INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES DEFINICIONES
“Es una garantía constitucional que permite a toda persona individual o jurídica denunciar denunciar la disconformidad disconformidad existente entre la Constitución Constitución Política de la República y una norma de inferior jerarquía, solicitando en cons consec ecue uenc ncia ia la nuli nulida dad d de esta esta últi última ma,, a efec efecto to de mant manten ener er la supremacía constitucional.”. (Aylín Ordóñez Reyna). Es un mecan mecanism ismo o proce procesal sal de contro controll const constitu itucio ciona nal, l, por por el cual cual la personas legitimadas pueden hacer efectivo su derecho –por vía de la acci acción ón–– de que que un trib tribun unal al cons consti titu tuci cion onal al decl declar are e la exis existe tenc ncia ia de incon inconsti stituc tucio iona nalid lidad ad en prece precept ptos os norma normativ tivos os de alcan alcance ce gener general al y, como como cons consec ecue uenc ncia ia,, que que los los expu expuls lse e del del orde ordena nami mien ento to jurí jurídi dico co,, restableciendo la supremacía constitucional.”. (Autoría del expositor).
CONCEPTO GENERAL. Es la facultad que tienen las partes para accionar contra un fallo dictado en segunda instancia en el que se crea que la aplicación de una Ley o reglam reglament ento o puede puede ser declar declarad ada a incon inconsti stituc tucion ional al,, y determ determin inar ar la aplicación o inaplicación al caso particular y como consecuencia se falle como en derecho corresponde. Es la acción que se da ante la existencia de un asunto pendiente de resolver sea ante los tribunales de justicia o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en dónde se considere que una norma al ser aplicada lesiona un derecho. Es ahí cuando la acción constituye un medio razonable para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de forma que lo resuelto por el Tribunal Constitucional reperc repercuta uta posit positiv iva a o negati negativam vamen ente te en dicho dicho proc proceso eso pend pendien iente te de resolver resolver,, por cuanto cuanto se manifie manifiesta sta sobre sobre la constitu constitucio cionali nalidad dad de las normas que deberán ser aplicadas en dicho asunto.
a) NATURALE NATURALEZA ZA JURÍDICA. JURÍDICA. Para González Pérez, citado por Fernández Segado, “La naturaleza de la duda o cuestión de inconstitucionalidad, al darse su planteamiento en un proceso proceso no constitu constitucio cional nal (pues (pues el mismo mismo puede puede ocurrir ocurrir en cualqui cualquier er órgano jurisdiccional independiente de la materia que conozca, sea esta Civil, Civil, Proce Procesal sal Civil Civil,, Penal Penal,, Proc Procesa esall Penal, Penal, Admin Administ istrat rativ ivo, o, Proc Procesa esall Admi Admini nist stra rati tivo vo,, Labo Labora ral, l, Proc Proces esal al Labo Labora ral, l, etc. etc.); ); no es otra otra que que la cuestión prejudicial”.
Estudio de la duda de inconstitucionalidad y la necesidad de su regulación en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Pinto
Zamora,
Carlos
José.
Parafraseando a Pietro Calamandrei, quien fue uno de los autores que mantuvo tal posición en su obra “La Ilegitimidad Constitucional de la Leyes en el Proceso Civil”, donde después de exponer las peculiaridades del proceso de ilegitimidad constitucional, afirma que se presenta así ante el juez civil en un caso de prejudicialidad: la prejudicialidad constitucional en el proceso civil, que de ahora en adelante los procesalistas deberán considerar junto a las figuras ya conocidas de prejudicialidad. La tesis de la prejudicialidad que se sitúa en la esfera formal del proceso es la más aceptada, pues para que entre en función la duda o cuestión de inconstitucionalidad debe existir un proceso judicial, y previo a dictarse sentencia se debe resolver la inconstitucionalidad planteada; razón por la que se considera que la naturaleza jurídica es una cuestión prejudicial, ya que de la resolución de la cuestión relacionada dependerá el fallo y deberá resolverse antes que el proceso que le dio origen. Otra tesis en cuanto a la naturaleza jurídica de la duda o cuestión de inconstitucionalidad, tomando como marco un plano político-jurídico, es por la que la doctrina alemana se manifiesta de manera unánime, y que consiste en el sentido limitador en relación con los jueces y tribunales de control concreto de la regularidad constitucional de las leyes. Es decir, que su naturaleza es la de un instrumento limitador de los poderes de los órganos jurisdiccionales ordinario en materia de control de la legitimidad constitucional de las leyes.
b) PROCEDIMIENTO EN EL SISTEMA GUATEMALTECO. El planteamiento debe formularse por escrito, atendiendo los requisitos exigidos para toda primera solicitud en el CPCyM, así como los artículos 135 de la LAEPyC y el 28 del Acuerdo 4-89 de la CC. El memorial deberá contener un capítulo en el que, de forma separada, razonada y clara, se expresaren los motivos jurídicos que dan sustento a cada una de las impugnaciones (artículo 29 del acuerdo citado). Formalidades
Fundamental resulta atender lo siguiente: - Se deben acompañar doce copias del memorial de interposición; - Los particulares deben comparecer con el auxilio de tres abogado colegiados activos; y - Se debe acreditar la representación que se ejercita.
El incumplimiento de esos requisitos puede provocar que se solicite subsanar dentro de tercero día. Si no se subsana, el trámite de la acción puede ser suspendida. Planteada la inconstitucionalidad, se integra el tribunal, atendiendo al tipo de norma impugnada (5 ó 7 miembros). Dentro de los ocho días siguientes, el tribunal decidirá la suspensión provisional de la norma. Tal suspensión se producirá si, a juicio del tribunal, “… la inconstitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables”. Si se decreta la suspensión, ésta tiene efecto general y deberá ser publicada, en el Diario Oficial, al día siguiente de haberse resuelto en ese sentido. Interrogante: ¿En qué fecha comienza a surtir efecto una posible suspensión normativa? Respuesta: Artículo 141 de la LAEPyC: “…Cuando se hubiere acordado la suspensión provisional conforme al artículo 138, los efectos del fallo se retrotraerán a la fecha en que se publicó la suspensión.”. Dispuesta o no tal suspensión, se dará audiencia por quince días al Ministerio Público o a cualquier autoridad (dentro de ellas la emisora de la norma) o entidad que se estime necesario. Evacuada o no la audiencia, se señala día y hora para la vista dentro del plazo de veinte días. La vista será pública si lo pidiere el interponente o el Ministerio Público. La finalidad de esta fase procesal es que quienes hayan intervenido en el proceso se pronuncien sobre el planteamiento de la inconstitucionalidad así como sobe los pronunciamientos vertidos por quienes hayan tenido intervención procesal. La sentencia deberá pronunciarse dentro de los veinte días siguientes de la vista. Al dictar sentencia, el tribunal constitucional deberá constatar primeramente que el interponente haya satisfecho los presupuestos de viabilidad de la acción, ya que, de lo contrario, sería ocioso realizar el examen pretendido.
c) REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. Art. 28. Requisitos de la primera solicitud. El planteamiento de inconstitucionalidad que se formule directamente ante la Corte De Constitucionalidad, se hará por escrito, en el que se cumplirá los requisitos exigidos en toda primer solicitud, conforme el Código Procesal Civil y Mercantil. “De todo escrito y documento que se presente deben entregarse doce copias claramente legibles, en papel común o fotocopia. En los escritos se hará constar el número de copias que se acompañen”.
Art. 29. En el escrito mediante el cual se plantee la inconstitucionalidad, debe existir un capítulo especial, que puede subdividirse en apartados, en los que se expresará en forma separada, razonada y clara los motivos jurídicos en que descansa cada una de las impugnaciones. Art. 30. Incumplimiento de requisitos. Cuando en el planteamiento de la inconstitucionalidad se hubiera omitido la expresión de uno o más requisitos o fuere defectuosa la personería, previo a darle trámite se ordenará al solicitante que en un término de tres días cumpla con los requisitos faltantes. Si el interesado no cumple con suplir los requisitos que faltaren en su escrito de interposición dentro del término señalado, la corte puede decidir: a) Si la omisión fuere de la expresión de los motivos jurídicos que funden la impugnación, la Corte queda facultada para omitir en su análisis y en su fallo este aspecto y resolver en cuanto a los demás que sí tengan su fundamento debidamente expresado; y b) Si se tratare de algún otro requisito, se suspenderá el trámite. Art. 31. Formalidades de la Sentencia. La sentencia contendrá como mínimo lo siguiente: 1. Identificación del proceso, designación de los integrantes del Tribunal, lugar y fecha. 2. Identificación de los solicitantes, con sus nombres y apellidos, así como de las personas que los representen, su domicilio y nombres y apellidos de los abogados que los auxilian. 3. Leyes, Reglamentos o Disposiciones de Carácter General que se impugnen y fundamentos jurídicos de las impugnaciones. 4. El trámite de la inconstitucionalidad, especificando: a) Si se decretó o no la suspensión provisional de la ley, reglamento o disposición de carácter general. b) Autoridades o entidades a quienes se les dio audiencia. c) Resumen de las alegaciones de Derecho, leyes aplicables y la resolución que proceda. d) Firmas y nombres de los Magistrados y del Secretario. Art. 32. La publicación en el Diario Oficial del fallo que declare la inconstitucionalidad total o parcial de una ley, reglamento o disposición de carácter general, no incluye la de los votos razonados disidentes, ya sea en contra o concurrentes, que al respecto se hayan formulado.
Art. 33. Serán publicadas en el Diario Oficial las opiniones consultivas que sean pronunciadas en audiencia pública, y los dictámenes que se emitan, cuando así lo disponga la Corte. d.
DOCTRINA DE INTERPRETACIÓN.
Declaración de inconstitucionalidad. Abstención. Corresponde distinguir entre "declaración de inconstitucionalidad" y "abstención de aplicar una norma inconstitucional". Así como el Poder Ejecutivo no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, por corresponderle esto al Poder Judicial, sí puede, en cambio, abstenerse de aplicar una ley que considere inconstitucional. Es evidente que el Poder Ejecutivo tiene atribuciones para no ejecutar una ley que juzgue inconstitucional, pues, si así no lo hiciera transgrediría el orden jerárquico establecido. Interpretación. No se puede prescindir de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo, porque su consideración es sobre todo en materia constitucional, uno de los índices más seguro para verificar la razonabilidad de la interpretación que se efectúa y su congruencia con el resto del sistema en que está engarzada la disposición que se trata de aplicar. Interpretación. Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la labor judicial indagar lo que ellas expresan jurídicamente, tarea que requiere la conexión con el resto de la legislación que integra el ordenamiento general del país, de modo de obtener su armonización y concordancia entre sí y especialmente con los principios y garantías de la Constitución Nacional. Interpretación. a) Las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto.
e) SENTENCIAS INTERPRETATIVAS. Son sentencias de carácter meramente declarativo, que mediante una interpretación conforme a la Constitución pretende evitar la estimativa de un planteamiento de inconstitucionalidad cuando los preceptos impugnados pueden guardar conformidad con una interpretación armonizable con la Constitución Política de la República.
Con ello se pretende evitar que una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de una ley provoque un vacío o una laguna legal con daño a otros derechos, valores y principios que también están llamados a ser preservados por la Constitución.
f) EFECTOS PROVISIONALES. La inconstitucionalidad de leyes en casos concretos tienen los siguientes efectos: • Suspensión del proceso principal. • Facultades autorizadas.
Suspensión del proceso principal La decisión del tribunal de primer grado o instancia, acogiendo o desestimando la declaración de inaplicación de la ley impugnada en el caso en el caso concreto en que se promueva, produce el efecto material de paralizar el trámite del proceso de jurisdicción ordinaria, impidiendo que el juez o tribunal decidan sobre el fondo del litigio, porque es en la sentencia en la que tiene a aptitud de resolver sobre la cuestión principal, basándose en ley a la que se ha atribuido ilegitimidad constitucional por alguna o más partes. Se trata de una suspensión obligada por el Artículo 126, de la Ley de la Corte, en cuanto dispone que: El proceso se suspenderá desde el momento en que el tribunal de primera instancia dicte el auto que resuelva lo relativo a la inconstitucionalidad, hasta que el mismo cause ejecutoria. La norma está previendo que el pronunciamiento sea apelado y, por consiguiente, elevado a la Corte de Constitucionalidad para su revisión; empero, de no recurrirse, la suspensión mencionada se prolongará al tiempo que medie de la emisión del pronunciamiento al tiempo en que adquiera firmeza en primer grado. Desde luego, en la práctica forense no se está exento de duda en cuanto a los efectos suspensivos, como se aprecia del caso al que se refiere la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha seis de junio de 1997, proferida en el expediente 1297-96, que dice: en todo proceso de cualquier jurisdicción o competencia, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. Esta garantía constitucional constituye un instrumento jurídico procesal que tiene por objeto, en general, mantener la preeminencia de la Constitución sobre toda otra norma jurídica que no sea compatible con ella y en particular, orientar la selección adecuada de las normas aplicables a los casos concretos. Como presupuesto de procedencia, la
norma cuestionada tiene que haber sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación o que de cualquier otro modo resulte del trámite del juicio; en ese caso, el tribunal deberá pronunciarse sobre el planteamiento. De conformidad con el Artículo 126 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la resolución en primera instancia del incidente de inconstitucionalidad en caso concreto suspende el trámite del proceso hasta que el auto definitivo cause ejecutoría.
Facultades autorizadas Si tomamos en cuenta que en el trámite del proceso de jurisdicción ordinaria puede ocurrir que el tribunal de primer grado esté conociendo a medidas cautelares o de otros cuestionamientos mediante incidentes diligenciados en piezas separadas, la orden de suspensión aludida operaría como obstáculo a su solución. Sin embargo, el citado Artículo 126, establece que (acordada la suspensión), el tribunal solamente podrá seguir conociendo de los asuntos a que se refiere el Artículo 129, del mismo cuerpo legal. Este último prescribe que tales asuntos se contraen a evitar que no se paralice el diligenciamiento: 1. De los incidentes que se tramitan en pieza separada formada antes de admitirse la apelación (del pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad denunciada). 2. De todo lo relativo a bienes embargados, su conservación y su custodia; de su venta, si hubiere peligro de pérdida o deterioro; y de lo relacionado con las providencias cautelares; y, 3. Del desistimiento del recurso de apelación interpuesto si no se hubieren elevado los autos a la Corte de Constitucionalidad.
g) DISPOSICIONES GENERALES. Planteamiento de la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Art. 133. LAEPyC.
Legitimación activa. Tiene legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general: a) La Junta Directiva del Colegio de Abogados actuando a través de su Presidente; b) El Ministerio Público a través del Procurador General de la nación;
c) El Procurador de los Derechos Humanos en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia; d) Cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos.
h) INCONSTITUCIONALIDAD EN CASO CONCRETO. Es un medio de defensa que la Constitución autoriza para que quien es parte en un proceso judicial pueda evitar que se aplique una norma inconstitucional. En otras palabras, si una ley contraviene preceptiva constitucional, puede demandarse la inaplicación de ésta, acusándose inconstitucionalidad. La Facultad exclusiva de anulación de la que se atribuyó al Tribunal Constitucional mostró una dificultad importante, a saber, el hecho de que la inconstitucionalidad de normas sólo podría advertirse en su aplicación a los casos concretos; ello dio origen a considerar la introducción del sistema de control difuso o Inconstitucionalidad Indirecta, esto es, la de examinar la denuncia de leyes que, de aplicarse a conflictos pendientes de fallarse en la jurisdicción ordinaria resultaran ser inconstitucionales, persiguiendo obtener ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional antes de decidirse el caso o conflicto concreto, justificado porque, por un lado, se habría agotado el plazo preclusivo para acatarlas en la vía directa, y por otro, el juez de su conocimiento estaba impedido de evitar la aplicación de la norma cuestionada. Bajo esa idea comenzó a concretarse su aceptación, principiándose con la modificación de 1929, a la Constitución austriaca; con posterioridad y ya con perfiles más definidos se acoge en Italia y Alemania, y después en España, en la Constitución de 1931, y en Portugal. Resulta importante mencionar que el sistema comentado la declaración de inconstitucionalidad, por lo general, elimina con efecto erga omnes, la ley cuestionada.
Artículo 116 Ley de Amparo, Exhibición y de Constitucionalidad. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto.
i) SENTENCIA Y EJECUCIÓN. Efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad.
Cuando la sentencia de la Corte de Constitucionalidad declare la inconstitucionalidad total de una ley, reglamento o disposición de carácter general, éstas quedarán sin vigencia; y si la inconstitucionalidad fuere parcial, quedará sin vigencia la parte que se declare inconstitucionalidad. En ambos casos dejarán de surtir efecto desde el día siguiente al de la publicación del fallo en el Diario Oficial. Art. 140. LAEPyC.
Efectos del fallo en caso de suspensión provisional. Cuando se hubiere acordado la suspensión provisional conforme al artículo 130 LAEPyC, los efectos del fallo se retrotraerán a la fecha en que se publicó la suspensión. Art. 141. LAEPyC.
Resolución Definitiva. Contra las sentencias de la Corte de Constitucionalidad y contra los autos dictados de conformidad con lo preceptuado por el artículo 138, no cabrá recurso alguno. Art. 142. LAEPyC.
j) CASOS PRÁCTICOS Y CRITERIOS DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE CONSTITUCIONALIDAD. EXPEDIENTE 1437-2011 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veintiocho de julio de dos mil once. Se tiene a la vista para resolver la solicitud de ampliación de la sentencia dictada por esta Corte el veintidós de julio de dos mil once, dentro del expediente arriba identificado, formulada por el Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación, en la apelación de inconstitucionalidad de ley en caso concreto que promovió Alta Tecnología Digital, Sociedad Anónima, por medio de su Mandatario General Judicial con Representación, Carlos Ricardo López Barrientos, contra los artículos 7 y 8 de la Ley del Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz, contenida en el Decreto 19-04 del Congreso de la República de Guatemala.
ANTECEDENTES I) DEL PLANTEAMIENTO DE LA REFERIDA GARANTÍA Y LA RESOLUCIÓN DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY EN CASO CONCRETO: La postulante señaló de inconstitucionales los artículos 7 y 8 de la Ley del Impuesto Extraordinario y
Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz, contenida en el Decreto 1904 del Congreso de la República de Guatemala, derivado del expediente administrativo dos mil seis – veintidós – cero uno – cuarenta y cuatro – cero cero cero cero ochocientos cincuenta y tres (200622-01-44-0000853) de la Superintendencia de Administración Tributaria. En su planteamiento adujo que tales normas contravenían lo previsto en el artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala, puesto que los tributos no deben de ser confiscatorios y deben atenerse a la capacidad de pago de los contribuyentes, en atención a la justicia y equidad tributaria. En auto de uno de febrero de dos mil once la Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en carácter de Tribunal Expediente 1437-2011 6 Constitucional declaró sin lugar la garantía intentada.
II) DE LA APELACIÓN INSTADA Y EL PRONUNCIAMIENTO DE SEGUNDA INSTANCIA: Alta Tecnología Digital, Sociedad Anónima apeló la decisión relacionada, la que en sentencia de veintidós de julio de dos mil once se confirmó en su totalidad. III) DE LOS ARGUMENTOS DE LA ACLARACIÓN: El Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación solicita que se acoja el correctivo instado, en virtud de que en la sentencia objetada existe error al no haberse tomado en cuenta los argumentos vertidos por él en el día de la vista, pues ésta compareció y expuso sus argumentos los que no constan en el fallo.
CONSIDERANDO -I-
De conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad contra las sentencias y autos dictados en materia de inconstitucionalidad se puede pedir aclaración o ampliación. Para el efecto se estará a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la precitada Ley. El referido artículo 70 establece que cuando los conceptos de un auto o de una sentencia, sean obscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. Cuando se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versare el amparo, podrá solicitarse la ampliación.
- II -
En el presente caso, si bien, para proferir la sentencia relacionada se tomó en consideración lo argumentado por los sujetos procesales en las diferentes etapas de la inconstitucionalidad en caso concreto, se incurrió en imprecisión al no haberse consignado en el apartado del día para la vista la comparecencia de la Procuraduría General de la
Nación, así como sus alegatos, por lo que, a efecto de que la sentencia sea coherente con las constancias procesales, deviene procedente ampliarla en apartado del día y hora para la vista, adicionándose el alegato de ésta: “…La Procuraduría General de la Nación afirmó que las normas impugnadas fueron emitidas por el legislador dentro del ejercicio de sus facultades y no pueden ser señaladas de confiscatorias ni de que constituyan un caso de doble tributación ya que la base imponible y el tipo impositivo son diferentes a las de los demás impuestos; tampoco puede decirse que vulneran el principio de capacidad de pago ya que se permiten las deducciones pertinentes y los porcentajes son congruentes con la posibilidad de capacidad de pago de las personas afectas lo que hace improcedente la acción intentada. Solicitó se confirme el fallo impugnado…” Por los motivos anteriores, la ampliación solicitada se declarará con lugar, debiéndose tener por ampliada en el apartado precitado según lo antes indicado.
LEYES APLICABLES
Artículo citado y 266, 268, 272, inciso i), de la Constitución Política de la República de Guatemala; 7º, 71, 163, inciso i) y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
POR TANTO:
La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: I. Con lugar la solicitud de ampliación presentada por el Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación. II. Se tiene por ampliado el apartado de alegatos del día para la vista según lo precisado en el considerando II) de este auto. III. Notifíquese y oportunamente archívese el expediente.--------------------------------------Expediente 1437-2011 7 --------------------------------------------------------
ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE PRESIDENTE MAURO RODERICO CHACÓN CORADO HÉCTOR HUGO PÉREZ AGUILERA MAGISTRADO ROBERTO MOLINA BARRETO GLORIA PATRICIA PORRAS ESCOBAR MAGISTRADO MAGISTRADA VICTOR MANUEL CASTILLO MAYÉN.
