UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR CAMPUS CENTRAL FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DERECHO CONSTITUCIONAL I LIC. VÍCTOR CASTILLO SEGUNDO CICLO, 2013
INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY
CARNÉ:
ESTUDIANTE:
1075013
CASADOS GÓMEZ, MARÍA FERNANDA
1125513
GÓMEZ CIFUENTES, CARLOS ENRIQUE
1259213
OROZCO DÁVILA, AMY AMAIRANI
1172613
PÉREZ PADILLA, NAZAR NAZARETH ETH CHRISTA F. F.
1059113 10591 13
RUIZ MARROQUÍN, LETICIA DEL ROSARIO
GUATEMALA, GUA TEMALA, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DEFINICIÓN SEGÚN DOCTRINA
―Quebrantamiento de la letra o del espíritu de la Constitución, por leyes del parlamento, por Decretos leyes o actos del gobierno. De acuerdo con la organización judicial de cada país, la inconstitucionalidad pude de clararse en lo relativo a las normas legales, por un juez cualquiera, como conflicto en definitiva de leyes; o por un tribunal sui generis, el de mayor jerarquía y especial para estos casos, dada la índole peculiar de los preceptos constitucionales, texto que es como ley de leyes. Otra inconstitucionalidad, es de carácter político, y que afecta a las instituciones públicas en la cumbre, de ahí su gravedad, porque instaura la ilegitimidad en el poder proviene de la formación, más o menos violenta o por fraude de gobierno de facto.‖ — Cabanellas, Alcalá – Zamora, Tomo Tomo 3, pág. 688.
―Partiendo del principio inexcusable en los estados de derecho de la supremacía de la Constitución, se han de reputar como inconstitucionales todos los actos, leyes, Decretos o resoluciones que se aparten de sus normas o las contradigan. En consecuencia, son también total y absolutamente inconstitucionales cuantos actos realicen y disposiciones adopten los gobiernos de facto, porque para existir empiezan por eliminar total o parcialmente, abierta o encubiertamente, la propia Constitución. La declaración de inconstitucionalidad de un acto o precepto legal se obtiene por regla general planteándola ante los tribunales de justicia, si bien en algunos países existen tribunales especiales de garantías constitucionales‖. — Ossorio, Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales, pág. 373.
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NATURALEZA Para entender qué es la inconstitucionalidad y su naturaleza debemos entender primero que la inconstitucionalidad es una acción. El tratadista Eduardo J Courte nos define la acción como aquel poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar la satisfacción de una pretensión.
Ya comprendiendo la definición de acción, tenemos que comprender la definición de inconstitucionalidad, Manuel Osorio en su Diccionario jurídico nos da una definición partiendo del principio inexcusable de supremacía constitucional en donde se dice que ninguna ley puede violar la constitución. De lo anterior se dice que todos los actos, decretos, o resoluciones que se aparten de sus normas o las contradigan en consecuencia son absolutamente inconstitucionales ya que los mismos eliminarían de poco en poco la constitución hasta dejar fuera la carta reguladora de derechos y obligaciones de las personas.
Ahora concatenando estas dos definiciones entendemos que la inconstitucionalidad es una acción para reclamar que un acto o una norma son inconstitucionales y tergiversan la carta magna. La inconstitucionalidad está claramente citada en nuestra carta magna en el capítulo III y nos menciona dos tipos de inconstitucionalidad en las leyes: Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos: ―En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto‖ Articulo 266 la constitución nos dice que las partes en un proceso en la instancia que se encuentren pueden plantear una inconstitucionalidad, en donde el tribunal competente se pronunciara al respecto. Inconstitucionalidad de las leyes de carácter general: ―las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se plantearan directamente ante el tribunal o Corte de constitucionalidad‖ Articulo 267 cuando se plantea una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes (leyes ordinarias, reglamentos, etc.) emitidas por el gobierno, será atendido por la Corte de constitucionalidad de Guatemala.
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PRINCIPIOS APLICABLES Nos hemos de referir principalmente a los principios generales del Derecho y, con menor alcance, a los principios específicos, pues la consideración estructural de las fuentes del Derecho, de éste y, en fin, del conocimiento, lo hacen imprescindible, sin perjuicio, también, de los valores y de la equivocidad que se hace ostensible al considerar y calificar a las diversas fuentes del Derecho. PRINCIPIO ONTOLOGICO. La libertad es lo primero: todo lo que no está prohibido está permitido. Denominado ―principio de clausura‖. PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD. Se refiere al curso del ser, coincidente con el deber ser que la norma expresa. Toda norma tiene un máximo de cumplimiento en la comunidad para que sea una norma verdadera. PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA. La dignidad se describe como calidades merecedoras de respeto, buen concepto, decoro, excelencia, normas de conducta recta y proba, buena fe y, en fin, una suma de condiciones y calidades personales.
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OBJETIVOS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY 1.
Fundamentar el orden jurídico y la organización del Estado, reconociendo los derechos inherentes a la persona humana y garantizar su ejercicio democrático
2.
Estabilidad y confiabilidad basadas en el enunciado de valores y principios inalienables e imprescriptibles, que son el sustento de la civilización
3.
Propiciar un orden justo y efectivo con una normativa adecuadas para resolver las demandas legítimas y justas de la sociedad
4.
Obtener enfoques consensuados para el fortalecimiento los preceptos legales vigentes.
5.
Estimular el amplio estudio tanto de cuestiones teóricas como prácticas a efecto de obtener un consenso justo y democrático
6.
Tener certeza en cuanto a la confiabilidad en el Derecho positivo
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INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY I.
MARCO TEÓRICO
Como ya se mencionó anteriormente, la inconstitucionalidad de las leyes consiste en todas aquellas leyes que ―chocan‖, contradicen o van en contra del espíritu de la Constitución. Es el quebrantamiento de la letra de la misma, Para indagar acerca del tema de la inconstitucionalidad de una norma, se hará referencia, primero que nada, al Principio de Supremacía Constitucional, contemplado en los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Generalmente, las normas que forman parte del ordenamiento jurídico se encuentran, ya sea supra ordinadas (mayor jerarquía) o subordinadas (menor jerarquía) con respecto a otras normas. En este caso, la Constitución de la República de Guatemala es el máximo poder. Aquel poder supremo que regirá a un Estado, a una sociedad.
Dentro de este ámbito de Supremacía Constitucional, se aprecia un espacio de respeto hacia las normas y leyes que se establecen para ordenar y controlar a un grupo de personas que buscan un fin último que beneficie a todos. Sin embargo, todos aquellos actos, leyes, decretos o resoluciones que se aparten o contradigan completamente el espíritu de una norma se reputarán como ―Normas de carácter inconstitucional‖. Los gobiernos de facto que son todos aquellos que surgen de manera espontánea para resolver algún problema momentáneo, son total y absolutamente inconstitucionales ya que para que existan deben de eliminar total o parcialmente la Constitución. En la mayoría de Estados, incluyendo a Guatemala, la jerarquía constitucional trata de asegurar que los derechos, las garantías, la organización y función de cada órgano estatal, se establezcan y se cumplan. La Constitución está sobre las leyes ordinarias, las leyes reglamentarias y las leyes individualizadas, incluso éstas tienen que responder a lo que la Constitución mande y solicite.
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II.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
El recurso de inconstitucionalidad se utiliza cuando determinadas personas o institución ejercitan ante el Tribunal Competente o la Corte de Constitucionalidad una declaración o demanda en donde solicitan que se reconozca la inconstitucionalidad de una ley o disposición normativa aplicada e incluso cuando los actos hayan sido contrarios a la Constitución. Las únicas personas que pueden interponer este recurso son: 1) El Presidente de la República 2) El Defensor del Pueblo 3) Cincuenta diputados 4) Órganos autónomos 5) Asambleas legislativas de las comunidades autónomas El recurso de inconstitucionalidad puede plantearse por razones formales (vulneración del procedimiento establecido por la constitución o del rango normativo exigido por ésta para regular una determinada materia) o de fondo (vulneración del contenido material de la constitución) y el órgano encargado de resolverlo puede ser de carácter jurisdiccional o político. Este recurso se utiliza después de la promulgación de la ley. La cuestión de inconstitucionalidad la puede promover cualquier juez o tribunal competente cuando éste considere que una ley va en contra de lo que dice y solicita la Constitución. Mediante este instrumento procesal se impugna una resolución judicial. Puede que en los países de Europa o Sudamérica, los únicos legitimados para participar en el proceso estén establecidos. En el sistema guatemalteco, las personas que pueden Este acto participar son aquellas que han estado durante el proceso inicial. jurisdiccional puede ser conocido como un ―recurso‖ o como una ―acción‖. El famoso autor Hans Kelsen inicia la teoría de los procesos de control normativo de la constitucionalidad para conocer los métodos utilizados e iniciados gracias a una acción inconstitucional. Históricamente, la Constitución venezolana de 1985 fue la primera en consagrar el control judicial concentrado de la constitucionalidad de las leyes. Más adelante, aparece un modelo Checoslovaco que logra eliminar el control constitucional pero no logra crear ningún sistema jurisprudencial y como resultado de una época variable, surge el sistema austriaco que dio origen a la acción de inconstitucionalidad. Durante esa época, el sistema de control y justicia se concentró en el Tribunal Constitucional que tiene la función de controlar la constitucionalidad de las leyes. Vela porque el
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orden jerárquico de las normas, la pirámide establecida por Kelsen sea fundamental en la aplicación de las normas de un Estado. La acción de inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general. La acción de inconstitucionalidad de las leyes es el medio por el cual se ejerce el control constitucional sobre las leyes o disposiciones gubernamentales con el objeto de atacar su aplicación a casos concretos. Esto se da cuando las leyes contienen vicios de inconstitucionalidad tanto parcial como total. Permitiendo entonces atacar a una ley de inconstitucionalidad tanto por vicios de fondo como de forma. Con la acción de inconstitucionalidad lo que se trata de defender es el principio de primacía constitucional, lo que significa que esta debe de prevalecer sobre cualquier norma o acto que se oponga a ella.
Respecto al control constitucional, se han considerado dos variantes especiales: • Un control a priori, es decir, el que debe ejercerse durante el período de elaboración de una ley, hasta antes de su promulgación • Un control a posteriori, una vez que la ley ha cobrado vigencia.
En el sistema jurídico guatemalteco, este control constitucional se da de forma muy amplia, pues permite ejercer la acción general de inconstitucionalidad a toda persona que estime que una norma de carácter general es un precepto anti constitucional, esto no repercuta en la vida personal de una persona, pues no genera agravios ni daños permanentes, simplemente se trata de exponer cual es la razón y el juicio que afirma que existe contravención en la norma inferior hacia la Constitución. La inconstitucionalidad general se encuentra revestida de una serie de características que la hacen convertirse en una de las principales garantías constitucionales y en la que se ejerce plenamente el control constitucional de las normas. El control constitucional comprende las disposiciones generales establecidas en la Constitución, los reglamentos generales que dicte en algún momento el Organismo Ejecutivo y Legislativo y las reglas que sean emitidas por las instituciones públicas, sin embargo, éstas últimas tienen que respetar el orden jerárquico y subordinarse a la ley suprema. El Artículo 267 de la Constitución de la República de Guatemala establece ―Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se plantearan directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad.‖
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La inconstitucionalidad general es una garantía constitucional que permite a toda persona individual o jurídica denunciar la disconformidad existente entre la Constitución Política de la República y una norma de inferior jerarquía, solicitando en consecuencia, la nulidad de esta última, a efecto de mantener la supremacía constitucional.
Los efectos que produce la declaración de inconstitucionalidad en el tiempo pueden ser de dos tipos: • Efectos ex nunc- Art. 140 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, cuando la sentencia de la Corte de Constitucionalidad declare la inconstitucionalidad total de una ley, reglamento, disposición de carácter general, estos quedaran sin vigencia y si la inconstitucionalidad fuere parcial quedara sin vigencia en la parte que se declare inconstitucional. En ambos casos dejará de surtir efectos el día siguiente de la publicación del fallo en el Diario Oficial. • Efectos ex tunc- Art. 141 de la Ley citada anteriormente prevé que cuando se hubiere acordado la suspensión provisional de la ley, reglamento o disposición de carácter general, porque a juicio de la Corte de Constitucionalidad fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables, los efectos del fallo que la declararon inconstitucional se retrotraerán a la fecha que se publicó la suspensión.
III.
INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES EN CASOS CONCRETOS
La declaración de inconstitucionalidad de casos concretos tiene un carácter prejudicial en el sentido de que es necesario decidir esta cuestión antes de las discutidas en el proceso principal, ya que la resolución que recaiga sobre ella en el proceso constitucional tiene que tenerse en cuenta en la resolución de las cuestiones debatidas en el asunto principal. Este es un instrumento jurídico procesal que tiene por objeto garantizar la adecuación de las leyes a la Constitución, mantenerse la preeminencia de esta sobre todas las otras.
Entre sus principales características están: 1. Es un régimen de control difuso, porque los jueces de la jurisdicción ordinaria
tienen la facultad de hacer la declaratoria. 2. Es incidental, porque en él se resuelve un asunto previo al principal. 3. Es de alcance particular, ya que solo afecta a las partes en el p roceso. 9
4. Posee efectos declarativos para ese caso concreto, en el que todo juez o
tribunal puede declarar la inaplicabilidad de una norma legal, cuando no la considera constitucionalmente valida, atendiendo a una de las partes que en el juicio planteo la duda sobre la constitucionalidad de la norma aplicada. 5. No se afecta la vigencia de la norma. 6. El tribunal que conoce de esta acción, es el mismo que conoce del asunto en el que se plantea. Los juzgados menores son los que deberán elevar la inconstitucionalidad al superior jerárquico en caso de que se les plantee el asunto. 7. La legitimación activa.
Al hablar de legitimación activa se refiere a que el planteamiento de la inconstitucionalidad de ley en caso concreto, la tienen las partes en el proceso de que se trate cuando a juicio de una de ellas existe una norma de dudosa constitucionalidad, la cual puede afectarles directamente. Esta norma puede haber servido de base en la demanda, la contestación o de cualquier forma.
Resaltando el artículo 266 de la Constitución que establece ―En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto‖
Toda norma, todo derecho, todo deber y toda obligación fundada sobre la noción de la soberanía, tienen que integrar las leyes y normas del país, siempre que su interpretación y función sigan el principio de Supremacía Constitucional. La inconstitucionalidad puede ser verificada erga omnes (para todos, frente a todos) por el tribunal constitucional a través de vías procesales diferentes. Toda ley, constitucional u ordinaria es parte del Estado. La ley constitucional ha sido dictada en forma distinta que la ley ordinaria, no puede ser modificada ni derogada a menos que sea porque ella misma fijó sus modificaciones.
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FUNDAMENTO LEGAL La inconstitucionalidad está fundamentada en la Constitución, en sus artículos 266 y 267, en los que se comenta en cuales existen casos concretos y en cuales casos generales. Articulo 266.- Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá́ pronunciarse al respecto. Articulo 267.- Inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se plantearan directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. Con esto observamos que existe un sistema de control de la constitucionalidad.
INCONSTITUCIONALIDAD DE CARÁCTER GENERAL: Inspirada por Hans Kelsen, incorporado a las Constituciones de Austria y de Checoslovaquia de 1920 y aceptado luego en ordenamientos de Europa Continental, se centró en un Tribunal constitucional con facultar privativa para resolver sobre la adecuación de las leyes a la Constitución, y las leyes con apego a la ley fundamental de las normas emitidas por el órgano encargado de la emisión de las leyes.
INCONSTITUCIONALIDAD EN CASOS CONCRETOS: Tiene antecedentes en el sistema norteamericano, porque, los jueces y tribunales quedaron con la facultad de declarar la inconstitucionalidad en los asuntos bajo su conocimiento, pese a que en esa práctica se limitaron a la declaración de inaplicabilidad de la norma estimada inconstitucional, esto es, con efectos circunscritos a las partes en el litigio.
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SISTEMA MIXTO: Guatemala adopta un sistema mixto, desde la Constitución de 1985, por parte de la Corte de Constitucionalidad, con carácter de tribunal permanente de jurisdicción privativa, para la función esencial de defender el orden constitucional, independiente de los demás organismos del Estado y con funciones específicas asignadas en la ley matriz y en la propia Constitución (Arts. 268 y 272) y por otra, habilito a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria para decidir, por denuncia de su inconstitucionalidad, la inaplicación de la ley en casos concretos. De las funciones que corresponden a la Corte de Constitucionalidad, destaca la de ―Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad‖ y la de ―Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación, o en los casos contemplados por la ley de la materia‖. Refiriéndose a la Ley de Amparo, Exhibición personal y de Constitucionalidad (Decreto 1 -86 de la Asamblea Nacional Constituyente). La primera fundamentada en el artículo 267 de la Constitución y el segundo al 266 de la misma. Las funciones de la Corte de Constitucionalidad son varias, ya que es el tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función es la defensa del orden Constitucional en Guatemala. Basado en el Artículo 272 de la Constitución, las fusiones de la Corte son: ―Artículo 272.- Funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones: Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad; Conocer en única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República: Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Si la apelación fuere en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con dos vocales en la forma prevista en el artículo 268;
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Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación, o en los casos contemplados por la ley de la materia; Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado; Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad; Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial; Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad; Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución de la República‖. Guatemala, al ser parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) está sujeta a cumplir con la Carta de la organización de los Estados Americanos *(A -41), la cual, básicamente pide a los Estados, que en nombre de sus pueblos, ofrezcan a los hombres de América, una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad la realización de sus justas aspiraciones. Es por ello, que de esta Organización, se toman en cuenta los derechos fundamentales de las personas. Guatemala también es parte de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y de conformidad con los artículos 26 y 27 respectivamente: ―todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe‖. Además se establece categóricamente que ―una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.‖. Un recurso de inconstitucionalidad es una institución procesal para el control de la constitucionalidad de las leyes. El recurso de inconstitucionalidad puede plantearse por razones formales (vulneración del procedimiento establecido por la constitución o del rango normativo exigido por ésta para regular una determinada materia) o de fondo (vulneración del contenido material de la constitución) y el órgano encargado de resolverlo puede tener naturaleza jurisdiccional -sea un órgano judicial cualquiera o un órgano jurisdiccional- o naturaleza política. El recurso puede ser previo o posterior a la promulgación de la ley y, en este segundo caso, puede ser un recurso directo, de impugnación de la propia ley, o indirecto, de impugnación de actos de aplicación de la ley fundada en la eventual inconstitucionalidad de la misma. 13
CASOS CONCRETOS Y GENERALES EN GUATEMALA A. Casos Concretos de Inconstitucionalidad en Guatemala Según el artículo 266 de la Constitución ―En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto‖ Da una forma de resolver problemas o dudas que se puedan tener en algún caso en particular sobre alguna ley o acciones; y que sean resueltas por la Corte de Constitucionalidad, y de ellos dependerá dar a lugar o no la acción planteada. Son acciones planteadas por particulares, que no afectan a todas las personas, sino a un grupo determinado que son partes de un proceso existente en juzgados. Es un mecanismo procesal ya que se usa en procesos jurisdiccionales, hace un examen constitucional de la norma que se examina, y se usa para que la norma examinada no se aplique en ese proceso; y por ende es una garantía constitucional. En cuanto al procedimiento que se sustancia al interponerse, éste es sencillo (por ser objeto de un trámite sucinto) y biinstancial (pues se admite que se conozca, en alzada, lo resuelto por el tribunal constitucional de primera instancia) Las normas que se pueden impugnar por medio de este proceso son las sustantivas, procesales y reglamentarias. Para que sea viable debe cumplir con los siguientes puntos:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Legitimación activa Cita individualizada de las normas jurídicas cuestionadas Cita puntual de las normas constitucionales que se creen violadas. Razonamiento confrontativo Planteamiento en tiempo Existencia de caso concreto Condición especial aplicable para casos administrativos.
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Se puede presentar como incidente, acción, excepción, o de forma especial, como una casación. Al ser promovida la CC dará parte a las partes del caso y al Ministerio Público por nueve días, y al termino de ellos la corte tiene tres días para resolver el caso, y su pronunciamiento puede ser por auto razonado para excepciones, incidentes o acciones, y por sentencia en inconstitucionalidades administrativas. Se puede dar a lugar o no, y desestimarla donde la parte que la interpone debe pagar una multa.
El primer caso de inconstitucionalidad concreta (929 2008), es el visto en apelación en proceso penal sobre la desaparición forzada y se impugna el artículo 201 de Código Penal y creen violado el artículo 15 y 17 de la Constitución. Esto fue presentado por la defensa del detenido al culparlo de desaparición forzosa, decían que cuando se cometió el hecho, el delito aún no estaba tipificado. Un elemento de este delito es la permanencia y por ello se puede seguir ese caso y que continúo luego de tipificar el delito. Por ende la Corte no dio a lugar la inconstitucionalidad expuesta por la defensa del acusado. -
B. Casos Generales de Inconstitucionalidad de Ley en Guatemala El artículo 267 de la Constitución dice que son ―Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad‖. Es la forma de declarar directamente inconstitucional cualquier ley o reglamento para que todo se mantenga bajo el orden jurídico que ordena la constitución y que al momento en ser publicada por la Corte de Constitucionalidad la sentencia que diga que es inconstitucional automáticamente deja sin vigor esa ley. Este tipo de inconstitucionalidad se presentan directamente a la Corte de Constitucionalidad, no debe existir un proceso en un tribunal o juzgado; ya que se presenta la inconstitucionalidad total de una ley general, que son de conocimiento e importancia de todas las personas.
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También es una garantía constitucional que le permite a cualquier persona de denunciar la inconstitucionalidad de cualquier ley que vaya en contra de la Constitución, para poder mantener un orden jurídico. Es un mecanismo procesal jurisdiccional, de alcance general, popular, principal, es unistancial y constitutivo por su fin. Quienes pueden iniciar la acción son la Junta Directiva del Colegio de Abogados, Ministerio Público, el Procurador de los Derechos Humanos y cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos. Se puede denunciar inconstitucional cualquier ley general, reglamento o disposiciones siempre que cumplan con ser generales y que estén vigentes. Esto debe formularse por escrito, razonar los motivos jurídicos del por qué se creé inconstitucional, con dos copias del memorial de interposición, dos personas auxiliadas de tres abogados colegiados activos, y si no se subsana se puede suspender la acción. Y la Corte tendrá ocho días para resolver su suspensión provisional y se publicará en el Diario Oficial al día siguiente, luego el Ministerio Público tiene audiencia por quince días; evacuada o no la audiencia, hay veinte días para la vista pública y dar su pronunciamiento y dar su sentencia veinte días después.
Un caso sobre la inconstitucionalidad es sobre el Reglamento de la Ley para la Disposición de Órganos y Tejidos. Inició por la impugnación presentada por la Fundación de Asistencia Médica y Ocupacional (Amor) contra el Reglamento de la Ley para la Disposición de Órganos y Tejidos (Acuerdo Gubernativo No. 525 -2006), ya que varias normas del Reglamento amplia y modifica las disposiciones legales que solo el Congreso puede hacer y no un reglamento, igualmente desarrolla la autorización del uso de los órganos y tejidos, tema que debe ser únicamente desarrollado por una ley del Congreso. -
También incluye disposiciones que otorgan facultades para discernir a las autoridades ministeriales lo que va en contra de la seguridad jurídica, y eso va en contra de tosa seguridad y protección y da lugar al mal uso de esta disposición. Este caso iba en contra de las normativas de la Constitución como los artículos 157, 171.
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Otro caso es el de la ley de Minería. Este fallo explica que las mineras sólo podrán explorar la superficie del terreno y prohíbe contaminar y así veda casi cualquier actividad explotadora, el dictamen da prioridad al bien común sobre el derecho privado. Por otra parte la sentencia no afecta las licencias que ya fueron otorgadas; esa ley tenía siete artículos parcialmente inconstitucionales, va en contra del acuerdo 169 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo) el cual Guatemala ratifico por lo que se está totalmente vinculado a cumplirse por el Estado, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de marzo de 2011. -
También existe la inconstitucionalidad del Paquete Tributario. Se declaró inconstitucional normas de las Disposiciones para el Fortalecimiento del Sistema Tributario y el Combate a la Defraudación y al Contrabando, Decreto nro. 4 -2012 del Congreso y la Ley de Actualización Tributaria (Decreto nro. 10 -2012 del Congreso), y quedo sin vigencia, la CC fundamentó su decisión en que ―la decisión de requisitos, condiciones y características para la obtención de un documento de esa envergadura (solvencia fiscal), no puede quedar a la discreción del ente encargado de la administración tributaria (SAT) (…)‖. -
La CC ya declaró inconstitucionales los Artículos 109 y 180, inciso 4, de la Ley de Actualización Tributaria y dejó en suspenso los Artículos 61, 114, inciso 9, y 180, inciso 4, de la Ley de Actualización Tributaria y 2, 27 y 31 de la Ley Antievasión II. Asimismo, ante la CC se están substanciando, entre otras, las impugnaciones contra los Artículos 8, 17, 59, 72, 103 y 105 de la Ley de Actualización Tributaria y 50 de la Ley Antievasión II.
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DERECHO COMPARADO La Constitución como ley fundamental de mayor jerarquía debe ser protegida y garantizada la supremacía y supralegalidad de esta con el fin de mantener un orden constitucional; en los siguientes párrafos se analizará cómo otros países tratan la inconstitucionalidad, además del amparo que es un medio para presentar inconstitucionalidad, dependiendo de los tipos de control que maneje cada sistema constitucional del país, así como las acciones y procesos de inconstitucionalidad con el fin de prever y garantizar el orden constitucional. Para comenzar, en el sistema de Estados Unidos de América, el control corresponde a cualquier juez; su potestad deriva de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, vinculante para el resto de tribunales en virtud del principio stare decisis ; segundo, la potestad de los jueces y tribunales se extiende, exclusivamente, a la validez de la ley en la resolución del litigio; y tercero, el o tribunal quedan limitados a dar solución ad casum para resolver un particular supuesto, inaplicando la ley que estime inconstitucional. En el modelo europeo por otro lado, el tribunal constitucional es independiente y separado de los demás poderes del Estado; segundo, el tribunal tiene el monopolio en la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una ley; tercero, la selección de sus miembros se hace en forma distinta a la de los Magistrados de la jurisdicción ordinaria; y por último, tiene procedimiento propio y actúa por iniciativa de otros (planteamiento de duda de inconstitucionalidad de ley aplicable al caso concreto, que los demás jueces y tribunales pueden someterle), con audiencia de las partes afectadas, y su decisión es motivada y con efectos de cosa juzgada y eficacia erga omnes .
a. Medios de Control Constitucional en México.
En México los instrumentos protectores de la Constitución existentes en el sistema jurídico, son: a) Instrumento Político, que se traduce en la división de poderes; b) Instrumentos Sociales, que se da con la participación de los grupos sociales y de los partidos políticos; c) Instrumentos Económicos, que consiste en la regulación de los recursos económicos y financieros (Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como la fiscalización del gasto público); y, d) Técnica Jurídica, la cual tiene sustento en la supremacía constitucional y en el procedimiento dificultado de reforma a la Constitución. 18
Otro instrumento protector de la Constitución se denomina garantías constitucionales, que constituyen los medios jurídicos de naturaleza predominantemente procesal; la razón de ser de estas garantías es la reintegración del orden constitucional cuando éste ha sido violado o no ha sido reconocida su supremacía por los propios órganos de poder y los instrumentos protectores antes mencionados y estos no han sido suficientes para lograr el respeto y cumplimiento de las disposiciones constitucionales. Las garantías constitucionales son de carácter reparador y también se le conoce como un medio de control; los instrumentos de control no son reparadores. El encargado de analizar estas garantías científicamente es el derecho procesal constitucional mexicano, dentro de las cuales se hallan: el juicio político; la declaratoria de procedencia; las controversias constitucionales; las acciones de inconstitucionalidad; el procedimiento investigatorio de la Suprema Corte de Justicia; el juicio de amparo; el juicio para la protección de los derechos político -electorales del ciudadano; el juicio de revisión constitucional electoral; y, las comisiones de derechos humanos. Se infiere del artículo 105, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo siguiente: ―Art. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: a). - El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión; b). - El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; c). - El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; d).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y e).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia 19
Asamblea. f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro. La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.‖
b. Sistema de Control Constitucional en España
En los párrafos anteriores se mencionó los instrumentos protectores de la Constitución Mexicana, ahora bien se hablará del sistema constitucional español, en el cual operan instrumentos similares, encontrándose diferencias con ciertas modalidades o variaciones en atención a que México es de sistema presidencial y federal mexicano, Mientras España, es de sistema monárquico parlamentario y por consiguiente sus estructuras políticas varían en gran parte; el sistema español es parlamentario y el mexicano presidencial. A pesar de las diferencias mencionadas, en ambos países se rige el principio de división de poderes, el cual funge como un instrumento político de protección constitucional, a través de las competencias constitucionales con que cuentan los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, este último a nivel nacional español puesto que no ha sido descentralizado a las comunidades autónomas y provincias. Se infiere de la Constitución española que el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, puede ser presentado ante el Tribunal Constitucional por las siguientes partes: a) el Presidente del Gobierno, b) el Defensor del Pueblo, c) por 50 diputados, d) por 50 senadores, e) los Órganos Colegiados de las Comunidades autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. Un órgano judicial tiene la facultad de plantear este recurso ante el Tribunal Constitucional cuando considere que en algún proceso, una vez rendidas las pruebas y 20
citado para sentencia, una norma con rango de ley aplicable al caso de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional. El requerimiento principal para evitar leyes contrarias a la Constitución es la siguiente, que cualquier abogado en el desempeño de juez tenga una percepción clara y tiempo suficiente, para poder aventurarse a tener por inconstitucional o una norma expedida por el Congreso en la que han intervenido no uno, sino varios abogados letrados los cuales dieron su aprobación, además de ser muy factible que el juez también se equivoque y para evitarlo, deben existir en las leyes de procedimientos, los adecuados recursos para que se examine con todo cuidado la cuestión decidida. Sobre el recurso de inconstitucionalidad de conformidad con la Constitución española: ―Artículo 161: 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es Competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. 2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y Resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero El Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a Cinco meses.‖ ―Artículo 162: 1. Están legitimados: a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, El Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados Ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.‖ ―Artículo 163: Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.‖
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c. Inconstitucionalidad de Ley en el Sistema Constitucional Francés
En el sistema constitucional francés el control constitucional por vía y órgano político se delega la defensa de la carta fundamental a un órgano generalmente de carácter parlamentario, cuyos principios a los que se apega son los mismo que inspiraron a la revolución francesa, según los cuales, solamente al Poder Legislativo, como representante del pueblo, le es dable determinar si sus leyes son contrarias a la Constitución. ―El sistema tradicional francés de control político encuentra sus razones ideológicas en Montesquieu y la teoría de la separación de poderes, que con su formulación más rígida, fue considerada como irreconciliable con toda posibilidad de interferencia y de control de los jueces en la esfera del Poder Legislativo, además de que este último era estimado como la manifestación de la soberanía popular.‖ Se infiere del extracto anterior el rechazo en contra de la intervención del Poder Judicial para controlar los actos de las asambleas parlamentarias. Consiguientemente se creó el actual Consejo Constitucional que tuvo inicio mediante la evolución de la intervención de órganos de carácter político como medio de control de la constitucionalidad de las leyes que se había venido realizando en Francia. El Consejo Constitucional funciona conjuntamente con el Consejo de Estado y la Corte de Casación, en sus diferentes ámbitos competenciales, tutela tanto el régimen constitucional como a los derechos humanos a él incorporados. Ahora bien, no obstante que como señala Maurice Duverger , la finalidad que persigue el órgano de control es la de mantener el reparto de competencias entre el gobierno y el parlamento y no el de proteger la libertad; cabe destacar que en la administración el Consejo de Estado ha realizado una encomiable labor que lo encumbra como auténtico defensor de los derechos humanos, ya que a dicho organismo corresponde controlar en última instancia la actividad administrativa que incide en la esfera jurídica de los particulares, que con motivo de la incorporación de las Declaraciones al Preámbulo de la Constitución, encuentra en esta última su consagración. El Consejo Constitucional se ha encargado principalmente de ejercer el control político de la constitucionalidad de las leyes, pero al mismo se realizan diversas críticas, porque su intervención ha provocado algunos inconvenientes, tales como el hecho de que el propio cuerpo parlamentario se convierta en juez de sí mismo, lo que en forma alguna garantiza una absoluta imparcialidad de sus decisiones, además de que órgano carece de los conocimientos técnico - jurídicos para llevar a cabo la calificación de las normas y finalmente se mantiene latente el peligro de que su función se desvirtúe convirtiéndose en política, más que en estrictamente jurídica. 22
Otro tratadista que cabe mencionar es Karl Loewenstein, quien tampoco considera al sistema de control político como el más idóneo, pues cree que el Parlamento que ha emitido una ley es el menos apropiado para convertirse en defensor de la Constitución, porque dice que no se puede esperar que la Asamblea se corrija a sí misma. Sobre el Consejo Constitucional de Francia según la Constitución Francesa, artículos del 61 al 62: ―Artículo 61-1: Cuando, con motivo de una instancia pendiente ante una jurisdicción, se alegue que una disposición legislativa perjudica a los derechos y las libertades que garantiza la Constitución, se podrá someter el asunto, tras su remisión por parte del Consejo de Estado o del Tribunal de Casación, al Consejo Constitucional que se pronunciará en un plazo determinado. Una ley orgánica determinará las condiciones de aplicación del presente artículo.‖ ―Artículo 62: No podrá promulgarse ni entrar en vigor una disposición declarada inconstitucional en base al artículo 61. Una disposición declarada inconstitucional en base al artículo 61-1 será derogada a partir de la publicación de la decisión del Tribunal Constitucional o una fecha posterior fijada en dicha decisión. El Tribunal Constitucional determinará las condiciones y los límites en que los efectos producidos por la disposición puedan cuestionarse. Contra las decisiones del Consejo Constitucional no cabrá recurso alguno. Se impondrán a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales.‖
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CONCLUSIONES La inconstitucionalidad de ley es un mecanismo de defensa de la constitución y los derechos fundamentales y no debe ser confundido como un medio para entorpecer o atrasar los procesos. En el ordenamiento jurídico guatemalteco es fundamental la observancia del principio de supremacía constitucional, ello significa que la Constitución de la República de Guatemala prevalece sobre cualquier ley o tratado, es imperativo que cuando se emitan leyes y reglamentos no contravengan la Constitución y se apliquen armónicamente. Cuando existe inobservancia de las leyes se da el quebrantamiento del espíritu de la Carta Magna causando con ello un agravio a toda la estructura legal del país, a dicha inobservancia de las leyes se le conoce como Inconstitucionalidad. Lo que implica que estas normas sean nulas de pleno derecho, lo que se conoce como nulla ipso iure. Porque no se puede vulnerar lo establecido en nuestra Constitución. Es indispensable y fundamental poder conocer los procesos que involucran actos que alteran, modifican y gestionan las conductas de los seres humanos. Si uno forma parte de una sociedad, de un Estado, de un tipo de grupo, es necesario conocer y saber las normas y leyes que rigen el territorio. Es importante saber que dentro del orden jurídico, elemento esencial del Estado, existe un tipo de pirámide jerárquica, que define el grado, nivel y poder que cada norma tiene para funcionar dentro de la misma. Unas que están subordinas a otras, unas que dependen de otras para funcionar, unas que tienen menos valor que las que están arriba pero siempre con el fin de tener un orden social, político, económico, cultural. En la realidad, suceden hechos y acontecimientos que, muchas veces, vulneran a la sociedad. Suele pasar que se violan normas porque no se tiene conocimiento de todo este tema. Generalmente, las situaciones que se relacionen con las normas, los derechos y todas aquellas que encierren el valor de una persona están sujetas a la Constitución pero a veces hay normas que van en contra de la misma, normas que suelen llamarse inconstitucionales porque atentan contra la ley suprema. Personalmente, considero, que es necesario conocer del tema, pues es muy importante tener conocimiento de que situación puede ser inversa al fin común o que acto puede ir en contra de las políticas constitucionales para que la armonía dentro de la sociedad se resguarde y siga siendo la misma. La constitución es clara al momento de explicar los tipos de inconstitucionalidad que se aplican en Guatemala, y vemos cómo es que, una corte, tiene la potestad de dictar todo lo relacionado a la inconstitucionalidad de las leyes, de igual forma se observa el tipo (mixto) de procesos que son aplicados, la misma Constitución lo específica, la Constitución abarca todo lo relacionado con este proceso. 24
El recurso de inconstitucionalidad es una herramienta que todos podemos usar para defender nuestros derechos y poder limitar el poder político, económico, educativo, etc.; es un recurso que demuestra que somos democráticos e independientes; para ello se deben tener las razones necesarias y que se hayan agotado los demás recursos que existen para resolver su situación. Con la inconstitucionalidad se abren puertas para proteger derechos que no están explícitos en la Constitución. La Constitución se salvaguarda de la inconstitucionalidad mediante el amparo, el control jurisdiccional y el control político, las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad, variando según los distintos sistemas de constitucionalidad que en los países democráticos, tales como México, España y Francia en los que se elige al Jefe de Gobierno, son el político y el jurisdiccional; el primero nace y se desarrolla en la República Francesa, y del segundo han surgido los modelos americano y austriaco.
VOCABULARIO Ad Casum. Se traduce del latín para la causa. Erga omnes es una locución latina, que significa "respecto de todos" o "frente a todos", utilizada en derecho para referirse a la aplicabilidad de una norma, un acto o un contrato. Karl Loewenstein (Múnich, 9 de noviembre de 1891 - Heidelberg, † 10 de julio de 1973) filósofo alemán, es considerado por una mayoría de expertos como uno de los padres del constitucionalismo moderno. Sus investigaciones sobre la tipología de las constituciones tuvieron gran impacto en Iberoamérica. Stare decisis. Locución latina, que se traduce interpretativamente como "mantenerse con las cosas decididas", utilizada en derecho para referirse a la doctrina según la cual las sentencias dictadas por un tribunal crean precedente judicial y vinculan como jurisprudencia a aquellas que, sobre el mismo objeto, se dicten en el futuro.
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