Litigación de juicio oral en materia penal. Regulación legal.1 I.- Alegato de apertura. El Código Procesal Penal se limita a señalar en su artículo 325 que el presidente de la sala, luego de verificar la disponibilidad de los testigos y demás personas citadas a la audiencia, "señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de apertura del juicio oral; advertirá al acusado que debe estar atento a lo que oirá; y dispondrá que los peritos y testigos hagan abandono de la sala de audiencia. Seguidamente concederá la palabra al fiscal, para que exponga su acusación y al querellante para que sostenga la acusación, así como la demanda civil si la hubiere interpuesto". A su turno, el artículo 326 del Código Procesal Penal expone que después despué s de realizadas las exposiciones previstas en el artículo anterior, se le indicara al acusado que tiene la posibilidad de ejercer su defensa, de acuerdo al artículo 8, agregando en el inciso 2do del mismo artículo que “al efecto, se ofrecerá la palabra al abogado defensor, quien podrá exponer los argumentos en que fundare su defensa”. En consecuencia, de los artículos antes transcritos se infiere que en primer término no tiene lugar el alegato de apertura del fiscal, luego el del querellante particular y finalmente el del acusado. En esos dos artículos encontramos la única regulación legal que consagra la legislación del ramo para el alegato de apertura, de lo que fluye que otras incidencias que pudieren presentarse durante esta importante actuación del juicio deberán ser resueltas por el tribunal o por el presidente del mismo habida cuenta de sus facultades generales que le otorga el artículo 292 del código procesal penal para dirigir el debate y moderar la discusión. Dentro de estas cuestiones resulta que es posible que el tribunal fije un límite de tiempo para realizar la apertura, lo que no es esencial, pero que podría señalarse de oficio o incluso solicitarse por alguno de los intervinientes, en cuyo caso el tribunal debiera resolver esa incidencia en forma previa a desarrollar la apertura. II.- Examen directo. Orden del examen directo De acuerdo al artículo 328 del Código Procesal Penal, cada parte determinará el orden en que rendirá su prueba, correspondiendo recibir primero la ofrecida para acreditar los hechos y peticiones de la acusación y demanda civil y luego la prueba ofrecida por el acusado respecto de todas las acciones que hubieren sido deducidas en su contra. En consecuencia, quien presenta primero su prueba es el Fiscal, luego el querellante particular, si lo hubiere y, finalmente, el acusado Esta regla recibe una aplicación específica para el examen directo en el artículo 329 inciso 3, cuando señala que "los interrogatorios serán realizados en primer lugar por la parte que hubiere ofrecido la respectiva prueba y luego por las restantes. Si en el juicio intervinieren como acusadores el Ministerio Público y el querellante particular, o el mismo se realizare contra dos o más acusados, se concederá sucesivamente la palabra a todos los acusadores o a todos los acusados, según corresponda". "
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Ante quién se realiza el interrogatorio Obviamente la interrogación se realiza personalmente, como lo dispone la primera parte del inciso I del artículo 329 del Código Procesal Pen al. Ello significa que los testigos o peritos deben declarar ante el Tribunal que conoce del juicio oral y deben ser interrogados por los abogados que los presentan. La declaración entonces es un acto personalísimo e indelegable del testigo o experto. Esa es la regla general, pero como toda regla, tiene excepciones. La primera de ellas está contenida en la segunda parte del inciso primero del artículo 329 del Código Procesal Penal, que señala que la declaración personal puede ser sustituida por la lectura de los registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 331 y 332 del mismo Código. Esta excepción se relaciona con el artículo 227 del Código Procesal Penal, que obliga al Ministerio Público a llevar un registro que de je constancia de las actuaciones que realice en la etapa de investigación, utilizando al efecto cualquier medio que permitiere garantizar la fidelidad e integridad de la información. En la práctica, los fiscales, cuando toman declaración al testigo o acusado en la etapa de investigación, levantan un acta escrita, que es suscrita por el mismo testigo o acusado y el fiscal que toma la declaración. La excepción entonces consiste en que ese registro puede ser leído durante el juicio oral, en los casos que señalan los artículos 331 y 332 del Código, sustituyendo la declaración personal del testigo. Tratándose de peritos, lo que se leerá es el informe que deben emitir en conformidad al artículo 315 del C.P.P. El artículo 331 del Código Procesal Penal señala que es posible dar lectura a los registros en que consten las declaraciones anteriores de testigos, peritos o imputados, en los casos que la misma norma expresa, esto es: a) Cuando se tratare de declaraciones de testigos o peritos que hubieren fallecido o caído en incapacidad física o mental, o estuvieren ausentes del país, o cuya residencia se ignorare o que por cualquier motivo difícil de superar no pudieren declarar en el juicio, siempre que ellas hubieren sido recibidas por el juez de garantía en una audiencia de prueba formal, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 280; b) Cuando constaren en registros o dictámenes que todas las partes acordaren en incorporar, con aquiescencia del Tribunal; c) Cuando la no comparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuere imputable al acusado, y d) Cuando se tratare de declaraciones realizadas por coimputados rebeldes, prestadas ante el juez de garantía. Estos casos se explican por sí mismos, pero todos ellos deben ser discutidos como incidente en forma previa a la incorporación a través de la lectura del registro
respectivo y obviamente previo a la acreditación del supuesto fáctico que contiene el fundamento de la solicitud. Así, por ejemplo, deberá la parte respectiva solicitar la incorporación a través de la lectura del registro en que consta la declaración de un testigo que ha fallecido con anterioridad al juicio, para lo cual obviamente deberá exhibir el certificado de defunción correspondiente en que funda la solicitud. Respecto al artículo 332 del C.P.C., este artículo también permite dar lectura en el juicio oral a las declaraciones o informe, respectivamente, del acusado, testigo o perito, con el propósito de refrescar memoria o superar una contradicción. Dada la importancia práctica de este artículo, volveremos sobre él en detalle más adelante. La segunda excepción a la regla que obliga a comparecer personalmente al testigo o perito a prestar declaración consiste en una modificación introducida al Código, por la Ley N° 20.074, de 14 de noviembre de 2005, que señala que "los testigos o peritos que por algún motivo grave y difícil de superar no pudieren comparecer a declarar a la audiencia de juicio, podrán hacerlo a través de videoconferencia o a través de cualquier otro medio apto para su interrogatorio. La parte que los presente justificará su petición en una audiencia previa, que será especialmente citada para tal efecto, debiendo aquellos comparecer ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar en que se encuentren". En este caso, la declaración que se preste en el juicio tampoco será personalmente, sino que será a través de un sistema de videoconferencia u otro similar. Para tal efecto deberá promoverse la solicitud, citarse a una audiencia y discutirse y acreditarse las cuestiones de hecho que encierra la norma de manera previa a decretar esta forma especial de producción de prueba. El día del juicio, los testigos o peritos deberán concurrir al Tribunal con competencia en materia penal más cercano del lugar en que se encuentren y declarar a través de un sistema de videoconferencia u otro análogo que permita la examinación y la contrainterrogación. La tercera excepción a la regla general en el sentido que los peritos deben declarar personalmente ante el Tribunal de la causa se refiere sólo a los peritos y fue incluida al Código Procesal Penal, por una modificación introducida a él a través de la Ley N° 20.074, que agregó un inciso al artículo 315 del C.P.P. Dicha norma señala que no obstante la regla general que obliga a comparecer personalmente, "de manera excepcional las pericias consistentes en alcoholemia, de ADN y aquellas que recayeren sobre sustancias estupefacientes o psicotrópicas, podrán ser incorporadas al juicio oral mediante la sola presentación del informe respectivo. Sin embargo, si alguna de las partes lo solicitare fundadamente, la comparecencia del perito no podrá ser substituida por la presentación del informe". En consecuencia, en estos casos la regla general se invierte absolutamente, ya que tratándose del tipo de pericias que en dicho inciso se señalan (alcoholemia, ADN y aquellas que recaigan sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas), lo normal es que ellas se incorporen al juicio a través de su lectura y no mediante la declaración del perito que hizo el informe. Excepcionalmente, si una de las partes lo solicita fundadamente se
requerirá la declaración personal del perito. Evidentemente, esta solicitud debe promoverse, discutirse y concederse en la audiencia preparatoria del juicio oral. El fundamento de esta regla es que se trata de pericias bastante certeras, cuyo resultado se obtiene a través de máquinas que presentan bastante exactitud, por lo que el espacio para el error y por lo tanto para que el contenido sea contrastado es bajo. Si una de las partes controvierte fundadamente alguno de estos supuestos que el legislador tuvo en cuenta para generar la norma, puede requerir la presencia física de perito para que declare en el Tribunal. Formalidades previas a la declaración El inciso 2 del artículo 329 señala que el juez presidente de la sala identificará al perito o testigo y ordenará que preste juramento o promesa de decir la verdad. Asimismo, antes de declarar, agrega el inciso 4 del mismo artículo que "los testigos o peritos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, ni oír, ni ser informados de lo que ocurre en la audiencia". Para tal efecto, en los tribunales existe una sala de espera en la cual los testigos o peritos próximos a declarar aguardan su llamada a la sala del Tribunal, impidiendo de ese modo su contaminación con los otros testigos o peritos que ya han declarado e incluso con alguno de los intervinientes. Nada dice la ley acerca de la sanción por la infracción de esta norma, pero evidentemente si de hecho ocurre una trasgresión a lo ella ordenado, en el sentido que el testigo o perito se comunica con otro testigo o perito ya declarado, el Tribunal no debiera considerar la declaración de ese testigo o perito, porque se ha afectado la credibilidad del testimonio. Hay en este punto una cuestión de debido proceso que incluso pudiere fundamentar un recurso de nulidad si una parte se considerare afectada con ello. Desgraciadamente, cuando se trata de juicios anulados que deben repetirse, esta norma no puede cumplir el fin que persigue, cual es la de impedir la contaminación de la prueba, velando porque ella se acerque lo más posible a la verdad material. Todos los testigos y peritos ya han declarado en el juicio anulado y por lo tanto ya han estado en contacto con los intervinientes después del primer juicio y en el período previo al segundo. Obviamente, la norma se aplicará tomando en cuenta la sola duración y prolongación del segundo juicio. Forma de la interrogación El artículo 329 inciso 3 del Código Procesal Penal sostiene que "la declaración de los testigos se sujetará al interrogatorio de las partes". A su vez, el artículo 330 de este mismo Código sostiene en su inciso primero: "en sus interrogatorios, las partes que hubieren presentado a un testigo o perito no podrán formular sus preguntas de tal manera que ellas sugirieren su respuesta". De estas normas se infiere que en el examen directo se encuentra permitido realizar la interrogación a través de preguntas abiertas o cerradas, encontrándose prohibidas las preguntas sugestivas. La sanción a la formulación de una pregunta sugestiva, que es aquella que contiene la respuesta, es el derecho de la contraparte a formular la respectiva objeción en
la forma que se señalará más adelante. En esa hipótesis, el Tribunal rechaza la pregunta, impide al testigo o perito a contestar y ordena al abogado que realiza el examen directo a reformular la pregunta o a efectuar otra pregunta. El artículo 330 inciso final del C.P.P. señala que esta misma regla se aplicará al imputado cuando se allanare a prestar declaración, norma que debe relacionarse con el artículo 326, que señala en su inciso 3 que después de efectuado el alegato de apertura del defensor, el acusado podrá prestar declaración, para lo cual el acusado primero declara libremente lo que cree conveniente como medio de defensa y luego puede ser interrogado por el fiscal, el querellante y el defensor, en ese orden. Pues bien, relacionando la norma del artículo 330 inciso final del Código Procesal Penal, con la del artículo 326 inciso 3 antes referido, el interrogatorio que realiza el defensor se efectúa de acuerdo a las reglas del examen directo, en cambio cuando sea interrogado por el fiscal o acusador particular, el interrogatorio se practica de acuerdo a las reglas del contrainterrogatorio, es decir, se permiten las preguntas sugestivas. Contenido del interrogatorio Evidentemente, el contenido del interrogatorio estará sujeto a las proposiciones fácticas que se intenta acreditar con el testigo o perito de que se trate. Esa línea de interrogación corresponderá a lo que hemos denominado más arriba "declaración propiamente tal". Sin embargo, debemos recordar que el artículo 309 del Código Procesal Penal señala que en este procedimiento "no existirán testigos inhábiles. Sin perjuicio de ello, los intervinientes podrán dirigir al testigo preguntas tendientes a demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculos con algunos de los intervinientes que afectaren o pudieren afectar su imparcialidad, o algún otro defecto de idoneidad". La misma idea, para la declaración de los peritos, contiene el artículo 318 del C.P.P. cuando señala que "los peritos no podrán ser inhabilitados. No obstante, durante la audiencia del juicio oral podrán dirigírseles preguntas orientadas a determinar su imparcialidad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico de sus conclusiones. Las partes o el Tribunal podrán requerir al perito información acerca de su remuneración y de la adecuación de ésta a los montos usuales para el tipo de trabajo realizado". Estos dos artículos nos permiten fundar lo que hemos denominado "línea de acreditación", en el sentido que el examen directo no sólo comprenderá el fondo de la declaración, sino que asimismo comprenderá antecedentes que permitan al sentenciador formular alguna conclusión acerca del crédito o veracidad que tiene el testigo o perito para los efectos del análisis de su declaración, todo ello según explicamos latamente más arriba. Recordemos que el C.P.P. suprimió las llamadas tachas para declarar que eran mecanismos legales de carácter taxativo, que impedían darle crédito a la declaración de un testigo como tal, si se configuraban las causales que la propia ley establecía. Pues bien, el nuevo sistema elimina esa institución y deja entregado el examen de credibilidad al juez en un análisis caso a caso, de acuerdo a los antecedentes que le aporten los intervinientes acerca de la parcialidad o falta de ella, idoneidad o su falta o algún otro antecedente que afecte la veracidad del testimonio o que lo refuerce. En el caso de los peritos, adicionalmente, la ley permite efectuarles preguntas acerca de los ingresos que
éstos obtuvieron por el informe prestado, y cómo éstos se ajustan a los valores de mercado. Lo que pretende el legislador es evitar que las partes concurran a adquirir al mercado un informe, por lo que el perito debe estar en condiciones, dentro de la línea de acreditación, de entregar información sobre algo que debiera ser de naturaleza privada como es su remuneración. Luego de cerrada la línea de acreditación y una vez ingresado al fondo de la declaración, cabe tener presente que el artículo 309 inciso 2 del Código Procesal Penal obliga al testigo no únicamente a declarar el hecho sobre el cual se le requiere su declaración, sino que a dar "razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declarare, expresando si los hubiere presenciado, si los dedujere de antecedentes que le fueren conocidos o si los hubiere oído referir a otras personas". En otras palabras, debe tratarse de ser un testigo circunstanciado, dejándole claro al Tribunal si es un testigo presencial o de oídas. Lectura de declaraciones anteriores del testigo o perito para refrescar memoria o superar contradicción El artículo 227 del Código Procesal Penal obliga a que los fiscales del Ministerio Público en la etapa de investigación dejen constancia de las actuaciones que realizan, tan pronto ellas tomen lugar, mediante cualquier vía que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como el acceso a la misma de aquellos que, de acuerdo a la ley, tuvieren el derecho a exigirlo. Pues bien, en la práctica ello se traduce en que en la etapa de investigación que realiza el fiscal, éste cita a declarar a las personas que tienen algún conocimiento del hecho que se pesquisa a fin de tomarles declaración. Esta declaración se registra en un acta que firma el declarante y el fiscal que toma la declaración. Esa carpeta de investigación es puesta a disposición de los demás intervinientes del juicio, esto es, querellante particular, si lo hubiere, y defensor. Del estudio de esa carpeta que contiene las declaraciones de todas las personas que a comparecieron en la etapa de investigación o como asimismo los informes emitidos por los peritos solicitados por el Ministerio Público, surge la teoría del caso de cada parte y por lo tanto la solicitud de llamamiento que hará cada interviniente en sus respectivos escritos de acusación o adhesión a la acusación o acusación particular y contestación, de los testigos o expertos que necesiten para acreditarla. La solicitud de citación de los testigos o peritos al juicio oral se discute, tanto su pertinencia como posible redundancia, en la audiencia preparatoria del juicio oral, a cuyo término el Tribunal dictará un auto de apertura de juicio oral, uno de cuyos requisitos es de acuerdo al artículo 277, letra e), indicar: "las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral...". En consecuencia, cuando se encuentre declarando un testigo o perito que cae en contradicción con una declaración previa prestada ante el Ministerio Público o alguna parte de su informe que él hubiere emitido o que no recuerda la respuesta a una pregunta que se le formula, es posible contrastar esa declaración que presta en el juicio para los efectos de superar una contradicción o refrescar memoria.
Debemos recordar, eso sí, que estamos en presencia de una norma excepcional y de interpretación restrictiva, ya que la regla general es la oralidad, como se desprende de los principios del sistema, como asimismo, se ratifica en la redacción del artículo 334 del Código del ramo, que sostiene que "salvo en los casos previstos en los artículos 331 y 332, no se podrá incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el juicio oral, a los registros y demás documentos que dieren cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía o el ministerio público". Excepcionalmente, el art. 332 del C.P.P. permite utilizar, tanto durante el interrogatorio directo como en el contra examen, declaraciones escritas anteriores prestadas por el testigo, perito o imputado, para cumplir determinados objetivos que la norma precisa en los siguientes términos: “Artículo 332.- Lectura para apoyo de memoria en la audiencia del juicio oral. Sólo una vez que el acusado o el testigo hubieren prestado declaración, se podrá leer en el interrogatorio parte o partes de sus declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal, el abogado asistente del fiscal, en su caso, o el juez de garantía, cuando fuere necesario para ayudar la memoria del respectivo acusado o testigo, para demostrar o superar contradicciones o para solicitar las aclaraciones pertinentes. Con los mismos objetivos, se podrá leer durante la declaración de un perito partes del informe que él hubiere e laborado.” Se trata de una herramienta excepcional y relevante, que todo litigante debe conocer con detalle. Término de la declaración y liberación del testigo o perito El abogado que realiza el examen directo señalará al Tribunal que ha terminado el interrogatorio, luego de lo cual se dará opción a los demás intervinientes para realizar su examen directo o contrainterrogatorio, según sea el caso. Una vez terminados los interrogatorios de los intervinientes, de acuerdo al artículo 326 inciso 4o, los miembros del tribunal podrán formular preguntas al testigo o perito con el fin de a clarar sus dichos. Formuladas las preguntas por los miembros del Tribunal, el Presidente preguntará a la parte que lo presenta si libera o no al testigo, es decir, si lo dispensa de su deber de declarar, permitiéndole retirarse de la sala del Tribunal, o si lo desea, permanecer en ella, como público. Ello por cuanto, de acuerdo al artículo 329 inciso 5o, "a solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio de los testigos o peritos que ya hubieren declarado en la audiencia", norma que permite que la parte que ha terminado de presentar a su testigo, lo vuelva a llamar más adelante, siempre dentro de su turno para presentar prueba. Esto se realizará cuando la parte que presentó al testigo o perito no completó una línea de interrogación por cualquier causa o cuando desea continuar la declaración del testigo o perito una vez producida una prueba que aún no se ha verificado. En algunas ocasiones hemos visto que se usa esta facultad de no liberar al testigo para llamarlo más adelante, por cuanto ha declarado algo que a la parte que lo presenta no le ha satisfecho
y se piensa que llamándolo más adelante, se podría volver sobre el punto omitido o incompleto. Sin embargo, esta estrategia es bastante precaria, ya que si se quiere volver a intentar la misma línea de preguntas ya explorada en el primer examen directo, ellas pueden ser objetadas como engañosas por repetitivas, según veremos, con lo cual se deja manifiesto ante el Tribunal el propósito de la repetición. Aun en el evento que la contraria no objete y se formule por segunda vez la misma línea de interrogación, quedan dos posibilidades: que el testigo o perito declare lo mismo que señaló la primera vez o que cambie de opinión. En el primer caso, se reforzará lo señalado en la primera declaración, y en el segundo, el mérito de la declaración quedará sujeto al examen de credibilidad que haga el Tribunal en la sentencia, credibilidad que ya a esas alturas estará en entredicho. En todo caso, no parece u na buena estrategia. Asimismo, de acuerdo a las reglas generales es posible que el testigo o perito que acaba de declarar integre a su turno la nómina de testigos o peritos de otro de los intervinientes; por lo tanto, en forma previa a su liberación debe preguntársele a aquel interviniente que ha solicitado su declaración si accede a la liberación del testigo o no. La importancia es que si se libera al testigo o perito, cesa la prohibición que sobre él pesa de comunicarse con los otros peritos y testigos que ya han declarado, como asimismo de ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la audiencia, como lo expresa el artículo 329 inciso 6o. A la inversa, si el testigo o perito no es liberado y se requiere su presencia como tal para un momento posterior del juicio, volverá a la sala de espera del Tribunal, subsistiendo sobre él la prohibición del artículo 329 inciso 6. La declaración del acusado bajo la forma del examen directo En el sistema procesal penal, la declaración del acusado es un tema bastante complejo, ya que si bien es un derecho desde las primeras etapas del procedimiento, incluso antes de la acusación, cuando detenta la calidad de imputado, es también una garantía reconocida a nivel constitucional, pues que de acuerdo al artículo 19 N° 7, letra f), la Constitución asegura a todas las personas que "en las causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho propio". Dentro de esta garantía, el artículo 8 del Código Procesal Penal reconoce al imputado en su inciso 2 el derecho a formular los planteamientos y alegaciones que considere oportunos. Este derecho del imputado a defenderse y declarar se manifiesta en las distintas etapas del procedimiento, teniendo presente que, de acuerdo a la norma constitucional antes señalada, se trata de una facultad del imputado y no de una obligación, ni siquiera una carga procesal. Desde el punto de vista técnico, en materia penal, quien debe probar la acusación es la parte acusadora, sea pública o particular, por lo que será dicha parte la que debe acreditar más allá de toda duda razonable los elementos de tipo penal de que se trata y la participación penal del acusado, independiente de que este declare o no, ya que ello es una variable que no depende sino del propio acusado o de su defensa.
Por lo tanto, desde el punto de vista del acusador, la prueba de un juicio debe prepararse asumiendo como si el acusado no declarara. El problema que presenta para el defensor la declaración del acusado es la credibilidad del mismo. Evidentemente el interés que tiene el propio acusado en su defensa, en resultar ganancioso en el juicio, pone en entredicho la credibilidad de sus declaraciones, por ese solo hecho. Ello casi no reviste análisis. A la inversa, si la declaración del acusado lo perjudica, ello es bastante creíble, ya que los sentenciadores asumirán que su interés es defenderse a través de la declaración y no perjudicarse, por lo que si señaló algo contrario a sus intereses es porque seguramente está siendo veraz en ese punto. En conclusión: al decidir que el acusado debe declarar en un juicio se está tomando una decisión bastante compleja, porque hay poco que ganar y mucho que perder. Tal vez la excepción en el sentido de ser necesaria la declaración del acusado puede tener lugar cuando se busca configurar la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, que tiene lugar cuando el acusado cooperó sustancialmente en la investigación. No obstante todo lo dicho, como hemos señalado, el Código Procesal Penal contempla la declaración del acusado como medio de defensa en diversas etapas del procedimiento. En efecto, la declaración del imputado se contempla en la etapa de investigación, como en la etapa de juicio oral. Así, el artículo 98 del Código Procesal Penal, dentro de la etapa de investigación, dispone que "durante todo el procedimiento y en cualquiera de sus etapas el imputado tendrá siempre derecho a prestar declaración, como un medio de defenderse de la imputación que se le dirigiere". Esta declaración, se preocupa de señalarlo el inciso 2 del mismo artículo, se prestará en audiencia a la cual podrán concurrir los demás intervinientes en el procedimiento, quienes deberán ser citados al efecto. Agrega el inciso 3 del artículo 98 que la declaración del imputado no puede recibirse bajo juramento, sino que el juez, o en su caso el Presidente del Tribunal, se limitará a exhortarlo a decir verdad y a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formularen, aplicándosele en lo que fuere pertinente lo dispuesto en el artículo 326. El referido artículo 326 del Código Procesal Penal se refiere a la declaración del acusado dentro del juicio, específicamente en lo pertinente al hecho que luego de su declaración puede ser interrogado directamente por el fiscal, el querellante y el defensor en ese mismo orden. Finalmente, el juez o los jueces pueden formularle preguntas destinadas a aclarar sus dichos. De todo lo anterior se infiere que cuando declara el acusado dentro de esta etapa de investigación lo hace en una audiencia que generalmente tendrá lugar ante el juez de garantía a la cual podrán asistir todos los intervinientes.
En esa audiencia, el acusado declara libremente y una vez concluido es interrogado por el fiscal, el acusador particular, si lo hubiere y por el defensor. Creemos que la interrogación que hacen en esta etapa de investigación tanto el fiscal como el acusador particular se rigen por las reglas del contraexamen, es decir, se permite la sugestividad en las preguntas; en cambio, tratándose del defensor, su interrogatorio se sujeta a las reglas del examen directo. Tal conclusión se infiere del artículo 330 del Código Procesal Pen al. A su turno, el acta que se extienda de esta declaración podrá ser usada en el juicio oral para incorporarla a través de su lectura en el caso del artículo 331, letra d) y en las hipótesis que consagra el artículo 332 del C.P.P. En este último caso, si el acusado olvida una parte de la declaración o cae en contradicción, se podrá recurrir a esta declaración prestada ante el Tribunal para los efectos de refrescar memoria o superar dicha contradicción. Sobre este particular, rige lo que señalábamos más arriba acerca de la forma de realizar el ejercicio. Otro momento en que el acusado puede declarar es dentro del juicio oral propiamente tal. Referente a su declaración, rige el artículo 326 del C.RR inciso 3, que señala que una vez terminados los alegatos de apertura tanto de la parte acusadora como de la defensa, el acusado podrá prestar declaración. En el evento que opte por declarar, el presidente de la sala le señalará que en primer lugar declarará libremente y luego será interrogado por el fiscal, el q uerellante, si lo hubiere, y el defensor. Finalmente, el o los jueces podrán formularle preguntas destinadas a aclarar sus dichos (artículo 326 inciso 3). Como señalábamos anteriormente, esta norma se complementa con el artículo 330 inciso 4, que refiere que la parte que presenta esta declaración del acusado, esto es, el defensor, debe sujetar su examinación a las reglas del examen directo; en cambio, fiscal y defensor pueden hacer preguntas en forma sugestiva, de acuerdo a la técnica del contrainterrogatorio. Termina el artículo 326 del C.P.P. Señalando que "en cualquier estado del juicio, el acusado podrá solicitar ser oído, con el fin de aclarar o complementar sus dichos". Ello significa que en cualquier momento de la prueba, sea del fiscal, del querellante y evidentemente del defensor, el acusado puede solicitar declarar. Obviamente, si lo hace, se aplicarán nuevamente las reglas de artículo 326 inciso 3, en el sentido que si presta declaración para aclarar sus dichos, podrá ser contrainterrogado por el fiscal y defensor y luego examinado directamente por el defensor, en ese orden, para luego finalizar con la posibilidad de interrogación directa por los jueces. La última posibilidad que tiene el acusado de expresarse la señala el artículo 338 del Código Procesal Penal, en el sentido que después de terminados los alegatos de clausura, con sus respectivas réplicas, "se otorgará al acusado la palabra, para que manifieste lo que estimare conveniente. A continuación, se declarará cerrado el debate". En este último caso, el acusado se expresa no a través de una declaración sujeta al contrainterrogatorio y examen directo antes referido, sino que únicamente toma la palabra y señala lo que cree conveniente con toda libertad.
Efectuada la declaración o sin ella, se cierra el debate y el Tribunal entra en deliberación en privado (artículo 339 del Código Procesal Penal). III.- Contraexamen. La facultad de contraexaminar aparece regulada en el C.P.P., específicamente en el artículo 330, que señala que durante el interrogatorio las partes que hubieren presentado a un testigo o perito no podrán formular sus preguntas de tal manera que ellas sugirieren su respuesta, norma de la cual se deduce a contrario sensu que en el contraexamen sí es posible interrogar en forma sugestiva. A su turno, el inciso 2 de la misma norma se refiere a que durante el contrainterrogatorio las partes podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentados en el juicio. IV.- Objeciones. El Código Procesal reglamenta las causales en que pueden fundamentarse las objeciones en diversos artículos. Esos artículos no reconocen las mismas causales que existen en sistemas comparados de litigación, sin perjuicio que estas causales pueden subsumirse en alguna de las que reconoce la ley. Ello significará que el litigante, ante una pregunta objetable, deberá reconocer la causal en que se funda y a que hicimos referencia en los párrafos precedentes y subsumirla en una que sí reconoce la legislación chilena. Señalaremos por tanto las causales que contempla el Código y a cuáles de ella se extiende. Preguntas impertinentes Reconocen su fundamento legal en el artículo 292 del Código Procesal Penal, que señala que "el juez presidente de la sala dirigirá el debate, ordenará la rendición de las pruebas... Podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero sin coartar el ejercicio de £ la acusación ni el derecho a la defensa" Dentro de esta causal podemos subsumir: a) las preguntas impertinentes propiamente tales, y b) las especulativas. Preguntas inadmisibles. También tiene su fundamento legal en el artículo 292 del Código Procesal Penal antes referido cuando sostiene que "el juez presidente de la sala dirigirá el debate, ordenará la rendición de las pruebas... Podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero sin coartar el ejercicio de la acusación ni el derecho a defensa". Dentro de las preguntas inadmisibles encontramos: a) las preguntas por opinión, y b) las que violan derechos fundamentales. Estas últimas encuentran su respaldo legal, asimismo, en los artículos 305 y 334 del Código Procesal Penal. Preguntas sugestivas
El artículo 330 del Código Procesal Penal sostiene que durante el interrogatorio las partes que hubieren presentado a un testigo o perito no podrán formular sus preguntas de tal manera que sugieran la respuesta. La pregunta sugestiva, en cambio, está permitida en el contraexamen. Recordemos que puede subsumirse en esta causal no sólo la pregunta que contiene la respuesta, sino que asimismo aquella que insinúa la respuesta o la línea de interrogación. Preguntas engañosas El artículo 330 del Código Procesal Penal señala en el inciso 3 que "en ningún caso se admitirán preguntas engañosas". Ahora bien, dentro de las engañosas encontramos: a) las preguntas compuestas; b) las preguntas repetitivas; c) las preguntas que asumen hechos no incorporados al juicio; d) las preguntas que en el parafraseo citan erróneamente al testigo o perito. Preguntas que coaccionan al testigo o perito Se encuentran reglamentadas en el artículo 330 inciso 3 del Código Procesal Penal cuando señala que "en ningún caso se admitirán preguntas engañosas, aquéllas destinadas a coaccionar ilegítimamente al testigo". Dentro de esta causal encontramos las preguntas que hostilizan al testigo o perito. Preguntas poco claras Están también contempladas en el artículo 330 inciso 3° del Código Procesal Penal, que veda la posibilidad de realizar preguntas poco claras para los destinatarios de las mismas. Dentro de este género de preguntas podemos incluir las ambiguas, vagas o poco claras. Recordemos que el artículo 330 del C.P.P. termina señalando que "estas normas se aplicarán al imputado cuando se allanare a prestar declaración". V.- Objetos El artículo 333 del Código Procesal Penal señala que "los objetos que constituyeran evidencia deberán ser exhibidos y podrán ser examinados por las partes", a la vez que la segunda parte del mismo artículo agrega que "todos estos medios podrán ser exhibidos al acusado, a los peritos o testigos durante sus declaraciones, para que los reconocieren o se refirieren a su conocimiento de ellos". VI.- Prueba instrumental. El artículo 295 del Código Procesal Penal sostiene que todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley. Esta norma consagra el principio de libertad de prueba, esto es, la posibilidad de las partes de producir el convencimiento del tribunal por cualquier vía, siempre que el medio haya sido producido e incorporado en conformidad a la ley. Para la instrumental, el artículo 333 del Código Procesal Penal asimila la noción de instrumentos a la de documentos, cuando señala que "los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen", norma que más adelante agrega que
"el tribunal podrá autorizar, con acuerdo de las partes, la lectura o reproducción parcial o resumida de los medios de prueba mencionados, cuando ello pareciere conveniente y se asegurare el conocimiento de su contenido. Todos estos medios podrán ser exhibidos al acusado, a los peritos o testigos durante sus declaraciones, para que los reconocieren o se refirieren a su conocimiento de ellos". VII.- Otros medios de prueba. El artículo 295 del Código Procesal Penal consagra el principio de libertad de prueba al disponer que "todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley". Complementando lo anterior, el artículo 323 del Código Procesal Penal establece que "podrán admitirse como pruebas películas cinematográficas, fotografías, fonografías, videograbaciones y otros sistemas de reproducción de la imagen o del sonido, versiones taquigráficas y, en general, cualquier medio apto para producir fe". El inciso 2 del referido artículo expresa que "el tribunal determinará la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola, en lo posible, al medio de prueba, más análogo". El artículo 333 del Código complementa el sistema de los otros medios de prueba al regular la forma de su incorporación al juicio cuando sostiene "las grabaciones, los elementos de prueba audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se re-producirán en la audiencia por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes. El tribunal podrá autorizar, con acuerdo de las partes, la lectura o reproducción parcial o resumida de los medios de prueba mencionados, cuando ello pareciere conveniente y se asegurare el conocimiento de su contenido. Todos estos medios podrán ser exhibidos al acusado, a los peritos o testigos durante sus declaraciones, para que los reconocieren o se refirieren a su conocimiento de ellos". De estas normas se infieren las etapas de incorporación del otro medio de prueba a que hicimos referencia en el p árrafo precedente. VIII.- Alegato de clausura. Regula el alegato de clausura el artículo 338 del Código Procesal Penal que señala: "concluida la recepción de las pruebas, el juez presidente de la sala otorgará sucesivamente la palabra al fiscal, al acusador particular, al actor civil y al defensor, para que expongan sus conclusiones. El tribunal tomará en consideración la extensión del juicio para determinar el tiempo que concederá al efecto. Seguidamente, se otorgará al fiscal, al acusador particular, al actor civil y al defensor la posibilidad de replicar. Las respectivas réplicas sólo podrán referirse a las conclusiones planteadas por las demás partes. Por último, se otorgará al acusado la palabra, para que manifestare lo que estimare conveniente. A continuación se declarará cerrado el debate". Como vemos, la norma es bastante escueta, pero clara. Es el Tribunal el que señala la duración de los alegatos de clausura tomando en cuenta la extensión del juicio. Lo que sí permite la ley, luego de la clausura, es la posibilidad de replicar acerca de las conclusiones planteadas por las demás partes del juicio. En otros términos, en la réplica lo que corresponde es hacerse cargo de lo erróneo de los argumentos expuestos por los demás intervinientes en sus clausuras, pero no realizar un nuevo alegato de clausura.
