en el Derecho consuetudinario.
4.
El crimen de agresión Como “crimen contra la paz ” aparecía ya en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Sin embargo, en la actualidad, por razones coyunturales de política internacional no ha sido posible encontrar una tipificación de consenso para este crimen, aunque la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de la Corte Penal Internacional trabaja en ello. Como no se logró una definición para la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 en Roma, si bien el crimen de agresión está mencionado como uno de aquellos sobre los cuales la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción, no puede ejercerla. Para definir este crimen será necesaria una modificación al Estatuto (arts. 5, 121 y 123 Estatuto de la Corte Penal Internacional), lo que puede tener lugar sólo a partir de su séptimo año de vigencia (desde el 1 de julio de 2009). Es el que menos trascendencia tiene desde el punto de vista de la implementación, pues a falta de definición estatutaria no puede aún ser perseguido por la jurisdicción internacional.
La reciente Convención de La Haya3
“De ahí que la última Convención sobre Protección de Niños y Cooperación respecto a la adopción internacional suscripta en mayo de 1993 en La Haya procura conjurar estas perversas derivaciones, por supuesto no queridas por un instituto tan noble como la adopción. A tal fin se prevé la creación de una Autoridad Central en cada uno de los países signatarios de la Convención, a fin de intervenir en los supuestos de adopción entre países. En tales supuestos, tanto en la Autoridad Central del país de origen del niño como la correspondiente al país del o los adoptantes se otorgan recíprocamente las garantías necesarias a fin de asegurar el deseo legítimo de adoptar de los nuevos padres como el interés mismo de los niños”.
Un crimen de nuestro tiempo 4 Como correlato y paralelamente a este instituto de honda raigambre humana y familiar se ha venido desarrollando en el mundo una práctica criminal: el tráfico ilegal de menores. El secuestro, la venta o el tráfico de niños se ha venido así a constituir en una novedosa forma de crimen internacional, calificable como un verdadero delito contra la humanidad. El destino de este comercio eventual puede tener derivaciones aún más peligrosas, cuales son la prostitución de los menores, su desvío o perversión sexual o la sustracción misma de sus órganos, para trasplantes u otros destinos de la cirugía y medicina. En estas circunstancias es necesario preservar a la adopción internacional de tan funestas como posibles derivaciones del antedicho comercio ilegal. En nuestro país se ha comentado en diversas oportunidades casos de madres que mediante el pago de un precio –seguramente incrementado de mediar un tercero comisionista–
3
En el marco de la 17ava. Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado y suscripto por delegados de los gobiernos de: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, China, Chipre', la República de Checoslovaquia, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, los Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Méjico, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de Norteamérica, Uruguay y Venezuela, como Estados Miembros, como también por delegados de los gobiernos de Albania, Bielorrusia, Benin, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Haití, la Santa Sede, Honduras, India, Indonesia, Kenya, la República de Corea, Líbano, Madagascar, Mauricio, Nepal, Panamá, Perú, Filipinas, la Federación Rusa, Senegal, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, participando como invitados. 4 BALESTRA, Ricardo. (1998) Derecho Internacional Privado - Parte Especial. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires – Argentina.
entregan su hijo a un futuro adoptante. Ello realizado incluso con la intervención de un juez competente y la representación del Ministerio Público que, sin conocer los datos del comercio ilegal, adjudican el menor a sus padres adoptivos. Si éstos resultan luego no ser tales, sino un eslabón más en la cadena del tráfico ilegal, volvemos al antedicho peligro que amenaza a los menores.
II. LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LOS CRÍMENES TIPIFICADOS EN EL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Estrictamente, el Estatuto de la Corte Penal Internacional no impone a los Estados partes del tratado la obligación de implementar los crímenes internacionales definidos en él para los efectos de fijar su competencia material. Sin embargo, el Estatuto contiene obligaciones para los Estados parte en cuanto implementa normas del Derecho penal material: contiene la obligación para los Estados partes de hacer extensivas sus leyes penales que castiguen los delitos contra la integridad de los procedimientos nacionales a los delitos contra la administración de justicia regulados en su artículo 70, entre los que se cuentan dar falso testimonio, la corrupción de testigos o funcionarios de la Corte Penal Internacional, etc. La otra obligación inequívoca de implementación establecida en el tratado toca al Derecho procesal y consiste en la obligación para los Estados partes de establecer procedimientos de Derecho interno para cooperar con la Corte de conformidad con la parte IX de su Estatuto, vale decir, para cumplir con solicitudes de detención y entrega, de realización de inspecciones oculares, de identificación de personas u objetos, de protección a víctimas y testigos, etc.
Si bien el Estatuto de la Corte Penal Internacional no contiene, como ya está consignado, la obligación expresa para sus Estados partes de implementar los crímenes internacionales en el Derecho nacional, existe una serie de argumentos, tanto estrictamente jurídicos como de política jurídica, que hacen oportuna la implementación nacional de los crímenes internacionales. En lo que sigue, no se analizará cada una de las figuras penales contenidas en el Estatuto, ya que por su gran número resulta imposible detenerse en cada una en el marco del presente artículo.
III. LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE PERSECUCIÓN Y JUZGAMIENTO DEL CRIMEN Para una eficaz cooperación internacional de persecución y juzgamiento del crimen , existe el derecho penal supranacional, las normas sobre el ámbito de aplicación de la ley penal, el derecho de la cooperación internacional en materias penales y otras normas de derecho penal material de trascendencia internacional, que puede surgir bien de la importancia de ciertas conductas para intereses comunes a todos o por lo menos a la mayoría de los Estados, bien debido a que la manifestación transfronteriza del crimen la hace apropiada una acción interestatal coordinada. Por ejemplo, tráfico de estupefacientes, regulado en el Convenio único sobre estupefacientes de 1961, en el Convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971 y en la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988. Asimismo, Artículo 6 del Estatuto de la Corte Penal Internacional: “a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”
Otro argumento a favor de una implementación de cooperación internacional de
persecución y juzgamiento del crimen surge al tener en consideración el objeto y fin del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que están obligados a no contrariar aún los Estados firmantes, como Perú, y no sólo los Estados partes del tratado. El principal objeto y fin del Estatuto de Roma es poner en práctica un sistema complementario de justicia penal internacional, que para su funcionamiento óptimo supone que los Estados implementen los crímenes internacionales en su Derecho interno, ya que el sistema sólo funcionará adecuadamente cuando la persecución estatal de los crímenes de Derecho internacional, bajo consideración del injusto específico de tales crímenes, sea la regla general. Con miras a este objetivo, ya que el Estado peruano ha resuelto encargar un estudio que desemboque en la promulgación de una nueva legislación penal, sería recomendable que no dejara fuera de los esfuerzos legislativos a los crímenes internacionales. Se contribuiría así además de mejor forma, a conseguir el fin declarado de la modificación legislativa que se persigue, cual es adecuar la regulación del Derecho penal peruano a los tiempos que corren. Si se legisla sin incluir en esta importante reforma a los crímenes internacionales, el Estado peruano estaría en cierto modo ignorando su existencia y evitando su aplicación en el Perú, lo cual dista de condecirse con el objeto y fin del Tratado de Roma, que nuestra Nación ha firmado y –según ha declarado en repetidas ocasiones– se apresta a ratificar. Si bien seguramente una omisión en regular los crímenes internacionales no bastaría para perseguir la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de la obligación de no contrariar el objeto y fin del tratado que ha firmado (de ahí que éste no esté incluido entre los argumentos estrictamente jurídicos), hablaría bien del Estado el hecho de que procure contar con las herramientas legislativas necesarias para perseguir la
responsabilidad penal por crímenes internacionales, abarcado su injusto específico y subsanando eventuales lagunas de cobertura. Por ejemplo, al adoptarse la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, el Secretario General de la ONU recibió ciertas ratificaciones con reservas 5. Esto planteaba el problema de saber si las reservas que no habían sido aceptadas podían ser válidas y, en consecuencia, computar las ratificaciones así formuladas para determinar la entrada en vigor del tratado. Este tratado necesitaba un número mínimo de ratificaciones para poder entrar en vigor. El Secretario General hace saber la cuestión a la Asamblea General, la cual resuelve pedirle una opinión consultiva a la C.I.J. Esta, destacando que su respuesta tiene en miras solamente la convención en cuestión, en la que, por su naturaleza, es deseable que participe el mayor número posible de Estados, expresa que ningún Estado puede ser obligado sin su consentimiento, por lo que la reserva que se formula será válida, exclusivamente, para aquéllos que la acepten. Dice la C.I.J.: "Se puede considerar, igualmente, como un principio reconocido que toda convención multilateral es el fruto de un acuerdo efectuado libremente en lo que concierne a sus cláusulas y que en consecuencia no puede corresponder a ninguno de los contratantes destruir o comprometer lo que es el objeto o la razón de ser de la convención". La Corte llega a la conclusión de que la apreciación de toda reserva, y de los efectos de las objeciones que se le puedan hacer, depende de las circunstancias particulares de cada caso, pero que la reserva debe ser compatible con el objeto y el fin de la convención. El autor de las reservas objetadas por algunos de los contratantes es considerado, sin embargo, como parte en la convención en las relaciones con aquéllos que las han aceptado. La Asamblea General, al recibir la respuesta de la C.I.J., pide al Secretario General que, en lo concerniente a la Convención en cuestión, se atenga a la opinión consultiva y con relación a las demás Convenciones que 5
Las reservas son las declaraciones unilaterales que hacen los Estados, en el momento de obligarse por el tratado, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de éste en su aplicación al reservante. Obedecen, generalmente, a la oposición que encuentran algunas cláusulas del tratado en el órgano interno del Estado encargado de autorizar el consentimiento.
se celebren en el futuro y de las que él sea designado depositario, no se pronuncie sobre el efecto jurídico de las reservas que se formulen, limitándose a comunicarlas a todos los Estados interesados, dejando que cada uno de ellos lo haga. El sistema incorporado a la Convención por el art. 19 sigue, entonces, el criterio sostenido por la C.I.J. estableciendo, como norma subsidiaria para el caso de silencio del tratado, la posibilidad de efectuar reservas siempre que no sean contrarias a su objeto y a su fin. Se considerará que la reserva ha sido aceptada tácitamente si no se ha formulado ninguna objeción dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se haya recibido la notificación de la reserva o en la fecha en que se haya manifestado el consentimiento en obligarse por el tratado, si esta última fecha es posterior (art. 20, 5.). El Estado reservante será considerado como parte en el tratado cuando al menos uno de los Estados contratantes acepte la reserva expresa o tácitamente [art. 20, 4.a) y c) ] . La reserva produce los efectos jurídicos deseados sólo entre el Estado reservante y aquéllos que la acepten: con relación a éstos, de una declaración unilateral pasa a ser un verdadero acuerdo de voluntades. Si uno de los Estados interesados considera que la reserva no es válida puede objetarla; esto no impedirá, sin embargo, la entrada en vigor del tratado entre el Estado reservante y el Estado objetante, entendiéndose en tal caso que las disposiciones a que se refiere la reserva no se aplicarán entre los dos Estados en la medida que ella determina [arts. 20, 4 y 21, 3.]. Para que el tratado no entre en vigor entre ambos es necesario que el Estado que formula la objeción se oponga inequívocamente a tal hecho [art. 20, 4.b) in fine]. La Convención mantiene en un solo supuesto el principio de la unanimidad en la aceptación de la reserva para que el reservante pueda ser considerado parte en el tratado: es el supuesto de los tratados multilaterales restringidos. Finalmente, en el caso de que se trate de un tratado constitutivo de una organización internacional, la validez de la reserva queda subordinada a la aceptación por parte del órgano competente de la organización (art. 20, 3.). La
Convención no prevé un mecanismo para la solución de la controversia que se plantea entre el Estado reservante y aquéllos que objetan la validez de la reserva o la objetan y se oponen a la entrada en vigor del tratado, por lo que los Estados, en tal supuesto, quedan sujetos, solamente, a la norma de derecho internacional general que los obliga a solucionar pacíficamente sus controversias por la vía que consideren más adecuada. Una reserva y una objeción a una reserva pueden retirarse en cualquier momento, salvo que el tratado disponga otra cosa (art. 22). La reserva y todos los demás instrumentos referidos a ella –aceptación expresa u objeción– deben formularse por escrito y comunicarse a los Estados contratantes y a todos aquéllos que pudiesen llegar a ser parte en el tratado, (art. 23, 1.). Cuando un Estado contratante o parte en un tratado ha efectuado una reserva, los Estados que con posterioridad manifiesten su consentimiento en obligarse por el tratado deben, en ese momento, formular las objeciones que pudiesen tener con relación a la reserva y, en su caso, oponerse inequívocamente a la entrada en vigor del tratado entre ellos y el reservante (art. 20, 5. in fine).6 He aquí, la importancia de la cooperación internacional de persecución y juzgamiento del crimen aplicando el derecho y en abstracto logrando la paz en justicia social.
6
MONCAYO – VINUESA – GUTIÉRREZ POSSE. (1990). Derecho Internacional Público. Tomo I. Editorial Zavalia. Buenos Aires – Argentina.
CONCLUSIONES 1.
Resulta indispensable la incorporación de las medidas procesales y de cooperación internacional que permitan realizar las tareas de persecución y juzgamiento de los hechos competencia de la Corte Penal Internacional.
2.
Una revisión integral de la Parte General del Derecho Penal debería incluir, por supuesto, una reflexión sobre la imprescriptibilidad de los delitos del derecho penal internacional, una cuestión altamente compleja, en sus matices jurídicos y políticos, que no hemos podido abordar aquí, así como también las diversas formas de comisión del hecho a partir de los sujetos al mando de cuerpos militares y paramilitares, y actos de corrupción que ha venido siendo analizada en otras latitudes bajo la forma del dominio del hecho por dominio de aparatos de poder, doctrina alemana que merece también una discusión y análisis aparte, que no hemos podido realizar aquí.
FUENTES DE INFORMACIÓN Referencias bibliográficas: 1.
AMBOS Kai–MALARINO Ezequiel–WOISCHNIK Jan. (2006). Dificultades jurídicas y políticas para la ratificación o implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Instituto de Ciencias Criminales – Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional. Uruguay.
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MONCAYO – VINUESA – GUTIÉRREZ POSSE. (1990). Derecho Internacional Público. Tomo I. Editorial Zavalia. Buenos Aires – Argentina.
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http://www.oas.org/juridico/spanish/agendas/estudio_final_bolivia.htm.
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http://www.ministeriopublico.gob.pa/minpub/Portals/0/Pdfs/libros %20publicados/libpub_1.pdf.
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http://www1.infojus.gov.ar/legislacion/ley-nacional-25390aprobacion_estatuto_roma_corte.htm?1.
