Propiedades
No. Gaceta
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Por tipo de expediente
Inconstitucionalidad de ley en Caso Concreto
Doctrina legal
Derechos y principios fundamentales -Principio de legalidad
INCONSTITUCIONALIDAD EN CASO CONCRETO
EXPEDIENTE 639-2006 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veintidós de agosto de dos mil seis. En apelación, y con sus antecedentes, se examina la resolución de trece de marzo de dos mil seis dictada por el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, Constituido en Tribunal Constitucional, en la inconstitucionalidad de ley en caso concreto planteada por Carlos Enrique Aguirre Ramos en su calidad de Abogado Defensor de Marco Tulio Yas Equite o Marco Tulio Yas. El postulante actuó con su propio patrocinio.
ANTECEDENTES: I. LA INCONSTITUCIONALIDAD: A) Caso concreto en que se plantea: proceso penal cuarenta y uno – dos mil cinco, tramitado en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, el cual se sigue contra Marco Tulio Yas Equite o Marco Tulio Yas, por el delito de Abusos deshonestos violentos, con agravación de la pena, en forma continuada. B) Norma que se impugna de inconstitucional: artículo 179 del Código Penal. C) Normas constitucionales que estiman violadas: citó los artículos 17 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. D) Fundamento jurídico que se invoca como base de la inconstitucionalidad: a) estima que la figura delictiva tipificada en el artículo 179 del Código Penal, que se refiere a los abusos deshonestos, contraría el principio de legalidad contenido en el artículo 17 de la Constitución, el cual prevé que no son punibles acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta, por ley anterior a su perpetración; b) el citado principio, abarca una serie de elementos, entre éstos el principio de taxatividad, el cual impone que la conducta regulada en el tipo penal, debe ser expresa, lo que no se cumple en la norma cuestionada de inconstitucional, puesto que en ésta existe una conducta abierta y ambivalente, al calificar como abusos deshonestos los “actos sexuales distintos al acceso carnal”; c) se lesiona otro elemento del principio de legalidad, como lo es la reserva legal, a través de la cual se prevé que únicamente el Organismo Legislativo es el facultado para crear figuras delictivas, violándose además el contenido del artículo 203, el cual establece la independencia del Organismo Judicial y la potestad de juzgar; d) promueve la presente acción de inconstitucionalidad en caso concreto puesto que el memorial de acusación formulado por el Ministerio Público contra su patrocinado, se basó en ese norma, lo cual también se hizo por el Tribunal que tramita el proceso penal al ordenar la apertura a juicio, por lo que se encuentra facultado para impugnarla, según lo establecido en el artículo 369 del Código Procesal Penal y 123 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Solicitó se declare con lugar el planteamiento formulado. E) Resolución de primer grado : el tribunal consideró: “...al ser de conocimiento común a qué se refiere el acceso carnal como acto sexual normal y en
sentido contrario cuáles son los actos sexuales distintos al acceso carnal, la norma impugnada es clara y de ninguna forma es ambivalente; asimismo la ley determina de forma suficientemente diferenciada las distintas conductas punibles y las penas que pueden imponerse de acuerdo a cada presupuesto legal que contempla; y dado que la ley es fuente formal del Derecho Penal, le impone al legislador la prohibición de dictar leyes penales de contenido indeterminado. El momento consumativo del delito a que se hace referencia en el artículo citado, ocurre cuando se ejecuta cualquiera de las circunstancias del artículo 179 del Código Penal, es decir cuando se realiza un acto atentatorio contra la libertad y seguridad sexuales y contra el pudor. En consecuencia el tipo penal objetado tiene fundamento constitucional pues en la forma que se encuentra estructurado no transgrede el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por cuanto las conductas descritas como prohibitivas están debidamente claras, respetando con ello el principio de legalidad y no se observa transgresión alguna a norma constitucional. De igual manera no vulnera el principio de Reserva Legal, toda vez que el tantas veces citado artículo 179 del Código Penal en su momento histórico fue creado por el Poder Legislativo; y el mismo regula los presupuestos jurídicos necesarios para que los órganos jurisdiccionales puedan aplicar justicia dentro de los parámetros legales y constitucionales, en total apego al precepto constitucional contenido en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Motivos anteriores por los que se establece que no existe agravio alguno que afecte los intereses del incidentante, así como de su patrocinado, MARCO TULIO YAS y/o MARCO TULIO YAS EQUITE, concluyendo que el Incidente de Inconstitucionalidad Indirecta en contra del artículo 179 del Código Penal, debe declararse sin lugar; y así debe resolverse...” Y resolvió: “... I) DECLARA SIN LUGAR el Incidente de Inconstitucionalidad Indirecta en contra del artículo 179 del Código Penal, interpuesto por el defensor del sindicado, Abogado CARLOS ENRIQUE AGUIRRE RAMOS; II) Se suspende el debate oral y público de la causa número cuarenta y uno guión dos mil cinco, a cargo del oficial tercero, tramitado en este Tribunal en contra de Marco Tulio Yas y/o Marco Tulio Yas Equite, hasta que el presente auto cause ejecutoria; III) Se condena en costas al abogado defensor Carlos Enrique Aguirre Ramos; IV) Se impone al abogado Carlos Enrique Aguirre Ramos la multa de QUINIENTOS QUETZALES, que deberá hacer efectiva dentro del tercer día de estar firme el fallo...”
II. APELACIÓN El postulante apeló. III. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA
A) El interponente reiteró los argumentos expuestos en su memorial de interposición y adicionó: a) el principio de legalidad contiene en primer lugar una garantía material que impone la predeterminación de las conductas ilícitas y sanciones correspondientes, es decir, proporciona la necesaria seguridad sobre cuáles son las conductas incriminadas y las penas que se asignan, lo que no se cumple en el artículo 179 del Código Penal que se impugna; b) se lesiona también el principio de taxatividad y el de seguridad jurídica, ambos comprendidos en el de legalidad, los cuales establecen que las conductas punibles deben estar establecidas en forma clara y concreta, sin acudir a términos excesivamente vagos que dejen en la indefinición el ámbito de lo punible. Solicitó
se revoque la resolución recurrida y se declare con lugar el incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto. B) El Ministerio Público alegó: a) al analizar los supuestos jurídicos señalados como hechos rectores del delito de abusos deshonestos violentos, estos no atentan contra el principio de legalidad garantizado por el artículo 17 de la Constitución Política de la República, puesto que la conducta delictiva se encuentra suficientemente definida, siendo amplia y genérica para no encuadrar en lo casuístico, pero encontrándose redactada de manera tal que permite ser inteligible, pues es del conocimiento común a qué se refiere un acto sexual normal y cuáles a contrario sensu podrán considerarse como actos sexuales distintos al acceso carnal, por lo que la norma que tipifica los abusos deshonestos no puede ser considerada como ambivalente y demasiado abierta; b) los supuestos normativos establecidos como hechos rectores y elementos materiales del delito de abusos deshonestos violentos cumplen con el principio de legalidad contenido en el artículo 17 de la Constitución Política al determinar de forma suficientemente diferenciada las distintas conductas que la figura delictiva pretende prohibir, por lo que no transgrede el citado precepto constitucional, de ahí que no se violente la reserva legal que la misma prevé; c) en cuanto a la contradicción de la norma en cuestión con el artículo 203 de la Constitución, el incidentante no demuestra confrontativamente mediante la respectiva motivación jurídica clara y debidamente razonada en qué sentido se viola la norma constitucional citada, razón que impone que no puede declararse su inaplicabilidad por ese motivo. Solicitó se declare sin lugar el incidente promovido.
CONSIDERANDO -IEn casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inconstitucionalidad y, como consecuencia, su inaplicabilidad al caso concreto, posibilidad de examen que se abre si la ley cuestionada se ha citado como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación o cuando, de cualquier otro modo, resulte del trámite del juicio. Asimismo, los artículos 120 y 123 de la Ley precitada establecen que, en casos concretos, la persona a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de una ley puede plantearla ante el tribunal que corresponda según la materia; puede promoverse cuando la ley de que se trate hubiere sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación o que de cualquier otro modo resulte del trámite de un juicio.
-IIEn el caso de estudio, el Abogado Carlos Enrique Aguirre Ramos, en su calidad de defensor de Marco Tulio Yas, y/o Marco Tulio Yas Equite, promovió inconstitucionalidad en caso concreto del artículo 179 del Código Penal, al que le atribuye lesión al contenido del principio de legalidad reconocido en el artículo 17 de la Constitución P olítica de la República. Específicamente, le reprocha transgresión al principio de taxatividad, el cual prevé que una conducta tipificada dentro
de un delito, debe encontrarse regulada de manera expresa y clara, no pudiendo ser establecida de manera abierta, como sucede, a juicio del accionante, en el caso de análisis. Atribuye también lesión al contenido del artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, sin exponer argumentos específicos en que descanse su petición a ese respecto. Por razón de método, esta Corte analizará en primer término el contenido del principio de legalidad, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política, a efecto de determinar sus alcances, para proceder a confrontar el mismo con la conducta delictiva tipificada en el artículo 179 del Código Penal, y establecer si existe la colisión que señala el accionante. A ese respecto, el artículo 17 de la Constitución prevé: “No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración.” Este principio se encuentra definido doctrinariamente como: “nullum crimen sine scripta, stricta, certa et praevia lege” , de manera que a través del mismo se establece la prohibición de calificar como delitos, las conductas, activas u omisivas, que no se encuentren previstas como delictivas en una ley escrita, estricta, cierta y anterior a la comisión u omisión sancionada. Para puntualizar las citadas características resulta interesante citar doctrina sentada por el Tribunal Constitucional Español, el que, al respecto ha afirmado: “...Efectivamente, la primera garantía que contiene el principio de legalidad es la g arantía formal, cuyo significado estriba en que únicamente cabe imponer una condena por un hecho cuando existe una norma jurídica con un determinado rango ( lex scripta ) , que prevé que tal hecho es punible y que si se realiza le corresponderá una determinada pena, pero siempre que dicha norma jurídica exista con carácter previo a la conducta que es objeto de la condena ( lex praevia ) ...” Sentencia sesenta y cuatro / dos mil uno, de diecisiete de marzo de dos mil uno. Asimismo, se ha sostenido, que: “...la sujeción estricta, impidiendo la sanción de comportamientos no previstos en la norma correspondiente pero similares a los que sí contempla..." Sentencia ciento treinta y ocho / dos mil cuatro, de trece de septiembre de dos mil cuatro. De ahí, que de este elemento deviene la prohibición de una aplicación analógica de los tipos penales previstos en las figuras delictivas. Por último, puede mencionarse respecto del mandato de certeza, también recogido por el principio de legalidad, que: “...este Tribunal ha precisado que incorpora el mandato de ta xatividad o de lex certa , «que se traduce en la exigencia de predeterminación normativa de las conductas punibles y de sus correspondientes sanciones» (entre otras, SSTC 142/1999, de 22 de julio, FJ 3, y 123/2001, de 4 de junio, FJ 11). Con ello hemos puesto el acento en la consideración de dicho mandato como una garantía de la denominada vertiente subjetiva de la seguridad jurídica (según la expresión utilizada en las SSTC 273/2000, de 15 de noviembre, FJ 11, y 196/2002, de 28 de octubre, FJ 5), lo que hace recaer sobre el legislador el deber de configurar las leyes sancionadoras con el «máximo esfuerzo posible» [STC 62/1982, de 15 de octubre, FJ 7 c)] para que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, así, las consecuencias de sus acciones. En palabras de la STC 116/1993, de 29 de marzo, FJ 3, la garantía material lleva consigo la exigencia de que la norma punitiva permita «predecir con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción del que puede hacerse merecedor quien la cometa»...” Sentencia cien / dos mil tres de dos de junio de dos mil tres. De este elemento deriva la exigencia de una determinación expresa de las conductas, actos u omisiones que constituyen los tipos penales, así como la taxatividad de las penas. Habiéndose puntualizado el contenido del “principio de legalidad”, y en particular de la “taxatividad” exigida por el mismo, la cual señala violada el interponente de la presente acción, es procedente analizar el tipo delictivo contenido en el artículo 179 del Código Penal, a efecto de determinar si el mismo posee los vicios que le reprocha el promovente de la inconstitucionalidad en caso concreto, quien le atribuye a la citada norma el no describir claramente la conducta antijurídica, sino que lo hace en forma “abierta y ambivalente”.
El citado artículo prevé: “Abusos deshonestos violentos. Comete abuso deshonesto quien empleando los medios o valiéndose de las condiciones indicadas en los artículos 173, 174 y 175 de este Código, realiza en persona de su mismo o de diferente sexo, actos sexuales distintos al acceso carnal...” Los artículos a los cuales se refiere la citada norma tipifican la violación, violación con agravación de la pena, y violación calificada, respectivamente. La norma anterior contempla una serie de elementos, dentro de los cuales pueden mencionarse, la concurrencia de alguna de las circunstancias que se presentan en la violación, diferenciándose de la misma, en cuanto al ánimo del sujeto activo del delito, puesto que en aquella su objetivo es el acceso carnal, mientras que en los abusos deshonestos, su voluntad va dirigida a actos sexuales distintos de éste. Además, los referidos actos para que constituyan el citado delito deberán ser de carácter sexual, ofendiendo el pudor y las buenas costumbres. Los abusos deshonestos en una definición recogida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, contenida en sentencia número cincuenta, dictada el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, citando para el efecto a los tratadistas Cuello Calón, Fontán Balestra y Rodríguez Devesa, definió los abusos deshonestos, como “...En el abuso deshonesto la acción, disculpando la redundancia, deberá ser simultáneamente “abusiva y deshonesta”... 1) Abusar deshonestamente es aprovecharse mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente del cuerpo de una persona haciéndolo objeto de trato sensual, impúdico, obsceno, concupiscente o lascivo desde un punto de vista objetivo (basta con que el acto sea objetivamente impúdico, conforme al pudor o reserva sexual aceptada como norma social por la generalidad de las personas en una cultura dada, siendo irrelevante que haya o no excitación o satisfacción sexual por parte del autor o que la víctima tenga o no conciencia de lo que el hecho significa)- contra su voluntad expresa o presunta, valiéndose para ello de violencia corporal sobre la víctima (cuando ésta es capaz de oponer resistencia seria, persistente, real o efectiva, sin que se requiera la resistencia heroica o de intimidación (todo acto de violencia moral idóneo para producir temor en el ánimo del sujeto pasivo, en forma tal que se encuentre obligado a soportar o ejecutar la acción que el agente propone) o de relaciones de autoridad, confianza o superioridad derivadas de cualquier situación, o de la poca edad, inexperiencia, ignorancia o inadvertencia de la víctima o de su incapacidad física o mental para resistir...” Lo anterior, permite advertir, que en la tipificación de la conducta delictiva, contenida en el artículo 179 del Código Penal, se establecen los elementos doctrinados precitados, los cuales permiten apreciar la predeterminación normativa de las conductas punibles y de sus correspondientes sanciones, de manera tal que una persona imputable, puede conocer el ámbito de lo proscrito y prever sus consecuencias. El legislador no puede ser tan casuístico, como para enumerar una serie de conductas que podrían considerarse como un abuso deshonesto, pues éstas las agrupó debidamente, al precisar que deberá tratarse de “actos sexuales distintos al acceso carnal”, con lo cual aporta elementos suficientes para permitir al sujeto que pueda configurarse en activo, las conductas que podrían acarrearle una sanción, encontrándose de esa manera correctamente definidas y objetivadas. De ahí que la misma no lesiona el principio de taxatividad y por ende tampoco el principio de legalidad reconocido en el artículo 17 Constitucional.
-III-
Se indica por el interponente que el artículo 179 del Código Penal lesiona el principio de legalidad, al violar la reserva legal, y además expone que contradice al artículo 203 de la Constitución Política de la República. A ese respecto, resulta interesante citar la jurisprudencia de este Tribunal que ha señalado: "Dentro del Título Cuarto de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad se autoriza la promoción de inconstitucionalidad de ley en casos concretos, siempre que se haya citado como apoyo de Derecho en la demanda, en la contestación o que, de cualquier otro modo, resulte del trámite del juicio; su finalidad es la de inaplicarla, si la tesis es acogida. Tal posibilidad se explica por el deber que tienen los jueces de dictar sus fallos de conformidad con las leyes aplicables a cada caso concreto, pero, en primer lugar, de atender lo dispuesto en la norma constitucional. De manera que la acción que autoriza el artículo 116 de la Ley de la materia requiere: a) que la ley que se impugne, total o parcialmente, sea aplicable al caso que el tribunal deba decidir; b) que el fallo a dictarse dependa de la validez o falta de validez de la ley o norma suya cuestionada; c) el razonamiento suficiente de relación entre la ley o norma atacada y el eventual fallo, que evidencie que su aplicación puede transgredir disposición constitucional que el interesado señala, debiendo ser, por ello, inaplicable ." Resolución de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve, dictada dentro del Expediente ochocientos cincuenta y tres – noventa y ocho (853-98). De esa cuenta, se aprecia, que el interponente de esta acción debe cumplir con la satisfacción de una serie de requisitos, entre ellos el razonamiento jurídico suficiente que evidencie la transgresión que imputa a la disposición cuestionada. A ese respecto, en el caso que se analiza, se aprecia, en la interposición de esta acción la omisión por parte del accionante del razonamiento que de manera concreta y sin apreciaciones subjetivas, evidencie la lesión que ocasiona el artículo 179 del Código Penal al principio de legalidad, enfocado a la reserva legal para los tipos penales, que ésta reconoce y al precepto normativo contenido en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Siendo que tal deficiencia no puede ser suplida por este tribunal, sin apartarse de su necesaria imparcialidad, se concluye que el examen pretendido respecto a esa norma, resulta improcedente.
-IVEn consecuencia, y con base en lo considerado, es pertinente desestimar la acción solicitada, por lo que habiendo resuelto en similar sentido el tribunal constitucional de primer grado, debe confirmarse la declaratoria de improcedencia de inconstitucionalidad de ley en caso concreto contenida en la resolución apelada, con la modificación de precisar en la parte resolutiva de la misma, lo referente al monto, tiempo y lugar en que deberá hacerse efectiva la multa impuesta al abogado patrocinante, así como lo relativo al caso de incumplimiento en el pago de la misma.
LEYES APLICABLES
Artículos 266, 268 y 272 inciso d) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1º, 2º, 3º, 5º, 7º, 116, 120, 123, 124, 127, 130, 131, 144, 148, 149, 163 inciso d), 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y 23, 24, 25 y 27 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad.
POR TANTO
La Corte de Constitucionalidad con base en lo considerado y leyes citadas resuelve: I) Confirma la resolución apelada, con la modificación en su parte resolutiva de precisar que el monto de la multa impuesta al abogado auxiliante, Carlos Enrique Aguirre Ramos,
es de un mil quetzales que deberá pagarse en la Tesorería de esta Corte en el plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que esté firme este fallo; y en caso de incumplimiento de pago, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. II) Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvase los antecedentes.
ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE PRESIDENTE
MARIO PÉREZ GUERRA
GLADYS CHACÓN CORADO
MAGISTRADO
MAGISTRADA
JUAN FRANCISCO FLORES JUÁREZ MAGISTRADO
ROBERTO MOLINA BARRETO MAGISTRADO
MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ SECRETARIO GENERAL
