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Casuística de

Jurisprudencia Civil

PRESENTACIÓN Generalmente lo primero que hacen los abogados cuando se hacen cargo de un proceso judicial, es buscar jurisprudencias en la que se hayan tratado casos iguales o similares al que han aceptado patrocinar. Respondiendo a esta necesidad, el Comité Editorial de Diálogo con la Jurisprudencia ofrece a sus suscriptores la jurisprudencia en forma de casos a través de la obra Casuística de Jurisprudencia Civil. Esta publicación contiene una exhaustiva selección de 308 casos redactados con base en sentencias emitidas por las Salas Civiles de las Cortes Superiores y de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Tribunal Registral que abordan algunos de los principales procesos vistos por nuestra judicatura, sobre todo aquellos caracterizados por la riqueza argumentativa y/o problemática jurídica que presentaron. La obra presenta la jurisprudencia bajo la forma de casos jurídicos, algunos de ellos con criterios contradictorios, narrados con un lenguaje jurídico claro que permite al lector conocer con facilidad los hechos materia del conflicto y los criterios jurisprudenciales contenidos en las sentencias emitidas por los tribunales judiciales. Cada caso tiene un título general que permite al lector conocer de manera fácil el contenido del tema relevante del caso, permitiendo al operador del Derecho ubicar rápidamente un caso que se asemeje a alguno que esté patrocinando o conociendo en su actividad profesional, pudiendo contar así con un precedente judicial o administrativo antes emitido. En la narración y desarrollo de cada caso jurídico, se incide preferentemente en la información de relevancia para que el lector comprenda el contexto en el cual se expidió el criterio jurisprudencial. Así, se abordan los hechos que dieron origen a la demanda, las defensas efectuadas por los demandados, las pruebas ofrecidas y valoradas por las instancias respectivas, el sentido del fallo de la sentencia de primera instancia, los

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casuística de jurisprudencia CIVIL

argumentos de los recursos impugnatorios y la decisión emitida por el tribunal. Esto permite al lector identificar algunos elementos importantes a efectos de utilizarlos para la defensa de sus patrocinados. Los casos están clasificados y sistematizados siguiendo la estructura temática del Código Civil. En ese sentido, la obra está dividida en los siguientes capítulos: Título Preliminar, Acto Jurídico, Derecho de Familia, Derecho de Sucesiones, Derechos Reales, Obligaciones, Contratos, Responsabilidad Civil, Prescripción y Caducidad, Registros Públicos y Derecho Internacional Privado. En suma, los títulos, la forma de redacción, clasificación y sistematización de los casos coadyuvan y permiten que sean de fácil ubicación y recordación. La obra es un valioso aporte, sobre todo en un sistema jurídico como el nuestro, que se caracteriza por atribuir un valor preponderante a la norma jurídica escrita emanada de los órganos legislativos, con menoscabo de otras fuentes del Derecho como lo es la norma emanada de los órganos que administran justicia y que dan lugar a lo que denominamos jurisprudencia. Esperamos que esta nueva entrega de nuestro sello editorial sea de la mayor utilidad y provecho para todos los suscriptores de Diálogo con la Jurisprudencia así como todos aquellos los que estén vinculados al ejercicio del Derecho Civil. JUAN CARLOS ESQUIVEL OVIEDO Jefe del Área de Jurisprudencia

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Capítulo 1

Título preliminar

ABUSO DE DERECHO

001

EXIGIR AL PROPIETARIO DEL PREDIO EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARRENDATARIO CONSTITUYE ABUSO DE DERECHO SI AQUEL NO AUTORIZÓ EL CONTRATO DE SUMINISTRO

Edelnor interpuso una demanda de obligación de dar suma de dinero con el fin de que la arrendataria de un inmueble le pague la suma de S/. 25,773.18 por concepto de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Cuando se notificó la demanda al domicilio de la demandada, el propietario del inmueble la devolvió alegando que la demandada fue su arrendataria y que el contrato había fenecido. Ante tal situación el juez declaró al propietario del predio como litisconsorte necesario y a la demandada como rebelde. Asimismo, el juez consideró que para mejor resolver era necesario que se presente el contrato de suministro celebrado entre Edelnor y la demandada (arrendataria), las cartas enviadas por esta a Edelnor y la copia del contrato de arrendamiento del predio. Tanto en primera y segunda instancia se declaró fundada la demanda, ordenando al propietario del predio (litisconsorte) el pago solidario de la deuda de su arrendatario. La decisión del fallo de primera instancia se fundamentó en la declaración de rebeldía de la accionada y su litisconsorte, así como en el artículo 82 de la Ley General de Concesiones Eléctricas. Mientras que en segunda instancia, la sala señaló que no ha sido materia de debate en las instancias si el contrato de suministro fue celebrado con autorización del demandado. Asimismo, se señaló que el contrato de arrendamiento contenía cláusulas relacionadas con la electricidad, por lo que concluye que al arrendarse el bien existía un contrato de suministro.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 395-2003-Lima (Data 45 000) Demandante: Edelnor Demandado: Textiles Tradición S.A. Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 2 de agosto de 2004


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 395-2003-Lima (Data 45 000) Demandante: Edelnor Demandado: Textiles Tradición S.A. Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 2 de agosto de 2004

El propietario del predio (litisconsorte) interpuso recurso de casación pues consideró que se había contravenido el artículo IX del Título Preliminar y el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, ya que en su opinión no se había merituado el contrato de arrendamiento, ni las cartas enviadas por la demandada. Asimismo, denunció la inaplicación del artículo 2 inciso 2.1 del parágrafo a) de la Directiva N° 029-95-EM/DGE, aprobada por Resolución Directoral N° 092-95-EM/DGE, la cual dispone que el predio y el propietario del mismo quedan liberados de la responsabilidad relacionada con los pagos derivados de la prestación del servicio de suministro de energía, cuando un tercero solicita el suministro de energía eléctrica y el concesionario la otorga sin contar con la autorización expresa y escrita del propietario del predio. En cuanto a la primera causal denunciada, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema estimó que en la resolución de vista sí se valoró el contrato de arrendamiento, y aunque no se citan las cartas, de acuerdo al artículo 197 del Código Procesal Civil, todos los medios probatorios son valorados en forma conjunta, debiendo utilizar el juez sus valoraciones esenciales que sustenten el fallo, por lo cual se declaró infundada esta causal. Con relación a la inaplicación del artículo 2 inciso 2.1 del parágrafo a) de la Directiva N° 029-95-EM/DGE, la Sala Suprema declaró fundado el recurso, pues el propietario del predio no otorgó autorización expresa y escrita para que su arrendataria solicitara el suministro de energía eléctrica, por lo que no procedía exigirle el pago demandado. A criterio del Tribunal Supremo, los concesionarios pueden requerir la intervención de los propietarios, pues son ellos quienes van a otorgar el suministro a los terceros, mientras que por el contrario los propietarios no siempre cuentan con la posibilidad de conocer del contrato de suministro, ni sus términos; y en ese sentido, aceptar la configuración de la solidaridad para beneficiar a la concesionaria que omitió realizar la conducta que vincule al propietario, perjudicando al propietario no interviniente en el contrato de suministro que no se sirvió de la energía eléctrica brindada, constituiría un abuso en el ejercicio del derecho que la ley proscribe conforme al artículo II del Título Preliminar del Código Civil.

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título preliminar

002

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN NO CONFIGURA ABUSO DEL DERECHO

En un proceso de ejecución se demandó el pago de las cuotas y de las penalidades pactadas en un contrato de arrendamiento financiero. La demandada, vía contradicción, solicitó la reducción de la penalidad establecida en una de las cláusulas del contrato de leasing contradiciendo el mandato de ejecución. La contradicción interpuesta fue declarada infundada por lo que se ordenó el remate del inmueble. Esta decisión fue confirmada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima. Sin embargo, esta consideró si bien el contrato de leasing contiene una penalidad para el caso de incumplimiento de la empresa demandada, esta puede pedir su reducción equitativa cuando es manifiestamente excesiva o cuando la obligación principal hubiese sido en parte o irregularmente cumplida, según el artículo 1346 del Código Civil; sin embargo, tal derecho no puede ser opuesto o reconocido en un proceso de ejecución de garantías, por lo que declaró inexigible la obligación demandada en el extremo de la penalidad demandada. Es así que la empresa demandante interpuso recurso de casación argumentando la interpretación errónea del artículo II del Título Preliminar del Código Civil (abuso del derecho) y del artículo 1346 del mismo Código (reducción judicial de la pena), alegando que el mandato de ejecución ha sido expedido de manera indebida porque contiene un monto inferior al petitorio, debiéndose tener presente que en la controversia se discute la ejecución de una garantía hipotecaria y no la ejecución de una penalidad. Asimismo, considera que la Corte Superior no habría entendido que la exigibilidad de las cuotas no vencidas impagas constituye una facultad concedida a la locadora, para que en caso de resolución por causal no imputable a esta pueda recuperar su inversión al momento de adquirir los bienes producto del contrato de leasing; por lo tanto, exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas no implica un abuso del derecho. Al respecto, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República señaló que la interpretación correcta del artículo 1346 del Código Civil en nada enervaría lo resuelto por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 559-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: América Leasing Sociedad Anónima Demandado: Segundo Felipe Villajulca Horna y otros Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 30 de abril de 2003


de Lima, pues no constituye materia controvertida la eficacia de la cláusula del contrato de arrendamiento financiero, la misma que, según esta Sala, se podía impugnar en la vía correspondiente. Por otro lado, consideró que el abuso del derecho es un límite jurídico contenido en nuestro Código Sustantivo, tendiente a que el individuo ejercite sus derechos subjetivos, sin causar lesión o daño a terceros o intereses ajenos no protegidos por normas específicas; lo que implica la existencia de la intención de dañar, la ausencia de interés, el perjuicio relevante y la conducta contraria a las buenas costumbres, lealtad y confianza recíproca. Sin embargo, la Sala estimó que en el presente caso no hay abuso de derecho, pues el exigir el cumplimiento de una obligación, corresponde al ejercicio legítimo de un derecho subjetivo. En este sentido, se declaró fundado el recurso de casación en cuanto a la interpretación errónea del artículo II del Título Preliminar del Código Civil. Es decir, se estableció que el mandato de ejecución es para cubrir la acreencia de la ejecutante ascendente.

003

ORDENAR EL PAGO DE UN MONTO MAYOR AL ADEUDADO PERMITIRÍA EL EJERCICIO ABUSIVO DEL DERECHO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República Cas. N° 2096-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Importaciones y Servicios “El Porvenir” Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada Demandado: Horacio Candioti Molina Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 19 de octubre de 2011

Una empresa interpuso demanda de obligación de dar suma de dinero exigiendo el pago de US$ 12,000.00 que sustentado en 21 letras de cambio, cada una equivalente a la suma de US$ 500.00, más los intereses devengados, costas y costos. No obstante que el ejecutado no contradijo el mandato ejecutivo, el juez advirtió que una de las letras de cambio no estaba protestada por lo que declaró fundada en parte la demanda y ordenó que el ejecutado pague la suma de US $ 11,500.00, o su equivalente en moneda nacional, más intereses legales, costas y costos del proceso, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. Esta decisión fue confirmada por la Corte Superior de Lima. El ejecutado consideró que la resolución de la Corte Superior contravino el debido proceso al ordenar un pago

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título preliminar

mayor al total consignado en las letras de cambio giradas válidamente. Por tal razón, interpuso recurso de casación por vulnerarse el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil que dispone que la decisión del juez debe sujetarse al mérito de lo actuado y al derecho. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia estimó que si bien es cierto que el ejecutado no contradijo en su debida oportunidad el mandato ejecutivo, también lo es que la obligación exigible es menor a la establecida en la resolución impugnada, pues de admitirse lo contrario se estaría permitiendo un ejercicio abusivo del derecho conforme establece el artículo II del Título Preliminar del Código Civil. En tal sentido, la corte suprema declaró fundado el recurso de casación interpuesto.

004

CÓNYUGE INOCENTE QUE NO SOLICITA LA CONVERSIÓN DE LA SEPARACIÓN LEGAL A DIVORCIO COMETE ABUSO DEL DERECHO

En un proceso de separación de cuerpos por causal de sevicia y divorcio ulterior, luego de diez años de quedar consentida la separación legal, el cónyuge culpable de esta (demandado) solicitó el divorcio por considerar que no tenía sentido la subsistencia del vínculo matrimonial, al no cumplir con la finalidad a la que se encuentra destinado el matrimonio. El juez de la causa declaró disuelto el vínculo matrimonial, decisión que fue confirmada por la Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima. La demandante (cónyuge inocente de la separación) interpuso recurso de casación, la cual se declaró procedente por la causal relativa a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso; ya que, según refirió la demandante, las instancias de mérito no han fijado una pensión de alimentos a su favor, ni una suma por concepto de indemnización por el daño moral sufrido de parte del cónyuge culpable y que de acuerdo al artículo 354 del Código Civil, la facultad de pedir del divorcio le corresponde a la cónyuge inocente y no al cónyuge culpable. La primera denuncia fue declarada infundada, pues la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema estimó que no se había vulnerado el debido proceso ya que la

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Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 119-2005-Lima (Data 45 000) Demandante: Benita Banda Carnero Demandado: Pedro Gómez Díaz Asunto: Separación de cuerpos por causal y divorcio ulterior Fecha: 28 de abril de 2006



demandante no peticionó que se fije una pensión alimenticia ni que se le pagué una indemnización por el daño moral. En cuanto a lo dispuesto en el artículo 354 del Código Civil, los vocales supremos en decisión en mayoría declararon infundado el recurso de casación pues citaron que en la Casación N° 1025-93-Lima se resolvió que si bien el cónyuge inocente tiene derecho a pedir que se declare disuelto el vínculo del matrimonio tratándose de separación por causal específica, también es cierto que la norma no prohíbe categóricamente que el cónyuge culpable pueda formular ese pedido; de lo contrario se estaría operando la omisión abusiva de un derecho por parte del cónyuge inocente. Este fallo estuvo sustentado además por los diferentes votos singulares. Así, el vocal Quintanilla Chacón señaló que respecto al argumento de que el artículo 354 del Código Civil solo faculta al cónyuge inocente a solicitar la disolución del vínculo matrimonial cuando se trata de la separación de cuerpos por causal específica, el cónyuge culpable puede pedir la disolución del matrimonio en tanto el texto del artículo 354 del acotado Código Sustantivo no lo prohíbe, pues de lo contrario se estaría operando la omisión abusiva de un derecho por parte del cónyuge inocente, lo cual no está permitido por la ley, conforme señala el artículo II del Título Preliminar del Código Civil. En el mismo sentido, el vocal Caroajulca Bustamante expuso lo siguiente: “respecto al artículo 354 del Código Civil, que autoriza únicamente al cónyuge inocente para solicitar la disolución del vínculo del matrimonio en los casos de separación por causal específica; se tiene que si bien el cónyuge inocente tiene derecho a pedir que se declare disuelto el vínculo del matrimonio, no es menos cierto que la citada norma no prohíbe expresamente que el cónyuge culpable pueda invocar dicho pedido. Por lo tanto, si la demandante en su calidad de cónyuge inocente no revocó su decisión por el divorcio relativo dentro del plazo, ni ejercitó su derecho a solicitar el divorcio absoluto en el plazo establecido en el aludido artículo 354 del Código Civil (modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28384), ello no era óbice para dejar expedito el derecho del cónyuge culpable; dado que

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sostener lo contrario configuraría un supuesto de abuso del derecho proscrito por el artículo II del Título Preliminar del Código Civil”. Por su parte, el Señor Vocal Manuel Miranda Canales señaló que la situación de culpabilidad del cónyuge demandado no puede dar lugar a imposibilitar a que este pueda pedir también la disolución del vínculo matrimonial, lo contrario implicaría dejar al libre arbitrio del cónyuge inocente de convertir una situación temporal –separación de cuerpos– a una situación permanente. Además, establecer que solo el cónyuge inocente puede pedir la conversión de la separación al divorcio, constituiría en el fondo amparar la omisión abusiva de un derecho, lo cual no resulta viable en virtud de lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar del Código Civil. Los vocales Sánchez-Palacios Paiva, Pachas Ávalos y Egúsquiza Roca emitieron un voto discordante, señalando que la regla del artículo 354 del Código Civil, que faculta solicitar la disolución del vínculo del matrimonio, claramente establece en su último párrafo que ese derecho podrá ser ejercido por el cónyuge inocente de la separación por causal específica; lo que quiere decir que el cónyuge culpable no tiene tal facultad. Al respecto invocan la Casación N° 1575-99 de fecha 15 de noviembre de 1999, donde se señala que el segundo supuesto del artículo 354 del Código Sustantivo se refiere al derecho que se concede al cónyuge inocente en los casos de separación por causal específica. Asimismo, en este voto discordante se advierte que se incurre en abuso del derecho, cuando en el ejercicio de este derecho el titular se excede manifiestamente de los límites de la buena fe, de modo que dicho ejercicio no se compatibiliza con la finalidad institucional y la función social en razón de las cuales se ha reconocido el respectivo derecho. Al respecto, según el voto discordante, el único que puede pedir la disolución del vínculo es el cónyuge inocente, quien no lo hace, lo que en modo alguno puede considerarse una omisión abusiva. De acuerdo a lo expuesto, los vocales que emitieron el voto discordante señalaron que era evidente la

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infracción del artículo 354 del Código Civil, pues se ha concedido una facultad a quien no es ni fue actor en ese proceso de separación, a quien no es el cónyuge inocente, infringiendo la norma procesal que dicho dispositivo contiene, por lo que consideraron que el recurso debía ser declarado fundado.

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APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO

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TEORÍA DE LOS HECHOS CUMPLIDOS DETERMINA APLICACIÓN INMEDIATA DE LA LEY A LOS HECHOS EXISTENTES

Se inició un proceso judicial con objeto de que se dilucide si el arbitraje a aplicarse en la solución de controversias o conflictos que pudieran surgir entre las partes al aplicar la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada por Decreto Ley N° 25844, su Reglamento debía ser de derecho o de conciencia. El juez de primera instancia declaró que en aplicación del artículo III del Título Preliminar del Código Civil y el contenido técnico de los acuerdos tomados en la sesión de directorio de una de las partes debía seguirse el procedimiento arbitral de conciencia previsto en la referida Ley de Concesiones Eléctricas. Esta decisión fue revocada por la Corte Superior, la que determinó que en aplicación de la teoría de los derechos adquiridos, y al haberse inscrito una de las empresas el 23 de febrero de 1935, corresponde aplicar el artículo 3 de la Ley N° 26572, de tal manera que el procedimiento arbitral debe ser uno de derecho. Ante tal fallo se interpuso un recurso de casación por la causal contenida en el inciso 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil, esto es, por interpretación errónea del artículo III del Título Preliminar y por la aplicación indebida del artículo 2120 del Código Civil. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, respecto a la primera denuncia, señaló que en las instancias de mérito se evidencia un conflicto de leyes en el tiempo y que hay diversas teorías para solucionar dicho conflicto. Así, está la aplicación inmediata de la norma, que es aquella que se aplica a los hechos jurídicos, situaciones jurídicas y relaciones jurídicas que suceden estando vigente la norma, desde el instante en que entra

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República Cas. N° 2052-2003-Lima (Data 45 000) Demandante: Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Centro Norte Demandada: Empresa de Generación Termoeléctrica Ventanillas Sociedad Anónima Asunto: Declaración judicial Fecha: 22 de setiembre de 2002


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República Cas. N° 2052-2003-Lima (Data 45 000) Demandante: Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Centro Norte Demandada: Empresa de Generación Termoeléctrica Ventanillas Sociedad Anónima Asunto: Declaración judicial Fecha: 22 de setiembre de 2002

en vigor hasta su derogación; mientras que la aplicación ultractiva, es la que se aplica a tales hechos, situaciones jurídicas y relaciones jurídicas sucedidos antes de entrar en vigencia; es decir, antes de su aplicación inmediata. En ese sentido, el artículo III del Título Preliminar del Código Civil consagra la teoría de los hechos cumplidos, la cual es un principio general del derecho, que establece la aplicación inmediata de la ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, por lo que en aplicación de la quinta disposición complementaria y transitoria de la Ley General de Arbitraje N° 26572 los procedimientos arbitrales iniciados antes de la vigencia de esta Ley se regirán por lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25935 y supletoriamente por la mencionada Ley. En ese sentido, la Sala determinó que al haberse presentado la carta de sometimiento a procedimiento arbitral el 18 de agosto de 2000, y al haberse admitido a trámite la solicitud de designación del tercer árbitro el 9 de octubre de 2000, y encontrándose recogida la institución sometida a discusión en el actual ordenamiento arbitral, es aplicable la teoría de los hechos cumplidos y no la teoría de los derechos adquiridos. Por lo que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República estableció que corresponde aplicar al caso la Ley General de Arbitraje N° 26572, vigente a la fecha de sometimiento, y en consecuencia al no haberse pactado el tipo de arbitraje, debe entenderse como uno de conciencia. En consecuencia, declararon fundado el recurso de casación, confirmándose la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda.

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título preliminar

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TEORÍA DE LOS HECHOS CUMPLIDOS TAMBIÉN SE APLICA A LOS HECHOS Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS NACIDAS AL AMPARO DE LA LEY ANTERIOR QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE DESARROLLO

En un proceso de declaración judicial, iniciado por una empresa eléctrica contra otra, se pretendía dilucidar el tipo de procedimiento arbitral que corresponde aplicar a las controversias surgidas entre las partes, esto es, si es uno de derecho o de conciencia, siendo relevante determinar si es aplicable la Ley N° 25935 o la Ley N° 26572, ambas leyes generales de arbitraje, ya que al no haber acuerdo expreso entre las partes, si se aplica la primera ley se presumiría que el arbitraje es de derecho, mientras que si se aplica la segunda ley, el arbitraje sería de conciencia. Tanto en primera como en segunda instancia se determinó que en atención a la regla que impera en nuestro ordenamiento positivo civil, es decir la teoría de los hechos cumplidos o de los hechos consumados, resulta aplicable la Ley General de Arbitraje vigente al momento en que surgió la controversia, es decir, la Ley N° 26572, que establece, salvo que las partes hayan pactado expresamente que el arbitraje será de derecho, el arbitraje se entenderá de conciencia. La demandada interpuso recurso de casación alegando la aplicación indebida de la Ley N° 26572, pues consideró que se debió aplicar la Ley N° 25935, Ley General de Arbitraje, dado que el pacto arbitral quedó perfeccionado bajo el imperio de dicha ley. La Corte Suprema señaló que para el problema de la aplicación de la ley en el tiempo, se debe analizar la teoría de los derechos adquiridos y la teoría de los hechos cumplidos. Así, expuso que el derecho positivo peruano ha optado como regla general por la segunda de las nombradas, conforme se desprende de lo dispuesto en el artículo III del Título Preliminar del Código Civil; sin embargo, advirtió que una excepción a esta regla general la constituye lo normado en el artículo 62 de la Constitución Política del Estado, la cual establece que la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato, no pudiéndose modificar los términos

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1380-2003-Lima (Data 45 000) Demandante: Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Centro Norte Demandada: Empresa de Generación Eléctrica de Lima Sociedad Anónima Abierta - Edegel Asunto: Declaración judicial Fecha: 24 de setiembre de 2003


contractuales por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, es decir, una clara aplicación de la teoría de los derechos adquiridos. La Corte Suprema prosiguió el análisis invocando la doctrina, la cual señaló que al haberse adoptado la teoría de los hechos consumados, la nueva ley se aplica no solamente a los hechos y consecuencias futuras, sino también a los hechos y consecuencias jurídicas nacidas al amparo de la ley anterior que se encuentren en proceso de desarrollo –no son todavía hechos consumados– al entrar en vigencia la nueva ley. Según esta teoría, para resolver el conflicto de leyes en el tiempo se debe averiguar no si un derecho se adquirió bajo el régimen de la ley antigua, sino si en el hecho de la realidad se cumlieron totalmente todos los elementos del supuesto de la norma derogada, es decir, si el hecho real se realizó íntegramente estando vigente la norma antigua. Es así que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema llegó a la conclusión de que en atención a la teoría de los hechos cumplidos o de los hechos consumados, resulta aplicable la Ley General de Arbitraje vigente al momento en que surgió la controversia, es decir, la Ley N° 26572, que establece, salvo que las partes hayan pactado expresamente que el arbitraje será de derecho, el arbitraje se entenderá de conciencia. En tal sentido, se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Edegel.

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EL NUEVO PLAZO LEGAL FIJADO PARA ACCEDER A UN DERECHO SE COMPUTA DESDE QUE ENTRÓ EN VIGENCIA LA NORMA

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1952-2003Lambayeque (Data 45 000) Demandante: Octimio Maglio Rivadeneira Urbina Demandada: Imelda Santamaría Sono Asunto: Divorcio por separación de hecho Fecha: 13 de enero de 2006

A pocos meses de entrar en vigencia la Ley N° 27495 que incorporó la separación de hecho como causal de divorcio, una persona demandó el divorcio en aplicación de dicha ley al estar separada desde 1964. En primera instancia, se declaró fundada la demanda. Asimismo, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó la resolución de primera instancia. No obstante, la cónyuge demandada interpuso recurso de casación argumentando la aplicación indebida del artículo 333 inciso 12 del Código Civil, toda vez que habiendo sido introducida la citada causal recién con la vigencia de la Ley N° 27495, ella no puede ser aplicada a un matrimonio que fue celebrado cuando no existía

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dicha causal. Asimismo, sostuvo la inaplicación del artículo 103 de la Constitución Política porque consideró que se debió aplicar la Constitución antes que la Ley N° 27495, pese a que esta señala en su primera disposición complementaria que se aplicará incluso a las separaciones de hecho, existentes al momento de su entrada en vigencia. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, estimó que para resolverse la controversia se debía determinar si la primera disposición complementaria y transitoria de la Ley N° 27495, es así que aplicando el principio de irrectroactividad de la ley contenido en el artículo 103 de la Constitución consideró que la disposición cuestionada es incompatible con el principio del referido principio. Así el colegiado supremo consideró que al ser el principio de irretroactividad de la ley uno de los fundamentos de la seguridad jurídica, los derechos creados bajo el amparo de la ley anterior mantiene su vigencia, y sobre ellos no tiene efecto la nueva ley, pues las leyes se dictan para prever situaciones futuras, pero no para imponerse sobre hechos ya producidos. En tal sentido, los plazos previstos en la Ley N° 27495 se computan a partir de su entrada en vigencia. En consecuencia, al haberse interpuesto la demanda de divorcio por causal de separación de hecho a los tres meses de la vigencia de la Ley N° 27495, se declaró fundado el recurso de casación ya que los plazos establecidos en ella no se habían cumplido.

008

APLICACIÓN DE INMEDIATA DE NUEVO PLAZO LEGAL FIJADO PARA ACCEDER A UN DERECHO NO AFECTA EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD

En un proceso de divorcio por separación de hecho en el que los cónyuges dejaron de hacer vida en común desde el año 1999, el juez de primera instancia amparó la demanda en aplicación de la primera disposición complementaria y transitoria de la Ley N° 27495 que señala que ley se aplicaría inclusive a las separaciones de hecho existentes al momento de su entrada en vigencia. Esta decisión fue confirmada por la Sala Civil de la Corte Superior.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1618-2004-Ica (Data 45 000) Demandante: Juan Gustavo Roque Hernández Demandada: Marilú Julia Aquije Cabrera Asunto: Divorcio por causal Fecha: 17 de mayo de 2006


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1618-2004-Ica (Data 45 000) Demandante: Juan Gustavo Roque Hernández Demandada: Marilú Julia Aquije Cabrera Asunto: Divorcio por causal Fecha: 17 de mayo de 2006

La demandada interpuso recurso de casación porque consideró que se había interpretado erróneamente la primera disposición transitoria de la Ley N° 27495, pues esta norma viola el segundo párrafo del artículo 103 de la Constitución y el artículo III del Título Preliminar del Código Civil, toda vez que ninguna ley puede tener efectos retroactivos, sino que se aplica a las consecuencias futuras, por lo que estima que al haberse presentado la demanda a los nueve meses de publicada la ley todavía no se había cumplido el plazo para que se proceda el divorcio. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema consideró que la interpretación y aplicación de la norma de la primera disposición transitoria de la Ley N° 27495 no contraviene lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 103 de la Constitución Política, ni lo regulado en el artículo III del Título Preliminar del Código Civil, puesto que la ley en cuestión se aplica, en este caso, a la consecuencia de la situación de hecho constituida por la separación de los cónyuges que ya se encontraba verificada a la fecha de su entrada en vigencia. Además se señaló que no debía entenderse que el cómputo del plazo de separación entre los cónyuges, como producto de la aplicación inmediata de la Ley N° 27495, pueda dar lugar a que se considere que aquella se está aplicando retroactivamente, pues dicho plazo constituye solo un parámetro mínimo fijado por la ley para determinar la relevancia de la separación física; por lo que es irrelevante cuestionar si la separación de hecho tuvo lugar antes o durante la vigencia de la ley, la que solo regula el divorcio conyugal como consecuencia de esa separación; de tal suerte que dicho cómputo tampoco contradice el principio de irretroactividad de la Ley. Por tales fundamentos declaró infundado el recurso de casación.

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LEY QUE ESTABLECE PROHIBICIONES CONTRACTUALES NO PUEDE APLICARSE A CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE SU VIGENCIA

Un banco interpuso demanda de ejecución de garantía, con el fin de proceder al remate de un bien inmueble que había hipotecado a su favor. La resolución de primera instancia declaró fundada la demanda, ordenando el remate del predio, la cual fue confirmada por la Sala Civil de la Corte Superior. El ejecutado interpuso casación alegando la inaplicación del artículo 1 de la Ley N° 27682, la cual modificó el artículo 172 de la Ley N° 26702 –Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros– que señala a partir de dicha modificatoria que los bienes dados en hipoteca, prenda o warrant a favor de una empresa del sistema financiero, solo respaldan las deudas y obligaciones expresamente asumidas para con ella por quien los afecta en garantía, siendo nulo todo pacto en contrario. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que para la aplicación del dispositivo legal se requiere que haya estado vigente a la fecha de la celebración del acto jurídico consistente en el contrato de ampliación de préstamo hipotecario y ampliación de garantía hipotecaria. En ese sentido, resolvió que como el contrato fue celebrado antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 27682, es incorrecto pretender aplicarla al contrato, ello de conformidad con el artículo III del Título Preliminar del Código Civil que establece que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Por tales razones, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1920-03-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco de Crédito del Perú Demandado: Hugo Ramos Castrellon y otro Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 28 de noviembre de 2003


010

REEMBOLSO DE ACCIONES POR EJERcICIO DE DERECHO DE SEPARACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES DEROGADA DEBEN PAGARSE CON INTERESES LEGALES

Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República Cas. N° 1075-2000-Callao (Data 45 000) Demandante: Viña Tacama Sociedad Anónima Demandado: Alfonso Olaechea Álvarez Calderón y otros Asunto: Reembolso de acciones Fecha: No se menciona

En un proceso en el que una sociedad pretendía que se establezca el reembolso de acciones por ejercicio del derecho de separación de los accionistas efectuado bajo la vigencia de la Ley de Sociedades (Ley N° 16123), los demandados reconvinieron solicitando que se les pague los intereses legales devengados desde la fecha del ejercicio del derecho de separación y la fecha de pago, ello en aplicación del artículo 200 de la Ley General de Sociedades vigente. El juez de la causa declaró la reconvención; no obstante, la Sala Civil de la Corte Superior revocó en parte la sentencia apelada en el extremo del pago de los intereses legales declarando fundado en parte dicho extremo y ordena que la accionante pague los intereses legales previstos en la actual Ley General de Sociedades a partir de su vigencia hasta la fecha de pago, debido a que el artículo 210 de la Ley de Sociedades derogada no contemplaba el pago de intereses en el reembolso del valor de las acciones, a diferencia de la ley actual, que entró en vigencia el 1 de enero de 1998. La demandante (la sociedad) interpuso recurso de casación alegando que se había interpretado erroneamente el artículo 200 de la actual Ley General de Sociedades, pues el derecho de separación de los accionistas demandados fue ejercido el 19 de agosto de 1996, fecha en que estaba vigente la antigua Ley General de Sociedades, razón por la cual y, ante el principio de irretroactividad de la norma (artículo 103 de la Constitución concordante con el artículo 2120 del Código Civil), no debió aplicarse la norma denunciada. Asimismo, alegar la inaplicación del artículo 103 de la Constitución Política del Estado y del artículo 210 de la antigua Ley General de Sociedades. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló que para resolver este caso se debe aplicar la teoría de los hechos cumplidos, la cual prefiere la aplicación inmediata de las normas antes que la ultractividad de la norma derogada; teoría que está contenida en el artículo III del Título Preliminar del Código Civil.

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título preliminar

En este sentido, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República concluyó que el extremo de la sentencia de vista que ordena a la empresa a pagar intereses desde el 1 de enero de 1998 no importa una aplicación retroactiva del artículo 200 de la Ley General de Sociedades sino la aplicación inmediata del citado dispositivo legal. Es así que se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la empresa.

011

PESE A QUE NORMAS PROCESALES SON DE APLICACIÓN INMEDIATA LAS REGLAS SOBRE LA COMPETENCIA DE PROCESOS EN TRÁMITE SE RIGEN POR LA LEY DEROGADA

Se interpuso una demanda sobre nulidad de acto jurídico contra una entidad financiera, una persona jurídica y una persona natural, mediante la cual se pretendía la nulidad de los acuerdos adoptados por la Junta de Acreedores y la nulidad e ineficacia de la tercera y cuarta subasta pública convocadas por la demandada. La entidad financiera conjuntamente con la persona jurídica demandada formularon excepción de incompetencia, invocando que la décimo cuarta disposición complementaria del Decreto Legislativo N° 845 señalaba que los órganos con competencia exclusiva para resolver las materias reguladas en este texto legal son las Comisiones Ad Hoc, las Comisiones de Reestructuración Patrimonial o el Tribunal del Indecopi, en sede administrativa, y las Salas correspondientes de la Corte Suprema de Justicia, en sede jurisdiccional, por lo que sostienen que el Juez Civil de Lima no es competente para conocer la presente causa. El demandante absolvió dichas excepciones invocando la única disposición derogatoria de la Ley N° 27809 (Ley General del Sistema Concursal), que deroga el Decreto Legislativo N° 845, con excepción de las disposiciones complementarias, finales, modificatorias y transitorias, las cuales mantendrán plena vigencia en todo lo que no se oponga a la primera ley. El demandante señala que en los artículos 73 y 79 de la Ley N° 27809 le otorga competencia al juez civil para conocer casos como el presente. Tanto en primera como en segunda instancia se resolvió amparando la excepción de incompetencia, en aplicación de la décimo cuarta disposición complementaria del Decreto Legislativo N° 845.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2412-2006-Lima (Data 45 000) Demandante: Gustavo Adolfo Ríos Hinostroza Demandados: Banco de Crédito del Perú e Imagen Empresarial Sociedad Anónima Cerrada Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 20 de marzo de 2007


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2412-2006-Lima (Data 45 000) Demandante: Gustavo Adolfo Ríos Hinostroza Demandados: Banco de Crédito del Perú e Imagen Empresarial Sociedad Anónima Cerrada Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 20 de marzo de 2007

Ante tal situación, el demandante interpone recurso de casación contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima alegando que la decisión contraviene los artículos 73 y 79 de la Ley N° 27809, ya que tales normas determinan que la competencia de la controversia planteada corresponde al juez civil. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema determinó que la controversia radica en establecer quién es competente para conocer la presente causa, en virtud de la aplicación de las normas concursales. Así, señaló que la regla general de la aplicación de la ley es la aplicación inmediata; en tal sentido, el texto constitucional prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, salvo en materia penal cuando favorece al reo. Al respecto, de acuerdo a esta Sala Suprema se debe tener en consideración la segunda disposición final del Código Procesal Civil (norma aplicable supletoriamente, de conformidad con la disposición primera final de la Ley del Sistema Concursal), según la cual las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite; sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior, las reglas de la competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado. De lo expuesto, la Corte Suprema concluyó que de acuerdo a la décima cuarta disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 845, los órganos competentes para conocer las controversias generadas respecto a las materias reguladas en dicho cuerpo legal son las Comisiones Ad Hoc, las Comisiones de Reestructuración Patrimonial o el Tribunal del Indecopi, en sede administrativa, y las Salas correspondientes de la Corte Suprema de Justicia de la República, en sede jurisdiccional; es decir que no es competente el Juez civil. Es así que se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el demandante, por la causal relativa a la contravención de normas que garantizan la observancia del debido proceso.

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título preliminar

012

NO ES APLICABLE LA TEORÍA DE DERECHOS ADQUIRIDOS SI NO SE PRUEBA TENER UN DERECHO CONSTITUIDO Y RECONOCIDO POR LA LEGISLACIÓN ANTERIOR

El representante de una sucesión demandó la nulidad de la transferencia acciones de una sociedad efectuadas por el causante. La demanda se sustentó en que la transferencia no había sido elevada a escritura pública siendo esta formalidad esencial para la validez del acto conforme lo establece el artículo 15 del estatuto de la sociedad. La demandada en su contestación señaló que al momento de la transferencia se aplicaba la Ley N° 16123, la cual establecía que la transferencia de acciones de una sociedad anónima no requería de la elevación de una escritura pública, sino de la sola anotación en el libro de registro de acciones y derechos. En la sentencia de primera instancia se declaró fundada la demanda, decisión que fue confirmada por la Sala Civil de la Corte Superior. En tal sentido, la demandada interpuso recurso de casación por la causal de inaplicación del artículo 2120 del Código Civil (Aplicación ultractiva de la norma), explicando que el acto jurídico realizado se rige por el Código Civil de 1936, norma que señala que para la transferencia de acciones y derechos solo se requería la anotación en el Libro de Transferencias. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema invocó a la doctrina para explicar la teoría de los derechos adquiridos y la teoría de los hechos cumplidos, señalando que estas teorías no eran excluyentes, pues ambas están de acuerdo en que a los hechos ocurridos bajo la vigencia de la normativa con la cual se perfeccionó el acto, se les aplica dichos mandatos jurídicos. Señalando que la teoría del hecho cumplido es partidaria de la aplicación inmediata, en tanto que la de los derechos adquiridos sostiene una aplicación ultractiva, por lo que para su aplicación se debe acreditar la existencia de un derecho constituido y reconocido por la legislación anterior. En tal sentido, como la demandada no cumplió con lo dispuesto en el estatuto de la sociedad para que se configure su derecho de propiedad sobre las acciones de estas, declaró infundado el recurso de casación.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3002-2003Loreto (Data 45 000) Demandantes: Hilda Soto Lachi Viuda de Alván y otros Demandada: Auria Wilma Alván del Castillo Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 10 de noviembre de 2004


013

PARA APLICAR LA TEORÍA DE LOS HECHOS CUMPLIDOS EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DEBE SER ACTUAL Y MANTENERSE AL MOMENTO DE PLANTEARSE LA DEMANDA

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 199-2004Huaura (Data 45 000) Demandante: Aureha Bartolomé Yanque viuda de Flores Demandada: Raquel Díaz Zenozaín Asunto: Prescripción adquisitiva Fecha: 2 de junio de 2005

Una persona interpuso una demanda sobre prescripción adquisitiva de dominio, la que en primera instancia fue declarada infundada. Sin embargo, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura revocó la sentencia de primera instancia. La demandada interpuso recurso de casación, el cual fue declarado fundado por la Sala Suprema, por la causal de aplicación indebida del Decreto Ley N° 17716, señalando la demandada, que la ley aplicable será aquella que regula las consecuencias jurídicas existentes al tiempo en que se pide el derecho de ser declarado propietario, es decir, que los presupuestos que la ley impone para el reconocimiento del derecho del demandante deben ser actuales y mantenerse al momento de plantearse la demanda de manera que la norma sustancial aplicable al caso submateria es el Código Civil. Al respecto, la Corte Suprema invocando el artículo III del Título Preliminar del Código Civil (la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes), señaló que los presupuestos que la ley impone para el reconocimiento del derecho de la demandante a ser declarada propietaria por usucapión, deben ser actuales y mantenerse presentes al tiempo en que se pide que dicho derecho sea declarado. De esta manera se declaró fundado el recurso de casación, y en consecuencia se confirmó la sentencia de primera instancia.

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título preliminar

014

PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY NO SE PUEDE IMPONER A HECHOS QUE GENERARON EFECTOS DISTINTOS DE AQUELLOS PREVISIBLES DENTRO DEL ORDEN JURÍDICO EXISTENTE al MOMENTO DE PRODUCIRSE

Mediante escritura pública de otorgamiento de fianza y constitución de hipoteca, dos personas naturales se constituyeron en fiadores solidarios y garantes hipotecarios de una sociedad anónima, otorgando primera y preferencial hipoteca a favor de una entidad financiera. Este inmueble fue transferido posteriormente a favor de la sociedad anónima, la cual fue sometida a concurso habiendo acordado la junta de acreedores la disolución de la sociedad. La entidad financiera después de que se suscribió el convenio de liquidación de la sociedad interpuso demanda de ejecución de garantía hipotecaria con el fin de proceder al remate del bien inmueble hipotecado. La resolución de primera instancia ordenó el remate del bien dado en garantía; asimismo, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la resolución de primera instancia. La demandada interpuso recurso de casación alegando la interpretación errónea del Texto Único Ordenado de la Ley de Reestructuración Patrimonial (Decreto Supremo N° 014-99-ITINCI) y el Decreto Supremo N° 121-2000-EF, que regulaba los artículos 16 y 48 de dicha norma, el cual establecía que los acreedores podrán ejecutar las garantías hasta la fecha de suscripción del convenio de liquidación, señalando que dicho decreto supremo es aplicable a los procedimientos concursales que a la fecha de su vigencia se encuentren en trámite; razón por la cual estimaba que a la fecha de presentación de la demanda, la demandante estaba imposibilitada de interponerla, ya que dicho decreto supremo se encontraba vigente. La Corte Suprema señaló que se encuentra probado que la demanda se interpuso el 24 de noviembre de 2000, esto es, cuando se encontraba vigente el Decreto Supremo N° 121-2000-EF; sin embargo, teniendo en consideración que el Convenio de Liquidación de la demandada fue suscrito antes de la del referido decreto supremo, no es aplicable dicha norma en atención al principio de la aplicación inmediata de la ley, que se conoce con el nombre de la teoría de los hechos cumplidos,

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 825-2004-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco de Crédito del Perú (Sucesor procesal del Banco Santander Central Hispano) Demandada: Augusta Delgado Drouard viuda de Arreluce Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 12 de julio de 2005


consagrado en los artículos III del Título Preliminar y 2121 del Código Civil. Asimismo, la Corte Suprema precisó que la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley sustantiva importa que las leyes se dictan para prever situaciones futuras, pero no para imponer a hechos ya producidos efectos distintos de aquellos que fueron previsibles dentro del orden jurídico existente en el momento de producirse, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 103 de la Constitución Política del Estado; consecuentemente no se ha configurado la causal in iudicando denunciada. En este sentido, se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la demandada.

015

NORMA APLICABLE PARA DILUCIDAR LA IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIETARIOS ES LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES VIGENTE A LA FECHA DEL ACUERDO

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 663-2002-Tacna (Data 45 000) Demandantes: Cristóbal Choque Toso y otros Demandados: Danilo Miguel Cohaila Ríos y otros Asunto: Impugnación de acuerdos y otros Fecha: 9 de mayo de 2003

Se demandó la impugnación de un acuerdo de expulsión de socios. Durante su desarrollo se trató si para resolver la controversia se debía aplicar las disposiciones de la Ley General de Sociedades derogada (Ley N° 16123) o la actual ley, esto debido a que el acuerdo impugnado se adoptó durante la vigencia de la ley derogada, pero la demanda se interpuso durante la vigencia de la ley actual. Al resolver la apelación interpuesta por la parte perjudicada, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna revocó en un extremo y confirmó en otro la sentencia de primera instancia, declarando infundada la demanda, determinando que la ley aplicable para la solución de la controversia era la Ley General de Sociedades vigente. Los demandados al presentar el recurso de casación alegaron la aplicación indebida del artículo 144, entre otros, de la Ley General de Sociedades N° 26887. Al respecto, la Civil Permanente de la Corte Suprema de la República, como la sociedad demandada, adoptó el acuerdo de exclusión antes de la vigencia de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, por lo que corresponde que se aplique al caso ultractivamente la Ley General de Sociedades derogada y el artículo 144 de la ley vigente, razón por la cual declaró fundado el recurso de casación.

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ORDEN PÚBLICO

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VENDER POR SEGUNDA VEZ UN INMUEBLE AFECTA EL ORDEN PÚBLICO

Los compradores de un inmueble demandaron la nulidad de la segunda venta del inmueble efectuada por el vendedor a favor de otra persona. El juez de primera instancia consideró que la segunda transferencia efectuada por los demandados constituye un ilícito penal al vender un bien ajeno, por lo que, conforme al artículo 219 inciso 8 del Código Civil, declaró fundada la demanda de nulidad. No obstante, la Sala Superior al resolver la apelación consideró que la venta de un bien ajeno no es nula, sino anulable a solicitud del comprador, sustentándose al efecto en los artículos 1539, 1540 y 1541 del Código Civil. Es así que los demandantes interpusieron recurso de casación, sosteniendo la inaplicación del artículo 219 inciso 8 del Código Civil, concordado con el artículo V del Título Preliminar del referido código, pues al haberse vendido por segunda vez un inmueble sublitis, dicha venta es nula. Al respecto, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia señaló que el inciso 8 del artículo 219 del Código Civil se remite al artículo V del Título Preliminar del código, debido a que se sanciona con nulidad los actos jurídicos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, entendiéndose como aquel al conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe transigencia ni tolerancia, por afectar principios fundamentales de la sociedad o las garantías de su existencia. Es por esto que es forzoso concluir que toda conducta que incurre en un ilícito penal afecta el orden público.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1657-2006-Lima (Data 45 000) Demandantes: Francisco Javier Salazar López y Frieda Mónica Calagua Sánchez de Salazar Demandada: Casa Richard’s Sociedad de Responsabilidad Limitada Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 20 de julio de 2006


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1657-2006-Lima (Data 45 000) Demandantes: Francisco Javier Salazar López y Frieda Mónica Calagua Sánchez de Salazar Demandada: Casa Richard’s Sociedad de Responsabilidad Limitada Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 20 de julio de 2006

De lo expuesto, la Sala concluyó que se había configurado la causal prevista en el artículo 219 inciso 8 del Código Civil, por lo que declaró nulo el acto jurídico celebrado, pues con el referido acto se vende un bien ajeno. De esta manera se declaró fundado el recurso de casación.

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IURA NOVIT CURIA

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APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA SE ENCUENTRA ARREGLADa A LEY CUANDO NO SE HA SUSTENTADO EN HECHOS AJENOS A LOS ALEGADOS POR LAS PARTES

Una entidad financiera interpuso demanda de obligación de dar suma de dinero con el objeto de que una compañía minera cumpla con pagarle la suma de S/. 27’330,988.34 representado en un pagaré. Al respecto, la demandada formuló contradicción alegando la inexigibilidad de la obligación, pues señaló que las personas que aparecen suscribiendo el título valor en su representación habían renunciado a sus cargos con anterioridad. La Corte Superior de Justicia de Lima al resolver la apelación confirmó en un extremo y revocó en otro la sentencia apelada, declarando fundada la contradicción e improcedente la demanda de obligación de dar suma de dinero. Es así que la entidad financiera interpuso recurso de casación, argumentando que la sentencia expedida por la Corte Superior afectó el principio de congruencia al amparar la nulidad formal del título valor, lo que le generó indefensión, pues no han podido defender la validez del título valor, vulnerándose así el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, señalando, asimismo, que dicha afectación se quiso justificar con el principio iura novit curia (artículo VII del Título Preliminar del Código Civil). La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia señaló que si bien la parte demandada sustentó su contradicción en la inexigibilidad de la obligación, fue correcto que la Corte Superior haya considerado que la contradicción de la demandada se sustentaba en nulidad formal al aplicar el principio iura novit curia toda vez que la decisión se sustentó en hechos alegados por las partes; por lo que es deber de los juzgadores aplicar el derecho que corresponde. Por tales razones, declaró infundado el recurso de casación.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 961-2005-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco Wiese Sudameris Demandada: Compañía Minera Erika Sociedad Anónima Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 25 de noviembre de 2005


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SE AFECTA EL DEBIDO PROCESO SI JUEZ FUNDA SU DECISIÓN EN HECHOS DIVERSOS DE LOS QUE HAN SIDO ALEGADOS POR LAS PARTES

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1331-2005-Cono Norte de Lima (Data 45 000) Demandante: Empresa Vega Upaca Sociedad Anónima Demandada: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 26 de marzo de 2006

Una empresa interpuso demanda de obligación de dar suma de dinero contra una municipalidad por concepto del monto de dos facturas que representaban el servicio de planta de transferencia y relleno sanitario. Por su parte, la municipalidad demandada contestó la demanda alegando que no cuestionaba el servicio prestado, sino el monto reclamado. En la Audiencia de Conciliación se señalaron como puntos controvertidos los siguientes: 1. Determinar si procede que el demandado pague la suma demandada; 2. Determinar si procede el pago de intereses devengados y por devengarse hasta su cancelación a favor de la parte demandante; y, 3. Determinar si procede el pago de costas y costos a favor de la demandante. En primera instancia, la demanda es declarada fundada. Sin embargo, la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima revoca la sentencia apelada. En segunda instancia, además de pronunciarse respecto a la procedencia del pago de la obligación reclamada, la Segunda Sala Civil también se pronunció sobre la existencia o validez de un contrato celebrado entre las partes y sobre las facultades del director municipal de la municipalidad demandada. Es así que la empresa demandante interpone recurso de casación por considerar que se había contravenido el debido proceso al haberse vulnerado los artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6 y 122 inciso 4 del Código Procesal Civil. El impugnante estimó que la Sala de mérito se pronunció sobre hechos no alegados por las partes, desconociendo los puntos controvertidos establecidos en la audiencia respectiva. Al respecto, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que el artículo VII

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título preliminar

del Título Preliminar del Código Procesal Civil establece que el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o haya sido invocado erróneamente, pero no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. En efecto, el fundamento de la prohibición de que el juez pueda ir más allá del petitorio o de los hechos invocados por las partes, según la Sala, reside no solamente en el hecho de que estos extremos corresponden a las partes, quienes tienen disposición para poder postularlos o no dentro de un proceso, sino también a la garantía del derecho de defensa, porque los hechos y el petitorio van a fijar los límites del debate probatorio en el que se afectaría el referido derecho si el juez emite pronunciamiento sobre la base de hechos respecto de los cuales las partes no han tenido la oportunidad de poder pronunciarse y formular sus alegaciones correspondientes. De acuerdo a esto, la Sala llegó a la conclusión de que en la sentencia de vista se había emitido pronunciamiento sobre hechos no invocados por las partes, afectándose el derecho de defensa, así como lo previsto en los artículos VII del Título Preliminar y 122 inciso 4 del Código Procesal Civil. En tal sentido, habiéndose configurado la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, se declaró fundado el recurso de casación.

019

POTESTAD DEL JUEZ DE DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD DE UN ACTO JURÍDICO APLICANDO EL IURA NOVIT CURIA SE DEBE EJERCER RESPETANDO EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA

Se demandó la nulidad de un contrato de donación de un inmueble y del contrato de compraventa del predio celebrado por la donataria y un tercero, alegando la demandante que ambos contratos tuvieron como objeto la transferencia del 100% de los derechos y acciones de un inmueble, sin considerar que la demandante es propietaria del 25% por haberlo declarado así la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante ejecutoria del 12 de febrero de 1993, razón por la cual dichos actos jurídicos son nulos en aplicación de los incisos 4, 5 y 7 del artículo 219 del Código Civil.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 554-2004Cusco (Data 45 000) Demandante: Isabel Yolanda Medina Gorgona de Pereira Demandados: Enrique Gamio Guillén y otros Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 7 de junio de 2005


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 554-2004Cusco (Data 45 000) Demandante: Isabel Yolanda Medina Gorgona de Pereira Demandados: Enrique Gamio Guillén y otros Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 7 de junio de 2005

La sentencia de primera instancia declaró nula la donación realizada por las codemandandas, pero la declaró infundada en cuanto a la nulidad de la compraventa. Para el juez, la donación tiene como antecedente el contrato por el cual la donante adquirió la propiedad del inmueble sublitis, a pesar de que la demandante sostenía un proceso sobre otorgamiento de escritura pública en el que la Corte Suprema le reconoció el derecho sobre el 25% del inmueble, luego de lo cual aquella planteó la división y partición del bien lo que fue amparado ordenándose su entrega material. Por tales razones, el juez determinó que la transferencia realizada sobre el 25% del inmueble de propiedad de la demandada adolece de causal de nulidad absoluta contenida en el inciso 8 del artículo 219 del Código Civil, y no puede surtir efectos válidos, en tanto que una persona no puede vender un bien ajeno si no tiene la autorización clara e inequívoca del propietario, por ello declaró nula la donación de la totalidad del inmueble. Tras la apelación, la sentencia de segunda instancia resolvió integrar la apelada y, en aplicación del artículo 220 del Código Civil y del artículo 370 del Código Procesal Civil, dispuso declarar de oficio la nulidad parcial del contrato de transferencia por el cual la demandada (donante) adquirió la propiedad del inmueble sublitis. La nulidad fue declarada solo en cuanto al 25% del inmueble que le pertenece a la demandante. Es así que el donatario del inmueble interpuso recurso de casación denunciando la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, señalando que se transgredió el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues el Colegiado Superior se pronunció sobre una pretensión distinta a la que fue objeto de demanda, ya que el petitorio se circunscribía a la declaratoria de nulidad de dos relaciones jurídicas sustantivas: del acto de donación del inmueble efectuado a favor de la donataria (vendedora) y la transferencia del mismo a favor del comprador; sin embargo, las instancias de mérito se pronuncian declarando la nulidad parcial del acto de transferencia por el cual la donataria adquirió el bien. Respecto a la primera causal, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes

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título preliminar

o lo haya sido erróneamente. Tal precepto se encuentra comprendido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil y es conocido como el principio iura novit curia. Esta norma procesal cumple dos funciones: 1) Una supletoria, cuando las partes han omitido los fundamentos de derecho o la invocación de la norma jurídica que sustente la demanda y demás actos postulatorios; y, 2) Una correctiva, cuando las partes han invocado equivocadamente una norma jurídica como sustentatoria de sus peticiones, en cuyo caso el Juez debe corregir el error aplicando la norma jurídica pertinente. Frente al deber de suplir o corregir la invocación normativa de las partes, esta Sala señala que también existe la limitación que impone el principio de congruencia procesal, dado que el juez solo debe sentenciar según lo alegado y probado por las partes. En ese orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 220 del Código Civil faculta al juez a declarar de oficio la nulidad de un acto jurídico cuando este resulta manifiesto, sin embargo, dicha potestad debe ejercerla respetando el debido proceso y, particularmente, el derecho de defensa de las partes. En tal sentido, si el acto declarado nulo parcialmente es de hace más de 20 años, una sentencia razonablemente justa no debe omitir tal particularidad, así como tampoco el hecho de que a la parte afectada con dicha nulidad no se le ha permitido alegar ni probar sus argumentos de defensa frente a tal nulidad declarada. Por lo tanto, el fallo expedido por la Corte Superior es extra petita que no tiene su correlato en lo alegado por las partes y que, además, vulnera el derecho de defensa, por lo que se declaró fundado el recurso.

020

CUANDO SE RESUELVE coN BASE en LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS NO SE CONFIGURA UN FALLO EXTRA PETITA

La demandante interpuso demanda de reivindicación a fin de que la demandada le restituya la posesión de 18 m2 de un terreno que ocupa dentro de otro de mayor extensión, debido a que la demandante adquirió dicho inmueble con las construcciones existentes en el año 1996. La demandada contestó la demanda, aduciendo que esta debe ser declarada improcedente porque la porción de terreno que ocupa lo hace en mérito al contrato privado de transferencia de mejoras de fecha suscrito

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 311-2005-El Santa(Data 45 000) Demandante: Juana Cecilia Cueva Espinoza Demandada: Alejandrina Lidia Paredes Gonzáles Asunto: Reivindicación Fecha: 21 de setiembre de 2010


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 311-2005-El Santa (Data 45 000) Demandante: Juana Cecilia Cueva Espinoza Demandada: Alejandrina Lidia Paredes Gonzáles Asunto: Reivindicación Fecha: 21 de setiembre de 2010

en el año 1984. La demandada agregó que sobre el terreno que ocupa existen edificaciones que le fueron vendidas, además que levantó un segundo piso. En primera instancia, el juez declaró fundada la demanda. De la misma manera, la Sala Superior confirmó la sentencia de primera instancia. En tal sentido, la demandada interpuso recurso de casación, el cual se declaró procedente por la causal relativa a la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. De esta manera, la demandada señaló que se habría contravenido el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues se ha resuelto más allá del petitorio por cuanto la pretensión incoada está referida exclusivamente a la restitución de los 18m2 de terreno más no señala nada respecto a las edificaciones de la demandada, las que se encuentran debidamente acreditadas. La Sala Suprema advirtió que el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil permite al juez aplicar el derecho que corresponde al proceso aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero le prohíbe ir más allá del petitorio, y fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Al respecto, dicha Sala Suprema recordó que se fijó como punto controvertido el determinar si a la demandante le asiste el derecho de reivindicación frente al título de propiedad de la demandada de las mejoras del inmueble. Para tal efecto, según la Sala Suprema, se llevó a cabo el dictamen pericial, en el cual se concluye que existen dos áreas construidas y separadas con total independencia por muros de albañilería, sobre los cuales existen edificaciones; por tal razón, esta Sala Suprema concluyó que la resolución de segunda instancia no contiene un fallo extra petita al pronunciarse sobre las edificaciones existentes, toda vez que se hizo en virtud de los puntos controvertidos fijados en la audiencia respectiva. Por tal motivo, el recurso de casación fue declarado infundado.

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título preliminar

021

CUANDO EL JUZGADOR NO SE PRONUNCIA SOBRE TODOS LOS PUNTOS DEL PETITORIO SE PRODUCE UNA SENTENCIA INFRA PETITA

Según ejecutoria suprema, el demandado tiene una deuda dineraria con la demandante por la suma de US$ 11,400.00 más los intereses legales. Ante tal situación, el demandado pretendió realizar dos anticipos de legítima sobre dos inmuebles, ante lo cual la demandante interpuso demanda sobre ineficacia de acto jurídico. El demandado contestó la demanda aduciendo la nulidad del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes, tachando los documentos presentados por la demandante. En tal sentido, la resolución de primera instancia declaró infundada la nulidad deducida por el demandado, improcedente la tacha de documentos y fundada la demanda. Es así que el demandado interpuso recurso de apelación, señalando que el acta de la conciliación extrajudicial anexada a la demanda fue remitida a un domicilio que no le correspondía, aduciendo que según el Reglamento de la Ley de Conciliación, la demanda debió ser declarada inadmisible quedando el demandante obligado a iniciar un nuevo proceso de conciliación. Asimismo, el demandado advirtió que el juez había inaplicado el artículo II del Título Preliminar del Código Civil, y sin criterio alguno declaró la ineficacia de los actos jurídicos cuestionados, cuando según él había acreditado que podía cumplir con su acreencia. Sin embargo, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la resolución de primera instancia. Luego, la parte demandada interpuso un recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, ya que según el demandado no se habría respetado la Constitución Política ni el Pacto de San José de Costa Rica, en cuanto establecen que toda persona tiene derecho a un proceso imparcial, objetivo y justo, en el cual tiene derecho a ser escuchado. Afirmaron que la demanda de ineficacia de acto jurídico se interpuso transcurridos dos años desde

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3114-2005-Lima (Data 45 000) Demandante: Melba Iris Becerra Díaz Demandados: José Lay Su y otros Asunto: Ineficacia de Acto Jurídico Fecha: 17 de agosto de 2006



la celebración del acto jurídico; señalando también que el proceso conciliatorio es nulo, al no haber sido notificado correctamente. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia definió el principio de congruencia procesal, como aquel en donde el juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes; y en el caso de la apelación, corresponde al Superior resolver, en función de los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente, toda vez que la infracción a este principio –previsto en la segunda parte del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal citado– determina la emisión de sentencias incongruentes como: a) la sentencia ultra petita, cuando se resuelve más allá del petitorio o los hechos; b) la sentencia extra petita, cuando el juez se pronuncia sobre el petitorio o los hechos no alegados; c) la sentencia cifra petita, en el caso que se omite total pronunciamiento sobre las pretensiones (postulatorias o impugnatorias) formuladas; d) la sentencia infra petita, cuando el juzgador no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos que infringen el debido proceso. En tal sentido, dicha Sala Suprema advirtió que la Sala Superior, al absolver los agravios formulados por el apelante, se limitó a desarrollar ampliamente el agravio referido a la nulidad del acta conciliatoria; sin embargo, respecto al agravio referido a la existencia de otros bienes capaces de garantizar la satisfacción del crédito, el Colegiado Superior no se pronuncia. Al respecto, la Sala Suprema invocó el principio de proporcionalidad, señalando que era un principio general del derecho que obligaba al operador jurídico a tratar de alcanzar el justo equilibrio entre los intereses en conflicto. Dicha Sala continuó señalando que en un Estado Democrático de Derecho, todo acto de poder debe ajustarse al principio de proporcionalidad, más aún si este proviene del poder público, pues es finalidad de este principio propender a la justicia e igualdad, proscribiendo la arbitrariedad en su ejercicio. En tal sentido, dicha Sala expuso que la sentencia es un acto de poder, pues a través de ella se concretiza la decisión de los órganos designados por ley para resolver un conflicto

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título preliminar

de intereses, y en esa medida, debe existir en ella una equivalencia o proporción entre lo que se pide y lo que corresponde, lo cual debe reflejarse en el sentido y alcances de la resolución. Así, dicha Sala prosiguió su argumentación y estableció que la omisión por parte del Colegiado Superior, al no pronunciarse sobre la totalidad de los agravios denunciados, ha dado lugar a una sentencia que contiene un pronunciamiento infra petita, pues no se pronuncia sobre la totalidad de la pretensión impugnatoria interpuesta por el demandado en su recurso de apelación, incumpliéndose así la formalidad prevista en el artículo 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil, que señala que las resoluciones contienen los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho, además de la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena respecto de todos los puntos controvertidos. En este sentido, se declaró fundado el recurso de casación y nula la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.

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Capítulo 2

derecho de las Personas

NOMBRE

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IMPEDIR QUE SE INCLUYAN LOS DATOS DEL PRESUNTO PADRE EN LA PARTIDA DE NACIMIENTO NO ATENTA CONTRA EL DERECHO AL NOMBRE Y LA IDENTIDAD

La fiscalía interpuso una demanda sobre contravención a los derechos de nombre e identidad, mediante la cual sostuvo que el Concejo Provincial de la jurisdicción respectiva contraviene tales derechos, pues se acogió denuncias de madres adolescentes que señalan que no pudieron inscribir a sus hijos en el registro respectivo por no haber sido acompañadas por el padre del menor. Así, la sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda de contravención a los derechos de nombre e identidad. Asimismo, la Sala Superior confirmó tal fallo. De acuerdo a ambas instancias, nunca hubo la negativa de inscribir a los menores, sino que se restringió dicha inscripción debido a que solo se podían consignar los datos de la madre declarante. Ante tal situación, la Fiscal Provincial de Familia interpuso alegando la interpretación errónea del artículo 388 del Código Civil, porque conforme a dicha norma el reconocimiento del hijo extramatrimonial puede hacerse por los padres de manera conjunta o por solo uno de ellos. Asimismo, sostuvo que había inaplicado los artículos 8 del Título Preliminar y 6 del Código de los Niños y Adolescentes, así como de los artículos 19, 21 y 392 del Código Civil; señalando que aplicando el principio del interés superior del niño no debe negarse el derecho de este a llevar un nombre cuando se trate de hijo extramatrimonial, ni tampoco su reconocimiento. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República precisó que la denuncia no estaba

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 519-2000-Piura (Data 45 000) Demandante: Fiscal Provincial de Familia de Piura Demandada: Municipalidad Provincial de Piura Asunto: Contravención a los derechos de nombre e identidad Fecha: 6 de noviembre de 2000


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 519-2000-Piura (Data 45 000) Demandante: Fiscal Provincial de Familia de Piura Demandada: Municipalidad Provincial de Piura Asunto: Contravención a los derechos de nombre e identidad Fecha: 6 de noviembre de 2000

referida a la negación de la inscripción del nacimiento del menor por inconcurrencia al acto del presunto padre, sino la negación a consignar los datos de este en la partida de nacimiento. Al respecto, dicha Corte Suprema señaló que si bien el artículo 19 del Código Civil establece que toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre incluyendo los apellidos, el artículo 21 de dicho Código precisa que al hijo extramatrimonial le corresponden los apellidos del progenitor que lo haya reconocido o, en caso de ser reconocido por ambos, corresponde llevar el primer apellido de los dos. Asimismo, la Corte Suprema advirtió que el artículo 392 del Código Civil establece en forma expresa que en caso de que la madre o el padre realice el reconocimiento en forma separada, no se puede revelar el nombre de la persona con quien hubiera tenido el hijo. Luego, dicha Corta Suprema invocó a la doctrina al señalar que el “reconocimiento” en derecho de familia es un acto unilateral, formal, facultativo y personal, el cual requiere para perfeccionarse solo una declaración de voluntad por parte de quien lo practica. Así, continuó señalando, basándose en la doctrina, que la voluntariedad del acto se refleja en la disposición, generalizada en el derecho universal, por la que se prohíbe al padre que reconoce a un hijo la mención del nombre del otro o de cualquier dato por donde se pueda identificar a este, sin más excepciones que la del padre que reconoce al hijo salvo, por supuesto, que el reconocimiento lo hagan conjuntamente ambos progenitores. Es en este sentido, se declaró infundado el recurso de casación.

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Derecho de las Personas

023

SUPUESTO PADRE NO PUEDE IMPEDIR QUE MENOR LLEVE SU APELLIDO POR AFECTAR SU DERECHO A LA IDENTIDAD Y NOMBRE

La demandada inscribió y reconoció a su menor hija en el Registro Civil de su localidad, anotando en su partida de nacimiento el nombre del supuesto padre. Este al enterarse del hecho demandó que se excluyera su nombre de la partida de nacimiento de la menor. El juez de primera instancia declaró infundada la demanda. La Primera Sala Mixta de la Corte Superior confirmó dicha sentencia. La Corte Superior consideró que la alcaldesa del distrito, en el cual se había registrado a la menor, al rendir su declaración testimonial manifestó que la madre del actor le pidió no asentar el apellido de su hijo en la partida de nacimiento de la niña, prueba que según dicha Corte Superior, resultó suficiente para que la demandada consigne el nombre del actor en la partida de nacimiento, sin que este hecho signifique propiamente el reconocimiento de dicha menor. En este sentido, el demandante interpuso recurso de casación, el cual se declaró procedente por la causal de inaplicación de los artículos 21, 28 y 392 del Código Civil. Según el demandante, las instancias de mérito no tuvieron en cuenta que únicamente la demandada reconoció a su hija, correspondiendo que se aplicaran los artículos 21 y 392 del Código Civil que establecen que si uno de los progenitores reconoce separadamente a su hijo, no puede revelar el nombre de la persona con quien hubiera procreado el hijo, resultando que cualquier indicación, en ese sentido, se tendrá por no puesta. Asimismo, el demandante señaló que ha quedado acreditado que la demandada consignó sin su consentimiento ni autorización su nombre, en la partida de nacimiento de la menor, en tal sentido, correspondería la aplicación del artículo 28 del Código Civil, por tratarse de una usurpación de nombre, por lo que correspondía excluirlo. De acuerdo al Fiscal Supremo, el artículo 21 del Código Civil establece que al hijo extramatrimonial le corresponden los dos apellidos del progenitor que lo haya reconocido; y si es reconocido por ambos, lleva el primer apellido de los dos. Al respecto, el Fiscal consideró que

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3802-2000Ancash (Data 45 000) Demandante: Carlos Armando Mariano Dueñas Demandada: Eulalia de la Cruz Bazán Asunto: Exclusión de nombre Fecha: 25 de julio de 2001


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3802-2000Ancash (Data 45 000) Demandante: Carlos Armando Mariano Dueñas Demandada: Eulalia de la Cruz Bazán Asunto: Exclusión de nombre Fecha: 25 de julio de 2001

dicho dispositivo debía concordarse con el artículo 392 del Código acotado, el cual establece que cuando el padre o la madre hiciera el reconocimiento separadamente, no puede revelar el nombre de la persona con quien hubiera tenido el hijo; toda indicación al respecto se tiene por no puesta. El Fiscal continuó señalando que la demandada inscribió y reconoció a su menor hija, anotando el nombre del demandante como su padre, a pesar de que este no participó en el acto de reconocimiento, contrariamente a lo expresamente señalado en los artículos 21 y 392 del Código Civil. En este sentido, el Fiscal advirtió que la Sala Superior no aplicó dichas normas de derecho material que regulaban la situación de hecho específica. En cuanto a la usurpación de nombre a que se refiere el artículo 28 del Código Sustantivo, el Fiscal Supremo señaló que la usurpación de nombre implica el uso por una persona de un nombre que no le corresponde, y en el presente caso, el hecho que se haya consignado el nombre del demandante como padre de la niña no significó que se haya utilizado o usurpado el nombre del actor. Es así que el Fiscal Supremo consideró que se debía declarar fundado el recurso de casación en cuanto a la inaplicación de los artículos 21 y 392 del Código Civil. Al respecto, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que de acuerdo con el artículo 387 del Código Civil la filiación extramatrimonial solamente puede ser probada mediante acto de reconocimiento o por sentencia judicial que declare la filiación, lo cual no se produjo en este caso; por cuanto el demandante no ha reconocido a la menor ni ha sido declarado judicialmente como su padre. Es así que de acuerdo con la Corte Suprema, no resultaba factible que el registrador consignara el nombre del actor como padre de la menor, tanto más cuando el artículo 392 del Código Civil dispone que cuando el padre o la madre hicieran el reconocimiento separadamente, no puede revelar el nombre de la persona con quien hubiera tenido el hijo, toda indicación al respecto se tiene por no puesta. En este sentido, dicha Corte Suprema estableció que resultaba aplicable lo dispuesto en el acotado artículo

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392 del Código Civil, norma que debió ser concordada con lo dispuesto en el artículo 28 del mismo Código, toda vez que indirectamente se está afectando el nombre del recurrente al consignarse en la partida de nacimiento como padre de la menor. En consecuencia, la Corte Suprema señaló que se debía excluir el nombre del demandante en la parte de la partida de nacimiento donde figura como padre de la menor; lo cual no impide que la parte afectada interponga las acciones legales pertinentes para declarar su filiación. De otro lado, en cuanto a la inaplicación del artículo 21 del Código Civil, la Corte Suprema advirtió que si bien es verdad que la norma acotada dispone que al hijo extramatrimonial le corresponden los apellidos del progenitor que lo haya reconocido, también lo es que debe velarse por el interés del menor, debiéndose proteger sus derechos de identidad y al nombre, razón por la que no resulta amparable el pedido de excluir el apellido paterno del nombre de la menor, máxime cuando el citado apellido no es un atributo particular del actor porque pueden coexistir apellidos homónimos. En tal sentido, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, en cuanto a la inaplicación de los artículos 28 y 392 del Código Civil. Es así que se ordenó que se excluyera de la partida de nacimiento de la menor el nombre del demandante como padre de la menor.

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NO PROCEDE EL CAMBIO DE NOMBRE SI ESTE CUMPLE CON INDIVIDUALIZAR A LA PERSONA

Los demandantes interponen una demanda de adición de nombre, con el fin de que se adicione al apellido materno de sus menores hijos, el apellido materno de la madre, para lo cual se solicitó la autorización judicial necesaria (artículo 29 del Código Civil). La resolución de primera instancia desestimó la demanda, pues consideró que no existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio, invocando el inciso 5 del artículo 429 del Código Procesal Civil al indicar que los recurrentes pretendían esta acción en atención a que se perdería en el tiempo su apellido, fundamento que no ameritaba la demanda por cuanto la obligación de los

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Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 396-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: Orlando Coz Sedano y otro Demandado: No se menciona Asunto: Adición de nombre Fecha: 31 de mayo de 2002


Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 396-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: Orlando Coz Sedano y otro Demandado: No se menciona Asunto: Adición de nombre Fecha: 31 de mayo de 2002

apellidos de todo ciudadano es el de llevar los patronímicos del padre y madre. Sin embargo, la Segunda Sala Civil de Lima rechazó la demanda porque la causa invocada solo se fundamenta cuando no existiese una relación lógica y congruente entre los fundamentos de hecho y las pretensiones procesales; y, en el caso, según dicha Sala Civil, los hechos no solo demostraban la existencia del derecho pretendido, sino también constituían el respaldo. En tal sentido, esta Segunda Sala señaló que a la sentencia de primera instancia le faltó examinar el fondo del asunto. Es así que de acuerdo a la Segunda Sala Civil de Lima la sentencia de primera instancia vulneró lo previsto en el inciso 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil. En tal sentido, declaró nula dicha sentencia, señalando que el juez de primera instancia debía evaluar si la acción cumple con los presupuestos de procedibilidad correctamente al momento de calificar la demanda. Al respecto, hubo un voto en discordia, el cual señaló que el artículo 29 del Código Civil establece que nadie puede cambiar su nombre, ni hacerle adiciones, salvo por motivos justificados y mediante autorización judicial. Asimismo, el juez que emitió dicho voto arguyó que el nombre es la expresión visible y social mediante el cual se identifica a la persona. Esta peculiar función hace que la facultad de la persona a ser reconocida por su propio nombre implique también el deber, frente a la sociedad, de no cambiar de nombre, salvo por motivos justificados y mediante autorización judicial. En tal sentido, el voto disidente advirtió que si bien es cierto que, a título de excepción, se permite el cambio de nombre, también lo es que dicho cambio debe obedecer a motivos justificados, los que se presentan fundamentalmente cuando el nombre que se pretende alterar no cumple, o ha dejado de cumplir, su inherente función individualizadora, sea contrario al orden público, a las buenas costumbres, a la dignidad de la persona o cuando tenga una significación deshonrosa o indecorosa. Finalmente, el juez concluyó que en el caso no se presentaban los motivos que justifiquen el cambio de nombre de sus hijos, o que este nombre ya no cumpliera la inherente función individualizadora. Es así que el voto

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fue porque se confirme la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la demanda interpuesta.

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CONSIGNAR EN LA PARTIDA DE NACIMIENTO EL NOMBRE DEL SUPUESTO PADRE DE UNA MENOR NO RECONOCIDA CONSTITUYE USURPACIÓN DE NOMBRE

El demandante interpuso una demanda de supresión de nombre y apellido en contra de la demandada, con el objeto de que en la partida de nacimiento de la menor hija de esta se excluyan sus nombres y apellidos. En primera instancia se declaró procedente la demanda. Sin embargo, en segunda instancia se revocó la primera sentencia declarando improcedente la demanda. En tal sentido, el demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de interpretación errónea de los artículos 19, 28 y 392 del Código Civil, por cuanto, según el demandante, nadie puede utilizar nombres o apellidos que no le corresponden, ni mucho menos utilizar el de otro para imputar la paternidad de una menor consignándolo en una partida de nacimiento sin consentimiento del titular, ya que ello implicaría una usurpación de nombre. Asimismo, el demandante señaló que al no existir documento que acredite la filiación extramatrimonial de la menor y habiendo sido reconocida únicamente por la madre, le corresponden los apellidos de esta. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República advirtió que el signo que distingue a las personas en sus relaciones jurídicas y sociales es el nombre civil, el que está compuesto por el nombre individual o de pila y por el apellido o nombre de familia, nombre que va unido a la personalidad de todo individuo. Asimismo, dicha Sala Suprema invocó el artículo 28 del Código Civil, el cual regula la institución de la usurpación de nombre, siendo el concepto de usurpación aquí utilizado, según la Sala Suprema, de naturaleza civil y no penal, es decir, no debe entenderse como despojo con violencia sino que existirá usurpación de nombre cuando este sea utilizado ilegítimamente por una persona que no es titular del mismo, uso que puede ser directo cuando existe un apoderamiento del nombre, es decir que una persona se identifique con el nombre de otra, y también puede ser indirecto, cuando se use el

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Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 299-2000Huancavelica (Data 45 000) Demandante: Eugenio Huaroc Huamán Demandada: Marina Champi Huamani Asunto: Supresión de nombre y apellido Fecha: 7 de noviembre de 2000


Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 299-2000Huancavelica (Data 45 000) Demandante: Eugenio Huaroc Huamán Demandada: Marina Champi Huamani Asunto: Supresión de nombre y apellido Fecha: 7 de noviembre de 2000

nombre ajeno no para identificarse sino para consignarlo en documentos o citarlo para atribuirle una manifestación de voluntad o una situación jurídica inexistente aún no determinada, concediéndole al usurpado la facultad de accionar para conseguir el cese de tal mal uso. Por otro lado, esta última instancia señaló que el artículo 392 del Código Civil establece una ficción jurídica al señalar que si uno de los progenitores reconoce separadamente a su hijo, no puede revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera procreado, resultando que cualquier indicación en ese sentido se tendrá por no puesta. Es así que según la Corte Suprema, dicha norma debe ser concordada con lo establecido por los artículos 19 y 21 del Código Sustantivo que señalan que toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre y que al hijo extramatrimonial le corresponden los apellidos del progenitor que lo haya reconocido. En este sentido, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República expuso que como solo la madre fue quien reconoció a la menor, entonces, esta debía llevar sus apellidos. Asimismo, se invocó el artículo 28 del Código Civil, en el sentido de que este artículo constituye una norma de protección del nombre de la persona que no ha efectuado el reconocimiento y, por lo tanto, no impide que está en ejercicio de lo establecido por el mencionado artículo 28, consigna la exclusión de su nombre y mientras ello no suceda o no se establezca su paternidad de acuerdo a ley tal indicación no surtirá efecto legal alguno. La Sala Suprema continuó señalando que el derecho al nombre, es parte del derecho a la identidad, implica además el derecho que tiene toda persona de poder conocer su origen y quiénes son sus progenitores, por lo que no se está protegiendo la identidad de una persona al mantenerla en la creencia, a través de un documento oficial, que su padre es una persona que legalmente no tiene tal calidad. En tal sentido, la Sala Suprema concluyó que el reconocimiento de un hijo es un acto jurídico unilateral, y como tal requiere de una manifestación de voluntad. Al respecto, señaló que el demandante no ha expresado dicha voluntad en la partida de nacimiento cuestionada, en el sentido de aceptar la paternidad de la menor.

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Es así que estimó que el hecho de que se haya consignado el nombre del actor en la partida de nacimiento constituye un acto de usurpación de nombre y, por ende, no puede mantenerse dentro de un instrumento público una afirmación inexacta, lo que además vulnera la norma de orden público contenida en el artículo 21 del Código Civil. Finalmente, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el demandante y nula la sentencia de segunda instancia.

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SE CONFIGURARÁ LA USURPACIÓN DEL NOMBRE DEL SUPUESTO PADRE SI LA MADRE QUE DECLARÓ UNILATERALMENTE EL NACIMIENTO SE NIEGA A LA PRUEBA DE ADN

El demandante solicitó la supresión de su nombre y apellido de la partida de nacimiento de una menor, en la que se le consigna como su padre. Asimismo, solicitó accesoriamente, que se le indemnice por los daños y perjuicios ocasionados, con la suma de S/. 60,000.00. La demandada, al absolver el traslado de la demanda, señaló que mantuvo relaciones convivenciales con el demandado desde el año 1997 hasta agosto de 2002, refiriendo haber inscrito unilateralmente la partida de nacimiento de la citada menor e indicando que la inscripción de la citada partida ante EsSalud fue efectuada por el mismo accionante. En la audiencia de conciliación se fijó como punto de la controversia, determinar la viabilidad de la presente demanda. Asimismo, se admitió, entre otros medios probatorios, la prueba de ADN. Sin embargo, no fue posible la realización de la citada prueba biológica por inconcurrencia de la demandada y su menor hija. En la audiencia de pruebas, la demandada expresó que la citada menor no era hija de ninguna de las partes. En tal sentido, las instancias de mérito ampararon la demanda, excluyendo de la partida de la citada menor los nombres y apellidos del demandante. El sustento de ambas sentencias fue que la citada menor solo fue declarada por la demandada, sin que el demandante haya intervenido en dicho acto jurídico.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 903-2007-Pasco (Data 45 000) Demandante: Loel Cabellos Rivas Demandada: Ana María Porras Onofrio Asunto: Supresión de nombre Fecha: 27 de noviembre de 2007



En este sentido, la demandada interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por las causales de aplicación indebida de normas de derecho material y contravención de normas que garantizan la observancia del debido proceso. Respecto a la causal de contravención de normas que garantizan la observancia del debido proceso, la demandada señaló que al emitirse la resolución de segunda instancia se había efectuado una indebida valoración de la prueba, debido a que, según ella, al contestar la demanda aportó la declaración jurada de convivencia y los documentos que acreditan la relación paterno filial existente con la menor. Empero, de acuerdo a la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema no estaba en debate la filiación de la menor, pues la demandada no ha reconvino ni tampoco fijó como punto controvertido de la litis. Por consiguiente, mal podrían valorarse dichos medios probatorios. Por otra parte, respecto a la aplicación indebida del artículo 28 del Código Civil, la demandada sostuvo que existen elementos de juicio razonables que hacen presumir que el demandante autorizó la inscripción de la partida de nacimiento de la menor. En tal sentido, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema advirtió que el punto materia de la controversia ha consistido en determinar si resulta factible o no excluir de la partida de la citada menor, el nombre y apellido del accionante, lo que ya ha sido dilucidado, concluyéndose en que la pretensión principal sí resulta amparable. Es así que de acuerdo a dicha Corte Suprema, la causal de inaplicación del artículo 28 del Código Civil carece de argumento, pues, según la Sala, no está en debate la alegada filiación de la indicada menor ni tampoco la convivencia invocada por la demandada. La Corte Suprema continuó señalando que el artículo 28 del Código Civil, que regula el supuesto de indemnización por usurpación de nombre, también regula la acción judicial tendiente a cesar tal usurpación, siendo que en el caso, los organismos de mérito ya han constatado que se han configurado el supuesto normativo antes descrito, pues no existe ningún elemento de juicio que produzca convicción que el demandante intervino

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en la declaración del nacimiento de la citada menor, siendo además, la demandada quien reveló en el desarrollo del proceso que fue ella quien unilateralmente declaró tal nacimiento y se negó a la realización de la prueba de ADN, lo que ha puesto en evidencia que se ha configurado la usurpación del nombre en perjuicio del accionante. Por lo que la norma en comentario sí es la pertinente para resolver el proceso. Finalmente, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso de casación.

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DOMICILIO

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CAMBIO DE DOMICILIO NO PUEDE OPONERSE AL ACREEDOR CON LA COPIA DE LA DEMANDA SEGUIDA EN OTRO PROCESO POR EL DEMANDADO

En un contrato de apertura de tarjeta de crédito el tarjetahabiente consignó un determinado domicilio. Tras la ejecución del contrato, el titular de la tarjeta de crédito dejó de pagar al banco emisor, razón por la que este emitió una letra de cambio a la vista, consignando en dicho título valor la dirección consignada en el referido contrato. Asimismo, envió una carta notarial a esa dirección. Finalmente, interpuso una demanda de obligación de dar suma de dinero. La demanda se declaró fundada, ordenándose que se lleve adelante la ejecución hasta que el demandado cumpla con pagar la suma adeudada. El demandado apeló el fallo alegando que no fue correctamente notificado con los actos procesales, al haberse dirigido las cédulas a su domicilio anterior, acreditando tal hecho con un escrito de demanda de régimen de visitas interpuesto a su cónyuge. Al respecto, la Corte Superior de Justicia de Lima, señaló que los artículos 1238 y 1239 del Código Civil disponen que el pago debe efectuarse en el domicilio del deudor, y, que si este cambia de domicilio, habiendo sido designado el mismo como lugar para el pago, el acreedor puede exigirlo en el primer domicilio. Asimismo, señaló que puede ser que por disímiles circunstancias, una de las partes opte por cambiar el domicilio que señaló en el momento de contraer una obligación; pero, como resulta obvio, este derecho no puede ejercerse arbitrariamente o provocando en la otra parte una situación de desventaja. Por lo que para evitar esta situación de desventaja que el Código Civil, en su artículo 40, señala que el deudor y los terceros ajenos

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Primera Sala Civil con subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 1241-2005-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco Internacional del Perú S.A. Demandado: Humberto Luis Galleno Pinillos Asunto: Ejecución de obligación de dar suma de dinero Fecha: 16 de noviembre de 2005


a la relación obligacional con el acreedor, están facultados para oponer este cambio de domicilio mediante comunicación indubitable. Por otro lado, la Corte Superior estableció que no se encontraba acreditado que el ejecutado haya hecho de conocimiento del Banco demandante el cambio de domicilio que aduce (no siendo suficiente para ello la copia de la demanda de Régimen de Visitas, en la que se indica como su domicilio uno distinto al señalado en el contrato de apertura de tarjeta de crédito); pues ello, según la Corte Suprema, no evidenció de modo alguno el conocimiento por el ejecutante del nuevo domicilio ni la presencia del supuesto de oposición previsto en el artículo 40 del Código Civil. Finalmente, la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia de primera instancia y declaró infundado el recurso de apelación.

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PARA OPONER EL CAMBIO DE DOMICILIO A eL ACREEDOR DEBE COMUNICARSE OPORTUNAMENTE

Primera Sala Civil con subespecialidad Comercial de la Corte Superior Lima Exp. N° 251-2005-Lima (Data 45 000) Demandante: Williams Alfredo Vidalón Fernández Demandados: Julio Ermes Farfán Altamirano y Josefina Rojas Escate de Farfán Asunto: Ejecución de obligación de dar suma de dinero Fecha: 24 de junio de 2005

Se celebró un contrato de mutuo con garantía hipotecaria entre personas naturales. En la escritura pública del contrato, los mutuatarios señalaron como su domicilio común La Perla, Callao. Debido a la falta de pago de los mutuatarios, el mutuante interpuso una demanda de ejecución de garantías, la cual se declaró fundada, por lo que se ordenó el remate del bien dado en garantía. Los demandados apelaron la sentencia alegando que el mandato de ejecución no fue notificado en su actual domicilio. Al respecto, la Corte Superior de Justicia de Lima señaló que la supuesta variación de domicilio efectuada con posterioridad a la celebración del contrato de mutuo, no fue puesta en conocimiento en forma oportuna al demandante en la forma establecida por la ley. Es así que no puede ser oponible al acreedor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Código Civil. En tal sentido, se confirmó la resolución de primera instancia, ordenando el remate del bien dado en garantía.

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029

CAMBIO DE DOMICILIO COMUNICADO MEDIANTE PUBLICACIÓN EN UN PERIÓDICO NO ES INDUBITABLE

El Banco Continental le prestó a la empresa demandada la suma de US$ 4,611.65. Sin embargo, esta no cumplió con devolver la suma prestada. En tal sentido, el Banco interpuso una demanda de ejecución de obligación de dar suma de dinero, la cual fue declarada fundada en primera instancia, ordenándose que se lleve adelante la ejecución hasta que los ejecutados cumplan con pagar la suma adeudada, más intereses compensatorios y moratorios. Es así que la parte demandada interpuso recurso de apelación, afirmando que la sentencia de primera instancia ha incurrido en error. Al respecto, los demandados señalaron que no fueron notificados válidamente con la demanda, pese haber puesto en conocimiento la variación de su domicilio mediante aviso en el diario “Correo”. Asimismo, según los demandados, la sentencia apelada ha interpretado erróneamente el artículo 40 del Código Civil, ya que este no exige que el cambio de domicilio tenga que ser publicado en el Diario Oficial o en otro de menor o mayor circulación, señalando tan solo que la comunicación debe ser indubitable. De acuerdo al 41º Juzgado Civil de Lima, en el pagaré emitido por el Banco, se aprecia que los apelantes fijaron como sus domicilios el distrito de Pueblo Libre y el distrito de Lima, lugares a los cuales se dirigió la demanda. En tal medida, el Juzgado Civil, advirtió que los impugnantes no pueden argumentar inobservancia del debido proceso, teniendo en cuenta que la fijación de los domicilios fue de exclusiva responsabilidad de los ejecutados, y, que el artículo 40 del Código Civil establece que el deudor cuenta con 30 días de ocurrida la eventual variación domiciliaria para comunicar al acreedor su nuevo domicilio, lo que debe efectuarse de modo indubitable. Respecto a esto, el Juzgado Civil expuso que una situación indubitable es aquella lo suficientemente clara que no da lugar a confusión o duda. Al respecto, de acuerdo con el 41º Juzgado Civil de Lima, el aviso publicado por los demandados en el

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41° Juzgado Civil de Justicia de Lima Exp. N° 468-2005-Lima (Data 40 000) Demandante: Banco Continental Demandados: Miami Todo Por 99 S.A. y otros Asunto: Ejecución de obligación de dar suma de dinero Fecha: 27 de julio de 2005


diario “Correo”, no se asimila a la comunicación indubitable que exige el artículo 40 del Código Civil; no solo por su pequeña dimensión, medio y lugar de publicación, sino básicamente porque, según dicho Juzgado, él no deja constancia cierta (como sí lo hace, por ejemplo, una Carta Notarial) de que el acreedor haya conocido de la variación de domicilio que pretende oponer la persona jurídica ejecutada. En este sentido, el 41º Juzgado Civil de Lima confirmó la sentencia de primera instancia, declarando fundada la demanda y ordenando que se lleve a cabo la ejecución de los demandados.

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CAMBIO DE DOMICILIO NO COMUNICADO CON LAS FORMALIDADES PACTADAS NO REPERCUTE EN LA VALIDEZ DEL EMPLAZAMIENTO

Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 900-2002-Lima (Data 40 000) Demandante: Banco Wiese Sudameris Demandado: Perusphere Sociedad Anónima Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 12 de junio de 2002

En proceso de ejecución de garantías, la ejecutada interpuso recurso de nulidad solicitando que la nulidad se retrotraiga hasta la etapa de calificación de la demanda. La ejecutada alegó que: 1) los documentos de la demanda no cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 720 del Código Procesal Civil y, 2) al haber comunicado el cambio de su domicilio, el emplazamiento efectuado con el mandato ejecutivo deviene en nulo. En cuanto al primer aspecto, la Tercera Sala Civil de Lima, señaló que, con los anexos y medios probatorios presentados al momento de la postulación de la demanda, se acreditó que el Banco dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 720 del Código Procesal Civil, motivo por el cual se admitió en trámite la demanda. Por otro lado, dicha Sala Civil también advirtió que si bien es cierto que la empresa dirigió una carta al Banco Wiese Sudameris comunicando su nueva dirección en el Distrito de Lima (carta de fecha 3 de octubre de 1997), también es cierto que de acuerdo a la escritura pública de modificación de montos garantizados de hipoteca celebrado entre la empresa y el Banco, de fecha 3 de diciembre de 1997, se señaló como domicilio el Distrito de San Isidro. Al respecto, la Tercera Sala Civil advirtió que la empresa demandada después de la comunicación de fecha 3 de octubre de 1997, suscribió un documento público en

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el que señaló que su domicilio era en el distrito de San Isidro, ratificando en dicho documento, el compromiso de que cualquier cambio de domicilio debería ser efectuado por conducto notarial. Entonces, según la Sala Civil, la ejecutada no podía argumentar que la carta privada en la que comunica una nueva dirección, el banco conoció y aceptó el cambio domiciliario; y que, por lo tanto, el emplazamiento efectuado en el distrito de San Isidro, afectó la validez del acto procesal. Es así que la Tercera Sala Civil declaró infundado el recurso de nulidad propuesto por la empresa ejecutada.

031

DEUDOR SOLO PUEDE OPONER A SU ACREEDOR EL CAMBIO DE SU DOMICILIO CUANDO SE HACE A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN QUE NO GENERE DUDA DE SU CONTENIDO

Un banco interpuso una demanda de obligación de dar suma de dinero contra sus deudores exigiendo el pago del saldo deudor del préstamo hipotecario realizado a favor de ellos. Asimismo, peticionaron el cumplimiento del pago relativo al saldo deudor de una cuenta corriente a nombre de los mismos deudores, más los intereses pactados en ambos casos; bajo apercibimiento de rematar el bien hipotecado por los demandados. Los demandados interpusieron contradicción a la demanda, basándose en que la obligación es inexigible ya que no se les notificó en su domicilio real, pese a que el banco conocía de dicha dirección ya que desde 1997 les hacía llegar allí toda comunicación concerniente a dichos contratos. La contradicción fue declarada fundada y por consiguiente se declaró improcedente la demanda, dejando a salvo el derecho del banco para que lo haga valer en la vía pertinente. Sin embargo, la Corte Superior reformó la sentencia de primera instancia, declarando infundada la contradicción y ordenando llevar adelante el remate del bien dado en garantía. Esta resolución de segunda instancia se basó en que en la Cláusula 16 del Testimonio de Contrato de Préstamo Hipotecario, las partes acordaron que los domicilios en donde se les hará llegar todo tipo de comunicación son los indicados en la introducción de dicho

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 45-2003-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco de Crédito del Perú Demandados: Marco Antonio García Díaz y otra Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 30 de setiembre de 2004


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 45-2003-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco de Crédito del Perú Demandados: Marco Antonio García Díaz y otra Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 30 de setiembre de 2004

documento. Asimismo, el argumento referido a que las comunicaciones citadas debieron ser enviadas a los ejecutados a su nuevo domicilio, pues –con fecha posterior a la celebración de los contratos en referencia el banco les remitió estados de cuenta a dicha dirección– se rechazó debido a que, según la Corte Superior, en aplicación del artículo 40 Código Civil, dicho cambio de domicilio no le es oponible al ejecutante. Al respecto, los demandados interpusieron recurso de casación, el cual se estimó procedente, entre otras, por la causal de interpretación errónea de una norma de derecho material. Respecto a la causal señalada, los demandados expresaron que se interpretó erróneamente el artículo 40 del Código Civil, aduciendo que la finalidad de la citada norma es proteger el derecho de terceros que puedan verse perjudicados con un cambio de domicilio de su deudor; agregando, que el banco consintió en el cambio de su domicilio, pues durante sesenta meses ininterrumpidos les envió la comunicación a su nueva dirección, lo que evidencia que el cambio de su domicilio fue variado en forma personal e indubitable. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, señaló que el artículo 40 del Código Civil establece que el cambio de domicilio no puede oponerse a los acreedores si no ha sido puesto en su conocimiento mediante comunicación indubitable; lo que debe entenderse, según dicha Corte Suprema, en el sentido de que el deudor solo puede oponer a su acreedor el cambio de su domicilio, si es que lo hace a través de una comunicación que no genere duda alguna de su contenido en cuanto a dicha variación. En tal sentido, la Corte Suprema advirtió que la interpretación esgrimida por la Sala Superior se encuentra acorde a ley. De acuerdo a la Corte Suprema la comunicación del cambio de domicilio debía efectuarse por escrito mediante cartas notariales dirigidas al acreedor y, al no haberse verificado por parte de la Corte Suprema, la existencia de las respectivas comunicaciones notariales, se tiene que el cambio de domicilio del deudor no es oponible al ejecutante, pues no se comunicó al banco acreedor; resultando insuficiente la comunicación personal que refiere haber realizado el recurrente al banco sobre dicha variación.

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Es así que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.

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SI el DEMANDADO NO COMUNICÓ SU CAMBIO DE DOMICILIO NO PUEDE OPONER TAL HECHO AL ACREEDOR DEMANDANTE

Una entidad financiera interpuso una demanda de obligación de dar suma de dinero, con el fin de que los demandados cumplan con pagarle la suma de US$ 5,450.88 más los intereses pactados. En primera instancia se declaró fundada la demanda. En tal sentido, los demandados interpusieron recurso de apelación con base en que, según ellos, la sentencia de primera instancia había incurrido en nulidad, debido a que, a pesar de conocer perfectamente que los ejecutados habían cambiado de domicilio, la ejecutante solicitó que se les notifique en la misma dirección.

Corte Superior de Justicia de Lima – Primera Sala Civil con subespecialidad Comercial de Lima Exp. N° 1338-2005-Lima (Data 45 000) Demandante: Financiera Daewoo S.A. en Liquidación Demandados: Olga Lucía Quincha Huamán y Edwin Villena Valdeiglesias Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 21 de noviembre de 2005

Al respecto, la Corte Superior de Justicia de Lima, señaló que el cambio de domicilio no había sido comunicado a la Financiera de acuerdo a la forma prescrita por el artículo 40 del Código Civil; en tal sentido, los demandados no pueden oponer dicho cambio de domicilio a la demandante. Es así que la Corte Superior declaró fundada la demanda, ordenándose la ejecución hasta que los ejecutados cumplan con abonar a la demandante la suma adeudada.

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NORMA SOBRE PLURALIDAD DE DOMICILIO (ARTÍCULO 35 DEL CÓDIGO CIVIL) ES DE NATURALEZA ADJETIVA

Un banco interpuso una demanda de obligación de dar suma de dinero, con el fin de que los demandados cumplan con pagarle la suma que le adeudaba. Tanto en primera como en segunda instancia se declaró fundada la demanda; en tal sentido, los demandados interpusieron recurso de casación, entre otras causales, por la causal de interpretación errónea del artículo 35 del Código Civil.

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Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia Exp. N° 3445-2001 Arequipa (Data 45 000) Demandante: Banco Wiese Sudameris Sociedad Anónima Abierta Demandados: Marcelino Florencio Flores Calizaya y otra Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 21 de marzo de 2002


Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia Exp. N° 3445-2001 Arequipa (Data 45 000) Demandante: Banco Wiese Sudameris Sociedad Anónima Abierta Demandados: Marcelino Florencio Flores Calizaya y otra Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 21 de marzo de 2002

Al respecto, la Sala Suprema señaló que dicha norma era de naturaleza procesal; por lo que no procedió la denuncia bajo una causal reservada exclusivamente para normas de derecho material. Es así que se declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.

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RÉGIMEN LEGAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

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PERSONAS JURÍDICAS PUEDEN SER TITULARES DE ALGUNOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Una empresa interpuso demanda de amparo contra su representante legal y contra dos personas jurídicas con quienes había celebrado un contrato de transferencia de propiedades mineras. Asimismo, emplazó, en calidad de terceros legitimados, al Instituto Nacional de Derecho de Minería, Petróleo y Energía, y a los miembros de un Tribunal Arbitral. Así, la demanda interpuesta se sustentó en la presunta vulneración de su derecho a no ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley y a ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial. Según la accionante, el acto lesivo se inició con la celebración del contrato de transferencia de propiedades mineras, puesto que según ella, su representante se excedió en las facultades que le habían sido conferidas y consintió la posibilidad de un convenio arbitral en dicho contrato. En virtud del referido convenio arbitral (para el cual la demandante afirma no haber prestado consentimiento) se inició un proceso arbitral, hecho que, a tenor de la demandante, la aparta de la jurisdicción predeterminada por ley. La demanda fue contestada por los demandados, quienes la contradijeron y plantearon excepciones de incompetencia y caducidad. El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Villa María del Triunfo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundadas las excepciones de incompetencia y caducidad e infundada la demanda de amparo, por considerar que se trataba de un tema de carácter contractual, que debe ser resuelto en la vía del proceso ordinario correspondiente, donde, se cuente con una etapa probatoria que permita resolver la cuestión controvertida.

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Tribunal Constitucional Exp. N° 1567-2006-PA/ TC (Data 45 000) Demandante: Compañía de Exploraciones Algomarca Demandada: Compañía Sulliden Shahuindo S.A.C y otros Fecha: 30 de abril de 2006


Tribunal Constitucional Exp. N° 1567-2006-PA/ TC (Data 45 000) Demandante: Compañía de Exploraciones Algomarca Demandada: Compañía Sulliden Shahuindo S.A.C y otros Fecha: 30 de abril de 2006

Por su parte, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó la sentencia apelada en el extremo que declara infundadas las excepciones de incompetencia y caducidad; y declaró improcedente la demanda, por considerar que la vía del amparo no constituía la vía idónea para dilucidar este tipo de controversias, ya que se discuten asuntos de mera legalidad. Al respecto, la demandante interpuso recurso de agravio constitucional contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo. Dicha compañía alegó la vulneración de su derecho al debido proceso. El Tribunal Constitucional, al momento de resolver abordó el tema de la persona jurídica como titular de derechos humanos y la vía idónea correspondiente. Así, señaló que es factible que las personas jurídicas sean titulares de algunos derechos fundamentales, como el de la buena reputación, pero negó esta posibilidad para el goce de otros, como el de la libertad de tránsito. Asimismo, el Tribunal, señaló que a diferencia de las personas naturales, las personas jurídicas no pueden ser consideradas un fin en sí mismas, sino como un medio que hace posible alcanzar determinados fines que son de difícil o imposible realización de manera individual. En esta medida, según el Tribunal Constitucional, las personas jurídicas no gozan de todos los derechos fundamentales que son reconocidos a favor de las personas naturales, e incluso, respecto de aquellos derechos que les son reconocidos, el grado de protección por parte del ordenamiento jurídico podrá no ser idéntico, atendiendo a la naturaleza del derecho fundamental y a las particularidades del caso concreto. Por otro lado, respecto a la vía idónea, el Tribunal Constitucional señaló que la demandante debió cuestionar la competencia del tribunal arbitral, es decir, debió formular oposición total o parcial al arbitraje cuando presentó su pretensión inicial. En este sentido, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda interpuesta por la Compañía de Exploraciones Algamarca.

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SER CÓNYUGE DE ACCIONISTA NO OTORGA DERECHO SOBRE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD

La demandante recurrió al órgano jurisdiccional a fin de que se declare la tercería de propiedad de un inmueble, argumentando que en su calidad de cónyuge del accionista de una empresa, tendría derecho al 50% de todos los bienes que este tenga. En tal sentido, la demandante señalaba que el inmueble (de propiedad de la persona jurídica) que fue hipotecado por su cónyuge a favor de un Banco, también le pertenece y por tanto no debió ser dado en garantía con la sola firma de este. En la audiencia de saneamiento y conciliación se fijó como puntos controvertidos determinar el derecho real de propiedad que le asiste a la demandante respecto de los derechos y acciones de la persona jurídica; y determinar la calidad de tercero que tiene la demandante respecto de las obligaciones que son materia de ejecución, en el proceso sobre ejecución de garantías entre el banco y la persona jurídica. En primera instancia la demanda fue declarada infundada. Sin embargo, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco expidió sentencia de segunda instancia, mediante la cual revocó la sentencia de primera instancia declarando fundada la demanda interpuesta. Los fundamentos de la Sala Superior fueron los siguientes: - De acuerdo al artículo 14, inciso ocho de los Estatutos de la persona jurídica era atribución de la Junta General Extraordinaria disponer y gravar los bienes de la sociedad, pero la escritura pública de constitución de hipoteca no llevaba inserta el acta de dicha junta. -

En vía de conciliación mediante escritura pública de fecha 28 de setiembre de 2000, los cónyuges habían pasado a ser propietarios de la totalidad del inmueble hipotecado.

-

No se había demostrado que la deuda contraída por la persona jurídica mediante el préstamo con el Banco, haya sido en provecho de la sociedad conyugal, ni que haya servido para atender las cargas del hogar.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3600-2001Cusco (Data 45 000) Demandante: Sandra Rosa Karolina Thombansen Bejarano de Haffner Demandado: Banco Santander Central Hispano-Perú y otros Asunto: Tercería de propiedad Fecha: 26 de abril de 2002


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3600-2001Cusco (Data 45 000) Demandante: Sandra Rosa Karolina Thombansen Bejarano de Haffner Demandado: Banco Santander Central Hispano-Perú y otros Asunto: Tercería de propiedad Fecha: 26 de abril de 2002

En tal sentido, el Banco interpuso recurso de casación contra la sentencia emitida por la Sala Superior, el cual fue declarado procedente por la causal de contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso. Es así que el banco señaló que la sentencia de vista que declaró fundada la demanda no tenía sustento suficiente. Además, según el banco, dicha sentencia dispuso la desafectación del bien inmueble, con lo cual los derechos de este se veían afectados, pues luego de años de litigios se deja sin amparo la exigencia del Banco en el proceso de ejecución de garantías reales, consagrándose el incumplimiento de las obligaciones de los deudores morosos. Al respecto, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema señaló que lo que pretendía la cónyuge demandante era que se haga extensivo el patrimonio de la empresa codemandada a su persona por el hecho de ser cónyuge de un accionista que tenía derechos del 50% de las acciones de dicha empresa. Sin embargo, de acuerdo con la Sala Suprema la alegación de la demandante carece de todo sustento legal; en tal sentido, la Sala invocó el artículo 78 del Código Civil, el cual señala que la persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de estos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas, lo que llevó a determinar a la Sala Suprema, que el hecho de ser cónyuge de un accionista no implica que se adquiera la calidad de propietario de los bienes de la empresa. Finalmente, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso de casación, y nula sentencia de segunda instancia.

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INTERDICCIÓN DEL REPRESENTANTE DE PERSONA JURÍDICA NO IMPLICA QUE EL CURADOR ADQUIERA TAMBIÉN SU REPRESENTACIÓN

La Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios de Lima N° 04 suscribió un contrato de arrendamiento con una empresa, respecto al inmueble de su propiedad. Al vencimiento del contrato, la arrendataria no cumplió con devolver el inmueble por lo que la arrendadora interpuso una demanda de desalojo. El gerente de la empresa emplazada se apersonó al proceso señalando su domicilio procesal. El Juez de primera instancia dictó sentencia, declarando fundada la demanda y ordenó que la empresa emplazada cumpla con desocupar el bien inmueble. Sin embargo, esta sentencia fue apelada por la arrendataria. Asimismo, una tercera persona interpuso recurso de apelación, solicitando que se declare la nulidad de la sentencia apelada, para lo cual alegó que el proceso se había seguido a sus espaldas pese a tener la condición de curadora del gerente de la arrendadora, adjuntando para tal efecto copia certificada de la sentencia de interdicción, así como la correspondiente copia certificada de la ficha del registro personal. La Sala Superior confirmó la sentencia apelada. Al respecto, la curadora del gerente de la empresa interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, debido a que según la impugnante se vulneró su derecho de defensa al no habérsele notificado en ningún momento la demanda, pese a que ella fue quien suscribió el contrato de arrendamiento, en representación de su cónyuge interdicto, contrato en el que se señaló como domicilio real el distrito de San Martín de Porres. Pese a ello, según la impugnante, la demanda fue notificada al inmueble materia de arrendamiento. En este sentido, la impugnante señaló que debió ser notificada en su domicilio real, de acuerdo a lo establecido en los artículos 431 y 589 del Código Procesal Civil. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema señaló que si bien es cierto que de las instrumentales adjuntadas por la impugnante se aprecia su condición de curadora, tal situación tutelar solo incide respecto a esta persona,

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1742-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios de Lima N° 04 Demandado: Materiales Industriales y Electrónicos Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada Asunto: Desalojo Fecha: 20 de noviembre de 2001


mas no le otorga a dicha curadora la condición de representante de la empresa demandada. En tal sentido, se declaró infundado el recurso de casación.

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NO ES VIABLE EXIGIR LA DEUDA DE UNA PERSONA JURÍDICA A SU REPRESENTANTE LEGAL

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3370-2006Santa (Data 45 000) Demandante: Pesquera Hamer Sociedad Anónima Demandado: Pedro Huamán Torres Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 9 de mayo de 2007

Una empresa pesquera interpuso una demanda sobre obligación de dar suma de dinero, con el fin de que el demandado cumpla con pagarle la suma de US$ 23,416.77, en virtud de varios prestamos que estaban representados en tres comprobantes de pago. Al respecto, se tiene que dos de los comprobantes de pago fueron suscritos por el demandado. Sin embargo, el tercer comprobante de pago había sido emitido a la orden de una empresa, por la suma de US$ 3,801.30, donde aparece la firma del demandado, sin especificarse en que calidad suscribe dicho documento. En primera instancia se declaró fundada la demanda. Asimismo, la Sala Civil de la Corte Superior del Santa emitió sentencia de segunda instancia, confirmando la sentencia apelada. Es así que el demandado interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de inaplicación de los artículos 76 y 78 del Código Civil, referidos a las normas que rigen a la persona jurídica y la diferencia entre esta y sus miembros, respectivamente. El demandado sostuvo que la Sala Superior no tuvo en cuenta que el tercer comprobante de pago fue expedido por la demandante a favor de una tercera persona (persona jurídica); y, que sería arbitrario que él, como representante legal de dicha persona jurídica, responda por sus supuestas deudas. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que el artículo 76 del Código Civil establece que la existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y fines de la persona jurídica, se determinan por las disposiciones de dicho Código o de las leyes respectivas. A su vez, se precisó que el artículo 78 del mismo cuerpo legal señalaba que la persona jurídica

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tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de estos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas. En tal sentido, la Corte Suprema constató que las instancias de mérito no han aplicado las normas antes invocadas, puesto que no han tenido en consideración el principio de la autonomía de la persona jurídica, consagrado por el numeral 78 del Código Civil, según el cual la persona jurídica es un ente con personalidad autónoma que no se confunde con las personas naturales o jurídicas que la conforman. Es así que, de acuerdo con la Corte Suprema, no era viable exigir al demandado el pago de una deuda que correspondía a una tercera persona jurídica, debido a que se estaba contraviniendo el principio antes enunciado. Según lo expuesto, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima declaró fundado el recurso de casación.

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ASOCIACIONES RELIGIOSAS TIENEN ORGANIZACIÓN DISTINTA

El obispado de Chiclayo interpuso una demanda de Nulidad de Acto, con la finalidad de que se declare nula la constitución de una asociación religiosa. El juez de primera instancia declaró infundada la demanda. La Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, confirmó la sentencia de primera instancia. El demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente, entre otras causales, por la causal de interpretación errónea del segundo párrafo del artículo 81 del Código Civil, el Decreto Ley N° 23211 (Ley que aprueba el Tratado denominado Acuerdo Internacional entre la Santa Sede y la República del Perú) y los artículos 50 y 55 de la Constitución Política del Perú. Al respecto, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema señaló que de acuerdo al primer párrafo del artículo 81 del Código Civil, al tratar sobre las asociaciones se establece que el estatuto debe constar por escritura pública, salvo disposición distinta de la Ley. Asimismo,

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1233-07Lambayeque (Data 45 000) Demandante: Monseñor Héctor Vera Colona, Vicario General de la Diócesis de Chiclayo (Obispado de Chiclayo) Demandados: Jorge Napoleón Arbañil Rico y otros Asunto: Nulidad de acto jurídico Fecha: 27 de junio de 2007


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1233-07Lambayeque (Data 45 000) Demandante: Monseñor Héctor Vera Colona, Vicario General de la Diócesis de Chiclayo (Obispado de Chiclayo) Demandados: Jorge Napoleón Arbañil Rico y otros Asunto: Nulidad de acto jurídico Fecha: 27 de junio de 2007

señaló que según el segundo párrafo, el cual es denunciado por el demandante, si la asociación es religiosa, su régimen interno se regula de acuerdo con el estatuto aprobado por la correspondiente autoridad eclesiástica. En tal sentido, la Sala Suprema concluyó que el segundo párrafo del artículo 81 del Código Civil, constituye una importante excepción al régimen general de organización impuesto por el Código Civil a las asociaciones, pues permite que las asociaciones de tipo religioso tengan una organización distinta acorde con su especial naturaleza. Señalando también, que dicha excepción obedece a que el régimen general impuesto por el Código Civil está pensando en función de asociaciones civiles en las cuales se tenga un consejo directivo y el órgano supremo sea una asamblea general integrada por todos los miembros; sin embargo, esta estructura no se condice con la especial forma de organizarse de ciertas asociaciones de fines religiosos, ya que en estas suele haber una ordenación altamente jerarquizada. Es así que, de acuerdo a la Sala Suprema, el Código Civil ha querido que su régimen canónico interno, es decir su organización, las instancias de formación de voluntad, su representación, etc., sea el que rija para su vida civil; por ello ha establecido que su régimen interno se regule de acuerdo con el estatuto aprobado por la autoridad eclesiástica. Respecto a este análisis, según la Sala Suprema, el legislador ha tenido en mente un tipo determinado de asociaciones que persiguen fines religiosos, concretamente a las órdenes religiosas, que para actuar en la vida civil debe constituirse como asociaciones. Asimismo, de acuerdo a la interpretación errónea del Decreto Ley N° 23211, la Sala Suprema advirtió que en el artículo 9 del Acuerdo Internacional se establece que las órdenes y congregaciones religiosas y los institutos seculares podrán organizarse como asociaciones, conforme al Código Civil peruano, respetándose su régimen canónico interno. Asimismo, dicha Sala señaló que el artículo 55 de la Constitución Política del Perú, los tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional (observándose que los Tratados tienen el mismo rango de ley que la Constitución Política del Perú); y el artículo 50 de la Constitución Política establece que dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento

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importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración; respetando otras confesiones y pudiendo establecer forma de colaboración con ellas. Es así que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, amparó dicha causal, por lo que concluyó que la actuación de los jueces de la Corte Superior contraviene los dispositivos analizados por la Corte Suprema. En este sentido, y después de que la Corte Suprema analizara las demás causales, se declaró fundado en todos sus extremos el recurso de casación, y nulo el acto jurídico de constitución de la Asociación “Renaciendo firme y feliz en unión con Jesucristo”.

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EXCLUSIÓN DE ASOCIADO ADOPTADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO SIN QUE LA RATIFIQUE LA ASAMBLEA GENERAL ATENTA CONTRA EL DEBIDO PROCESO

Una persona que fue excluida de la asociación a la que pertenecía impugnó judicialmente el acuerdo mediante el cual se le excluyó. Al respecto, la sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda y nula la sesión del concejo directivo, mediante el cual se acuerda separar definitivamente a la demandante. En este sentido, la asociación demandada interpuso recurso de apelación, sustentándose en que los Estatutos no precisan el mecanismo para separar a los asociados, por lo tanto, según la Asociación, el acuerdo adoptado por el consejo directivo resultó válido y se encontró dentro de sus funciones, de conformidad con el artículo 36 inciso a) del estatuto de la asociación. Sobre el particular, la Primera Sala Civil de la Corte Superior Lima señaló que si bien en los estatutos de la asociación, no se contempló el procedimiento a seguir para la separación de un asociado; no obstante, tampoco se establece que el consejo directivo tenga competencia absoluta y definitiva en lo atinente a la separación en mención. En tal sentido, dicha Sala Civil advirtió que la adopción de la medida de separación establecida únicamente por el consejo directivo no solo significaría

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Primera Sala Civil de Lima de la Corte Superior de Justicia Exp. N° 331-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Rosa María Rondinel Ruiz Demandada: Asociación de Productores Agrícolas del Mercado Santa Anita Asunto: Invalidez de resolución Fecha: 11 de junio de 2003


adoptar acuerdos arbitrarios, sino esencialmente atentaría el derecho fundamental del debido proceso, el cual es aplicable también al proceso administrativo, privándose de este modo del derecho de defensa que consagra la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, consideró que dicho acuerdo requería ser ratificado por la asamblea general que constituye órgano supremo de la persona jurídica demandada, y que además así se estableció en la misma acta del acuerdo. Así el Tribunal ad quem continuó señalando que en concordancia con lo dispuesto por el artículo 18 inciso b) de los estatutos, la calidad de asociado se pierde por: atentar contra el patrimonio de la asociación, fomentando el divisionismo con la intención de crear caos en contra de la unidad y armonía de los asociados; presupuesto legal que, según la Sala, no resultó comprobado, toda vez que de la copia certificada presentada por la demandante se desprende que la denuncia penal fue interpuesta por el cónyuge de esta, por hechos atribuidos a una tercera persona, lo que importa el ejercicio regular de un derecho; consecuentemente el acuerdo materia de este proceso debe dejarse sin efecto por carecer de fundamento fáctico-jurídico que lo respalde. Es así que, la Primera Sala Civil de Lima confirmó la sentencia de primera instancia, la cual declaró fundada la demanda y nula la sesión de consejo directivo que acuerdan separar definitivamente a la demandante.

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EJERCICIO DEL DERECHO DISCIPLINARIO SANCIONADOR EN LAS ASOCIACIONES NO AFECTA EL DEBIDO PROCESO

Tribunal Constitucional Exp. N° 9290-2005-AA/ TC-Lambayeque (Data 45 000) Demandante: Segundo Raúl Soto Villanueva Demandada: Asociación Mutualista del Personal de Suboficiales y Especialistas de la Policía Nacional del Perú Asunto: Amparo Fecha: 6 de diciembre de 2005

En la sesión del Consejo de Administración de una asociación se acordó excluir a un asociado por incurrir en falta, al incumplir con el pago de las aportaciones durante 36 meses. El asociado excluido interpuso demanda de amparo contra la Asociación, alegando que había sido excluido en su calidad de asociado, vulnerándose sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y al debido proceso, ya que no tiene deuda alguna con la asociación, lo cual acreditó con los recibos que adjuntó a la demanda.

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La asociación, contestó la demanda argumentando que el demandante había incurrido en causal de exclusión por adeudar más de 36 cuotas, y que había sido debidamente notificado al respecto. El Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 7 de febrero de 2005, declaró fundada la demanda, argumentando que la entidad demandada excluyó en forma arbitraria al demandante, pues no sustenta su decisión respecto a la gravedad de la falta y los antecedentes del asociado, omitiendo el criterio de razonabilidad previsto por sus propios estatutos. Aduce también que la demandada no cumplió con comunicar al demandante que se encontraba sometido a proceso disciplinario. En este sentido, el Segundo Juzgado Civil de Lima ordenó la reincorporación como socio activo del demandante, sin perjuicio del derecho de esta de efectuar el cobro de las cuotas adeudadas, o de aplicar las sanciones a que hubiera lugar, respetando el derecho de defensa. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque revocó la sentencia del Segundo Juzgado Civil de Lima y declaró improcedente la demanda, por estimar que se requería de etapa probatoria, de la cual carecen las acciones de garantía, y que la pretensión demandada no se encontró dentro de los derechos protegidos que prevé el artículo 37 del Código Procesal Constitucional y que existen vías procedimentales igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. Al respecto, el demandante interpuso recurso de agravio constitucional contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con el objeto de que se ordene a la asociación demandada la reincorporación del demandante, al haber sido separado por falta de pago de las aportaciones. De acuerdo con el Tribunal Constitucional, la asociación se plasma en una estructura organizativa que los estatutos concretarán en virtud del correspondiente pacto asociativo. En tal sentido, según dicho Tribunal, toda asociación civil, por principio, se encuentra sometida a su propio régimen estatutario, el cual regula su funcionamiento y establece los derechos y obligaciones de sus asociados; sin embargo, ello no las dispensa de observar el estricto respeto del derecho constitucional al debido proceso.

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Tribunal Constitucional Exp. N° 9290-2005-AA/ TC-Lambayeque (Data 45 000) Demandante: Segundo Raúl Soto Villanueva Demandada: Asociación Mutualista del Personal de Suboficiales y Especialistas de la Policía Nacional del Perú Asunto: Amparo Fecha: 6 de diciembre de 2005


Sin embargo, el Tribunal Constitucional, al analizar el expediente advirtió las cartas de notificación dirigidas al demandante mediante las cuales la asociación le requirió reiteradamente para que efectúe los pagos de los montos adeudados. Asimismo, encontró dentro del expediente, el recibo del depósito en efectivo realizado con fecha 21 de abril de 2004 en la cuenta de la asociación, del cual consta que el demandante regularizó dichos pagos con posterioridad a su exclusión de la asociación. Es así que el Colegiado consideró que no se violó el derecho al debido proceso, toda vez que el demandante ha hecho uso de los recursos establecidos en el estatuto de la asociación. El Colegiado continuó señalando que se trató del ejercicio del derecho disciplinario sancionador, que corresponde a las asociaciones; y que este derecho se puede ejercer contra sus miembros cuando estos cometan faltas tipificadas en sus estatutos, siempre y cuando se les garantice un debido proceso y se respeten los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En este sentido, el Tribunal Constitucional declaró infundada la acción de amparo.

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EN OBSERVANCIA DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ES POSIBLE APARTAR DE LA ASOCIACIÓN A ALGUNO DE SUS MIEMBROS POR CAUSALES ESPECÍFICAS

Tribunal Constitucional Exp. N° 6454-2005-PA/ TC-Lambayeque (Data 45 000) Demandante: José Armando Núñez Tantaleán Demandada: Asociación de Propietarios de Colectivos N° 10, Mercado Modelo-La Victoria Asunto: Amparo Fecha: 23 de setiembre de 2005

Con fecha 2 de abril de 2004, el demandante interpuso demanda de amparo contra una Asociación, solicitando que se declare nulo el acuerdo en el cual se le impone la sanción disciplinaria de expulsión. El demandante alega que se violaron sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad ante la ley y de propiedad. La Asociación demandada propuso excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y contestó la demanda señalando que no se violaron los derechos constitucionales del demandante, ya que su expulsión ha sido acordada conforme a sus normas estatutarias. La asociación argumentó también que el demandante tenía la potestad de impugnar judicialmente los acuerdos que violen disposiciones legales y estatutarias según lo establece el artículo 92 del Código Civil.

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El Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, declaró fundada la demanda considerando que si bien se ha respetado el procedimiento interno de la asociación, el demandante presentó un recurso de reconsideración, solicitando se revise la sanción impuesta, y que al no haber sido resuelta dicha solicitud, y haberse hecho efectiva la sanción que impuso la Asamblea General, se violó su derecho al debido proceso. Sin embargo, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque revocó la sentencia de primera instancia, y declaró infundada la demanda estimando que se ha respetado el debido proceso, ya que al haberse resuelto el recurso de reconsideración, se cumplió con un debido proceso de exclusión. En tal sentido, el demandante interpuso recurso de agravio constitucional contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con el objeto de que se deje sin efecto el acuerdo mediante el cual se expulsa al demandante de la Asociación. El Tribunal Constitucional señaló que entre las facultades de toda asociación, se encuentra la prerrogativa de la separación. Asimismo, advirtió que la doctrina y el derecho positivo establecen que, en observancia del debido proceso y el principio de legalidad, es posible apartar de la asociación a alguno de sus miembros por causales específicas. Es así que dicho Tribunal concluyó que de conformidad con el estatuto de la asociación, la expulsión ha sido acordada en observancia del debido proceso. En tal sentido, declaró infundada la demanda.

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Tribunal Constitucional Exp. N° 6454-2005-PA/ TC-Lambayeque (Data 45 000) Demandante: José Armando Núñez Tantaleán Demandada: Asociación de Propietarios de Colectivos N° 10, Mercado Modelo-La Victoria Asunto: Amparo Fecha: 23 de setiembre de 2005


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DEMANDAR JUDICIALMENTE LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYE UN DERECHO LEGÍTIMO DE LOS ASOCIADOS

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1144-03-Lima (Data 45 000) Demandante: Joel Máximo Córdova Rojas y otros Demandada: Asociación Centro Artesanal de Pueblo Libre Asunto: Convocatoria a asamblea general Fecha: 17 de setiembre de 2003

Cuatro asociados de una asociación interpusieron una demanda de convocatoria judicial de asamblea general extraordinaria de la asociación, dirigiéndola contra la junta directiva. Los demandantes adjuntaron a su demanda una carta notarial de requerimiento a la demandada a fin de que convoque a una asamblea general, la misma que está suscrita por ocho asociados. La asociación contestó la demanda declarando que los actores no cumplían con el requisito de solicitar la convocatoria judicial, porque no representaban el diez por ciento de la asociación toda vez que tres de los cuatro actores habían sido expulsados de la entidad. En primera instancia se declaró fundada la demanda de convocatoria a asamblea general extraordinaria de la asociación. Asimismo, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la resolución de primera instancia, reconociendo que si bien es cierto que ocho de los asociados han suscrito la carta de pedido de convocatoria a asamblea general extraordinaria de la demandada, también lo es que, solo son cuatro de ellos, los que interponen la demanda, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 85 del Código Civil. Es así que la asociación interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de interpretación errónea del artículo 85 del Código Civil, argumentando que no se ha reparado que la carta notarial por la que un grupo de asociados solicita a la junta directiva una convocatoria judicial de asamblea general extraordinaria, fue suscrita por ocho miembros; sin embargo, la demanda esta firmada por solo cuatro de los ocho miembros que firmaron la carta notarial, a pesar de ser este un requisito de procedibilidad de la demanda. Al respecto, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema señaló que el artículo 85 del Código Civil prescribe que: “La asamblea general es convocada por el presidente del consejo directivo de la asociación, en los casos previstos en el estatuto, cuando lo acuerde dicho

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consejo directivo o cuando lo soliciten no menos de la décima parte de los asociados. Si la solicitud de estos no es atendida dentro de los quince días de haber sido presentada, o es denegada, la convocatoria es hecha por el juez de primera instancia del domicilio de la asociación, a pedido de los mismos asociados. La solicitud se tramita como proceso sumarísimo. El juez, si ampara la solicitud, ordena se haga la convocatoria de acuerdo al estatuto, señalando el lugar, día, hora de la reunión, su objeto, quien la presidirá y el notario que de fe de los acuerdos”. En este sentido, de acuerdo con la Corte Suprema, los magistrados de mérito, no interpretaron erróneamente la norma denunciada puesto que, efectivamente, conforme han descrito los magistrados de mérito, un grupo de asociados, que represente cuando menos el diez por ciento de los miembros, puede solicitar a la junta directiva, por conducto notarial, la convocatoria a asamblea general; si es denegado este pedido, los solicitantes pueden acudir al juez de primera instancia. La Corte Suprema advirtió que la convocatoria a la asamblea general es un legítimo derecho de todos los miembros, y que debe cumplir con los requisitos que establece la ley para que sea viabilizado en sede judicial. En tal sentido, dicha Corte Suprema, señaló que la interpretación efectuada por el Tribunal ad quem se ajusta con el irrestricto respeto de los asociados a convocar a una asamblea extraordinaria. Es así que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la asociación.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1144-03-Lima (Data 45 000) Demandante: Joel Máximo Córdova Rojas y otros Demandada: Asociación Centro Artesanal de Pueblo Libre Asunto: Convocatoria a asamblea general Fecha: 17 de setiembre de 2003


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NO IMPORTA QUÉ ÓRGANO DE LA ASOCIACIÓN HAYA EFECTUADO LA NOTIFICACIÓN, SINO QUE EL DESTINATARIO TOME CONOCIMIENTO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2390-2003-Lima (Data 45 000) Demandante: Guillermo Antonio Duffoó Acha Demandada: Asociación Real Club de Lima Asunto: Impugnación de acuerdos Fecha: 13 de julio de 2004

El Tribunal de Honor de una asociación suspendió en sus funciones a los miembros titulares de la junta revisora de cuentas. Es así, que el presidente de la Junta Directiva notificó tal decisión a los suspendidos. Los miembros suspendidos interpusieron demanda de invalidez e ineficacia del acuerdo aprobado en la asamblea general extraordinaria en la que se nombró a una junta revisora de cuentas transitoria para concluir el periodo 2000-2002. Asimismo, interpusieron recurso de nulidad contra el fallo emitido por el Tribunal de Honor. La sentencia de primera instancia, declaró fundada la demanda y en consecuencia ineficaz el acuerdo aprobado en la asamblea general extraordinaria, en base a los siguientes argumentos: - Que no se acreditó que el Tribunal de Honor haya cumplido con notificar debidamente a los afectados, vulnerándose así el debido proceso. - Que no se debió rechazar el recurso de nulidad, debido a que se estaba impugnando una decisión no solo por defectos de forma, sino también de fondo; en tal sentido, no debió importar la determinación que el demandante le dio al recurso, sino procurar la revisión de la resolución que lo afectaba. En cambio, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, declaró infundada la demanda, señalando lo siguiente: - Que el acto de notificación de la decisión de suspender a los miembros de la junta revisora de cuentas no vulneró el derecho de defensa, debido a que sí se notificó debidamente al demandante. - Que el estatuto no confiere la facultad de interponer recurso de nulidad contra una decisión expedida por el Tribunal de Honor. En tal sentido, el demandante interpuso recurso de casación, el cual se declaró procedente por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, porque según el demandante se

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habían contravenido los artículos 1 y 9 del Título Preliminar del Código Procesal Civil; y, 155 y 161 del mismo código. El demandante se basó en el artículo 82 del Código Civil, el cual señalaba que en todo aquello que no esté regulado en el estatuto, debe aplicarse las normas constitucionales y legales pertinentes; de modo que, si en los estatutos no se reguló el procedimiento para las notificaciones, el Tribunal de Honor debió sujetarse a las normas procesales civiles. Al respecto, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señaló que es un principio que rige todo procedimiento, que el objeto de las notificaciones es poner en conocimiento del destinatario del contenido de determinado acto o actos que es de su interés, por lo que si se verifica su recepción se entiende cumplido el objetivo. Entonces, según la Corte Suprema, dicho objetivo se cumplió al tomar conocimiento el demandante, del contenido de la carta expedida por el Tribunal de Honor que decide suspender en sus funciones a seis miembros de la junta revisora de cuentas en lo que resta del periodo de 2000 a 2002; resultando indiferente el medio utilizado (a través del presidente de la junta directiva). Es así que la Corte Suprema declaró infundada esta causal. En cuanto al recurso de nulidad, la Corte Suprema advirtió que los estatutos de una asociación contienen los derechos y obligaciones que deben ser cumplidos por sus asociados, los mismos que se presumen de su conocimiento desde el momento que forman parte de las distintas asociaciones. En tal sentido, de acuerdo a dicha Corte Suprema, la interposición de un medio impugnatorio distinto al establecido expresamente en los estatutos de la entidad demandada no pueden ser subsanados desde que el respeto a las formalidades establecidas en él comprometen a la totalidad de sus miembros, no resultando eventuales alegaciones relativas a errores materiales o a falta de conocimiento. En este sentido, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el demandante.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2390-2003-Lima (Data 45 000) Demandante: Guillermo Antonio Duffoó Acha Demandada: Asociación Real Club de Lima Asunto: Impugnación de acuerdos Fecha: 13 de julio de 2004


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PERTENENCIA O NO A UNA ASOCIACIÓN SE SUSTENTA EN LA DETERMINACIÓN PERSONAL

Tribunal Constitucional Exp. N° 1449-2006-PA/ TC (Data 45 000) Demandante: Hugo Armando Bazán Chávez Demandada: Sociedad Mutualista Militar Policial (SMMPP) Asunto: Amparo Fecha: 16 de marzo de 2006

Con fecha 22 de agosto de 2003, se interpuso demanda de amparo contra la Sociedad Mutualista Militar Policial. El demandante solicitaba que se acepte su retiro como asociado y señaló que se había vulnerado su derecho a la libre asociación. El demandante manifestó que jamás solicitó pertenecer a dicha asociación y que con fecha 6 de junio de 2003 presentó recurso de apelación contra la denegatoria de su renuncia de la asociación, el cual fue declarado improcedente. La Sociedad Mutualista Militar Policial contestó la demanda argumentando que la incorporación de asociados no se realiza a requerimiento de parte, sino en forma automática y obligatoria, desde el momento en que se egresa de las escuelas de formación de oficiales. Señaló, asimismo, que si bien es cierto que la Constitución ampara la libre asociación, debe tenerse en cuenta que la sociedad es una persona jurídica que reviste características peculiares, por estar conformada por miembros de las fuerzas armadas, y que la renuncia solo cabe cuando los asociados se encuentren en situación de retiro, conforme lo establecen las normas estatutarias. El 39° Juzgado Civil de Lima, con fecha 30 de diciembre de 2003, declaró fundada la demanda considerando que, de conformidad con el artículo 2 inciso 13 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a la libre asociación y que, en consecuencia, nadie puede ser obligado a pertenecer a una; y que, por lo tanto, las cláusulas estatutarias de la asociación eran incompatibles con la Constitución. Asimismo, dicho Juzgado señaló que la denegatoria de la renuncia del recurrente no tiene fundamento constitucional, dado que el artículo 90 del Código Civil contempla la renuncia de los asociados. Por otro lado, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la sentencia de primera instancia, declarando infundada la demanda señalando que el ingreso en la entidad no es un acto voluntario, sino una suerte de carga pública o servicio personal, con el fin de alcanzar los fines públicos requeridos; que al ser la sociedad una entidad con personería jurídica cuya finalidad social ha sido autorizada por el Estado, y al no

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haberse contemplado la renuncia de sus asociados, no se ha vulnerado ningún derecho constitucional. Es así que el demandante interpuso recurso de agravio constitucional, con el objeto de que se acepte su renuncia de la Sociedad Mutualista Militar Policial y se suspendan los descuentos que se han venido efectuando en su planilla de pago. De acuerdo con el Tribunal Constitucional, la Constitución Política establece en su artículo 2 inciso 13, que toda persona tiene derecho a asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. Al respecto, dicho Tribunal continuó señalando que de acuerdo a la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1027-2004-AA/TC, entre los principales principios que sustentan el reconocimiento y goce del derecho de asociación, está el principio de autonomía de la voluntad, que establece que la pertenencia o no pertenencia a una asociación se sustenta en la determinación personal. Asimismo, en dicha sentencia se advirtió que la persona tiene derecho a desafiliarse de una asociación; que en el ejercicio de su potestad autodeterminativa puede renunciar, y, en consecuencia, negarse a continuar siendo miembro de una asociación. En este sentido, el Tribunal Constitucional concluyó que se había acreditado fehacientemente que se han desconocido los mandatos que la Constitución y la jurisprudencia invocada en el párrafo anterior, razón por la cual la denegatoria de la renuncia del recurrente resulta arbitraria y violatoria del derecho constitucional de libre asociación. En cuanto a la suspensión de descuentos por conceptos de aportaciones, el Tribunal Constitucional señaló que estos deben dejar de ser realizados, porque el recurrente jamás solicitó pertenecer a dicha asociación. En consecuencia, se concluyó que la devolución de dichos aportes deberá hacerse efectiva a partir de junio de 2003. Finalmente el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda.

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Tribunal Constitucional Exp. N° 1449-2006-PA/ TC (Data 45 000) Demandante: Hugo Armando Bazán Chávez Demandada: Sociedad Mutualista Militar Policial (SMMPP) Asunto: Amparo Fecha: 16 de marzo de 2006


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PLAZO PARA IMPUGNAR JUDICIALMENTE ACUERDO DE EXCLUSIÓN DE ASAMBLEA A LA QUE NO SE ASISTIÓ SE COMPUTA A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2841-2003Loreto (Data 45 000) Demandantes: Alejandro Cabrera Flores y otros Demandada: Iglesia Evangélica Misionera de Sión Asunto: Nulidad de acto jurídico Fecha: 28 de febrero de 2005

En asamblea general de una asociación se acordó excluir a diversos asociados. Como las personas excluidas no acudieron a la asamblea general, se les notificó mediante carta notarial. Es así que los excluidos demandaron judicialmente la nulidad de los acuerdos. La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda de nulidad de acto jurídico. Sin embargo, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto revocó la sentencia apelada, declarando improcedente la demanda por haber operado el plazo de caducidad a que se refiere el artículo 92 del Código Civil. En tal sentido, los demandantes interpusieron recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. Al respecto, los demandantes señalaron que se había contravenido el artículo 92 del Código Civil, relativo a la impugnación judicial de acuerdos, debido a que el acuerdo se llevó a cabo sin respetar las normas estatutarias de la congregación religiosa. Asimismo, agregaron que no pudo operar la caducidad, debido a que ellos fueron notificados de su expulsión mediante carta notarial de fecha 10 de julio de 2001 y la demanda se interpuso el 16 de agosto de 2001; en tal sentido, de acuerdo a los demandantes, no se superó el plazo de sesenta días señalado en el artículo 92 del Código Sustantivo. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema señaló que de conformidad con el artículo 92 del Código Civil los acuerdos que violen las disposiciones legales estatutarias o en los cuales se haya incurrido en causal de nulidad prevista en el Código Civil, podrán ser objeto de impugnación judicial, la que se ejercitará en el plazo no mayor de sesenta días contados a partir de la fecha del acuerdo; asimismo, la Corte Suprema continuó señalando que de acuerdo a dicho artículo, la impugnación judicial puede ser interpuesta por los asociados asistentes, los que no concurrieron y por los que hayan sido privados ilegítimamente de emitir su voto.

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Respecto a este artículo, la Corte Suprema concluyó que si el acuerdo de asamblea en que se decide la expulsión de los demandantes, se llevó a cabo el 24 de mayo y 4 de junio de 2001, habiéndoles sido notificado dicho acuerdo el 10 de julio de 2001, no operó el plazo de caducidad que establece la norma. Es así que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró fundado el recurso de casación.

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PLAZO PARA IMPUGNAR JUDICIALMENTE LOS ACUERDOS DE ASAMBLEA GENERAL SE COMPUTAN EN DÍAS NATURALES

Una asociada excluida de una asociación impugnó el acuerdo con la finalidad de que se le restituyan todos sus derechos de asociada, pues consideró que los hechos que sustentaron la exclusión son falsos. La asociación contestó la demanda solicitando que esta sea declarada infundada, bajo el argumento de que los hechos en que se funda la expulsión no son falsos, pues se encuentran debidamente probados con testigos y la propia conducta de la demandante. La demanda fue declarada improcedente. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, confirmó la sentencia apelada. Estas instancias de mérito se basaron en que la demanda fue interpuesta fuera de los sesenta días que prevé el artículo 92 del Código Civil para ejercer la acción impugnatoria, plazo que deberá ser considerado como días naturales conforme lo señala el inciso 1 del artículo 183 del citado Código. En tal sentido, la demandante interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista, el cual fue declarado procedente por las causales de aplicación indebida e inaplicación de normas de derecho material (incisos 1 y 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil). Al respecto, la demandante señaló que los artículos 183 inciso 1 y 184 del Código Civil, no debieron ser aplicados, porque si bien el artículo 92 del Código Civil, señala que el plazo para impugnar un acuerdo es de sesenta días, esta norma no precisa si estos días eran naturales o hábiles, es así que se debía considerar el plazo en días hábiles.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2140-2006-Callao (Data 45 000) Demandante: Bacilia Serrano Moriano Demandada: Asociación de Comerciantes del Mercado San Juan Macías Asunto: Impugnación de acuerdos Fecha: 11 de diciembre de 2006



La demandante continuó señalando que no se aplicó lo dispuesto en el artículo 2004 del Código Civil, que señala que los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto contrario. A criterio de la demandante, el artículo 92 del mismo código fija un plazo de sesenta días, pero no precisa si se trata de días naturales o calendarios, o días hábiles o inhábiles; vacío que conforme a la norma inaplicada, según la demandante, hace que se compute el plazo como días hábiles. Es así que al haberse producido el acuerdo de asamblea el 4 de marzo de 2002 e interpuesto la demanda el 27 de mayo de 2002, la acción es procedente, ya que se accionó el derecho dentro del plazo establecido. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema señaló que de acuerdo al artículo 92 todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias. Las acciones impugnatorias deben ejercitarse en un plazo no mayor de sesenta días contados, a partir de la fecha del acuerdo. Al respecto, dicha Corte Suprema advirtió que, si bien dicha norma se refiere al derecho de los asociados de impugnar los acuerdos de una asociación, no es menos verdad que esta se refiere al ejercicio de la acción, el cual representa la facultad o el poder jurídico del justiciable de acudir al órgano jurisdiccional en busca de tutela efectiva, independientemente de que cumpla con los requisitos formales o que su derecho sea fundado. Asimismo, la Corte Suprema agregó que al señalar la ley que el asociado tiene sesenta días para interponer la demanda de impugnación judicial de acuerdo y no establecer a qué tipo de días se refiere, el juzgador se debe remitir a lo dispuesto en los artículos 183, inciso 1 del Código Sustantivo, que dispone que el plazo señalado por días se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezca que se haga por días hábiles. Además, de acuerdo a la última instancia, el artículo 184 del referido cuerpo normativo, señala que las reglas del artículo 183 son aplicables a todos los plazos legales convencionales, salvo disposición o acuerdo diferente. Es así que la Corte Suprema arguyó que cuando la instancia anterior consideró el plazo del artículo 92 como días naturales y no hábiles, procedió conforme a ley; por lo que las instancias de mérito han aplicado

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debidamente las normas que la recurrente denuncia como aplicadas indebidamente. En cuanto a la inaplicación del artículo 2004 del Código Civil, la Corte Suprema señaló que dicha norma dispone que los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto contrario; por ello, según la Corte Suprema, si bien el artículo 92 del Código Civil establece un plazo de sesenta días para interponer la demanda de impugnación de acuerdos, se advierte que existe un vacío legal, al no especificar qué clase de días son. Por ello, de acuerdo a dicha instancia, se debe remitir a lo dispuesto por el artículo 183 del Código Civil que establece que el cómputo del plazo era en días naturales, y no hábiles. En este sentido, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso de casación. Sin embargo, hubo un voto singular, el cual invocó a la doctrina, a fin de establecer si el referido plazo hace referencia a días naturales o a días hábiles, la cual, según él, establece que es el propio ordenamiento jurídico el que contiene mecanismos de auto integración, a fin de colmar las insuficiencias de la ley. En tal sentido, invocó el artículo 2005 del Código Civil el cual establece que, la caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo cuando sea imposible reclamar el derecho ante un Tribunal peruano. Al respecto, el Magistrado Supremo que emitió el voto singular señaló que en la caducidad, para el cómputo del plazo transcurrido, se debe acudir a las propias normas que establece el Código sustantivo, siendo estas las contenidas en sus artículos 183 y 184. Al respecto, el magistrado advirtió que el artículo 92 del Código Civil no establece que el plazo deba computarse en días hábiles, por tanto, se aplica la regla contenida en el artículo 183 del Código sustantivo glosado, no existiendo así base jurídica para efectuar el cómputo del plazo en días hábiles. Es así que el voto singular fue porque se declare infundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante.

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IMPUGNACIÓN JUDICIAL DE ACUERDOS DE ASAMBLEA GENERAL SE TRAMITAN EN PROCESO ABREVIADO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1774-2004-San Martín (Data 40 000) Demandante: Elías Segundo Bartra Gonzales y otros Demandado: Fondo de Apoyo Económico del Cesante y Jubilado de Educación de la Provincia de San Martín Asunto: Impugnación de acuerdos Fecha: 2 de junio de 2006

Los asociados sancionados con suspensión temporal de una asociación, impugnaron judicialmente los acuerdos adoptados por la asamblea general del Fondo al cual pertenecen. En primera instancia la demanda fue declarada fundada, y en consecuencia nulo el acuerdo de suspensión de derechos de los demandados como asociados. En el mismo sentido, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia San Martín, confirmó la sentencia de primera instancia. El Fondo demandado interpuso recurso de casación, el cual se declaró procedente por la causal prevista en el inciso 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil. Al respecto, el demandado señaló que se incumplió la formalidad prevista en el último párrafo del artículo 92 del Código Civil (modificado por el Código Procesal Civil), según el cual, este tipo de acciones se demandan ante el Juez Civil del domicilio de la asociación y se tramita como proceso abreviado. Sin embargo, según el demandado, el auto admisorio de la demanda no señalaba fundamento alguno que justifique por qué el proceso se tramitaba mediante un proceso de conocimiento, lo que transgredía el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado, más aún, si el inciso 1 del artículo 51 del Código Procesal Civil faculta al Juez a adecuar la vía procedimental. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema señaló que la acción de impugnación judicial de acuerdos se constituye en un derecho esencial de los asociados, por la que pueden ejercer control sobre las decisiones que adopten, tanto de la asamblea general de asociados como del Consejo Directivo, pudiendo impugnar judicialmente contra aquellos acuerdos contrarios a la ley y el estatuto, y que se encuentren establecidos y regulados en el artículo 92 del Código Civil. Asimismo, dicha Corte Suprema advirtió que el último párrafo del artículo en cuestión establece que la impugnación se demanda ante el Juez Civil del domicilio de la asociación y se tramita como proceso abreviado. En ese sentido, la Corte Suprema concluyó que existía una vía procedimental determinada de manera expresa por ley y de carácter imperativo para el proceso de impugnación de acuerdos,

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es decir, era una norma de orden público; por lo que, según esta última instancia, su incumplimiento afectaba el sistema jurídico. Es así que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso de casación, y nulo todo lo actuado.

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PLAZO PARA EJERCER LA ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN JUDICIAL DE ACUERDOS SE COMPUTA DESDE LA FECHA EN QUE APROBÓ EL ACUERDO SI EL AFECTADO ESTUVO PRESENTE

Una persona demandó a la impugnación judicial del acuerdo adoptado en la asamblea general, en la que se decidió su expulsión como miembro de la asociación. Al respecto, la Asociación demandada interpuso excepción de caducidad. La resolución de primera instancia declaró fundada la demanda. Sin embargo, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao declaró fundada la caducidad deducida por la Asociación y, en consecuencia, declaró nulo todo lo actuado. La sentencia emitida por la Corte Superior se sustentó en que la demandante tomó conocimiento de lo acordado en la misma asamblea en la que se decidió su expulsión como miembro de la asociación, no obstante ello, dejó transcurrir el plazo establecido por el artículo 92 del Código Civil. Es decir, según la Corte Superior el cómputo se debió realizar desde el 25 de julio de 1999 (fecha en que se tomó el acuerdo) y no desde la fecha en que se notificó a la demandante, 9 de octubre de 1999; en este sentido, la fecha en que se presentó la demanda, 7 de diciembre de 1999, ya había operado la caducidad. Es así que la demandante interpuso recurso de casación, señalando que se inaplicó la segunda parte del artículo 92 del Código Civil, precisando que la norma de derecho aplicable es el inciso 80 del artículo 1994 del Código citado, concordante con el artículo 2005 del mismo texto legal. La demandante sostuvo que el plazo para impugnar judicialmente el acuerdo de expulsión debe computarse a partir de la fecha en que tomó conocimiento del referido acuerdo, y no desde que el acuerdo fue adoptado.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 167-2002-Callao (Data 45 000) Demandante: Elsa Chávez Jaimes Demandada: Asociación de Trabajadores del Mercado Primero de Mayo de Previ-Callao Asunto: Impugnación judicial de acuerdos Fecha: 16 de mayo de 2003


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 167-2002-Callao (Data 45 000) Demandante: Elsa Chávez Jaimes Demandada: Asociación de Trabajadores del Mercado Primero de Mayo de Previ-Callao Asunto: Impugnación judicial de acuerdos Fecha: 16 de mayo de 2003

De acuerdo a la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, el tema central de la controversia radicaba en establecer si el plazo para impugnar judicialmente el acuerdo de expulsión debe computarse desde la fecha del acuerdo (25 de julio de 1999) o desde cuando la recurrente tomó conocimiento de este (9 de octubre de 1999). Asimismo, la Corte Suprema analizó si la aplicación de las normas sustantivas citadas por la demandante en su recurso de casación, cambiaría el sentido de la decisión contenida en la sentencia de vista o no. Así, dicha Corte señaló que el artículo 92 del Código Civil otorga a todo asociado el derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias, estableciendo en su segundo párrafo, un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la fecha del acuerdo, plazo que conforme a su naturaleza es de caducidad y que lo fija la ley sin admitir pacto contrario, como lo establece el artículo 2004 del Código Civil. Por otro lado, luego de que la Corte Suprema examinara el texto y la ratio legis del inciso 8 del artículo 1994 y el artículo 2005 del Código Civil, concluyó que dichos preceptos se refieren a la suspensión de la prescripción mientras sea imposible reclamar el derecho ante un Tribunal peruano y el carácter ininterrumpible de la caducidad que no admite interrupción ni suspensión salvo el caso previsto en el artículo 1994 inciso 8 del Código citado, hecho que no se configura en el caso, según esta última instancia. En tal sentido, dicha Corte Suprema arguyó que la aplicación de las normas invocadas no cambiaría el sentido de la decisión tomada por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, siendo impertinentes para dilucidar la controversia. Es así que dicha Sala Civil Permanente declaró infundado el recurso de casación.

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049

INAPLICACIÓN DE NORMAS ESTATUTARIAS NO PUEDE SER DENUNCIADA EN CASACIÓN

Un miembro de una cooperativa impugnó judicialmente las elecciones realizada en ella. Al respecto, tanto en primera como en segunda instancia se declaró infundada la demanda. Es así que el demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de inaplicación de normas de derecho material. El demandante denunció la inaplicación del artículo 41 incisos 60 y 90 del Estatuto de la Cooperativa y el artículo 7 del Reglamento de Elecciones de dicha Cooperativa; argumentando que el demandado, al ser socio de otra Cooperativa (la cual se contrapone a los intereses de la Cooperativa a la que pertenecen), no puede ser dirigente pero sí socio de esta. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, al examinar la causal, advirtió que el demandante pretendía realizar un nuevo examen de los medios probatorios, lo cual es ajeno a la naturaleza extraordinaria del recurso de casación. Asimismo, señaló que los artículos que integran el estatuto de las cooperativas, no se circunscriben a normas de derecho material objetivo, por cuanto estos se formulan con base en cláusulas contractuales enumeradas, consecutivamente, como artículos, que rigen solo para los socios que la integran, por lo que, según la Corte Suprema, la inaplicación de normas estatutarias no constituye causal casatoria. Es así que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1237-2002-Puno (Data 45 000) Demandante: José Gómez Blanco Demandado: Jaime Peralta Mamani y otros Asunto: Impugnación de acuerdos Fecha: 20 de mayo de 2003

FUNDACIÓN

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PARA DEMANDAR LA REMOCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE FUNDACIONES NO SE REQUIERE QUE SE DECLARE JUDICIALMENTE LA RESPONSABILIDAD EN EL INCUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES

El Ministerio de Justicia demandó la remoción en el cargo de administrador de una fundación por haber incumplido, los demandados, sus deberes de función en aplicación de los artículos 104 inciso 7 y 106 del Código Civil. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda. En tal sentido, el Ministerio de Justicia interpuso recurso de apelación, el cual se sustentó en el artículo 106 del Código Civil, señala que la suspensión es reconocida como suspensión definitiva, en razón de que, declarada la responsabilidad de los administradores, estos cesan automáticamente de sus cargos. Asimismo, indicó que anteriormente la procuraduría pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia ha tramitado procesos similares, las cuales en su oportunidad fueron admitidas a trámite y que posteriormente fueron declaradas fundadas. La Cuarta Sala Civil de Lima señaló que de acuerdo al artículo 106 del Código Civil, el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones puede iniciar acción judicial contra los administradores que no cumplan con presentar las cuentas y el balance anual de la Fundación o si estas fueran desaprobadas; así como en el incumplimiento de sus deberes. En este sentido, según dicha Sala Civil, no sería conforme que para solicitar la remoción de los administradores se deba, previamente, declarar judicialmente la responsabilidad en el incumplimiento de sus deberes; puesto que, con la interposición de la demanda lo que se pretende es probar tales responsabilidades, a efectos de proceder a la remoción de los administradores, lo que en el fondo importa una suspensión definitiva.

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Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 997-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Ministerio de Justicia Demandado: Jorge Ito Tosa Asunto: Remoción de administradores Fecha: 15 de enero de 2002


Es así que la Cuarta Sala Civil de Lima revocó la sentencia apelada, ordenando que se admita la demanda.

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EL INICIO DE UN PROCESO JUDICIAL DE DISOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN NO VULNERA NINGÚN DERECHO CONSTITUCIONAL

Tribunal Constitucional Exp. N° 10340-2005-PA/ TC (Data 45 000) Demandante: Fundación Progreso, Amor, Solidaridad Perené Demandado: Ministerio de Justicia Asunto: Amparo Fecha: 14 de marzo de 2006

El Ministerio de Justicia, mediante Resolución Ministerial N° 111-2003-JUS, que dispuso la disolución de una fundación. El promotor interpuso una demanda de amparo con la finalidad que se declare inaplicable la referida resolución por considerar que se está lesionando su derecho constitucional de creación de fundación. La demandante expuso que el Ministerio de Justicia emitió la Resolución Ministerial en cuestión, por medio de la cual autoriza al Procurador Público de esta entidad a iniciar las acciones legales conducentes a la disolución de la fundación. Al respecto, la demandante señaló que este hecho es injusto ya que se trata de una institución que desde su creación ha generado fuente de empleo para los agricultores de la zona, además de obtener sus propios ingresos producto de los servicios que presta y las donaciones que recibe. El Ministerio Público contestó la demanda afirmando que la resolución cuestionada ha sido expedida conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Civil, en concordancia con el inciso b) del Decreto Supremo N° 03-94-JUS, que autoriza al consejo a solicitar la disolución de la fundación cuando la finalidad para la que se constituyó no es posible de cumplir. El 12° Juzgado Civil de Lima, declaró improcedente la demanda estimando que el acto cuestionado solo constituye el ejercicio regular de un derecho, por lo que no puede considerarse lesivo de derecho constitucional alguno. Asimismo, en segunda instancia se confirmó la sentencia apelada argumentando que no puede ordenarse que se inaplique o suspenda la resolución impugnada, pues para ello es necesaria la actuación de medios probatorios idóneos y porque la fundación demandante podrá defender sus derechos dentro del propio proceso.

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Es así que la Fundación demandante interpuso recurso de agravio constitucional, con el fin de que se deje sin efecto la Resolución Ministerial N° 111-2003-JUS. De acuerdo con el Tribunal Constitucional, dicha resolución tenía como objeto el de autorizar al procurador correspondiente para que solicite judicialmente la disolución de la fundación. En tal sentido, dicho Tribunal advirtió que el solo hecho de que se inste un proceso judicial, cuyo resultado pueda eventualmente incidir en derechos subjetivos o situaciones jurídicas de una persona, no representa amenaza ni lesión de derecho constitucional alguno. Desde tal perspectiva, según el Tribunal Constitucional, el hecho de que el Estado haya autorizado al procurador el inicio del proceso judicial de disolución de la fundación se ampara en el artículo 2, numeral 13, de la Constitución Política del Perú. En este sentido, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda.

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Tribunal Constitucional Exp. N° 10340-2005-PA/ TC (Data 45 000) Demandante: Fundación Progreso, Amor, Solidaridad Perené Demandado: Ministerio de Justicia Asunto: Amparo Fecha: 14 de marzo de 2006

Capítulo 3

ACTO JURÍDICO

REQUISITOS Y FORMA

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SE ENTIENDE CUMPLIDA LA CONDICIÓN DEL ACTO JURÍDICO SI NO EXISTE RECLAMO DE LA OTRA PARTE

El vendedor de un inmueble interpone demanda de obligación de dar suma de dinero con la finalidad de que su comprador le pague el saldo del precio pactado por la línea de envasado que le entregó. El juez de primera instancia declara fundada la demanda. El demandado impugna el fallo alegando la excepción de caducidad del plazo regulado en el artículo 1427 del Código Civil, argumentando que el vendedor se obligó a entregar la línea de envasado “en perfecto estado de funcionamiento” dentro del plazo de 45 días, de celebrado el contrato y en la medida en que no se cumplió la condición, debido a las graves fallas estructurales que presentaba, no le es exigible la cobranza del saldo del precio. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte confirma la sentencia apelada, sosteniendo que la excepción de caducidad del plazo no ha sido probada ni justificada por el demandado, pues este jamás comunicó al demandante los motivos que justificaban la suspensión del pago del saldo deudor. El demandado interpone recurso de casación alegando que la aplicación indebida del artículo 1429 del Código Civil, ya que ninguna de las partes pretende resolver el contrato, así como la inaplicación del artículo 174 del Código Civil, pues el contrato de compra venta contiene una condición suspensiva lícita que originó la suspensión del pago. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declara infundado el recurso de casación, exponiendo que la condición pactada no se supeditaba a la entrega “en perfecto estado de funcionamiento” de

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3816-2006-Lima Norte (Data 45 000) Demandante: Juan Carlos Paredes Concha Demandado: Javier Cárdenas Huamaní Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 30 de mayo de 2007


toda la línea de envasado, sino solo a satisfacción del comprador, es decir, cumpliendo los requerimientos de este, sin queja ni reclamo alguno. Ahora bien, las instancias de mérito tienen establecido que la maquinaria fue instalada por el vendedor sin queja ni reclamo alguno por parte del comprador, quien incluso ha venido explotando la máquina para el llenado y envasado de agua gasificada, cometido para el cual ha venido cumpliendo su propósito.

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MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD TÁCITA NO ES CONSIDERADA VÁLIDA PARA CONSTITUIR ACTO JURÍDICO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1744-2006-Lima (Data 45 000) Demandante: Ministerio de Economía y Finanzas Demandado: Jaime Abugattas Jasaui Asunto: Obligación de suma de dinero Fecha: 19 de marzo de 2007

Una entidad estatal inicia proceso ejecutivo respecto de una escritura pública de contrato de refinanciación, argumentando que la demandada se comprometió a pagar la suma de trescientos catorce mil dólares americanos en cuotas trimestrales. La parte demandada contradice el mandato ejecutivo, alegando que la obligación se encontraba extinguida en virtud a la celebración de un contrato de transacción extrajudicial, en cuya cláusula cuarta se especificó que quedaban extinguidas, a partir de su suscripción, todas las obligaciones de los créditos mencionados. Al absolver el traslado de la contradicción, el ejecutante reconoce que existió una propuesta de transacción, pero agrega que esta fue rechazada por su parte, por lo que nunca llegó a suscribirla. El Juez de la causa, analizando la minuta de transacción extrajudicial, declara infundada la contradicción formulada y fundada la demanda, ya que consideró que el contenido del documento de transacción no es exigible ya que no fue suscrito por los representantes de la demandante. La parte demandada impugnó el fallo alegando que si bien no se suscribió el acto por quien tenía facultades para hacerlo, la demandante lo ejecutó al realizar actos concluyentes, manifestando su voluntad de manera tácita. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia apelada, reproduciendo los fundamentos de la sentencia de primera instancia. La parte demandada interpone recurso de casación alegando la inaplicación de normas de derecho material,

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ACTO JURÍDICO

como son: a) el artículo 1361 del Código Civil, alegando que la transacción sí resulta exigible, ya que la empresa obligada realizó pagos al ejecutante “a cuenta de obligaciones de transacción judicial”; y b) el artículo 1302 del Código Civil, pues en la cláusula cuarta de la minuta de transacción extrajudicial se señala que, como consecuencia del pago de la suma transada, el Ministerio declara extinguidas, a partir de la suscripción de dicho documento, todas y cada una de las obligaciones. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declara infundado el recurso de casación exponiendo que el artículo 1304 del Código Civil establece con precisión que la transacción debe hacerse por escrito, bajo sanción de nulidad; ello importa que no solo los términos que acuerden las partes deban constar por escrito, sino que también debe ser plasmada de esa forma la voluntad de los intervinientes; en tal sentido, un contrato de transacción no puede materializarse a través de actitudes o comportamientos positivos que revelen el conocimiento de su existencia, sino a través de una manifestación expresa que confluya en un acuerdo de voluntades.

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ACTO CELEBRADO POR UN SOLO CÓNYUGE NO ES NULO

Una persona demanda que se declare nulo y sin efecto legal el contrato de hipoteca que efectuó, sin su consentimiento de su cónyuge sobre un bien inmueble perteneciente a la sociedad de gananciales con una empresa financiera. El juez de primera instancia declaró fundada en parte la demanda. El demandado impugna el fallo, siendo que la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín confirma la sentencia de primera instancia. El demandado interpone recurso de casación denunciando la inaplicación de los artículos 286 y 416 primer párrafo de la Ley General de Sociedades, y de los artículos 140, 168, 303 y 1351 del Código Civil, así como que la sala no debió aplicar los artículos 315 y 221, inciso 4 del Código Sustantivo.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1666-2001Junín (Data 45 000) Demandante: Héctor Guillermo Cano Navarro Demandados: Banco de Crédito del Perú y otro Asunto: Nulidad de acto jurídico Fecha: 10 de octubre de 2001


La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso, exponiendo que las disposiciones comerciales regulan la voluntad social en las sociedades de responsabilidad limitada y las funciones de los liquidadores, no existiendo en consecuencia, conexión lógica con el caso en donde se discute la validez o no de las hipotecas celebradas, y del mismo modo, los artículos 140,168 y 1351 del Código Civil, persiguen una nueva valoración del contenido de la escritura pública de disolución y liquidación de la empresa de la cual es copropietaria la demandada; sin embargo, no es función interpretar las disposiciones emanadas de la voluntad privada, por resultar ajena a sus fines que regula el artículo 384 de la Ley adjetiva; y en cuanto a la inaplicación del artículo 303 del Código Sustantivo, su invocación es impertinente ya que se ha concluido que el inmueble tenía la condición de social al momento de constituirse la hipoteca a favor de la entidad recurrente, conclusión fáctica que no puede ser modificada en vía de casación de conformidad con lo previsto en el artículo 397 del Código Procesal Civil.

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FORMALIDAD DE ACTO JURÍDICO PACTADA ES EXIGIBLE

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1516-2000Callao (Data 45 000) Demandante: Clara Susana León Padilla Demandada: Cooperativa de Vivienda San Fernando Limitada Asunto: Otorgamiento de escritura pública Fecha: 6 de setiembre de 2000

Una persona demanda el otorgamiento de escritura pública respecto del contrato de compraventa que celebró y argumentó que el transferente se comprometió a otorgar la correspondiente escritura a efectos de formalizar la venta. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La parte demandada impugnó el fallo, siendo que Sala Civil de la Corte Superior del Callao revoca la apelada y reformándola declara infundada la demanda. El demandante interpone recurso de casación alegando la causal prevista en el inciso segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil; pues la recurrente acusa la inaplicación de los artículos 1412, 1549 y 1551 del Código Civil. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara fundado el recurso de casación, exponiendo que es evidente que el Colegiado ha inaplicado los artículos 1412, 1549 y 1551 del Código Civil, debido a que la forma ad probationem implica que

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ACTO JURÍDICO

el documento no es más que un medio de prueba de la existencia y del contenido del acto jurídico. En este sentido, el concepto de forma hace referencia a un medio concreto y determinado, que las partes se han impuesto para exteriorizar su voluntad contractual siendo que si bien el otorgamiento de la escritura pública no es necesaria para el perfeccionamiento de la transferencia y constituye una formalidad cuando es exigida por la Ley o se ha convenido en el contrato.

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DOCUMENTO PRIVADO DE ANTICRESIS SIN FORMALIDAD ESTABLECIDA EN LA LEY CARECE DE VALOR

El propietario de un bien inmueble demanda desalojo por ocupación precaria respecto de su poseedor, argumentando que el supuesto título que le faculta a tener el inmueble es nulo, ya que no cumple con los requisitos de forma que exige el Código Civil. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La parte demandada impugnó el fallo siendo que La Sala Civil de Procesos Abreviados y de conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia apelada. El demandante interpone recurso de casación alegando que la Sala no precisó en mérito sobre qué título viene poseyendo la demandada, pues es contradictorio señalar que posee a mérito del contrato de mutuo anticrético celebrado pon los anteriores propietarios y de buena fe, concluyendo que “dicho contrato constituye suficiente título hasta que no sea declarado judicialmente ineficaz”. Así, afirma que si la Sala concluye que el contrato constituye título suficiente está reconociendo la precariedad de la posesión en razón a dicho documento, ya que dicho contrato no cumple con las formalidades que exige el artículo 1092 del Código Civil, por lo que es nulo ipso jure La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación exponiendo que el documento privado presentado, no puede ser considerado un contrato de anticresis, en donde las declaraciones contenidas en él no se encuentran bajo el tipo del contrato de anticresis, al faltarle la forma ad solemnitatem, por ello, en sentido jurídico, este se ubica dentro de la

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La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3332-2006-Lima (Data 45 000) Demandante: Antonio Raúl Romero Pacheco Demandada: Avelina Zulema Vásquez de la Rosa Asunto: Desalojo por ocupación precaria Fecha: 16 de mayo de 2007


etapa de las tratativas o etapa precontractual. Siendo así, viene al caso analizar, si cuando en la etapa de las tratativas las partes desarrollan conductas tales como desplazamientos de bienes, estas conductas deben o no tener la calidad de título que justifique la posesión.

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SE PACTA FORMALIDAD SOLEMNE PARA LA CELEBRACIÓN DE UN ACTO JURÍDICO

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1218-2006Ucayali (Data 45 000) Demandante: NCS American Forestal Sociedad Anónima Cerrada Demandado: Luis López Marina Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 18 de octubre de 2006

El acreedor de un mutuo, demanda la ejecución de garantía hipotecaria que respaldaba su crédito ya que su deudor incumplió con cancelar la prestación que tenía a su cargo y que estaba contenida en la escritura pública de mutuo con garantía hipotecaria. La parte demandada contradice exponiendo que el crédito no es exigible, toda vez que mediante acuerdo posterior se ha pactado la cancelación de la deuda con una dación en pago que ya se efectuó. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La parte demandante impugnó el fallo, siendo que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, confirmó la resolución apelada. El demandante interpone recurso de casación alegando la inaplicación de normas de derecho material, como son: a) del artículo 1413 del Código Civil y del artículo 1648 del Código Civil. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara fundado el recurso de casación exponiendo que las partes han celebrado un contrato de mutuo con garantía hipotecaria mediante escritura pública; esto es, de un lado se ha otorgado un préstamo y de otro se ha constituido hipoteca para garantizar su pago; ambas operaciones podían constituirse autónomamente una de la otra, pero las partes acordaron verificarla en un solo acto. Ciertamente, por mandato imperativo del artículo 1098 del Código Civil, la hipoteca debe constituirse por escritura pública, salvo disposición legal diferente (como sería el caso de las hipotecas legales), por lo que aquella solemnidad debía ser respetada de antemano por las partes para su constitución; sin embargo, independientemente de aquel, y como ya se refirió anteriormente, el mutuo es en puridad un contrato consensual, por lo que no requiere forma solemne para su constitución, por así preverlo

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ACTO JURÍDICO

los artículos 1649 y 1605 del citado Código; sin embargo, si las partes acordaron constituirlo mediante una forma solemne como es una escritura pública, tal forma debe respetarse para la modificación de las obligaciones en ella asumidas.

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SE ORDENA EJECUCIÓN DE ACTO JURÍDICO PESE A QUE NO SE PACTÓ PLAZO

Una persona jurídica demanda el cumplimiento de obligación de hacer referida a la entrega de un número de lotes con sus respectivas obras de habilitación ejecutadas y recepcionadas en el plazo de 5 meses. El juez de primera instancia declara fundada en parte la demanda. El demandado apeló el fallo siendo que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia de primera instancia. El demandado interpone recurso de casación alegando que si bien se concluye que la obligación sublitis estaba sujeta a un plazo indeterminado, también se ordena el cumplimiento de la prestación, además, que la sentencia impugnada contiene un fallo extra petita al fijar un plazo para el cumplimiento de la obligación sin que haya sido demandado expresamente, así como que la resolución no está debidamente motivada, ya que la fijación del plazo de cumplimiento de la obligación no tiene ninguna base o fundamento legal. De igual manera la aplicación indebida del artículo 1150 e interpretación errónea de los artículos 182 y 1148 del Código Sustantivo. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso, exponiendo que el hecho de no haberse fijado plazo para el cumplimiento de la prestación, no hace inexigible la obligación y que si bien es cierto que el plazo para el cumplimiento de la obligación no fue expresamente acordado por las partes y que no fue demandado expresamente, el legislador ha previsto la posibilidad de que el Juez fije el plazo conforme al numeral 182 del Código Civil. En cuanto a la aplicación indebida del artículo 1150 del Código Sustantivo, se llega a la determinación de que esta autoriza al acreedor, en caso de incumplimiento de la obligación de hacer por culpa del deudor, a optar,

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La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1567-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: Recursos Naturales Sociedad Anónima Demandadas: Constructora Inmobiliaria Casuarinas Sociedad Anónima y otra Asunto: Obligación de hacer Fecha: 20 de diciembre de 2002


La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1567-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: Recursos Naturales Sociedad Anónima Demandadas: Constructora Inmobiliaria Casuarinas Sociedad Anónima y otra Asunto: Obligación de hacer Fecha: 20 de diciembre de 2002

entre otros, a exigir la ejecución forzada del hecho prometido, supuesto de hecho que se subsume dentro de la norma material anotada. Por otro lado, se llega a la conclusión de que la instancia anterior al interpretar el artículo 182 del Código Civil ha procedido correctamente, pues, cuando un acreedor acude al Poder Judicial exigiendo el cumplimiento de una obligación de hacer, es para que esta se cumpla forzadamente si el deudor no lo hace voluntariamente y en cuanto a la interpretación errónea del artículo 1148 del Código Civil se llega a la determinación que ella contiene dos supuestos, uno, que el obligado a la ejecución de un hecho debe cumplir la prestación en el plazo y modo pactados, y otro, debe cumplir en los términos exigidos por la naturaleza de la obligación o las circunstancias del caso, siendo que el cumplimiento de la obligación no puede quedar al libre albedrío de quien se comprometió a ella.

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REPRESENTACIÓN

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SE ANULA ACTO JURÍDICO CELEBRADO POR REPRESENTANTE QUE SE EXCEDIÓ DE SUS FUNCIONES

Un grupo de personas interponen demanda de ineficacia de acto jurídico de la escritura pública de constitución de fianza con garantía hipotecaria, dirigiéndola contra su representante que realizó el referido acto excediendo de sus facultades. Por su parte, el banco demandado contesta la demanda, negándola y también deduciendo una excepción de prescripción extintiva de acción. El juez de primera instancia declara fundada la excepción de prescripción extintiva de la acción y, en consecuencia, nulo todo lo actuado dando por concluido el proceso. La parte demandante impugnó el fallo por considerar que no es aplicable el plazo de prescripción de 2 años, ya que no se ha interpuesto una demanda de anulabilidad, sino de ineficacia de acto jurídico, siendo que la Corte Superior confirma la demanda apelada. Los demandantes interponen recurso de casación argumentando que se ha interpretado erróneamente el artículo 161 del Código Civil, porque, al margen del desarrollo doctrinario de la institución jurídica autorizada y uniforme doctrina en el ámbito nacional aceptan que la pretensión de ineficacia por exceso de facultades tiene autonomía propia y no es ni acto jurídico nulo ni acto jurídico anulable, siendo un fenómeno jurídico distinto a la nulidad o anulabilidad de los actos jurídicos. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declara infundado el recurso de casación, exponiendo que el artículo 162 del Código Civil, permite la ratificación del acto jurídico del representante, cuando se ha excedido en los límites de las facultades que se le hubiera conferido, lo que determina que se trata de un acto jurídico anulable, porque el acto jurídico nulo no puede ser ratificado.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2830-2003Cajamarca (Data 45 000) Demandantes: Elvesy Francisca Castañeda viuda de Muñoz y otros Demandada: Financiera Regional del Sur Sociedad Anónima FINSUR Asunto: Ineficacia de Acto Jurídico Fecha: 16 de noviembre de 2004


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NO SE COMPUTA EL MISMO PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA LA ACCIÓN DE INEFICACIA POR FALSO PROCURADOR Y EL CELEBRADO EN EXCESO DE FUNCIONES

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3777-2006Lambayeque (Data 45 000) Demandante: Empresa de Transportes y Turismo Arberia Sociedad Anónima Cerrada Demandada: Trucks and Motors del Perú Sociedad Anónima Cerrada Asunto: Ineficacia de Acto Jurídico y otros conceptos Fecha: 5 de diciembre de 2006

Una empresa demanda se declare respecto de ella la ineficacia del acto jurídico que celebrada por su representante por considerar que actuó en exceso de sus funciones, basa su derecho en los artículos 161 del Código Civil y 13 de la Ley General de Sociedades. Ante esto, la demandada interpone la excepción de prescripción. El juez de primera instancia, mediante auto declaró infundada la excepción de prescripción extintiva propuesta por la demandada. Esta impugnó el referido auto siendo que la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque revoca el auto apelado y, reformándolo, declara fundada dicha excepción, en consecuencia, nulo todo lo actuado y concluido el proceso. El demandante interpone recurso de casación por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, referida a la inaplicación del artículo 13 de la Ley General de Sociedades, sustentado en que el excederse en el ejercicio de la representación hace al acto jurídico ineficaz. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara infundado el recurso de casación exponiendo que en este caso es aplicable lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley General de Sociedades, que establece un plazo de caducidad de dos años a partir de la fecha de los actos que motivan la pretensión, el que se ha excedido por cuanto se desprende de los actuados, no resultando aplicable el artículo 13 de la Ley General de Sociedades, si se tiene en cuenta la existencia del citado plazo de caducidad de dos anos, señalado anteriormente. Además, cabe señalar que respecto del artículo 13 de la Ley General de Sociedades, debe distinguirse dos supuestos, al igual que en el artículo 161 del Código Civil: 1) el del representante que se excede en su poder, y 2) el del falso procurador o persona que no tiene ninguna representación; supuesto este último cuya acción no puede ser considerada sujeta a un plazo de caducidad que se señala, pues conforme se ha considerado anteriormente no existe en este caso ninguna vinculación con el representado.

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ACTO JURÍDICO

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SE REVOCA PODER PORQUE NO QUEDÓ ESTABLECIDO DE MANERA IRREFUTABLE SU CARÁCTER DE IRREVOCABLE

Una sociedad conyugal solicita la inscripción de revocación de poder especial e irrevocable, el cual tenía como plazo un año, a favor de una persona jurídica para poder transferir un inmueble. La solicitud fue observada y no procedió su inscripción. Se impugna la decisión alegándose lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de los Registros Públicos, para el desistimiento del carácter de irrevocable del poder que otorgaran. La Registradora Pública del Registro de Personas Naturales de la Zona Registral Nº IX-Sede Lima, denegó la inscripción formulando observación en cuanto que se trata de un poder que tiene el carácter de irrevocable, habiendo estipulado los poderdantes que lo otorgaban “por el plazo de un año, conforme al artículo 153 del Código Civil, iniciándose su vigencia a partir de la fecha de la escritura pública que origine (...)”; en consideración a ello, quedó establecido que el otorgante restringía su facultad de revocar el poder hasta transcurrido el año de su otorgamiento; de tal modo que el plazo de la irrevocabilidad no ha vencido, por lo tanto resulta improcedente la inscripción de su revocatoria. Se apela la decisión alegando que es regla general que el poder siempre puede ser revocado, aun cuando este haya sido otorgado con el carácter de irrevocable, como lo señala la exposición de motivos del Código Civil en cuanto al artículo 153 que regula la irrevocabilidad del poder, el cual concluye que contra el poder irrevocable siempre es posible su revocación, por lo que no hay razón para que se observe el título. El Tribunal Registral dejó sin efecto la observación formulada por la registradora y declaró la tacha del título de revocación de poderes, exponiendo que para el ingreso al Registro de un poder “irrevocable” se requiere de estipulación expresa en ese sentido o que conste de manera indubitable, además de la concurrencia de uno de los supuestos señalados en el artículo 153 del Código Civil; a fin de que el marco de comprensión del

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Tribunal Registral Res. Nº 573-2004SUNARP-TR-Lima (Data 45 000) Interesados: Daniel Fernando Maldonado González y Grisela Antonia Vergara Cigarán


poder irrevocable sea el más reducido posible, de tal manera que continúe siendo la excepción y no se convierta en la regla. Asimismo, no puede corresponder al registrador la deducción de la irrevocabilidad de un poder, calificación que en todo caso compete al poderdante o las partes involucradas o, en su defecto a las instancias judiciales y que en el presente caso consta que el poder ha sido otorgado expresamente con el carácter de irrevocable y por el plazo de un año, conforme se aprecia de las cláusulas de la referida escritura y finalmente que el artículo 13 del RGRP regula el desistimiento de la rogatoria, y no el desistimiento de una inscripción.

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NO PROCEDE DECLARAR LA NULIDAD DE UN ACTO JURÍDICO CELEBRADO POR FALSO REPRESENTANTE

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1428-2002-Lima El Peruano, (Data 45 000) Demandante: Importaciones El Triunfo Sociedad de Responsabilidad Limitada Demandado: Banco Nuevo Mundo en Liquidación Asunto: Nulidad de Acto Jurídico y otros Fecha: 13 de setiembre de 2003

Una persona jurídica demanda la nulidad de contrato de prenda mercantil, pues alega que el representante de esta actuó fuera de los límites establecidos en el poder otorgado por la demandante. El juez de primera instancia declaró fundada la demanda. La demandada apeló el fallo, siendo que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la sentencia de primera instancia, declarándola improcedente dado que lo pretendido no se enmarca en causal de nulidad sino de ineficacia. La demandante interpone recurso de casación alegando que interpretado erróneamente el artículo 161 del Código Civil, al considerar que la acción a instaurarse correspondería una de ineficacia de acto jurídico, mas no a la nulidad o anulabilidad, que, la interpretación correcta es que la ineficacia prevista en el referido artículo, es consecuencia de una causal de nulidad prevista en el artículo 219 del Código Civil. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso, exponiendo que la norma denunciada regula la figura del falsus procurator, por lo que los actos celebrados por el representante excediendo los límites de las facultades que le hubieren conferido o violándolas, es ineficaz con relación al representado, pero no constituyen un acto nulo porque puede ser objeto de

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ACTO JURÍDICO

ratificación por el representado; por lo tanto, el Colegiado al declarar improcedente la demanda, considerando que lo pretendido conforme a sus fundamentos no se enmarca en causal de nulidad, sino de ineficacia conforme a la norma aludida, no incurre en el agravio que se denuncia.

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FALTA DE FIRMA CONJUNTA DE REPRESENTANTE NO OBLIGA AL REPRESENTADO

Una persona jurídica demanda obligación de dar suma de dinero contenida en las letras de cambio que el representante de la demandada suscribió. El juez de primera instancia declaró fundada la demanda exponiendo que habiendo pluralidad de representantes en la demandada, estos pueden obligarse indistintamente a favor de la sociedad. La demandada apela el fallo alegando que la obligación contenida en las letras de cambio puesta a cobro resulta inexigible por no haber sido suscritas por los dos representantes legales de esta. La Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la contradicción e improcedente la demanda; en cuanto que de la cláusula sétima de la escritura pública de constitución simultánea de sociedad anónima se advierte, que los representantes de la demandada son el gerente general y gerente general adjunto respectivamente, estando facultados para actuar de manera mancomunada y conjunta en nombre y representación de la empresa ejecutada para emitir y aceptar letras de cambio, siendo las letras de cambio materia de ejecución, fueron giradas a la ejecutada y aceptadas solo por su gerente general. Así, el artículo 147 del Código Civil establece: “cuando son varios los representantes se presume que lo son indistintamente, salvo que expresamente se establezca que actuarán conjunta o sucesivamente o que estén específicamente designados para practicar actos diferentes”; por lo que para el caso debe entenderse que lo mancomunado se configura cuando la actuación de dos o más representantes actúan como si fuesen una sola persona y como consecuencia de ello para obligarse en nombre de su representada requiere la participación conjunta de aquellos, por lo que el

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Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 556-2005 (Data 45 000) Demandante: E & J Seguridad Integral SAC Demandado: Marketing Peruano SAC Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 12 de agosto de 2005


Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 556-2005 (Data 45 000) Demandante: E & J Seguridad Integral SAC Demandado: Marketing Peruano SAC Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 12 de agosto de 2005

argumento que los mandatarios de la ejecutada podían obligarse indistintamente a favor de la sociedad queda desvirtuado, puesto que como se ha dicho la sola aceptación de uno de sus apoderados o representante legales no obliga a la ejecutada.

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INTERPRETACIÓN

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COMPRAVENTA CELEBRADA POR ADMINISTRADOR JUDICIAL ES INTERPRETADA COMO USUFRUCTO

Una persona demanda el desalojo del inmueble de su copropiedad señalando que la demandada tiene la calidad de poseedor precario. La emplazada contradice señalando que ya no ocupa el citado inmueble, siendo otra persona jurídica la poseedora actual. Esta última sostiene que no tiene la condición de ocupante precario, por cuanto ejerce la posesión en mérito al contrato de opción exclusiva de compraventa con entrega de arras celebrado con los copropietarios, quienes fueron representados por el administrador judicial. El juez de primera instancia declaró fundada la demanda sosteniendo que el documento relativo al contrato de opción exclusiva de compraventa con entrega de arras, carece de validez porque el administrador judicial solo tenía facultades de conservación y administración del predio sub júdice, mas no de disposición por no constar en forma expresa, careciendo, por tanto, de legitimidad para celebrar el referido contrato. El codemandado impugnó el fallo, siendo que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura revocó esta, declarándola infundada exponiendo que la mencionada codemandada se encuentra en posesión del indicado bien en virtud del usufructo que le ha sido otorgado durante la vigencia del contrato de opción exclusiva de compraventa con entrega de arras, usufructo que debe continuar mientras que en la vía judicial no se disponga lo contrario. El demandante interpuso recurso de casación alegando la causal de infracción de las formas esenciales y eficaces para la validez de los actos procesales, sobre la base de la alegación efectuada por el impugnante, consistente en que la compraventa con entrega de arras presentada por la codemandada fue indebidamente valorada, pues

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 745-2007-Piura (Data 45 000) Demandantes: Luis Alberto Valencia Antón y otro Demandadas: Pescamax Sociedad Anónima Cerrada y otra Asunto: Desalojo Fecha: 17 de mayo de 2007


se concluyó en que el administrador judicial carece de facultades para enajenar el bien submateria. Agrega, asimismo, que dicha instrumental carece de valor probatorio porque fue presentada en copia simple, siendo que en el presente caso la citada Sala Superior debió aplicar el aforismo iura novit curia. Asimismo, señaló que en materia casatoria si es factible ejercer el control casatorio de las decisiones jurisdiccionales, para determinar si en ellas se infringió o no las formas esenciales y eficaces para la validez de los actos procesales. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso exponiendo que en principio, no se puede cuestionar las valoraciones a las que arribó la Sala Superior en el caso sub examine, pues, el recurso de casación es de naturaleza de iure y resulta inviable efectuar una revaloración de la prueba actuada en el proceso. Agrega la sala que cabe precisar que en la cláusula octava de la acotada instrumental, se precisa claramente que se acuerda el “usufructo durante la vigencia del contrato de opción”. Siendo que no existe en autos ningún elemento de juicio que determine que los términos contractuales pactados en el mencionado documento no se encuentren vigentes.

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SE INTERPRETA ACTO JURÍDICO SEGÚN LA REAL INTENCIÓN DE LAS PARTES Y NO POR SU TENOR LITERAL

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2587-2005-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco Wiese Sudameris Demandada: Estancia Don Sancho Sociedad Anónima Cerrada Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 12 de abril de 2006

Una entidad financiera demanda el pago de un pagaré en proceso ejecutivo. Los deudores contradicen estableciendo que el referido título valor fue objeto de una renovación sin su intervención. El juez de primera instancia declara infundada contradicción y fundada la demanda ejecutiva. La parte demandada impugnó el fallo por considerar que el juez no valoró que en el pagaré pacta que el banco tendrá la facultad de renovar el documento cambiario, no obstante, cuando esta renovación se realiza sin la intervención de los obligados, estos quedan liberados. La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia de primera instancia; ante lo cual el demandado interpuso recurso de casación, alegando la interpretación errónea del artículo 279, inciso

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ACTO JURÍDICO

11 de la ley de Títulos Valores –Ley Nº 27287–, pues se sostiene que la Sala Superior al indicar que el banco demandante no prorrogó el pagaré, sino que lo renovó con la autorización consignada en el título-valor. El demandante interpone recurso de casación alegando la interpretación errónea del artículo 279 inciso 11 de la Ley Nº 27287, pues se sostiene que la Sala Superior al indicar que el banco demandante no prorrogó el pagaré, sino que lo renovó con la autorización consignada en el título-valor, interpreta erróneamente tal norma por cuanto si el banco realiza las renovaciones sin una nueva intervención de los obligados, estos quedan liberados de toda obligación, siendo que la única manera de ampliar el plazo sin la intervención de los obligados, era mediante la prórroga previamente pactada en el título-valor. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara infundado el recurso de casación, exponiendo que conforme a los artículos 168 y 170 del Código Civil los actos jurídicos deben ser interpretados de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe, así como según la naturaleza y el objeto del acto; siendo que en el presente caso si bien se advierte que las partes han otorgado el nomen iuris de renovación, la naturaleza del pacto de acuerdo a los criterios de interpretación que establecen las normas acotadas ha sido establecer una cláusula de prórroga en la que se autorizaba al banco a prorrogar el plazo del título valor, sin que sea necesaria la intervención de los obligados.

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INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA E INTEGRAL IMPIDE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Un acreedor inició proceso de ejecución de garantía respecto de una hipoteca que garantizada un crédito consignado en un contrato que resolvió por incumplimiento. El demandado contradice la demanda argumentando que la deuda, aun no es exigible, en la medida en que el acreedor procedió a resolver el contrato sin que se le comunicara, respetando el plazo establecido para ello. El juez de primera instancia declara fundada en parte la contradicción a la ejecución e improcedente la demanda

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Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima Exp. N° 363-2005-Lima (Data 45 000) Demandantes: Joce Representaciones S.A. y otros S.A. Demandada: Corporación José R. Lindley Asunto: Ejecuación de Garantía Fecha: 1 de agosto de 2005


Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima Exp. N° 363-2005-Lima (Data 45 000) Demandantes: Joce Representaciones S.A. y otros S.A. Demandada: Corporación José R. Lindley Asunto: Ejecuación de Garantía Fecha: 1 de agosto de 2005

interpuesta. La demandada impugnó el fallo por considerar que el juez no interpretó correctamente el contrato ya que de él no se expresa literalmente que tenga que mediar plazo alguno de comunicación para resolver el contrato. La Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial confirmó la sentencia de primera instancia, argumentando que el análisis sistemático de las cláusulas sétima, octava y duodécima, y la revisión integral del Contrato celebrado entre las partes, permiten colegir, por un lado, que existiendo o no causal para la resolución, el curso del aviso era imperativo por tener vencido al Contrato o los plazos y, por otro lado, que en este último caso el otorgamiento de un plazo excepcional era requisito para ejecutar la garantía, entendiéndose aquí que tal comunicación debía producirse antes de la postulación de la demanda, pues es con ella (y no con la subsanación) con la que se pretende la ejecución de la garantía y con la que debe acreditarse el interés para obrar, agotándose los procedimientos extrajudiciales necesarios para una recurrencia válida al Poder Judicial.

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SIMULACIÓN

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CELEBRACIÓN DE CONTRATO ANTE NOTARIO NO IMPIDE QUE SE DECLARE SU NULIDAD POR SIMULACIÓN ABSOLUTA

Una persona demanda la nulidad de transferencia de acciones societarias, pues alega que se materializó tal acto bajo el supuesto de simulación absoluta. El juez de primera instancia declaró infundada la demanda. El demandado impugnó el fallo, siendo que la Corte Superior confirmó la sentencia de primera instancia. El demandado interpone recurso de casación alegando que se ha interpretado erróneamente los artículos 190 y 219, inciso 5 del Código Civil, y en el caso no ha existido esa simulación toda vez que aquel acto jurídico, fue celebrado ante un Notario Público. Asimismo, señaló que el contrato en cuestión fue realizado con los requisitos de validez y forma de los artículos 140, sobre requisitos de validez, 141, de la manifestación de voluntad, 141- A, sobre la formalidad, 142, sobre el silencio de manifestación de voluntad, y el 143, sobre libertad de forma, del Código Civil, normas que no han sido aplicadas. Agrega además que en caso de existir simulación, la pretensión de que se declare anulable el acto jurídico conforme lo establece el artículo 221 del Código Civil, sobre las causales de anulabilidad, en su inciso 3 ordena que el acto jurídico es anulable por simulación, cuanto el acto real que lo contiene perjudica el derecho de terceros, en consecuencia considera que el Colegiado se ha excedido en expedir la sentencia cuestionada. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso, exponiendo que en el presente caso se señala como causal la interpretación errónea de las normas citadas, pero sin embargo no se señaló como debe ser la debida o correcta interpretación de dichas normas, lo que se pretende a través de esta causal es que se realice una

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La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2626-2003Tacna (Data 45 000) Demandante: María Nilda Vallejos Pérez Demandado: Jesús Raúl Villafuerte León Asunto: Nulidad de contrato Fecha: 21 de noviembre de 2003


nueva valoración de la prueba, lo que no está permitido; y además sostiene que se han inaplicado al presente caso otras normas de derecho material, sin fundamentar debidamente esta causal; en consecuencia no se ha cumplido con fundamentar de conformidad con el artículo 388, inciso 2 numeral 2.1 del Código Procesal Civil.

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SIMULACIÓN ABSOLTA SUPONE QUE DETRÁS DEL ACTO APARENTE NO EXISTA OTRO

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1297-2004Arequipa (Data 45 000) Demandantes: Alfredo Ramírez Cabrera y otros Demandados: Eulalia Marrón Ramos de Ramírez y otros Asunto: Nulidad de Actos Jurídicos Fecha: 11 de agosto de 2005

Una persona demanda la nulidad de tres contratos de compraventa por adolecer de simulación absoluta. El juez de primera instancia declaró fundada la demanda. La demandada impugnó el fallo, siendo que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó la apelada. La demandada interpone recurso de casación alegando que se ha interpretado erróneamente el artículo 190 del Código Civil, para declarar la nulidad de los actos jurídicos dado que para demostrar la simulación absoluta y sus elementos como norma de derecho material, la prueba debe ser clara, cierta e inequívoca, lo que no ocurre en el presente caso y, que asimismo se han contravenido diversas normas procesales que afectan el debido proceso, como son de tenerse a la recurrente como demandante y demandada en su condición de integrante de una sociedad conyugal, el no tener a la vista los expedientes acompañados al momento de sentenciar y haberse afectado su derecho de defensa. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso exponiendo que en la simulación absoluta el acuerdo simulatorio, está dirigido a dar creación a un acto sin contenido, ya que en la voluntad de los simulantes no existe intención de que el acto produzca efectos jurídicos, más allá del propósito de engañar a los demás; la simulación es absoluta porque el acuerdo simulatorio recae en la existencia del acto, es decir, que no existe voluntad real de celebrar un acto jurídico y solo en apariencia se celebra, sino que detrás del acto aparente no existe ningún acto jurídico. Siendo que en el presente caso no se encuentra debidamente probado por el actor la simulación alegada ya que no se encuentra acreditada

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ACTO JURÍDICO

la disconformidad entre la declaración externa de voluntad y la voluntad real de los declarantes, y la concertación entre los celebrantes para darle a lo declarado y no querido, visos de autenticidad.

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SIMULACIÓN RELATIVA NO REQUIERE QUE EL CONTRADOCUMENTO CUMPLA LA MISMA FORMALIDAD QUE EL ACTO SIMULADO

Una sociedad conyugal demanda la obligación de dar suma de dinero, por cuanto los demandados se obligaron por medio de documento privado a devolver una determinada cantidad en el plazo de un año, acto que se originó como consecuencia de una transferencia de acciones y derechos sobre un inmueble establecida en escritura pública. El juez de primera instancia declara fundada la demanda. Los demandados impugnaron el fallo, siendo que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte confirmó la apelada. Los demandados interponen recurso de casación alegando la inaplicación de los artículos 191 y 192 del Código Civil toda vez que los demandantes han ocultado el documento privado y como tal, solo tendrá valor entre las partes siempre y cuando concurran los requisitos de sustancia y forma entre el acto ocultado y el acto real, siendo que estos requisitos no concurren entre la escritura pública de transferencia de acciones y derechos y el documento privado, existiendo entre uno y otro datos inexactos y contradictorios, tal como lo reconoce el a quo, más aún si este último, a diferencia del primero, es uno sobre préstamo de dinero cuya finalidad, por convenir a su derecho, no puede revelar. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso exponiendo que el artículo 191 del Código Civil, regula los efectos de la simulación relativa entre las partes y la condición para su eficacia, esto último vinculado a que concurran los requisitos de sustancia y forma y no perjudique el derecho de tercero; y se desprende de autos que los demandantes simularon la celebración de una transferencia de acciones y derechos sobre un inmueble sublitis para ocultar, un préstamo de dinero, y si bien el

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La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1634-06-Lima Norte (Data 45 000) Demandantes: Hernán Montoya Tejada y Martha Lily Garcia Reátegui de Montoya Demandados: Jennifer y Eduardo Martín Palomino Huamanchumo, Juanita Soledad Cruz Tuesta, Fernando Lurio Sudario Céspedes y Rosario Palomino Huamanchumo de Sudario Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 29 de noviembre de 2006


contradocumento permaneció en calidad de documento privado, tal hecho no desmerece su idoneidad según el artículo 191 del Código Civil, pues no dispone que entre el acto real y el acto ocultado deba respetarse necesariamente la misma formalidad para que surta efectos la contradeclaración, como erróneamente sostiene la impugnante, sino que basta que este último reúna los requisitos esenciales para su validez, lo cual reúne el documento privado, más aún si respecto de los mutuos de dinero la ley no establece forma solemne para su verificación. Agrega la sala que en cuanto la inaplicación del artículo 192 del Código Civil el acto jurídico que simularon las partes no fue parcial, pues no fue su intención el celebrar la compra venta de los derechos y acciones, sino que con dicho acto encubrieron un préstamo de dinero, que es el acto real y verdadero; por tanto, la simulación relativa verificada entre ellos no fue parcial, sino total.

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NO PROCEDE NULIDAD DE ACTO JURÍDICO POR SIMULACIÓN RELATIVA AL SER EFICAZ ENTRE LAS PARTES LO ACORDADO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3060-02Lambayeque (Data 45 000) Demandantes: Alejandro Gutiérrez Urteaga y otra Demandado: Jorge Clever Arce Corahua Asunto: Nulidad de Acto Jurídico y otros Fecha: 10 de febrero de 2003

Una persona demanda la nulidad de contrato de préstamo de dinero, con garantía hipotecaria, por simulación absoluta, contenido en escritura pública otorgado por los demandantes al recurrente. El juez de primera juez instancia declaró fundada la demanda. El demandado impugnó el fallo siendo que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó la sentencia de primera instancia. El demandado interpone recurso de casación alegando la aplicación indebida del artículo 190 del Código Civil, sustentada en que la Sala no ha tomado en cuenta que los demandantes sabían que se iba a simular un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, por lo que el acto jurídico no está revestido de simulación absoluta sino relativa siendo de aplicación al caso el artículo 191, siendo la finalidad de la suscripción de la escritura, que el demandante y su cónyuge simularan un préstamo de dinero con garantía hipotecaria, pues estaban asumiendo la responsabilidad de pago que tenía su hijo.

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ACTO JURÍDICO

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso, exponiendo que de autos las instancias de mérito han determinado el deudor de la suma de dinero no son los demandantes sino un tercero –hijo de los accionantes– y no intervino en la negociación ni celebración de la escritura pública que contiene el mutuo hipotecario cuya nulidad se demanda, así también que el demandado nunca entregó suma de dinero a los demandantes en calidad de préstamo por lo que no existió contrato de mutuo dinerario, concluyéndose que al no existir mutuo dinerario como contrato principal tampoco puede subsistir el contrato accesorio correspondiente al gravamen hipotecario. Agrega la sala que de dichas valoraciones se advierte la existencia de dos actos jurídicos: uno simulado, traducido en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria; y otro oculto o disimulado, que sería la deuda supuesta proveniente de las relaciones comerciales entre el demandado con el hijo de los demandantes, esto se traduce en la existencia y configuración de la denominada simulación relativa y no la absoluta, como erróneamente han concluido las instancias por lo que se ha aplicado indebidamente el artículo 190 del Código Civil, al haber subsumido los hechos del presente proceso en una norma inadecuada para resolver el conflicto intersubjetivo de intereses.

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SE DECLARA NULA VENTA POR SIMULACIÓN ABSOLUTA PORQUE LOS VENDEDORES SEGUÍAN CONDUCIÉNDOSE COMO PROPIETARIOS LUEGO DE LA TRANSFERENCIA

Una persona demanda que se declare nulidad de una venta por simulación absoluta, argumentando que el supuesto comprador no ha utilizado el bien en ningún momento, además de tener vínculo familiar con el vendedor. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La demandada impugnó el fallo por considerar que el juez habría cometido error de juzgamiento, toda vez que la parte apelante considera que el hecho de que exista vínculo de familiaridad entre las partes contratantes, así como que ambos tengan el mismo abogado, no significa que se haya producido un acto simulatorio respecto del contrato de compraventa del bien materia de litis.

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Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima Exp. N° 1296-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Ida Llanos Caballero Demandada: María Bardales Ciriaco Asunto: Desalojo Fecha: 31 de julio de 2001


Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima Exp. N° 1296-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Ida Llanos Caballero Demandada: María Bardales Ciriaco Asunto: Desalojo Fecha: 31 de julio de 2001

La Sala Civil para Procesos Abreviados y de Conocimiento confirma la sentencia de primera instancia por consecuencia declaró nulo el acto jurídico de compraventa argumentando que si bien es parte del vínculo familiar entre los celebrantes, se debe relievar que este hecho aislado no importa por sí solo que siempre se trate de un acto simulado, a ello deben aunarse otras circunstancias, tales como el proceso de otorgamiento de escritura iniciado por la demandante del que se aprecia que luego de la supuesta transferencia del referido bien inmueble, los supuestos vendedores en dicho proceso siguieron conduciéndose como propietarios; la falta de constancia notarial de la entrega del dinero por el precio de la venta por parte de los compradores a las vendedoras, el precio subvaluado, etc.

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ACCIÓN PAULIANA

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PARA DEMANDAR ACCIÓN PAULIANA NO SE REQUIERE QUE CRÉDITO SEA EXIGIBLE

Un acreedor demanda fraude del acto jurídico respecto de un acto dispositivo realizado por su deudor argumentando que el pago de su crédito se encuentra en peligro ya que no existe patrimonio que lo respalde. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La demandada impugnó el fallo por considerar que mientras el crédito no sea exigible, su acreedor no puede interponer acciones contra sus actos dispositivos. La Corte Superior revoca la sentencia apelada y la declara infundada exponiendo que el derecho de crédito debe ser perfecto y no espectaticio, ser exgible y no sujeto a plazo, modalidad o condición, de manera que el derecho se genere en el acreedor a la integridad del patrimonio del deudor, no puede sustentarse en futuros acontecimientos; además, que en atención a la buena fe registral contenida en el artículo 2014 del Código Civil, la ineficacia demandada no perjudica los derechos adquiridos a título oneroso por los terceros adquirientes de buena fe. El demandante interpone recurso de casación denunciando la interpretación errónea del artículo 195 del Código Civil y la aplicación indebida del artículo 907 del Código Sustantivo. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara fundado el recurso de casación exponiendo el artículo 195 del Código Civil, expresa que la acción pauliana o revocatoria puede ser ejercitada por el acreedor aunque el crédito esté sujeto a condición o plazo, precepto que no se ha tomado en cuenta por el Colegiado; con lo que ha quedado acreditado este extremo de la infracción denunciada.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 03-2001Cajamarca (Data 45 000) Demandante: José Luis Pando Quevedo Demandada: Latino Leasing Sociedad Anónima Asunto: Fraude de acto jurídico Fecha: 1 de octubre de 2001


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SE DECLARA INEFICAZ ACTO DE ANTICIPO DE LEGíTIMA DE INMUEBLE CELEBRADO POR DEUDOR CON ANTERIORIDAD A CRÉDITO

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1364-2000-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco Santander Central Hispano - Perú Demandados: José Donato Zorrilla Luyo y otros Asunto: Ineficacia de acto jurídico Fecha: 8 de setiembre de 2000

Un banco acreedor demanda ineficacia del acto jurídico de anticipo de legítima, realizado por su deudor ya que no ha podido recuperar los montos adeudados por este, debido a la falta de bienes liebres. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La demandante impugnó el fallo, siendo que la Sala Civil Corporativa Subespecializada en Procesos Sumarísimos y no contenciosos de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia de primera instancia exponiendo que el nacimiento de la obligación, se ha producido con fecha posterior al acto jurídico que contiene la escritura pública de anticipo de legítima y su aclaratoria, no habiéndose acreditado por tanto el elemento subjetivo de la pretensión, esto es, el ánimo de causar un perjuicio en el acreedor, habida cuenta que el acto de disposición a título gratuito ha tenido lugar con fecha anterior a cualquier operación crediticia. El demandante interpone recurso de casación, denunciando la interpretación errónea del artículo 195 del Código Civil, porque la Sala establece un requisito no contemplado en la Ley, al pretender que tratándose de la eficacia de los actos jurídicos a título gratuito, el acto de disposición debe ser posterior al nacimiento de la obligación, sin considerar que la norma sustantiva no hace distinción alguna al respecto. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declara fundado el recurso de casación exponiendo que, aun cuando el acto de disposición sea anterior al nacimiento del crédito, queda sujeto a la acción revocatoria si se advierte un preordenamiento del deudor con el propósito de perjudicar al futuro acreedor.

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ACTO JURÍDICO

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SUSCRIPCIÓN DE MINUTAS DE COMPRAVENTA POR EL COMPRADOR NO ACREDITA SU MALA FE PARA DECLARAR LA INEFICACIA DEL CONTRATO

Un acreedor pretende se declaren ineficaces respecto de él, los actos celebrados por su deudor con el fin de disminuir su patrimonio, toda vez que los actos dispositivos han perjudicado su derecho. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La demandada impugnó el fallo, siendo confirmado por la Corte Superior de Lima que consideró no se ha acreditado la intención del comprador de perjudicar al demandante.

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3510-2000-Lima El Peruano, 31/08/2001 (Data 45 000) Demandante: Iván Gálvez Delgado Demandada: Rocío Chávez Pimentel Asunto: No se menciona Fecha: 2 de abril de 2001

El demandante interpone recurso de casación alegando interpretación errónea del artículo 195 del Código Civil, debido a que en la sentencia de vista se ha repetido el mismo error que en la primera instancia al exigirse que se pruebe la intención de comprador y vendedor de perjudicar la creencia, para determinar la ineficacia del acto, sosteniendo que la correcta interpretación de la norma de derecho material es que esta no exige tal requisito para viabilizar la demanda de ineficacia. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declara infundado el recurso de casación, exponiendo que la suscripción de las minutas de compraventa no son determinantes para demostrar que el tercero-adquirente, estuvo en razonable situación de conocer el perjuicio que irrogaba el actor; por cuanto, al adquirir el inmueble para sí, es lógico que persiga que el negocio jurídico se celebre, con las formalidades de ley.

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SI EL CRÉDITO ESTÁ GARANTIZADO CON UNA HIPOTECA ES IMPROCEDENTE LA ACCIÓN PAULIANA

Un acreedor pretende se declare la ineficacia de la venta efectuada por sus deudores argumentando que han procedido a transferir dicho bien a su hijo en perjuicio suyo, disminuyendo su patrimonio, toda vez que no cuentan con otros bienes susceptibles de ser afectados con medidas cautelares que garanticen el cobro a ordenarse en la vía judicial. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La demandada impugnó el fallo, siendo

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La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1429-2003-Lima (Data 45 000) Demandante: Lima Sudameris Holding Demandado: Gaspar Castro Guillén Asunto: Acción revocatoria o pauliana Fecha: 12 de octubre de 2004


La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1429-2003-Lima (Data 45 000) Demandante: Lima Sudameris Holding Demandado: Gaspar Castro Guillén Asunto: Acción revocatoria o pauliana Fecha: 12 de octubre de 2004

que la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima revoca la sentencia de primer instancia y declara fundada la demanda. El demandado interpone recurso de casación alegando interpretación errónea del artículo 195 del Código Civil, ya que considera que si el crédito se encuentra debidamente garantizado con una garantía hipotecaria, no deberá proceder la solicitud de ineficacia. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara fundado el recurso de casación exponiendo que se advierte que el crédito de la parte demandante se encuentra plenamente garantizado con inmuebles hipotecados, por lo tanto al existir tal garantía, la deuda se encuentra asegurada mediante la escritura pública a que se hace mención en un contrato suscrito por las partes, siendo que el hecho de la enajenación por parte de los demandados del inmueble al que se refiere la demanda no ha significado una disminución sustancial del patrimonio de los demandados que ponga en riesgo la acreencia de la entidad demandante.

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NO PROCEDE LA ACCIÓN PAULIANA CONTRA ACTOS DE DISPOSICIÓN ANTERIOR AL CRÉDITO

Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima Exp. N° 33-2003 Lima (Data 45 000) Demandante: Banco Santander Perú Demandado: Andrés Humberto Linares La Torre Asunto: Ineficacia de acto jurídico Fecha: 31 de marzo de 2008

Un banco acreedor demanda ineficacia del acto jurídico de anticipo de legítima, realizado por su deudor con anterioridad a la fecha del crédito. La demanda fue declarada improcedente por el juez de primera instancia. El demandante impugnó el fallo por considerar que el juez no valoró que a tenor del artículo 195 del Código Civil, le asiste el derecho a solicitar la ineficacia de los actos que impliquen la disminución patrimonial de su deudor, sin referirse a que sean actos gratuitos o anteriores al crédito. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima estimó la norma en cuestión, no regula la posibilidad de solicitar la revocatoria de actos de disposición celebrados con anterioridad al nacimiento del crédito, toda vez que ello se circunscribe únicamente a los de tipo oneroso, lo cual puede comprobarse con la estipulación contenida en el artículo 196 del Código Civil citado, cuando le otorga la calidad de actos a título oneroso a las garantías

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ACTO JURÍDICO

otorgadas, aun por deudas ajenas, si ellas son anteriores o simultáneas con el crédito garantizado; porque de otro modo no hubiese sido necesaria la redacción de la norma en aquel sentido.

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ES INEFICAZ LA COMPRAVENTA DE LOS ADQUIRENTES QUE ESTABAN EN LA POSIBILIDAD RAZONABLE DE CONOCER LA EXISTENCIA DEL CRÉDITO

Un acreedor pretende se declare la ineficacia de un acto de disposición gratuito efectuado por su deudor, argumentando que con dicha transferencia se ha disminuido el patrimonio del deudor, colocando en riesgo el cobro del crédito. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. El demandante impugnó el fallo, siendo que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima confirma la sentencia de primera instancia. El demandante interpone recurso de casación alegando interpretación errónea del artículo 195 del Código Civil, ya que considera que la citada norma hace alusión a requisitos generales aplicables a toda clase actos, sean estos a título gratuito u oneroso y requisitos particulares aplicables solamente a los actos a título oneroso; en ese sentido, y de la verificación de autos, se tiene que el acto cuya ineficacia es pretendida, es uno de disposición a título gratuito y para su procedencia, de acuerdo a la norma invocada, basta solo el perjuicio causado. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara fundado el recurso de casación, exponiendo que la procedencia del supuesto de ineficacia de acto jurídico basado en el artículo 195 del Código Civil, debe tenerse en cuenta: 1) la existencia de un crédito, sea quirografario o no, 2) la disposición de un bien o bienes, y 3) que de la disposición de dicho bien o bienes resulte la imposibilidad de pago. Afirma la Sala Suprema que estos requisitos se encuentran acreditados y no han sido discutidos, no siendo determinante la afirmación de que los adquirentes no han conocido de la existencia del crédito y que no estaban en la razonable situación de conocerlo, dado que son hijas de la demandada, y que su simple dicho no es prueba suficiente para afirmar que no conocían del crédito.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2643-2005Cusco (Data 45 000) Demandante: Edpyme Crear Cusco Demandada: Lourdes Mosqueta Páucar Asunto: Ineficacia de Acto Jurídico Fecha: 12 de abril de 2006


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FALTA DE GARANTÍA INSCRITA DEL CRÉDITO DESVIRTÚA MALA FE DEL ADQUIRENTE

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2295-2002Santa (Data 45 000) Demandante: Julio Negrón Zapata Demandados: Nicomedes Flores Miota y otros Asunto: Revocatoria de contrato de compraventa Fecha: 20 de mayo de 2004

Un acreedor pretende se declare la ineficacia de un acto de disposición efectuado por su deudor, argumentando que con dicha transferencia se ha disminuido el patrimonio del deudor, colocando en riesgo el cobro del crédito, además solicita la nulidad del asiento registral donde se anotó la referida transferencia. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia en todos sus extremos de ineficacia del acto jurídico, indemnización de daños y perjuicios y cancelación del asiento registral. El demandante impugnó el fallo siendo que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Santa confirma la sentencia de primera instancia. El demandante interpone recurso de casación alegando contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, respecto de los artículos 197 del Código adjetivo y 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, el recurrente sustenta su denuncia en que los Juzgadores no han valorado debidamente los medios probatorios que corren en autos y la conducta procesal de los demandados. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara infundado el recurso de casación, exponiendo que si bien el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial; sin embargo, las instancias de mérito han establecido con suma claridad que la tercera adquirente a título oneroso no ha tenido conocimiento del perjuicio al acreedor, tampoco se ha establecido que aquella estaba en razonable situación de conocerlo o de no ignorarlo, pues el denominado contrato de mutuo era un documento privado que nunca fue inscrito en los Registros Públicos. Además, las pruebas evaluadas por las instancias de mérito permiten establecer que no se ha acreditado la existencia de mala fe por parte de la tercera adquirente; pues el crédito del demandante no tenía una garantía inscrita, tampoco se ha acreditado la supuesta colusión; presumiéndose la buena fe, pues la compradora adquirió un vehículo que a la fecha de la transferencia aparecía inscrito a nombre de sus vendedores, quedando evidenciado que se adquirió la propiedad del vehículo, prendado

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ACTO JURÍDICO

a favor de otro acreedor distinto del demandante, bajo los principios de publicidad, legitimación y buena fe pública registral previstas en los artículos 2012, 2013 y 2014 del Código sustantivo

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ACCIÓN REVOCATORIA CONTRA ACTO DE DISPOSICIÓN DE BIEN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES BUSCA PROTEGER LOS DERECHOS EXPECTATICIOS DEL DEUDOR

Un acreedor pretende se declare la ineficacia de un acto de disposición efectuado por su deudor respecto de un bien de la sociedad conyugal, argumentando que con dicha transferencia se ha disminuido el patrimonio colocando en riesgo el cobro de su crédito. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, quien argumentó que se cumplió con los requisitos para que proceda la acción pauliana o revocatoria. El demandado impugnó el fallo. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa revocó la sentencia de primera instancia y la declaró improcedente por considerar que se vulneró el patrimonio autónomo de la sociedad de gananciales. El demandante interpuso recurso de casación alegando: a) la interpretación errónea del artículo 195 del Código Civil, al sostenerse que la sentencia de primera instancia no agravia el patrimonio autónomo, pues no se cuestiona el acto jurídico como tal, sino que se trata de proteger la legítima aspiración del acreedor, lo que explicaría el correcto razonamiento del a quo, en el extremo que se refiere a que la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal solamente estaría afecto en el cincuenta por ciento de los derechos expectaticios del cónyuge deudor; y, b) la aplicación indebida del artículo 301 del mismo Código Sustantivo, porque la acción paulina no afecta el patrimonio autónomo de la sociedad de gananciales, sino que deja abierta la posibilidad de su realización en la parte correspondiente al deudor, luego de la liquidación. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso de casación exponiendo que mediante la acción revocatoria o pauliana no se declara nulo o inválido el acto de

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 5249-2006El Santa (Data 45 000) Demandante: Empresa de Transportes “El Rosario” Sociedad Anónima Demandados: Hilará Torrealva Villanueva, y otros Asunto: Acción revocatoria Fecha: 10 de abril de 2007


disposición de bienes de la sociedad, ni se afecta la calidad de bien social, sino que simplemente se declara ineficaz respecto del acreedor el acto de disposición patrimonial en relación a los derechos expectaticios que le pudieran corresponder a uno de los miembros de la sociedad conyugal, para efectos de cautelar el derecho del acreedor mediante embargo u otra medida cautelar y evitar de esta manera el fraude del acto jurídico o la lesión del derecho del acreedor; no pudiendo llevarse a cabo la ejecución forzosa mientras no se produzca alguna de las causales de fenecimiento del régimen de sociedad de gananciales que permita distinguir los derechos que le corresponden a cada cónyuge. Por tales razones el Tribunal Supremo consideró que el Colegiado Superior incurrió en interpretación errónea del artículo 195 del Código Civil al considerar que no se puede formular acción pauliana respecto de bienes sociales para efectos de declarar ineficaz el acto de disposición en relación a los derechos expectaticios que le pudieran corresponder a uno de los cónyuges, sin tener en cuenta que dicha acción no tiene por objeto declarar la invalidez o nulidad de los actos de disposición, ni ordenar la ejecución forzosa de los bienes, sino la declaración de ineficacia, a fin de cautelar los derechos del acreedor que se ve lesionado en su derecho de crédito.

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DECLARAN INEFICACIA de constitución de PATRIMONIO FAMILIAR POR CONSTITUIR UNA RENUNCIA EXPRESA DE DISPOSICIÓN DEL BIEN

Sala Civil de Procesos Sumarísimos y No Contenciosos Exp. N° 38184-2000-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco Wiese Sudameris Demandados: Pedro Alfredo Huapaya Merino y otra Asunto: Acción revocatoria Fecha: 23 de abril de 2001

Un banco acreedor demanda la ineficacia del acto jurídico de constitución de patrimonio familiar realizado por su deudor argumentando que el pago de su crédito se encuentra en peligro pues con la constitución de patrimonio familiar, se ha acreditado la renuncia expresa de los demandados a disponer de sus derechos patrimoniales. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La parte demandada impugnó el fallo por considerar que la constitución de patrimonio familiar no constituye un acto dispositivo, razón por la cual queda fuera de los alcances del artículo 195 del Código Civil que regula la acción pauliana.

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ACTO JURÍDICO

La Corte Superior confirma la sentencia apelada exponiendo que el hecho de que los emplazados hayan constituido a su favor un patrimonio familiar, implica que dichos demandados no puedan disponer de su patrimonio, razón por la cual el referido acto jurídico constituye un acto de disposición, que no es otra cosa que una renuncia expresa a disponer de sus bienes; situación fáctica que, evidentemente, perjudica el cobro del crédito del acreedor demandante; más aún cuando, dicha constitución patrimonial atenta contra el principio de la buena fe contractual, previsto por el artículo 1362 del Código Civil; demostrándose así, un ejercicio abusivo del derecho, contrario a lo prescrito por el artículo II del Título Preliminar del Código Civil.

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EFECTOS DE ACTO JURÍDICO DECLARADO INEFICAZ POR ACCIÓN PAULIANA SOLO BENEFICIAN AL ACREEDOR PERJUDICADO

Un acreedor demanda se declare la ineficacia del acto jurídico respecto de un acto dispositivo realizado por su deudor argumentando que el pago de su crédito se encuentra en peligro, ya que no existe patrimonio que lo respalde. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia que agregó en su parte resolutiva “entiéndase como nulo y sin valor legal dicho acto jurídico”. La parte demandada impugnó el fallo argumentando que lo que se ha solicitado es la ineficacia y no la nulidad del acto jurídico. La Corte Superior confirma la sentencia apelada, sosteniendo que la ineficacia del acto jurídico importa la anulabilidad del mismo, por lo que sus efectos son los descritos en el artículo 222 del Código Civil. El demandante interpone recurso de casación denunciando la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por cuanto ratifica una sentencia extra petita pues en los casos como el de autos solo se discute la ineficacia del acto jurídico respecto del demandante, mas no la nulidad de dicho acto jurídico, lo que demuestra que tanto el Juez como la Sala Superior desconocen la diferencia entre un acto ineficaz y un acto nulo, vulnerándose lo dispuesto en la última

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La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3998-06Ayacucho (Data 45 000) Demandante: Alfonsa de la Cruz Martínez Demandados: Daniel Tenorio de la Cruz y otros Asunto: Ineficacia de Acto Jurídico Fecha: 26 de junio de 2007


La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3998-06Ayacucho (Data 45 000) Demandante: Alfonsa de la Cruz Martínez Demandados: Daniel Tenorio de la Cruz y otros Asunto: Ineficacia de Acto Jurídico Fecha: 26 de junio de 2007

parte del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso de casación exponiendo que diferencia de la declaración de nulidad o anulabilidad del acto jurídico, la declaración de ineficacia por efecto del ejercicio de la acción pauliana no es absoluta, desde que los efectos del acto jurídico se mantienen vigentes para todos, menos para el acreedor quirografario o insuficientemente garantizado, lo que no ocurre en los casos de declaración de nulidad o anulabilidad del acto jurídico antes citados, pues sus efectos sí son absolutos y el mismo deviene en ineficaz no solo para quien demandó su nulidad o anulabilidad sino también para los emplazados e igualmente frente a terceros. En consecuencia, y atendiendo a que la corrección en la motivación no modificará sustancialmente el sentido de lo resuelto, en la medida que los magistrados han declarado que el acto jurídico cuestionado es, en efecto, ineficaz con respecto a la demandante, no cabe casar la sentencia impugnada.

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VALIDEZ

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NULIDAD Y ANULABILIDAD NO PUEDEN SER DEMANDADOS EN UN SOLO ACTO

Una persona demanda la nulidad del acto jurídico contenido en una escritura pública por la causal de falta de manifestación de la voluntad y por ser contrario a las leyes y al orden público y, de manera acumulativa subordinada, demanda la anulabilidad del mismo acto jurídico; solicitando en ambos casos la cancelación del asiento registral. El juez de primera instancia declara improcedente la demanda interpuesta por la recurrente por existir una indebida acumulación de pretensiones. La parte demandante impugnó el fallo siendo que la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia de primera instancia. El demandante interpone recurso de casación alegando la contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso contenidas en los artículos del Título Preliminar, 86 primer párrafo y 85, inciso 2 del Código Procesal Civil y 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara infundado el recurso de casación exponiendo que es claro que las pretensiones demandadas de nulidad y anulabilidad de un mismo acto jurídico resultan implicantes entre sí, conforme se prevé en los artículos 84, 85 y 86 del Código Adjetivo –estos últimos invocados por el recurrente– más aún cuando en el presente caso, del estudio de la demanda se desprende que las pretensiones se han efectuado con un mismo fundamento por lo que no guarda criterio lógico lo solicitado, al no existir entre ambas pretensiones una relación de principal y subordinada, no siendo por tanto viable pretender que el a quo o a quem funden sus decisiones en pretensiones totalmente contradictorias.

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La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 907-2006Huánuco (Data 45 000) Demandante: Pascal Anastacio Demandada: Gumercinda Pascal Anastasio Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 24 de julio de 2006


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DOCUMENTO PÚBLICO CUYA NULIDAD NO HA SIDO DECLARAda JUDICIALMENTE MANTIENE SU VALIDEZ

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1682-2006 Lambayeque (Data 45 000) Demandante: Gran Logia del Perú Demandados: Leonardo Alberca Balarezo y otro Asunto: Desalojo Fecha: 22 de noviembre de 2006

Los propietarios de un inmueble interponen demanda de desalojo a efectos de que los demandados les restituyan del bien de su propiedad en la medida en que vienen ocupándolo precariamente, ya que el título que ostentan proviene de una declaración unilateral contenida en una escritura pública de constitución de asociación. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La parte demandada impugnó el fallo argumentando que el título que poseen es válido, toda vez que no se ha declarado su nulidad judicialmente. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque revoca la sentencia apelada y reformándola la declara improcedente, por lo que el demandante interpone recurso de casación alegando que Sala Superior no debió soslayar la aplicación del artículo 243 del Código Procesal Civil, declarando de oficio la nulidad de la cláusula sétima de la escritura pública de constitución de la Asociación Civil donde se transfiere la propiedad de inmueble sublitis, pues solo se trata de una declaración unilateral que de ninguna manera constituye título que acredite la propiedad de la demandada. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara infundado el recurso de casación exponiendo que tratándose de un documento público, aun cuando se afirme que el mismo es un acto unilateral, por haber transferido los demandados un inmueble que no les pertenecía, a una institución creada por ellos, dicho documento mantiene su validez mientras no se declare judicialmente su nulidad, la misma que no puede operar de oficio, como pretende la casante, pues para ello se requiere de una vía más lata en la que se cuente con los elementos de juicio necesarios para establecer la configuración de alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo doscientos diecinueve del Código Civil

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ACTO JURÍDICO

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SE ANULA ACTO JURÍDICO PORQUE UNA DE LAS PARTES OMITIÓ INFORMAR ALGUNOS HECHOs RELEVANTES

Una persona demanda una indemnización a efectos de que una aseguradora cumpla solidariamente con pagar la suma de 100,000 nuevos soles por daños y perjuicios causados a su persona a raíz de la muerte de su esposa, como consecuencia del accidente automovilístico. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La aseguradora impugnó el fallo argumentando que el contrato de seguro celebrado es anulable porque ha existido un vicio de voluntad debido a que el asegurado renueva la póliza de seguros en forma extraña mediante una cobertura provisional el mismo día de ocurrido el accidente materia del proceso y cuando la vigencia de dicha póliza se encontraba vencida. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirma la sentencia apelada, por lo que la aseguradora interpone recurso de casación alegando la aplicación indebida de los artículos 1363, 1969 y 1987 del Código Civil, refiriendo que se ha acreditado que no existe relación jurídica contractual vigente con el asegurado. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara infundado el recurso de casación exponiendo que el dolo será causa de anulación de un acto jurídico cuando el engaño empleado por una de las partes sea determinante para la celebración de un acuerdo contractual y toda vez que de lo analizado, se advierte un hecho de connotación, claramente doloso (renueva la póliza de seguros el mismo día del accidente) se llega a desprender en principio que la aseguradora no tuvo conocimiento del accidente, pues no se aprecia de autos que el asegurado haya comunicado a la aseguradora dicha situación, y de otro lado, se connota la carencia de buena fe en términos contractuales por parte del asegurado, al ocultar información a la aseguradora, que de haberla tenido no hubiera procedido a la renovación de la póliza de seguros.

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La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1564-2006-La Libertad (Data 45 000) Demandante: Pedro Salazar Sánchez Demandados: Wiese Aetna Compañía de Seguros y otros Asunto: Indemnización Fecha: 28 de noviembre de 2006


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NO SE ANULA ACTO JURÍDICO PORQUE EL ERROR NO ERA RELEVANTE

Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima Exp. N° 98-2001-Lima (Data 45 000) Demandantes: Manuel Pedro Cruzado Durán y otro Demandado: Eduardo Jesús Farago del Carpio Asunto: Nulidad de acto jurídico y otros Fecha: 25 de julio de 2001

El arrendatario de un inmueble demandó la nulidad del contrato de arrendamiento argumentado que de haber sabido que el bien era parcialmente ajeno no hubiera celebrado el contrato. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La demandada impugnó el fallo señalando que ellos no hubieran celebrado el contrato de arrendamiento de saber que se trataba de un bien ajeno, precisando además que en la cláusula primera del contrato cuya nulidad se peticiona el demandado declaró ser el propietario del inmueble a pesar de que tenía conocimiento de que tan solo era propietario de parte de dicho bien. La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima confirma la sentencia de primera instancia exponiendo que conforme lo dispone el artículo 210 del Código Civil, el dolo es causa de anulación del acto jurídico (y no de nulidad como pretenden los demandantes) cuando el engaño usado por una de las partes haya sido tal que sin él la otra parte no hubiere celebrado el acto; siendo que resulta evidente que las cláusulas del contrato cuya nulidad se pretende fueron aceptadas de mutuo acuerdo por los demandantes y el emplazado, debiendo considerarse además que ninguna de las partes ha cuestionado en modo alguno el contenido de estas.

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ES VÁLIDO ACTO JURÍDICO PESE A NO CUMPLIR CON UN REQUISITO DE FORMA

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1276-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Máxima Cristina Rodríguez Demandado: Banco Wiese Limitado Asunto: nulidad de Escritura pública de hipoteca Fecha: 10 de setiembre de 2001

El propietario de un bien hipotecado demanda la nulidad de escritura pública de crédito con garantía hipotecaria, nulidad de la hipoteca, y nulidad de su asiento registral argumentando que no se ha cumplido con la formalidad exigida por el Código Civil. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La parte demandada impugnó el fallo por considerar que no se ha valorado que la formalidad de la escritura pública de la hipoteca solamente es una formalidad ad probationem que prueba la forma del acto jurídico y no es constitutiva del acto en sí.

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ACTO JURÍDICO

La Sala Civil de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima revoca la sentencia apelada y declara infundada la demanda considerando que la elevación a escritura pública no constituye una formalidad esencial del acto, solo un medio de prueba de este. El demandante interpone recurso de casación alegando que la interpretación errónea del artículo 1098 del Código Civil, toda vez que la Sala erróneamente ha considerado que la formalidad de la escritura pública de la hipoteca solamente es una formalidad ad probationem, cuando lo correcto es que es ad solemnitatem, sin la cual no es posible la existencia del acto jurídico. Alega también la inaplicación del artículo 219 inciso 6 del Código Civil, así como de los artículos 123 y 124 de la Ley del Notariado. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara infundado el recurso de casación exponiendo que si bien el artículo 1098 del Código Civil exige como formalidad de la hipoteca el que sea otorgada mediante escritura pública, no sanciona con nulidad la inobservancia de esa forma; por lo que debe entenderse entonces que se trata de una formalidad ad probationem, en la cual la ausencia de la formalidad no afecta la validez del acto jurídico, ni origina la nulidad de este.

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NULIDAD DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO GENERA LA NULIDAD DEL ACTO JURÍDICO QUE LO CONTIENE

Una persona demanda la nulidad del acto jurídico de compraventa contenido en la escritura pública, invocando como causal la prevista en el numeral 6 del artículo 219 del Código Civil, ello en virtud de que el Notario no cumplió con insertar en sus conclusiones la fe de entrega del precio del bien, el cual a la fecha no ha sido honrado por el demandado. La demanda fue declarada improcedente por el juez de primera instancia. La parte demandante impugnó el fallo por considerar que el juez no valoró que al existir tal defecto en la escritura pública, el acto contenido también será nulo, siendo que la Tercera Sala Civil Especializada de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó la sentencia de primera instancia.

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Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2640-2003Arequipa (Data 45 000) Demandante: Edith Evarista Carbajal Bernal Demandado: Richar Erlyn Jiménez Montes de Oca Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 17 de mayo de 2005


El demandante interpone recurso de casación alegando la interpretación errónea del numeral 6 del artículo 219 del Código Civil, norma que sanciona con la nulidad del acto jurídico cuando este no reviste la forma prevista por ley, dispositivo que es extensivo al inciso c) del artículo 59 de la Ley del Notariado, Decreto Ley N° 26002, que contiene la obligación del notario de insertar en la conclusión de la escritura pública la fe de entrega de bienes que se estipulen en el acto jurídico, por lo que al existir dicha omisión el acto celebrado es nulo; siendo la correcta interpretación en el sentido de considerar el acto jurídico celebrado como nulo, por no revestir la forma prescrita por ley bajo sanción de nulidad. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso de casación, exponiendo que habiéndose suscrito la escritura pública que contiene el acto jurídico materia de cuestionamiento, corresponde precisar que si bien el literal c) del artículo 59 del Decreto Ley N° 26002, establece que la conclusión de la escritura expresará la fe de entrega de bienes que se estipulen en el acto jurídico, su inobservancia solo acarrearía la nulidad de dicho instrumento público notarial, subsistiendo el acto jurídico contenido en él, ello en atención no solo a lo previsto en el artículo 144 del Código Civil, sino también a lo preceptuado en él, artículo 123 del Decreto Ley N° 26002.

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SE DECLARA NULO EL ACTO JURÍDICO PORQUE PERSONA ANALFABETA ÚNICAMENTE COLOCó SU HUELLA DIGITAL COMO MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N°4175-2007-Cusco (Data 45 000) Demandante: Lorenza Soria Maruri viuda de Chacón Demandados: Elías Huillca Alcca y otra Asunto: Nulidad de Contrato de compraventa Fecha: 15 de noviembre de 2007

Una de las partes de un contrato de compraventa demanda que se declare la nulidad del referido acto jurídico contenido en una escritura pública invocando la causal de vicio de la voluntad, alegando que no existió manifestación de voluntad ya que únicamente puso su huella digital porque no entendía el castellano y la traducción no era la correcta. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La parte demandada impugnó el fallo, siendo que la Sala Mixta Itinerante de la Corte Superior de Justicia del Cusco, confirma la sentencia apelada

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ACTO JURÍDICO

alegando que la parte demandada sí ha manifestado su voluntad de modo correcto. La parte demandada interpone recurso de casación alegando la interpretación errónea del artículo 219 del Código Civil, señalando que, la correcta interpretación de dicha norma permite concluir las causales de nulidad absoluta del acto jurídico, por cuanto este es nulo cuando su fin es ilícito, cuando falta la manifestación de voluntad del agente y cuando no reviste la forma prevista por ley, señalando que faltó la manifestación de voluntad del agente, por cuanto la persona que intervino como intérprete también firmó a ruego de de la demandante, siendo que estaba prohibido de actuar por dos personas en el primero como intérprete y en el segundo como firmante a ruego. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara fundado el recurso de casación, exponiendo que se ha presentado un supuesto de interpretación errónea del artículo 219 del Código Civil, respecto al elemento de la manifestación de voluntad, pues para que esta se presente no es suficiente que la persona estampe su huella digital, sino que tratándose de una persona analfabeta, no solo debe intervenir el intérprete, con la respectiva firma a ruego, sino también el notario público debe dejar constancia en la conclusión de la escritura pública la ratificación, modificación o indicaciones que los comparecientes hicieren, dejando clara y enfática constancia de la actividad desarrollada por el intérprete (traducción del castellano al quechua), para permitir la ratificación de la persona analfabeta, lo que al no haberse producido permite establecer la ausencia de manifestación de voluntad, originando con ello la nulidad del acto jurídico, no tanto porque el intérprete y el firmante a ruego sean la misma persona, sino porque de la apreciación de las circunstancias en que se desarrolló el iter contractual y notarial, se evidencia una ausencia de manifestación de voluntad de parte de la demandante.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N°4175-2007-Cusco (Data 45 000) Demandante: Lorenza Soria Maruri viuda de Chacón Demandados: Elías Huillca Alcca y otra Asunto: Nulidad de Contrato de compraventa Fecha: 15 de noviembre de 2007


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PROCEDE NULIDAD DE ACTO JURÍDICO POR NO EXISTIR PODERES VIGENTES AL MOMENTO DE SUSCRIBIR LA ESCRITURA PÚBLICA

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1569-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: María Elena Laso San Román Demandandos: Jorge Laso Gandarillas y otra Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 21 de noviembre de 2003

Una persona demanda la nulidad de un acto jurídico de compraventa, por haberse efectuado sin que exista poder por parte del transferente del bien. El juez de primera instancia declaró fundada la demanda. El demandado impugnó el fallo siendo que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia de primera instancia. El demandado interpuso recurso de casación, alegando la interpretación errónea del inciso 1 del artículo 219 del Código Civil dado que este no permite incluir como supuesto la carencia de facultades del apoderado que interviene en la celebración de un acto jurídico, y la inaplicación de los artículos 152, 197, 949, 1802, 2012, 2014 y 2038 del Código Civil. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso, exponiendo que el artículo 219, inciso 1 del Código Civil establece que el acto jurídico es nulo cuando falta la manifestación de voluntad del agente, por lo que la interpretación errónea de una norma de derecho material debe referirse a que en la sentencia cuestionada se ha recortado o extendido, los alcances de dicha norma o que se le ha otorgado un sentido que no tiene. Sin embargo, el recurrente en su argumentación hace una distinción donde la ley no lo hace y le atribuye al precepto un sentido que textualmente no tiene, y en cuanto a la inaplicación de los artículos 152, 197, 949, 1802, 2012, 2014 y 2038 del Código Civil, se llega a la determinación de que estas resultan aplicables únicamente en los casos que exista buena fe y probidad por parte de los contratantes, dado que en la escritura pública de compraventa se halla insertado referencias del poder con que el codemandado actuó en representación de la actora; sin embargo, en el poder otorgado por la actora a favor del codemandado, que tenía el notario en su legajo, aparece marginalmente anotada la revocatoria del mismo, señalando, incluso, su fecha de inscripción. Consecuente con lo anterior, la aplicación de las normas que se dicen inaplicadas, en nada cambiaría el sentido de la

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ACTO JURÍDICO

decisión, si a ello se agrega que la incongruencia contenida en la anotada escritura es evidente.

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LEGITIMiDAD DEL TERCERO PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UN ACTO JURÍDICO SE SUSTENTA EN EVITAR LAS CONSECUENCIAS FUTURAS O VOLvER AL STATU QUO ANTERIOR

Una persona demanda la nulidad de una compraventa y de su correspondiente asiento registral, argumentando que le mandó dinero a su esposa para que comprara una casa, y la colocará a nombre de su hijo; sin embargo, cuando regresó de viaje, encontró con que la casa que había adquirido en principio por su hijo estaba a nombre del hermano de su cónyuge. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia que consideró que el segundo adquirente al tener la condición del tío, por ser hermano de la madre del menor, y al ser cuñado del actor, se concluye que este tenía pleno conocimiento de la compraventa inicial, por lo que no se puede concebir que el actor haya actuado de buena fe, al contrario se entiende que este ha actuado con dolo por tener pleno conocimiento de que el bien pertenecía en propiedad a su sobrino, fundamentos por los cuales se determina que el contrato de compraventa ha sido simulado, por lo que es nulo, de pleno derecho. La parte demandada impugnó el fallo, señalando que no está debidamente acreditado que la compra del inmueble se haya hecho con dinero del actor. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa revoca la sentencia apelada y declara improcedente la demanda, sosteniendo que conforme el artículo 220 del Código Civil, el interés exigido por la norma supone la necesidad de que el actor demuestre que el reconocimiento judicial de la invalidez absoluta del negocio le proporcionará un beneficio (lícito) de orden patrimonial o extramatrimonial; es decir, no solo las partes están legitimadas para demandar la declaración judicial de nulidad del negocio, sino también todos aquellos terceros que obtengan un provecho (lícito) con la declaración judicial de nulidad; teniendo en cuenta la pretensión, el actor busca la nulidad del acto jurídico de compraventa pero no forma parte de la relación sustantiva que une a los celebrantes de dichos actos jurídicos,

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2272-2006Santa. (Data 45 000) Demandante: Eustiquio Ruiz Miyakawa Demandado: Reynaldo Vega Domínguez Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 12 de marzo de 2007



por no haber participado en ninguna de las negociaciones, por lo que tampoco es posible determinar que el actor obtenga un provecho con la pretendida declaración de nulidad. El demandante interpone recurso de casación denunciando la interpretación errónea del artículo 220 del Código Civil, basándose en que la Sala Superior le ha dado un sentido errado a la norma denunciada, puesto que el interés para obrar no es solo una relación de tensión entre un sujeto y un bien, como señala la Sala, sino una situación real y oportuna, en donde se necesita recurrir al órgano jurisdiccional por causa de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial y es en esas circunstancias que se ha acreditado que el acto es simulado, deviniendo en nulo, por ser contrario a las normas de orden imperativo, y contrapuestas a la moral y a las buenas costumbres. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara fundado el recurso de casación, exponiendo que es preciso aclarar que el legislador establece que el interés que faculta la ley para accionar la nulidad de un acto jurídico es el legítimo interés económico y moral y no cualquier interés, de donde la doctrina ha señalado que son cuatro los requisitos que debe tener el interés de quien lo solicita: dos son de orden material y dos formales, el interés debe ser patrimonial o moral; en lo tocante a los formales el interés debe ser actual y directo: Pero, además, el interés de aquel que recurre al juez para solicitar la nulidad absoluta debe estar protegido por la ley, esto es, ser legítimo. El interés actual, no necesariamente significa que las consecuencias del negocio estén afectando al actor al momento de interponer su acción, debe entenderse que tiene importancia presente para el demandante el lograr la nulidad absoluta del negocio, o para resguardarse de consecuencia futuras, o para obtener la destrucción de los efectos pasados y poder volver al statu quo anterior.

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ACTO JURÍDICO

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HIPOTECA CONSTITUIDA POR TERCERO NO PROPIETARIO ES UN ACTO JURÍDICO NULO POR TENER OBJETO JURÍDICAMENTE IMPOSIBLE

Una persona demanda se declaren nulos los actos jurídicos de constitución de hipoteca, constitución de fianza solidaria respaldada con hipoteca y ampliación de hipoteca, argumentando que quien los celebró ya no era propietario al momento en que se concretaron los referidos actos. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La parte demandante impugnó el fallo, siendo que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, revocando la apelada y reformándola declara fundada la demanda y nulos los actos jurídicos y documentos que los contienen, referentes a las escrituras públicas de constitución de hipoteca, constitución de fianza solidaria respaldada con hipoteca y ampliación de hipoteca de fecha y nulos los asientos registrales que dieron origen tales escrituras. El demandado interpone recurso de casación por la causal de interpretación errónea del artículo 2014 del Código Civil y la inaplicación de los artículos 2013, 2016 y 2022 del citado Código Sustantivo, argumentando la buena fe registral pues su derecho de hipoteca se ha inscrito correctamente ya que se basó en la información que aparecía en los Registros Públicos. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia consideró que el demandado no tuvo buena fe registral, pues cuando se celebró el contrato de constitución de hipoteca y posteriormente el de fianza solidaria corría inscrito una separación de patrimonios, por lo que debió no solo verificar el tracto sucesivo, esto es verificar el registro de propiedad inmueble, sino también el registro personal y de mandatos de quienes constituían garantía hipotecaria sobre el inmueble para cerciorarse si estas personas tenían o no capacidad legal para realizar el acto. Si esto hubiese sido así habría verificado que el inmueble no pertenecía a los codemandados. En consecuencia, concluyó que quedó establecido de modo definitivo que a la fecha de celebración de los actos jurídicos materia de nulidad, el inmueble no era propiedad de los codemandados y por ende el objeto

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era jurídicamente imposible, habiéndose incurrido en causal de nulidad prevista en el inciso 3 del artículo 219 del Código Civil.

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VENTA EFECTUADA POR ANALFABETOS ES NULA POR SER IMPOSIBLE MATERIALMENTE QUE CONOZCAN EL CONTENIDO DEL ACTO

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 609-2000Huaura (Data 45 000) Demandante: Porfirio Meza Chávez Demandado: Jorge Capillo Chávez Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 17 de abril de 2002.

Una persona demanda se declare nulo el acto jurídico de compraventa alegando que no ha tenido conocimiento del contenido del referido acto, ya que al ser analfabeta no pudo leer el contenido de la escritura pública. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La parte demandante impugnó el fallo, y la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura confirma la apelada. El demandante interpone recurso de casación por la causal de inaplicación de una norma de derecho material, en este caso en particular del artículo 219 del Código Civil. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara fundado el recurso de casación, exponiendo que en el caso de autos se ha acreditado la falta de manifestación de voluntad de los agentes (los recurrentes), ya que estos son analfabetos, hecho que es reconocido por el demandado quien ha administrado el predio de propiedad de los demandantes en calidad de apoderado de estos, cobrando los arriendos respectivos y reconociéndolos como propietarios del predio materia de litis. En efecto, conforme aparece de la misma conclusión de la Escritura de Compraventa cuestionada, el notario afirma y da fe de lo siguiente: “(...) formalizado en instrumento se instruyeron los otorgantes de su objeto por la lectura que de todo el hicieron (...)”, lo que resulta materialmente imposible porque los demandantes son iletrados, hecho que se comprueba del final de la misma conclusión, cuando se afirma que imprimen su huella digital por el hecho expresado en la minuta, firmando a ruego un tercero, lo que demuestra que el notario no ha cumplido con leerles la escritura conforme lo ordena el inciso primero del artículo 59 del Decreto Ley Nº 26002, Ley del Notariado; por lo tanto los otorgantes no han tenido conocimiento que el documento en el cual imprimían su huella digital se trataba de una Escritura de Compraventa.

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ACTO JURÍDICO

CONFIRMACIÓN

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SE CONFIRMA ACTO CELEBRADO POR EL FALSO REPRESENTANTE

El comprador de un inmueble demanda la anulabilidad del contrato de compraventa que celebró con la demandada aduciendo vicios resultantes del error, dolo, violencia e intimidación y porque al celebrarse el contrato, quien actuó en representación de la propietaria carecía de poder para realizar cualquier acto de la transferencia de la propiedad. El juez de primera instancia declara fundada la demanda. El demandante impugna el fallo, siendo que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte revoca la sentencia apelada y declara infundada la demanda sosteniendo que no ha habido error, dolo, violencia o intimidación, se ha logrado determinar que el recurrente está en posesión del inmueble objeto de la compraventa; en consecuencia, resulta extraño al derecho que, habiendo pactado el precio y la consiguiente toma de posesión del inmueble, demande la nulidad por hechos ajenos a la libre disposición del propietario. El demandado interpone recurso de casación alegando inaplicación de los artículos 76, 1096, 1098, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1124 y 1432 del Código Civil. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declara infundado el recurso de casación, exponiendo que si bien es cierto que al momento de la celebración del contrato el representante no tenía poder del propietario para celebrar contrato de compraventa, la demandada al contestar la demanda ha ratificado el contrato de compraventa que celebró con la recurrente. Además, los artículos 230 y 231 del Código Civil permiten la confirmación del acto jurídico en el caso de la anulabilidad y en este caso no solo no ha interpuesto acción de anulación, sino que las partes han ejecutado el contrato en forma total.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2670-2001Callao (Data 45 000) Demandante: Estela Carola Ríos Vásquez Demandada: Caja de Pensiones Militar Policial Asunto: Nulidad de contrato y otro Fecha: 21 de enero de 2002


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NO SE CONFIRMA ACTO JURÍDICO QUE CARECE DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD MEDIANTE LA FIRMA DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LO CONTIENE

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 414-02-Arequipa El Peruano, 03/02/2003 (Data 45 000) Demandantes: Ángel Antonio Miranda Ugarte y otra Demandado: Banco Santander Central Hispano - Perú Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 21 de octubre de 2002

Una persona demanda la nulidad del acto de constitución de una hipoteca, argumentando como causal la falta de manifestación de voluntad en la medida en que las firmas que aparecen en la minuta son falsificadas. El juez de primera instancia declara fundada la demanda. El demandado impugna el fallo por cosiderar que si bien la firmas de la minuta no le corresponden al demandante, se ha confirmado el acto al firmar la escritura pública que la contiene. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confirmando la sentencia apelada declara fundada en parte la demanda, argumentan que se encuentra acreditada la falta de manifestación de voluntad de los demandantes, al no suscribir la minuta de constitución de hipoteca siendo irrelevante que los actores hayan firmado la escritura pública, teniendo en cuenta que el artículo 123 de la Ley del Notariado prevé que son nulos los instrumentos públicos notariales que infrinjan disposiciones de orden público referidos a la materia. El demandado interpone recurso de casación alegando inaplicación del artículo 2 de la Ley Nº 26002, toda vez que el notario público está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran formalizando la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere autoridad. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declara infundado el recurso de casación, exponiendo que la elevación de la minuta a escritura pública constituye la formalización o revestimiento exterior del acto que la origina, conforme el artículo 1098 del Código Civil; no habiendo sido materia de controversia el hecho de que los demandantes admiten haber firmado la escritura pública. Además, la Resolución materia de casación se fundamenta en lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 219 del Código Civil; por lo tanto, la falta de manifestación de voluntad genera la nulidad del acto jurídico, por ser un requisito esencial para su validez, y el artículo 57 inciso a) de la Ley del Notariado concuerda con este principio, en referencia al valor de la minuta.

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Capítulo 4

DERECHO DE FAMILIA

CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

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LA SUBSANACIÓN DE LAS FORMALIDADES OMITIDAS EN EL MATRIMONIO PUEDE REALIZARSE HASTA ANTES DE SER DETECTADAS EN UN PROCESO DE NULIDAD

Una hija inicia un proceso judicial a efectos de que se declare la nulidad del matrimonio de su padre, dado que al momento de la celebración no se habrían observado adecuadamente los trámites o presupuestos establecidos en los artículos 248 (formalidades y requisitos para la celebración del matrimonio) y 278 (carácter personal de las acciones de nulidad y anulabilidad matrimonial) del Código Civil. Aparentemente había faltado, entre otros documentos, el certificado domiciliario de los contrayentes, el certificado médico del novio, lo documentos de identidad de los testigos, entre otros. La demandante dijo que el motivo para la celebración de este matrimonio fraudulento fue el deseo de la demandada de apoderarse de un inmueble de propiedad de su padre. La demandada, por su parte, indicó que el matrimonio de ningún estaba afectado de nulidad, pues en caso contrario jamás se habría podido celebrar. No obstante, en primera instancia la demanda fue declarada fundada, al haberse advertido la falta absoluta de formalidades en la realización del matrimonio objeto de la litis, pues además de lo arriba señalado, el decreto municipal que admitía la celebración del matrimonio no tenía fecha, no se habían publicados los edictos de ley, no existía declaración de capacidad de los contrayentes, no aparecía en el expediente el acta de casamiento; además de que el contrayente se trataba de un varón de 80 años, por lo que no se había tomando en cuenta su senectud, considerándose entonces que la demandada habría actuado de mala fe. Siendo el matrimonio un acto jurídico solemne, la falta de las innumerables formalidades señaladas hacía nulo el matrimonio del presente caso, según el juez especializado.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3561-2008Cusco (Diálogo con la Jurisprudencia N° 127, abril 2009) Demandante: Felicitas Dolores Hernani De Quintana Demandada: Guillermina Paricahua Gonzales Asunto: Nulidad de Matrimonio Fecha: 28 de noviembre de 2008


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3561-2008Cusco (Diálogo con la Jurisprudencia N° 127, abril 2009) Demandante: Felicitas Dolores Hernani De Quintana Demandada: Guillermina Paricahua Gonzales Asunto: Nulidad de Matrimonio Fecha: 28 de noviembre de 2008

Ante esta decisión, la demandada interpone recurso de apelación. Analizando el recurso presentado, la Sala Superior consideró, de forma totalmente contraria a la primera instancia, que si bien se habían omitido varias formalidades de validez en la celebración de un matrimonio, ninguna autoridad había requerido la subsanación de dichas formalidades, y al no existir en la ley un plazo establecido para hacer tal subsanación, ellas podrían ser subsanadas en cualquier momento y por ende no se podría declarar la nulidad de matrimonio. El demandante interpuso recurso de casación al no estar conforme con la decisión superior, indicando la Corte Suprema que si bien es cierto no existe un plazo determinado en la ley para que se pueda subsanar las omisiones que puedan haberse efectuado al momento de la celebración del matrimonio, estas solo pueden verse subsanadas hasta antes de que dentro de un proceso judicial de nulidad del matrimonio sean detectadas por el Juez, pues de lo contrario el matrimonio es siempre inválido. Sobre el particular, la Corte hace recordar que no queda al arbitrio de los contrayentes el cumplimiento de las formalidades matrimoniales, por tratarse de un acto solemne. Por todo ello, se declaró nulo el fallo decretado por el ad quem y actuando en sede de instancia, la Corte Suprema declaró fundada la demanda de nulidad de matrimonio.

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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO

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VALIDEZ DEL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN SOCIAL OTORGADO POR UNO LOS CÓNYUGES NO PUEDE DETERMINARSE EN UN DESALOJO

Un agente plantea una demanda de desalojo por precariedad, solicitando que el demandado se retire de un determinado bien pues se consideraba que este no posee título para poseer. El demandado, por contrario, alegó tener la posesión del bien en calidad de arrendatario al haber celebrado un contrato de arrendamiento sobre el bien con la cónyuge del demandante. En primera instancia se declaró fundada la demanda, debido a que se acreditó que el bien tenía la calidad de social y por ende existía la necesidad de que ambos cónyuges intervengan en el contrato de arrendamiento para que se considere válido. Por tanto, al no ser válido el contrato de arrendamiento, el demandado no podría tener la calidad de arrendatario y en esa línea no tendría título para poseer el bien, ostentando la calidad de precario. Tras la apelación del demandado, la Sala Superior confirmó la sentencia bajo los mismos fundamentos, por lo que el demandado interpuso el recurso extraordinario de casación. La Corte Suprema evaluando el caso, determinó que la validez del contrato de arrendamiento no podría evaluarse dentro de un proceso sumarísimo como lo es el que rige el proceso de desalojo por precario. Por lo que en estos casos es menester acudir a un proceso más lato para evaluar dicha validez, por lo que se declaró improcedente la demanda de desalojo de poseedor precario planteada.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 4150-2007Moquegua (Página web del Poder Judicial) Demandante: Francisco García Rivasplata Demandada: Jeny Adela Luzmila Padilla Revilla De Valdivia Asunto: Desalojo Fecha: 21 de octubre de 2008


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NO PROCEDE LA DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE BIENES SIN ANTES DETERMINARSE EL FENECIMIENTO DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1488-2007-Lima (Página web del Poder Judicial) Demandante: Carlos Felix Ponce Valverde Demandada: Marieta Luz Rosalina Cadena Donayre Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 1 de abril de 2008

Un agente inició un proceso de nulidad respecto del acto jurídico mediante el cual se realizó la división y partición de los bienes sociales de su relación conyugal, indicando que no era posible realizar la partición si es que previamente no se había dado el fenecimiento de la sociedad de gananciales, lo que no se había hecho. La cónyuge demandada, por su parte, consideró que sí era posible efectuar dicha partición convencional entre los cónyuges pese a que no haya fenecido aún la sociedad de gananciales, primando aquí el acuerdo de partes. Tras evaluar el caso, el juez de primera instancia consideró que el planteamiento del demandante era el correcto y declaró fundada la demanda de nulidad. Del mismo modo, la Sala Superior consideró que no es posible determinar la partición de los bienes sociales si es que antes no ha fenecido la sociedad de gananciales, por lo cual el acto jurídico de división y partición celebrado era jurídicamente nulo. Ante el recurso de casación interpuesto por la demandada, la Corte Suprema reiteró lo indicado por el ad quem, señalando que la división de los bienes de la sociedad de gananciales solo podría darse tras efectuarse el fenecimiento de la sociedad de gananciales y la respectiva liquidación.

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ACCIONES ENTREGADAS AL TRABAJADOR POR CONCEPTO DE BENEFICIOS SOCIALES SON BIENES SOCIALES

Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa Cas N° 2004-158-040101-SS-CI-02 (Diálogo con la Jurisprudencia N° 130, julio 2009) Demandante: Olga Damiana Tejada Zegarra Demandado: Jose Eulogio Ramos Fernández Asunto: Separación de patrimonios Fecha: 29 de agosto de 2008

En un proceso de separación de patrimonios el demandante pretende que sean entendidas como bienes propios las acciones que le fueron entregadas por la empresa en la que labora en calidad de pago de beneficios sociales y por ende que su cónyuge no tenga mayores derechos sobre ellas. En primera instancia, sin embargo, se señaló que dichas acciones sí tendrían la calidad de sociales toda vez que ellas fueron fruto del trabajo del demandante y como tales tendrían la calidad de sociales conforme al Código Civil

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DERECHO DE FAMILIA

La Sala Superior dejó en claro que conforme al numeral 7 del artículo 302 del Código Civil son bienes propios de un cónyuge las acciones y participaciones de sociedades que se distribuyan gratuitamente entre los socios por reevaluación de patrimonio social, cuando esas acciones o participaciones sean bienes propios. Luego, de esta norma se desprendería que para que las nuevas acciones tengan el carácter de bien propio es necesario que quien las recibe sea previamente socio de la entidad y que las acciones que tenía anteriormente y que dieron lugar a que reciba nuevas acciones por reevaluación de patrimonio social hayan tenido también la calidad de bien propio. Este supuesto, advirtió la Sala, no es del caso analizado, pues el demandante ni era socio, ni ha tenido anteriormente acciones con carácter de bien propio. La Sala consideró además que lo anterior debía agregarse el hecho de que, tal como lo ha fijado la jurisprudencia, son bienes propios los que tiene cada cónyuge desde antes de la celebración del matrimonio, aquellos que se adquieran durante su vigencia a título gratuito, por subrogación real con otro bien propio o por causa o título anterior al matrimonio. Ninguno de estos supuestos concurre en el presente caso. Por tal motivo, se confirma la sentencia apelada.

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LOS DERECHOS EXPECTATICIOS DE LOS CÓNYUGES SOBRE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES PUEDEN EMBARGARSE PERO NO EJECUTARSE

Una persona presenta una demanda de tercería de propiedad respecto de un proceso de cobro de una deuda,

solicitando se deje sin efecto la medida cautelar dictaba sobre un inmueble, propiedad de la sociedad conyugal de la que ella es parte, fundamentando su alega-

ción en que los derechos expectaticios que detentaba sobre los bienes de la sociedad de gananciales no podían ser embargados.

Por su parte, la acreedora accionante del proceso de cobro, al contestar la demanda indicó que pretendía ejecutar el inmueble por encontrarse inscrito registralmente como bien propio del ejecutado, apareciendo este con el estado civil de soltero. Alegó además que la tercerista no intervino en la adquisición de referido bien inmueble y,

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3360-2007Arequipa (Diálogo con la Jurisprudencia N° 136, enero 2010) Demandante: Carmen Rosa Álvarez Cervantes Demandada: Violeta Torres Ayo Asunto: Tercería de Propiedad Fecha: 27 de agosto de 2008


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3360-2007Arequipa (Diálogo con la Jurisprudencia N° 136, enero 2010) Demandante: Carmen Rosa Álvarez Cervantes Demandada: Violeta Torres Ayo Asunto: Tercería de Propiedad Fecha: 27 de agosto de 2008

por lo tanto, no demostró ser propietaria del inmueble; no habiendo tampoco modificado su estado civil, ya sea en la partida de los Registros Públicos o ante el Reniec. Tanto en primera como en segunda instancia se declaró infundada la demanda, toda vez que se consideró que los bienes expectaticios son embargables, pero suspendiéndose la ejecución hasta el momento del fenecimiento y la liquidación de la sociedad de gananciales. La Sala Superior concretamente señaló que la medida cautelar se trabó sobre el inmueble sublitis al amparo de los artículos 2012, 2013 y 2016 del Código Civil que consagran, respectivamente, los principios de publicidad, legitimación y prioridad registral. Luego, era el propietario registral del bien quien tenía la calidad de deudor y con la calidad de soltero, teniendo la medida cautelar de embargo dictada las características de un derecho real de garantía, como un “cuasi derecho real de garantía”. En tal sentido, dijo la Sala, aun cuando la tercerista tenía algún derecho de propiedad sobre el bien como integrante del patrimonio autónomo derivado de la sociedad conyugal, su derecho no inscrito no resultaba oponible a la afectación cautelar inscrita, resultando de aplicación la primera parte del artículo 2022 del Código Civil en cuanto establece la forma de oposición de dos derechos reales inscritos registralmente. Ante este fallo, el tercerista interpuso un recurso de casación. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, entonces, resolvió el caso señalando previamente que deben distinguirse en un derecho real y un derecho

de crédito u obligacional, puesto que, entre otras diferencias, el efecto del primero es la persecución del bien contra cualquiera que lo tenga en su poder, mientras que el derecho de crédito está dirigido hacia el deudor. Para la Corte, por lo tanto, en el caso analizado fue claro que encontraban enfrentados un derecho real no inscrito contra un derecho personal o de crédito inscrito, debiendo aplicarse las reglas del derecho común para establecer la prioridad a aplicarse conforme al segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil. Luego, advirtió la Corte Suprema que si bien en el desarrollo del proceso había quedado demostrado, que el inmueble sublitis era un bien social que pertenece a la sociedad conyugal, ello no determinaba que tal bien

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DERECHO DE FAMILIA

era inembargable, pues los derechos que el deudor casado tenga sobre los bienes sociales con su cónyuge también forman parte de su patrimonio y no hay norma legal que impida que sean embargados en garantía de una obligación, Además, no debía confundirse la medida cautelar de embargo con la ejecución del bien social, lo que procede solo de producirse la separación de los patrimonios. Por estos motivos, y para que no quede vulnerado el derecho crediticio de la demandada a cobrar su acreencia, la Corte Suprema dispuso la afectación solo de los derechos expectaticios que pudieran corresponder al cónyuge deudor, sujetando su realización solo en caso se liquide la sociedad de gananciales por cualquiera de las causales contempladas en el artículo 318 del Código Civil. Por lo que se amparó la demanda de tercería de propiedad en esos términos.

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LA DISPOSICIÓN UNILATERAL DE UN BIEN SOCIAL HACE NULO TODO EL ACTO Y NO SOLO RESPECTO DE LA PARTE QUE NO INTERVINO

La demandante pretende la nulidad de un acto jurídico de constitución de hipoteca sobre un bien social, debido a que considera que para la validez de dicho acto debió intervenir ella en su calidad de cónyuge y en virtud de lo establecido en el artículo 315 del Código Civil (para disponer de bienes sociales o gravarlos se requiere la intervención del marido y la mujer). La demanda fue dirigida contra los agentes intervinientes en la operación, incluyendo al banco a favor del cual se constituyó la hipoteca. La actora precisó que si bien en el acto jurídico constitutivo de la hipoteca aparecía una supuesta firma suya, ella en ningún caso habría intervenido en ningún acto jurídico, ni en el banco ni en la notaría respectiva. Por tanto, la firma que se le atribuyó en dicho documento sería falsa, para lo cual presentó anexa una pericia grafotécnica habiendo intervenido en la supuesta falsificación, según ella, los funcionarios del banco demandado, la misma notaría y su cónyuge. Luego, este documento fue inscrito en los Registros Públicos y empleado para obtener créditos fraudulentos, lo que derivó en un indebido proceso de ejecución de garantías. Las causales

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3468-2007Moquegua (Diálogo con la Jurisprudencia N° 136, enero 2010) Demandante: Salome Rosario Puma Canales Demandado: Banco del Sur del Peru Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 30 de abril de 2007


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3468-2007Moquegua (Diálogo con la Jurisprudencia N° 136, enero 2010) Demandante: Salome Rosario Puma Canales Demandado: Banco del Sur del Peru Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 30 de abril de 2007

de nulidad serían, según la demandante: falta de manifestación de voluntad, fin ilícito, no revestir el acto la forma prescrita por la ley y ser contrario a las leyes que interesan al orden público. En primera instancia, la demanda es declarada fundada y por ende se declaró la invalidez del acto jurídico constitutivo de la hipoteca, pues se consideró que era necesaria la intervención de ambos cónyuges en el acto de disposición para que el acto sea considerado válido. Se tomó encuentra para ello que un proceso penal seguido respecto del tema se acreditó que la firma de cónyuge había sido, en efecto, falsificada. Tras la apelación interpuesta por el demandado, la Sala Superior determinó que el acto jurídico sería válido y eficaz frente a las personas que intervinieron en el acto, pero inválido frente a la demandante. Y es que si bien, por existir ausencia de legitimación, hay ineficacia del acto jurídico respecto de la parte que no manifestó su voluntad, tal ineficacia recae únicamente sobre esta última, por lo que el acto es perfectamente válido respecto de los otros intervinientes, al concurrir en su caso los requisitos de validez del acto jurídico recogidos por el artículo 140 del Código Civil, al no existir ningún defecto concreto de estructura en dichos actos celebrados. La demandante presenta, entonces, un recurso de casación, alegando la inaplicación del artículo 292 (la representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los cónyuges, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Civil. Cualquiera de ellos, sin embargo, puede otorgar poder al otro para que ejerza dicha representación de manera total o parcial. Para las necesidades ordinarias del hogar y actos de administración y conservación, la sociedad es representada indistintamente por cualquiera de los cónyuges. Si cualquiera de los cónyuges abusa de los derechos a que se refiere este artículo, el Juez de Paz Letrado puede limitárselos en todo o parte. La pretensión se tramita como proceso abreviado); como del ya citado artículo 315 del Código Civil. Analizando el caso, en primer lugar, para la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema quedó acreditado que el documento de suscripción de hipoteca adolecía de un vicio de nulidad insubsanable, por haberse probado

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DERECHO DE FAMILIA

la falsificación de la firma de la accionante a tenor de lo resuelto en el proceso penal arriba referido, faltando así uno de los elementos esenciales para la validez del acto jurídico: la manifestación de voluntad. Observó la Corte, entonces, que la discusión giraba en torno a establecer si la nulidad alegada, como lo dijo la Corte Superior, solo surtía efectos frente a la demandante, manteniendo su validez y eficacia respecto de los demás intervinientes del acto jurídico, vale decir, respecto del cónyuge y banco demandados. Sobre el tema, la Corte Suprema consideró que a tenor de los dispuesto en el artículo 315 del Código Civil, la sociedad de gananciales da lugar a un patrimonio autónomo, por lo que no cabe referirse a derechos y acciones de los agentes intervinientes, en razón a la naturaleza sui géneris del régimen patrimonial. Se trata entonces de una propiedad indivisa hasta su fenecimiento y los cónyuges son titulares en forma conjunta de los bienes sociales. Por consiguiente, al referirse el presente proceso a un patrimonio de naturaleza indivisible, no puede llegarse a la conclusión de que los efectos de la nulidad del acto jurídico por ausencia de manifestación de voluntad de la cónyuge demandante, no hayan de surtir efecto respecto de los demás intervinientes en el acto jurídico, simplemente es nulo todo acto jurídico de disposición unilateral de bienes sociales (inmuebles, en este caso) por parte de uno de los cónyuges, sin la intervención del otro. Por estas razones se declara fundado el recurso de casación presentado por la demandante y, por ende, fundada su demanda de nulidad de acto jurídico.

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LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE UNIÓN DE HECHO NO TIENE EFECTOS RETROACTIVOS

Una mujer pretendió la nulidad de acto jurídico de mutuo con garantía hipotecaria celebrado por su conviviente con una tercera persona, habiendo demandado a ambos en el proceso. Ella alegó que el bien sobre el cual recayó la garantía real era un bien social, aun cuando en registros aparecía a nombre el demandado como soltero, por haber sido obtenido dentro del periodo de convivencia de la pareja, que era de alrededor de dieciocho años. Por tratarse de un bien social, entonces,

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Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 462-08 (Diálogo con la Jurisprudencia N° 128, mayo 2009) Demandante: Vitaliana Domínguez Vega Demandada: Severina Cuillar Blanco Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 3 de julio de 2008


Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 462-08 (Diálogo con la Jurisprudencia N° 128, mayo 2009) Demandante: Vitaliana Domínguez Vega Demandada: Severina Cuillar Blanco Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 3 de julio de 2008

el acto jurídico debió celebrarse con intervención de la demandante. El demandado, por su parte, alegó que el contrato de mutuo celebrado era válido toda vez que la sentencia judicial que reconoció la unión de hecho existente con la demandante, fue emitida en tiempo posterior al acto cuya nulidad se demandó. En tal sentido, en su opinión el bien que sirvió de garantía para el mutuo era de su propiedad y al estar inscrito con esta calidad. La sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda pues consideró que la sentencia judicial que reconoció la unión de hecho fue posterior al contrato de mutuo, por lo que al no poder aplicarse esta sentencia retroactivamente, al momento de celebración del contrato el bien correspondía al demandado. Este criterio es corroborado por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, agregando esta que en este caso la codemandada estuvo protegida por el principio de la fe pública registral al celebrar el contrato de mutuo conforme a la información registral. Se confirmó entonces la sentencia que declaró infundada la demanda.

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DIVORCIO

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NO PROCEDE EL DIVORCIO POR IMPOSIBLIDAD DE HACER VIDA EN COMÚN (INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES) SI AMBOS CÓNYUGES SE AGREDEN MUTUAMENTE

Una mujer fundamenta su demanda de divorcio en las continuas agresiones verbales que ha sufrido de su cónyuge y en las innumerables discusiones entre ambos, lo cual ha provocado que ambas partes decidieran separarse, configurándose la imposibilidad de hacer vida en común. El cónyuge demandado, por su parte, alegó que los conflictos eran originados no solo por su persona sino también por la demandante. En primera instancia, la demanda fue declarada fundada, pues se consideró acreditada la existencia de un ambiente conflictivo entre los cónyuges, que impedía la convivencia. Este fallo, sin embargo, fue apelado por el demandado, procediendo la Sala Superior a revocar la sentencia apelada y a declarar infundada la demanda. Consideró para ello esta Sala que como los conflictos entre los cónyuges surgían tanto por actos de la demandante como del demandado, la demandante no tenía legitimidad para demandar, pues solo un cónyuge inocente podría pretender el divorcio por darse una incompatibilidad de caracteres de la que ambos cónyuges son causantes. Como era de esperarse, la demandante interpuso recurso de casación, tras considerar que existió una violación al debido proceso con la emisión del fallo superior, particularmente porque se habría producido una indebida valoración de las pruebas. Sin embargo, la Corte Suprema declaró infundado este recurso, pues al igual que la Sala Superior consideró que dado que ambos cónyuges generaron los hechos que fundamentan la causal, la demandante no tenía la calidad de cónyuge inocente y, por ello, no podía pretender el divorcio por dicha causal.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 4895-2007 (Diálogo con la Jurisprudencia Nº 121, octubre 2008) Demandante: Solange Margot Paredes Cáceres Demandado: Tito Condori Ascarza Asunto: Divorcio por causal Fecha: 25 de marzo de 2008


En concreto, la Corte Suprema dijo que tal tipo de hechos solo pueden ser invocados por el cónyuge agraviado, y no por el que los cometió, y que si los factores que determinan la incompatibilidad no son exclusivamente de uno de los cónyuges sino de la pareja, no puede pretenderse una alegación de divorcio por tal motivo. De lo contrario, se vulneraría lo dispuesto en el artículo 335 del Código Civil (ninguno de los cónyuges puede fundar la demanda en hecho propio).

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ES POSIBLE ESTABLECER UN RÉGIMEN DE VISITAS DISTINTO DEL DEMANDADO

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 5201-2007Pasco (Diálogo con la Jurisprudencia N° 123, diciembre 2009) Demandante: Johnny Alex Hernández Huaripaucar Demandada: Diana Del Mar Peña Rojas Asunto: Régimen de visitas Fecha: 6 de mayo de 2008

Un agente pide que judicialmente se fije un régimen de visitas a su favor, respecto de sus menores hijas, quienes vivían con su madre. El Juzgado Especializado de Familia de Pasco declaró entonces fundada la demanda, pero señaló un régimen de visitas a favor del actor que incluía la posibilidad de retirar a las hijas del hogar en el tiempo asignado y estando obligado a devolverlas en una hora también indicada, algo que no se había solicitado expresamente en la demanda. Para la madre demandada dicho fallo judicial violó el principio de congruencia procesal al ser extra petita, toda vez que la pretensión del actor era solo la de visitar a sus hijas. Además, según ella, debía tenerse en cuenta el hecho de que el demandante había sido sentenciado por violencia familiar en agravio de ella. La Sala Mixta de la Corte Superior de Pasco conoció entonces el caso y confirmó la sentencia apelada. Principalmente consideró que el hecho de que el demandante haya sido sentenciado por violencia familiar en agravio de su cónyuge no lo privaba del derecho de mantener lazos afectivos con sus hijas, más aún si la sentencia dictada sobre el particular no le impedía ejercer este derecho. Además, precisó la Sala, como el régimen de visitas no es rígido, podía ser variado en el futuro de ser necesario. Ante este fallo confirmatorio, la demandada interpuso recurso de casación. La Corte Suprema estableció entonces que, más que un derecho de los padres, el régimen de visitas implica el derecho de los hijos a mantener una relación con ellos que permita su desarrollo integral, por lo que es facultad del juez el determinar el régimen de visitas que resulte

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DERECHO DE FAMILIA

más conveniente a los intereses del menor aunque sea distinto del solicitado o acordado entre las partes. A criterio de la Corte Suprema, la obligación fundamental de los padres respecto de sus hijos es cumplir estrictamente sus deberes de protección, teniendo en cuenta el interés superior de los niños; por lo que en caso sea necesario el Juez de Familia puede variar el régimen, en resguardo del bienestar de los menores. Por tales motivos, la sentencia de mérito no incurrió en incongruencia procesal, declarándose infundado el recurso de casación presentado.

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EN CASO DE DISCREPANCIA SOBRE LA EXISTENCIA DE BIENES SOCIALES LA LIQUIDACIÓN SE EFECTUARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO

Un cónyuge plantea una demanda de divorcio por causal de separación de hecho, alegando que por más de diez años se encuentra separado de su esposa. Señaló además que no existían bienes adquiridos durante el matrimonio. La demandada contesta la demanda, señalando sin embargo que sí existían bienes sociales que liquidar. En primera instancia la demanda fue declarada fundada, declarándose fenecida la sociedad de gananciales, indicándose que no existía la necesidad de pronunciarse sobre la liquidación de la sociedad pues no se había acreditado la existencia de bienes adquiridos durante el matrimonio. La demandada apeló la sentencia en este extremo, pero la Sala Superior confirmó lo resuelto, considerando una liquidación de bienes a efectuarse. Ante el recurso de casación planteado por la demandada, bajo el fundamento de una indebida motivación del fallo dictado, la Corte Suprema respondió diciendo que la Sala Superior no había tenido en cuenta que la demandada al apelar la sentencia indicó que existían bienes sociales que liquidar y por lo tanto no hubo certidumbre de si existían o no bienes sociales. En tal sentido, se resolvió que debía procederse a analizar en la etapa de ejecución de la sentencia que determinó el divorcio si en verdad existen bienes de la sociedad, efectuándose un inventario de parte o a nivel judicial para que se evalúe la necesidad de liquidar la sociedad de gananciales.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2300-2008La Libertad (Diálogo con la Jurisprudencia Nº 140, mayo 2011) Demandante: Francisco Pedro Quezada Sánchez Demandado: Vilma Olinda Arrese Rodríguez Asunto: Divorcio por causal Fecha: 6 de julio de 2009


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EN EL PROCESO DE DIVORCIO POR SEPARACIÓN DE HECHO EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE LA NECESIDAD DE INDEMNIZAR AL CÓNYUGE MÁS PERJUDICADO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2802-2007-Lima (Página web del Poder Judicial) Demandante: José Zenón Alfaro Moreno Demandada: Mery Lilie Juárez Asunto: Divorcio por causal Fecha: 11 de marzo de 2008

Un cónyuge plantea una demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, señalando que entre él y su esposa existe una separación fáctica por más de cuatro años, lo cual aparentemente se acreditó de manera fehaciente. La demandada, por su parte, no cuestionó el hecho de la separación, pero sí dejó en claro que esta no se produjo por causa suya. La demanda es declarada fundada en primera instancia, mas el juez no se pronunció sobre la existencia de un cónyuge más perjudicado por el divorcio a fin de establecerse la indemnización establecida en el artículo 345 A del Código Civil. No lo hizo simplemente porque ese punto no fue pretendido en la demanda ni tampoco solicitado por la demandada vía reconvención, por lo que no se vio necesidad de adoptarse disposición alguna sobre el particular. La sentencia, sin embargo, fue apelada por la demandada justamente porque el a quo no se pronunció sobre la existencia de un cónyuge más perjudicado, y solo sobre este extremo, alegando ostentar ella dicha calidad, por lo que solicitó se fije una indemnización a su favor. La Sala Superior, por su parte, confirmó la sentencia apelada, declarando fundada la demanda y omitiendo pronunciarse sobre quien tenía la calidad de cónyuge inocente. Frente a este hecho, la demandada interpuso el recurso de casación por supuestamente existir una indebida motivación de resolución. La Corte Suprema de Justicia determinó entonces que el Juez tiene el deber de pronunciarse sobre la existencia de un cónyuge más perjudicado por el divorcio y determinar la respectiva indemnización, pensión alimenticia o adjudicación preferente conforme lo ha establecido el artículo 345 A del Código Civil. En tal sentido el recurso de casación fue declarado fundado y por ende nula la sentencia apelada, ordenándose a la instancia inferior a pronunciarse sobre el tema señalado.

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DERECHO DE FAMILIA

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NO CABE OTORGAR CONJUNTAMENTE LA INDEMNIZACIÓN Y LA ADJUDICACIÓN PREFERENTE EN EL DIVORCIO POR SEPARACIÓN DE HECHO

El demandante pretende lograr el divorcio acreditando para ello la existencia de más de cuatro años de separación entre él y su cónyuge. La demandada no cuestionó la separación producida, pero le atribuyó toda la responsabilidad de ella a su consorte, por lo que pidió se le otorgue una indemnización como cónyuge perjudicada por la separación y que además se adjudicasen preferentemente determinados bienes que solicitaba, en virtud de lo establecido en el artículo 345 A del Código Civil. La demanda fue declarada fundada en primera instancia, sentencia en la que se indicó que no era necesario fijar una indemnización a favor de la demandada pues no se acreditado que esta tenga la calidad de cónyuge más perjudicada. Por este motivo, la demandada presentó un recurso de apelación, cuestionado que el a quo no se pronunciara a su favor en torno a la indemnización y a la adjudicación preferente requeridas. Sin embargo, tras analizar minuciosamente el caso, la Sala Superior ad quem procedió a confirmar lo resuelto en primera instancia. La demandada interpuso entonces recurso de casación, a fin de obtener una resolución a su favor y alegando que se había hecho una incorrecta interpretación del artículo 345 A del Código Civil. Ante ello, la Corte Suprema interpretó el referido artículo 345 A y estableció como regla que a favor del presunto cónyuge más perjudicado por el divorcio solo se puede fijar o la indemnización de ley o la respectiva adjudicación preferente de determinados bienes, pero no ambos beneficios juntos, por ser excluyentes. Por este motivo, se declaró infundado el recurso en este aspecto.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 5696-2007Moquegua (Página web del Poder Judicial) Demandante: José Fernández Olórtegui Demandado: Nancy Zevallos Vargas Asunto: Divorcio por causal Fecha: 5 de noviembre de 2008


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EN UN PROCESO DE DIVORCIO NO SE PUEDE CESAR LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA FIJADA EN UN PROCESO JUDICIAL ANTERIOR

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 5696-2007Moquegua (Página web del Poder Judicial) Demandante: José Fernández Olórtegui Demandada: Nancy Zevallos Vargas Asunto: Divorcio por causal Fecha: 5 de noviembre de 2008

El cónyuge demandante pretende se determine la disolución del vínculo matrimonial vía causal de separación de hecho y por ende, en virtud de lo establecido por el artículo 350 del Código Civil (por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer), se determine el cese de la obligación alimentaria entre los cónyuges. La demandada, por su parte, respondió que le era necesario para subsistir que el demandante continué realizando el pago de la pensión alimenticia a su favor, ordenada dentro de un proceso judicial de alimentos seguido por ella contra él. Tras observarse todos los hechos, en primera instancia se declaró fundada la demanda de divorcio por causal de separación de hecho, determinándose el cese de la obligación alimentaria establecida a favor de la demandada. Luego, ante el recurso de apelación presentado por la demandada, la Sala Superior confirmó lo dispuesto por el a quo bajo similares argumentos; por lo que aquella interpuso el recurso extraordinario de casación a fin de que evalúe la interpretación que se venía dando al artículo 350 del Código Civil y se determine si era posible dentro de un proceso de divorcio determinar el cese de una obligación alimentaria fijada en un proceso judicial anterior y diferente. En cuanto a la interpretación del artículo 350 del Código Civil, la Corte Suprema señaló que si bien la disolución del vínculo matrimonial provoca el cese de la obligación alimenticia entre los cónyuges, este efecto solo se aplica de manera directa en los casos en los que dicha obligación no haya sido fijada dentro de un proceso de alimentos anterior. Esto es, se aplicará siempre que el cumplimiento de la obligación no haya sido exigido en juicio anterior. Por tal motivo, la Corte determina que el ad quem no podía ordenar el cese de la obligación alimentaria, debiendo el demandante acudir a la vía pertinente para lograr dicho objetivo. Se declara así fundado el recurso de casación planteado.

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FILIACIÓN

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EL SOMETIMIENTO A LA PRUEBA DE ADN ES EXIGIBLE A LOS HEREDEROS DEL SUPUESTO PADRE

Una agente presenta una demanda en perspectiva de que se declare su filiación biológica extramatrimonial con quien adujo era su padre, quien había falleció hacía unos pocos meses y cuyo cuerpo fuera incinerado. Ante la imposibilidad física de que se ejecute la prueba con ADN del fallecido, el demandante solicitó que la prueba se ejecute sobre los hijos de aquel. Los hijos demandados, sin embargo, no accedieron a esta petición, aduciendo que no podía obligárseles a someterse a la prueba de ADN, lo que violentaría el debido proceso. Esta alegación, sin embargo, no fue tomada en cuenta ni en primera instancia ni por Sala Superior que conoció el asunto en vía de apelación, por lo que en ambas instancias se declaró fundada la demanda, determinándose la filiación extramatrimonial a favor del demandante. Estos fallos judiciales ordenaron además que la prueba de ADN se efectúe también respecto de la madre de los hijos demandados, por así haberlo solicitado, como necesidad técnica, el laboratorio al que se le encargó la realización de la prueba. Los hijos demandados interpusieron entonces el recurso extraordinario de casación reiterando que no se les podía exigir el someterse a la prueba de ADN en atención al respeto del debido proceso, y menos todavía que la exigencia se extienda a la madre de ellos, la cual no fue comprendida en la demanda. La Corte Suprema señaló, no obstante, que ante la imposibilidad física de realizar la prueba de ADN sobre un fallecido, sí procede exigir dicha prueba sobre los hijos demandados. Asimismo, para la Corte fue correcto que la exigencia se extienda a la madre de los demandados en tanto los jueces tienen la facultad de ordenar pruebas de oficio conforme ello sea necesario y en este caso fue el propio laboratorio el que solicitó se incluya en la prueba a la madre

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 4585-2007ICA (Diálogo con la Jurisprudencia N° 127, abril 2009) Demandante: Mirtha Alida Rubini Espinoza Demandada: Graciela Piconne Gotuzzo Viuda De Rubini Asunto: Declaración judicial de paternidad Fecha: 16 de julio de 2008


de los agraviados, sin que en ningún caso se haya violado el debido proceso. Por estos motivos, se denegó el recurso de casación presentado, quedando reafirmada la fundabilidad de la demanda presentada.

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LA DUPLICIDAD DE PARTIDAS DE UN MENOR NO IMPORTA LA NULIDAD DEL RECONOCIMIENTO DE HIJO EFECTUADO EN LA SEGUNDA PARTIDA

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 5869-2007Moquegua (Diálogo con la Jurisprudencia N°124, enero 2009) Demandante: Godofredo Luis Mamani Huanca Demandada: María Edelmira Aranda Rojas Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 15 de abril de 2008

Un agente demanda la nulidad del reconocimiento de hijo que había realizado, en razón de que averiguó que respecto del menor reconocido existía otra partida de nacimiento, en una Municipalidad diferente, y en la cual aparecía consignada otra persona como padre, aunque sin reconocimiento de hijo por parte de este último. La nulidad se sustenta en la imposibilidad de otorgarse un reconocimiento existiendo una duplicidad de partidas con la consignación en la más antigua del nombre del padre del menor, lo que invalidaría el reconocimiento del demandante. No obstante lo alegado, la demanda fue declarada fundada tanto por el juez de primera como de segunda instancia. Ambas instancias coincidieron principalmente en que no puede haber dos padres legales de un menor y que, por lo tanto, el reconocimiento realizado por el demandante, posterior a la otra partida del menor, era nulo. Ante esta circunstancia, la madre del menor “reconocido” presentó un recurso de casación, indicando que se había hecho una incorrecta inaplicación del artículo 395 del Código Civil, que señala que el reconocimiento de hijo es irrevocable, por lo cual la demanda del actor no debía ampararse. La Corte Suprema, por su parte, acogió el recurso pero considerando como fundamento que pese a existir dos partidas de nacimientos del menor, solo en una de ellas existía un reconocimiento, esto es, el efectuado por el actor, por lo cual dicho reconocimiento no podía ser invalidado. Por tal motivo, declaró nula la resolución de segunda instancia y actuando como tal declaró infundada la demanda de nulidad.

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DERECHO DE FAMILIA

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SE PUEDE DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO JURÍDICO DE RECONOCIMIENTO PESE A SER UN ACTO JURÍDICO IRREVOCABLE

Un agente inicia un proceso para que se declare la nulidad del acto jurídico de reconocimiento que había efectuado en la creencia de ser el padre del menor reconocido, y en tanto, tras realizarse una prueba de ADN pudo observar que en realidad no era el padre biológico del menor reconocido. Pidió además que se excluya su nombre de la partida de nacimiento de este último. El fundamento legal del pedido fue la aplicación del numeral 2 del artículo 140 del Código Civil, en virtud del cual es requisito de validez del acto jurídico que su objeto sea física y jurídicamente posible, y del numeral 3 del artículo 219 del mismo Código, que declara la nulidad por dicho supuesto. Así, según el demandante, debía considerarse que el objeto de un reconocimiento de “hijo” es imposible cuando biológicamente y de forma fehacientemente acreditada, no se tiene relación filial con el menor. La madre demandada, por su parte, contestó la demanda señalando que el reconocimiento no podría ser declarado nulo toda vez que de acuerdo al artículo 395 del Código Civil, se trata de un acto jurídico irrevocable. En primera instancia fue declarada fundada la demanda, indicándose que el ámbito de la revocabilidad es uno distinto de la validez de un acto jurídico, por lo que podría decretarse la nulidad en este caso por los motivos alegados. Por su parte, tras analizar el caso en vía de apelación, la Sala Superior confirmó lo resuelto por presentarse aquí a su criterio un conflicto con el derecho a la identidad, el que debe primar, debiendo realizarse el control difuso del artículo 395 del Código Civil para así declararse la nulidad del reconocimiento efectuado. La demandada, entonces, plantea un recurso de casación alegando que incorrectamente la Sala impuso al menor sus derechos a la verdad e identidad biológica, cuando este nunca pidió que se identifique a su padre biológico sin tener en cuenta que se trata de un derecho personal. Así, según ella, no se puede alegar que un menor tiene el derecho a conocer la verdadera identidad biológica cuando nos encontramos ante un proceso seguido por

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 4307-2007Loreto (Diálogo con la Jurisprudencia N° 125, febrero 2009) Demandante: Miguel Ángel Delfín Caceres Demandada: Adelina Arevalo Coral Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 24 de julio de 2008


un agente para desconocer el reconocimiento efectuado, lo que violenta el principio de congruencia procesal. La Corte Suprema ante el recurso de casación planteado por la demandada, indicó que el supuesto establecido en el artículo 395 del Código Civil solo involucra el supuesto de revocación de un determinado acto, mas no el ámbito de la validez; y deben distinguirse la revocación de la nulidad, siendo la primera un acto unilateral que busca dejar sin efecto un acto anterior, en concreto el reconocimiento extramatrimonial de hijo, mientras que la nulidad es un supuesto que proceso por las causales señaladas en el artículo 219 del Código Civil, por lo cual puede determinarse la invalidez del acto de reconocimiento sin que ello involucre una revocación de este último. Por otro lado, la Corte precisó que desde la aparición de las pruebas de identidad genética, principalmente la de ADN, se ha afectado la presunción de paternidad, dado el alto grado de certeza de la prueba, por lo que el artículo 219 del Código Civil resultaba plenamente pertinente para el caso, vale decir, que el reconocimiento efectuado adolece de nulidad por imposibilidad de su objeto. Se declara, por ende, infundado el recurso de casación presentado.

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LA NO EXISTENCIA DE LA DIFERENCIA DE EDADES EXIGIDA POR LEY PARA LA ADOPCIÓN NO LA IMPIDE SI ES LO MEJOR PARA EL MENOR

Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa Exp. N° 2007-2169 (Diálogo con la Jurisprudencia N° 128, mayo 2009) Demandante: Alfredo Barreda Munzuelos Demandado: Eduardo De La Barra Zegarra Asunto: Adopción Fecha: 19 de setiembre de 2008

El demandante pretende se permita la adopción de un menor pese a que no existe la diferencia de edades exigida por el artículo 378 del Código Civil (que la edad del adoptante sea por lo menos igual a la suma de la mayoría de edad y la edad del hijo a adoptarse), indicando que tiene una relación de convivencia con la madre del menor y que posee la capacidad económica y moral que le permitiría tener la calidad de padre del menor. En primera instancia se declaró improcedente la demanda porque no se cumplía con la diferencias de edades establecida por ley para que proceda la adopción solicitada, ante lo cual se interpuso recurso de apelación. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa consideró que en la medida a adoptarse en un caso

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DERECHO DE FAMILIA

como este debía tenerse en cuenta el interés superior del niño, además de que los casos en los que estén involucrados niños o adolescentes deben ser tratados como casos humanos. Dijo entonces que si bien, en efecto, existía una diferencia de quince años entre el adoptante y el adoptado (edad del adoptante frente a la edad del adoptado más la mayoridad), debía tenerse en cuenta que la norma del Código Civil toma los dieciocho años de diferencia mínima como si fuera la edad en que por réplica de un estado de la naturaleza se pueden tener hijos; pero que también es cierto que una persona de quince años está biológicamente preparada para engendrar. Además, debía verse del caso también que el adoptante contrajo matrimonio con la madre del menor, por lo que este formaba parte del núcleo familiar formado, y que incluso el adoptante pagaba los estudios del menor. Se determinó, por ende, que dado que la adopción solicitada era lo mejor para el desarrollo del menor, pese a no cumplirse con la exigencia legal de la diferencia de edades, era menester declarar nula e insubsistente la sentencia que determinó la improcedencia de la demanda.

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Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa Exp. N° 2007-2169 (Diálogo con la Jurisprudencia N° 128, mayo 2009) Demandante: Alfredo Barreda Munzuelos Demandado: Eduardo De La Barra Zegarra Asunto: Adopción Fecha: 19 de setiembre de 2008

AMPARO FAMILIAR

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PENSIÓN ALIMENTICIA DEBE OBSERVAR CONTEXTO SOCIAL DEL ALIMENTISTA Y NO SOLO SUS NECESIDADES BÁSICAS

Una mujer plantea una demanda de alimentos a fin de que se establezca a favor de su menor hija una pensión alimenticia. Concretamente se solicitó que el padre de la menor cumpla con pagar un pensión que ascienda la sesenta por ciento de las remuneraciones, gratificaciones, bonificaciones y demás beneficios percibidos por el demandado; solicitándose acumulativamente el reconocimiento de la tenencia que de demandante ejerce sobre su hija. El demandado alegó, por su parte, que la demandante debía colaborar también con el cuidado de la menor y participar también económicamente en el pago de sus necesidades, por estar ella en posibilidades de laborar. En primera instancia se declaró fundada la demanda disponiendo que el demandado realice el pago de una pensión alimenticia a favor de la menor ascendente al quince por ciento del total de sus ingresos. El Juzgado consideró probado el derecho de la niña a ser asistida por su progenitor con una pensión alimenticia, además de las posibilidades económicas del demandado. Pero en cuanto a las posibilidades de la demandante de contribución en el sostenimiento de la menor, se resolvió que no era materia del proceso acreditar la situación económica de la demandante, por más que esta se mostrara aparentemente buena. Sin embargo, nada eso eximiría al demandado de su obligación alimenticia. Ante la apelación interpuesta por el demandado, la Sala Superior revocó la sentencia en el extremo que determinó una pensión alimenticia ascendente a quince por ciento de los ingresos del demandado, disponiéndose que solo se descuente un diez por ciento, pues al efecto, además de que solo deben cubrirse las necesidades básicas del alimentista, debían considerarse también los ingresos de la madre para establecer el monto de la

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3874-2007Tacna (Diálogo con la Jurisprudencia N° 133, octubre 2009) Demandante: Carmen Milagros Román Céspedes Demandado: Juan Vicente Jaico Rodríguez Asunto: Alimentos y tenencia Fecha: 13 de octubre de 2008


pensión alimenticia, verificándose que esta es una mujer joven, no probado de estar impedida físicamente para trabajar y que por tal ente también está en la obligación de contribuir equitativamente para sostenimiento de la menor hija. La demandante interpuso recurso extraordinario de casación, pues consideró que se había interpretado erróneamente el artículo 481 del Código Civil, según el cual los alimentos se establecen en proporción de quien los pide y de las posibilidades del obligado, atendiéndose además a las circunstancias personales de ambos padres. La Corte Suprema resolvió el recurso señalando que para determinarse el monto de la pensión alimenticia no debían tomarse en cuenta los ingresos de la madre demandante, sino solo la capacidad económica del demandado y las necesidades del alimentista, las cuales no son simplemente las básicas sino las que requiere el contexto social en que se desenvuelve la menor alimentista. Especificó que cuando la norma referida alude a las necesidades de quien los pide, ello no es igual a verificar un estado de indigencia, sino que importa una apreciación del caso en función del contexto social en el que vive el alimentista. Asimismo, los alimentos no se circunscriben a lo estrictamente necesario para la subsistencia. Y en cuanto a las condiciones personales y económicas de la demandante en su calidad de madre biológica de la menor, para la Corte ellas no fueron materia de probanza en el proceso, por lo que el recurso de casación es fundado.

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HABER SIDO DEMANDADO POR ALIMENTOS NO NECESARIAMENTE IMPIDE SOLICITAR LA TENENCIA DEL MENOR

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1006-2007Lima (Diálogo con la Jurisprudencia N° 126, marzo 2009) Demandante: Karen Viviana Castillo Solís Demandado: Elvis Stick Rivera Carrillo Asunto: Tenencia Fecha: 5 de mayo de 2008

Una mujer interpone una demanda a efectos de que se le entregue la custodia y tenencia de su menor hija. Alegó que con el padre de la menor, y demandado en el proceso, celebró un acuerdo sobre la patria potestad, conviniendo que la tenencia y custodia estuviera a cargo de ella y fijándose un régimen de visitas para él. Sin embargo, según ella, el demandado incumplió el acuerdo, dejó de pasar la pensión alimenticia fijada y en un momento determinado se llevó a la menor definitivamente.

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DERECHO DE FAMILIA

La demandante dijo además que teniendo el demandado una obligación judicial y actual alimentaria a su cargo, debía aplicarse el artículo 97 del Código de los Niños y Adolescentes, que señala que el demandado por alimentos no puede iniciar un proceso posterior de tenencia, salvo causa debidamente justificada. El demandado, por su parte, también había interpuesto una demanda de tenencia contra la demandante, por lo cual ambos procesos fueron acumulados. El Juez de primera instancia dictó sentencia, amparando la demanda interpuesta por la madre de la menor, fijando un régimen de visitas para el padre y declarando infundada la demanda de este último. Luego, en vía de aleación la Sala Superior confirma este fallo, considerando no recomendable que el padre de la menor ejerza la tenencia a tenor de los informes psicológicos practicados, más aún cuando se probó en el proceso que era sobre él que recaía un demanda por alimentos a favor de su hija, debiendo aplicársele justamente el artículo 97 del Código de los Niños y Adolescentes. El demandado interpuso entonces recurso de casación. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema inició su análisis del caso señalando que en toda decisión que involucre el bienestar de un menor debe atenderse al principio del interés superior del niño, y por ende el artículo 97 del Código de los Niños y Adolescentes no debe ser considerado de carácter imperativo, más todavía cuando en su parte final se lee que su aplicación se efectuará “salvo causas debidamente justificadas”. Para la Corte, dichas circunstancias justificadas se presentaron precisamente lo que sucedió en el presente caso, toda vez que las instancias anteriores no analizaron los resultados y conclusiones del informe psicológico de la niña, del que se aprecia que la menor se mostraba reacia y rechazaba a la figura materna, recomendando que por el momento se respeten las condiciones personales y emocionales de la menor y en su deseo de vivir con su padre. Por lo tanto, según la Corte, debió determinarse el porqué de la actitud de la menor respecto de su madre, valorándose las pruebas en forma conjunta y con apreciación razonada, por lo cual el análisis fue deficiente. En tal sentido se declara fundado el recurso de casación y se ordena el reenvío excepcional de la causa hasta primera instancia para que se efectúe el análisis

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1006-2007Lima (Diálogo con la Jurisprudencia N° 126, marzo 2009) Demandante: Karen Viviana Castillo Solís Demandado: Elvis Stick Rivera Carrillo Asunto: Tenencia Fecha: 5 de mayo de 2008


adecuado del caso, teniendo en cuenta la naturaleza de la materia y el principio del interés superior del niño.

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A NIVEL SUPERIOR PUEDE SUSPENDERSE LA COHABITACIÓN ENTRE EL AGRESOR Y EL MENOR AGRAVIADO POR VIOLENCIA FAMILIAR AUN COMO APARENTE “REFORMA EN PEOR”

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 4507-2008Lima (Diálogo con la Jurisprudencia N° 132, setiembre 2009) Demandante: Ministerio Público Demandado: Ivan Josip Pavic Lascheras Asunto: Violencia familiar Asunto: 17 de marzo de 2009 .

Un padre supuestamente realizó diversas agresiones físicas y psicológicas en contra de su hijo, por lo cual es demandado por el Ministerio Público, en interés del agraviado, por violencia familiar. Las agresiones se pretendieron acreditar mediante un certificado médico y con evaluaciones psicológicas efectuadas al demandado. La demanda de violencia familiar en primera instancia fue declarada fundada, ordenándose el cese de los actos de violencia y la realización de tratamiento psicológico tanto para el padre agresor como para el menor agraviado. Considerando el presunto agresor que las agresiones no se habían acreditado, apeló entonces la sentencia. No obstante, la Sala Superior confirmó el fallo, indicando que sí se acreditaron, y fehacientemente, los hechos demandados, por lo que ordenó además el retiro del padre del domicilio del menor, suspendiéndose así la cohabitación. El padre demandado interpuso entonces un recurso de casación, alegando principalmente que el fallo superior había perjudicado su derecho al debido proceso por haberse efectuado una reforma en peor respecto de la apelación por él presentada. No obstante, en respuesta la Corte Suprema indicó que la disposición adoptada por la Corte Superior es jurídicamente posible, al tenerse en cuenta el interés superior del niño en estos tipos de procesos. En tal sentido, aun cuando el agredido no haya apelado, es legalmente posible que se determine la medida de suspensión de la cohabitación, como se hizo, lo cual no vulnera el principio de reforma en peor.

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Capítulo 5

DERECHO DE SUCESIONES

PETICIÓN DE HERENCIA

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DECLARAN PROCEDENTE PETICIÓN DE HERENCIA INTERPUESTA POR HEREDEROS DE HIJO PREMUERTO

Las demandantes sostienen que el causante tuvo dos hijos: una, quien fue declarada heredera universal mediante sentencia de sucesión intestada y el otro que murió antes que el causante, cuyas herederas por estirpe son las demandantes, quienes interponen la acción petitoria de herencia. Ellas sostienes que el causante adquirió dos inmuebles, siendo uno de ellos transferido por contrato privado de compraventa al hijo de la demandada, cuya nulidad también lo solicitaron. La demanda en primera instancia es declarada fundada en parte y confirmada por la segunda instancia por la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, considerando que los herederos del hijo premuerto deben de concurrir conjuntamente con la demandada en los bienes señalados, en un cincuenta por ciento para cada parte; también se declaró fundada en parte la demanda en nulidad de acto jurídico del contrato de compraventa y se dispuso que este reivindique el bien inmueble a las demandantes en un cincuenta por ciento, debiendo estas beneficiarse de los bienes comunes. Ante el recurso de casación interpuesto por la demandada, la Corte Suprema consideró que las instancias inferiores han incurrido en una infracción respecto al principio de congruencia, ya que si bien es cierto que han amparado la acción petitoria de herencia respecto de los inmuebles, también es cierto que el inmueble transferido a favor del hijo de la otra heredera, se dispuso que se reivindique solamente el cincuenta por ciento del citado inmueble; incurriendo en una contradicción porque respecto al citado bien se ha declarado que el comprador tiene derecho a concurrir a título sucesorio a su madre, quien es la demandada y también se ha reconocido tácitamente el derecho a ocupar el bien a favor del comprador.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 4945-2006Cajamarca (Data 45 000) Demandantes: Elena Burga Rojas de Ramírez y otros Demandada: Yolanda Ramírez Masabel Asunto: Petición de herencia Fecha: 16 de marzo de 2007


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FALTA DEL NOMBRE COMPLETO DEL CAUSANTE EN LA PARTIDA DE NACIMIENTO DE HIJO NO PERJUDICA RECONOCIMIENTO NI POSTERIOR PETICIÓN DE HERENCIA

Primera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa Causa Nº 9569-200400-I-SC (Diálogo con la Jurisprudencia N° 130, julio 2009) Demandante: Criztian Marlene Rosas Berreda Demandada: Nancy Salas Viuda De Rosas Asunto: Petición de herencia Fecha: 31 de enero de 2008

Una persona inició una demanda de petición de herencia, a efectos de que se le declare heredero de su supuesto padre fallecido. Los herederos declarados en la sucesión intestada y demandados del proceso, por su parte, indicaron que en la partida de nacimiento del demandante no aparecía el nombre completo del causante (faltaba el primer nombre de pila) y por tanto la demandante debió proceder a rectificar su partida de nacimiento. La demanda en primera instancia fue declarada fundada, por lo que esta fue apelada por los demandados. La Sala Superior resolvió entonces que si bien no aparecía en la partida el nombre completo del causante, tampoco se había acreditado que se tratara de otra persona distinta del causante, pues al confrontarse las partidas presentadas por los demandantes y por los demandados coincidían los datos relativos al número del documento nacional de identidad y la ocupación del causante. Por este motivo, no era necesario que previamente se realice un procedimiento de rectificación de partida para que el actor tuviera legitimidad para obrar. Esto es, dado que a través de otros elementos podía identificarse que quien reconoció al demandante era precisamente el causante, se confirmó la sentencia apelada.

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ALBACEA

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LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EL INFORME Y LAS CUENTAS POR PARTE DEL ALBACEA NO SOLO SURGE CON LA TERMINACIÓN DE SU FUNCIÓN

En el presente caso se puede observar que la albacea continúa con la administración de los bienes de la herencia de su padre, aunque se encuentra suspendida en el cargo; sin embargo es demandada para que realice su informe de gestión de todo el periodo. Respecto a la decisión que tomó la primera instancia, no se sabe más que fue reformada en la segunda instancia por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, quien declaró improcedente la demanda, alegando que no resulta viable la demanda presentada, toda vez que el informe de gestión de todo el periodo se presenta, solo cuando el albaceazgo ha concluido y no antes, y siendo que la albacea aún se encuentra en cargo es inviable. Es decir, el colegiado resolvió como si el artículo 794 del Código Civil estableciera una prohibición de emitir un informe inicial que comprenda todo el periodo de tiempo anterior al primer informe que se emita en el supuesto contemplado en el segundo párrafo de la mencionada norma. Ante el recurso de casación interpuesto por el demandante, la Corte Suprema señaló que el albacea se encuentra en la obligación de presentar el informe y las cuentas no solo cuando su función haya concluido, como se establece en el artículo 794 del Código Civil, sino que esta obligación puede surgir también durante el ejercicio del cargo, ante la solicitud tramitada por cualquier sucesor por la vía procedimental de los procesos no contenciosos, y consecuentemente ordenada por el juez civil; por lo que consideró que a consecuencia de la tergiversación de lo normado en el artículo 794 del Código Civil, se ha producido una afectación del derecho al debido proceso por lo que consideró declarar fundado el recurso.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2346-2006-Lima (Diálogo con la Jurisprudencia Nº 111, diciembre 2007) Demandante: José Modesto Beyá Demandada: Ana Maruja Franchini Orsi Asunto: Rendición de cuentas Fecha: 28 de marzo de 2007


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LA RESPONSABILIDAD DEL ALBACEA TERMINA CUANDO LOS HEREDEROS FORZOSOS EFECTÚAN LA DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE LA MASA HEREDITARIA

Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3095-2000Camaná-Arequipa (Data 45 000) Demandante: Carlos Julio César Carbajal Ranilla Demandado: Rolando Carbajal Carbajal Asunto: Cumplimiento de la entrega de bien legado Fecha: 20 de mayo de 2003

En el presente caso se puede observar que los herederos forzosos de la causante efectuaron división y partición de la masa hereditaria, acordando que los herederos asumirían las partes que les correspondían a sus hijos como legatarios, resultando entonces que el cargo del albacea había expirado, ya que como es lógico todos los bienes se encuentran en poder de los herederos, quienes como integrante de la sucesión deberán responder frente a cualquier sucesor o legatario. Sin embargo, el albacea fue demandado por un tercero que tenía derecho como legatario a fin de que cumpla con devolver el bien legado. La demanda en primera instancia fue declarada improcedente, la que fue confirmada en la segunda instancia por la Sala Mixta Descentralizada Intinerante de Camaná, alegando que la labor del albacea ha fenecido con la entrega de todos los bienes legados. Ante el recurso de casación interpuesto por el demandante, la Corte Suprema señala que si bien es cierto que el demandante puede tener un derecho como legatario, resulta improcedente que la demanda sea dirigida contra el albacea cuando ya ha expirado su cargo al haberse efectuado la división y partición de los bienes mediante mutuo acuerdo de los herederos forzosos; y que en todo caso los obligados frente a cualquier otro sucesor serían los herederos integrantes de la testamentaria.

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DIVISIÓN Y PARTICIÓN 119

PROCEDE LA DIVISIÓN Y PARTICIÓN SOLICITADA POR LA CÓNYUGE SUPéRSTITE SOBRE BIENES PROPIOS DEL CAUSANTE

Una cónyuge supérstite demanda se haga la partición de un bien propio del causante, su condición de coheredera quedó acreditada por la existencia de un proceso no contencioso seguido en sede judicial que la declaró como tal, y la ficha registral respectiva. No obstante ello, al contestar la demanda, los hijos herederos señalaron que el inmueble cuya partición se solicitaba fueron adquiridos por el padre por testamento, y como tal constituían bienes propios y no de la sociedad conyugal, no debiendo hacerse partición alguna. La demanda en primera instancia es declarada infundada y confirmada en la segunda instancia por la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, considerándose que al tener el bien la calidad de propio del causante no formaría parte de la masa hereditaria a transmitirse a los herederos y por ende, la cónyuge supérstite no tendría legitimidad para demandar la partición de dichos bienes propios. Ante el recurso de casación interpuesto por la demandante, la Corte Suprema, sin embargo, consideró equivocado el fallo superior pues este no tomó en cuenta que el hecho de que el bien tenga la calidad de propio del causante, no impide que sea transmitido a sus herederos. Y como el artículo 822 del Código Civil establece que la cónyuge hereda una misma porción que los hijos, tenía legitimidad para solicitar la partición. Por la Corte quedó acreditado así, que la sentencia de mérito no cumplía con el requisito de motivación adecuada y suficiente, al no sustentarse en la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios por lo que se declaró nula dicha sentencia y se ordenó se emita una nueva resolución.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 128-2008Apurímac (Diálogo con la Jurisprudencia N°132, setiembre 2009) Demandante: Victoria Serna Portillo Viuda de Quintana Demandado: Félix Quintana Miranda Asunto: División y partición Fecha: 29 de setiembre de 2008


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PARA QUE LA CÓNYUGE SUPÉrstITE LOGRE LA PARTICIÓN DE LOS BIENES HEREDITARIOS DEBE PREVIAMENTE LIQUIDARSE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

Sala Civil Transitoria de la Corte suprema de Justicia Cas.Nº 3752-2008Ucayali (Diálogo con la Jurisprudencia N° 136, enero 2010) Demandante: Ana María Franchini Orsi Viuda de Beya Demandados: José Modesto Beya Beteta y otros Asunto: División y partición Fecha: 12 de agosto de 2009

La demandante, cónyuge supérstite, pretende la partición de los bienes que conforman la masa hereditaria dejada por el causante, que habían sido atribuidos por partes iguales a ella y a otros hijos del causante, sin tenerse en cuenta que se trataba de bienes sociales. El fundamento central de la demanda era que a la actora supuestamente le corresponde en propiedad los bienes reclamados, correspondiéndole de la mitad y una porción igual a la de los hijos del otro cincuenta por ciento de suma de dinero depositada en una entidad financiera, por ser bien ganancial. La demanda fue declarada improcedente tanto en primera como en segunda instancia, dado que se consideró que previamente a determinarse la partición solicitada debería liquidarse la sociedad de gananciales que conformaba en vida el causante, y luego de ello podría procederse a la partición solicitada. Se consideró así, que si la actora enviudó y la suma dineraria era un bien proveniente de la sociedad de gananciales, resultaba razonable que habiéndose producido el fenecimiento de la indicada sociedad por muerte del cónyuge de la actora debía procederse a su liquidación conforme al trámite regulado en el artículo 322 del Código Civil. Este fallo fue confirmado por la Corte Suprema en vía de casación, tras declarar infundado el recurso de casación.

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ANTICIPO DE LEGÍTIMA

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ANTICIPANTE PUEDE DECLARAR SU VOLUNTAD A TRAVÉS DE SU HUELLA DIGITAL POR LO QUE RESULTARÍA VÁLIDO EL ACTO JURÍDICO DE ANTICIPO DE LEGÍTIMA

Con la presente demanda se pretende la nulidad de acto jurídico de anticipo de legítima, celebrado por escritura pública con el fundamento de estar comprendido en las causales de nulidad declarada por la ley y ser contrario al orden público; y como pretensión accesoria solicitan la cancelación del asiento registral en donde figura inscrito el acto jurídico materia de la nulidad. La demandante alega que la escritura pública de anticipo de legítima no se encuentra firmada por la anticipante sino por su abogado, siendo quien firmó la minuta cuando estaba impedido de hacerlo y que la notaria pública no hizo constar cuál era la razón verdadera por la que aquella no firmó, ya que la anticipante no era analfabeta por lo que no tenía impedimento de firmar la escritura de anticipo. La demanda en primera instancia es declarada fundada en parte y confirmada en la segunda instancia por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, considerando que si bien es cierto, el testimonio que contiene el acto jurídico de anticipo de legítima y de la minuta han sido otorgados por la anticipante y que la manifestación de voluntad de dicha otorgante ha sido verificada por la notaria pública, quien dejo expresa constancia de que el abogado intervino en dichos actos de manifestación de voluntad en calidad de testigo, firmando los documentos a ruego de la otorgante, por hallarse esta imposibilitada de hacerlo; más aún cuando se aprecia en ambos documentos su respectiva huella digital, con lo cual resulta evidente que ha expresado su voluntad de celebrar el acto jurídico; también es cierto que del contenido de la escritura pública aparece que no se ha consignado el valor real de los derechos de propiedad que se ha otorgado en anticipo de legítima a favor de los codemandados, por lo que la Sala

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 4003-2007Arequipa (Diálogo con la Jurisprudencia Nº 115, abril 2008) Demandante: Flor Victoria Villena Sosa Demandada: María Rosa Espacia Cánepa Asunto: Nulidad de Acto Jurídico y otros conceptos Fecha: 30 de octubre de 2007


considera que han incurrido en nulidad del acto jurídico, pues la donación y el anticipo de legítima son actos ad solemnitatem que requiere para su constitución que conste en escritura pública, con indicación precisa del inmueble que se transfiere, indicando su valor real y de las cargas que pudiera tener, bajo sanción de nulidad. Ante el recurso de casación interpuesto por la demandante, la Corte Suprema señala que las instancias de mérito no han interpretado erróneamente la norma denunciada (artículo 140 del Código Civil), sino que lo han hecho dentro del contexto fáctico en el que se ha desenvuelto este caso; además que, al declarar fundada en parte la demanda y en consecuencia nulo y sin efecto legal el anticipo de legítima, no existe agravio a la recurrente. Es así como esta corte declaró infundado el recurso.

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NO ESTÁ PROHIBIDA LA VENTA DEL BIEN OTORGADO EN ANTICIPO DE LEGÍTIMA

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3441-2007Moquegua (Diálogo con la Jurisprudencia Nº 114, marzo 2008) Demandante: Vanesa Verónica Velásquez Juárez Demandados: René Marieta Velásquez Flores de Flor y otra Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 25 de setiembre de 2007

En el presente caso se pretende que se declare nulo el testimonio de escritura pública de compraventa de un bien inmueble que fue entregado como anticipo de legítima, y declarar nulo también el testimonio de escritura pública de aclaración de compraventa del mismo bien; sin embargo, la demandante no sustentó la causal de nulidad en que incurrían los actos jurídicos. La primera instancia declaró improcedente la demanda, la que fue confirmada en segunda instancia por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, alegando que no está prohibida la venta del bien dado en anticipo de legítima, pero si ocurre el caso de colación y ya se vendió el bien, solo se puede reclamar su valor; además, agregó el ad quem, que la demanda contiene una indebida acumulación de pretensiones en razón de haberse demandado la nulidad de dos actos jurídicos, sin haberse efectuado la debida acumulación de estos. La Corte Suprema, a su vez, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el demandante toda vez que considera que no existe interpretación errónea del artículo 833 del Código Civil; toda vez que, conforme han concluido ambas instancias, la glosada norma regula dos supuestos: El primer caso, cuando el bien no ha sido enajenado ni hipotecado, supuesto en el cual la

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DERECHO DE SUCESIONES

colación de los bienes se hace a elección de quien colaciona, devolviendo el bien a la masa hereditaria o reintegrando su valor. El segundo caso se presenta cuando el bien hubiese sido enajenado o hipotecado, supuesto en el cual la colación se hará también por su valor.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3441-2007Moquegua (Diálogo con la Jurisprudencia Nº 114, marzo 2008) Demandante: Vanesa Verónica Velásquez Juárez Demandados: René Marieta Velásquez Flores de Flor y otra Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 25 de setiembre de 2007

Capítulo 6

DERECHOS REALES

PARTE GENERAL

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EJERCICIO DE ACCIÓN PERSONAL PARA COBRO DE TÍTULO NO IMPIDE EJERCICIO EN OTRO PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA REAL FIJADA

Una entidad inicia una demanda de cobro de un pagaré ante un juzgado de paz letrado, declarándose fundada la demanda, al quedar consentida la sentencia; sin embargo, luego las partes no impulsaron el proceso y el expediente se remitió al archivo central. La misma entidad inicia luego entonces, un proceso de ejecución de garantías respecto de la hipoteca que garantizaba el pago del referido título valor, antes ejecutado sin éxito. El juez de primera instancia; sin embargo, declara de oficio la nulidad de todo lo actuado y concluido el proceso, considerando que sobre lo peticionado existía un proceso de cobro seguido con anterioridad, aunque declarado en abandono. La demandada impugnó el fallo por considerar que el juez no consideró el hecho de que aún conservaba la posibilidad de ejercer su acción real. La Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, si bien reformó los términos de la sentencia de primera instancia, declaró de igual modo nulo todo lo actuado. El demandante interpone recurso de casación, alegando que se ha contravenido el artículo 1117 del Código Civil, pues en su opinión la acción personal de cobro no excluye la acción real y viceversa, ya que dicha norma no es excluyente en cuanto al ejercicio de las acciones, pero sí en cuanto a la satisfacción del crédito. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declara fundado el recurso de casación, exponiendo que el artículo 1117 del Código Civil establece que el acreedor puede satisfacer su crédito ejerciendo la acción personal o la acción real, sin que el inicio de una de esas acciones excluya a la otra. En ese sentido si la obligación garantizada por la hipoteca se encuentra representada

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2094-2004Ayacucho (Data 45 000) Demandante: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal de Huamanga Demandados: Lucio Calderón Peña y Clotilde Ccahuana Rodríguez Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 17 de octubre de 2005


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2094-2004Ayacucho (Data 45 000) Demandante: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal de Huamanga Demandados: Lucio Calderón Peña y Clotilde Ccahuana Rodríguez Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 17 de octubre de 2005

en un título valor, el acreedor puede solicitar el pago de este a través del proceso ejecutivo, ejerciendo de esta manera la acción personal y simultáneamente pedir a través de la ejecución de garantía el remate del inmueble, lo que no significa que el acreedor cobre el doble, sino que la ley le otorga mayores vías para la satisfacción de su crédito. Por tal motivo se declaró fundado el recurso de casación presentado.

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FRUTOS Y PRODUCTOS

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POSEEDOR CUYO CONTRATO DE COMPRAVENTA NO FUE RESUELTO MEDIANTE COMUNICACIÓN PREVIA NO ESTÁ OBLIGADO A PAGAR FRUTOS AL NUEVO PROPIETARIO REGISTRAL

Unas copropietarias transfirieron un inmueble a una empresa, estableciéndose unas cuotas de pago y una cláusula resolutoria en caso de incumplimiento, que decía que el contrato queda resuelto y caduco con el incumplimiento producido, sin que exigiera allí la necesidad de comunicación resolutoria. Posteriormente, la entidad referida incumplió con los pagos a los que se comprometió, incurriendo en el supuesto resolutorio establecido en el contrato; por lo que las copropietarias vendedoras, valiéndose de los términos de la cláusula resolutoria y sin haber comunicado al deudor del ejercicio del derecho resolutorio, procedieron a venderle el bien inmueble a un tercero, quien además procedió a inscribir la transferencia a su favor en los registros. El tercero, entonces, remitió una comunicación a la empresa compradora y ocupante del inmueble, para que se haga la devolución respectiva por ser aquel el nuevo propietario y no tener el poseedor título legítimo de posesión. La empresa contestó señalando que ella era compradora del inmueble y que su contrato se encontraba plenamente vigente, por lo que estaba facultada a poseer el bien. El tercero, entonces, demanda el pago de frutos por el uso que la empresa le estaba dando al bien, en virtud de un contrato de compraventa resuelto por incumplimiento de las prestaciones. La demanda fue inicialmente declarada infundada por el juez de primera instancia, fallo que es confirmado por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, argumentándose que no correspondía el pago de frutos porque la posesión realizada ha sido de buena fe. La Sala sustenta así su decisión en la minuta de compraventa presentada por la empresa demandada,

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3095-2003La Libertad. El Peruano, 30/05/2005 (Data 45 000) Demandante: Celedonia Velásquez Zavaleta Demandado: Feria de Muebles Adriana Sociedad de Responsabilidad Limitada Asunto: Pago de frutos Fecha: 2 de diciembre de 2004


contrato vigente a su criterio y que legitimaba la posesión y el uso efectuado al bien. Frente a este fallo, la demandante interpuso recurso de casación, alegando que el contrato de compraventa a favor de la empresa demandada había quedado resuelto ipso iure, toda vez que no se había cumplido con el pago de la prestación a su cargo y conforme a los términos de la cláusula resolutoria estipulada, por lo que no resultaba invocable como medio de defensa eficaz. Además señaló que no entendía por qué la Sala hizo una generalización de que la minuta acreditaba buena fe, sin mayor explicación de las razones y alcances de esta afirmación. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, declara infundado el recurso de casación, señalando que la posesión ejercida sobre los inmuebles submateria por la empresa demandada era de buena fe, al ostentar este último un título (el contrato de compraventa). Señaló además que este contrato mantenía su vigencia en tanto su resolución no fuera ejercida por una de las partes conforme a lo establecido en el artículo 1430 del Código Civil, que exige la comunicación resolutoria previa, o mediante declaración judicial.

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EL ACREEDOR DE UNA ANTICRESIS QUE ACCIONA UNA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ACTÚA DE MALA FE Y DEBE PAGAR FRUTOS

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 770-2004-Puno El Peruano, 30/09/2005 (Data 45 000) Demandante: Percy Arce Romero Demandados: Ángel Rafael Paredes Gallegos y otra Asunto: Nulidad de Acto Jurídico y otro Fecha: 15 de junio de 2005

El propietario de un bien inmueble constituye sobre este un derecho real de anticresis, otorgando la posesión del bien a sus acreedores. Transcurrido el tiempo, uno de los acreedores poseedores del bien planteó una demanda de prescripción adquisitiva para hacerse del dominio del bien. A tenor de ello, el propietario del bien remitió comunicaciones a los acreedores dando cancelación de la anticresis y consecuentemente exigiendo la devolución del predio. Ante la negativa de estos, procedió a demandar judicialmente la nulidad de los contratos de anticresis y acumulativamente, en forma accesoria, la reivindicación del bien, cobro de frutos e indemnización por daños y perjuicios respecto de quien ejerció la posesión. El juez de primera instancia declaró fundada la demanda en los extremos de la nulidad de los contratos de

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DERECHOS REALES

anticresis, la reivindicación y el pago de indemnización por daños y perjuicios, e infundada la demanda respecto del pago de frutos. Este fallo fue objeto de apelación por el demandante, pero solo en cuanto al extremo de pagos de frutos. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno revocó la sentencia apelada en el extremo que declaró infundado el pago de frutos dejados de percibir. Llegó a esta conclusión al determinar que hubo posesión de mala fe de parte de los demandados por haber interpuesto uno de los codemandados la demanda de prescripción adquisitiva de dominio respecto del bien objeto del proceso, a pesar de tener conocimiento de que su posesión provenía de la anticresis celebrada. Al efecto, la Sala fijó el valor de los frutos civiles que correspondía como restitución al demandante, aplicando su razonamiento lógico-crítico, basado tanto en sus reglas de experiencia, como en su conocimiento del promedio comercial del monto del alquiler de un inmueble para tienda (naturaleza del bien dado en anticresis) por el lapso de tiempo en que se dejaron de percibir los frutos. Todo ello en aplicación del artículo 910 del Código Civil (el poseedor de mala fe está obligado a entregar los frutos percibidos y, si no existen, a pagar su valor estimado al tiempo que los percibió o debió percibir). La Sala reformó entonces declarar fundada la pretensión de pago de frutos dejados de percibir por el demandante. Confirmó además la sentencia apelada en el extremo que declaró nulos los contratos de anticresis y cancelación de anticresis, la reivindicación del inmueble y el pago de indemnización de daños y perjuicios. La parte demandada interpuso, entonces, recurso de casación, alegando que no se habían valorado correctamente el contrato de anticresis, lo que atentaba contra su derecho al debido proceso. Consideró que el contrato de anticresis había sido dejado sin efecto por otro contrato celebrado de cancelación de anticresis, por lo que la demanda de nulidad constituía un imposible jurídico. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, declaró fundado el recurso de casación, exponiendo que la posesión ejercida era de mala fe de parte de los demandados, por haber interpuesto una demanda de prescripción adquisitiva de dominio respecto

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del bien sublitis, a pesar del conocimiento que tenía que su posesión provenía de los contratos de anticresis, actitud que se encuentra corroborada con la cartas notariales dirigidas por el demandante hacia los codemandados, comunicándoles la cancelación de la anticresis y consecuentemente la devolución del predio que venían ocupando los citados demandados. Dijo la Sala Suprema además que el referido segundo contrato (accesorio) de cancelación de anticresis constituía una declaración de la deuda pendiente existente entre las partes del contrato principal y el pronunciamiento de las instancias inferiores estuvo dirigido a anular ambos contratos.

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POSESIÓN

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HAY PRECARIEDAD EN LA POSESIÓN POR DETENTARSE UN CONTRATO DE ANTICRESIS NO ELEVADO A ESCRITURA PÚBLICA

Una persona que recibió la propiedad de un inmueble, demandó a las personas que poseían el bien por desalojo por ocupación precaria. Sin embargo, estos poseedores alegaron no ser precarios sino tener derecho a la posesión por una anticresis que se constituyó a su favor, en garantía de pago de un mutuo. Los anticresistas señalaron ser poseedores del bien desde hacía mucho tiempo por deudas que no fueron canceladas. Como medio probatorio, ofrecieron un contrato notarial de anticresis celebrado con los padres del accionante, celebrado incluso durante la vigencia del Código Civil de 1936. La demanda fue declarada improcedente por el juez de primera instancia, al considerarse que los poseedores no eran precarios, por tener un título válido de posesión, refiriéndose al contrato constituyente de la anticresis. El demandante, sin embargo, impugnó el fallo por considerar que el juez no valoró, que el contrato de anticresis referido era nulo por ausencia de la formalidad prescrita en la ley y que por ello no existía un vínculo que legitimase la posesión del predio sublitis. La Sala Civil Descentralizada de la Provincia de San Román de la Corte Superior de Justicia de Puno confirmó la resolución de primera instancia, por lo que el demandante interpuso recurso de casación. Este alegó que hubo aplicación indebida tanto del artículo 1005 del Código Civil de 1936 (se otorgará el contrato de anticresis por escritura pública expresando la renta del inmueble y el interés que se pacte) como del artículo 1092 del Código Civil vigente (el contrato de anticresis se otorga por escritura pública, bajo sanción de nulidad), pues conforme a dichos dispositivos el contrato de mutuo anticrético es eminentemente solemne y el incumplimiento de las formalidades exigidas lo hacen nulo. Asimismo, consideró

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Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente Cas. N° 2009-2002Juliaca-Puno (Data 45 000) Demandante: Wálter Chañi Chumbes Demandados: Tomás Ángel Mamani Alarcón y otro Asunto: Desalojo por Ocupación Precaria Fecha: 6 de julio de 2004


que la Sala Superior inaplicó el artículo 911 del mismo cuerpo normativo (noción de poseedor precario), pues los demandados solo presentaron como prueba de su posesión un contrato celebrado con terceras personas que no son parte en el proceso, además de tratarse de contrato nulo o caduco. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró, finalmente, fundado el recurso de casación, señalando que como contrato notarial de anticresis presentado por los demandados no se encuentra formalizado por escritura pública, es por tanto nulo por carecer del requisito de forma a que se refiere el numeral tercero del artículo 1123 del Código Civil de 1936, según el cual el acto jurídico es nulo cuando no reviste la forma prescrita por la ley, salvo que esta establezca una sanción diversa. En consecuencia, siendo nulo el contrato de anticresis, los demandados resultan ser precarios, de conformidad con el artículo 911 del Código Civil, que establece que la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. La Corte Suprema, no obstante, hizo la salvedad de que si bien la anticresis en este caso era nula por omisión de forma, subsiste sin embargo el contrato de préstamo garantizado y el interés convenido, de ser uno permitido por la ley, y en tanto la nulidad de lo accesorio (la garantía anticrética) no acarrea de nulidad de lo principal, en este caso la deuda garantizada.

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POSEEDOR NO PUEDE RECUPERAR MEDIANTE INTERDICTO UN BIEN POR ACREDITARSE SU CARÁCTER TEMPORAL Y SU USO PÚBLICO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2290-2003-Lima El Peruano, 30/09/2004 (Data 45 000) Demandante: Empresa de Servicios Jujaru Demandada: Municipalidad Metropolitana de Lima Asunto: Interdicto de recobrar Fecha: 15 de junio de 2004

Una empresa había suscribe con una Municipalidad Metropolitana de Lima un contrato de concesión para la administración de unos módulos de servicios higiénicos. No obstante, por diferencias contractuales la Municipalidad tomó nuevamente la posesión de los referidos módulos, por lo que el titular de la concesión interpone un interdicto de recobrar. En respuesta, la Municipalidad demandada señaló que el interdicto planteado era improcedente, en tanto la ley no ampara un interdicto respecto de bienes muebles no inscritos y de uso público, como es el caso.

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La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, quien consideró que los módulos higiénicos eran bienes que no se encontraban en terreno ajeno, sino dentro del radio de la Municipalidad demandada y, en esa línea, no tendrían carácter temporal por tener más de cinco años de construidos. La Municipalidad demandada impugnó el fallo por considerar que el juez no valoró que los módulos higiénicos son claramente bienes muebles, por razón de su carácter temporal. La Sala Superior revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, sosteniendo que de acuerdo con el artículo 599 del Código Procesal Civil (el interdicto procede respecto de un inmueble, así como respecto de un bien mueble inscrito, siempre que no sea de uso público) y de la demanda aparece claramente que los servicios higiénicos dados en concesión constituían bienes de servicio público, puesto que estaban en plena vía pública, brindando un servicio a toda la comunidad, siendo bienes temporales. El demandante interpuso entonces recurso de casación, alegando que en el proceso había demostrado que los módulos aludidos debían ser considerados como bienes inmuebles, dadas las afirmaciones en ese sentido contenidas en documentos procedentes de la propia Municipalidad demandada. En miras a resolver el recurso formulado, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema señaló que conforme al numeral noveno del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las normas procesales contenidas en este cuerpo normativo son de carácter imperativo. Luego, la primera parte del antes citado artículo 599 establece que el interdicto procede respecto de inmueble, así como del bien mueble inscrito, siempre que no sea de uso público. En esa línea, el numeral tercero del artículo 886 del Código Civil, indica que son muebles las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal; y artículo 921 del mismo Código, dice que todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar las acciones posesorias y los interdictos. A tenor de la normativa citada, la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación, señalando que lo que existió en este caso fue un derecho de posesión derivado de un contrato de concesión para la administración de servicios higiénicos ubicados en la vía pública, lo cual indica, de manera fehaciente, que la concesión

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2290-2003-Lima El Peruano, 30/09/2004 (Data 45 000) Demandante: Empresa de Servicios Jujaru Demandada: Municipalidad Metropolitana de Lima Asunto: Interdicto de recobrar Fecha: 15 de junio de 2004


recaía sobre bienes muebles de naturaleza temporal, puesto que la propia concesión era limitada en el tiempo. Además, dichos bienes no estaban inscritos en ningún asiento registral, por lo que no se configuran los supuestos legales para la procedencia de un interdicto en este caso.

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OCURRENCIA DE CALLE POLICIAL NO ES PRUEBA SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA POSESIÓN A EFECTOS DE UN INTERDICTO DE RECOBRAR

Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima Exp. N° 715-2001-Lima (Data 45,000) Demandantes: Mario Pomacosi Gauna y otra Demandadas: Jesús Marcelino Cahuana y otra Asunto: Interdicto de recobrar y otros Fecha: 27 de Mayo de 2002

El poseedor por un contrato verbal de un cuarto –el cual según dijo funcionaba como depósito y trabajando allí dos obreros en la compostura y confección de calzados– es despojado fácticamente de dicho bien por el propietario de la edificación, sin previo proceso judicial. El referido propietario reconoció haber sacado los enseres de propiedad del poseedor, forzando la entrada al cuarto señalado, en que el poseedor no contaba con derecho alguno para detentar el bien. El poseedor despojado, entonces, planteó judicialmente un interdicto de recobrar con el objeto de obtener la reposición del cuarto señalado. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia, considerando que el medio probatorio presentado por el demandante, esto es, la ocurrencia de calle confeccionada por la Policía Nacional del Perú, era insuficiente para acreditar la posesión ejercida. El demandante, por supuesto, impugnó el fallo por considerar que el juez no valoró adecuadamente el documento policial en el que se consiganaba expresamente que el era poseedor del bien. La primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, finalmente, confirmó la denegatoria de la demanda dispuesta en primera instancia, argumentando que la pretensión se apoya fundamentalmente en la ya referida ocurrencia de la calle confeccionada por la Policía Nacional del Perú, medio probatorio que era insuficiente y no idóneo para demostrar la posesión alegada, de la que el recurrente afirmaba se le había privado. Ello principalmente por constituir esta una prueba de naturaleza unilateral que no contiene la comprobación de una situación fáctica concreta y en tanto no se corroboró con otros elementos probatorios convincentes el hecho posesorio alegado.

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Acotó la Sala Civil que si bien el demandante dijo que el cuarto que poseía se encontraba dedicado a un negocio con la participación de dos empleados, ello no fue acreditado, por lo que no el interdicto de recobrar resultaba infundado.

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COMPRADOR DE UN INMUEBLE CUYO CONTRATO ES RESUELTO ES DECLARADO PRECARIO

El vendedor de un inmueble demanda un desalojo por ocupación precaria, argumentando que celebró con el emplazado un contrato de compraventa sobre el bien inmueble objeto del proceso, pero como este último pagó solo parte de las cuotas, aquel procedió a remitirle una carta notarial haciendo valer la cláusula resolutoria extrajudicial (artículo 1430 del Código Civil) fijada en el contrato. Conforme a esta cláusula, la falta de pago de una de las cuotas se produciría la resolución de pleno derecho. Por su parte, el demandado se opuso a la demanda, señalando que suspendió el pago de su prestación al tomar conocimiento en los Registros Públicos que el actor no era el propietario del bien. Consideró además que la cláusula resolutoria fijada era leonina, dado que se producía la resolución por la falta de pago de una sola cuota, debiendo, por tanto, resolverse el contrato vía judicial y no extrajudicial; y que por otro lado jamás recibió la carta notarial con el aviso de la resolución. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, quien consideró que la posesión del demandado había fenecido al haberse producido la resolución del contrato, por lo que se configuraba el supuesto del artículo 911 del Código Civil, sobre la noción de posesión precaria. Consideró el juez que el demandante había acreditado la propiedad del bien y que la carta notarial fue efectivamente recepcionada por el demandado. Este último, entonces, impugnó el fallo argumentando nuevamente que la cláusula resolutoria era leonina, por lo que la resolución debía dilucidarse en la vía judicial. Resolviendo la apelación formulada, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de de Lima revocó la sentencia y declaró improcedente la demanda, en tanto, en su opinión, no podía ventilarse en la vía del desalojo por

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 983-2003-Lima (Data 45,000) Demandante: Caja de Pensiones Militar Policial Demandadas: Carmen Rosa Serquén Paz y otro Asunto: Desalojo por ocupación precaria Fecha: 1 de setiembre de 2004


precariedad la cuestión previa de si había operado o no la resolución del contrato, ni la validez de la cláusula resolutoria fijada, o si por la resolución se retramite el derecho de propiedad a los actores. En tal sentido, se consideró que el demandante debía iniciar otro proceso en la vía correspondiente para alcanzar la tutela de sus derechos. El demandante interpuso, entonces, recurso de casación denunciando la inaplicación de los artículos 911 y 1430 del Código Civil, pues se había determinado la imposibilidad de resolver extrajudicialmente un negocio jurídico, aun cuando este mecanismo provenía de un acuerdo entre las partes. Para la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, como en el proceso quedó acreditada la falta de pago de las cuotas y la remisión de la carta notarial de resolución extrajudicial, el contrato se encontraba resuelto de pleno derecho en aplicación del artículo 1430 del Código Civil, norma que contempla un supuesto para cuya aplicación que no se exige que se acuda al órgano jurisdiccional. En tal sentido, para la Corte no existía motivo para desestimar la demanda, menos si con la resolución se presentó el supuesto del fenecimiento del título a que se refiere el artículo 911 del Código Civil, por lo que el poseedor era precario y procedía el desalojo. Se declaró así fundado el recurso de casación.

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GUARDIÁN NO ES PRECARIO SI QUIEN LO CONTRATÓ FALLECIÓ PERO NO SE PUSO FIN A SU CONTRATO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 962-2001Huaura (Data 45 000) Demandante: María Enriqueta Piérola Cornejo Demandado: Luis Unzueta Villanueva Asunto: Ocupación precaria Fecha: 15 de agosto de 2001

El propietario por herencia de un inmueble demanda por desalojo por ocupación precaria al guardián de dicho bien, contratado por el causante, para que desocupe y entregue el predio. Argumentó el demandante que si bien el causante le concedió al guardián referido una habitación en el inmueble, ya se le ha requerido a este la devolución del bien, lo que no se había cumplido, por lo que se trata de un agente precario. El demandado por su parte afirmó que desempeñó el cargo de guardián del bien, en virtud de un contrato de prestación de servicios que involucraba un vínculo laboral, por lo que incluso el causante le reconoció una deuda respecto de sus remuneraciones que nunca fue pagada, razones por las que inició una acción judicial de obligación de dar suma de dinero y acumulativamente de retención del bien.

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La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, considerándose precario al guardián demandado. Este impugnó el fallo alegando la legitimidad de su posesión, pero la Sala Civil de la Corte Superior de Huaura confirmó la sentencia de primera instancia, ordenándole la desocupación del inmueble. El demandado interpuso entonces recurso de casación, alegando que la Sala Superior había hecho una aplicación indebida del artículo 911 del Código Civil (sobre la noción de precario), dado que su ocupación del bien emanaba de un acuerdo de “prestación de servicios”, en virtud del cual se le asignó el cargo de guardián de la casa y que tal documento mantenía eficacia en tanto no se disolviera el vínculo laboral. Vale decir, en tanto no se le abonen sus remuneraciones y el valor de las mejoras introducidas en el predio. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia consideró válidos los argumentos del recurrente y declaró, por lo tanto, fundado el recurso de casación presentado. Como fundamento, señaló que no puede prosperar una demanda de desalojo por precariedad de continuar el demandado desempeñando sus labores como guardián contratado. Vale decir, que no podía requerirse la devolución en tanto los herederos del causante no pusieran fin a la guardianía existente, que era título legal que justificaba la posesión ejercida por el demandado.

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NO ES PRECARIO EL POSEEDOR AL QUE UNO DE LOS CÓNYUGES PROPIETARIOS LE CEDIÓ EL USO GRATUITO DEL BIEN

Unos cónyuges propietarios de un inmueble, demandaron un desalojo por precariedad respecto de la persona que venía poseyendo el inmueble, de quien dijo no contaba con título alguno que justificara la posesión. Sin embargo, el demandado alegó que ello era falso, pues venía ocupando el inmueble en virtud de un documento, que presentó al proceso, denominado “cesión de uso gratuito de departamento”, el cual acreditaba que su posesión era legítima. Dicho documento había sido otorgado por la esposa del demandante y no fue tachado por este último.

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Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima Exp. N° 565-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: Jaime Alejandro Teves Arredondo Demandado: José Manuel Mondejar Asunto: Dasalojo Fecha: 21 de octubre de 2002


La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia, en tanto habría quedada acreditada la existencia de un título de posesión. El demandante impugnó, entonces, este fallo por considerar que el juez no valoró que al no intervenir ambos cónyuges en la cesión del bien, esta resultaba inválida; además indica que se encontraba en curso un proceso de divorcio con su cónyuge, periodo dentro del cual esta cedió gratuitamente el uso del bien. La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima resolvió finalmente confirmar la sentencia de primera instancia, argumentando que el acto de ceder la posesión de un inmueble no es un acto de disposición sino de administración y conservación, por lo que podía ser realizado por cualquiera de los cónyuges. En tal sentido el demandado no podía ser considerado un poseedor precario. Así también, según la Sala, el hecho de que el actor se encuentre en proceso de divorcio de su cónyuge, no le impedía a esta última realizar actos de administración y conservación sobre los bienes de la sociedad, como lo fue el de ceder el uso a un tercero. Se declara, por lo tanto, infundada la demanda de desalojo por precariedad.

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PROPIETARIO DE CONSTRUCCIONES REMOVIBLES EN TERRENO AJENO ES DECLARADO PRECARIO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 52-2004-Piura. El Peruano, 30/05/2005 (Data 45 000) Demandante: Henry Christopher Loveday Laghi Demandado: Mercados del Pueblo Sociedad Anónima en Liquidación Asunto: Desalojo por Ocupación Precaria Fecha: 1 de diciembre de 2004

El propietario de un inmueble demandó por desalojo por precariedad a un agente que habitaba unas construcciones edificadas por él en el terreno, constituidas por unos módulos metálicos. El demandado, en respuesta, alegó que las edificaciones construidas eran de su propiedad y que no podían ser distinguidas del terreno ocupado, por lo que de ningún modo procedía el desalojo incoado. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia que ordenó el desalojo, por no tener el ocupante título alguno que justificara la posesión del demandado y porque no se había acreditado la existencia de las referidas construcciones. El demandado impugnó entonces este fallo, alegando nuevamente que al no poder separarse las construcciones del terreno, siendo solo este último de propiedad del actor, la demanda no resultaba procedente. La Corte Superior de Lima, sin

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embargo, confirmó la sentencia de primera instancia, argumentando que no se había acreditado la existencia de construcciones o edificaciones en el terreno submateria. Contra esta sentencia, el demandado interpuso recurso de casación agregando a sus argumentaciones que la Sala Superior no había merituado la declaración de la parte actora en la audiencia única, por la cual aceptaba abonar determinada suma de dinero por concepto de las edificaciones. Vale decir, que con esta declaración quedaba acreditada la existencia de las construcciones, y al no poderse separar del terreno la demanda de desalojo por precariedad era simplemente improcedente. Para la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, sin embargo, si bien era cierto que existía la referida declaración de la parte actora en la audiencia única, sin embargo también era verdad que conforme a ella las edificaciones eran módulos metálicos. En tal sentido, de existir y dada su naturaleza, las edificaciones eran perfectamente separables del terreno. Consecuentemente, la Corte consideró que la demanda de desalojo no incurría en la imposibilidad jurídica alegada por el demandado, por lo que se declaró infundado el recurso de casación planteado.

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EL PLAZO DE LA ACCIÓN INTERDICTAL SE SUSPENDE MIENTRAS NO CONCLUYA EL PROCESO PENAL DE USURPACIÓN INICIADO

El poseedor de un bien inmueble sufre el despojo de este último, por lo cual inicia un proceso penal por usurpación contra el supuesto usurpador. No obstante, esta acción penal concluyó con una sentencia ejecutoriada que declaró el archivamiento de la causa por no haberse acreditado el ilícito instruido. Por tal motivo, y no obstante, haber transcurrido más de un año desde el supuesto acto de despojo, el poseedor despojado inicia una demanda interdicto de recobrar respecto de un bien que estuvo poseyendo. El demandado, entre otros argumentos de defensa, planteó la extemporaneidad del proceso incoado, pues lo interdictos solo se pueden plantear dentro del año siguiente a la perturbación o despojo posesorio producido.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3740-02Moquegua. El Peruano, 30/10/2003 (Data 45 000) Demandante: Adelaida Daza Fernández Demandada: Lidia Marleni Ramos Flores Asunto: Interdicto de recobrar Fecha: 16 de mayo de 2003


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3740-02Moquegua. El Peruano, 30/10/2003 (Data 45 000) Demandante: Adelaida Daza Fernández Demandada: Lidia Marleni Ramos Flores Asunto: Interdicto de recobrar Fecha: 16 de mayo de 2003

La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia, bajo el argumento principal de que la acción interdictal prescribe al año en que se producen los actos perturbatorios o de despojo, conforme lo prevé el artículo 601 del Código Procesal Civil. El demandante impugnó entonces el fallo alegando que al existir un proceso penal, el plazo de prescripción de acción interdictal se había interrumpido. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua confirma, sin embargo, la sentencia de primera Instancia, por lo que el demandante interpuso recurso de casación señalando que la Sala no había valorado el hecho de que de acuerdo con el numeral tercero del artículo 1996 del Código Civil, la prescripción se interrumpe por la citación con la demanda o por otro acto en que se notifique al deudor, aun cuando se haya acudido a un Juez o autoridad incompetente. Por lo tanto, en este caso se habría producido según el actor, una interrupción de la prescripción con la notificación del proceso penal de usurpación. Al resolver el recurso casatorio, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema consideró que en este caso se había producido la suspensión del decurso prescriptorio con la notificación del proceso penal de usurpación y mientras duró este. Dijo también que luego de que se notificó la resolución que puso fin al proceso penal se reactivó el cómputo del plazo, sin que hubiera transcurrido el término prescriptorio para plantear la acción interdictal en el momento de presentarse la demanda. Luego, la Sala señaló que como al proceso de interdicto no se había incorporado el expediente penal de usurpación debía declararse nulo lo actuado y emitirse nuevo fallo, teniendo a la vista dicho expediente. Por estos motivos, se declaró fundado el recurso de casación planteado por el demandante.

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POSEEDOR NO ES DE BUENA FE NI HACE SUYOS LOS FRUTOS SI EL DUEÑO INSCRIBIÓ SU DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE EL BIEN

El propietario adquiriente de un inmueble demanda su reivindicación contra los poseedores del bien, amparándose en que su derecho de propiedad se inscribió en Registros Públicos. Asimismo, pidió que el demandado pagara los frutos producidos durante el periodo en que se poseyó ilegítimamente el bien, el cual fue utilizado como taller de mecánica y casa vivienda. El poseedor y demandado, por su parte, alegó ser usufructuario del bien, por haberlo recibido con dicha calidad de quien consideró era el propietario. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, por considerarse procedente el derecho a la reivindicación del bien y el pago de frutos exigidos, siendo el demandado un poseedor de mala fe. La Corte Superior confirmó la sentencia, por lo que el demandado interpuso recurso de casación, argumentando que se inaplicaron en este caso los artículos 908 (el poseedor de buena fe hace suyos los frutos) y 1016 (pertenecen al usufructuario los frutos naturales y mixtos pendientes, al comenzar el usufructo; y el propietario, los pendientes a su término) del Código Civil, al haberse ordenado que se abonen al accionante el pago de frutos percibidos, lo que consideró injusto ya que había demostrado tener la calidad de usufructuario, y como poseedor de buena fe tenía derecho, entonces, a hacerse de los frutos. La Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia consideró, que una vez inscrito el derecho real de propiedad del accionante, el contenido de la inscripción registral se presumía cierto y producía todos sus efectos legales mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez (artículo 2013) presumiéndose iuris et de iure (sin admitir prueba en contrario) que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones (artículo 2012 del Código anotado). Por lo tanto, según la Corte Suprema, los demandados no reunían el requisito de la buena fe al poseer los bienes materia del proceso, debiendo devolver los frutos indebidamente percibidos desde que se les notificó la demanda de reivindicación. En esa línea, se declaró infundado el recurso de casación planteado.

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Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 820-2000-Ica El Peruano, 02/05/2000 (Data 45 000) Demandante: Alfredo Ricardo Ferrand Budge Demandados: Lino Rolando Nieto Suárez y otro Asunto: Reivindicación y otros Fecha: 14 de diciembre de 2001


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EL DERECHO POSESORIO ES TRANSMISIBLE POR HERENCIA

Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 1670-2002La Libertad. El Peruano, 30/05/2005. (Data 45 000) Demandante: Andrés Villacorta Quiñones Demandados: Santos Bonifacio Cayetano Vasquez y otros Asunto: Mejorar derechos de propiedad Fecha: 28 de enero de 2005

El heredero de una persona, beneficiaria de la reforma agraria, que ostentaba el derecho de posesión sobre un terreno rural inmueble en virtud de un contrato de arrendamiento, plantea una demanda de mejor derecho de posesión respecto de un tercero que alegaba ser el nuevo poseedor-administrador legítimo del inmueble y que poesía este último al momento de la muerte del referido causante. El demandante consideró que el bien debía serle entregado en tanto había heredado el derecho posesorio de su padre. El demandado, por su parte, señaló que había recibido el bien por un acto de transferencia de posesión del causante mencionado, lo que había sido reconocido así por el Ministerio de Agricultura. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia, fallo que fue confirmado por la Corte Superior, señalándose que el actor carecía de derecho de posesión sobre el bien objeto del proceso, por lo que debía respetarse la posesión ejercida por el demandado. El demandante interpuso entonces recurso de casación alegando la inaplicación del artículo 660 del Código Civil que establece que desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Señaló así que en el presente caso el titular del derecho de posesión sobre el predio sublitis originalmente fue su padre, quien fue calificado como beneficiario de reforma agraria, por lo que a su muerte el derecho de posesión del bien le correspondía a él como heredero. La Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia declaró infundado el recurso de casación, señalando que si bien la posesión constituye un derecho civil patrimonial materia de transmisión mortis causa, como es el caso del heredero que adquiere la posesión mediata del inmueble que al momento del fallecimiento del causante se encontraba en arrendamiento a un tercero. Sin embargo, la Corte consideró que en el presente caso había quedado establecido por las instancias de mérito que el derecho de posesión que el causante ostentaba fue transferido en fecha anterior al fallecimiento del titular original, por lo que el derecho posesorio le correspondía exclusivamente al poseedor demandado.

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POSEEDOR MEDIATO DE UN BIEN NO PUEDE INTERPONER INTERDICTO

El propietario no poseedor de un bien que había dado en arrendamiento, y por ende poseedor mediato del inmueble, planteó un interdicto de recobrar e indemnización por daños y perjuicios contra la persona que había asumido la posesión del inmueble, despojando de este a los arrendatarios, y que según el demandante, poseía sin título alguno. La demanda fue declarada infundada tanto por el juez de primera instancia como por la Corte Superior, considerando ambos órganos que el demandante no podía plantear un interdicto por haber carecido de la posesión actual o directa del bien al momento de producirse el supuesto despojo posesorio. El demandado interpuso, entonces, un recurso de casación alegando que se ha inaplicado el artículo 905 del Código Civil, que define las nociones de posesión mediata e inmediata. Sobre el tema planteado, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema consideró que debido a la urgencia de la tutela jurisdiccional en casos de perturbación o despojo de la posesión, las pretensiones interdictales únicamente pueden ser promovidas por el poseedor inmediato, esto es, por quien posee actual y directamente el bien al momento del acto perturbatorio o de despojo. Y es que, según el Tribunal Supremo, por no estar en relación directa e inmediata con la cosa al momento de la perturbación o del despojo, para ejercer su derecho el poseedor mediato debe recurrir a un proceso que cuente con una estación probatoria más amplia para demostrar que efectivamente mantiene una relación de dependencia, o que ha entregado válidamente la posesión el bien al poseedor inmediato, y que además conserva para sí la posesión mediata del inmueble; actividad probatoria que resulta incompatible con la naturaleza sumaria de las pretensiones interdictales. Por este motivo, se declara infundado el recurso de casación y con ello se rechaza la pretensión interdictal del acto.

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Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 2271-2004Huaura El Peruano, 02/06/2006. (Data 45 000) Demandante: Escolástica Quito y Salinas Demandada: Empresa Agraria Azucarera Andahuasi Sociedad Anónima Asunto: Mejorar derecho a la posesión Fecha: 21 de diciembre de 2005


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HAY POSESIÓN PACÍFICA PRESCRIPTORIA SI LA DEMANDA DE DESALOJO SE NOTIFICÓ PASADOS DIEZ AÑOS

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 766-2004-Lima. El Peruano, 30/09/2005. (Data 45 000) Demandante: Lucila Barrios Llona viuda de Balarín Demandado: Consorcio Inmobiliario del Perú y otros Asunto: Prescripción adquisitiva de dominio Fecha: 26 de mayo de 2005

Una persona que ha poseído un terreno por más de veintidós años, interpuso una demanda para que se le declare propietaria por prescripción adquisitiva de dominio, alegando haber ejercido una posesión continua, pacífica y pública como propietaria. El propietario registral demandado, por su parte, alegó que la posesión ejercida no era pacífica, pues él le había iniciado al demandante un proceso de desalojo. En tal sentido, en su opinión, no se cumplía con el total de requisitos concurrentes para que el demandante sea prescribiente del bien. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia quien consideró se reunían los requisitos exigidos para adquirir un bien por prescripción adquisitiva de dominio. Se tomó en cuenta que si bien existía la demanda de desalojo referida por el demandado, esta había sido planteada luego de transcurrido el plazo de diez años para la adquisición del bien por prescripción, por lo cual la posesión fue pacífica en el periodo exigido por la ley. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima, sin embargo, revocó la sentencia de primera instancia y declaró improcedente la demanda, argumentando que la posesión no había sido pacífica en la medida en que el demandado interpuso contra la demandante la demanda de desalojo. El demandante interpuso entonces un recurso de casación, alegando que la Sala Superior había interpretado erróneamente lo dispuesto en el artículo 950 del Código Civil (sobre los requisitos de la prescripción adquisitiva). Para el recurrente, debía entenderse que la posesión es pacífica mientras dure el plazo prescriptorio de diez años, pues la norma no dice que ello deba ser así incluso luego del plazo prescriptorio, como lo dio a entender la sala revisora. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, por su parte, consideró que si bien para el demandado no concurría el requisito del carácter pacífico de la posesión desde que esta había sido cuestionada a través de un proceso de desalojo; sin embargo, como dicha demanda se interpuso habiendo transcurrido un espacio mayor a los diez años de posesión continua, pacífica y pública

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que exige nuestro ordenamiento legal para prescribir; en nada enervaba la continuidad y pacificidad exigida por la ley. Por este motivo se declaró fundado el recurso de casación.

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NO ES PRECARIO EL TRABAJADOR A QUIEN SE LE REQUIERE LA DEVOLUCIÓN DEL INMUEBLE QUE SE LE CEDIÓ EN USO PARA VIVIENDA

Una municipalidad propietaria le otorgó la posesión de unos de sus inmuebles a un trabajador suyo, a efectos de que este lo habite. No obstante, posteriormente surgió la necesidad de la entidad de ampliar las instalaciones de una planta de transferencia o acopio de residuos sólidos, lo que comprendía la vivienda de su trabajador, por lo que requirió la devolución del inmueble, a lo que el trabajador se negó. Por tal motivo, la Municipalidad demandó el desalojo por ocupación precaria. El demandado alegó ser arrendatario del inmueble, para lo cual presentó unos recibos de pago. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, fallo que fue confirmado por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, argumentándose que como la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, por lo que la falta de consignación de arriendos convierte al poseedor en ocupante precario. El demandado interpuso, entonces, recurso de casación alegando la inaplicación de los artículos 901 (noción de tradición), 902 (sucedáneos de la tradición), 905 (posesión media e inmediata) y 906 (posesión ilegítima de buena fe) del Código Civil, señalando que en su condición de trabajador gozaba del uso y disfrute del inmueble, además de tener un título de arrendamiento, por lo que se trataba de una posesión adquirida de buena fe, prevista en el artículo 905 del Código Sustantivo. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, finalmente, declaró fundado el recurso de casación. Señaló que en un proceso de desalojo por ocupación precaria, la actividad probatoria está orientada a establecer si el demandado tiene o no justo título que ampare su posesión y/o si este ha fenecido, no resultando pertinente en esta vía sumarísima determinar la naturaleza de las relaciones jurídicas existentes entre el propietario y

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2422-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: Municipalidad Distrital de San Isidro Demandado: Visitación Guerrero Reyes Asunto: Desalojo por Ocupación Precaria Fecha: 13 de diciembre de 2002


el ocupante del inmueble, a partir de la cual se autorizó el derecho de uso a favor del demandado. En ese sentido, como en los procesos seguidos sobre desalojo por ocupación precaria no se exige al demandado acreditar la propiedad sobre el inmueble, sino únicamente justificar su posesión y permanencia en este en virtud de un título, en este caso quedó acreditado que el demandado era trabajador del demandante, por lo que su posesión no era precaria.

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POSEEDOR QUE SE ALOJA EN HOSPEDAJE NO ES PRECARIO AUN SI VENCIÓ SU CONTRATO

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 4149-2007-Junin (Diálogo con la Jurisprudencia Nº 115, abril 2008) Demandante: Antonio Gerónimo Martínez Esponda Demandado: Lucio Valencia Cueva Asunto: Desalojo por ocupación precaria Fecha: 13 de noviembre de 2007

Uno de los herederos y, a su vez, albacea, arrendó el inmueble objeto de la herencia a una persona que instaló allí un hospedaje. No obstante, según señaló el referido albacea, aprovechando la ausencia circunstancial de este y del titular del hospedaje, un tercer agente se posesiona sin título alguno del inmueble. El albacea planteó entonces una demanda de desalojo por ocupante precario contra esta persona, para que se le restituya el inmueble. Alegó que, en efecto, mediante testamento público, su padre le otorgó tal cargo respecto de todos sus bienes inmuebles y en su condición de heredero y albacea, alquiló el inmueble que ha sido usurpado por el demandado. Este último, por el contrario, señaló no ser un poseedor precario, sino que venía ocupando un ambiente del inmueble al haberse alojado en el hospedaje con autorización expresa del arrendatario. El juez de primera instancia declaró fundada la demanda de desalojo, basando principalmente sus fundamentos en los artículos 778 y 779 del Código Civil (sobre la noción y nombramiento del albacea). Dijo así que estaba acreditado el cargo de albacea del demandante y la precariedad de la posesión ejercida por el demandado, no existiendo título posesorio que acredite lo contrario. El demandado, sin embargo, impugnó el fallo por considerar que su posesión era legítima, reiterando que hubo consentimiento para su ingreso al hospedaje. La Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Junín, por su parte, revocó la sentencia de primera instancia y reformándola la declaró infundada. Valorando una “declaración asimilada” del actor, consideró que el demandado, en efecto, venía ocupando un ambiente del

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hospedaje por haberse alojado allí, con autorización expresa del arrendatario. Dijo, además, que si bien había vencido el plazo convenido para dicho alojamiento y el demandado continuaba en posesión del bien, tanto las condiciones de validez como el plazo conferido para dicha ocupación eran circunstancias que debían dilucidarse en la vía procesal correspondiente, distinta de la acción de desalojo planteada, y en ejercicio de un derecho diferente. El demandante interpuso entonces un recurso de casación, alegando la interpretación errónea del artículo 911 del Código Civil (sobre la posesión precaria), señalando que si bien el demandado ingresó al hospedaje en calidad de alojado por cuatro días, su título había fenecido por vencimiento del plazo citado, por lo que se trataba de un poseedor precario. Resolviendo el recurso planteado, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema señaló que la precariedad en el uso de bienes inmuebles no se determina únicamente por la carencia de un título de propiedad, de arrendamiento u otro semejante; sino que ella debe ser entendida como la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir la ilegitimidad de la posesión que ostenta el ocupante. Y en tal sentido, esa no era la situación del demandado del caso planteado, de acuerdo con la amplitud de criterio que debe interpretarse de la regla contenida en el citado artículo 911 del Código Civil. Por tal motivo, se declara infundado el recurso de casación planteado por el actor.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 4149-2007-Junin (Diálogo con la Jurisprudencia Nº 115, abril 2008) Demandante: Antonio Gerónimo Martínez Esponda Demandado: Lucio Valencia Cueva Asunto: Desalojo por ocupación precaria Fecha: 13 de noviembre de 2007

MEJORAS

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ARRENDATARIO QUE DEMUELE EDIFICIO EN ESTADO RUINOSO Y CONSTRUYE UNO NUEVO NO RECIBE PAGO DE MEJORAS

La arrendataria de un inmueble demanda el pago de mejoras con derecho de retención, manifestando que la demandada le ha iniciado un proceso de desalojo por conclusión de arrendamiento. Ella argumenta que por necesidad tuvo que realizar instalaciones de los servicios en el inmueble y así como demoler la construcción ruinosa existente, para proceder a levantar una nueva construcción, con lo cual el predio en general no se terminó por arruinar. Para la demandada y desalojante, en cambio, lo efectuado por la arrendataria fue simplemente la demolición del bien de material rústico existente para edificarse otro de material noble pero todo ello con el objeto de apropiarse del terreno, por lo cual no puede hablarse aquí de mejora alguna a pagarse y menos del ejercicio de un derecho de retención. La demanda de pago de mejoras fue declarada fundada por el juez de primera instancia, considerando que se habían hecho mejoras en el bien que debían ser reembolsadas. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco confirmó la sentencia de primera instancia. La demandada interpuso, entonces, recurso de casación alegando la interpretación errónea del artículo 916 del Código Civil, según el cual son mejoras necesarias las que tienen por objeto impedir la destrucción o el deterioro del bien. En su opinión, la accionante realizó en el bien una nueva edificación sin autorización de su parte, que no puede ser calificada como mejora necesaria, por lo cual no cabe reembolso alguno. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso declarándolo fundado, pues de la definición legal de mejora necesaria se desprende que esta tiene por objeto evitar la destrucción o deterioro

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1512-2001-Lima. El Peruano, 02/01/2002 (Data 45 000) Demandante: Filomena Nieto Meléndez Demandada: Martha Macarlupú Escolástico y otros Asunto: Pago de mejoras y otros Fecha: 12 de setiembre de 2001


del bien. Empero, habiendo la actora procedido a la demolición del bien resulta imposible que efectuar mejora alguna para mantenerlo. De corresponder algún derecho a la actora, entonces, ello debería discutirse en aplicación de las normas que regulan la edificación en terreno ajeno.

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COPROPIETARIO QUE REALIZA MEJORAS SIN POSEER EL BIEN DEBE SER REEMBOLSADO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1054-2000-Lima. (Data 45 000) Demandante: Julio Clodomiro Garcés Montañez Demandada: Sucesión de Carmén Garcés Montañez y otros Asunto: Pago de mejoras Fecha: 18 de julio de 2000

Uno de los copropietarios de un inmueble demanda el pago de mejoras a los demás copropietarios, manifestando haber realizado diversas reparaciones en el referido inmueble, habiendo asumido totalmente el costo por las mejoras necesarias efectuadas, por lo que correspondía la repetición proporcional de lo pagado respecto de los demás copropietarios. Alegó la aplicación de los artículos 980 (las mejoras necesarias y útiles pertenecen a todos los copropietarios, con la obligación de responder proporcionalmente por los gastos) y 981 (todos los copropietarios están obligados a concurrir, proporcionalmente, con los gastos de conservación del bien). La demanda es contestada señalando los demandados que el pago de las mejoras solo procede a favor del poseedor del bien, no siendo el demandante quien ejerce la posesión y al existir un estado de indivisión sucesoria. La demanda fue declarada improcedente por el juez de primera instancia, fallo que fue confirmado por la Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima, amparándose los argumentos de la parte demandada, en aplicación del artículo 917 del Código Civil (el poseedor tiene derecho al valor actual de las mejoras necesarias y útiles que existan al tiempo de la restitución). El demandante interpone recurso de casación alegando la aplicación indebida del artículo 917 del Código Civil, la inaplicación del artículo 980 del mismo cuerpo de leyes (las mejoras necesarias y útiles pertenecen a todos los copropietarios, con la obligación de responder proporcionalmente por los gastos) y la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundado el recurso de casación exponiendo

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que otro supuesto en el cual se deben mejoras es justamente aquel contemplado por el artículo 980 del Código Civil, norma que establece la obligación de todos los copropietarios de responder proporcionalmente por los gastos que ellas irroguen. De ello se desprende que es irrelevante discutir la posesión a efectos del reembolso de las mejoras a aquel copropietario que haya asumido el gasto total por ellas, pues lo que importa es determinar el estado de copropiedad, la realización de las mejoras necesarias y útiles y su pago.

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DEMOSTRAR HABER REALIZADO MEJORAS EN EL BIEN NO ACREDITA LEGITIMIDAD DE LA POSESIÓN EJERCIDA

En virtud de un contrato una persona recibió la propiedad de un inmueble por dación en pago de la deuda existente. En tal sentido, dicha persona inició una demanda de desalojo por ocupación precaria respecto de quien venía poseyendo el bien, según ella sin derecho alguno, basando su pretensión estrictamente en el contrato que la legitimaba como propietaria. En respuesta, la parte demandada presentó una serie de documentos que acreditaban haber realizado mejoras en el predio objeto de la demanda alegando con estar ejerciendo un posesión legítima, por lo que no procedería el desalojo incoado. La demanda fue declarada fundada tanto por el juez de primera instancia como por la Segunda Sala Civil de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, en vía de apelación. Ambos órganos judiciales consideraron que el derecho de propiedad del demandante estaba plenamente acreditado y que no hay título que justificara la posesión de la parte demanda, por lo que debía proceder el desalojo demandado. La demandada interpuso entonces recurso de casación, alegando que los medios probatorios adjuntados por la demandante no resultaban suficientes para sustentar la titularidad del bien materia de litis, en lo que correspondía al terreno y a la edificación, porque además no se habían valorado adecuadamente las pruebas por ella presentadas, que acreditaban la legitimidad de su posesión. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema resuelve finalmente declarar infundado el recurso de casación

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2238-03-Lima. (Data 45 000) Demandante: Municipalidad Distrital de Lince Demandado: Pedro Crisólogo Uscamayta Cusihuamán Asunto: Desalojo por Ocupación Precaria Fecha: 2 de junio de 2004


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2238-03-Lima. (Data 45 000) Demandante: Municipalidad Distrital de Lince Demandado: Pedro Crisólogo Uscamayta Cusihuamán Asunto: Desalojo por Ocupación Precaria Fecha: 2 de junio de 2004

presentado. Dijo para ello que, como lo hicieron ver las instancias inferiores, la propiedad del demandante se encontraba fehacientemente acreditada con el contrato que contenía la dación en pago efectuada, pero no así la posesión justificada de la parte demandada. Y es que si bien esta adjuntó varios documentos que acreditarían que realizó mejoras en el predio, lo que no estuvo en discusión, ello sin embargo no podía considerarse factor determinante para comprobar que la posesión ejercida fuera en mérito a un derecho que la justifique. En tal medida, procedía el desalojo planteado por la parte demandante.

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DERECHO DE PROPIEDAD

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SE RECONOCE LEGITIMIDAD PARA OBRA EN UN DESALOJO POR PRECARIEDAD A AGENTE CUYA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE SU DERECHO DE PROPIEDAD CADUCÓ

Los propietarios de un bien demandan desalojo por ocupación precaria por parte de dos actuales poseedores, uno de ellos un notario, argumentando haber adquirido el inmueble de su anterior propietario, un banco privado, en el proceso judicial sobre pago de beneficios sociales, en el que se expidió la correspondiente escritura pública de dación en pago a su favor. El notario demandado alegó, por su parte, no ser poseedor precario por haber celebrado un contrato de arrendamiento con el banco referido, como anterior propietario. El otro poseedor se negó, asimismo, a efectuar la devolución del inmueble. La demanda fue declarada improcedente por el juez de primera instancia, teniendo en cuenta que el derecho de propiedad del demandante había sido inscrito en registros solo como anotación preventiva, la cual había ya caducado, y porque además no había tracto sucesivo, en tanto en registros no aparecía la transferencia efectuada a favor del banco. La demandada impugnó el fallo por considerar que el juez no valoró que la transferencia de propiedad no está sometida a formalidad alguna, bastando la dación en pago que se dio en le proceso citado. La Primera Sala Mixta Descentralizada de la Merced de la Corte Superior de Junín confirmó, entonces, la sentencia apelada y declaró improcedente la demanda interpuesta, señalando que los demandantes carecían de legitimidad para obrar, por las mismas razones explicitadas en el fallo de primera instancia. El demandante interpone así un recurso de casación, alegando la interpretación errónea del artículo 923 del Código Civil (sobre la noción de propiedad), pues la Sala de mérito habría confundido el derecho de propiedad con la formalidad registral. La Sala Civil Transitoria de

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2036-2005-La Merced (Data 45 000) Demandante: Jorge Javier Camac Silva Demandados: William Wilfredo Vargas Villanueva Asunto: Desalojo por Ocupación Precaria Fecha: 13 de octubre de 2006


la Corte Suprema concuerda con este parecer y declara fundado el recurso de casación interpuesto, señalando que nuestro ordenamiento civil, en armonía con lo dispuesto en el artículo 949 y 1352 del Código Civil, permite que la propiedad se transmita con el solo consentimiento de las partes, y dado este carácter consensual, no es necesaria la inscripción en los registros públicos para que el derecho se constituya. Por tanto, se concluye que el demandante sí tenía legitimidad para accionar el desalojo, aun si la dación de pago concedida en vía judicial no pudiere ser inscrita. No obstante lo señalado, considerando que las instancias de mérito emitieron una sentencia inhibitoria sobre la base del cuestionamiento de la legitimidad para obrar del demandante, sin haber analizado el extremo relativo a la supuesta posesión precaria de los demandados, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema excepcionalmente dispuso el reenvío de la causa al juez de primera instancia. Ello a efectos de que, valorándose razonadamente la prueba actuada, se emita una decisión sobre el fondo de la materia controvertida, por tratarse de una demanda de desalojo por precariedad.

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ADQUIRENTE DE UN PREDIO POR ANTICIPO DE LEGÍTIMA NO INSCRITO EN REGISTROS VENCE u OPONE SU DERECHO AL EMBARGO INSCRITO

Sala Constitucional y Social Permanente Cas. N° 2971-2006Arequipa (Data 45 000) Demandante: Jaime Jucelino Engilberto Ortega Carbajal Demandados: Luis Alberto Quintana Gordillo y otra Asunto: Tercería de propiedad Fecha: 17 de mayo de 2007

El agente que alega haber adquirido un predio como anticipo de legítima de su propietario registral, y no apareciendo inscrito su derecho, interpuso una demanda de tercería excluyente de propiedad a efectos de que se levante una medida cautelar de embargo en forma de inscripción que recae sobre el inmueble, en ejecución de una deuda del anterior propietario. El accionante en el proceso de ejecución y demandado de la tercería, señaló que su derecho estaba garantizado por el registro y no así el supuesto derecho real del tercerista, por lo que aquel derecho debía prevalecer. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, considerando la preferencia de la que goza el derecho de propiedad. El demandado entonces apela la demanda y la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Arequipa revocó la sentencia.

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DERECHOS REALES

El demandante interpuso recurso de casación denunciando la inaplicación del artículo 2022 del Código Civil (sobre la oponibilidad registral de derechos sobre inmuebles); toda vez que, según su criterio, la medida cautelar en forma de inscripción se materializó recién con su inscripción en los Registros Públicos, y que en aplicación del artículo 949 del Código Civil, la sola obligación de enajenar un inmueble hace acreedor al propietario. En ese sentido, él era propietario de los bienes antes de la medida de embargo, no resultando necesaria la inscripción en los Registros para la tutela de su derecho real. La Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, finalmente, resolvió declarar fundado el recurso de casación, señalando que el derecho de propiedad del tercerista con la escritura pública de anticipo de legítima era de fecha anterior a la medida cautelar de embargo. Luego, siendo los derechos que se discuten de distinta naturaleza, el de propiedad que reclama el tercerista como derecho real, en tanto que el embargo del acreedor es un derecho personal, resultaba de aplicación la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil, en virtud del cual ante conflictos de derechos de distinta naturaleza se deben aplicar las reglas del derecho común, que dan preferencia al derecho real frente al derecho personal. Siendo ello así, el inmueble adquirido por el actor, según la Sala Suprema, no debía responder frente al gravamen anotado del embargo, por la naturaleza de los derechos en conflicto

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ADQUIRENTE DE BIEN MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO ES PREFERIDO FRENTE AL HEREDERO DEL ANTERIOR PROPIETARIO

El heredero de una persona pretende se declare su mejor derecho de propiedad respecto de un terreno que es parte integrante del inmueble de su propiedad y que ocupaba el demandado, alegando que su causante figuraba como propietario en registros y que dicho bien forma parte de la masa hereditaria, conforme a la sentencia de sucesión intestada que fue debidamente inscrita en los registros. El demandado, por su parte, muestra un documento privado de fecha cierta de compraventa, que acreditaba que el causante le había transferido

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Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 2230-2004Ayacucho El Peruano, 31/07/2006. (Data 45 000) Demandante: Alejandro Paucar Peña Demandado: Marino Huayhua Quispe Asunto: Mejor derecho de propiedad Fecha: 3 de mayo de 2006


Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 2230-2004Ayacucho El Peruano, 31/07/2006. (Data 45 000) Demandante: Alejandro Paucar Peña Demandado: Marino Huayhua Quispe Asunto: Mejor derecho de propiedad Fecha: 3 de mayo de 2006

previamente el bien, pero sin que se hubiere inscrito esta transferencia. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia, quien consideró que la transferencia realizada por el causante era válida, por lo que el demandado debía ser considerado propietario del bien. El demandante impugnó el fallo por considerar que el juez no valoró que tal transferencia no era oponible al no encontrarse inscrito su derecho de propiedad, como heredero, en registros. La Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Ayacucho revocó la sentencia de primera instancia y la declaró fundada, consignando al demandante precitado como propietario exclusivo y preferente del inmueble objeto del proceso, lo que fue impugnado en vía casatoria por el demandado. En su recurso, este último alegó, en primer lugar, la inaplicación del artículo 949 del Código Civil (sobre la transferencia de la propiedad inmueble por el solo consentimiento), señalando que al haber adquirido el predio sub materia en virtud de una compraventa que le efectuara la causante del actor, resultaba claro que ostentaba el título de propietario. Y en segundo término, la inaplicación del artículo 1373 del citado código sustantivo, que establece que el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente. La Sala Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, finalmente, resolvió declarar fundado el recurso de casación planteado, señalando que en aplicación del citado artículo 949 del Código Civil, con la sola obligación de enajenar el bien inmueble materia de litis, contenida en el contrato de compraventa presentado al proceso demandado se había ya perfeccionado la transferencia de propiedad del predio en disputa a favor del demandado. Por tal motivo, dicho bien, según la Corte, nunca debió ser considerado dentro de la masa hereditaria declarada a favor del demandante, correspondiéndole el derecho de propiedad al demandado.

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NO SE ACREDITA BUENA FE de QUIENES INGRESARON A TERRENO AJENO CON AUTORIZACIÓN DE UNO DE LOS CÓNYUGES PROPIETARIOS Y CONSTRUYERON ALLÍ

Uno de los cónyuges propietarios de un terreno demanda su reivindicación, así como el desalojo y demolición respecto de una edificación construida, argumentando que no otorgó autorización para el ingreso de los demandados al bien sino solo lo hizo su cónyuge a pesar de que se trataba de un bien social, y que los poseedores del bien son de mala fe, pues no celebraron contrato de transferencia alguno con ambos cónyuges propietarios. Los demandados, poseedores del inmueble alegaron haber adquirido la propiedad de este por un minuta contrato de compraventa celebrada con la sociedad conyugal propietaria, pero sin que pudieran presentar dicho contrato al proceso, diciendo que este se había extraviado. Alegaron a su vez haber hecho las edificaciones sobre el bien de buena fe, pues hubo autorización de ingreso al bien por el esposo de la demandante (quien no negó este hecho) y siempre bajo la creencia de la validez de su derecho de propiedad. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia y se ordenó la desocupación y entrega del inmueble materia de litis, con la demolición de lo edificado, por considerarse que los demandados poseyeron y construyeron de mala fe, a sabiendas que el bien era de la sociedad conyugal. Los demandados impugnaron este fallo, señalando que el juez no valoró que la construcción realizada fue una de buena fe, apelación que fue resuelta por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de San Martín en el sentido de que debía confirmarse la sentencia en el extremo de la reivindicación del terreno materia de litis. Sin embargo, la Sala consideró que no se había acreditado que la posesión ejercida por los demandados fuera de mala fe, al existir la presunción de buena fe de parte del poseedor. Y es que de haber mala fe, existía la obligación de la demandante de acreditar ello y, según la Sala, en el caso ella no lo había hecho, al no existir medio de prueba alguno al respecto, como lo hubiera sido el requerimiento de la entrega del bien o de la abstención de la construcción. La Sala ordenó así que la actora opte por el derecho que le concede el artículo 941 del Código Civil, sobre la edificación de buena fe en terreno ajeno.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2081-2003Moyobamba El Peruano, 30/03/2005 (Data 45,000) Demandante: Petronila Gamonal Hérnandez de Jara Demandados: Kelly Ludeña Reátegui y otro Asunto: Reivindicación Fecha: 4 de noviembre de 2004


La demandante interpuso entonces recurso de casación, argumentando la aplicación indebida del artículo 941 del Código Civil, toda vez que, según ella dijo había demostrado, el bien materia de autos era de la sociedad conyugal y para su disposición se requería la participación de ambos cónyuges, lo cual no ha sucedió. Según la demandante, se debía aplicar a este caso el artículo 943 del Código Civil, sobre la edificación en terreno ajeno de mala fe. Para la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, finalmente, como había quedado plenamente demostrado en el proceso que los demandados, tenían conocimiento que el inmueble materia de litis no era de su propiedad y que solo un cónyuge les autorizó el ingreso, pero siempre a sabiendas de que el bien era social, por lo que la posesión de ellos era de mala fe y debía aplicarse el artículo 943 del Código Civil. La Sala Suprema consideró que no era suficiente la afirmación de los demandados de que construyeron porque creyeran que eran propietarios al haber comprado el terreno mediante contrato de compraventa privado, que no presentaron al proceso. En tal sentido, declaró fundado el recurso de casación y confirmó la sentencia de primera instancia.

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PROPIETARIO PUEDE ACUMULAR PRETENSIONES DE REIVINDICACIÓN Y DE DEMOLICIÓN DE LO CONSTRUIDO DE MALA FE POR EL POSEEDOR

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1230-2006-Lima (Data 45,000) Demandante: Bertha Muñoz Ramos Demandado: Luis Cahua Muñoz y otra Asunto: Reivindicación Fecha: 19 de octubre de 2006

El propietario de un terreno demanda su reivindicación y accesoriamente el desalojo y demolición respecto de la edificación construida en su propiedad, argumentando que tal edificación fue realizada de mala fe y que el demandado pretendía apoderarse del predio. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, pero la Sala Revisora revocó la sentencia apelada, declarando improcedente la demanda bajo el argumento de que existiendo una edificación sobre el lote de terreno sublitis no correspondía iniciar la reivindicación, sino hasta que se determine previamente la situación jurídica de la construcción efectuada. Ello involucraría verificar si la construcción se efectuó de buena fe o mala, fe, conforme a lo previsto por los artículos 941 y 943 del Código Civil (edificación den terreno ajeno de buena y mala fe respectivamente). Por tanto,

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para la Sala, habiéndose interpuesto la reivindicación como pretensión principal y la demolición de lo construido como pretensión accesoria, como la primera no podía ser planteada, la demanda devino en improcedente, de acuerdo con la causal prevista en el artículo 427 numeral siete del Código Procesal Civil. El demandante interpuso entonces recurso de casación, argumentado que se ha aplicado indebidamente el artículo 941 del Código Civil, puesto que las pretensiones planteadas en la demanda se referían a la reivindicación y a la demolición de lo edificado de mala fe en el predio objeto del proceso, en aplicación del principio de publicidad previsto en el artículo 2012 del Código Civil. Para la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Superior erró en sus consideraciones sobre el caso analizado, por tres razones principales: porque el demandante no había solicitado la reivindicación de lo edificado en el terreno, dada su imposibilidad fáctica y jurídica, por lo que exigió la demolición; porque no existe prohibición legal alguna para acumular a la pretensión de reivindicación la de accesión; y porque la pretensión accesoria de demolición de lo edificado se sustenta en el presunto actuar de mala fe de los demandados previsto en el artículo 943 del Código Civil y no en un obrar de buena fe según el artículo 941 del Código Civil, como equivocadamente señaló el Colegido Superior. Por tal motivo se declaró fundado el recurso de casación interpuesto.

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NO PROCEDE LA REIVINDICACIÓN PORQUE EL BIEN NO ESTÁ PLENAMENTE DELIMITADO

Una persona alega ser propietario de un inmueble y demanda su reivindicación respecto del actual poseedor. Señaló que el predio lo adquirió de sus padres y hermanos. El demandado, por su parte alegó ser propietario del bien en virtud de una escritura pública que no pudo presentar al proceso, señalando además que había una indeterminación sobre la delimitación del predio, por lo que no podía proceder la demanda de reivindicación.Ante ello, el demandante señaló que con la inspección judicial y el dictamen pericial que se realizaron en el proceso se llegó a determinar exactamente el predio a reivindicarse.

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Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 3436-2000Lambayeque (Data 45,000) Demandante: Matilde Santa Cruz Díaz Demandada: María Santos Rojas Callirgos Asunto: Reivindicación Fecha: 11 de julio de 2002


Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 3436-2000Lambayeque (Data 45,000) Demandante: Matilde Santa Cruz Díaz Demandada: María Santos Rojas Callirgos Asunto: Reivindicación Fecha: 11 de julio de 2002

La demanda fue de inicio declarada improcedente por el juez de primera instancia, ante la falta de claridad sobre los límites exactos del bien a reivindicarse. El demandante interpuso entonces recurso de apelación, argumentando que era viable ejercer la reivindicación como atributo del derecho de propiedad en este caso, pero la Corte Superior optó por declarar infundada la demanda, señalando que la procedencia de la acción reivindicatoria se define por la concurrencia de los varios elementos, incumpliéndose en el caso sublitis que el bien sea una cosa determinada. El demandante interpuso recurso de casación, argumentando que la Sala Superior inaplicó aquí el artículo 923 del Código Civil, sobre la definición de propiedad, por cuanto habría demostrado ser el legítimo propietario del predio, además de que se ha acreditado la propiedad e identificado el bien. Para resolver el asunto, la Corte Suprema precisó que la procedencia de la acción reivindicatoria exige la concurrencia de tres elementos: a) que la acción la ejercite el propietario que no tiene la posesión del bien, b) que ella esté destinada a recuperar el bien y no el derecho de propiedad, c) que el bien esté poseído por otro que no sea el dueño, y, d) que este último sea una cosa determinada. Luego, para la Corte no estuvo claramente acreditado en el proceso el carácter determinado del bien a reivindicarse, señalando además que el supuesto hipotético del artículo 923 del Código Civil no era aplicable a la cuestión fáctica establecida en autos, porque justamente no había existido la determinación del bien materia de reivindicación. Por estos motivos se declaró infundado el recurso de casación planteado.

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NO PROCEDE LA REIVINDICACIÓN POR NO ACREDITARSE LA PROPIEDAD DE QUIEN TRANSFIRIÓ EL BIEN POR TESTAMENTO

El supuesto propietario de un inmueble demandó su reivindicación, argumentando ser legítimo propietario del bien en virtud del testamento de su padre, que le atribuyó el derecho de propiedad. El demandado y poseedor, sin embargo, alegó ser posesionario del predio sublitis con derecho inscrito, acreditando su afirmación con una ficha literal de inscripción registral, verificada en el proceso, que en copia acompañó y con un certificado de posesión expedido por una junta de usuarios del sub distrito respectivo. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, fallo que fue confirmado por la Corte Superior. El demandado interpuso entonces un recurso de casación argumentando que en autos no obraba título legítimo de dominio de propiedad del demandante, ya que este debía probar además la condición de propietario de las personas de quienes provenía su derecho de propiedad adquirido por testamento, el que no acredita la legitimidad al derecho de propiedad del testador. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación exponiendo que si bien el actor había aportado un título de propiedad al procesos, sin embargo no había cumplido con acreditar la propiedad de las personas de quienes adquirió el bien, por no estar inscrito ese derecho en registros. Esta exigencia, según la Sala Suprema, era indispensable en tanto el demandado estaba oponiendo un derecho de posesión debidamente inscrito en la oficina registral respectiva a la pretensión reivindicatoria, esto es, un título que le permitía ejercer tal posesión. Por tal motivo se declaró fundado el recurso de casación incoado y, por ende, se desestimó la demanda.

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Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 484-2003Chimbote El Peruano, 30/05/2005. (Data 45,000) Demandante: Marco Antonio Servat Fournier Demandado: José Aladino Tantaleán Salcedo Asunto: Reivindicación Fecha: 9 de febrero de 2005


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NO PROCEDE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA CUANDO EL POSEEDOR PRESENTA TÍTULO QUE EXIGE UNA ACCIÓN DE MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1298-03-Tacna. El Peruano, 30/04/2004 (Data 45 000) Demandante: Eleuterio De La Cruz Loayza Demandada: Barbarito Chambilla Gómez Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 23 de setiembre de 2003

Una persona adquirió la propiedad de un lote de terreno de una asociación de vivienda, la que aparecía en registros públicos como titular del inmueble, inscribiéndose esta adquisición. Luego, estando un tercero en posesión del bien, el adquirente demandó la reivindicación de este último, a efectos de que el emplazado le restituya la posesión, bajo el argumento de que era él el legítimo propietario y que tenía un mejor derecho de posesión. El demandado, por su parte, se opuso a la acción reivindicatoria señalando ser él el propietario del inmueble, presentando al efecto u acta de adjudicación, anterior al título del demandante, expedida por la misma asociación de vivienda. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia, quien consideró que el demandado contaba con un título que lo hacía legítimo poseedor del bien. Elevado el caso tras la apelación del demandante, la Sala Civil de la Corte Superior de Tacna y Moquegua revocó la decisión del juez especializado y declaró improcedente la demanda, toda vez que a su criterio el acta de adjudicación que poseía el demandado le otorga a este derechos sobre el lote en cuestión, concluyéndose que el presente caso debía ser dilucidado en un proceso sobre mejor derecho de propiedad, en el que analicen los derechos de propiedad alegados por las dos partes. El demandante interpuso entonces recurso de casación, argumentando principalmente que había realizado una adquisición de buena fe conforme a los artículos 2014 (principio de buena fe pública registral) y 2022 (oposición registral de derechos) del Código Civil, normas que además del artículo 923 (definición de propiedad) del mismo código habrían sido inaplicadas por la Sala de mérito, según el recurrente. Señaló que el derecho del transferente se encontraba inscrito y la inscripción le otorgó su adquisición seguridad jurídica respecto a terceros, siendo un título inobjetable. Ello además hacía idónea la acción reivindicatoria planteada, a la que el demandado no podía oponerse. Para resolver el recurso de casación planteado, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema tomó encuneta las

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circunstancias especiales que ostentaban las partes en el proceso. En tal sentido, consideró impertinente aplicar a la materia controvertida las normas que fueron objeto de denuncia por su inaplicación, por existir un conflicto de derechos reales entre dos sujetos que reclaman similares títulos, tema que no podía dilucidarse en vía de acción reivindicatoria. Concluyó la Corte Suprema señalando que la vía procesal correspondiente para este caso era la de mejor derecho de propiedad, por lo que el recurso de casación se debía desestimar, dejándose a salvo el derecho del actor para accionar la defensa de sus derechos en la vía señalada.

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PROPIETARIO REIVINDICA SU BIEN PESE A NO ESTAR INSCRITO COMO TAL EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

Una persona adquiere mediante escritura pública de compraventa un inmueble que supuestamente era propiedad de los herederos de un causante, constando en los registros públicos solo el derecho de propiedad de este último. El adquirente del bien demanda entonces su reivindicación respecto de un poseedor fáctico de una parte del predio, demandando accesoriamente el desalojo de dicha persona. El demandado, por su parte, contesta la demanda señalando que ha poseído la parte del predio por treinta y cuatro años en forma pacífica, permanente, pública y de buena fe, no habiendo tenido con el demandante ningún tipo de relación contractual. Dijo además incluso que había adquirido la conducción, administración, uso y explotación de su parte del predio en virtud de las normas sobre la reforma agraria, estando inscrito registralmente su derecho posesorio. Por último, señaló que el demandante nunca condujo ni tuvo la posesión de su parte del predio, ni le reclamó su devolución. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, quien consideró que las pruebas documentales presentadas por el demandante, entre estas el testimonio de escritura pública de compraventa a su favor, acreditaban su derecho de propiedad; mientras que los documentos presentados por el demandado solo acreditaban la posesión del bien. En tal sentido, no había óbice, según el juez especializado, para que procediera la reivindicación del bien.

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Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 261-2006Del Santa (Data 45 000) Demandante: Marco Antonio Servat Fournier Demandado: Alejandro Cotillo Carrillo Asunto: Reivindicado Fecha: 8 de marzo de 2007


Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 261-2006Del Santa (Data 45 000) Demandante: Marco Antonio Servat Fournier Demandado: Alejandro Cotillo Carrillo Asunto: Reivindicado Fecha: 8 de marzo de 2007

El demandado interpuso entonces un recurso de apelación, mencionando que llevaba años poseyendo el bien y cuestionando el título presentado por el demandante: una escritura pública no inscrita, además de que el derecho de quienes transfirieron el bien al demandante no se encontraba inscrito, habiéndose presentado al proceso el testamento no inscrito del causante, lo que, según el demandado, no era prueba suficiente del derecho de propiedad alegado a efectos de la reivindicación. La Sala Civil de la Corte Superior del Santa acogió estos argumentos y revocó la sentencia de primera instancia, reformándola y declarándola improcedente, Consideró así que si bien el demandante presentaba un testimonio de escritura pública de compraventa que comprendía al íntegro del predio submateria, esta transferencia no estaba inscrita en los Registros Públicos, y por tanto, no resulta oponible a terceros, al no cumplir con el principio de publicidad establecido en el artículo 2010 del Código Civil. En ese sentido, para Sala no se cumplía un requisito ineludible para el ejercicio de la acción reivindicatoria: que el derecho del demandante se encuentre inscrito en los Registros Públicos. Como era de esperarse, el demandante interpuso recurso de casación alegando la indebida aplicación de los artículos 927 (sobre la acción reivindicatoria), 2010 (título para las inscripciones registrales) y 2016 (principio de prioridad preferente registral) del Código Civil. En concreto, consideró que el artículo 927 del Código Civil protege el derecho de propiedad, sin obligar su inscripción en los Registros Públicos, pues las inscripciones en el Registro de la Propiedad Inmueble no son obligatorias ni constitutivas de derechos. En esa línea, también se habían aplicado indebidamente los artículos 2016 y 2010 del Código Civil, pues ni el principio de prioridad ni el de publicidad registral obligan a la inscripción de la propiedad del inmueble. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema resuelvió entonces, el recurso de casación planteado, señalando que para pedir la reivindicación los artículos 923 y 927 del Código Civil, solo exigen que el demandante justifique la propiedad de los bienes reclamados con un título de dominio y que acredite que estos se hallan en posesión del demandado. Por lo tanto, no pueden exigirse otros requisitos para solicitar la reivindicación que no señala la ley, como lo es la inscripción en los Registros Públicos. Hizo ver además que

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tanto el Código Civil anterior como el actual consagran la teoría de la consensualidad respecto de la transferencia de inmuebles, no siendo constitutivo del derecho de propiedad ni la escritura pública ni, en su caso, la inscripción del testamento otorgado, pudiendo acreditarse así la transferencia por cualquier medio idóneo. En este sentido, para la Sala Suprema bastaba presentar el testimonio de escritura pública de compraventa, que constituye un título y que no fue cuestionado en el proceso, para incoar la acción reivindicatoria. Finalmente, con relación a la aplicación indebida de los artículos 2010 y 2016 del Código Civil, la Sala Suprema concluye que, en efecto, los principios de prioridad y de publicidad no obligan a la inscripción de la propiedad sobre inmuebles en los registros Públicos, e igualmente no son constitutivos de derechos, por lo que se le dio la razón al recurrente. Por las razones expuestas, se declaró fundado el recurso de casación presentado.

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NO ES NECESARIO ACREDITAR QUE SE ESTUVO POSEYENDO EL BIEN PARA ACCIONAR LA REIVINDICACIÓN

El propietario de un inmueble demandó su reivindicación y consecuente restitución, acreditando su derecho con un contrato de adjudicación a título gratuito inscrito en los Registros Públicos. El demandado, por su parte, argumentó que poseía el bien de manera legítima, habiéndose cumpliendo todos los requisitos legales para su adquisición vía prescripción adquisitiva. La demanda, no obstante, fue declarada fundada por el juez de primera instancia. Apelado el fallo por el demandado, la Sala Mixta de la Corte Superior de San Martín revocó la sentencia y declaró infundada la demanda, argumentando principalmente que el demandante no había acreditado que hubiera detentado en el pasado o que lo estuviera conduciendo actualmente, por lo que no era procedente su acción reivindicatoria. Ante ello, el demandante interpuso recurso de casación, alegando la aplicación indebida del artículo 896 del Código Civil (sobre la definición de posesión), sosteniendo que la sentencia de vista aplicó dicha norma legal con una motivación de carácter interdictal, que no era propia de una acción reivindicatoria.

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Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 347-2001-San Martín/Moyobamba (Data 45 000) Demandante: Wagner Dávila Veintemilla Demandados: Santiago Bardales Ramírez y otros. Asunto: Reivindicación Fecha: 22 de octubre de 2002


La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema resolvió el recuso planteado, señalando que la Sala de mérito incurrió en error de derecho al considerar que tratándose de una acción reivindicatoria se requiere que el actor acredite haber detentado o que viene conduciendo el bien, cuando dicha exigencia está prevista para el caso de la acción interdictal, la que tiene por sustento la posesión, mas no para el caso de la reivindicación que se basa en el derecho de propiedad y tiene por una de sus finalidades que el actor ingrese a ocupar el bien de su propiedad. Asimismo consideró la Corte Suprema que la simple tenencia a cargo del poseedor tampoco acredita que haya adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva, toda vez que para ello se requiere la existencia de una sentencia declarativa con calidad de cosa juzgada emitida en un proceso regular, en el que se declare ese derecho. Por estos motivos, se declara fundado el recurso de casación incoado.

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COPROPIETARIO PUEDE RECUPERAR POSESIÓN DEL BIEN SIN INTERVENCIÓN DE LOS DEMÁS COPROPIETARIOS

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 780-2004-Lima. El Peruano 30/09/2005. (Data 45 000) Demandante: Rosa Albina Huapaya Agapito Demandados: Virginia Olga Ramos Martínez y otros Asunto: Desalojo por Ocupación Precaria Fecha: 17 de junio de 2005

Uno de los copropietarios de un terreno demandó el desalojo por ocupación precaria respecto de dos personas que venían ocupando este último de modo parcial. Los demandados, por su parte, cuestionaron la legitimidad del actor para obtener la posesión del bien, por ser un bien en copropiedad y no actuar aquel en representación de los demás copropietarios. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La parte demandada impugnó el fallo por considerar que el juez no valoró que el demandante carece de legitimidad para obrar, ya que los demás copropietarios no se habían pronunciado al respecto. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó entonces la sentencia de primera instancia. La parte demandada interpuso, por tanto, un recurso de casación, alegando la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso en la medida en que no se había dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 586 del Código Procesal Civil (sobre el sujeto activo y pasivo en el desalojo), ya

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que la demandante no había acreditado su legitimidad para accionar. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara finalmente infundado el recurso de casación, exponiendo que al haber acreditado la demandante su calidad de copropietario, estaba facultado para solicitar la restitución del predio conforme lo establece el artículo 586 del Código Procesal Civil, norma que preceptúa que pueden demandar desalojo “tanto el propietario como cualquier persona que considere tener derecho a la restitución del predio”, supuesto que es concordante con el artículo 969 del Código Civil en el sentido de que cualquier copropietario puede reivindicar el bien común y a su vez entablar las acciones posesorias y las demás que la ley determine.

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NO PROCEDE LA REIVINDICACIÓN SI NO SE DETERMINA EL ÁREA Y LA PARTE MATERIAL SOBRE LAS QUE RECAE EL DERECHO DE PROPIEDAD

El supuesto propietario de un terreno demanda su reivindicación, alegando que el demandado posee ilegítimamente parte del referido inmueble. El demandado, por su parte, alegó tener derecho a la posesión, lo que además se encontraba en litigio en un proceso de desalojo. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, por considerar que el demandante había probado su derecho de propiedad, por lo que procedía la reivindicación. La Sala Civil de la Corte Superior de Loreto, sin embargo, revocó la sentencia de primera instancia y declaró infundada la demanda argumentando que la extensión de los predios indicados por la demandante no coincidía con lo descrito en la ficha registral, por lo cual no procedía la reivindicación y aun cuando este último tema no había sido planteado por el demandado. El demandante interpuso entonces un recurso de casación, argumentando que la Sala de Superior había expedido un fallo extra petita, vulnerando el principio de congruencia, toda vez que se pronunció sobre una pretensión no discutida al sostenerse que se debía consolidar la restitución de los predios materia de reivindicación en un área menor.

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Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 738-2000Cusco (Data 45 000) Demandante: Rosa Estela Espinoza Villasante Demandados: Manuel Saire Paso y otra Asunto: Reivindicado Fecha: 20 de junio de 2002


Para la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, finalmente, el Juez de la causa así como la Sala de Superior han procedido a expedir sentencia sin que se actúen todos los medios probatorios necesarios para formar convicción y adoptar resolución. Y es que al no haber acreditado el demandante su derecho de propiedad como heredero del predio pero no el área exacta y la parte material sobre la cual recaía su derecho de propiedad, era menester actuar una inspección judicial con presencia de ingenieros peritos expertos en la materia a fin de determinar los límites del predio materia de litis. Por esta razón, se declara fundado el recurso de casación y nulas las sentencias de mérito, a efectos de que se efectúe la actuación probatoria señalada.

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PROCEDE LA REIVINDICACIÓN EN CASO DE DUPLICIDAD DE PARTIDAS REGISTRALES QUE DECLARAN LA PROPIEDAD DE AGENTES DIFERENTES

Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 1320-2000-Ica El Peruano, 30/06/2004. (Data 45 000) Demandante: Negociación Agrícola Almería Sociedad Anónima Demandada: Agrícola Río Seco Sociedad Anónima Asunto: Reivindicación y pago de frutos Fecha: 11 de julio de 2002

El supuesto propietario de un terreno demandó su reivindicación y el pago de frutos, alegando que su derecho de propiedad se encontraba inscrito en los registros y que, por ende, el demandado poseía ilegítimamente el referido inmueble. Por su parte, el demandado afirmó ser propietario del bien al haberlo adquirido mediante compraventa, la que también habría sido objeto de inscripción, evidenciándose la existencia de una duplicidad de partidas registrales. La demanda fue declarada infundada tanto por el juez de primera instancia como por la Sala Civil de la Corte Superior de Loreto. El principal argumento para ello fue que ante la existencia de la duplicidad de partidas que publicitaban el derecho de propiedad de ambas partes y por ende que evidenciaban un conflicto respecto al derecho de propiedad sobre el bien, no podía otorgarse la reivindicación solicitada. El demandante interpuso, entonces, recurso de casación, alegando que no se habían aplicado los artículos 2015, 2016 y 2022 del Código Civil, relativos a los principios de tracto sucesivo registral, prioridad en el tiempo de la inscripción (que determina la preferencia de los derechos que otorga el registro) y la oponibilidad de los derechos reales sobre inmuebles, respectivamente, señalando que el derecho de propiedad tenía una inscripción

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registral más antigua a la inscripción del título supletorio que sobre el mismo bien obtuvo el demandado. Por tanto, debía preferirse su derecho de propiedad y concederse la reivindicación solicitada. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema consideró como premisa fundamental que la acción reivindicatoria procede también contra el poseedor con título de propiedad que incluso pudiera tener su dominio inscrito en los registros públicos, configurándose así la figura del tercero del registro, pudiendo, por tanto, dilucidarse dentro del mismo proceso de reivindicación, como una cuestión probatoria, a quien corresponde el mejor derecho de propiedad. Asimismo, que debía tenerse en cuenta que si bien el mejor derecho de propiedad puede solicitarse en vía de acción, esta no es una acción real stricto sensu, sino que se puede discutir al interior de la acción reivindicatoria. En consecuencia, para la Sala Suprema, no es esta necesariamente una acción aparte o independiente de la reivindicatoria, sino que está incursa dentro de ella. En tal sentido, advirtiendo la Corte Suprema que tanto el demandante como el demandado ostentaban títulos sobre el mismo bien, ambos inscritos en los Registros Públicos pero en partidas diferentes, existiendo duplicidad de partidas registrales y consecuentemente una superposición, era necesario realizar un estudio de los títulos, para así poder determinar cuál es el título que le confiere a su tenedor el derecho de propiedad y que prevalece sobre el otro, a fin de resolver la acción reivindicatoria. Así, para la Sala, bastaba apreciar que el título de propiedad del demandante tenía una inscripción más antigua que el del demandado, para establecer que aquel prevalece sobre este último, siendo el demandante propietario exclusiva del inmueble y pudiéndolo reivindicar. Por estos motivos, se declaró fundado el recurso de casación.

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Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 1320-2000-Ica El Peruano, 30/06/2004. (Data 45 000) Demandante: Negociación Agrícola Almería Sociedad Anónima Demandada: Agrícola Río Seco Sociedad Anónima Asunto: Reivindicación y pago de frutos Fecha: 11 de julio de 2002


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EN CASO DE HABERSE HECHO CONSTRUCCIONES NO PROCEDE LA REIVINDICACIÓN POR TENER QUE APLICARSE LAS NORMAS SOBRE EDIFICACIÓN EN TERRENO AJENO

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2391-2005Lambayeque. El Peruano, 31/08/2006. (Data 45 000) Demandante: Nícida Tapia Vásquez viuda de Fernández Demandados: Catalina Fernández Tapia y otro Asunto: Reivindicación Fecha: 7 de abril de 2006

La propietaria de un terreno demanda su reivindicación respecto de dos personas que venían ocupándolo y que habían elevado edificaciones; además solicita de manera accesoria la declaración judicial de hacer suyo lo edificado de mala fe por los demandados. Los demandados, por su parte, consideraron que su posesión era legítima, en tanto el mismo propietario les había hecho entrega gratuita en uso del bien y habían hecho edificaciones que le pertenecían. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, fallo que fue impugnado por la parte demandada. La Corte Superior de Justicia de Lima revocó, entonces, la sentencia, declarando improcedente la demanda en el extremo en que se solicita reivindicación de inmueble e infundada en el extremo en que se solicita la declaración judicial de hacer suyo lo edificado de mala fe por los demandados. Se consideró así que los demandados eran poseedores de buena fe de, habiéndoseles hecho una entrega voluntaria del inmueble debido a la relación familiar existente con el demandante, y que el reclamo de este último surgió cuando se remitió, de una carta notarial a los demandados advirtiéndoseles de su posesión ilegítima, luego de muchos años de posesión pacífica del bien. Se apreció además que a la fecha de la comunicación referida, los demandados dejaron de efectuar construcciones en el terreno del demandante. En su argumentación, la sentencia de vista no desconoció el derecho de propiedad de la demandante, pero sí advirtió una indebida utilización de los diversos mecanismos de tutela civil existentes en nuestra normatividad, por ello es que ha declarado la improcedencia del pedido de reivindicación. Consideró así que en los casos en los que sobre terreno ajeno se hayan producido edificaciones por parte de los no propietarios, la reivindicación deberá operar a través de los supuestos de hecho recogidos en los artículos 941 y 943 del Código Civil, determinándose la buena fe o mala fe, y como tal las compensaciones, indemnizaciones o sanciones según sea el caso.

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El demandante interpuso entonces un recurso de casación, alegando la inaplicación del artículo 70 de la Carta Magna (sobre el derecho constitucional de propiedad), pues, según dijo, se le había privado del derecho de propiedad que le asistía y que había producido con el fallo una clara confiscación de su propiedad predial a manos de terceros. Alegó también la inaplicación del artículo 923 del Código Civil (sobre la definición de propiedad) y la interpretación errónea del artículo 943 del Código Civil, pues se había acreditado que la edificación había sido de mala fe y en terreno ajeno. Para resolver el recurso, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema señaló que en los casos en los que sobre terreno ajeno se hayan producido edificaciones por parte de los no propietarios, la reivindicación deberá operar a través de los supuestos de hecho recogidos en los artículos 941 y 943 del Código Civil, determinándose la buena fe o mala fe, y como tal las compensaciones, indemnizaciones o sanciones según sea el caso. En otras palabras, la posibilidad de reivindicar el inmueble de su propiedad debe ser ejercida por el demandante conforme a los diversos mecanismos de tutela existentes, ello para hacerlo acorde con el postulado constitucional de ejercer el derecho de propiedad en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. En ese sentido, los supuestos de hecho previstos en los artículos 941 y 943 del Código Civil (aplicable el primero para el caso de las edificaciones realizadas de buena fe y el segundo para las edificaciones efectuadas de mala fe), recogen ya, según la Corte, la facultad de reivindicación del suelo y de las construcciones unidas o adheridas a él, las que por accesión pasan a formar una unidad. Por estos motivos, se declaró infundado el recurso de casación, ratificándose los argumentos de la sentencia de vista.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2391-2005Lambayeque. El Peruano, 31/08/2006. (Data 45 000) Demandante: Nícida Tapia Vásquez viuda de Fernández Demandados: Catalina Fernández Tapia y otro Asunto: Reivindicación Fecha: 7 de abril de 2006


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NO SE LEVANTA EMBARGO DE VEHÍCULO QUE FUE TRANSFERIDO FUERA DE REGISTROS ANTES DE LA FORMALIZACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 5277-2006-Lima El Peruano 02/10/2007 (Diálogo con la Jurisprudencia, Nº 115, abril 2008) Demandante: Luis Enrique Agreda Gallarday Demandada: Rokotors Sociedad Anónima y otro Asunto: Tercería de propiedad Fecha: 29 de marzo de 2007

El adquirente fuera de registros de un vehículo interpuso una demanda de tercería de propiedad con relación a la medida cautelar de embargo en forma de retención que ordenó un juez, con motivo de una deuda contraída por el anterior propietario transferente. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia ordenándose que se levante la medida cautelar de embargo, por considerarse acreditada la propiedad del tercerista. La parte demandada impugnó el fallo. La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima revocó la sentencia de primera instancia y reformándola declaró infundada la demanda, considerando que el embargo fue inscrito respecto del deudor que aparecía como propietario del bien, a lo que no podía oponerse una transferencia no publicitada. Contra este fallo, el demandante interpuso un recurso de casación, alegando la aplicación indebida de los artículos 134, 135, 137, 151 y 152 del Reglamento General de los Registros Públicos, y la inaplicación de los artículos 2019 (sobre los actos y derechos inscribibles), 2012 (principio de publicidad registral) y 947 (transferencia de propiedad de bien mueble por la tradición) del Código Civil. Dijo que la tradición del vehículo que adquirió se produjo cuando no se encontraba inscrita ninguna medida cautelar que limite su derecho en registros, por lo que no tenía ninguna obligación que asumir sobre el particular. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declaró finalmente infundado el recurso de casación planteado, exponiendo que la presente tercería versaba sobre la propiedad de un vehículo que había sido gravado con una medida cautelar de embargo, habiéndose inscrito esta última conforme a la publicidad registral, vale decir, cuando aparecía como propietario el transferente del actual demandante. Y lo relevante, según la Corte, es que no era materia de discusión en este proceso si se produjo una transferencia efectiva de un bien mueble, sino la oponibilidad de los derechos de ambas partes, conforme a las normas registrales vigentes al momento de los hechos. En tal sentido, una potencial aplicación del artículo 947 del Código Civil no modificaría el pronunciamiento que resolvió esta causa.

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SE ENTIENDE ENTREGADO Y TRANSFERIDO JURÍDICAMENTE UN VEHÍCULO CON LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL

Una persona que alega ser propietaria de un camión sobre el que recayó una medida cautelar de secuestro, interpuso una demanda de tercería de propiedad, por haberse dictado esa medida cautelar con motivo de una deuda contraída por quien le transfirió el bien y por la cual, por lo tanto, su vehículo no debía responder. Además dijo contar con la tarjeta de propiedad del bien, por lo que su adquisición había inscrito, incluso en fecha anterior a que se dicte la medida cautelar. Resultó, sin embargo, que al momento de efectuarse el secuestro sobre el bien, este se hallaba en poder del supuesto transferente. Por este motivo, el demandado alegó que el tercerista nunca fue propietario del bien, pues jamás pagó el precio por este ni se le hizo la tradición, teniéndose en cuenta que el bien aún estaba en poder del supuesto transferente y deudor suyo. La demanda fue de inicio declarada infundada por el juez de primera instancia, por considerarse que el tercerista no era propietario del bien, al no haberse dado la tradición exigida por el artículo 947 del Código Civil, referido a la forma como opera la transferencia de propiedad de los bienes muebles. El demandante impugnó entonces este fallo, por considerar que el juez no valoró que había adquirido el vehículo objeto del proceso antes de que se ejecute la medida de secuestro. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Chiclayo revocaría la sentencia apelada de primera instancia y reformándola declaró fundada la demanda, disponiendo que se levante la medida cautelar trabada sobre el camión. Consideró al efecto el hecho de que la propiedad del tercerista adquirente se inscribió en la oficina registral con anterioridad al momento en que se materializó el secuestro. Asimismo, minimizó que al momento de su captura el vehículo se encontrara en posesión del anterior propietario, lo que, para la Sala, no significaba que el bien dejara de ser de propiedad del demandante. Frente a este fallo, el demandado interpuso un recurso de casación, alegando la inaplicación del artículo 947 del Código Civil, en tanto la transferencia de propiedad de una cosa mueble se efectúa con la tradición a su

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1622-2003Lambayeque. (Data 45 000) Demandante: Santiago Hernández Ríos Demandada: Fortunato Mendoza Llanos y otro Asunto: Tercería de Propiedad Fecha: 26 de noviembre de 2003


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1622-2003Lambayeque. (Data 45 000) Demandante: Santiago Hernández Ríos Demandada: Fortunato Mendoza Llanos y otro Asunto: Tercería de Propiedad Fecha: 26 de noviembre de 2003

acreedor, salvo disposición legal diferente. Con ello, a contrario sensu se había inaplicado, según el demandado, el artículo 2014 del mismo código, referente al principio de la buena fe registral, en concordancia con el artículo VII del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, que protege al tercero que a título oneroso y de buena fe contrato sobre la base de la información del registro. Dijo así el recurrente que al no haberse acreditado la tradición del vehículo al presunto comprador, no resultaban aplicables los conceptos de tercero civil ni de tercero registral contenidos en dichas normas, por lo que no podía admitirse la existencia de la supuesta adquisición, aun cuando se hubiere inscrito el alegado derecho de propiedad del tercerista. Para la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, sin embargo, si bien en virtud del artículo 947 del Código Civil la transferencia de una cosa mueble determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, también era verdad que la entrega física no es una exigencia consustancial para que opere la transferencia de propiedad de un bien mueble registrable. Y es que en estos casos la entrega se entendería efectuada al momento de la inscripción del derecho de propiedad del nuevo adquirente, constituyéndose a partir de entonces una entrega jurídica. En tal sentido, desde el momento en que se inscribió el derecho del comprador en el registro de propiedad vehicular se entendería entregado jurídicamente el bien a su favor, aunque este permanezca todavía en poder del vendedor, como fue el caso. Por tal motivo, la Corte declaró infundado el recurso de casación presentado.

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RECTIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS Y PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

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DEMANDA DE RECTIFICACIÓN DE ÁREAS, LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS ES IMPRESCRIPTIBLE

El propietario de un inmueble demandó la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de dicho bien, ubicado en un edificio. Los demandados emplazados, que fueron los propietarios colindantes, plantearon una excepción de prescripción adquisitiva, señalando que la acción planteada había ya prescrito dado el largo tiempo transcurrido, mayor a diez años. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia, quien consideró que como la pretensión era de naturaleza real está sujeta al plazo de prescripción extintiva fijado en el numeral primero del artículo 2001 del Código Civil, que se computaba desde la fecha de inscripción registral de la declaratoria de fábrica y reglamento interno. El demandante impugnó este fallo, el que sin embargo, fue confirmado por la Corte Superior de Lima. El demandante interpuso entonces un recurso de casación, alegando la aplicación indebida del numeral primero del artículo 2001 del Código Civil. Sostuvo que la acción incoada no estaba sujeta a un plazo de prescripción porque contener una pretensión de naturaleza obligacional, a efectos de que los terceros (colindantes) cumplan su obligación de reconocer la delimitación correcta de los predios del edificio, y no de obtener el reconocimiento de derechos reales sobre estos bienes inmuebles. Para la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, la pretensión demandada, a diferencia de lo que dijo el demandante, es de naturaleza real pues no se desarrolla al interior de una relación jurídica obligatoria entre el demandante y sus colindantes. Y es que, según la Corte,

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2176-2006-Lima. (Data 45 000) Demandante: Julio Manuel Marín Barrantes Demandado: Igor Marañón Pimentel y otros Asunto: Rectificación de área Fecha: 12 de marzo de 2007


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2176-2006-Lima. (Data 45 000) Demandante: Julio Manuel Marín Barrantes Demandado: Igor Marañón Pimentel y otros Asunto: Rectificación de área Fecha: 12 de marzo de 2007

los colindantes son demandados en este caso no porque tengan la obligación de rectificar el área, linderos o medidas perimétricas que fueron declarados en la respectiva declaratoria de fábrica formulada por el ingeniero constructor, sino porque la pretensión demandada podía contener una reivindicación encubierta. Vale decir, se les dirigió la demanda para que no afecten derechos de terceros, que es la razón por la cual artículo 506 del Código Procesal Civil dispone el emplazamiento a los colindantes. Empero, no obstante ser una pretensión de naturaleza real, para la Corte Suprema ello no implica necesariamente que dicha acción esté sujeta a prescripción extintiva, pues debía evaluarse si la acción la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas es por naturaleza imprescriptible. Al efecto, deben tomarse como referencia las acciones reivindicatoria y de partición de copropiedad, que tienen ese carácter imprescriptible. La Corte llega a la conclusión, entonces, de que la pretensión de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas tiene una función básicamente de dar certeza a una determinada situación jurídica, buscándose corregir un error cometido al momento de la declaratoria de fábrica realizada por un profesional de la construcción, en caso de discrepancia entre la realidad y lo declarado registralmente. Y es que esta búsqueda de certeza supone el ejercicio de una determinada facultad, la cual no resulta autónoma del derecho de propiedad. Por lo tanto, mientras el derecho subjetivo exista a favor de determinado sujeto de derecho, este debe poder ejercer la facultad rectificatoria en cualquier momento, manteniéndose vigente mientras se detente la titularidad del bien. En ese sentido, para la Corte Suprema la facultad de solicitar la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas tiene la condición de imprescriptible, tal como lo dijo el demandante pero una razón diferente. Por ello, se declaró fundado el recurso de casación presentado.

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UNA RECTIFICACIÓN DE ÁREA NO AFECTA LA VALORIZACIÓN HECHA A UN INMUEBLE EN EJECUCIÓN

Una entidad bancaria titular de un derecho de hipoteca inició un proceso de ejecución de garantía, con la finalidad de hacerse cobro del crédito garantizado. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, ordenándose entonces el remate del bien dado en garantía hipotecaria. Sin embargo, el demandado señaló que en el fallo, el juez ejecutor no valoró al momento de ordenar el remate que el certificado de gravamen adjunto debería actualizarse, pues tenía una fecha de emisión que no tomaba en cuenta los títulos pendientes de inscripción respecto del bien hipotecado, en concreto una rectificación de área.

Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial Exp. N° 706-2005-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco Financiero del Perú Demandados: Daniel Esmaro Castro Aguirre y otra Asunto: Ejecución de garantía hipotecaria Fecha: 31 de agosto de 2005

Resolviendo finalmente el caso, la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial consideró que la implicancia que la aludida rectificación de área pueda o no tener en la valorización del bien era un asunto que no afectaba la etapa cognoscitiva ni resolutiva de la causa alzada, pues el juez puede ordenar, si su prudente criterio así lo determina, la verificación de una nueva valorización haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 729 del Código Procesal Civil. Por tal motivo, se confirmó la sentencia de primera instancia, declarándose fundada la demanda de ejecución.

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A EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA SOLO PUEDEN ADICIONARSE TIEMPOS POSESORIOS ANTERIORES DIRECTOS Y A TÍTULO DE POSESIONARIO

Una persona jurídica demanda se le declare propietaria por prescripción adquisitiva de dominio de un terreno, alegando haberlo poseído continua, pacífica y públicamente como propietaria, además de que a su tiempo de posesión debía adicionarse el de la empresa de la cual adquirió el inmueble, completándose así el tiempo legal requerido. La demanda, si embargo, fue desestimada por el juez de primera instancia por considerarse que entre la posesión del demandante y de la empresa había existido un intervalo de tiempo de un año y cinco días, por lo que la posesión se había interrumpido, no

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1694-2003-Santa El Peruano, 03/05/2004. (Data 45 000) Demandante: Pesquera Luis Julio Sociedad de Responsabilidad Limitada Demandadas: Empresa Nacional Pesquera Sociedad Anónima y otra Asunto: Prescripción adquisitiva Fecha: 19 de noviembre de 2003


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1694-2003-Santa El Peruano, 03/05/2004. (Data 45 000) Demandante: Pesquera Luis Julio Sociedad de Responsabilidad Limitada Demandadas: Empresa Nacional Pesquera Sociedad Anónima y otra Asunto: Prescripción adquisitiva Fecha: 19 de noviembre de 2003

pudiendo adicionarse esos tiempos posesorios ajenos a la demanda planteada. Se determinó además que la demandante no había obtenido la posesión de la empresa mencionada, sino de un municipio que le adjudicó el bien en venta. La demandante, por supuesto, impugnó el fallo de primera instancia, pero la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó lo resuelto, bajo los mismos argumentos. La demandante interpuso entonces recurso de casación alegando que se había interpretado erróneamente lo dispuesto en el artículo 898 del Código Civil (sobre la adición del plazo posesorio), al sostener la Sala que la acumulación establecida en la norma es únicamente aplicable para el poseedor inmediato anterior, no pudiendo acumularse, según su criterio, a periodos anteriores a este. No obstante, la demandante consideró que del texto del dispositivo se desprende que el poseedor puede unir su plazo posesorio con el de su causante, no existiendo prohibición o límite alguno respecto a que este a su vez acumule los periodos anteriores, trasmitiéndose válidamente los mismos al nuevo poseedor, interpretación que sería correcta además en perspectiva doctrinaria. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, sin embargo, consideró correcta la interpretación efectuada del artículo 898 del Código Civil por la sentencia de vista, ya que existió una entidad municipal que ejerció el dominio del predio entre las dos posesiones que se pretendían acumular. Luego, operó aquí un periodo de interrupción de la posesión, no siendo factible adicionarse tampoco la posesión que ejerciera el municipio, toda vez que para que proceda la suma de ambas posesiones, ambas deben llevar implícitamente la posibilidad de que el bien sea adquirido por prescripción adquisitiva. Ello no sucedió, para la Corte, en el caso analizado en tanto la posesión de la entidad municipal era a título de propietaria y no de posesionaria. Se declaró por todo ello infundado el recurso de casación planteado y, por ende, se desestima la prescripción adquisitiva demandada.

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POSEER UN BIEN EN LITIGIO HACE NO PACÍFICA LA POSESIÓN A EFECTOS DE UNA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

El poseedor de un bien demandó que se le declare propietario por prescripción adquisitiva, argumentando que ha poseído el bien de manera continua, pacífica, pública y como propietario durante el tiempo exigido por el Código Civil. Su demanda, sin embargo, fue declarada infundada por el juez de primera instancia y confirmado ello por la Corte Superior, en tanto se acreditó que existían procesos judiciales en trámite relacionados con la titularidad del inmueble objeto del proceso, lo que provocaba que la posesión alegada dejara de ser pacífica, incumpliéndose con uno de los requisitos de la prescripción adquisitiva. El demandante interpuso entonces un recurso de casación argumentando que se ha realizado una interpretación errónea del artículo 950 del Código Civil respecto a los alcances del carácter pacífico de la posesión, pero la Corte Suprema desestimó este pedido. Al efecto, tomó en cuenta tal como lo ilustra la Real Academia Española, el término “pacífico” o “pacífica” que hace referencia a algo “tranquilo, sosegado, que no provoca luchas o discordias”. En tal sentido, la posesión pacífica sería aquella que se ejerce sin perturbación ni cuestionamiento alguno, es decir, en total armonía y con la tácita aprobación y aceptación de los demás integrantes de la sociedad. Y ello no era los que se observaba en el caso en análisis, la tramitación de dichos procesos tenía como lógica consecuencia para la Sala Suprema que la posesión alegada deje de ser pacífica, esto es, debido a la existencia de luchas o discordias. Por este motivo, se declaró infundado el recurso de casación planteado.

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Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 1126-2001La Libertad (Data 45 000) Demandante: Manuela Urquiaga Jacobs de De la Guerra Demandada: Benilda Angélica Muñoz Cabrera Asunto: Prescripción Adquisitiva de dominio Fecha: 10 de octubre de 2002


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POSEEDOR QUE RECONOCE LA PROPIEDAD DE TERCERO NO ADQUIERE EL BIEN POR PRESCRIPCIÓN

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1784-2002La Libertad El Peruano, 03/02/2003 (Data 45 000) Demandante: José Agapito García Vilca Manuela Demandada: Municipalidad Provincial de Trujillo Asunto: Prescripción adquisitiva de dominio Fecha: 16 de octubre de 2002

El poseedor de un bien demandó que se le declare propietario por prescripción adquisitiva, argumentando que había ejercido la posesión de manera continua, pacífica, pública y como propietario durante el tiempo exigido por el Código Civil. El demandado, por su parte, alegó que el demandante no cumplía con uno de los requisitos fundamentales para adquirir la propiedad por prescripción; el ánimus dóminis, vale decir, el ocupar el bien como propietario. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia, fallo que fue confirmado por la Corte Superior, habiéndose corroborado que el demandante no cumplía con el requisito del ánimus dóminis, al haber efectuado una declaración asimilada en un proceso de desalojo seguido contra él por el ahora demandado, en el que reconoció que el propietario del bien era este último. La Corte Suprema, que conoció el caso en vía de casación, ratificó los argumentos de la instancia anterior, aplicando lo dispuesto por el artículo 221 del Código Procesal Civil, en el sentido de las afirmaciones contenidas en actuaciones judiciales o escritos de las partes se tienen como declaraciones de estas, aunque el proceso sea declarado nulo, siempre que la razón del vicio no las afecte de manera directa. Por tal motivo, para la Sala Suprema el ahora demandante no cumplía con uno de los requisitos fundamentales para adquirir la propiedad por prescripción, esto es, el de ocupar el bien como propietario, tal como lo exige el artículo 950 del Código Civil, al haber señalado en un proceso de desalojo anterior que el bien pertenecía al demandado, por lo que se declaró infundada la casación planteada.

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POSEEDOR QUE RECONOCE LA PROPIEDAD DEL ESTADO ADQUIERE EL BIEN POR PRESCRIPCIÓN

Unos poseedores plantearon una prescripción adquisitiva, alegando estar en posesión de un inmueble por un tiempo que excedía todos los plazos previstos para que opere dicha figura, al haberlo adquirido en el año 1981 e interpuesto la demanda en el 2003. Sin embargo, el bien se encontraba inscrito como bien estatal, por lo cual paralelamente ellos solicitaron administrativamente su adjudicación en venta directa. El obstáculo que se les presentaba para la prescripción, sin embargo, era determinar si cumplían con el requisito del animus domini, por cuanto mediante el trámite de la adjudicación hicieron una manifestación de que el bien era de propiedad del Estado. Tanto la primera instancia como la Sala Superior del proceso de prescripción adquisitiva declararon infundada la demanda. Ya en casación, sin embargo, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema declaró fundado el recurso y, en consecuencia, se reconoció el derecho de propiedad de los prescribientes sobre el inmueble. En la argumentación, se señaló que existía el animus domini en los poseedores tomando en cuenta que en el predio los actores construyeron su vivienda, se dedicaron al mejoramiento y nivelación del terreno, pagaron el impuesto predial ante la Municipalidad, entre otras pruebas irrefutables del ejercicio de hecho de las facultades y atribuciones propias de un propietario comportándose como tal. La Sala Suprema reconoció así el hecho de reconocer el derecho de propiedad del Estado en la vía administrativa sobre un predio (lo que puede extenderse al ámbito judicial) no excluye el animus domini del poseedor, pues los procesos de prescripción adquisitiva deben estar dirigidos contra el propietario que no se encuentra en posesión del bien por más de diez o cinco años. Lo contrario significaría desconocer la existencia del sujeto pasivo de la relación jurídica en dichos procesos. Además, dijo que no podía oponerse el hecho de la solicitud en la vía administrativa de la adjudicación en venta directa del terreno. Y es que el haber reconocido el derecho de propiedad del Estado sobre el predio no implicaría que los poseedores no hayan tenido animus domini, pues la usucapión se dirige precisamente contra el propietario

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Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 1192-2009Arequipa. El Peruano, 30/09/2010 (Diálogo con la Jurisprudencia N° 151, abril 2011) Demandante: Ana Aurelia Suárez De Talavera y otro Demandada: Superintendencia de Bienes Nacionales Asunto: No se menciona Fecha: 22 de setiembre de 2009


que no se encuentra en posesión del bien. Agrega la Sala Suprema que suponer lo contrario significaría desconocer la existencia del sujeto pasivo de la relación jurídica en los procesos de prescripción adquisitiva.

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POSEEDOR QUE ADQUIERE EL BIEN POR ACUERDO PRIVADO NO PUEDE PEDIR LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2943-2001Ancash El Peruano, 04/04/2001 (Data 45 000) Demandante: Rubén Francisco Osorio González Demandada: Sucesión de don Teógenes Policarpio Ortíz Mejía Asunto: Prescripción adquisitiva de dominio Fecha: 4 de abril de 2002

Una persona demandó prescripción adquisitiva de dominio sobre un bien que había adquirido mediante convenio privado, específicamente un “acuerdo de venta”, alegando haber poseído de la manera exigida por el Código Civil a efectos prescriptorios. La demanda, sin embargo, fue declarada infundada por el juez de primera instancia, fallo que fue confirmado por la Corte Superior, por considerarse que alguien que alega propiedad no pueda adquirir un bien por prescripción, que es una forma de adquisición originaria del derecho de propiedad. Frente a este criterio resolutivo, el demandante interpuso recurso de casación argumentando la interpretación errónea del artículo 950 de Código Civil, sobre los requisitos de la prescripción adquisitiva. Dijo así el recurrente que la Sala Superior incurrió en una manifiesta confusión entre las figuras del título supletorio y la prescripción adquisitiva de dominio, pues al hacer referencia al propietario que carece de título lo hizo también con relación al procedimiento de formación de título supletorio, que no era el caso analizado, esto es, desnaturalizando el verdadero sentido y alcances de la norma invocada, cuyos presupuestos han sido debidamente acreditados con los medios probatorios aportados, por lo cual no podía desecharse la declaración de prescripción. Finalmente, dijo que la doctrina es uniforme al establecer que quien tiene títulos imperfectos provenientes de la adquisición del bien, de un propietario, tiene expedito su derecho para regularizarlo mediante una acción de prescripción adquisitiva de dominio, siendo este el caso. La Corte Suprema, finalmente, declaró improcedente el recurso de casación, exponiendo que del contenido de la sentencia impugnada se desprendía que el propio demandante había referido haber adquirido la propiedad del predio sublitis mediante un documento privado llamado “acuerdo de venta”, lo que se corrobora

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con la propia petición del actor al solicitar, en el recurso de casación, la aplicación al caso del artículo 949 del Código Civil. En esa línea, la Sala Suprema consideró que al haber asumido el actor la calidad de propietario, no eran aplicables a su demanda las normas referidas a la prescripción adquisitiva de dominio, como bien lo resolvió la Sala de Mérito. Por este motivo, se desestimó el pedido casatorio planteado.

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PROPIETARIO DE UN BIEN QUE EXTRAVIÓ SU TÍTULO LO ADQUIERE POR PRESCRIPCIÓN

El poseedor de un bien demandó que se le declare propietario por prescripción adquisitiva, argumentando que originalmente había adquirido por un documento privado que se le había extraviado; pero que, de igual modo, ha ejercido la posesión de manera continua, pacífica, pública y como propietario durante el tiempo exigido por el Código Civil, por lo cual pidió se le declare jurídicamente propietario. El demando, por su parte, cuestionó la demanda del actor, por considerar que lo que se debió demandar en el supuesto de hecho planteado era el otorgamiento de la escritura pública o el perfeccionamiento documentario a través de la demanda de títulos supletorios, mas no accionarse la prescripción adquisitiva de dominio para que se le declare propietaria del bien a una persona que dice ya ser propietaria en vía negocial. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, fallo que fue impugnado por el demandado, por los mismos argumentos referidos en el párrafo anterior. La Corte Superior de Lima, sin embargo, confirmó la sentencia de primera instancia, por lo que el demandado interpuso recurso de casación, argumentando la inaplicación del artículo 1549 del Código sustantivo, referido a la obligación esencial del vendedor de perfeccionar la transferencia de la propiedad del bien, reiterando que si el demandante realizó la compraventa del inmueble sub júdice mediante un documento privado, pero perdió dicho documento, le correspondía demandar el otorgamiento de la escritura pública o el perfeccionamiento documentario a través de los títulos supletorios.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2750-2003La Libertad. El Peruano, 30/03/2005. (Data 45 000) Demandante: Gloria Esther Ascoy Berrú Demandado: Jorge Campos Anticona Asunto: Prescripción adquisitiva de dominio Fecha: 23 de noviembre de 2004


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2750-2003La Libertad. El Peruano, 30/03/2005. (Data 45 000) Demandante: Gloria Esther Ascoy Berrú Demandado: Jorge Campos Anticona Asunto: Prescripción adquisitiva de dominio Fecha: 23 de noviembre de 2004

Sobre el recurso planteado, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema consideró primeramente que el derecho constitucional de propiedad regulado en el artículo 70 de la Constitución es un derecho real al cual toda persona puede acceder respecto de determinados bienes y comportaría un poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, como lo señala el artículo 923 del Código Civil. Luego, quien se considere propietario de un bien y desee que este sea reconocido en tal condición, procurará la obtención del título comprobativo de dicho derecho ya sea al momento de la adquisición del derecho de propiedad o a posteriori. Así, por ejemplo, cuando el propietario con el título respectivo desee una mayor formalización de este y obtenga un pleno efecto erga omnes, podría peticionar el otorgamiento de escritura pública correspondiente. Pero la Sala Suprema consideró además que el propietario de un bien con título extraviado, perdido o deteriorado, no está obligado a interponer única y exclusivamente la pretensión de título supletorio; toda vez que, siendo el fin defender, cautelar o preservar el derecho de propiedad, el titular del derecho, puede hacer uso de todos los mecanismos que le franquee la Constitución Política del Perú y la ley para la obtención de dicho fin. En tal virtud, si una persona que se considera propietaria de un inmueble ha extraviado su título de propiedad, se encuentra perfectamente legitimada para optar por interponer demanda de prescripción adquisitiva de dominio respecto del bien. Por este motivo, la Corte confirmó lo resuelto por las instancias anteriores del caso planteado y declaró infundado el recurso de casación planteado por el demandado.

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POSEEDOR DE INMUEBLE NO INSCRITO Y QUE DEJÓ DE PAGAR LOS IMPUESTOS NO LO ADQUIERE POR PRESCRIPCIÓN

El poseedor de un inmueble no registrado demandó que se le declare propietario por prescripción adquisitiva, argumentando que había poseído el bien de manera continua, pacífica, pública y como propietario durante el tiempo exigido por el Código Civil. El demandado, sin embargo, contestó la demanda señalando que el demandante no cumpliendo con el requisito de poseer como propietario, por no haber estado pagando los impuestos ni otras obligaciones referidas al bien objeto del proceso. La demanda fue de inicio declarada fundada por el juez de primera instancia y confirmada por la Corte Superior, ya que se consideró que cumplían con todos los requisitos para usucapir el bien. El demandado interpuso entonces un recurso de casación, señalando que se había interpretado erróneamente el artículo 950 del Código Civil, sobre los requisitos de la prescripción adquisitiva. Indicó así que en la sentencia de primera instancia, confirmada por la de vista, se dijo que para poder adquirir un bien ajeno se requiere la posesión sobre el predio por el plazo mencionado en la Ley, pero obviándose el hecho de que la posesión debe ser ejercida por el plazo de diez años en forma continua, pacífica y pública como propietario, no cumpliendo el actor en este caso con el requisito de poseer como propietario. Resolviendo el recurso planteado, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema consideró que el actor, tal como lo dijo el demandado, no había acreditado de manera indubitable la posesión constante, pacífica, continua, pública como propietario, es decir el animus dominus, pues los documentos que adjuntó al proceso no revelaban que se hubiere portado como el legítima propietario. Ello por cuanto la declaración jurada de autoavalúo y las certificaciones que anexadas a la demanda no incluían los periodos o años más recientes. En tal sentido, la Corte consideró que de haberse conducido como propietario, el actor debió cumplir con sus deberes y obligaciones durante el tiempo de posesión del bien, por lo que no quedaba demostrado el animus dominus. Por otro lado, la Corte Suprema consideró también que 249

Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 1043-2001Juliaca-San RománPuno. El Peruano, 01/06/2004 (Data 45 000) Demandante: Casiano Tiburcio Lima Ttito Demandada: Rural Kunurana Empresa de Propiedad Social Asunto: Prescripción adquisitiva de dominio Fecha: 5 de setiembre de 2002


otro de los requisitos que requiere la prescripción adquisitiva es que el bien materia de dicha acción se encuentre debidamente inscrito en los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble. Y es que de no ser así, el proceso viable en casos como este sería el procedimiento sobre títulos supletorios y no la demanda de prescripción adquisitiva. Por estos motivos, se declaró fundado el recurso de casación planteado por el demandado.

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POSEEDOR NO ADQUIERE EL BIEN POR PRESCRIPCIÓN CUANDO UN TERCERO INTERPONE UNA ACCIÓN REIVINDICATORIA

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 453-2003-Cono Norte El Peruano, 03/11/2004 (Data 45 000) Demandante: Zacarías Quicaña Torres Demandada: Cooperativa de Vivienda Virgen del Rosario Asunto: Prescripción adquisitiva Fecha: 3 de agosto de 2004

El poseedor de un inmueble no registrado demandó que se le declare propietario por prescripción adquisitiva, argumentando que ha poseído el bien de manera continua, pacífica, pública y como propietario durante el tiempo exigido por el Código Civil. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia y confirmada por la Corte Superior ya que se consideraba que se interrumpe la posesión y esta deja de ser pacífica toda vez que el propietario ejerce acción reivindicatoria. El demandante interpone recurso de casación fundamentándose en que mientras por un lado se sostiene que se interrumpe la posesión y esta deja de ser pacífica solo si el propietario ejerce una acción conducente a cuestionar la posesión, pese a que el proceso de reivindicación no ha concluido y que la demanda es seguida por un tercero no propietario. La Corte Suprema declara infundado el recurso de casación, exponiendo que la posesión deja de ser pacífica cuando se produce el solo emplazamiento al poseedor (que reclama la adquisición del bien por prescripción) en un proceso judicial donde se discuta precisamente la posesión del predio, siendo indiferente la calidad con la que actúe el actor en dicho proceso.

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HAY PACIFICIDAD EN LA POSESIÓN PRESCRIPTORIA SI EL PROCESO JUDICIAL SOBRE EL BIEN NO CUESTIONA LA POSESIÓN EJERCIDA

El poseedor de un inmueble no registrado demandó que se le declare propietario por prescripción adquisitiva, argumentando haber cumplido con los requisitos legales para tal efecto, pedido que fue amparado por el juez de primera instancia, al verificar la concurrencia de los requisitos para usucapir. El demandado, sin embargo, apeló este sentencia y la Corte Superior procedió a revocarla y a declarar improcedente la demanda. Al efecto, esta Corte señaló que la existencia de cualquier proceso judicial interrumpe el plazo de prescripción y quebranta el requisito de pacificidad exigido por el artículo 950 del Código Civil. Luego, verificó que en el caso analizado existía un proceso sobre impugnación de resolución administrativa seguido por el acto contra una Dirección Regional Agraria, al haber declarado esta improcedente la demanda de nulidad de los actos jurídicos de inscripción y las inscripciones mismas planteadas por el actor respecto del bien objeto del presente proceso de prescripción adquisitiva. Frente a este fallo, el demandante interpuso entonces un recurso de casación, exigiendo la correcta interpretación del artículo 950, en el sentido que la prescripción adquisitiva requiere una conducción pacífica stricto sensu, por lo que solo se vicia esta con la instauración de un proceso que tenga como pretensión el cuestionamiento de la posesión, vale decir, acciones como la reivindicación y el desalojo. Entre otros, lo que no era el caso. La Corte Suprema, finalmente, acogió el pedido de la parte demandante, pues si bien advirtió la existencia de hasta dos procesos judiciales en los cuales el demandante era parte, sin embargo ellos no tenían como pretensión principal cuestionar el derecho su posesión sobre el inmueble a prescribirse, existiendo en nuestro ordenamiento jurídico otro tipo de acciones a ejercerse con la finalidad de cuestionar la posesión ejercida en un caso concreto. Por ello, como la posesión del actor nunca dejó de ser pacífica, se verificó el cumplimiento

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Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 1103-2005Piura. El Peruano, 04/12/2006. (Data 45 000) Demandante: David Rosas Núñez Demandada: Dirección Regional Agraria de Piura Asunto: Prescripción adquisitiva de dominio Fecha: 14 de julio de 2006


de los requisitos legales de la usucapión, por lo que declaró fundado el recurso de casación y con ello también la demanda planteada.

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POSEEDOR MEDIATO ADQUIERE BIEN POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. Nº 1907-2004Juliaca El Peruano, 31/08/2006 (Data 45 000) Demandante: Darío Rodríguez Nina Demandada: Ministerio de Agricultura Asunto: Prescripción adquisitiva de dominio Fecha: 31 de agosto de 2006

El supuesto poseedor de un predio rústico demandó que se le declare propietario por prescripción adquisitiva, argumentando que había ejercido la posesión de manera continua, pacífica, pública y como propietario durante el tiempo exigido por el Código Civil. El Ministerio de Agricultura, sin embargo, contestó la demanda señalando que el actor no ejerció sobre el predio una posesión continua como propietario, pues no había demostrado ejercer una posesión directa que conlleve actividades de explotación económica. Por el contrario, según el demandado, el demandante radicaba en otro lugar, siendo la interpretación correcta que el elemento configurativo de la posesión continua para la adquisición de un bien inmueble a través de la prescripción debe ser animus domini, no siendo suficiente el hecho de haber construido canchones y haber realizado actividades de cultivo y crianza de animales. Ello, concluyó el demandado, no acreditaba el actuar como propietario al demandante, por tratarse de actividades que puede realizarlas cualquier persona. La demanda de inicio fue declarada infundada por el juez de primera instancia, haciéndose caso al planteamiento del demandado de que el actor no había mantenido una posesión continua del bien. El demandante, como era de esperarse, apeló la sentencia y la Corte Superior le da razón, argumentando que en este caso sí había existido una posesión continua del bien, aunque esta hubiera sido efectuada a través de terceros. El demandado interpuso entonces un recurso de casación. Hizo hincapié en el hecho de que para prescribir se requiere demostrar una posesión directa que conlleve actividades de explotación económica concreta del predio, lo que no se había configurado en autos por los argumentos antes señalados, por lo que, en su opinión, la Sala Superior habría interpretado erróneamente el primer párrafo del artículo 950 del Código Civil, sobre los requisitos de la prescripción adquisitiva.

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Para la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, por un lado, quedó claro que uno de los requisitos para adquirir la propiedad de un bien inmueble por prescripción es haberlo poseído “como propietario”, lo que implica haber cumplido las obligaciones y ejercer los derechos inherentes que derivan de tal estado. Con ello se alude evidentemente al animus domini, como elemento subjetivo equivalente a la intencionalidad de poseer como propietario. De otro parte, consideró también dicha Sala que la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad y que su ejercicio, conforme a los artículos 896 y 905 del Código Civil, puede efectuarse en forma inmediata o mediata; en el primer caso cuando la ejerza la misma persona y en el segundo cuando se realice ello a través de un poseedor inmediato. Este último, por lo demás, debe contar con un título otorgado por el poseedor mediato o de un tercero cumpliendo sus órdenes concretas. En esa línea, concluye el tribunal supremo, que el hecho de que el agente demandante haya construido canchones para ganado, se dedicara a la crianza de animales de diversas especies y desarrollara labores de naturaleza agrícola, lo cual, sin lugar a dudas, importa signos irrefutables del ejercicio de hecho de las facultades y atribuciones propias de quien detenta un derecho de propiedad sobre un bien. Esto es, que lo explota económicamente. Por este motivo, la actuación como propietaria del actor en este caso de ningún modo podía verse enervada por el hecho de que las labores agrícolas las desarrollara por intermedio de terceros, pues esta es también una forma de ejercicio del derecho de propiedad vía la posesión mediata. En suma, por todas las razones señaladas, la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación, dejando firme el fallo de segunda instancia y, por ende, amparándose la demanda de prescripción adquisitiva planteada.

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Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. Nº 1907-2004Juliaca El Peruano, 31/08/2006 (Data 45 000) Demandante: Darío Rodríguez Nina Demandada: Ministerio de Agricultura Asunto: Prescripción adquisitiva de dominio Fecha: 31 de agosto de 2006


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NO PROCEDE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA CONTRA POSEEDOR QUE CUMPLIÓ CON REQUISITOS PARA PRESCRIBIR EL BIEN

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2318-2005Santa. El Peruano, 31/10/2006 (Data 45 000) Demandante: Empresa Nacional de Edificaciones-EnacE-en Liquidación Demandados: Country Club de Buenos Aires y otro Asunto: Reivindicación Fecha: 16 de mayo de 2006

El propietario registral de un inmueble demanda su reivindicación y consecuentemente desalojo de las personas que lo poseían durante varios años. Los poseedores demandados, sin embargo, contestaron la demanda señalando que la acción reivindicatoria no procedía en este caso puesto que ellos habían adquirido el bien por prescripción adquisitiva, al haberse cumplido con todos los requisitos exigidos por el artículo 950 del Código Civil, elementos que constituyen el título suficiente para la adquisición de la propiedad por usucapión, más allá de que no se contara con un documento legal que declarara esta; siendo este, para los demandados un presupuesto jurídico diferente, por lo que igual resultaba oponible la prescripción al propietario registral. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, fallo que fue confirmado por la Corte Superior. Esta señaló que a efecto que sea oponible una prescripción por prescripción frente a una acción reivindicativa con título inscrito, es necesario que aquella sea desarrollada por el Poder Judicial, a través de un proceso judicial, de conformidad con lo establecido por los artículos 504 y siguientes del Código Procesal Civil. Los poseedores demandados interpusieron, no obstante, un recurso de casación contra el fallo superior, argumentando que se había interpretado erróneamente el artículo 927 del Código Civil, sobre la acción reivindicatoria, en el sentido de que no es posible reivindicar un inmueble cuando este se adquiere por prescripción, entendiéndose esta adquisición por el simple mérito de haberse cumplido con el transcurso del tiempo exigido por la ley, y cumplir con los requisitos de poseer como propietario, haberla adquirido de modo pacífico, interrumpido y público, por más de diez años. Por otro lado, también denunciaron los demandados la interpretación errónea del artículo 912 del Código Civil (el poseedor es reputado propietario mientras no se pruebe lo contrario, presunción que no puede oponerse al poseedor mediato, por el inmediato, ni al propietario con derecho inscrito). Y es que la Sala de mérito señaló que la presunción de propiedad desaparece cuando el reivindicante demuestra su propiedad, cuando la interpretación correcta de

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DERECHOS REALES

la norma señalada es que la propiedad del poseedor se consolida con la adquisición por la usucapión en aplicación del artículo 952 del Código Civil. Analizados todos los alcances del caso planteado, la Corte Suprema finalmente declaró fundado el recurso de casación, pues en su opinión el legislador del Código Civil estableció taxativamente la posibilidad del poseedor de un bien inmueble de adquirir este por prescripción, esto es, por el uso continuo, pacífico y público, como propietario y por el solo transcurso del tiempo; e incluso el beneficiario de esta adquisición está facultado legalmente para iniciar una acción judicial de determinación del propiedad. Por tal razón, en tanto la ley determina que no se requiere el inicio de un proceso judicial para ser considerado propietario por prescripción adquisitiva, dejándose a la potestad del adquiriente esto último, sino solo el mero transcurso del tiempo, cabía oponer la prescripción adquisitiva en este caso a la acción reivindicatoria planteada.

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PERSONA ADQUIERE POR PRESCRIPCIÓN BIENES PRIVADOS DEL ESTADO

Una entidad estatal interpuso una demanda de oposición a la inscripción de predio rústico que una persona natural adquirió por prescripción adquisitiva, la que fue inscrita en los Registros Públicos. El demandante refirió que la inscripción era nula pues el bien a la que se refería era de dominio público del Estado, por lo que no podía ser objeto de prescripción adquisitiva, y que además se trataba de un terreno eriazo destinado a un proyecto especial (Proyecto Especial Jequetepeque Zaña). La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. El demandante apeló la sentencia, pero la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la Lambayeque confirmó el fallo. El demandante interpuso entonces un recurso de casación alegando que se había inaplicado los dispositivos que prohíben la prescripción respecto de bienes de dominio público. Sobre el tema planteado, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema consideró que el predio objeto del proceso no tenía el carácter de un bien de dominio público a que hacen referencia el artículo

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Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 1157-2002Lambayeque El Peruano, 01/12/2004 (Data 45 000) Demandante: Proyecto Especial Jequetepeque Zaña Demandados: Neptalí Torres Dávila y otros Asunto: Opción a la inscripción Fecha: 19 de mayo de 2004


Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. N° 1157-2002Lambayeque El Peruano, 01/12/2004 (Data 45 000) Demandante: Proyecto Especial Jequetepeque Zaña Demandados: Neptalí Torres Dávila y otros Asunto: Opción a la inscripción Fecha: 19 de mayo de 2004

73 de la Constitución, sino que se trataba de un predio rústico que podía ser otorgado a particulares. Luego, en materia de bienes del Estado la Sala consideró que deben distinguirse claramente dos tipos de bienes: los bienes de dominio privado y los bienes de dominio o uso público; respecto de los primeros el Estado puede transferirlos o enajenarlos a particulares u otros, ya sea mediante contratos de compraventa, adjudicación, subasta pública entre otros, pudiendo incluso ser adquiridos por prescripción adquisitiva de dominio; en cambio, tratándose de bienes de dominio público cuyo uso es de todos el Estado no puede enajenarlos, rigiendo en este la prohibición que se estableció en el artículo 73 de la Constitución Política. Asimismo, la Corte Suprema consideró que en el presente caso tampoco regía la prohibición prevista en el derogado artículo 120 del Decreto Legislativo N° 667 para adquirir derechos en predios eriazos destinados a Proyectos Especiales, por cuanto las instancias anteriores determinaron que el predio del caso analizado no tenía carácter eriazo, tratándose de un terreno de cultivo. Por todas estas razones, se declaró finalmente infundado el recurso de casación planteado.

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DERECHOS REALES LIMITADOS

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LOS HIJOS DE LA PERSONA FALLECIDA QUE RECIBIÓ GRATUITAMENTE EL USO Y HABITACIÓN DE UN INMUEBLE NO SON POSEEDORES PRECARIOS

El propietario de un inmueble demandó el desalojo por precario de los hijos de quien en vida recibió de su parte el derecho de uso de manera temporal, sin ningún tipo de contrato y sin recibir contraprestación alguna. Ello toda vez que, según el demandante, los demandados de manera precaria y aprovechando indebidamente su parentesco continuaban ocupando el inmueble de manera indefinida. Los demandados, por su parte, contestaron la demanda señalando que derecho de uso está vigente mientras no se dé por extinguido por las causales enumeradas en el artículo 1021 del Código Civil, mediante una carta notarial con anterioridad a treinta días, siendo que en el presente caso el demandante no había presentado carta notarial alguna remitida a ese efecto. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia, pero la Sala Civil Corporativa Subespecializada en Procesos Sumarísimos y No Contenciosos de la Corte Superior de Lima revocó la sentencia y declaró fundada la demanda, ordenando el desalojo del inmueble. Los demandados interponen recurso de casación argumentando que el derecho de uso está vigente mientras no se de por extinguido por las causales enumeradas en el artículo 1021 del Código Civil, mediante una carta notarial con anterioridad a 30 días y en el presente caso la demandante no ha presentado ninguna carta notarial.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3732-2000-Lima (Data 45 000) Demandante: Mercedes Custodio Zeña viuda de Puicón Demandado: Emperatriz Puicón Montero Asunto: Desalojo por Ocupación Precaria Fecha: 4 de abril de 2001


La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, finalmente, declaró fundado el recurso de casación. Dijo así que como el actor había admitido que la cesión en uso fue de manera temporal, se evidenciaba la existencia de un contrato de ejecución continuada que no tenía plazo convencional o legal determinado, por lo que para ponerle fin se requería que previamente se curse un aviso remitido en vía notarial con una anticipación no menor de 30 días, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1365 del Código Sustantivo. Luego, no habiéndose cursado la carta notarial correspondiente, la cesión de uso de habitación quedaba vigente, lo que determinaba que los demandados contasen con título para ocupar el inmueble y no podían ser desalojados del bien por una supuesta precariedad.

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MUERTE DEL USUFRUCTARIO VUELVE PRECARIO A QUIEN RECIBIÓ DE ESTE EL BIEN EN ARRENDAMIENTO

Sala Civil transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1192-2003-Lima El Peruano 31/03/2004. (Data 45 000) Demandante: Eduardo Enrique Vásquez Huamán Demandados: Mónica Encinas Saavedra y otro Asunto: Desalojo Fecha: 27 de agosto de 2003

El propietario de un inmueble demandó por desalojo por precariedad a la persona que lo poseía el bien con un supuesto título fenecido, amparándose en el artículo 911 del Código Civil. Dijo que le había otorgado su bien en usufructo a una persona que luego falleció, y que el bien lo estaba poseyendo el demandado sin título alguno que lo justificara. El demandado, por su parte, contestó la demanda señalando que contaba con un título posesorio, pues antes de morir el usufructuario le dio el bien en arrendamiento, por lo que en ningún caso podía considerársele a él como precario. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, fallo que fue confirmado en sus términos por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, señalándose que con la muerte del usufructuario se había extinguido el título del demandado, por lo que este era claramente un poseedor precario. El demandado interpuso, entonces, un recurso de casación alegando que no se valoró que existe un contrato de arrendamiento suscrito con la usufructuaria antes de que esta falleciera y que lo legitima para poseer el inmueble, por lo que se habría aplicado indebidamente el artículo 911 del Código Civil. Y es que el demandado consideró que en un proceso de desalojo por precariedad, la parte demandada solo tiene que justificar

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DERECHOS REALES

su posesión y permanencia en el predio en virtud a un título, lo que se había cumplido en este caso al presentarse el respectivo contrato de arrendamiento. Asimismo, planteó la aplicación indebida del cuarto numeral del artículo 1021 del Código Civil (sobre las causas de extinción de un usufructo), porque el presente proceso era uno de desalojo por ocupación precaria, por tanto, no se debería ni analizar, ni determinar la extinción y/o modificación de un usufructo. La Sala Civil transitoria de la Corte Suprema, finalmente, declaró infundado el recurso de casación, señalando que siendo el argumento del demandado que su condición era la de arrendatario, en virtud del contrato suscrito con la usufructuaria, su permanencia en el predio objeto del proceso estaba supeditada a la existencia del aludido usufructo. No obstante, como este derecho se extinguió por efecto del fallecimiento de la usufructuaria, conforme expresamente lo regula el cuarto numeral del artículo 1021 del Código Civil, el título que justificaba la posesión había ya fenecido.

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SE EXTINGUE DERECHO DE HABITACIÓN A PLAZO INDETERMINADO CON LA CARTA NOTARIAL DIRIGIDA POR EL PROPIETARIO

Un agente pidió judicialmente que se declare la extinción de un derecho de habitación existente sobre un inmueble de su propiedad y constituido en favor del demandado, además de la devolución del inmueble. Fundó su demanda en el hecho de que si bien de origen se otorgó el derecho de habitación con duración indeterminada, también se le había ya notificado al demandado para que se retire del inmueble, dándose por finalizado el derecho otorgado. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La parte demandada impugnó este fallo, considerando que el demandante en ningún momento había llegado a probar que se hubiere configurado alguna de las causales contenidas en el artículo 1021 del Código Civil, norma referida a la extinción de un usufructo pero aplicable al derecho de habitación. La Sala Civil Corporativa Especializada en Procesos Abreviados y de Conocimiento, sin embargo, confirmó la sentencia de primera instancia argumentando que al quedar establecido que

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Sala Civil Corporativa Especializada en Procesos Abreviados y de Conocimiento Exp. N° 65344-1997-501Lima (Data 45 000) Demandante: Harry Albert Petersen Loret de Mola Demandados: Max Petersen Sainz y otra Asunto: Extinción de derecho de habitación Fecha: 18 de noviembre de 1999


el derecho de habitación tenía plazo de carácter indeterminado, era perfectamente aplicable lo dispuesto por el artículo 1365 del Código Civil, en virtud del cual en los contratos de ejecución continuada que no tengan plazo convencional o legal determinado, cualquiera de las partes puede ponerle fin mediante aviso previo remitido por la vía notarial con una anticipación no menor de treinta días y transcurrido el plazo correspondiente el contrato queda resuelto de pleno derecho. Señaló finalmente la Sala que como un contrato, aún a plazo indeterminado, no puede tener el carácter de eterno, se le puede dar fin de la forma como efectivamente lo hizo el demandante, al cursar las respectivas cartas notariales a los demandados con esa finalidad, ordenándose por lo tanto la restitución del inmueble.

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SUPERFICIE CONSTITUIDA CON POSTERIORIDAD A UNA HIPOTECA IMPIDE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIONES EFECTUADAS

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 4297-2001Arequipa (Data 45 000) Demandante: Efraín Roberto Lira Núñez Demandado: Banco Continental Asunto: Tercería de propiedad Fecha: 13 de diciembre de 2002

Una persona interpuso una demanda de tercería excluyente de propiedad contra un banco, alegando ser el propietario del íntegro de las construcciones existentes en un terreno hipotecado, por cuanto se le había otorgado un derecho de superficie sobre este último. Señaló que la hipoteca constituida a favor del banco solo se aplicaba al terreno del bien materia de litigio, por cuanto únicamente el terreno se encontraba inscrito cuando se otorgó la garantía, no existiendo registralmente las construcciones. El banco demandado contestó la demanda señalando que la hipoteca fue constituida a su favor en el año 1993, estableciéndose en el convenio respectivo que la garantía comprendía las edificaciones existentes. Asimismo, dijo que la escritura pública de reconocimiento del derecho de superficie del actor se hizo en el año 1999, luego de las publicaciones para el remate en el proceso de ejecución de garantías. Vale decir, que el demandante conocía que el inmueble sobre el que se otorgaban el derecho de superficie estaba en remate, sin que este solicitara jamás la nulidad de la hipoteca constituida. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia, pero la Segunda Sala Civil de la Corte

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DERECHOS REALES

Superior de Arequipa revocó este fallo y declaró fundada la demanda de tercería de propiedad, por lo que excluyó de la garantía hipotecaria y posterior ejecución judicial a las construcciones existentes en el terreno, por considerarse de propiedad del superficiario demandante. El demandado interpuso, entonces, un recurso de casación alegando que el actor no había llegado a probar que realizó las construcciones, y la inaplicación por la sala de los artículos 1101 (sobre la extensión de la hipoteca), 1361 (fuerza vinculatoria del contrato), 1362 (buena fe en la contratación) y 2022 (oponibilidad de derechos sobre inmuebles) del Código Civil. Sobre el primer agraviado, sin embargo, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia consideró que en el presente caso existía una escritura pública otorgada por el cual los propietarios del bien reconocían el derecho de superficie del demandante; y que la hipoteca constituida a favor del banco no alcanzaba a las edificaciones efectuadas, por cuanto no se podía determinar de la escritura de hipoteca cuáles serían las edificaciones que se gravaban o que existían en dicho momento, menos aún si no aparecía inscrita fábrica alguna en los registros públicos, existiendo la prohibición legal de hipotecar bienes futuros. Luego, sobre la segunda causal denunciada (la inaplicación de los artículos 1101, 1361 y 1362 del acotado Código Sustantivo), la Sala Suprema dijo que si bien la hipoteca se extiende sobre todas las partes del bien hipotecado, incluyendo sus accesorios, tal disposición no involucra los bienes futuros, como lo son las edificaciones que se efectúen en un terreno, pues la hipoteca afecta bienes concretos, conocidos, determinados, como así se entiende del artículo 1100 del acotado Código Sustantivo, que recoge el principio de especialidad de la hipoteca, el cual menciona que se debe de individualizar el bien donde la hipoteca va a recaer. Por lo tanto, contando el banco con un derecho de hipoteca sobre las construcciones que estén en el predio objeto del proceso, no podía aplicarse tampoco lo dispuesto en el artículo 2022 del Código Civil, ni el artículo 1361 del mismo cuerpo legal, por cuanto el pacto fijado en la escritura de hipoteca iba contra una prohibición expresa de la ley. Por estos motivos, la Sala Suprema declaró infundado el recurso de casación presentado.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 4297-2001Arequipa (Data 45 000) Demandante: Efraín Roberto Lira Núñez Demandado: Banco Continental Asunto: Tercería de propiedad Fecha: 13 de diciembre de 2002


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NO CABE Una ACCIÓN INTERDICTAL CONTRA UNA SERVIDUMBRE LEGAL

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2414-2001Ancash (Data 45 000) Demandante: Alejandro Olivera Gonzáles Demandada: Hidrandina S.A. Asunto: Interdicto de retorno Fecha: 26 de noviembre de 2001

El propietario y poseedor de un predio interpuso una acción interdictal de retener contra una compañía eléctrica que puso dos postes gemelos que sostenían un transmisor de energía eléctrica, así como de los cables eléctricos existentes, porque estaban perturbando el libre uso de su predio, impidiéndole la construcción de cercos o edificaciones. La demandada, sin embargo, contestó señalando que dichos postes estaban colocados en el predio del actor como producto de una imposición de servidumbre de electroducto para línea de distribución, conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 032-98-EM/VME. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia y confirmada por la Corte Superior. Ambos fallos tomaron en cuenta la perturbación posesoria producida en el predio del actor, amparando así su pretensión, sin ser relevante que los postes de energía eléctrica estuvieran ubicados en virtud a la imposición de una servidumbre legal. La empresa demandada planteó entonces su recurso de casación, por considerar que no se aplicaron los artículos 114 y 115 de la Ley de Concesiones Eléctricas. Así, el artículo 114 referido contempla el derecho que tiene la demandada de tender líneas por medio de postes, torres o por conductos subterráneos, a través de propiedades y el de ocupar los terrenos que sean necesarios para subestaciones de transformación y para las habilitaciones del personal. Por su parte, conforme al artículo 115, la constitución de servidumbres de electroducto no impide al propietario que cerque el terreno o construya en el, siempre que las construcciones no afecten las obras de electrificación, normas que de haberse aplicado habrían generado que la demanda haya sido declarada infundada. Para resolver, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema dijo que son caracteres de las servidumbres legales que: a) son obligatorias; b) son onerosas; c) obligan a realizar obras o tomar las medidas destinadas al cuidado del predio sirviente y evitar que sufra perjuicio; d) no pueden ser obstaculizadas, impedidas ni limitadas, porque se constituyen con fines de interés público; e) pueden ser temporales o permanentes; y f) su objeto no puede ser contradicho. En tal sentido, para la Sala

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resultó a todas luces improcedente que el propietario del predio sirviente pretenda interponer acciones interdictales contra una servidumbre legal, pues para enervarla se tienen que dar cualesquiera de las causales contempladas por el artículo 119 de la Ley de Concesiones Eléctricas. Más aún, el petitorio de la demanda es jurídicamente imposible además, porque no se puede extinguir la servidumbre vía interdicto de retener, pues las acciones interdictales no proceden contra las servidumbres, salvo las aparentes. Finalmente, se señaló que si el actor pretendía el retiro de los postes gemelos que sostienen el transmisor de energía eléctrica y de los cables eléctricos debía proceder de acuerdo a lo normado por normativa aplicable en materia de concesiones eléctricas. Por estos motivos, se declaró fundado el recurso de casación planteado.

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NO HAY SERVIDUMBRE APARENTE DE PASO SI EL PREDIO CUENTA CON UNA SALIDA

Una persona que utilizaba parte de un predio colindante como vía de salida interpuso un interdicto de retener, argumentando que este mecanismo le permite tutelar la servidumbre aparente de paso con la que cuenta y que plantea porque el demandado hizo construcciones que le dejaron un pasadizo de un metro y medio, atentando contra dicha servidumbre. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, considerándose que el demandante se encontraba efectivamente en posesión de una servidumbre. Sin embargo, la Sala Civil de la Corte Superior de Ica revocó la sentencia y declaró infundada la demanda, señalando que el demandante no había acreditado que se haya encontrado en posesión del terreno cuya perturbación le imputó al demandando. El demandante interpuso entonces un recurso de casación, alegando la inaplicación del artículo 921 del Código Civil (sobre la defensa posesoria judicial), pues en su opinión los interdictos también tutelan la posesión de las servidumbres aparentes, entre las cuales se encuentra la de paso, tal como lo expuso en su demanda. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema analiza

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 399-2005Cajamarca El Peruano, 30/03/2006 (Data 45 000) Demandante: Alberto Huamán Chunqui Demandada: Mariana Castro Jáuregui Asunto: Interdicto de retorno Fecha: 22 de setiembre de 2005


el caso señalando primeramente que la servidumbre es una limitación al derecho de propiedad, y se establece por convención de partes o por mandato legal. Luego, en el caso concreto de la servidumbre de paso, esta se fija en beneficio de predios que por encontrarse enclavados dentro de otro no tienen salida propia a los caminos públicos. Por lo mismo, sería un requisito fundamental para la existencia de dicha servidumbre que el predio no cuente con otra salida a la vía pública, consecuencia de lo cual la servidumbre cesa cuando se abre otra vía o cuando el propietario del predio dominante adquiere otro predio que le dé salida, como precisa el artículo 1051 del Código Civil. Luego, la Sala Suprema observó que del propio escrito de demanda se desprendía que la propiedad del demandante tenía un frente y una salida a la vía pública, por lo que no se podía demostrar la existencia de la servidumbre de paso alegada. Por este motivo, se declaró infundado el recurso de casación presentado.

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NO HAY SERVIDUMBRE DE PASO VEHICULAR SOBRE BIENES DE USO PÚBLICO

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1293-2002Cajamarca. El Peruano, 01/03/2004. (Data 45 000) Demandante: Víctor Alejandro Valera Vargas Demandada: Municipalidad Provincial de Cajamarca Asunto: Interdicto de retorno e indemnización Fecha: 27 de octubre de 2003

Una persona que utilizaba parte de un terreno colindante como vía de salida interpuso un interdicto de retener contra la municipalidad de la zona, con la finalidad de obtener la reposición de su supuesta servidumbre de paso, toda vez que la construcción de un parque impedía el ingreso de sus vehículos a la cochera de su propiedad. Se determinó en el proceso que la cochera estaba ubicada en la parte lateral derecha de la vivienda del demandante que daba al citado parque y que, además, el inmueble tenía un ingreso y salida principal por un pasaje. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia, fallo que fue confirmado por la Sala Civil de la Corte Superior de Cajamarca. Esta señaló que los interdictos proceden respecto de un bien inmueble, así como de bienes muebles inscritos, siempre que no sean de uso público, en aplicación del artículo 599 del Código Procesal Civil, lo que no se daba en este caso, pues el bien era efectivamente de uso público. La Sala también dijo que procede el interdicto para proteger la posesión de la servidumbre cuando esta es aparente,

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DERECHOS REALES

esto es, cuando reúne las características de la visibilidad y permanencia, de modo que la servidumbre de paso debe manifestarse por una tranquera, puerta, camino u otro signo distintivo, de lo contrario será no aparente. El demandante interpuso recurso de casación alegando principalmente la interpretación errónea de los artículos 1035 (sobre la servidumbre legal y convencional), 1040 (sobre las servidumbres aparentes) y 1043 (sobre la extensión y condiciones de una servidumbre) del Código Civil y la inaplicación del artículo 1051 (sobre la servidumbre legal de paso) del mismo código. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declaró, finalmente, infundado el recurso de casación, considerando que si bien las servidumbres pueden constituirse de diversas maneras como es por contrato, por ley, por voluntad testamentaria, por disposición unilateral del propietario y por usucapión, no advirtiéndose en el caso planteado que el demandante acreditara encontrarse en cualquiera de estos supuestos. Por el contrario, lo que pretendió el actor fue adquirir una servidumbre de paso en un sector urbanizado, destinado a un lugar de esparcimiento público como es un parque, sobre el cual no podían constituirse servidumbres por tratarse de un bien de dominio público, vale decir, de propiedad del Estado, el que tiene el carácter de inalienable e imprescriptible a tenor del artículo 73 de la Constitución Política del Estado.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1293-2002Cajamarca. El Peruano, 01/03/2004. (Data 45 000) Demandante: Víctor Alejandro Valera Vargas Demandada: Municipalidad Provincial de Cajamarca Asunto: Interdicto de retorno e indemnización Fecha: 27 de octubre de 2003

DERECHOS REALES DE GARANTÍA

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QUIEN POSEE UN BIEN EN VIRTUD DE UN CONTRATO DE ANTICRESIS NULO NO PUEDE SER DESALOJADO POR PRECARIEDAD

El propietario de un inmueble demandó el desalojo por ocupación precaria respecto de quien venía poseyendo el bien en mérito a un contrato de anticresis, que no fue elevado a escritura pública, haciéndose su posesión ilegítima según el demandante. El demandado, por su parte, alegó que en materia de desalojo por precariedad solo se discute si existe un título que justifique la posesión del bien, y en este caso lo había, pues si bien la anticresis celebrada no había sido elevada a escritura pública, el documento se encontraba firmado por el demandante, por lo cual este había consentido el ingreso al bien. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, fallo que fue confirmado por la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Moquegua-Ilo, por considerarse que el demandado carecía de título posesorio, al ser nulo el contrato de anticresis celebrado, por lo que su calidad era la de precario, conforme al artículo 911 del Código Civil. El demandado interpuso entonces un recurso de casación, alegando justamente la aplicación errónea del citado artículo 911, toda vez que, como ya lo había afirmado, en el proceso en curso no se podía discutir la validez o nulidad del título que justifique la posesión del bien, en este caso la anticresis, que es un acto distinto. Sobre el tema planteado, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema consideró finalmente que al tener el demandado un documento en el que ampara su posesión no puede ser considerado precario, siendo que la validez del acto celebrado no podía ser objeto de discusión

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1801-2000Moquegua. El Peruano, 01/03/2001 (Data 45 000) Demandante: Mario Darío Ramos Vizcarra Demandado: Esperanza Yolanda Vizcarra Rea de Ramos Asunto: Desalojo por Ocupación Precaria Fecha: 30 de noviembre de 2000


en un proceso de desalojo por ocupación precaria. Por tal motivo, se corroboró que la Sala Superior hizo una errónea interpretación de la norma contenida en el artículo 911 del Código Civil, por lo que se declaró fundado el recurso de casación presentado por el demandado.

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ACREEDOR LABORAL ES PREFERIDO SOBRE ACREEDOR HIPOTECARIO

Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial Exp. N° 009-2005-Lima (Data 45 000) Demandante: Alberto Amaya Ladinez Demandado: Banco Internacional del Perú S.A.A. - INTERBANK Asunto: Tercería de derecho preferente de pago Fecha: 22 de junio de 2005

Un banco inició un proceso de ejecución de garantía hipotecaria respecto de una deuda que tenía con él una empresa. No obstante, estando el bien en ejecución, ex trabajador interpuso una demanda de tercería de derecho preferente de pago con la finalidad de ser preferido en el pago de su acreencia laboral frente a la empresa ejecutado. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. El banco demandado presentó entonces su recurso de apelación y consideró que el juez había obviado aplicar la preferencia registral por prioridad en el tiempo en la inscripción establecida en el artículo 2016 del Código Civil, además de las reglas de la oponibilidad y preferencia de derechos del artículo 2022 del mismo código, pues se había eliminado el carácter preferente que detenta un derecho real como la hipoteca, violentado así también el artículo 1097 que regula esta figura. Finalmente, según el demandado, se había aplicado erróneamente el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, que regula la preferencia laboral de cobro, pues no se había tomado en cuenta que este dispositivo constitucional debe interpretarse tomándose en cuenta el artículo 87 de la propia Carta Magna, por el cual el Estado otorgar garantías al ahorro. La Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Lima confirmó, sin embargo la sentencia de primera instancia, señalando que la Constitución Política del Estado consagra la primacía del pago de la remuneración y el de los beneficios sociales sobre cualquier otra obligación del empleador. En tal sentido, debía aplicarse al caso el principio de supremacía de la Constitución, regulado en su artículo 151, por el cual la Constitución prevalece sobre toda norma legal, norma cuyo carácter específico para el problema dilucidado,

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DERECHOS REALES

según la Sala, terminaba siendo el adecuado a aplicarse, debiendo confirmarse por lo tanto la sentencia apelada. La Sala, finalmente, hace la acotación de que lo decidido en esta sentencia de vista no implica en modo alguno el desconocimiento del derecho preferente y la oponibilidad con que cuenta la garantía hipotecaria, ni de la obligación del Estado de fomentar y garantizar el ahorro a través de otros mecanismos previstos por ley. Sucede, sin embargo, que en el caso particular de tratarse del pago de beneficios sociales, y solo en este, prevalece la norma constitucional mencionada.

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DEBE LEVANTARSE LA HIPOTECA SI SE ACREDITA QUE NUNCA SURGIÓ LA OBLIGACIÓN A GARANTIZAR

El propietario de un inmueble gravado con hipoteca demanda el levantamiento de esta garantía, alegando que nunca se originó obligación alguna a garantizar, por lo que la hipoteca carece de sentido al no respaldar el cumplimiento de ninguna obligación. Este mismo agente había formulado ello como contradicción en el proceso de cobro, en el que fue demandado, seguido por la cooperativa de ahorro y crédito en favor de quien se constituyó la hipoteca, antes demandante y ahora demandada, basada en la causal de inexigibilidad de la obligación, con el sustento de que nunca la ejecutante acreditó que se hizo el desembolso de la suma garantizada. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, fallo que fue confirmado por la Sala Civil de la Corte Superior del Santa, ordenándose el levantamiento de hipoteca sobre el inmueble. La cooperativa demandada interpuso, entonces, un recurso de casación, alegando la aplicación indebida del artículo 1122 del Código Civil, con el argumento de que una supuesta no entrega de la suma garantizada no constituye una extinción de la obligación existente, puesto que la extinción supone que la obligación sí existió, pero que luego fue extinguida mediante cualquiera de las formas de extinguir una obligación; y no, como dijo el demandante, que la obligación nunca llegó a surgir, caso en el cual no puede hablarse de extinción. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema consideró que la hipoteca es un derecho real por el cual se afecta

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1024-2003Santa (Data 45000) Demandantes: Daniel A. Castillo Bedon y otra Demandada: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Carlos Borromeo Asunto: Levantamiento de hipoteca Fecha: 26 de agosto de 2003


un bien en garantía del cumplimiento de cualquier obligación y cuya característica esencial es la de su accesoriedad, por depender de la existencia de una obligación principal, por lo que al no existir una obligación que respaldar la hipoteca no puede subsistir. En tal sentido, concluye la Corte, al contemplar el artículo 1122 del Código Civil como supuesto que se acaba la hipoteca por la extinción de la obligación, debe comprenderse aquí el que nunca existió la obligación respaldada con garantía, conforme a la característica de accesoriedad citada y mencionada el artículo 1097 del Código Civil, uniformemente reconocida por la doctrina. Por estos motivos, se declaró infundado el recurso de casación planteado.

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HIPOTECA ALCANZA A LA EDIFICACIÓN CONSTRUIDA SOBRE EL TERRENO GRAVADO

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1489-2001Lambayeque (Data 45000) Demandante: Juan Aliaga Vásquez Demandado: Juana Soledad Baltazar Cadena Asunto: Ejecución de garantías reales Fecha: 30 de noviembre de 2001

El titular de un derecho de hipoteca inicia un proceso de ejecución de garantías con la finalidad de que se remate el terreno gravado, así como las edificaciones que posteriormente se habían levantado en este último. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, pero la parte demandada impugnó el fallo por considerar que la hipoteca no puede extenderse a las edificaciones posteriormente construidas, ya que la constitución del gravamen afectaba únicamente al terreno. El fallo, por lo tanto, involucraba para el deudor demandado legitimar que la hipoteca afectara a un bien futuro, lo que estaba legalmente prohibido. La Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó la sentencia de primera instancia argumentando que las edificaciones son parte integrante del terreno, por lo que la hipoteca si las alcanza. Por este motivo, el demandado interpuso recurso de casación, alegando la aplicación indebida de los artículos 887 y 1101 del Código Civil, referidos a las partes integrantes y la extensión de la hipoteca, y en tanto la resolución impugnada establecía que lo adherido de modo inseparable se considera parte integrante del bien gravado, siendo impertinente la aplicación de las normas citadas pues la construcción realizada sobre el terreno, objeto del contrato, no pueden ser materia de ejecución. Y es que, en su opinión, resultaba aplicable al caso de autos la norma de derecho material contenida en el artículo 889 del acotado Código, en tanto si bien

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las partes integrantes y sus accesorios siguen la suerte del principal, la referida norma señala también la excepción cuando la ley o el contrato permiten su diferenciación o separación; y que en este caso, el supuesto contrario o excepción es justamente la normativa sobre la garantía hipotecaria. Para la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema que resolvió el recurso planteado, la hipoteca es un derecho real y accesorio a un crédito que grava un inmueble, y que confiere al acreedor el derecho de persecución del bien, pudiendo embargar este último cobrar su precio con preferencia. Pero, además, por aplicación el artículo 1101 del Código Civil, la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado. Luego, en el caso analizado se observaba que la ejecutada celebró un contrato de garantía hipotecaria del bien materia de ejecución y con posterioridad realizó la construcción de una obra, que constituye parte integrante del bien principal por lo que debe seguir su misma suerte. Por este motivo, se declaró infundado el recurso de casación formulado.

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ES VÁLIDA LA HIPOTECA PESE A HABER PROBLEMAS PARA DETERMINAR LOS LINDEROS DEL BIEN

El propietario de un inmueble gravado con hipoteca demanda la nulidad de contrato de constitución de hipoteca invocándose como causal que el bien objeto del contrato no era física ni jurídicamente posible, ya que la garantía real se había constituido sobre un bien no determinado, por no haberse identificado las características dominiales de este último, por no estar claros sus linderos o metrajes exactos. La parte demandada consideró por su parte, que los problemas de los linderos o metrajes no producen la nulidad del convenio de hipoteca, pues ello no perjudica el hecho de que el bien se encuentre perfectamente determinado a los efectos de la garantía constituida. La demanda de nulidad fue declarada fundada por el juez de primera instancia, pero la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de La Libertad revocó esta sentencia instancia y declaró infundada la demanda de nulidad. Dijo así que la diferencia en el metraje, puntos cardinales o

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Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. Nº 3071-2001La Libertad El Peruano, 30/04/2003. (Data 45000) Demandante: Félix Maximiliano Sulen Lau Demandada: Banco Standard CharteredSucursal Trujillo y otros Asunto: Nulidad de contrato de constitución de hipoteca Fecha: 28 de agosto de 2002


área del predio objeto del contrato de hipoteca, no significa que se haya gravado un inmueble distinto al del actor o que el bien se encuentre indeterminado, por lo que la hipoteca constituida es plenamente válida. El demandado interpuso recurso de casación alegando la aplicación indebida, entre otros dispositivos, de los artículos 1097 (definición de hipoteca), 2011 (principios de legalidad y rogación registral), 2012 (principio de publicidad), 2013 (principio de legitimación), 2014 (buena fe pública registral) y 2015 (tracto sucesivo) del Código Civil alegado, por considerar el agente que estas normas legales nada tenían que ver con la determinabilidad del predio hipotecado, al estar referidas al efecto de la inscripción registral de un bien. Del mismo modo, denunció el recurrente la inaplicación de diversos artículos referidos a la nulidad del acto jurídico. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, finalmente, declaró infundado el recurso de casación, señalando que no existe imposibilidad física del objeto del contrato de constitución de hipoteca en caso de problemas de linderos. Ello por cuanto el predio tiene existencia física; no existiendo imposibilidad jurídica del objeto si la hipoteca ha sido constituida sobre un predio que tiene la calidad de inmueble. Y en cuanto a la determinabilidad del objeto, la discrepancia respecto de los linderos y el área del predio, no significa que el predio no se encuentra determinado, si las partes han identificado plenamente el bien.

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HIPOTECA SE EXTIENDE A DEPARTAMENTOS CONSTRUIDOS POSTERIORMENTE SOBRE EL INMUEBLE GRAVADO


Un agente constituyó una hipoteca en favor de un banco, siendo el bien objeto de la afectación un terreno con una construcción de un piso sobre él. Posteriormente, sin embargo, se construyeron dos pisos más sobre el inmueble, los cuales fueron independizados para que funcionen como departamentos individuales. Sucedió, sin embargo, que el constituyente de la hipoteca incumplió con el pago de la deuda garantizada, por lo que el acreedor hipotecario inició un proceso de ejecución de garantías a efectos de hacerse pago. Es en ese momento, que el propietario de uno de los departamentos

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edificados interpuso una tercería de propiedad respecto del remate ordenado sobre su bien. La demanda de tercería fue de inicio declarada infundada por el juez de primera instancia, por considerarse que la hipoteca, como derecho real de garantía sobre un inmueble, se extiende a las partes integrantes y accesorias de este último, como lo fueron los dos pisos adicionales construidos luego de celebrado el contrato. El demandante, no obstante, impugnó el fallo por considerar que el juez no había valorado que las referidas nuevas edificaciones se encontraban independizadas del terreno inicialmente gravado, por lo que la hipoteca no les alcanzaba de ningún modo. Además señaló que una excepción legal a la invisibilidad de la hipoteca la constituye justamente el régimen de propiedad horizontal, constituido en este caso por la independización realizada. La Corte Superior de Justicia revocó entonces la sentencia de primera instancia y declaró fundada la demanda, asumiendo los argumentos del demandante. El banco demandado interpuso ante ello un recurso de casación, alegando que se han inaplicado los artículos 1354 (sobre la libertad contractual), 1356 (carácter supletorio de las normas sobre contratos), 1361 (fuerza vinculatoria del contrato) y 1362 (buena fe contractual) del Código Civil, toda vez que no había tenido en cuenta que las partes celebraron libre y voluntariamente un contrato de hipoteca, en el que pactaron que el gravamen alcanzaba tanto a lo edificado existente y como a lo que se introdujera con posterioridad. Asimismo, porque el segundo y tercer piso construidos sobre el bien hipotecado constituían partes integrantes de este último, dado que no podían ser separados del primer piso sin deteriorarse o destruirse el bien mismo. Para la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, simplemente la pretensión del tercerista carecía de todo asidero legal, debiendo dársele la razón al banco demandado. Y es que la supuesta excepción al carácter indivisible de la hipoteca en virtud del citado régimen de propiedad horizontal, en su opinión no se presentaba en el caso analizado, en tanto al constituirse la hipoteca el inmueble no se encontraba sujeto al régimen de propiedad horizontal. Por el contrario, el bien estaba conformado simplemente por el terreno más una edificación

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de una planta. De este modo, las posteriores edificaciones de la segunda y tercera planta tenían la calidad de sobresuelo y, por ende, estaban afectas también al gravamen hipotecario. La Sala Suprema consideró además que si bien luego de terminadas las demás plantas, el inmueble pasó al mencionado régimen de propiedad horizontal, dicha conversión no extinguió el gravamen sino que lo transmitió al nuevo inmueble individual. Es decir, que el sobresuelo soporta gravamen y por ende también la futura propiedad horizontal constituida, en tanto no se extinga la hipoteca. Y esta afectación era de conocimiento de la tercerista por el principio de publicidad registral previsto en el artículo 2012 del Código Civil. Por estos motivos, se declaró fundado el recurso de casación planteado por el banco demandado.

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SE LEVANTA UNA HIPOTECA EN CASO de que EL TERCERO ADQUIRENTE DEL BIEN HAYA PAGADO LA DEUDA HASTA EL MONTO MÁXIMO FIJADO Y AUN CUANDO SE DEBAN INTERESES

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1943-2000-Lima El Peruano, 30/01/2001. (Data 45000) Demandante: Latino Leasing Sociedad Anónima Demandada: Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador Asunto: Levantamiento de hipoteca Fecha: 7 de diciembre de 2000

Un persona adquirió un bien gravado con una hipoteca y pagó el monto de la deuda consignada en los registros públicos que recaía sobre el bien, hasta por el monto máximo allí fijado. El adquirente, luego, interpuso una demanda sobre levantamiento de hipoteca, argumentando que ya se había cancelado el monto garantizado hasta el límite establecido como monto del gravamen, por lo que no había razón para que se mantuviera este último. El demandado, por parte, alegó que no procedía a levantar el gravamen en tanto el deudor no había cumplido con pagar los intereses y otras conceptos que incluía la hipoteca constituida. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia, fallo que fue confirmado por la Corte Superior de Justicia, argumentándose que el levantamiento de la hipoteca estaba condicionado al pago de la totalidad de la obligación que garantiza la hipoteca, lo que incluye intereses, pago de seguros y las costas del juicio. Y es que el pago efectuado por el demandante no resultaba suficiente para ordenarse el levantamiento y el gravamen hipotecario, ya que al haberse efectuado luego de vencido en exceso las obligaciones

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a que estaba obligado el vendedor del bien se habían generado intereses y mientras no se cancelaran estos no podía ordenarse levantamiento alguno. Por este motivo, el demandante interpuso un recurso de casación alegando la interpretación errónea del artículo 1107 del Código Civil (la hipoteca cubre el capital, los intereses que devengue, las primas del seguro pagadas por el acreedor y las costas del juicio), ya que el levantamiento debía operar por el hecho de haberse pagado la suma de dinero u obligación que garantiza la hipoteca. Y aun cuando el acreedor pretendiera la ejecución de la garantía, el obligado no podría pagar más de la suma que esta cubre, por lo que carecía de sentido que continúe teniendo eficacia el gravamen. El demandante reitera entonces que había cumplido con pagar el monto garantizado, y que el espíritu de la norma acotada es el de garantizar que el monto del gravamen de la hipoteca cubra el capital, más intereses y demás conceptos solo en el caso de que el monto a pagarse sea mayor a la obligación contraída. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró, entonces, fundado el recurso de casación interpuesto. Dijo así que cuando la extensión de la hipoteca alcanza a los intereses no solamente debe observarse la idea de la indivisibilidad de la hipoteca sino también el criterio de la especialidad, es decir, que el gravamen solo cubre en tanto se haya fijado el máximo de responsabilidad hipotecaria que queda cumplido con la expresión de una cantidad cierta de dinero, por consiguiente, no puede exigirse ninguna prestación dineraria (incluso capital e intereses) que no se limiten al máximo de dicha responsabilidad. De ahí que es imprescindible que se indique no solo el monto cubierto por la garantía (gravamen determinado) o, en su caso, el valor estimado del gravamen (gravamen determinable) sino que se requiere la constancia de la causa (origen o fuente), entidad (objeto de la prestación) y magnitud (medida del objeto) de la obligación garantizada; de este modo, debe estar determinado el capital, intereses y si hay intereses atrasados que se garantizan, deberá liquidarse y designarse una suma cierta.

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SE EJECUTA HIPOTECA BANCARIA QUE NO FUE ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 205-2001Ayacucho El Peruano 31/05/2002 (Data 45 000) Demandante: Caja Rural de Ahorro y Crédito “Los Libertadores de Ayacucho” Demandado: Mamerto Cabrera Palomino Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 10 de octubre de 2001

Una entidad bancaria titular de un derecho de hipoteca inició un proceso de ejecución de garantías con la finalidad de que se remate el inmueble gravado, para que se cumpla con el pago de la obligación garantizada. La parte demandada, sin embargo, contradijo la acción señalando que la hipoteca constituida era nula al no haberse elevado a escritura pública, siendo que únicamente se anotó con documento privado legalizado. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, pero la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Ayacucho revocó la sentencia de primera instancia. Consideró para ello que como el contrato hipotecario en este caso es un documento privado y no escritura pública, conforme lo exige como requisito el artículo 1098 del Código Civil, referido a la formalidad de la hipoteca, que imperativamente dispone que la hipoteca debe constituirse por escritura pública, por lo que debía entenderse como nula la hipoteca y, por ende, no ha lugar la ejecución solicitada. El demandante interpuso entonces un recurso de casación, alegando la aplicación indebida del artículo 1098 del Código Civil y la inaplicación del artículo 176 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, sobre el bloqueo registral. La parte final de esta última norma señala que los contratos que las empresas bancarias o financieras celebren con sus clientes podrán extenderse en documento privado con firma legalizada notarialmente, o ser protocolizado notarialmente, y ser inscritos sin necesidad de escritura pública en el registro público correspondiente. Ello, con la salvedad de los contratos cuyo valor exceda de cuarenta unidades impositivas tributarias, en cuyo caso sí sería necesaria la escritura pública. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró finalmente fundado el recurso de casación. Consideró que la norma sustantiva aplicable al caso era el citado artículo 176 de la Ley Nº 26702, pues la entidad ejecutante pertenecía al sistema financiero, habiendo procedido de acuerdo a lo

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dispuesto en la mencionada ley, que faculta a las empresas del sistema financiero a celebrar contratos con firmas legalizadas notarialmente, los que no requieren para ser inscritos en los Registros Públicos, de la formalidad de la escritura pública. En tal sentido, se confirmó el rechazo de la contradicción formulada por el demandado.

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PROCEDE LA REDUCCIÓN DE LA HIPOTECA EN CASO DE CANCELACIÓN PARCIAL AUN SI EN EL CONVENIO HIPOTECARIO SE PACTÓ LO CONTRARIO

El propietario, de varios inmuebles gravados con hipotecas respecto de una misma deuda, interpone una demanda sobre reducción de hipoteca señalando que se canceló una parte del monto garantizado a tal punto que la deuda se encontraría totalmente cubierta y garantizada con únicamente uno de los referidos inmuebles, por lo que no se justificaría que se mantenga la garantía respecto de los demás. El demandante, por su parte, consideró que de acuerdo a la escritura pública que contenía el contrato de hipoteca, la garantía mantendría su vigencia hasta la total cancelación de todas las obligaciones del contrato, de modo que conforme al pacta sur servanda el contrato debía cumplirse en todos sus términos. La demanda fue inicialmente declarada fundada por el juez de primera instancia, pero la Corte Superior de Justicia revocó la sentencia y declaró infundada la demanda, argumentando que el actor no había acreditado la cancelación de la deuda, pues incluso en su demanda refirió adeudar parte de la obligación. Ademas la Sala señalo que, si bien es cierto que el artículo 1116 del Código Civil prescribe la reducción de hipoteca (cuando se ha disminuido el importe de la obligación); tambien es cierto que como la garantía hipotecaria es una modalidad de contrato se sujeta al artículo 1361 del referido código, sobre la fuerza vinculatoria de los contratos, de modo que se debe estar a lo pactado entre las partes en este caso, sin que quepa modificación de los términos contractuales salvo por común acuerdo. El demandante interpuso entonces un recurso de casación alegando la aplicación indebida del artículo 1116 del Código Civil, toda vez que la figura de reducción de

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1304-2003-Ica (Data 45 000) Demandante: Óscar Honorio Martínez Chuquín Demandado: Banco Internacional del Perú Sucursal Chincha Asunto: Reducción de hipoteca Fecha: 24 de octubre de 2003


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1304-2003-Ica (Data 45 000) Demandante: Óscar Honorio Martínez Chuquín Demandado: Banco Internacional del Perú Sucursal Chincha Asunto: Reducción de hipoteca Fecha: 24 de octubre de 2003

hipoteca es un derecho específico que otorga la legislación a fin de que el deudor hipotecario no sea víctima de abuso del derecho, figura sancionada por el artículo 103 de la Constitución Política del Estado. En tal sentido, esta disposición no podía ser transgredida por un pacto de partes. Para la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema que resolvió finalmente el asunto, la reducción judicial regulada en el artículo 1116 del Código Civil, constituye, sin lugar a dudas, una limitación a la autonomía de las partes que prima en materia de contratos, y , por ende, frente a la forma como se constituyó la hipoteca que se quiso reducir en el caso analizado. Ello además encuentra justificación en las propias normas que regulan los contratos, como son los artículos 1355 y 1362 del Código Civil, en virtud de los cuales la ley por consideraciones de interés social, público o ético puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos, los que además deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Por otra parte, consideró la Corte Suprema que al ser la hipoteca un derecho real accesorio que, como tal, depende de la existencia de una obligación principal que es la que respalda, ante la eventual variación de las condiciones por las que se constituyó, como lo es la disminución del importe de la obligación y a fin de evitar un perjuicio al deudor hipotecario, se justifica de la reducción de dicha garantía. Ello en aras de la equidad que debe primar en casos como este, pues lo contrario significaría un abuso en el ejercicio del derecho por el acreedor que aun con la reducción encontraría suficientemente respaldado su crédito. En suma, el principio del pacta sun servanda encuentra su limitación en otro principio como es el contenido en el aforismo rebuc sic stantibus. Ahora, la Sala Suprema también precisó que, no obstante lo expuesto, es labor trascendental del juez para que opere la reducción no solo verificar la disminución del importe de la obligación sino también que subsista en grado suficiente el respaldo al acreedor hipotecario, lo que dependerá por tanto de la valoración de la prueba, verificándose de esta última que existía el suficiente respaldo a la obligación debida con la reducción de hipoteca solicitada por el demandante. Por estos motivos

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se declaró fundado el recurso de casación, ordenándose que el gravamen hipotecario subsista únicamente sobre uno de los inmuebles del actor.

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HIPOTECA SÁBANA NO GARANTIZA DEUDAS CONSTRAÍDAS DESPUÉS QUE EL DEUDOR TRANSFIRIÓ EL BIEN A UN TERCERO

Una entidad bancaria titular de un derecho de hipoteca sábana inició un proceso de ejecución de garantías con la finalidad el pago de todas obligaciones pendientes del deudor hipotecario. El bien, sin embargo, luego de constituida la garantía había sido transferido por el deudor, por lo que ingresó la proceso como litisconsorte necesario el actual propietario del predio. Este, entonces, cuestionó la ejecución sosteniendo que las obligaciones cuyo cobro se demandaba fueron asumidas por el deudor (o habían surgido) cuando este agente ya no era propietario del bien inmueble y, por tal razón, no estaban cubiertas por la referida garantía hipotecaria. El demandante, por su parte, replicó señalando que la hipoteca que se ejecutaba era una de carácter general que podía garantizar obligaciones aunque el deudor original dejase de ser propietario del bien. El juez de primera instancia declaró fundada en parte la contradicción expuesta por el demandado e improcedente la demanda de ejecución de hipoteca. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de La Libertad confirmó esta sentencia, por lo que el demandante interpuso un recurso de casación alegando la interpretación errónea del numeral 1097 (por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación, propia o de un tercero) del Código Civil e inaplicación del artículo 172 de la Ley N° 26702, Ley de Bancos (los bienes dados en hipoteca a favor de una empresa del sistema financiero respaldan todas las deudas y obligaciones propias, existentes o futuras asumidas para con ella por el deudor que los afecta en garantía, siempre que así se estipule expresamente en el contrato), y de los artículos 1104 (la hipoteca puede garantizar una obligación futura o eventual) y 1361 (los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos) del Código sustantivo. Adujo así la entidad ejecutante que en la sentencia de vista no se había tenido en cuenta que

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1657-2003La Libertad El Peruano, 30/03/2005 (Data 45 000) Demandante: Banco de Crédito del Perú Demandado: Consorcio Agropecuario A & R Sociedad Anónima Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 22 de octubre de 2004


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1657-2003La Libertad El Peruano, 30/03/2005 (Data 45 000) Demandante: Banco de Crédito del Perú Demandado: Consorcio Agropecuario A & R Sociedad Anónima Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 22 de octubre de 2004

las partes pactaron que la hipoteca materia objeto del proceso respaldaba obligaciones futuras, como las que eran objeto de cobro, estando amparado este acuerdo de voluntades por las normas que se mencionan. Agregó, finalmente, que la normativa citada no restringe la vigencia de la hipoteca ni su alcance a la permanencia del deudor como propietario, por lo que la Sala hizo una distinción donde la ley no lo hace. En cuanto a lo planteado, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia consideró que como al momento de adquirirse las deudas que se pretendían cobrar con la ejecución de la hipoteca el deudor ya no era propietario del predio dado en garantía, y por tanto, mal podía concluirse que el indicado predio debía garantizar las obligaciones asumidas por el indicado deudor. Y es que si bien la Sala Suprema corroboró que en el testimonio de garantía hipotecaria se establecía, entre otros puntos, que la garantía otorgada garantizaba las obligaciones que tenía o que pudiera tener el demandado en el futuro a favor de la entidad accionante, también lo era que esta disposición no podía atentar contra el derecho de propiedad y menos contra los atributos que emergen de este derecho; y uno de esos atributos lo constituye el poder de disposición que ostenta todo propietario. En esa línea, la Sala señaló que si el demandado ya no era propietario del bien, las obligaciones contraídas por dicho agente a favor de la empresa bancaria demandante ya no se encontraban respaldadas por la garantía hipotecaria. Por este motivo, se declaró fundado el recurso de casación planteado por el litisconsorte del caso planteado.

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TERCERÍA DE PROPIEDAD NO ES LA VÍA ADECUADA PARA ORDENAR LEVANTAMIENTO DE UNA HIPOTECA

La propietaria de un inmueble interpuso demanda de tercería de propiedad para efectos de que el órgano jurisdiccional se sirva ordenar el levantamiento de una hipoteca y cancelación del gravamen respectivo trabado sobre el inmueble que era materia de un proceso de ejecución de garantías seguido por un banco contra su esposo. Argumentó la demandante que su firma fue falsificada en el documento de constitución de hipoteca, conforme lo concluyeron los peritos grafotécnicos de la Policía Nacional del Perú, en prueba que adjuntó al proceso. La demanda fue declarada improcedente por el juez de primera instancia, en cuanto solicita el levantamiento de hipoteca del inmueble sublitis y la cancelación del gravamen, e infundada en el extremo que solicita la indemnización de daños y perjuicios, por cuanto se consideró que la vía de la tercería no era la adecuada para efectuar dicho planteamiento. Este gallo fue además confirmado por la Corte Superior de Justicia, argumentándose que no es efecto de la demanda de tercería de propiedad el levantamiento y cancelación de hipotecas, no pronunciándose dicha Corte sobre el derecho preferente de propiedad que invocaba la demandante, sino solo sobre la idoneidad de la vía elegida para pretender un levantamiento de hipoteca y cancelación registral. La demandante interpuso entonces un recurso de casación alegando la inaplicación de los artículos 310 (sobre los bienes sociales) y 315 (sobre la disposición de los bienes sociales) del Código Civil, ya que si bien el lote de terreno era un bien propio de su cónyuge, también lo era que sobre él se construyó un edificio de cuatro pisos estando ya conformada la sociedad conyugal, por lo que resulta evidente que este último inmueble tenía la calidad de bien social por mandato imperativo de las normas materiales citadas, que establecían que también tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges. Luego, para disponer de dichos bienes sociales o gravarlos se requería la intervención de ambos cónyuges, lo que fue objeto de la falsificación de firma arriba aludida.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 480-2004Ucayal El Peruano, 31/07/2006 (Data 45000) Demandante: María Luisa Aida Podestá Vizcarra de Vásquez Demandado: Banco Central de Crédito Cooperativo del Perú en liquidación y otro Asunto: N se menciona Fecha: 27 de enero de 2006


Para resolver el asunto, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia consideró que la garantía real hipotecaria, a diferencia de una medida cautelar que busca solo asegurar el cumplimiento de una decisión final y que, por lo tanto, es provisoria instrumental y variable; solo puede ser levantada (dejada sin efecto) y cancelada su inscripción por una causa expresamente establecida en la ley. Vale decir, ya sea por su extinción acorde a lo normado en el artículo 1122 del Código Civil, o por nulidad expresamente declarada por el órgano jurisdiccional. En tal sentido, con una demanda de tercería de propiedad no puede pretenderse dicha declaración, en tanto ella faculta únicamente al tercerista a solicitar la suspensión del remate del bien hipotecado, en cuanto afecte su derecho de propiedad acreditado. Por tal motivo, se declaró infundado el recurso de casación formulado.

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NO SE EXTINGUE LA HIPOTECA POR MUERTE DEL GARANTE HIPOTECARIO

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2147-2001La Libertad (Data 45000) Demandante: Banco Continental Demandado: Jorge Luis Saldaña Palomino Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 8 de julio de 2002

Una entidad bancaria titular de un derecho de hipoteca inició un proceso de ejecución de garantías contra los garantes hipotecarios, con la finalidad de que se remate el inmueble y se cumpla con el pago de la obligación garantizada. Resultó, sin embargo, que uno de dichos garantes había fallecido, por lo que la sucesión de este último cuestionó la ejecución, por considerar que la hipoteca se ha extinguido al haber fallecido la propietaria que lo constituyó. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, pero la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de La Libertad revocó la sentencia, considerando que la hipoteca se había extinguido respecto del agente fallecido al ser una obligación personalísima. Ante ello, el demandante interpuso un recurso de casación alegando la interpretación errónea de los artículos 660 (sobre la transmisión sucesoria) y 1361 (fuerza vinculatoria del contrato) del Código Civil, sosteniendo que la hipoteca no se ha extinguido por la muerte del garante hipotecario, al no ser esta una causal de extinción conforme al Código Civil; y que en estos casos la garantía subsiste desde que los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia, pasan a los herederos,

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existiendo en este caso además un copropietaria del bien. Denunció, por ende, el banco también la inaplicación de los artículos 1122 (causales de extinción de la hipoteca) y 1218 (transmisibilidad de una obligación a los herederos) del Código Civil, afirmando que una garantía hipotecaria no es una obligación personalísima y se transmite a los herederos, pues el acto jurídico tiene eficacia para garantizar obligaciones futuras. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, finalmente, declaró fundado el recurso de casación presentado, considerando, como lo aseveró el demandante, que la muerte del garante hipotecario no está entre los supuestos de extinción de la hipoteca. Por tal motivo, se corroboró la inaplicación del artículo 1122 del Código Civil. Asimismo, en opinión de la Corte se ha inaplicado el artículo 1218 del precitado Código, pues toda obligación se transmite a los herederos, lo alcanza por supuesto a las garantías hipotecarias, salvo cuando la obligación sea inherente a la persona, la prohíba la ley o se haya pactado en contrario, supuestos que no fueron demostrados por los demandados en el caso resuelto.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2147-2001La Libertad (Data 45000) Demandante: Banco Continental Demandado: Jorge Luis Saldaña Palomino Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 8 de julio de 2002

Capítulo 7

LAS OBLIGACIONES

CONCURRENCIA DE ACREEDORES

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concurrencia de acreedores no se configura cuando existe un nuevo titular del bien (tercerista)

En una demanda de tercería de propiedad, el tercerista no tiene un mecanismo registral al momento de la celebración de su escritura pública para saber que el acto jurídico que está realizando, puede estar siendo objeto de otro proceso judicial. Aun así, si el acto jurídico de compraventa es de fecha anterior, el tercerista adquirente no tiene por qué verse perjudicado por el actuar doloso del anterior propietario, si no existían pruebas de un actuar en conjunto entre ellos para perjudicar a la entidad financiera. En este caso, el tercerista interpuso demanda de Tercería de Propiedad, a fin de que se deje sin efecto el embargo en forma de inscripción sobre un inmueble. Dicha tercerista, refirió que adquirió el inmueble en el año 1999, ejerciendo sus derechos sobre este hasta que le llegó una notificación de embargo dirigida al anterior propietario (codemandado) promovida por una entidad financiera. Con el testimonio de compraventa, el tercerista acreditó que adquirió el bien, conforme al artículo 923 del Código Civil. La demanda fue admitida en la vía abreviada; y la entidad financiera, la contestó señalando que la escritura de compraventa no estaba inscrita en los Registros Públicos; ya que cuando se trabó embargo sobre el bien, en el año 2004, aparecía en los Registros Públicos solo el titular. Asimismo, la entidad financiera indicó que en el caso de las tercerías no bastaba tener título de transferencia, sino que este debía constar por escrito e inscrito en los Registros Públicos. Luego de las audiencias respectivas, se declaró rebelde al codemandado. Es así que se dictó sentencia de primera instancia, la cual declaró infundada la demanda de tercería de propiedad, señalando que el tercerista

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 528-2006-Junín (Data 45 000) Demandante: Erika Vilma de la Cruz Martínez Demandado: Banco de Crédito del Perú Asunto: Tercería de propiedad Fecha: 12 de setiembre de 2006


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 528-2006-Junín (Data 45 000) Demandante: Erika Vilma de la Cruz Martínez Demandado: Banco de Crédito del Perú Asunto: Tercería de Propiedad Fecha: 12 de setiembre de 2006

tenía que acreditar que su derecho también estaba inscrito en los Registros Públicos, ya que la escritura pública de fecha cierta no es suficiente para sustentar la demanda. Además, de acuerdo con esta sentencia, si bien era cierto que el tercerista tenía una escritura pública de fecha anterior a la medida de embargo; también lo era que la entidad demandada tenía su derecho inscrito en los Registros Públicos, por lo que estaba protegido por el principio de prioridad registral previsto en el artículo 2016 del Código Civil. En tal sentido, la tercerista interpuso recurso de apelación, el que fue acogido por la Sala Superior. Esta revocó la sentencia apelada, declarando fundada la demanda de tercería, sosteniendo que: a. La transferencia de propiedad no es un acto de carácter formal, sino consensual en nuestro sistema de derecho, conforme al artículo 949 del Código Civil, no requiriendo mayor formalidad que la necesaria para efectos probatorios y respecto de terceros, siendo facultativa la inscripción registral. b. En las acciones de tercería no se encuentra en controversia la inscripción registral, sino que se debe acreditar el derecho con documento público o privado de fecha cierta (artículos 533 y 535 del Código Procesal Civil), situaciones fácticas que estaban establecidas en el proceso con la escritura pública presentada, tratándose de un documento público por la intervención del notario público en su formalización. c. Respecto a la calidad de la tercerista, ajena a la relación sustantiva que originó la medida en el proceso ejecutivo, se establece que la actora no era parte de la relación sustantiva que originó la medida cautelar, por lo que encuentra expedito para accionar. Al respecto, la entidad financiera interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil, esto es, la inaplicación de, entre otros, el artículo 1135 del Código Civil, refiriendo que este artículo constituye una norma de un “derecho común” que recoge el principio de prioridad en el tiempo, para determinar la preferencia en el derecho, señalando el

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recurrente que dicho artículo es de aplicación al caso, ya que remite al artículo 2022 del Código Civil. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló en primer término, que la causal de inaplicación de una norma de derecho material, se configura cuando los magistrados de mérito han inaplicado una disposición jurídica imprescindible para la resolución de la controversia, puesto que se ajusta perfectamente a ella. En relación al artículo 1135 del Código Sustantivo, la Corte Suprema indicó que dicho artículo establecía que, cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe, cuyo título ha sido primero inscrito o, en defecto de inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior; en este último caso, se preferirá el título que conste de documento de fecha cierta más antigua. Al respecto, la Corte Suprema señaló que este artículo era el que regulaba los supuestos de concurrencia de acreedores, que en el caso concreto no se presentaba, puesto que por un lado, existía un nuevo titular del bien, que era la demandante, siendo que su derecho real era el que no corría inscrito en los Registros Públicos, sin que ello no signifique que no sea la titular del bien. Por otro lado, la Corte Suprema también expresó que la entidad financiera recurrente poseía una anotación de embargo en forma de inscripción, en los Registros Públicos, para respaldar las obligaciones que le tenía el deudor codemandado. La Corte Suprema manifestó que de la revisión efectuada por las instancias anteriores se podía concluir que el tercerista había celebrado un contrato de compraventa del bien materia del proceso en el año de 1999; siendo que se elevó a escritura pública el mismo año. Asimismo, dicha Corte Suprema continuó señalando que la entidad financiera inició un proceso de obligación de dar suma de dinero al anterior propietario, en donde se trabó embargo en forma de inscripción. De lo expuesto, la última instancia procesal advirtió que el tercerista compró el bien en año 1999 y lo elevó a escritura pública el mismo año. Asimismo, la entidad financiera tenía con su deudor (anterior propietario) un proceso judicial, y es en esas circunstancias,

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que el deudor, a sabiendas del proceso con la entidad financiera, transmitió la propiedad de su bien, con lo que se evidenciaba el actuar manifiestamente irregular de este. Sin embargo, según la Sala Suprema, ello no ocurre, respecto de la posición de la parte actora, puesto que la fecha de su adquisición es previa a la anotación del embargo, siendo que la escritura pública data de la misma fecha que se presentó el parte judicial. Finalmente, la Sala Suprema concluye que el tercerista no debía perjudicarse por el actuar doloso del deudor de la entidad financiera. En este sentido, se declaró infundado el recurso de casación. Esta sentencia, emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, tuvo un Voto aparte, el cual señaló que el artículo 1135 del Código Civil constituía una norma de “derecho común”, que recogía también el principio de prioridad en el tiempo para determinar la preferencia en el derecho. El magistrado que emitió este Voto aparte, también indicó que lo contrario importaría destruir el sistema registral que nos rige y haría ineficaces los siguientes principios: a. El de legalidad recogido en el numeral 2013 del Código Civil, que preconiza que todo título que pretenda su inscripción debe ser compatible con el derecho ya inscrito; y, que el caso, cuando se trabó el embargo en forma de inscripción en el Registro Público, el codemandado figuraba como titular del bien inmueble submateria. b. El de impenetrabilidad, recogido en el numeral 2011 del citado Código Sustantivo, que preconiza el de impedir que se inscriban derechos que se opongan o resulten incompatibles con otros, aunque aquellos sean de fecha anterior. En el presente caso, el embargo no se hubiera trabado e inscrito si en el bien sublitis no hubiera tenido algún derecho el citado codemandado. c. El de publicidad recogido por el artículo 2012 del Código Civil que preconiza la presunción absoluta, sin admitirse prueba en contrario, de que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. De las razones anotadas, la Corte Suprema consideró que en el caso sí se había dejado de aplicar, además

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de los otros artículos, el artículo 1135 del Código Sustantivo. Por lo que su voto fue para que se declare fundado el recurso de casación interpuesto por la entidad financiera.

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NORMA SOBRE concurrencia de acreedores DE bienes inmuebles PUEDE SER APLICABLE POR ANALOGÍA EN CASO DE BIENES MUEBLES inscriTOS

Cuando se trate de determinar la preferencia sobre un bien mueble (vehículo de transporte), entre un tercerista y un acreedor prendario, se debe tener en cuenta que se trata de dos derechos reales, el derecho de prenda vehicular y el derecho real del propietario, por lo que los hechos deben ser analizados de acuerdo a los artículos 1136, 2014 y 1135, referidos a la concurrencia de acreedores de bienes muebles no inscribibles, buena fe registral y concurrencia de acreedores de bienes inmuebles. En el presente proceso, se interpone una demanda de tercería de propiedad, siendo el bien materia de tercería, un vehículo. Tanto en primera como en segunda instancia se declaró fundada la demanda. En tal sentido, el demandado interpone recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal del inciso tercero del artículo 386 del Código Procesal Civil, sustentándose en que la sentencia de vista había transgredido el principio de congruencia procesal e integración de la norma, entre otros; además, según el recurrente, la motivación de esta era deficiente e incongruente y vulneraba el principio de logicidad, expresando un razonamiento contradictorio e insuficiente. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que el bien materia de tercería, era un vehículo, el cual, por su naturaleza resultaba inscribible en el Registro de Propiedad Vehicular; por lo que resultaba necesario, a fin de resolver la controversia, aplicar las normas propias de la materia así como las respectivas del Código Civil, dilucidando la preferencia entre el acreedor prendario y el tercerista demandante. Respecto a la normas del Código Civil, la Corte Suprema invocó el artículo 1136 del Código Sustantivo, el cual, según dicha Corte Suprema, fue aplicado en las sentencias de mérito, y regula el supuesto de concurrencia de

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3378-2000Arequipa (Data 45 000) Demandante: Andrés Condori Umaña Demandados: Lino Peñalba Mojonero y otro Asunto: Tercería de Propiedad Fecha: 14 de marzo de 2001


acreedores para el caso de bienes muebles no inscribibles. La Corte Suprema continuó señalando que la norma indicada no se refería propiamente a bienes registrables, por lo que debía concordarse con lo dispuesto en el artículo 2014 del Código Civil, el cual contempla la figura de la buena fe registral y con el artículo 1135 de ese mismo Código, que si bien se refiere a la concurrencia de acreedores sobre bienes inmuebles, resultaba aplicable al caso, por analogía, toda vez que el bien sublitis se trataba de un bien inscribible. Al respecto, tenemos que de acuerdo con la última instancia procesal, ni el a quo ni la Sala habían efectuado el análisis descrito, de tal manera que no se habían valorado de manera conjunta los medios probatorios, lo que resultaba necesario para dilucidar la preferencia ya mencionada. Es así que, de acuerdo con la Sala Suprema se había contravenido lo dispuesto por el artículo 122, inciso tercero del Código Procesal Civil, que contempla el principio de motivación de las resoluciones en hecho y en derecho, sujetándose la decisión al mérito de lo actuado y al derecho. Por estas consideraciones, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso de casación.

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principio de prioridad en el tiempo para determinar la preferencia en el derecho no se aplica cuando el acto jurídico no tiene como requisito la inscripción de dicho acto

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 784-2003Lambayeque (Data 45 000) Demandante: Martha Elena San Marín Segura Demandados: Representaciones Alpamayo Sociedad Anónima y otros Asunto: Tercería de propiedad Fecha: 15 de julio de 2003

El tercerista es propietario desde el momento en que nació la obligación de enajenar el bien, no siendo requisito la inscripción de dicho acto jurídico toda vez que el sistema registral que ordena nuestro ordenamiento jurídico no es constitutivo de derechos. En el presente caso se interpuso demanda de tercería de propiedad, debido a que la empresa demandada quería embargar el bien inmueble objeto de la demanda. La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda. Asimismo, la Sala Superior confirmó la sentencia apelada. Al respecto, la empresa demandada interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal

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prevista en el inciso primero del artículo 386 del Código Procesal Civil, sustentada en la aplicación indebida del artículo 1135 del Código Civil, señalando la recurrente que dicho artículo no tenía relación con el supuesto de hecho que había originado el caso, en el que el accionante había embargado en forma de inscripción un bien que pertenece a un tercero y no a su deudor, siendo el caso que, según la recurrente, el objeto de análisis estaba orientado a determinar si el embargo en forma de inscripción procedía en contra del inmueble que había sido vendido con anterioridad a la inscripción del embargo, aunque la transferencia de propiedad no haya sido constada en los Registros Públicos. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República indicó que la sentencia de vista confirmó la sentencia apelada que declaraba infundada la demanda, porque el tercerista no había probado en forma debida su condición de propietario como lo establece el artículo 535 del Código Procesal Civil, pues a la fecha de la medida de embargo no existía el documento público ni el de fecha cierta que requería dicho dispositivo legal. Por otro lado, dicha Corte Suprema señaló que existía aplicación indebida cuando se actuaba con una norma impertinente a la relación fáctica establecida en la propia sentencia. En este sentido, la Sala Suprema expresó que el artículo 1135 del Código Civil recogía el principio de prioridad en el tiempo para determinar la preferencia en el derecho; norma que resultaba impertinente para el caso, toda vez que según la Sala Suprema, el tercerista es propietario desde el momento en que nació la obligación de enajenar el bien. En tal sentido, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República concluyó que las instancias de mérito incurrieron en la causal invocada, por lo que se declaró fundado el recurso de casación.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 784-2003Lambayeque (Data 45 000) Demandante: Martha Elena San Marín Segura Demandados: Representaciones Alpamayo Sociedad Anónima y otros Asunto: Tercería de propiedad Fecha: 15 de julio de 2003

CESIÓN DE DERECHOS

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en la cesión de derechos no se verifica la sustitución del CEDENTE sino las prestaciones susceptibles de ser exigidas por el acreedor

La regla del artículo 1439 del Código Civil tratándose de cesión de posición contractual, es diversa por cuanto en la relación jurídica obligacional creada por el contrato básico existen no solo créditos y derechos, sino también obligaciones y deberes, todos los cuales se ven afectados por la cesión. En tal sentido, si el cesionario se ve convertido en titular no solo de los derechos, sino también de las obligaciones del cedente, las garantías constituidas por terceros para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del cedente no pasen al cesionario, con quien los terceros no tendrían vinculación alguna. En el presente proceso, una corporación financiera celebró con el Ministerio de Economía y Finanzas un contrato de cesión de derechos de cartera de créditos, uno de los créditos otorgados fue el que se tenía con una empresa. Luego, el Ministerio interpuso una demanda de Ejecución de Garantías contra dicha empresa, la cual formuló contradicción a la ejecución alegando la inexigibilidad de la obligación. La sentencia de primera instancia declaró infundada la contradicción y fundada la demanda de ejecución de garantías promovida por el Ministerio. Asimismo, la Sala Superior confirmó la sentencia apelada. Según estas instancias, al ceder la corporación financiera al Ministerio sus derechos de cartera de créditos, en esencia se producía una cesión de derechos y no una cesión de posición contractual. Al respecto, una tercera persona que tenía calidad de demandada interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil, referida a la inaplicación del artículo 1439 del Código

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2570-2005-Lima (Data 45 000) Demandante: Ministerio de Economía y Finanzas Demandada: Aurífera Los Incas Sociedad Anónima Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 30 de octubre de 2006



Civil. De acuerdo con el recurrente, el artículo 1211 del Código Civil, referente a la cesión de derechos, comprende las garantías reales o personales del obligado a cumplir el derecho cedido, es decir las garantías de la empresa aurífera, y no aquellas otorgadas por terceros, lo que quedaba aclarado con lo preceptuado en el artículo 1439 del Código Civil que prevé que las garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario, sin la autorización de aquellas; norma que correspondía a la cesión de derechos, pero que, según el recurrente debía ser aplicada ante el vacío sobre la regulación de las garantías otorgadas por terceros en la cesión de derechos. De acuerdo con la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, su pronunciamiento no estaba orientado a establecer la naturaleza de la cesión del crédito que motivó la demanda, ni la consiguiente viabilidad de la ejecución de garantías, sino que correspondía determinar, en concreto, si el artículo 1439 del Código Civil debió ser aplicado al caso, habida cuenta del vacío que parecía existir en la ley que regula la cesión de derechos. La Corte Suprema señaló que el artículo 1211 del Código Civil preveía que la cesión de derechos comprende la transmisión al cesionario de todos los privilegios, las garantías reales y personales, así como los accesorios del derecho trasmitido; en este contexto, según dicha Corte Suprema, cuando la ley refiere que la cesión comprende también a las garantías, lo hace en forma genérica, esto es, sin distinguir si se trata únicamente de garantías otorgadas por el propio obligado o de garantías otorgadas por terceros. Por tanto, de acuerdo a la Corte Suprema era lógico admitir que la ley ha previsto el paso de todas las garantías en general, pues por principio jurídico esencial nadie puede distinguir allí donde la ley no distingue. Asimismo, la Corte Suprema advirtió que si bien el Código Civil al regular la Cesión de Posición Contractual preveía en su artículo 1439 que las garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario sin la autorización expresa de aquellas, debe admitirse que tal disposición guarda coherencia lógica con la institución que regula, pues en la cesión de posición contractual, una de las partes contratantes es reemplazada por otra

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persona ajena a la relación jurídica obligatoria. En este sentido, la Corte Suprema concluyó al respecto que, en resguardo de los principios de voluntariedad y buena fe contractuales, se tornaba indispensable que el cedido preste su consentimiento para el cambio o subrogación del otro sujeto, y además si en el contrato intervinieran terceros que habían constituido garantías reales o personales, será imprescindible que tales personas también presten su consentimiento, pues de lo contrario las garantías constituidas por aquellas no pasarán al cesionario. Resumiendo lo señalado por la Corte Suprema, se tiene que en la cesión de posición contractual el cesionario sustituye al cedente en la totalidad de derechos y obligaciones derivados del contrato, o dicho de otro modo, es como que el tercero entra en la posición jurídica del cesionario en la relación jurídica contractual; en cambio, en la cesión de derechos no se verifica la aludida sustitución, sino lo que se transfiere al tercero es tan solo una o varias prestaciones susceptibles de ser exigidas por el acreedor; pero el contrato básicamente permanece inalterable y simplemente ocurre que una de las partes (el acreedor) cede a un tercero su derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor; por tanto, no resulta necesaria la aceptación del deudor ni el consentimiento de tercero garante, pues la relación jurídica permanece incólume. Es así que de acuerdo con dicha Sala Suprema, no resultaba de aplicación al caso el artículo 1439 del Código Civil. En este sentido, la Corte Suprema invocó la doctrina nacional, señalando que esta había precisado las diferencias existentes entre la cesión de derechos y la cesión de posición contractual. Es así que, de cuerdo a la doctrina el artículo 1211 del Código Civil establece que la cesión de derechos comprende la transmisión al cesionario de los privilegios, las garantías reales y personales, así como los accesorios del derecho transmitido, salvo pacto en contrario. Según la Corte Suprema, esto encontraría justificación que lo que está en juego solo son los derechos del acreedor, quedando intangibles los deberes del deudor, cuyo asentimiento a la cesión no se requiere, por lo cual las garantías otorgadas para el cumplimiento de estos deberes tampoco deben ser modificadas.

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Por otro lado, la instancia suprema advirtió que no se debía perder de vista que según el artículo 4 del título preliminar del Código Civil, la ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía; por tanto, según la Corte Suprema, al tratarse de una restricción del paso de las garantías al cesionario, no es posible aplicar a la litis lo previsto en el artículo 1439 del Código Civil. Es así que se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.

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el título que transfiere UN DERECHO debe contener la causa justa de la cesión

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 396-01-Callao (Data 45 000) Demandante: Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros Demandados: Stolt Víctor Inciso Monrovia y otros Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 12 de julio de 2001

En los casos en que ha habido un daño patrimonial, cuya magnitud no se conoce exactamente al producirse el siniestro, será necesario que el daño se sujete a una valuación económica que no se encuentra dentro del parámetro de la subrogación y que justificaría el uso de la cesión de derechos para el cobro exacto del daño. El presente caso está referido a que una Compañía de Seguros expidió un recibo de indemnización, mediante el cual una empresa afectada con la pérdida de su mercadería, dejaba constancia expresa e indubitable de que se encontraba satisfecha con la indemnización otorgada. En el tercer párrafo del referido recibo de indemnización se señalaba que la empresa afectada cedía sus derechos, títulos o acciones que se derivasen de la indemnización, a la Compañía de Seguros para que esta pueda hacerlos valer por ellos y contra quien corresponda. En tal sentido, dicha empresa de seguros interpuso demanda sobre obligación de dar suma de dinero. La empresa de seguros se presentó al proceso con dos títulos, en primer lugar en vía de subrogación por el monto pagado a su asegurada, y en segundo lugar por la cesión y transferencia efectuada a su favor por la misma asegurada, de todos sus derechos, títulos o acciones derivados del siniestro, hasta el valor total de la pérdida. Es así que el petitorio de la demanda se hizo por dicha cantidad y se expresó en la fundamentación, que si bien de acuerdo con las condiciones de la póliza de seguros indemnizaron una cantidad menor, su asegurada, independientemente les había cedido todos sus derechos derivados de la reclamación en mención.

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La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda de pago de dólares en todos sus extremos. Asimismo, la Sala Civil de la Corte Superior del Callao resolvió confirmando la sentencia apelada. La parte demandada interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de interpretación errónea del artículo 1206 del Código Civil, basándose en que se ha interpretado erróneamente la norma denunciada porque no se había cumplido con el tercer elemento de la cesión, según el cual la cesión se origina como consecuencia de una obligación de transferir por un título distinto, lo que determina su naturaleza causal y no abstracta. Es así que según la parte demandada, la Sala Superior ha interpretado erróneamente la norma denunciada, cuando afirma que el documento en donde consta la cesión de derechos es por si misma la causa de la cesión contraviniendo lo expresamente dispuesto por la norma. De acuerdo con la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, el punto controvertido se encontraba en el tercer párrafo del recibo de indemnización expedido por la Compañía de Seguros; dicha Corte Suprema señaló que este tercer párrafo fue la justificación, alegada por la demandante, para pretender demandar un monto mayor al que pagó por el siniestro que cubría. Asimismo, según esta última instancia procesal, el referido párrafo tercero del recibo de indemnización es el que, según la recurrente, no satisfacía los requisitos establecidos por la Ley para que se constituya una cesión de derecho. Al respecto, la Corte Suprema advirtió que el artículo 1206 del Código Civil señala que la cesión, es el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto. En tal sentido, invocando a la doctrina, dicha Corte Suprema expresó que la cesión se conceptúa como la renuncia o transmisión, gratuita u onerosa, que se hace de cosa, crédito, acción o derecho a favor de otra persona. La Corte Suprema agregó al concepto, los elementos de la cesión de derechos: a) una relación jurídica

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preexistente a la cesión y que sea susceptible de ser cedida, sin cuya existencia no podría configurarse la referida cesión; b) las partes de esta relación obligacional están constituidas por un cedente y un cesionario; c) que se transmite un derecho a exigir determinada prestación; d) que la cesión sea el modo de transferir un título distinto. Respecto al caso concreto, la Corte Suprema señaló que la demandante, al indemnizar a la agraviada por la pérdida de su mercaderías, se subrogaba por mandato de la Ley a la agraviada, pudiendo reclamar sus derechos contra el agente económico agresor y causante del daño indemnizable. Es así que dicha Corte Suprema concluyó que por ello, este punto no es controvertido convirtiéndose el recibo de la indemnización en una manifestación de la ejecución del contrato de seguro. Finalmente, la Corte Suprema afirmó que el acuerdo obligacional que consta en el tercer párrafo del recibo de indemnización puede ser considerado como una cesión de derechos al reunir los requisitos establecidos en la Ley y debido a que se trata de dos títulos, o actos jurídicos distintos. Es así que se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, confirmándose así la sentencia apelada. Sin embargo, en el pronunciamiento de sentencia hubo un voto aparte. El magistrado que emitió dicho voto señaló que era necesario analizar jurídicamente el documento denominado “recibo de indemnización”, a fin de determinar si acreditaba la realización de dos actos jurídicos, es decir, que además de la subrogación sobre lo cual no había debate, existía una cesión de derechos. Al respecto, el magistrado advirtió que en dicho documento se acusaba el recibo de la suma como indemnización total y definitiva de todo reclamo, resultante de la póliza de transporte y siniestro en cuestión, lo que se reiteraba con un segundo párrafo en que se declaraban totalmente indemnizados, y en un tercer párrafo, se expresaba ceder y/o transferir la propiedad y/o derechos, títulos o acciones que se deriven del reclamo materia de la indemnización. Según el juez que emitió el voto dirimente, la cesión de derechos estaba definida en el artículo 1206 como un acto de disposición en virtud del cual se trasmite

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el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto. De acuerdo a este concepto, dicho magistrado advirtió que de la interpretación gramatical del texto legal resulta que la norma abstracta comprende los siguientes supuestos: a) un acto de cesión; b) que se trasmita un derecho a exigir determinada prestación; y c) que la cesión sea consecuencia de una obligación a transferir por título distinto. En este sentido, se concluyó que el acto de la cesión se debe hacer por escrito, bajo sanción de nulidad, como establece el artículo 1207 del Código Civil, de tal manera que la forma escrita es ad solemnitatem. Asimismo, dicho magistrado agregó que el derecho a exigir determinada prestación significa que no necesariamente debía referirse a créditos reconocidos o consagrados, pues lo que se cedía no era un crédito, sino el derecho a exigir, de tal manera que también se pueden ceder derechos que sean materia de controversia judicial, como establece el artículo 1208 del Código Sustantivo. Por otro lado, según este magistrado, el tercer elemento del supuesto legal exige que la cesión se produzca en cumplimiento de una obligación de transferir por un título distinto. Al respecto, dicho magistrado señaló que de las varias acepciones jurídicas que tiene la palabra título, la atinente es aquella por la cual se entiende el origen, la causa, la razón, o el fundamento de un derecho u obligación y también el documento que prueba una relación jurídica; y distinto es aquello diferente, desigual o diverso; de donde se sigue que la cesión de derechos se efectúa en cumplimiento de una obligación distinta, lo que determina su naturaleza causal y no abstracta. El magistrado que emitió el voto, para mejor resolver, invocó a la doctrina para señalar que la cesión es una forma de transmisión de los créditos, como lo es la traditio en orden a los derechos reales; pero como quiera que la traditio debe tener una causa justa, también la cesión debe basarse en una causa justa, ya que sin ella sería estéril; y como la cesión puede ser voluntaria o necesaria, según derive de una convención libre de las partes, o sea coactivamente impuesta por la Ley, su causa será en esta última el precepto mismo, y en aquella el negocio jurídico que podrá ser un acto a título gratuito, ya un acto a título oneroso, tanto la constitución de una relación obligatoria, cuanto la resolución

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de una relación preexistente (pago), de tal manera que la cesión es un negocio jurídico causal, distinto del negocio que le sirve de base. En consecuencia, el magistrado que emitió el voto dirimente concluyó que por la interpretación gramatical, sistemática e histórica, el título distinto que obligue a transferir ese derecho, debe contener la causa justa de la cesión, desde que se trata de un acto causal y no abstracto. Respecto al documento que servía de sustento a la acción, se señaló que solo contenía una subrogación de derechos, y no una cesión de derechos, pues no se dan los supuestos señalados en el artículo 1206 del Código Civil y que por tanto es impertinente a la relación fáctica establecida. Además la demandante pretendía un derecho que no ha reconocido a su asegurado, y el pago de una suma mayor a la que él mismo pagó, alegando una cesión de derechos, que como resulta del análisis anterior, no consta. Es así que finalmente, el voto del magistrado fue porque se declare fundado el recurso de casación interpuesto por los demandados.

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Cuando la cesión de derechos corre inscrita en los Registros Públicos se considera que se cumplió con comunicar fehacientemente la cesión

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 372-2006Arequipa (Data 45 000) Demandante: Banco Internacional del Perú Interbank Demandado: Roger Cancio Arredondo García Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 6 de setiembre de 2006

En los casos de ejecución de garantía, en donde se pretende el cobro de una deuda que es cierta, expresa y exigible, se requiere para iniciar la acción, un título ejecutivo, que reúna los requisitos establecidos en la ley. En el presente proceso, una entidad financiera interpuso demanda de ejecución de garantía contra sus deudores, con el fin de que cumplan con pagarle la suma adeudada, bajo apercibimiento de ordenarse el remate de los bienes dados en garantía. Luego de admitida a trámite la demanda y dictado el mandato de pago, solo uno de los demandados dedujo su contradicción, la cual se sustentaba en la inexigibilidad de la obligación, señalando que dicha obligación fue contraída a favor de otra entidad financiera ya extinguida por lo que el único legitimado para interponer

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la acción era la citada entidad financiera. Asimismo, el deudor señaló que la entidad financiera demandante no tenía legitimidad para obrar, ya que no se había acreditado la validez de la cesión ni que la deuda fuera exigible. El juez de primera instancia declaró infundada la contradicción y dispuso el remate de los bienes dados en garantía, señalando que la inexigibilidad de la obligación se produce cuando esta se encuentre sujeta a un plazo todavía no vencido o sometida a condición cargo pendiente de cumplimiento; y, que el deudor no había acreditado que la obligación puesta a cobro se encontraba sujeta a alguna de las condiciones antes señaladas; además, se señaló también que el Banco ejecutante se encontraba legitimado para interponer la demanda por cuanto las hipotecas constituidas a favor de la entidad financiera extinguida habían sido cedidas a favor del banco demandante, cesiones que se encontraban debidamente inscritas. Después de que se interpuso el recurso de apelación, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa expidió sentencia en segunda instancia, mediante la cual se declaró improcedente la contradicción, y se confirmó el extremo referido al mandato a remate de los bienes dados en garantía. Al respecto el ad quem señaló que la inexigibilidad deducida no está sustentada en alguna razón de modo, lugar o tiempo, únicas causales para contradecir el mandato; asimismo se señaló que la cesión de derechos se encontraba inscrita, por lo que el demandado no podía sostener que no tenía conocimiento de esta. En este sentido, el demandado interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por las causales previstas en los incisos segundo y tercero del artículo 386 del Código Procesal Civil; esto es, inaplicación de normas de derecho material y contravención a las normas que garantizan su derecho al debido proceso. En el primer caso el deudor expresó que se había inaplicado el artículo 1215 del Código Civil, argumentando que, el Código Civil establecía en ese artículo que la Cesión de Derechos produce efecto contra el deudor desde que este la acepta o le es comunicada fehacientemente. En cuanto a la segunda causal, se indicó la contravención de los numerales I, II y III del Título Preliminar; y de los artículos 194 y 690 del Código Procesal Civil, sosteniéndose lo siguiente:

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-

Que resultaba indispensable que se actuaran los medios probatorios necesarios que acrediten la cesión de la hipoteca materia de ejecución, siendo una carta notarial la única pruebe válida e idónea para aclarar la perfecta cesión de derechos de la entidad financiera extinguida a favor de la entidad financiera demandante;

- Que el Juez no había ejercido su función de director del proceso ni buscó encontrar la verdad; pues resolvió la demanda sin ordenar la actuación de la prueba idónea y necesaria que sustente o desvirtúe los argumentos de demandado; y, - Que el Juez debió, de oficio, actuar una pericia contable con la finalidad de determinar el saldo deudor. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República señaló en primer lugar que era preciso analizar los vicios referidos a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, puesto que la configuración de alguno de estos, implicaba que no se produzca un pronunciamiento sobre el vicio sustantivo también denunciado; mientras no se resolvieran los vicios procesales. Respecto a la actuación de los medios probatorios idóneos, la Corte Suprema invocó el artículo 188 del Código Procesal Civil, según el cual, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. En tal sentido, dicha Corte Suprema recordó que la Sala Superior, al momento de resolver el conflicto sobre este punto, había señalado que el argumento denunciado no se ajustaba a la causal invocada de inexigibilidad de la obligación, puesto que esta hace referencia a una circunstancia de modo lugar o tiempo; además, se indicó que la cesión de derechos corre inscrita en los Registros Públicos, por lo que en aplicación del artículo 2012 del Código Civil, el ejecutado no podía alegar desconocimiento del contenido del asiento registral respecto de los bienes hipotecados. De tal manera que el Supremo Tribunal concluyó que el razonamiento efectuado por la Sala Superior era el correcto. En tal sentido, la Corte Suprema consideró que la carta a la que hacía referencia el recurrente no necesariamente era el único mecanismo

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de acreditación de la realización de la cesión; además, según este Supremo Tribunal, el artículo 1206 del Código Civil señala de manera expresa que la cesión puede hacerse, aun sin el asentimiento del deudor, en tanto que el artículo 1215 dispone que la cesión produce efecto contra el deudor cedido desde que este la acepta o les es comunicada fehacientemente, siendo que las inscripciones constan en asientos respectivos desde casi dos años antes de la interposición de la demanda, por lo que este punto fue declarado infundado. En cuanto a la función de dirección del proceso por parte del Juez, la Corte Suprema expresó que no procedía el vicio denunciando por el recurrente, ya que durante toda la secuela del proceso de ejecución de garantía, que por su naturaleza es sumarísimo, tanto el a quo como el ad quem han desarrollado su trabajo, dentro de los parámetros exigidos por la ley y otorgando respuestas legales y coherentes a los argumentos de las partes. Con relación a la actuación de oficio de una pericia contable, la Corte Suprema señaló que el artículo 194 del Código adjetivo prescribe que cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes. Asimismo, dicha Corte Suprema indicó que en el proceso de ejecución de garantía, ninguna de las instancias había considerado necesario emplear dicho dispositivo legal, por lo que, no se configuraba ningún vicio procesal, ni podía pretenderse conminar a cualquier Juez para la actuación de una prueba de oficio, cuando estos no la consideren pertinente ni mucho menos cuando el propio recurrente no la había solicitado ni mencionado dentro del desarrollo del proceso, por lo que este extremo también devino en infundado. Luego de que la Corte Suprema analizara la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, procedió a analizar la causal de inaplicación del artículo 1215 del Código Civil. Así, señaló en primer lugar que dicha causal se configuraba cuando el Juez comprobaba circunstancias que son supuestos obligados de la aplicación de una norma determinada, no obstante lo cual, no la aplica; de tal manera que el Juez ha ignorado, desconocido o soslayado

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la norma pertinente. Al respecto, la Corte Suprema señaló también que este error se relacionaba con la aplicación indebida, pues si la norma aplicada es impertinente a la relación fáctica, es muy probable que el Juez también haya dejado de aplicar aquella norma que es precisamente la adecuada. Al respecto, la última instancia procesal señaló que era necesario determinar la pertinencia del artículo 1215 del Código Sustantivo dentro del proceso. En primer lugar, la Corte Suprema invocó el artículo 1206 del Código Civil, según el cual la cesión es el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto. Luego, la Corte Suprema invocó a la doctrina al señalar que la cesión se conceptuaba como la renuncia o transmisión, gratuita u onerosa, que se hace de cosa, crédito, acción o derecho a favor de otra persona. De la misma manera, dicha Corte Suprema señaló los elementos de la cesión de derechos: a) una relación jurídica preexistente a la cesión y que sea susceptible de ser cedida sin cuya existencia no podría configurarse la referida cesión; b) las partes de esta relación obligacional están constituidas por un cedente y un cesionario; c) que se transmite un derecho a exigir determinada prestación; d) que la cesión sea el modo de transferir un título distinto. De lo expuesto, la Corte Suprema concluyó señalando que el supuesto del artículo 1215 del Código Civil sí era aplicable al caso, y que el deudor sí había sido comunicado de la cesión de derechos, puesto que esta corría inscrita en los Registros Públicos, siendo una verdad legal, prevista en el artículo 2012 del Código Civil, expresando así que este y todos los coejecutados, así como todos los agentes económicos, tienen conocimiento pleno del contenido de los asientos regístrales, no pudiendo alegar ignorancia sobre esto. Por tal razón la aplicación de la norma invocada no cambiaba la decisión adoptada por las instancias, por lo que este extremo devino en infundado. Es así que el recurso de casación interpuesto por el demandado fue declarado infundado, no casándose la resolución de vista.

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Procede que la comunicación fehaciente EFECTUADA al garante se produzca por vía judicial a través de la Notificación con la demanda

Aun cuando la cesión puede hacerse sin asentimiento del deudor, el deudor cedido debe tener conocimiento de la cesión para que le sea exigible la prestación por parte del nuevo acreedor. En tal sentido, si bien la comunicación faculta al deudor cedido a que acepte o no la cesión; esta tiene plena eficacia en su contra con su solo conocimiento. En este caso, una entidad financiera interpuso una demanda cuya pretensión era la ejecución de garantía hipotecaria en contra de los demandados, uno de ellos (una empresa de responsabilidad limitada) como deudor principal, y otros en calidad de garantes hipotecarios de la citada empresa. Uno de los garantes hipotecarios formuló contradicción, aduciendo que la obligación era inexigible contra los garantes, toda vez que ellos constituyeron hipoteca a favor de otra entidad bancaria ya extinguida; y, que la cesión de derechos celebrada entre el dicho banco y la entidad financiera demandante –por el que la primera cedió a la entidad financiera demandante la totalidad de sus derechos respecto del crédito de la empresa de Responsabilidad Limitada, con todos los privilegios, garantías reales y demás–, no tenía validez alguna frente a los garantes, puesto que no se había obtenido su consentimiento conforme al artículo 1435 del Código Civil. Mediante la sentencia de primera instancia se desestimó la contradicción; el a quo indicó que la cesión de derechos es distinta de la cesión de posición contractual, cuyo articulado es el que citó el ejecutado. En tal sentido, no se necesitaba del consentimiento del deudor cedido. Luego, la Corte Superior de Justicia de Arequipa dispuso la nulidad de todo lo actuado y la improcedencia de la demanda, bajo el argumento de que si bien es cierto, para la cesión de derechos no se requiere del asentimiento del deudor, no es menos cierto que siendo el ejecutado garante hipotecario, tiene la calidad de deudor cedido, que por tanto, debió comunicársele fehacientemente de la cesión conforme al artículo 1215 del Código Sustantivo, lo cual no ha sucedido y que por

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2768-2003Arequipa (Data 45 000) Demandante: Banco Wiese Sudameris Sociedad Anónima Abierta Demandados: Villacar Construcciones Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada y otros Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 5 de octubre de 2004



tanto, no se había cumplido con un requisito indispensable para la procedencia de la ejecución. Al respecto, la entidad financiera demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente, por la causal de interpretación errónea del artículo 2015 del Código Civil; expresando como fundamentos los siguientes: a. Lo que prescribe esta norma es que la cesión debe ser comunicada al deudor, no señalando que sea un requisito comunicarlo a persona distinta del deudor, como es el caso de los garantes hipotecarios, los cuales tienen condición accesoria y subsidiaria en la relación obligacional, es decir, no son deudores propiamente, sino garantes frente al incumplimiento del deudor, siendo accesorios del crédito cedido, por lo que la ley no obliga a su notificación; y, b. Que la notificación dispuesta en la norma no exige una formalidad específica por lo tanto, la efectuada mediante el emplazamiento de la presente demanda a los coejecutados garantes, en todo caso, cumple con la finalidad establecida en la norma. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República invocó el artículo 1206 del Código Civil para definir la cesión de derechos, el cual señala que esta figura es el acto de disposición en virtud del cual el cedente trasmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un título distinto. Asimismo, la Corte Suprema expresó que la cesión puede hacerse aun sin el asentimiento del deudor; lo que significaba que para la validez de la cesión bastaba el consentimiento existente entre el cedente y cesionario. Dicha Corte Suprema continuó señalando que no obstante lo anterior, para que surta efectos plenos esta cesión frente al deudor cedido y demás terceros, era necesario que le sea comunicado al deudor cedido de la existencia de dicha cesión; puesto que este ignorando la cesión podía cumplir su obligación frente al cedente, no siendo justo que el cesionario exija al citado deudor que le pague nuevamente a él, aduciendo ser el acreedor actual; vale decir, lo que la ley exige para la eficacia de la cesión es que el deudor cedido tome conocimiento de dicha cesión, lo que en primer orden debía producirse a través de una

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notificación cursada a su persona por el cedente; de allí la razón por la que el artículo 1215 del Código antes citado, establece que la cesión produce efecto contra el deudor cedido desde que este la acepta o le es comunicada fehacientemente. Por otro lado, la Corte Suprema indicó que el artículo 1215 del Código sustantivo, señala que la cesión produce efecto contra el deudor cedido desde que este la acepta; esta prescripción está referida a los casos en los que pese a no existir comunicación a su persona, el deudor cedido expresa su aceptación o en los que la cesión se opone a la ley, a la naturaleza de la obligación o al pacto con el deudor, de conformidad con el artículo 1210 del citado Código, pese a ello, igualmente la acepta; situaciones en las cuales la cesión entonces produce plenamente sus efectos. La Corte Suprema al continuar analizando los artículos pertinentes, invocó el artículo 1211 del Código Civil, el cual establece que la cesión de derechos comprende la transmisión al cesionario de los privilegios, las garantías reales y personales, así como los accesorios del derecho trasmitido, salvo pacto en contrario. Respecto a este artículo, la Corte Suprema señaló que los garantes, si bien, no son expresamente calificados también por la norma como “deudores cedidos”; debía entenderse por la obligación de garantía asumida frente al acreedor respecto del deudor que son igualmente deudores de este acreedor, con derecho a tener conocimiento de la cesión que se haya producido respecto de la obligación que garantiza. Asimismo, la última instancia procesal indicó que no existía óbice alguno para que esta comunicación fehaciente, se produzca por vía judicial a través de la notificación con la demanda. Por lo expuesto, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República concluyó que si se produjo la interpretación errónea del artículo 2015 del Código Civil, por lo que se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la entidad financiera demandante, e improcedente la contradicción formulada; en consecuencia se ordenó el remate del bien inmueble.

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los efectos de la cesión de derechos que establece el artículo 1215 del Código Civil estÁn reservados para ser aplicados únicamente en favor del deudor

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3471-2002 Callao (Data 45 000) Demandante: Caja de Pensiones Militar Policial Demandados: Gestión de Negocios Sociedad Anónima y otros Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 5 de julio de 2004

Los efectos de la cesión de derechos que establece el artículo 1215 del Código Civil están reservados para ser aplicados únicamente en favor del deudor; por tanto, no se puede aplicar válidamente a los fiadores la condición establecida en la citada norma de derecho material. En el presente caso, una Caja de Pensiones interpuso una demanda de Ejecución de Garantía Hipotecaria, debido a que dicha Caja de Pensiones había celebrado con una entidad financiera una cesión de derechos (cesión de hipoteca), mediante la cual dicha entidad financiera cedió a favor de la Caja, la hipoteca recaída sobre los demandados. En la sentencia de primera instancia se declaró fundada la contradicción formulada por la parte demandada e infundada la demanda. Luego, la Sala Superior confirmó la sentencia apelada. Al respecto, la Caja de Pensiones interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente, por las causales previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, relativas a la aplicación indebida e inaplicación de normas de derecho material. La demandada sostuvo que se había aplicado de manera indebida el artículo 1215 del Código Civil, norma que establece el inicio de los efectos de la cesión, la cual produce efectos contra el deudor cedido desde que este la acepta o le es comunicada fehacientemente; en tal sentido, la demandada señaló que para la debida aplicación de dicha norma se debía observar previamente la presunción legal (iure et de iure) contenida en el artículo 2012 del Código Sustantivo. Por lo que la recurrente indicó que el Colegiado Superior había dejado de aplicar el artículo 2012 del Código Civil, alegando que la cesión de hipoteca, se encontraba inscrita con anterioridad, por lo que en virtud a la presunción legal contenida en la norma invocada, los demandados habían sido comunicados de la cesión efectuada, sin admitirse prueba en contrario.

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La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que el artículo 1215 del Código Civil establece que la cesión produce efecto contra el deudor cedido desde que este la acepta o le es comunicada fehacientemente. Luego, expresó que conforme se desprendía de la escritura pública de constitución de hipoteca, dos de los demandados se constituyeron en fiadores solidarios del obligado principal. En tal sentido, según la Sala Suprema, resultaba amparable la aplicación indebida del artículo 1215 del código sustantivo, debido a que esta norma solo se aplica a favor del deudor. Por otro lado, la Corte Suprema también analizó el artículo 2012 del Código Civil, señalando que se presumía, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Así tenemos que, de acuerdo con esta Sala Suprema, si la cesión de hipoteca celebrada entre la entidad financiera y la Caja de Pensiones fue inscrita en el Registro, era desde ese momento en que el fiador tenía conocimiento de la dicha cesión de derechos; es así que, en aplicación al principio de publicidad –el cual no había sido empleado por el Colegiado Superior– también resultaba amparable la inaplicación del artículo 2012 del Código Civil. Por lo expuesto, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso de casación; en tal sentido, se revocó la sentencia apelada.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3471-2002 Callao (Data 45 000) Demandante: Caja de Pensiones Militar Policial Demandados: Gestión de Negocios Sociedad Anónima y otros Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 5 de julio de 2004

PAGO DE INTERESES

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SI SE ACREDITÓ QUE EN LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO HUBO CAPITALIZACIÓN DE INTERESES, LOS JUECES AL MOMENTO DE SENTENCIAR DEBEN DETERMINAR EL MONTO COBRADO EN EXCESO POR TAL CONCEPTO

No se puede pactar la capitalización de intereses o anatocismo, si no se ha determinado cuánto era la suma cobrada en exceso por tal concepto. Al respecto, en este proceso se interpuso una demanda sobre obligación de dar suma de dinero, con el fin de que se ordene el pago de una determinada cantidad, derivado de un contrato de préstamo celebrado con el deudor, de los cuales se había pagado una parte. El juez de primera instancia declaró fundada la demanda; asimismo, la Sala Superior confirmó la sentencia apelada, declarando fundada en parte la demanda, exigiéndole al deudor que cumpla con pagar la parte adeudada. La sentencia apelada se sustentó en otro proceso seguido por las mismas partes, de donde se advirtió que el acreedor recibió un pago por parte del deudor a cuenta de la deuda contraída y en donde se estableció claramente que quedaba un saldo pendiente. En tal sentido, el deudor interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal contemplada en el inciso tercero del artículo 386 del Código Procesal Civil. Al respecto, el deudor señaló que si se reconoció en la resolución emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna-Moquegua que el acreedor había cometido anatocismo (pacto de capitalización de intereses al momento de contraerse la demanda) no se podía ordenar el pago de la suma adeudada. Además, el deudor expresó también que no se había aplicado lo dispuesto por el artículo 1334 del Código Civil, señalando que la cuantía de la obligación debió ser determinada mediante resolución judicial y que los

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1636-2001Moquegua-Tacna (Data 45 000) Demandante: Oriana del Carmen Salas Demandada: Teresa Berrios Ponce Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 5 de octubre de 2001


intereses legales debían aplicarse desde que hay mora, es decir desde la citación con la demanda. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República advirtió que la sentencia de vista había establecido que en el contrato de mutuo existió capitalización de intereses, contrariándose el artículo 1249 del Código Civil, presentándose de esta manera la figura del anatocismo. Seguidamente, dicha Corte Suprema señaló también que resultaba evidente que si la obligación original era por una cantidad determinada y la deuda quedó reducida, entonces existió un pago; es así que de acuerdo con la Corte Suprema, en este pago se encuentra incluida la capitalización de intereses y el anatocismo en que se sustenta la resolución de vista. Asimismo, la Corte Suprema refirió que si bien la Corte Superior había reconocido que no se podía pactar la capitalización de intereses o anatocismo, no se había determinado cuánto era la suma cobrada en exceso por tal concepto, lo cual resultaba incongruente, incumpliéndose lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 122 del Código Procesal Civil, incurriéndose así en la causal de nulidad. Por las razones expuestas, se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la demandada.

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AL CONSIDERARSE QUE LAS MUTUALES DE CRÉDITO PARA VIVIENDA FORMAN PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS, PROCEDERÁ LA CAPITALIZACIÓN DE INTERESES QUE HAYAN PACTADO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Exp. Nº 454-2002La Libertad (Data 45 000) Demandante: Mutual Vivienda Panamericana en Liquidación Demandado: Carlos Enrique Tello Olavarría Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 9 de agosto de 2002

No se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación; salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares. En cuanto a este tema, se tiene que se celebró un contrato de préstamo especial entre una Mutual y el deudor. A la fecha de la suscripción de dicho contrato se encontraba vigente el Decreto Legislativo Nº 637, el cual señalaba que se encontraban dentro de los alcances del sistema financiero todas las empresas y entidades supervisadas y controladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, entre las cuales se encontraban las mutuales de vivienda.

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Luego, la Mutual interpuso demanda de Ejecución de Garantías con el fin de que el deudor cumpla con pagarle la suma adeudada, caso contrario se debería proceder a la ejecución del bien dado en garantía. Al respecto, el dicho deudor formuló la respectiva contradicción, la cual fue declarada fundada, declarándose de esta manera improcedente la demanda. En el mismo sentido, la Sala Superior confirmó la sentencia de primera instancia. Por lo que la Mutual interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista. El recurso de casación fue declarado procedente por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, respecto a la causal contemplada en el inciso primero del artículo 386 del Código Procesal Civil, mediante el cual se denunció la interpretación errónea del artículo 1249 del Código Civil, debido a que según la demandante, esta sí formaba parte del sistema financiero, lo cual había sido negado por el colegiado superior, por lo que estaría prohibida de capitalizar intereses al momento de la celebración de algún contrato. Al respecto, la Mutual señaló que la Superintendencia de Banca y Seguros la autorizó a otorgar préstamos comerciales; señalando que si bien en sentido estricto no eran operaciones bancarias se consideraban dentro de la categoría de similares. Es así que de acuerdo con la Mutual, el artículo 1249 del Código Civil permitía la capitalización de intereses a obligaciones derivadas de cuentas mercantiles, bancarias o similares; en tal sentido, siendo la Mutual una entidad conformante del sistema financiero, tenía facultad de exigir el pago en la cantidad propuesta. La Corte Suprema señaló que el artículo en cuestión establece que no se podía pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación. Asimismo, advirtió que bajo este contexto, la sala de vista había confirmado la apelada, al considerar que la entidad ejecutante no integra el sistema bancario y, por tanto, no le era permitido la capitalización de intereses. Por otro lado, la Corte Suprema refirió que el Decreto Legislativo Nº 637, Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, rigió desde el 24 de abril de 1991 hasta el 28 de octubre de 1993; y, que su artículo 226 establecía que las mutuales de crédito para vivienda y las cajas de ahorro y préstamo para vivienda, se

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Exp. Nº 454-2002La Libertad (Data 45 000) Demandante: Mutual Vivienda Panamericana en Liquidación Demandado: Carlos Enrique Tello Olavarría Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 9 de agosto de 2002


encontraban dentro de su ámbito normativo. Al respecto, la Corte Suprema concluyó que la Mutual integraba el sistema de empresas bancarias; en tal sentido, señaló que se había interpretado erróneamente el artículo 1249 del Código Civil. Por lo que finalmente, se declaró fundado el recurso de casación, revocándose la sentencia apelada.

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como regla general SE prohíbe pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, SIENDO LA excepción la capitalización de intereses en los contratos de cuenta corriente

Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2102-2003-Ica (Data 45 000) Demandante: Banco de Crédito del Perú Sucursal de Nazca Demandado: Javier Augusto Braschi Roncagliolo Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 31 de mayo de 2005

El artículo 1249 del Código Civil, como regla general prohíbe pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, autorizando como excepción la capitalización de intereses en los contratos de cuenta corriente. En este proceso, una entidad financiera interpuso demanda de Ejecución de Garantías contra el deudor con el fin de cobrar la deuda adquirida por este. Haciendo valer sus derechos, el ejecutado interpuso contradicción a la demanda. El juez de primera instancia declaró fundada la demanda. Sin embargo, la Sala Superior revocó la sentencia, declarando fundada la contradicción interpuesta por el demandado e improcedente la demanda. En tal sentido, la entidad financiera interpuso recurso de casación, por la causal prevista en el inciso primero del artículo 386 del Código Procesal Civil, referido a la aplicación indebida del artículo 1249 del Código Civil. Al respecto, dicha entidad financiera sostuvo que de acuerdo a este artículo, sí se permitía la capitalización de intereses en los casos de cuentas mercantiles, bancarias o similares; agregando que las partes no han cuestionado dicha capitalización de intereses. De acuerdo con la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, se debió tener en cuenta que conforme a la doctrina y al recto sentido de la ley, el artículo 1249 del Código Civil no se refiere, salvo al caso de la cuenta bancaria, a las operaciones crediticias que se realizan en el

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sector financiero, entendiéndose por tal, a los bancos, empresas financieras, mutuales, cooperativas de crédito y, en general a las instituciones que, autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, captan dinero del público para colocarlo a terceros. Es así que el recurso de casación interpuesto por la entidad financiera fue declarado infundado.

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para que se proceda a la capitalización de intereses se requIERE de pacto expreso

Para que se proceda a la capitalización de intereses se requiere de pacto expreso conforme se infiere de lo establecido en los artículos 1249 y 1250 del Código Civil. Al respecto, una Cooperativa de Ahorro y Crédito interpuso demanda sobre Pago de intereses contra una empresa siderúrgica. La Sala Superior declaró infundada la demanda, negando la capitalización de intereses, por considerar que la Cooperativa no perseguía fines de lucro, al no encontrarse dentro del sistema financiero; es así que según dicha Sala Superior, las operaciones realizadas por la Cooperativa no estaban comprendidas dentro del marco de excepción que señala el artículo 1249 del Código Sustantivo. La Cooperativa interpuso recurso de casación invocando como sustento legal las causales previstas en los incisos 1 y 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, relativo a la aplicación indebida e interpretación errónea de normas de derecho material, así como la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. La entidad recurrente sostuvo que se había interpretado, aplicado errónea e indebidamente el artículo 1249 del Código Civil, según el cual, no se puede pactar la capitalización de intereses al contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares. Asimismo, acusó la interpretación errónea de los incisos 5 y 6 del artículo 79 del Decreto Supremo Nº 074-90-TR, Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas, que se referían a la manera de cómo deben liquidarse los intereses en el supuesto en que una empresa incumpla con hacer entrega de los descuentos.

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Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 977-2002-Santa (Data 45 000) Demandante: Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de SiderPerú Demandada: Siderúrgica del Perú Sociedad Anónima Abierta Asunto: Pago de intereses Fecha: 18 de julio de 2002


Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 977-2002-Santa (Data 45 000) Demandante: Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de SiderPerú Demandada: Siderúrgica del Perú Sociedad Anónima Abierta Asunto: Pago de intereses Fecha: 18 de julio de 2002

Respecto a la capitalización de intereses, la recurrente señaló que se encontraba bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, no existiendo impedimento alguno para la mencionada capitalización. En este sentido, la Sala Suprema advirtió que si bien la Cooperativa, de acuerdo con la Sala Superior no se encontraba dentro de las empresas que conforman el sistema financiero, también lo es que aun cuando se considere lo contrario, para que se proceda a la capitalización de intereses se requería de pacto expreso, acuerdo que no se apreciaba al revisar el expediente. Por lo que finalmente se declaró infundado el recurso de casación.

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NOVACIÓN

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En la novación es preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitablemente en la nueva obligación

Para que exista novación es preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitablemente en la nueva obligación o que la existencia de la anterior sea incompatible con la primera. En el siguiente caso, se celebró un contrato de anticresis. En este contrato se acordó la devolución del mutuo y del bien materia de gravamen en un plazo de cinco años; sin embargo, dicho contrato de anticresis no fue inscrito en los Registros Públicos. Posteriormente, mediante escritura pública de adjudicación en pago, traslación de dominio y cancelación de hipoteca, el deudor que celebró el contrato de anticresis descrito en el párrafo anterior, transfirió el dominio del inmueble que ocupaba el acreedor, a favor de una empresa, este acto jurídico sí se inscribió en los Registros Públicos. Por escritura pública del año 2001, se celebró el contrato de cesión de posición contractual, reconocimiento de obligación y constitución de hipoteca entre el deudor, como cedente y un tercero como cesionario. Por este contrato, el cedente cedió su posición contractual de deudor anticrético por una suma determinada, al cesionario, quien se constituyó en obligado reconociendo la obligación anticrética por el monto total de la obligación, ratificando expresamente los términos del mutuo anticrético y hasta por el término pactado para su retorno, asumiendo la posición contractual del deudor anticrético y la obligación del retorno en efectivo del mutuo y el derecho de exigir la devolución del bien materia de contrato en la fecha y términos allí pactados. Para garantizar el mutuo pactado, el aval hipotecario constituyó hipoteca sobre el inmueble urbano, y por el plazo del contrato primigenio.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2535-2002-Puno (Data 45 000) Demandante: Empresa Sociedad Industrial Molinera y Balanceado de Alimentos para Aves y Ganado Agroindustrial Rivera - IMBA Sociedad Anónima Demandados: Juan Pedro Fredes Pineda y doña Justina Arapa Luque Asunto: Desalojo por ocupación precaria Fecha: 17 de enero de 2003


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema Cas. Nº 2535-2002-Puno (Data 45 000) Demandante: Empresa Sociedad Industrial Molinera y Balanceado de Alimentos para Aves y Ganado Agroindustrial Rivera - IMBA Sociedad Anónima Demandados: Juan Pedro Fredes Pineda y doña Justina Arapa Luque Asunto: Desalojo por ocupación precaria Fecha: 17 de enero de 2003

Al respecto, la empresa que inscribió en Registros Públicos el acto jurídico realizado por ella, interpuso demanda de desalojo por ocupación precaria contra aquellas personas que realizaron el primer acto jurídico no inscrito en Registros Públicos (acreedores). En la sentencia de primera instancia se declaró fundada la demanda. Asimismo, la Sala Superior, confirmó la sentencia apelada. Esta Sala consideró, que para garantizar el mutuo pactado se constituyó primera y preferente hipoteca, produciéndose la novación prevista en el artículo 1277 del Código Civil, según la cual se sustituye una obligación por otra, es decir el derecho real de garantía de anticresis por el de hipoteca. La parte acreedora (demandados) interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal prevista en el primer inciso del artículo 386 del Código Procesal Civil, relativa a la interpretación errónea del artículo 1277 del Código Civil. Como sustento de la denuncia casatoria, los recurrentes señalaron que no eran ocupantes precarios, sino legítimos poseedores en mérito al contrato de mutuo con garantía de anticresis, pues el plazo de vigencia de cinco años vencía en el 2001; sin embargo al no haber cumplido con el pago mutuado, dicho arrendamiento se convirtió en un contrato indeterminado. En tal sentido, se señaló que el artículo 1277 del Código Civil, establece que por la novación se sustituye una obligación por otra. Para que exista novación era preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitablemente en la nueva obligación, o que la existencia de la anterior sea incompatible con la primera. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República advirtió que la Sala Superior no había tenido en cuenta que lo que se había sustituido no era la obligación en sí, que es la deuda anticrética, que se encontraba insoluta y había sido reconocida por quienes ahora ocupan la posición contractual del deudor anticrético, sino lo que en realidad se sustituyó era la garantía para el cumplimiento del pago de la obligación que es la garantía de anticresis que había sido cambiada por la garantía hipotecaria sobre otro bien, conforme a lo acordado en el citado contrato de cesión de posición contractual, pues el bien inmueble en anticresis había sido vendido a un tercero que era la empresa ahora demandante.

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LAS OBLIGACIONES

En este sentido, la Corte Suprema manifestó que en el caso en cuestión la deuda anticrética seguía siendo la misma, y la cesión de posición contractual no conllevaba a la extinción de la obligación. Es así que se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por los demandados.

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simples cambios en los elementos accidentales de la obligación no causan novación

Cuando una hipoteca es otorgada a plazo indeterminado, se debe cumplir con responder con la garantía hipotecaria, ante el incumplimiento en el pago. En tal sentido, si no existe novación de la obligación no es necesaria la intervención del garante en la refinanciación de la obligación. Se celebró un contrato de mutuo y garantía hipotecaria por una suma determinada, con la intervención de un garante hipotecario, el cual otorgó en garantía hipotecaria un departamento. Este contrato fue materia de ratificación por las partes contratantes, sin la intervención del garante hipotecario; y, en este último contrato se refinanció el mutuo reconociendo a favor del ejecutante un saldo que debía ser pagado en 16 cuotas, otorgando un nuevo plazo para pagar la deuda y pactando un interés mayor al señalado en el contrato de ampliación de mutuo. Luego de que el deudor no cumpliera con su obligación, el demandante interpuso demanda de Ejecución de garantías contra el garante hipotecario. En primera instancia se declaró procedente la demanda; sin embargo, la Sala Superior revocó la sentencia apelada y reformándola la declaró improcedente. Es así que el demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por las causales contempladas en los incisos primero y segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil, sustentada en: a. La inaplicación de los artículos 1278, 1279 y 1283 del Código Civil, porque hay novación objetiva cuando el mismo acreedor y deudor sustituyen la obligación primitiva por otra nueva, con prestación distinta o a

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3162-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Manuel Matías González Prieto Demandados: Julio Hernán Vargas Neumann y otros Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 11 de febrero de 2002



título diferente, es decir, cuando se modifica la prestación o el título en virtud del cual se debe; y, en el caso la obligación sigue siendo la misma, pagar la suma de dinero materia del mutuo y la prestación del título son los mismos, es decir no han sido objeto de modificación sustancial, que lo único que se ha variado en la escritura pública, es el plazo otorgado para pagar el mutuo y mínimamente los intereses pactados y ello constituye un cambio accesorio, de conformidad con el artículo 1279 del Código Civil; asimismo, el recurrente señaló que tampoco implicaba novación y tampoco se ha aplicado contrario sensu lo dispuesto en el artículo 1283 del Código Civil, porque al no existir novación, las garantías de la obligación se mantienen inalterables; y, b. La interpretación errónea del artículo 1361 del Código Civil, porque el demandado garantizó el mutuo con una hipoteca hasta determinada suma y si bien no intervino en la escritura de refinanciación que amplió el plazo del mutuo para cancelar la suma adeudada, la garantía hipotecaria continúa vigente hasta por ese mismo monto. De acuerdo con la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, el garante hipotecario no intervino en el contrato de refinanciación del mutuo celebrado entre el prestamista y los prestatarios, por el cual se amplió el plazo para el pago del saldo del mutuo, variando la tasa de interés compensatorio de 1.7% a 1.75% y dejando expresa constancia que la refinanciación del mutuo no constituía una novación de la obligación original. Al respecto, la Corte Suprema señaló que según la Corte Superior, al no haber intervenido el garante hipotecario en el contrato de refinanciación de la obligación, es decir de ampliación del plazo para el pago de la obligación, no se le podía exigir la obligación demandada, porque en los contratos no existía ninguna cláusula que obligue al ejecutado a responder por obligaciones que no cuentan con su consentimiento expreso, interpretando de esa manera el artículo 1361 del Código Civil. Sin embargo, la Corte Suprema refirió que la interpretación realizada por la Sala Superior, era errónea, porque los contratos de constitución y ampliación de hipoteca

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LAS OBLIGACIONES

garantizaban el pago del mutuo e intereses, otorgados a los prestatarios y la ejecución de la garantía hipotecaria es precisamente para cobrar el saldo del mutuo, por lo que la interpretación correcta del artículo 1361 del Código Civil es que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Por otro lado, la última instancia procesal precisó que tal como lo reconoce la resolución de vista, en el caso no existió novación, porque de acuerdo con el artículo 1278 del Código Civil hay novación objetiva, cuando el acreedor y el deudor sustituyen la obligación primitiva por otra, con prestación distinta o a título diferente y el artículo 1279 del Código Civil disponía que la modificación del plazo o del lugar de pago o cualquier otro cambio accesorio de la obligación, no producen novación. Es así que, para la Corte Suprema, en el caso, la obligación primitiva está constituida por la cantidad adeudada según el contrato de mutuo, es decir el capital mutuado y lo accesorio los intereses pactados. La Corte Suprema, al invocar a la doctrina, manifestó que simples cambios en los elementos accidentales de la obligación no causan novación, tales como el tiempo y lugar de pago. En consecuencia, la Sala Suprema indicó que al no existir novación de la obligación, estando garantizada esta con la hipoteca otorgada por el garante, no era necesario la intervención de este en la refinanciación de la obligación, porque además la hipoteca estaba otorgada a plazo indeterminado, por lo que debía cumplir con responder con la garantía hipotecaria, ante el incumplimiento en el pago de los prestatarios. Por estas razones se declaro fundado el recurso de casación interpuesto por el demandante.

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INEJECUCIÓN DE OBLIGACIONES

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En el incumplimiento de pago por prestaciones periódicas, las partes pueden acordar la disminución del número de cuotas impagas

Las partes intervinientes en un contrato pueden acordar libremente la disminución del número de cuotas impagas, ello con la finalidad de otorgar al acreedor la posibilidad de dar por concluidos todos los plazos, exigiendo el pago del saldo deudor. En el presente caso, una entidad financiera interpuso una demanda sobre obligación de dar suma de dinero contra el deudor, con el fin de que este cancele su deuda. El juez de primera instancia, declaró fundada la demanda. En el mismo sentido, la Sala Superior confirmó la sentencia apelada. Al respecto, el deudor formuló recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal prevista en el inciso primero del artículo 386 del Código Procesal Civil, que se refiere a la interpretación errónea de una norma de derecho material. En tal sentido, el deudor denunció la interpretación errónea del artículo 1323 del Código Civil; el cual señalaba que la falta de pago de prestaciones periódicas se consideraba con el incumplimiento de tres cuotas, sucesivas o no, permitiendo al acreedor exigir al deudor el inmediato pago del saldo, dándose por vencidas las cuotas que estuviesen pendientes, salvo pacto en contrario. Respecto a esto, el deudor refirió que, tal salvedad no se refería a la posibilidad de reducir las cuotas de tres a dos, sino a la resolución del contrato en sí, razón por la cual, según el recurrente la transacción era ilegal al pactar menos cuotas de las legales.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1288-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco Continental Demandado: Max Herman Bromberg Irigoyen Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 6 de setiembre de 2002


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de justicia Cas. Nº 1288-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco Continental Demandado: Max Herman Bromberg Irigoyen Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 6 de setiembre de 2002

De acuerdo con la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, la sentencia impugnada había dejado establecido que el número de cuotas previsto en el artículo 1323 del Código Civil, ante el incumplimiento de pago, no era imperativo, puesto que admitía pacto en contrario, agregando que en el caso, al haberse reducido el número de cuotas impagas, a través del contrato de transacción extrajudicial suscrito entre las partes, a fin de solicitar el pago total del saldo, es legal. En tal sentido, según la Corte Suprema correspondía determinar si tal conclusión se encontraba arreglada a derecho o no. La Corte Suprema, para mejor resolver, invocó el artículo 1323 del Código Civil, el cual establecía que cuando el pago deba efectuarse en cuotas periódicas, el incumplimiento de tres cuotas, sucesivas o no, concedía al acreedor el derecho de exigir al deudor el inmediato pago del saldo deudor, dándose por vencidas las cuotas que estuviesen pendientes, salvo pacto en contrario. Al respecto, la Sala Suprema expresó que la norma en cuestión debía ser analizada como un todo. Ante esto, dicha Sala Suprema comenzó el análisis señalando que, en la parte inicial del artículo en cuestión, se establecía que el incumplimiento en el pago de tres cuotas, consecutivas o no, concedía al acreedor el derecho de exigir el pago del saldo deudor; respecto a esto, la Sala Suprema consideró que, siendo que el número de cuotas establecido aparentemente respondía a un imperativo legal; sin embargo, se tenía que, continuando con la parte final de la norma, ello podía ser modificado si existiese pacto en contrario, en consecuencia el número de cuotas no implicaba un imperativo legal. Es así que, si se pactó en el contrato correspondiente, que ante la falta de pago de dos cuotas, consecutivas o no, se daba derecho a la entidad financiera a dar por vencidos todos los plazos, de acuerdo con la Sala Suprema, se había pactado dentro de los parámetros legales. Por lo expuesto, la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el demandado.

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LAS OBLIGACIONES

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Para liberarse de responsabilidad, el obligado debe acreditar además de la diligencia ordinaria, que la inejecución de su obligación o su cumplimiento irregular se debió a la presencia de un evento de fuerza mayor

El obligado, para liberarse de su responsabilidad, debe acreditar además de la diligencia ordinaria, que la inejecución de su obligación o su cumplimiento irregular, obedeció a la presencia de un evento extraordinario, imprevisible o irresistible. En el siguiente proceso, se interpuso demanda sobre pago de dólares contra el deudor, debido a que este perdió la mercancía perteneciente al acreedor, en el buque en el que estaba siendo transportada. Al respecto, el juez de primera instancia declaró fundada la demanda. Sin embargo, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao revocó la sentencia apelada y, reformándola declaró infundada la demanda. La Sala Superior concluyó que la empresa deudora actuó con la diligencia ordinaria requerida, al acreditar que la motonave que transportaba la mercancía del acreedor fue debidamente reparada antes del zarpe, y además porque contrató los servicios de un tercero para seguir una mejor ruta. En tal sentido, la Corte Superior indicó que dicha conducta importaba ausencia de culpa y por ende, la aplicación del artículo 1314 del Código Civil, resultando innecesario probar las situaciones previstas en el artículo 1315 del mismo texto legal. En tal sentido, el acreedor formuló recurso de casación, el cual fue declarado procedente las siguientes causales: a. Aplicación indebida del artículo 1314 del Código Civil, por cuanto según el acreedor, dicha norma se aplica en los casos en que ni la Ley ni el pacto exigen la prueba de la fuerza mayor para exonerar de responsabilidad al deudor; y, que en el caso, el artículo 633 del Código de Comercio exige la ocurrencia de un caso de fuerza mayor para que opere la exoneración de la responsabilidad del porteador marítimo. b. Interpretación errónea del artículo 633 del Código de Comercio, debido a que de acuerdo con la recurrente,

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1382-2000Callao (Data 45 000) Demandantes: Alicorp S.A. y otra Demandado: Oceanfocus Shipping Limited Asunto: Pago de dólares Fecha: 17 de agosto de 2002


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1382-2000Callao (Data 45 000) Demandantes: Alicorp S.A. y otra Demandado: Oceanfocus Shipping Limited Asunto: Pago de dólares Fecha: 17 de agosto de 2002

la sentencia impugnada lo invoca como fundamento de irresponsabilidad por haber ejercido la demandada la diligencia ordinaria, cuando su interpretación correcta era que la única causal exoneratoria del porteador es la fuerza mayor, la que debe ser probada. c. Interpretación errónea del artículo 1315 del Código Civil, al sostener la Sala de Mérito que siendo de aplicación el artículo 1314 de dicho Cuerpo de Leyes, era innecesario probar las situaciones del artículo 1315 que contempla la necesidad de probar para exonerarse de responsabilidad, la ocurrencia de un evento extraordinario, imprevisible e irresistible; y, d. La inaplicación del artículo 689 del Código de Comercio que establece la responsabilidad del capitán por los daños que sufra la carga por falta de condiciones de navegabilidad del buque, requisito de carácter absoluto, por lo que no bastaba probar haber ejercido una debida diligencia para poner el buque en dichas condiciones. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República advirtió que si bien el artículo 1314 del Código Civil contiene un supuesto de ausencia de culpa, cuando dispone que quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso; también es cierto que dicha diligencia resulta insuficiente para liberar al deudor por los daños y perjuicios resultantes de su incumplimiento, cuando lo contrario esté expresamente previsto por la Ley o por el título de la obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1317 del mismo Código Sustantivo. En este orden de ideas, tal como lo señaló la Corte Suprema, se tiene que el artículo 663 del Código de Comercio, aplicable al caso, en atención a la especialidad de la norma, prescribía que el capitán no era responsable de los daños que sobrevinieran al buque o al cargamento por fuerza mayor, es decir, el obligado para liberarse de su responsabilidad, debía acreditar que la inejecución de su obligación o su cumplimiento irregular, obedeció a la presencia de un evento fortuito o de fuerza mayor. Asimismo, la Corte Suprema agregó que la inejecución de la obligación por parte de la entidad demandada, no

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LAS OBLIGACIONES

se debió a un caso fortuito o fuerza mayor; y, que la Sala Superior al desvirtuar la demanda apoyándose únicamente en la diligencia ordinaria de esta última, aplicó indebidamente el artículo 1314 del Código Civil e interpretó erróneamente los artículos 1315 del mismo cuerpo legal, y 633 del Código de Comercio. Es así que se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por las demandantes, y nula la sentencia de vista.

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la actuación de mala fe del recurrente puede ser convalidada con la figura del dolo

La actuación de mala fe convalida la figura del dolo de acuerdo con el artículo 1318 de Código Civil que dispone que procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación. Al respecto, una empresa distribuidora de gas interpuso demanda sobre indemnización de daños y perjuicios contra el demandado, a lo que este interpuso reconvención. Tanto el juez de primera instancia como la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica declararon infundada la demanda y fundada la reconvención formulada por el demandado, señalando que la empresa demandante, debía pagar a favor del demandado una determinada cantidad de dinero por concepto de daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente; debido a que, según señaló la Sala Superior, dicha empresa distribuidora de gas dio por resuelto el contrato de distribución de gas de manera unilateral y actuando de mala fe, ocasionando con ello perjuicios al demandado en la venta y distribución de gas. Al respecto, la parte demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal contemplada en el inciso primero del artículo 386 del Código Procesal Civil, sustentándose en la aplicación indebida de los artículos 1429 y 1985 del Código Civil. La empresa demandante indicó que el artículo 1429 del Código Sustantivo, no tenía ninguna relación con la materia de la controversia, que consistía en determinar si la resolución que efectuó la recurrente del contrato de

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1146-2000-Ica (Data 45 000) Demandante: Lima Gas Sociedad Anónima Demandado: Juan Francisco Rosado Mansilla Asunto: Indemnización por daños y peruicios Fecha: 11 de agosto de 2000


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1146-2000-Ica (Data 45 000) Demandante: Lima Gas Sociedad Anónima Demandado: Juan Francisco Rosado Mansilla Asunto: Indemnización por daños y peruicios Fecha: 11 de agosto de 2000

distribución de gas le causó algún daño al demandado susceptible de ser indemnizado. Asimismo, la recurrente señaló que no existía de por medio ninguna carta notarial requiriendo el cumplimiento de la obligación y no tratándose de un caso de responsabilidad extracontractual, se ha aplicado indebidamente el artículo 1985 del Código Sustantivo. De acuerdo con la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, el artículo 1429 del Código Civil fue aplicado indebidamente porque en el caso no se daba dicho supuesto, ya que no se trataba de que la parte demandada haya resuelto el contrato por incumplimiento de la actora, sino que es la demandante la que lo resolvió de manera unilateral, causando perjuicio al demandado. Asimismo, dicha Corte Suprema señaló que también se había aplicado indebidamente el artículo 1985 del Código Civil, porque no se trataba de una responsabilidad extracontractual, sino de la derivada de la resolución de un contrato. Por otro lado, según la Sala Suprema, las sentencias de mérito, apreciando las pruebas actuadas, consideraron que la actora resolvió el contrato de manera unilateral y con mala fe; sin embargo, tal como lo señala dicha Sala Suprema, esta valoración no podía ser modificada en casación, porque en ella no cabía una revaloración probatoria. En este sentido, la última instancia procesal refirió que, habiendo establecido en las sentencias inferiores que la resolución del contrato se había hecho en forma unilateral y actuando con mala fe el demandante, la debida sustentación del fallo se encontraba en el artículo 1321 del Código Civil, que dispone que queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve y que el resarcimiento de la inejecución de la obligación comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sea en consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Respecto a esto, la Corte Suprema manifestó que la actuación de mala fe del recurrente, convalidaba la figura del dolo; y, en este caso, según la Corte Suprema, la obligación era mantener la vigencia del contrato de distribución de gas hasta su vencimiento.

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LAS OBLIGACIONES

Por las razones expuestas, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Lima Gas Sociedad Anónima.

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CUANDO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS SE HAYAN PRODUCIDO EN EL MARCO DE UNA RELACIÓN CONTRACTUAL CORRESPONDE APLICAR LAS REGLAS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O DE INEJECUCIÓN DE OBLIGACIONES

En el presenta caso, se interpuso una demanda sobre indemnización por daños y perjuicios contra una Compañía Minera. El demandante pretendía el pago de una determinada suma de dinero, por concepto de indemnización por responsabilidad extracontractual por los daños y perjuicios ocasionados a su salud, al haber contraído la enfermedad de silicosis; indemnización que comprende el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Al respecto, la empresa señaló que dicha pretensión no era de su responsabilidad sino del Instituto Peruano de Seguridad Social. Asimismo, cuestionó la existencia de la responsabilidad extracontractual que se alega, pues, según su defensa, la enfermedad profesional cuya indemnización se pretendía derivar de una relación contractual laboral, en virtud de la cual, el demandante fue trabajador de la Compañía Minera durante veinticuatro años. Tanto la sentencia de primera instancia como la sentencia expedida por la Sala Superior declararon fundada la demanda, ordenando a la empresa pagar una determinada suma de dinero por concepto de indemnización de daños y perjuicios. En tal sentido, la empresa minera interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por las causales contempladas en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 386 del Código Procesal Civil, en virtud a lo cual se denunciaba: 1. La aplicación indebida de los artículos 1322 y 1984 del Código Civil, por cuanto en un mismo caso concreto no podían concurrir normas de responsabilidad contractual y extracontractual, las cuales son excluyentes;

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2142-02-Lima (Data 45 000) Demandante: Mario Huamán Rosales Demandado: Compañía Minera Huarón Sociedad Anónima Asunto: Indemnización Fecha: 9 de diciembre de 2002



2. La inaplicación de los siguientes dispositivos: a. Primera Disposición General del Decreto Supremo Nº 02-72-TR, pues en su primer párrafo se establece que el otorgamiento de las prestaciones por parte de la Caja Nacional del Seguro Social exonera al empleador de toda otra indemnización por causa del mismo accidente o enfermedad profesional, salvo que el caso se hubiera producido por dolo o negligencia del empleador; por lo que debió declararse la improcedencia de la demanda, ya que el demandante percibe una pensión justamente por padecer la enfermedad de silicosis, así como tampoco ha acreditado que dicha enfermedad fuera causada por dolo o culpa de la parte emplazada, por lo que resultan aplicables el Decreto Ley Nº 18846 y su reglamento, el Decreto Supremo Nº 02-72-TR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero del Título Preliminar del Código Sustantivo. b. Artículo 1330 del Código Civil, por cuanto el accionante debía probar que el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene minera fueron la causa de su enfermedad, así como la existencia de dolo o culpa inexcusable de la empleadora. 3. La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, al haber aplicado simultáneamente para un caso concreto los artículos 1322 y 1984 del Código Civil, que regulan el daño moral en la responsabilidad contractual y extracontractual, respectivamente, los cuales han sido invocados al amparo del artículo Vll del Título Preliminar del Código Procesal Civil. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló en primer término, que al haberse declarado procedente el recurso de casación por causales in iudicando e in procedendo, era necesario analizar en primer término la causal de contravención de normas del debido proceso, porque de existir tal situación ya no cabía pronunciamiento sobre las causales previstas en los incisos primero y segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil.

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LAS OBLIGACIONES

Respecto a esto, la Corte Suprema aseveró que la sentencia de vista había reproducido los fundamentos de la sentencia apelada, la cual amparó la demanda de indemnización sobre la base de la existencia de la responsabilidad extracontractual, disponiendo se indemnice al actor por el daño emergente y el lucro cesante derivado de esta. Además, de acuerdo con la Corte Suprema, la Sala Superior agregó que el daño moral se encontraba regulado no solo en el artículo 1984 del Código Civil, sino además en el artículo 1322 del mismo Cuerpo Sustantivo, de lo que dicha Corte Suprema concluyó que tal hecho no podía derivarse en la declaratoria de nulidad de la sentencia de primera instancia, pues se carecía de los requisitos de esencialidad y trascendencia previstos para tal fin, ya que solo procedía la declaración de nulidad cuando el vicio que se denunciara fuera a influir de manera decisiva en la sentencia, lo que no ocurre en el caso, razón por la cual la causal de contravención fue desestimada. En cuanto al fondo de la cuestión controvertida, la Sala Suprema manifestó que, según la argumentación fáctica de la demanda, los daños se habían manifestado al verse afectado el actor con la enfermedad profesional llamada silicosis, sufrida a causa de los trabajos de excavación minera desprovistos de los aparatos de protección. De lo expuesto, la Sala Suprema advirtió que los daños y perjuicios sufridos por el actor se habían producido en el marco de una relación contractual existente entre este, en su condición de trabajador, y la Compañía Minera, como su empleadora, debiéndose precisar además, según la Suprema instancia, que la silicosis era una enfermedad propia de la actividad minera, que se regía por lo previsto en el Decreto Supremo Nº 002-72-TR, Reglamento del Decreto Ley Nº 18846, Ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Así, la Sala Suprema expresó que dado que lo pretendido por el demandante estaba regulado por las reglas de la responsabilidad contractual o de inejecución de obligaciones, el actor debió tramitar su pretensión indemnizatoria mediante acción pertinente, y no bajo los cauces de la responsabilidad extracontractual. En el mismo sentido, dicha Sala Suprema manifestó que las instancias de mérito lejos de advertir la situación alegada precedentemente resolvieron sobre la base de las normas de la responsabilidad extracontractual, declarando

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fundada la demanda en aplicación de los artículos 1969 , 1970 y 1984 del Código Civil, por considerar que los daños se habían producido como consecuencia de que el actor realizó una actividad riesgosa. Por otro lado, la última instancia procesal refirió que no estaba de más señalar que a fin de dar solución al conflicto, llegado el caso deberá atenderse a lo dispuesto por los artículos 1330 y 1331 del Código Civil, los que regulan la prueba del dolo o culpa inexcusable y los daños y perjuicios a consecuencia del supuesto de inejecución de obligaciones. Es así que finalmente, se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la demandada; declarándose a su vez improcedente la demanda interpuesta, dejando a salvo el derecho del demandante para hacerlo valer en la vía correspondiente.

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MORA

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SE CONSTITUYE EN MORA AL DEUDOR CUANDO SE ESTABLECE EL PAGO DE INTERESES LEGALES EN LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA

En el presenta caso se interpuso una demanda de obligación de dar suma de dinero contra el deudor, para constituirlo en mora. Al respecto, en primera instancia se declaró fundada la demanda; asimismo, la Sala Superior confirmó la sentencia apelada. Al respecto, el deudor interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal contemplada en el inciso segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil, sustentada en la inaplicación del primer párrafo del artículo 1333 del Código Civil. El demandado alegó que si la sentencia de vista admitía que nunca se requirió el pago ni por lo tanto se le constituyó en mora, no se podían computar los intereses desde la fecha que pretendía el acreedor; además, en el fallo no se hizo la correspondiente declaración judicial, que señale que los intereses solo podían correr desde la citación de la demanda. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República indicó que la sentencia de vista expresaba textualmente que, desde el momento en que se constituyó en mora al deudor, existió la obligación de cancelar los respectivos intereses al acreedor (lo cual en el caso, se configuró con el emplazamiento al demandado). Así, continuando evocando la sentencia de vista, la Corte Suprema señaló que como no se pactaron intereses moratorios y compensatorios, en aplicación con lo dispuesto en la parte in fine del artículo 1256 del Código Civil, el deudor estaba en la obligación de abonar los intereses respectivos. En este sentido, la Corte Suprema manifestó que se había establecido que los intereses solo corrían desde el emplazamiento de la demanda y que la obligación era

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1478-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Ramiro Pacheco Gamboa Flores Demandado: Luis Enrique Saravia Marcionelli Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 24 de diciembre de 2001


de abonar intereses legales. Y, que si bien no se había citado expresamente el primer párrafo del artículo 1333 del Código Civil, sí se había aplicado su contenido. Más aún, según la Corte Suprema, la sentencia apelada estableció el pago de intereses legales que se establecerían en ejecución de sentencia; en tal sentido, se concluyó que sí existía declaración judicial al respecto. Por lo que se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el deudor.

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EL cÓmputO DE intereses SE HACE desde la intimación al pago y no desde la citación con la demanda

Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema Cas. Nº 1685-2005-Lima (Data 45 000) Demandante: Carlos Alberto Montero Guerra Demandado: Instituto Peruano del Deporte (IPD) Asunto: Impugnación de Resolución Administrativa Fecha: 22 de marzo de 2006

El demandante interpuso demanda sobre impugnación de Resolución Administrativa contra el Instituto Peruano de Deporte (IPD), solicitando que se declare la invalidez de la Resolución Nº 469-2001-PE/IPD y se ordené la devolución de la una determinada suma de dinero. En primera instancia se declaró fundada la demanda en cuanto la impugnación de resolución administrativa; sin embargo se declaró improcedente la pretensión referida a la devolución de la suma de dinero. En tanto que, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo expidió sentencia, confirmando la apelada en cuanto declaraba fundada la demanda sobre impugnación de resolución administrativa, pero la revocó en el extremo que declaraba improcedente la pretensión de devolución de la suma de dinero; y reformándola, ordenó que el demandado le pague al actor una determinada cantidad de dinero más los intereses legales conforme a la regla prevista en el artículo 1334 del Código Civil. El ad quem basó dicha decisión en el informe pericial que obraba en el expediente; empero, discrepaba con los peritos sobre la fecha desde la que debía computarse los intereses, pues según su criterio debían pagarse conforme a la regla de la norma acotada, esto es, desde la citación con la demanda y no desde la fecha en que se efectuó el desembolso para cada préstamo.

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LAS OBLIGACIONES

Tanto el demandante como el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros interpusieron, individualmente, recurso de casación, los cuales fueron declarados procedentes, por las causales contenidas en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 386 del Código Procesal Civil, sustentados en: a. Recurso del demandante: i. La aplicación indebida del artículo 1334 del Código Civil sosteniendo que la citada norma establece la regla a seguirse para el cálculo de la mora, siendo que en su caso no estaba incurso en dicho supuesto por cuanto el monto de la pretensión se encontraba explícitamente determinado y sustentado con los documentos presentados en el proceso, no habiendo solicitado que se determine judicialmente; y, ii. La inaplicación del artículo 1333 del Código Civil, arguyendo que el Instituto Peruano del Deporte debía restituir un monto determinado de dinero al recurrente por los gastos efectuados con su patrimonio para las actividades propias de la Federación Peruana de Atletismo durante el periodo de 1990-1991, siendo que dicho requerimiento de pago se efectuó una vez concluida la gestión del recurrente, adjuntando los documentos sustentatorios del caso, por lo que debió aplicarse la norma denunciada debido a que se trataba de una obligación determinada y no determinable. b. Recurso del Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros, denunciaba la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por lo cual afirmaba que se habían aplicado indebidamente los artículos VII del Título Preliminar, 188 , 262 y 263 del Código Procesal Civil. De acuerdo con la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en primer término, era menester examinar la causal referida al inciso tercero del artículo 386 del Código Procesal Civil, porque de declararse fundada hubiese sido innecesario un pronunciamiento sobre las otras causales.

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Así tenemos que, el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros cuestionó el mérito probatorio del informe pericial, arguyendo que dicha prueba desnaturalizaba el proceso, ya que la acción incoada no tenía por finalidad admitir nuevos medios probatorios, sino valorar y actuar los ya admitidos en el proceso administrativo, concluyendo que no se habían valorado las pruebas con sujeción a lo dispuesto en los artículos VII del Título Preliminar y 188 del Código Procesal Civil. Al respecto, la Corte Suprema precisó que constituye un deber del Juzgador la admisión de los medios probatorios necesarios para la solución del conflicto de intereses con el propósito de lograr los fines del proceso, conforme lo prevé el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, consecuentemente, la actividad probatoria comprende el ofrecimiento y admisión de las pruebas, es decir, su válida incorporación al proceso, su calificación y adecuada producción de hechos que representan, indiquen o identifiquen el objeto de prueba; exigencia que de acuerdo con la Corte Suprema, se había cumplido, pues la pericia contable fue admitida y valorada para determinar si el monto cuya devolución solicitaba el actor correspondía al indicado en la demanda o si es una cantidad mayor o menor, así como los correspondientes intereses, ya que no existía debate sobre su procedencia por cuanto la emplazada no la había desvirtuado con prueba idónea, debiendo precisarse que las partes no formularon observaciones a dicho dictamen. Por tanto, el vicio in procedendo acusado no pudo ampararse. Por otro lado, la Corte Suprema indicó que el petitorio de la demanda no estaba referido a la devolución de una suma imprecisa que hubiera requerido su determinación en el curso del proceso sobre la base de la prueba ofrecida o actuada, sino que se trataba de una pretensión concreta de reembolso de una suma determinada previamente exigida en forma extrajudicial, por lo que existiendo certeza acerca del monto pretendido, se concluía que la litis se ha circunscrito en la procedencia de la devolución demandada y, en tal caso, al pago de los intereses devengados. En consecuencia, la Corte Suprema manifestó que resultaba forzoso concluir que la determinación de la mora y el consiguiente cálculo de los intereses debían

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LAS OBLIGACIONES

establecerse y computarse, respectivamente, sobre la base del monto preestablecido con los documentos sustentatorios anexados a la demanda, computándose los intereses desde la intimación al pago y no, como lo estableció el fallo impugnado, desde la citación con la demanda. Es así que la Sala Suprema concluyó que el artículo 1334 del Código Civil había sido indebidamente aplicado. En tal sentido, la Corte Suprema señaló de resultaba de aplicación el artículo 1333 del Código Civil, por tratarse de un supuesto de constitución en mora respecto a una obligación exigida primigeniamente en forma extrajudicial mediante requerimiento escrito. Así, esta Sala Suprema concluyó que la denuncia de inaplicación de una norma de derecho material debía ser acogida. Por lo que finalmente se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros; y, fundado el recurso de casación interpuesto por el demandante; ordenándose que se pague al demandante la devolución solicitada.

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OBLIGACIONES CON CLÁUSULA PENAL

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CANCELACIÓN DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL OTORGA DERECHO A LOS DEUDORES PARA SOLICITAR LA REDUCCIÓN DE LA PENALIDAD MORATORIA

Mediante contrato de mutuo con garantía hipotecaria –elevado a escritura pública– el demandante (mutuante) entregó a los demandados (mutuatarios), en calidad de mutuo una suma determinada de dinero. Por su parte, los mutuatarios se obligaron a devolver la suma mutuada más el 16% de interés compensatorio anual. En la cláusula decimoprimera las partes acordaron que en caso que los mutuatarios no cumplieran con el pago puntual de sus obligaciones, contenidas en cinco letras de cambio por seiscientos dólares cada una y una letra de cambio por diez mil seiscientos dólares, debían pagar al demandante dos dólares y diez dólares por día de atraso, respectivamente. Luego de que los mutuatarios no cumplieron con el pago adeudado, el mutuante interpuso demanda de obligación de dar suma de dinero contra los mutuatarios, con el fin de que este le pague la suma adeudada por concepto de cláusula penal del contrato de mutuo con garantía hipotecaria. La sentencia de primera instancia declaró fundada en parte la demanda, ordenándose el pago de una determinada cantidad de dinero por concepto de cláusula penal. En el mismo sentido, la Sala Superior confirmó la sentencia de primera instancia. Al respecto, el mutuante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por las causales previstas en el inciso primero y segundo del artículo 386 del

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas Nº 3179-2002Callao (Data 45 000) Demandante: Juan Herminio Rosario Loconi Demandado: Óscar Salvador Núñez Campos Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 16 de setiembre de 2002


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3179-2002Callao (Data 45 000) Demandante: Juan Herminio Rosario Loconi Demandado: Óscar Salvador Núñez Campos Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 16 de setiembre de 2002

Código Procesal Civil, referidos a la interpretación errónea del artículo 1346 del Código Civil y la inaplicación del artículo 1342 del mismo código, respectivamente. Respecto a la causal de interpretación errónea de la norma contenida en el artículo 1346 del Código Civil el impugnante señalaba que su correcta interpretación es que el juez, a petición del deudor, puede reducir equitativamente la penalidad, siempre y cuando esta sea manifiestamente excesiva o que la obligación principal hubiese sido en parte o irregularmente cumplida. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República indicó que a efectos de determinar si en el caso, la Sala Superior interpretó erróneamente el artículo 1346 del Código Civil no solo debía examinarse el texto de la norma y la resolución impugnada, sino también los propios actuados del proceso. Asimismo, señaló que el artículo 1346 del Código Civil establece que el juez, a solicitud del deudor, puede reducir equitativamente la pena cuando sea manifiestamente excesiva o cuando la obligación principal hubiese sido en parte o irregularmente cumplida. Luego de revisar los actuados, la Corte Suprema advirtió que los mutuatarios no cumplieron con el pago oportuno de la deuda, por lo que el mutuante inició un proceso sobre ejecución de garantías, logrando así, adjudicarse el inmueble dado en garantía. En dicho proceso se incluyeron los intereses compensatorios. Por tanto, el mutuante logró hacerse pago de la obligación que los demandados tenían a su cargo. Según la última instancia procesal, los mutuatarios solicitaron la reducción de la pena, por ser excesiva, dicha solicitud fue amparada, pues la penalidad solicitada equivalía a casi el doble de la suma mutuada. En este sentido, la Corte Suprema concluyó señalando que la Sala Superior había interpretado correctamente la norma materia de análisis. Respecto a la causal de inaplicación del artículo 1342 del Código Civil, el recurrente sostuvo que de haberse aplicado se habrían amparado todos los extremos de su demanda y no se hubiese reducido arbitrariamente la penalidad reclamada a la irrisoria suma de dos mil soles. De lo expuesto, la Corte Suprema señaló que el artículo

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LAS OBLIGACIONES

1342 del Código Civil establece que cuando la cláusula penal se estipula para el caso de mora o en seguridad de un pacto determinado, el acreedor tiene derecho para exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación. En tal sentido, la Sala Suprema llegó a la conclusión que su aplicación en nada cambiaría el sentido de la decisión, pues el artículo 1346 del Código Sustantivo faculta al juez a reducir la pena excesiva. Es así que finalmente se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la parte del mutuante.

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SE CONSIDERA VÁLIDO QUE EL DEUDOR SOLICITE LA REDUCCIÓN DE LA PENALIDAD EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

En el presente caso, el acreedor interpuso demanda contra el deudor con el fin de que este cumpla con pagarle la suma estipulada en la cláusula penal. La sentencia de primera instancia declaró fundada en parte la demanda. En tal sentido, ambas partes del proceso interpusieron recurso de apelación. El deudor demandado señaló que resultaba de aplicación lo previsto en el artículo 1156 del Código Civil; mientras que el acreedor indicó que al señalarse un monto inferior al que legalmente se estipuló en el contrato se le estaba perjudicando económicamente. Al respecto, la Corte Superior de Justicia precisó que tanto el deudor como el acreedor apelaron solo el extremo referido a la cláusula penal, en consecuencia se desprendía que las partes están de acuerdo en todos los demás extremos de la sentencia. Por otro lado, la Corte Superior advirtió que el tema se centraba en la aplicación del artículo 1346 del Código Civil, el cual facultaba al Juez a reducir equitativamente la pena. En tal sentido, dicha Corte Superior continuó señalando que la cláusula penal conforme a la ley y la doctrina determina una sanción para la parte que no cumple con lo establecido en el contrato, con el fin de resarcir el daño que se pudiera causar, pudiendo operar en los casos de incumplimiento total o parcial de la obligación siempre por causa imputable al deudor. Asimismo, la Sala Superior señaló que el artículo 1346 facultaba al Juez a reducir la penalidad pactada, en los casos en que a su criterio resulte excesiva significando

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Sala Civil para Procesos Abreviados y de Conocimiento - Corte Superior de Justicia de Lima Exp. Nº 6653-2000-Lima (Data 45 000). Demandante: No se menciona Demandado: No se menciona Asunto: No se menciona Fecha: 31 de julio de 2001


que esta reducción no es obligatoria y que se procede a ella con el único fin de fomentar el contenido ético de las relaciones contractuales; obedeciendo entonces la reducción aludida a una apreciación subjetiva del Magistrado. De lo expuesto, la Corte Superior concluyó que no se podía sostener válidamente que la norma hubiera sido indebidamente aplicada, ni tampoco era válido alegar que el demandado no solicitó expresamente la reducción, ya que implícitamente lo hizo al cuestionarla en su escrito de contestación a la demanda. En este sentido, se confirmó el extremo de la sentencia apelada referida a la cláusula penal, en la que se declaró fundada en parte la pretensión y se ordenó que el deudor abone al acreedor una determinada cantidad de dinero por concepto de penalidad.

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En caso de incumplimiento de contrato se debe respetar lo señalado en la cláusula penal

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Exp. Nº 1064-03-Cusco (Data 45 000) Demandante: Grimaldo Gutiérrez Romero Demandada: Segundina Fernández de Choque Asunto: Rescisión de contrato Fecha: 10 de setiembre de 2003

En el presente caso, se celebró un contrato de promesa de venta. Luego, el comprador interpuso demanda de rescisión de contrato contra el vendedor debido a que no se llegó a concretar la venta; asimismo, solicitó la devolución del dinero que entregó a dicho vendedor al momento de la celebración del contrato. La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda; en consecuencia, se declaró rescindido el contrato de promesa de venta debiendo el vendedor devolver la cantidad recibida como parte del precio, más los intereses legales devengados desde la fecha de suscripción del contrato. Asimismo, dicha sentencia ordenó que el vendedor pague al comprador una determinada suma, por concepto de indemnización por daños y perjuicios. En el mismo sentido, la Corte Superior de Justicia de Cusco confirmó la sentencia apelada. Luego, el vendedor interpuso recurso de casación; el cual fue declarado procedente por la causal contemplada en el inciso segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil, en virtud del cual se denunció la inaplicación de normas de derecho material, sustentándose en que las instancias de mérito habían inaplicado el artículo 1341 del Código Civil, no obstante que con el comprador se había pactado en el contrato de promesa de venta

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LAS OBLIGACIONES

–cláusula cuarta– una penalidad en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho contrato. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República indicó que el artículo 1341 del Código Civil establecía que el pacto por el que se acuerda que, en caso de incumplimiento, uno de los contratantes quedaba obligado al pago de una penalidad, tiene el efecto de limitar el resarcimiento a esta prestación y a que se devuelva la contraprestación, si la hubiere; salvo que se haya estipulado la indemnización del daño ulterior. Asimismo, la Corte Suprema señaló que en la cláusula cuarta del referido contrato de promesa de venta, se pactó que en caso de incumplimiento de dicho contrato, la parte infractora pagaría una multa. Luego de que la Corte Suprema revisara la citada cláusula del contrato de promesa de venta, entendió que la misma era una cláusula penal, conforme lo prescribía el artículo antes aludido. Asimismo, dicha Corte Suprema señaló que, al no haber cumplido la demandada con el contrato de promesa de venta, era de aplicación la cláusula cuarta (cláusula penal) de dicho acuerdo. En tal sentido, la Corte Suprema concluyó precisando que las instancias de mérito no debieron fijar una suma como concepto de indemnización por daños y perjuicios, ya que ello iba en contra de lo pactado en la cláusula penal del contrato, que cumplía la función de fijar y limitar anteladamente aquello que se debía a título de indemnización una vez que se produjo el evento del incumplimiento de lo debido; consecuentemente, el monto que debe pagar el vendedor por concepto de reparación civil por los daños y perjuicios ocasionados al demandante es el fijado como multa. Es así que se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el vendedor, declarándose asimismo, nula la sentencia de vista.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Exp. Nº 1064-03-Cusco (Data 45 000) Demandante: Grimaldo Gutiérrez Romero Demandada: Segundina Fernández de Choque Asunto: Rescisión de contrato Fecha: 10 de setiembre de 2003


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EL JUZGADOR PUEDE REDUCIR EQUITATIVAMENTE LA PENA CUANDO ESTA SEA MANIFIESTAMENTE EXCESIVA

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de justicia Exp. Nº 761-2003-Lima (Data 45 000) Demandante: Rosa Goshi Goshi Tsuchida Ura de Nakagawa Demandados: Sucesión de Guillermo Máximo Refulio García y Julia Estela Suárez Montalbo Asunto: No se menciona Fecha: 26 de agosto de 2004

En el presente caso se interpuso demanda de obligación de dar suma de dinero contra la parte deudora, con el fin de que estos le paguen la suma adeudada. Lo que solicitaba el acreedor, era la ejecución de la cláusula penal pactada en la cláusula trece del contrato de arrendamiento, según la cual en el supuesto que los arrendatarios no desocupen el inmueble al finalizar el plazo del contrato, estaban obligados al pago de una suma determinada por cada día adicional. La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda, en consecuencia, se ordenó que los deudores cumplan con pagar. Sin embargo, en la sentencia de segunda instancia, la Corte Superior de Justicia de Lima, revocó la sentencia de primera instancia, declarando improcedente la demanda en todos sus extremos. Al respecto, el acreedor interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la segunda causal del artículo 386 del Código Procesal Civil relativa a la inaplicación de normas de derecho material. En tal sentido, la demandante sostuvo que la Sala Superior no tomó en cuenta los artículos 1341 y 1342 del Código Civil, los cuales regulan las obligaciones con cláusula penal; dejándose sin efecto un contrato donde se pactó por seguridad y cumplimiento del plazo contractual una cláusula penal, habiéndose agraviado así sus derechos. De acuerdo con la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, las partes están facultadas de determinar libremente el contenido del contrato a tenor del artículo 1354 del Código Civil. En tal sentido, el acreedor y los deudores pactaron la cláusula penal en el contrato, debiéndose tener presente que de acuerdo al artículo 1361 del mismo código, los contratos son expresión del acuerdo de voluntad común de las partes mediante los cuales se crean obligaciones de cumplimiento obligatorio en cuanto se haya expresado en ellos, en aplicación del principio pacta sunt servanda. Asimismo, invocando a la doctrina, la Corte Suprema manifestó que la cláusula penal es una estipulación accesoria añadida a un contrato, y para asegurar la ejecución

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de la prestación, se somete al deudor a pagar una multa o a realizar otra prestación en caso de retardo o incumplimiento. Dicha Corte Suprema continuó señalando que a la cláusula penal se le denominaba también pena convencional, que venía a ser una prestación determinada, prometida por el deudor al acreedor para el caso de incumplimiento o retardo de su obligación. Por otro lado, la Corte Suprema advirtió que la cláusula penal podía ser estipulada para uno de los siguientes fines: a) para el caso del incumplimiento total de la obligación (pena compensatoria); b) para el caso de mora (pena moratoria) y c) para seguridad de alguna cláusula o estipulación concretamente señalada; de allí que, según la Corte, la cláusula penal sea distinguible en: compensatoria y moratoria dependiendo de si tiene por objeto compensar los daños y perjuicios derivados por el incumplimiento o compensar tan solo los originados por la mora. De lo expuesto, la Sala Suprema indicó que el caso concreto estaba referido a una cláusula penal de tipo moratoria, desde que se había estipulado para el supuesto de mora, que en el caso consistía en el retardo en la devolución del bien por parte del arrendatario una vez concluido el contrato, por lo que resultaba pertinente en la solución del litigio el artículo 1342 del Código Civil, el cual no había sido tomado en cuenta en la resolución de vista. En lo referente a la inaplicación del artículo 1341 del Código Civil, la Corte Suprema expresó que este artículo no resultaba idóneo, ya que en el caso, el pago de la penalidad no cumplía la función de compensar el incumplimiento total de la obligación, toda vez que no se había invocado la falta de pago de los alquileres, sino únicamente la demora en la devolución del bien por el arrendatario una vez concluido el contrato. En tal sentido, la última instancia procesal concluyó que se había configurado la causal de inaplicación de norma de derecho material, esto es del artículo 1342 del Código Civil; agregando dicha Sala Suprema que conforme al artículo 1704 del Código Civil, una vez vencido el plazo del contrato o cursado el aviso de conclusión si el arrendatario no restituye el bien, el arrendador tiene derecho a exigir su devolución y a cobrar la penalidad

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de justicia Exp. Nº 761-2003-Lima (Data 45 000) Demandante: Rosa Goshi Goshi Tsuchida Ura de Nakagawa Demandados: Sucesión de Guillermo Máximo Refulio García y Julia Estela Suárez Montalbo Asunto: No se menciona Fecha: 26 de agosto de 2004


convenida o, en su defecto, una prestación igual a la renta del periodo precedente, hasta su devolución efectiva. No obstante lo expuesto, la Corte Suprema no confirmó la sentencia apelada en su integridad, desde que en ella se había ordenado a favor de el acreedor, el pago de una suma por cada uno de los demandados, monto que el Supremo Tribunal consideró excesivo; por lo que lo redujo a tenor del artículo 1346 del Código Civil, mediante el cual se faculta al juzgador en forma expresa, a reducir equitativamente la pena cuando esta sea manifiestamente excesiva. Finalmente se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, confirmando así, en parte la sentencia de primera instancia, pero revocándola en cuanto al monto fijado originalmente.

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para reclamar una obligación dineraria derivada de una cláusula penal SE debE recurrir a un proceso que permita el ejercicio del derecho de contradicción con mayor amplitud

Segunda Sala Civil de Lima Exp. Nº 00-30485-485Lima (Data 45 000) Demandante: América Leasing Sociedad Anónima Demandados: Segundo Felipe Villajulca Horna y otra Asunto: Ejecución de garantías Fecha: 11 de octubre de 2001

En el presente caso, se interpuso una demanda de ejecución de garantías, en el cual se reclamaba el cumplimiento de una obligación dineraria por concepto de cuatro cuotas vencidas del contrato de arrendamiento financiero celebrado entre el acreedor y una empresa arrendataria (deudor); asimismo, se reclamaba una determinada cantidad de dinero como concepto de treintiún cuotas de dicho arrendamiento con vencimientos futuros dadas por vencidas al resolverse el contrato, acorde a lo pactado en una cláusula del contrato. Al respecto, en una cláusula del testimonio de escritura pública de constitución de hipoteca, los hipotecantes constituyeron primera y preferente hipoteca hasta por un tope máximo, con el objeto de garantizar, entre otras, todas y cada una de las obligaciones que tenía contraídas la empresa arrendataria con la acreedora hipotecaria. La resolución de primera instancia declaró infundada la contradicción al mandato de ejecución y se ordenó el remate del bien dado en garantía; precisándose que el mandato de ejecución era para cubrir la acreencia de la ejecutante.

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En tal sentido, se interpuso recurso de apelación. La Segunda Sala Civil de Lima, señaló que dicha cláusula, si bien contenía una penalidad para el caso de incumplimiento de la empresa arrendataria, ocurría también que a esta la ley le reconocía el derecho de pedir la reducción equitativa de la penalidad por ser manifiestamente excesiva o cuando la obligación principal hubiese sido en parte o irregularmente cumplida, según el artículo 1346 del Código Civil. Asimismo, dicha Sala Civil continuó señalando que el referido derecho del deudor no podía ser opuesto o reconocido en un proceso de ejecución de garantías, por cuanto, según la Corte Superior, este proceso, por su naturaleza tenía restricciones en la admisión y actuación de medios probatorios así como tampoco cabía la reconvención, conforme se desprende del artículo 722 del Código Procesal Civil. En este sentido, de acuerdo con la Corte Superior, el proceso de ejecución de garantías no era la vía idónea para reclamar una obligación dineraria derivada de una cláusula penal, pues para ello debía recurrirse a un proceso que permita el ejercicio del derecho de contradicción con mayor amplitud, siendo por ello evidente la inexigibilidad de la obligación demandada. De lo expuesto, tenemos que la Corte Superior confirmó la sentencia apelada, mediante la cual se ordenó el remate del bien dado en garantía para que se cumpla con el pago de la obligación. Respecto a esta sentencia emitida por la Segunda Sala Civil de Lima, hubo un voto singular, el cual indicó, en primer término, que el título de ejecución lo constituía el testimonio de escritura pública de constitución de hipoteca, y no el testimonio de escritura pública de contrato de arrendamiento financiero, constituyendo este último solo un medio probatorio de la existencia de la obligación impaga. El magistrado que emitió dicho voto singular, también expresó que si bien el Decreto Legislativo Nº 299 y el Decreto Supremo Nº 559-84-EFC, permitían, en los contratos bajo sus alcances, el cobro de las cláusulas penales, a través de un proceso ejecutivo, no es menos cierto que el proceso de ejecución de garantías reales, en el que era ejecutada la hipoteca señalada anteriormente, se debió sujetar a lo dispuesto en el artículo 1107 del Código Civil, esto es, que la hipoteca cubre el capital, los intereses que devengue, las primas del seguro pagadas por el acreedor

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y las costas del juicio. El magistrado continuó señalando que de esto, se colegía que la hipoteca no cubría el pago de estipulaciones contractuales relacionadas a penalidades, por lo que su cobro en esta vía debía ser rechazado, ello sin perjuicio de que el actor hiciera valer su derecho en la vía legal pertinente. Por último, dicho magistrado advirtió que la parte arrendataria no había acreditado que la obligación fuera inexigible, o que la misma ya hubiera sido pagada o hubiera quedado extinguida de otro modo o que se haya encontrado prescrita, o que el título de ejecución haya adolecido de nulidad formal, tal como lo preceptúa el artículo 722 del Código Adjetivo. En tal sentido, su voto fue porque se confirme la sentencia de primera instancia, que declaraba infundada la contradicción al mandato de ejecución y ordenaba el remate del bien dado en garantía. La sentencia de la Segunda Sala Civil de Lima también tuvo un voto en discordia. Al respecto, los magistrados expusieron que el título de ejecución lo constituía el testimonio de escritura pública de constitución de hipoteca, y no el testimonio de escritura pública de contrato de arrendamiento financiero, constituyendo este último solo un medio probatorio de la existencia de la obligación impaga. Además, los magistrados que emitieron el voto en discordia invocaron el primer párrafo del artículo 1361 del Código Civil, el cual señala que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. En tal sentido, dichos magistrados recordaron que en el testimonio de escritura pública de constitución de hipoteca, se constituyó una hipoteca hasta por un tope máximo, con el objeto de garantizar las obligaciones de la demandada. Asimismo, en dicho testimonio de escritura pública de constitución de hipoteca también se facultó para que la acreedora hipotecaria pueda dar por vencidas todas las cuotas, lo cual debía ser concordado con lo pactado en la cláusula del testimonio de escritura pública del contrato de arrendamiento financiero. Por otro lado, de acuerdo a los magistrados, la obligación contenida en el título era cierta, expresa y exigible en virtud de lo preceptuado en el artículo 689 del Código Procesal Civil, por lo que procedía la ejecución; razón por la cual, estos magistrados confirmaron también la sentencia de primera instancia.

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Capítulo 8

CONTRATOS

PARTE GENERAL DISPOSICIONES GENERALES

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CONTRATANTES DEBEN ACTUAR CON HONESTIDAD

Una asociación de comerciantes interpone demanda sobre ineficacia de acto jurídico contra una de sus integrantes, respecto de un contrato de compraventa celebrado con su representante aduciéndose, que al no haber sido ratificado el acto jurídico contenido en dicho contrato conforme a los artículos 161 y 163 del Código Civil y los artículos 28, 32 y 43 del Estatuto social vigente, el mismo devenía en ineficaz en razón de que el mencionado representante actuó con exceso de facultades no autorizadas por la asamblea general de asociados. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia; la demandante impugnó el fallo siendo que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, revocando la sentencia de primera instancia, declara fundada la demanda exponiendo que el acta de asamblea general de fecha veinticuatro de abril del dos mil tres (2003) presentado por la demandada, este no constituye un acto de ratificación del acto jurídico del veintiséis de abril del año dos mil uno (2001) conforme lo prevé el artículo 162 del Código Civil, debido a que de manera genérica se aprobó en dicha asamblea la transferencia de acciones y derechos en el porcentaje que corresponde a cada uno de los aportantes, por lo que no se puede entender como una ratificación de acto jurídico. La parte demandada interpone recurso de casación por la causal de interpretación errónea del numeral 162, del

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1675-2007-Lima (Data 45 000) Demandante: Asociación de Comerciantes “Miguel Grau cuarta cuadra” Demandadas: doña Susana Luisa Flores Contreras y otro Asunto: Ineficacia de acto Jurídico Fecha: 26 de junio de 2007


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1675-2007-Lima (Data 45 000) Demandante: Asociación de Comerciantes “Miguel Grau cuarta cuadra” Demandadas: doña Susana Luisa Flores Contreras y otro Asunto: Ineficacia de acto Jurídico Fecha: 26 de junio de 2007

Código Civil, alegando que dicha norma ha sido erróneamente interpretada por la Sala de merito, al considerarse que el acta de Asamblea General, no constituye un acto de ratificación del acto jurídico submateria, cuando en la mencionada asamblea se aprobó la transferencia de los derechos y acciones del bien sublitis correspondiente a cada uno de los aportantes que materializaron la compra del inmueble sublitis, siendo que dicha asamblea se llevó a cabo conforme a lo previsto en el artículo 17 del estatuto de la asociación demandante. Añade, que tanto el término ratificar como aprobar tienen igual significado, pues, la ratificación implica la aprobación de un acto de otro y la aprobación del acto jurídico sub júdice ha sido –según aduce– aceptado y asumido por la entidad accionante. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación exponiendo que la aseveración realizada por la Corte Superior infringe por interpretación errónea el artículo 162 del Código Civil, pues, primeramente, como lo precisa la propia Sala Superior en la recurrida, en el estatuto aprobado por la asamblea general no se aprecia el poder expreso para realizar el acto de disposición de las acciones y derechos materia del contrato sublitis y por lo tanto, el supuesto de ineficacia invocado en la demanda debe dilucidarse a la luz de lo previsto en el artículo 161 del Código Civil. Consecuente con lo anterior, estando a los hechos debatidos y probados en el desarrollo del proceso, existiendo una divergencia respecto a que si el acuerdo adoptado en el acto de asamblea general constituye una ratificación o no del acto jurídico submateria, es necesario recurrir a las reglas generales de interpretación previstas en nuestro ordenamiento sustantivo. Continua exponiendo que para ello debe tenerse en cuenta de que conforme lo dispone el artículo 168 del Código Civil, relativo a la interpretación objetiva, “el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en el y según el principio de la buena fe”, que es un principio básico y característico de todos los contratos que obliga a las partes a actuar entre si con la máxima honestidad, constituyendo la convicción de que se participa en una relación jurídica conforme a derecho, es decir, respetando el derecho de los demás. De ahí que se llegue a la conclusión de que ha quedado evidenciado que el contrato sub materia se celebró en razón de

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CONTRATOS

que la recurrente fue una de las aportantes para la adquisición del predio sublitis, hecho este que no ha sido enervado en el desarrollo de la litis. Concluye que no cabe ninguna duda que cuando en la asamblea general se señale que se aprueba por unanimidad la transferencia de los derechos y acciones del bien sublitis en el porcentaje que corresponde a cada uno de los aportantes para la compra de dicho inmueble; inequívocamente la asamblea general está ratificando en el acto jurídico de compraventa realizado a favor de los aportantes para adquirir el indicado predio, entre ellos, la hoy demandada.

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CALIFICACIÓN DE CONTRATO SE DA POR SU CONTENIDO Y NO POR SU DENOMINACIÓN

Una persona demanda el otorgamiento de escritura pública respecto de la minuta de cesión de acciones y derechos donde voluntariamente se le deja, en calidad de cesión, la totalidad de sus acciones y derechos sobre la propiedad de un inmueble. La demanda fue declarada improcedente por el juez de primera instancia. La parte demandante impugnó el fallo, siendo que la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia apelada, argumentando que la minuta cuya formalización se pretende, constituye un acto de donación y no uno de cesión de derechos y acciones, por lo que no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 1207 y 1215 del Código Sustantivo. El demandante interpone recurso de casación señalando que la Sala Civil Superior ha aplicado de manera indebida el artículo 1625 del Código Civil al considerar que la minuta cuya formalización se pretende constituye un acto de donación, pues, conforme lo ha señalado en su demanda, dicho contrato constituye un acto de cesión de derechos y acciones, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 1207 y 1215 del Código Sustantivo. Asimismo, manifiesta que en la citada minuta las partes expresaron su voluntad de celebrar un contrato de cesión de derechos y no uno de donación, por lo que también resultan aplicables los artículos 1361 y 1363 del Código antes mencionado.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema Cas. Nº 331-2003-Lima El Peruano 31/01/2005 (Data 45 000) Demandante: Doris Yolanda Roig Medina Demandada: Sucesión de don Víctor Francisco Meneses Asunto: Otorgamiento de escritura pública Fecha: 26 de julio de 2004


La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo que existen 3 maneras en que puede realizarse a modo de transferencia o cesión de un bien: a) compraventa, b) permuta; y c) donación. Siendo que de la revisión de autos, se concluye que en el presente caso, nos encontramos ante el tercero de los conceptos expuestos, toda vez que el cesionario, de conformidad con la minuta, se obligó de manera voluntaria, a transferir la totalidad de sus derechos y acciones cuya titularidad ostentaba en el inmueble sub-litis; sin que la recurrente haya correspondido en dicha transferencia con precio o compensación alguna; por lo que siendo así, nos encontramos ante una típica donación de bien inmueble. En ese sentido, el artículo 1625 del Código Civil, que regula la donación de bienes inmuebles resulta debidamente aplicado, no así, los artículos 1207 y 1215 del mismo Código, toda vez que los mismos, si bien aluden a la cesión de derechos, debe tenerse presente que se encuentran ubicados dentro del título transmisión de obligaciones, referido a derechos crediticios, supuesto totalmente ajeno al tema que nos ocupa. Al respecto, es menester precisar que si bien el documento ha sido denominado por las partes como contrato de cesión de derechos y acciones, debe tenerse presente que los contratos no pueden ser únicamente lo que las partes lo denominen, sino lo que por su naturaleza les corresponda; habiéndose ya determinado en los presentes actuados, la naturaleza del acto jurídico materia de litis.

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LEY NO MODIFICA EL CONTENIDO DE CONTRATO CELEBRADO CON ANTERIORIDAD A SU VIGENCIA

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 644-2006-Lima (Data 45 000) Demandante: César Augusto Lama More Demandada: Proyecto Especial Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado-Pronap y otro Asunto: Cumplimiento de contrato Fecha: 7 de marzo de 2007

Una persona interpone demanda de cumplimiento de contrato contra dos entidades estatales (Proyecto Especial Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado-Pronap y Ministerio de la Presidencia) solicitando que los emplazados cumplan con pagarle la totalidad de la prestación convenida en un contrato de locación de servicios, en la medida en que la referidas entidades estatales adeudan catorce mil quinientos setentiocho nuevos soles. La parte demandada contesta la demanda argumentado que la supuesta obligación pendiente de pago se refiere a la aplicación de la Ley Nº 27246 que aprueba la reducción del quince por ciento (15%) en los

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CONTRATOS

ingresos de las personas naturales que realizan labores en el sector público. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, que ordena que la parte demandada pague al demandante la suma de catorce mil quinientos setentiocho nuevos soles con ochentiséis céntimos, más intereses legales en calidad de intereses moratorios. La parte demandada impugnó el fallo por considerar que el juez no valoró que no se ha realizado el pago en cumplimiento de la Ley Nº 27246. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la sentencia apelada argumentando que el artículo 62 de la Constitución Política del Estado, protege y garantiza que las partes puedan pactar términos contractuales según las normas vigentes al momento de su celebración, por lo que no puede ser aplicable a la relación contractual asumida por las partes la Ley Nº 27246, que entró en vigencia en fecha posterior a la celebración del contrato, asimismo no es aplicable el Decreto Supremo Nº 006-2000-EF, admitir lo contrario implicaría atentar contra la seguridad jurídica, contra el principio de autonomía de la voluntad de las partes y contra el principio constitucional de irretroactividad de la ley, mas aún si la condición suspensiva que se invoca fue pactada para la ejecución del contrato. El demandado interpone recurso de casación denunciando la inaplicación del artículo primero de la Ley Nº 27246 y de los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo 0062000-EF, bajo el fundamento de que con fecha 27/12/1999 el Pronap (ahora Parssa) celebró con el demandante un contrato de locación de servicios por un monto total ascendente a ciento cuarenticinco mil setecientos ochentiocho nuevos soles con sesenta céntimos, que ha sido cancelado, el cual tuvo como objeto comprometer los servicios de consultoría para el mantenimiento del catastro de usuarios de la EPS Chimbote, siendo que la supuesta obligación incumplida por su representada de catorce mil quinientos setentiocho nuevos soles con ochentiséis céntimos, se refiere a la aplicación de la Ley Nº 27246 que aprueba la reducción del quince por ciento (15%) en los ingresos de las personas naturales que realizan labores en el sector público, siempre que sean superiores a los ocho mil nuevos soles mensuales; asimismo, señala que si bien el contrato se celebró antes

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de la entrada en vigencia de la acotada ley, la relación jurídica obligacional que creó y sus efectos jurídicos se desenvolvieron y extendieron en vigencia del citado precepto legal, siendo que en dicho orden de ideas la teoría de los hechos cumplidos adoptado por nuestro ordenamiento (artículo Tercero del Título Preliminar del Código Civil y el artículo 2121 de las Disposiciones Transitorias del mismo Cuerpo Normativo), los hechos cumplidos durante la vigencia de la antigua ley se rigen por ésta y los cumplidos después de su promulgación por la nueva, por lo que si las consecuencias del contrato se dieron durante la vigencia de la Ley Nº 27746 es obvio que tiene que regirse por dicha norma, por ello no se está haciendo una aplicación retroactiva de la norma, sino aplicación inmediata de los efectos del contrato, de fecha 27/12/1999. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación argumentando que si bien el Decreto Supremo Nº 006-2000-EF, aprueba la reducción del quince por ciento (15%) en los ingresos de las personas naturales que realizan labores en el sector público, siempre que sean superiores a los ocho mil nuevos soles mensuales, el contrato de locación de servicios suscrito entre las partes se celebró antes de la entrada en vigencia de la acotada ley, por lo que la relación jurídica obligacional que creó y sus efectos jurídicos se desenvolvieron y extendieron en vigencia del citado precepto legal, siendo de aplicación la teoría de los hechos cumplidos, adoptado por el artículo Tercero del Título Preliminar del Código Civil, no haciéndose así una aplicación retroactiva de la norma. En general, todo término contractual, “no puede ser modificado por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”; asimismo, según lo dispuesto por el artículo 1361 del Código Civil que recoge el principio de Pacta Sunt Servanda, los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Asimismo señaló que tampoco procede aplicar las normas denunciadas, puesto que sería darle efectos retroactivos, si se tiene en cuenta que el principio de irretroactividad impide que las disposiciones contenidas en las normas jurídicas puedan ser aplicadas a los hechos que se realizaron antes de la entrada en vigencia de dichas normas; definición que se encuentra reflejada en el artículo 103 de la Carta Política del Estado, en cuanto establece que “La ley no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo en materia penal, cuando favorece al reo”.

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CONTRATOS

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MINUTA DE CONTRATO SUSCRITA POR ABOGADO INHABILITADO ES VÁLIDA

Una persona demanda la nulidad de la escritura pública de compraventa del inmueble sublitis y del asiento registral en el que consta el bloqueo de la partida electrónica; manifestando como fundamentos de su acción que la minuta de compraventa está autorizada por un abogado que a la fecha de su suscripción no se encontraba hábil para el ejercicio de su profesión y porque el Notario demandado no exigió la presentación del documento que acreditara el pago del impuesto predial y de alcabala; razón por la cual no existe un acto jurídico válido. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La parte demandante impugnó el fallo, siendo que la segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia apelada. El demandante interpone recurso de casación señalando que se ha interpretado erróneamente el artículo 57 de la Ley del Notario y el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 776, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 27616, pues la Notaría demandada no requirió que el abogado que autorizaba la minuta estuviera habilitado, así como no se requirió que se acredite el pago del impuesto predial y de alcabala; e inaplicación del inciso 2 del artículo 286 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que para el ejercicio del patrocinio, el abogado debe encontrarse hábil. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo que si bien el inciso a) del artículo 57 de la Ley Nº 26002 “Ley del Notario” determina que toda minuta debe contar, como requisito indispensable, con la autorización de un abogado; y el inciso 2 del artículo 286 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que no puede patrocinar el abogado que no se halle hábil conforme al estatuto del respectivo colegio; cabe señalar que ello no resulta suficiente para anular el acto jurídico celebrado por los intervinientes, quienes se verían perjudicados en su derecho dado que lo esencial del acto jurídico es la manifestación de voluntad expresada

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La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1192006-Lima. El Peruano, 03/10/2006 (Data 45 000) Demandante: Teresa Rosa Gallangos Lozada Demandada: Ana María Alzamora y otros Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 5 de mayo de 2006


por los contratantes, y que la función de autorizar la minuta por un abogado es una de revisión jurídica y no afecta ni determina la validez de un contrato de naturaleza consensual

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RESCINDEN MUTUO CON GARANTÍA ANTICRÉTICA PORQUE BIEN ENTREGADO EN GARANTÍA ERA AJENO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2160-2001-Lima El Peruano, 01/12/2004. (Data 45 000) Demandantes: Pedro Adrián Rojas Flores y Celinda Moscoso Segovia de Rojas Demandada: Segundo Albino Sánchez Retamozo y otra Asunto: Rescigión de contrato mutuo con garantía auticrética Fecha: 5 de mayo de 2004

Una persona demanda la rescisión de un contrato de mutuo con garantía anticrética y solicita la restitución de la suma de diez mil dólares, dados como contraprestación, argumentando que mediante el citado contrato los demandados se obligaron a entregar la parcela como garantía, y los demandantes entregaron a favor de los emplazados la suma antes citada, no obstante, el citado bien resultó ser ajeno. La demanda fue declarada infundada por el Segundo Juzgado Civil de Arequipa que consideró entre otros que, el hecho demandado constituye causal de nulidad del acto jurídico, mas no de rescisión de contrato, tal como lo establecen los artículos 210 y 221 inciso 2 del Código Civil. La demandante impugnó el fallo. La Sala Mixta Descentralizada de Vacaciones de Arequipa declaró nula la sentencia apelada, nulo todo lo actuado e improcedente la demanda, por considerar que la controversia versa sobre un contrato nulo por ausencia de la formalidad ad solemnitatem, resultando aplicable al caso de autos lo dispuesto por los artículos 219 inciso 6 y 220 del Código Civil, en consecuencia, la pretensión de rescisión de contrato resulta ser un petitorio jurídicamente imposible. El demandante interpone recurso de casación por casual de inaplicación de una norma de derecho material, alegando la recurrente que específicamente debieron aplicarse al caso los artículos 1539, 1540, 168, 1541, 1360, 1362 y 1426 del Código Civil; así como el artículo 7 del Título Preliminar del Código Civil y el inciso 8 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo que

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CONTRATOS

la rescisión se aplica a los contratos válidamente celebrados y obedece no a la irregularidad de la formación del contrato, sino el hecho que el contrato regularmente celebrado contribuye a obtener un resultado injusto o contrario al derecho; siendo por tanto la rescisión un remedio para evitar un perjuicio; en consecuencia, el efecto retroactivo obligacional de la rescisión da lugar a que las partes deban restituirse las respectivas prestaciones, o si ello no fuera posible, reembolsar el valor que tenía al tiempo de celebrarse el contrato. Continua exponiendo que, dentro de los linderos de razonabilidad descritos en los considerandos precedentes y apreciándose la inseguridad jurídica irrogada a la parte demandante al habérsele entregado un bien ajeno como objeto de garantía anticrética, no resulta justo emitir un pronunciamiento inhibitorio respecto al fondo de la litis, por ende, resulta pertinente la aplicación de los artículos 1539, 1540, 1541 del Código Civil referentes a la compraventa de bien ajeno concordantes con los artículos 168, 1541, 1360 y 1326 del citado Código, relativos a la interpretación objetiva, la rescisión y el incumplimiento de los contratos con prestaciones recíprocas; así como los artículos 7 del Título Preliminar de la norma sustantiva y 139 inciso 8 de la Constitución Política del Estado, por cuanto es obligación del juzgador aplicar el derecho que corresponde al proceso y no dejar de administrar justicia por vacío de deficiencia de la ley.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2160-2001-Lima El Peruano, 01/12/2004. (Data 45 000) Demandantes: Pedro Adrián Rojas Flores y Celinda Moscoso Segovia de Rojas Demandada: Segundo Albino Sánchez Retamozo y otra Asunto: Rescigión de contrato mutuo con garantía auticrética Fecha: 5 de mayo de 2004

CONSENTIMIENTO

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DECLARÁN VÁLIDA CLÁUSULA GENERAL DE CONTRATACIÓN QUE CONTIENE FACULTAD DE RESOLVER EL CONTRATO BASADA EN UNA CAUSAL LEGAL

Una persona demanda se declare la nulidad del contrato de compraventa celebrado con la demandada sustentándose en que mencionado contrato era nulo porque, a su vez, eran nulas las varias estipulaciones, resaltando aquella que contenía la facultad de resolución de contrato a favor de la demandada, por ser contraria a normas de orden público, ya que existe un dispositivo del código civil que prohíbe ese tipo de acuerdos en contratos con cláusulas generales de contratación. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La parte demandada impugnó, siendo que la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que revocó la apelada y, reformándola, declaró infundada la demanda. El demandante interpone recurso de casación por las causales de interpretación errónea de los artículos 1392 y 1398 del Código Civil e inaplicación del artículo II del Título Preliminar del Código Civil y del inciso 8 del artículo 219 del Código Civil. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo que el aludido artículo 1398 del Código Civil debe ser entendido en el sentido de que es inválida la estipulación contenida en una cláusula general de contratación, no aprobada administrativamente, que establece, en favor de quien la ha redactado, la facultad de resolver el contrato, siempre que dicha facultad se sustente en supuestos diferentes a los reconocidos en nuestra legislación positiva civil. Ello es así porque, en caso contrario, y si se siguiese la interpretación propuesta por la recurrente, se llegaría a la situación absurda de que quienes incumplen contratos que contengan cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, gozarían de

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2047-2007-Lima (Data 45 000) Demandante: Luisa Corman Chavarría Demandada: Caja de Pensiones Militar Policial Fecha: 24 de julio de 2007


un manto protector respecto de lo que establecen, por ejemplo, los artículos 1428, 1429 y 1559 del; Código Civil, que son precisamente el respaldo legal de lo establecido en la cuestionada cláusula.

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CLÁUSULAS GENERALES APROBADAS SE APLICAN PESE A NO ESTAR EN EL CONTRATO FIRMADO

Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 291-2000-Lima (Data 45 000) Demandante: Corporación West Sociedad Anónima Demandada: Compañía de Seguros La Fénix Peruana Asunto: Indemnización Fecha: 18 de mayo de 2000

Una persona demanda a una aseguradora para que esta le pague una indemnización correspondiente a un daño que cubría el seguro. La aseguradora contesta la demanda estableciendo que según la cláusulas generales de contratación aprobadas por la Superintendencia de Banca y Seguros tal daño no estaría cubierto. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La demandante impugnó el fallo por considerar que el juez no valoró que si bien las cláusulas generales exoneran a la aseguradora, estas no pueden ser aplicadas porque no fueron consignadas expresamente en el contrato de seguro suscrito entre las partes. La Sala de Procesos Abreviados y de conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia de primera instancia argumentando respecto de la obligatoriedad de las condiciones generales que no formaban parte del contrato de seguros, que conforme a lo previsto en el artículo 1394 del Código Civil, regulan los contratos y su exclusión como lo señala el artículo 1395 del mismo Código, tiene que estar expresamente convenido. En ese sentido, la inoponibilidad para el contratante de las cláusulas generales, tiene que estar expresamente pactadas, caso contrario, son obligatorias para los contratantes, quiénes están en la alternativa de aceptar o rechazarlas íntegramente

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CONTRATOS

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DECLARAN INVÁLIDA CLÁUSULA QUE LIMITABA RESPONSABILIDAD EN UN CONTRATO POR ADHESIÓN

Una persona demanda a Telefónica del Perú para que cumpla con pagarle la suma de ciento cincuenta mil dólares americanos, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la actora derivados del cambio de número telefónico que afectó la publicidad contratada de la Guía Clasificada “Páginas Amarillas”, según los términos del Contrato de Publicación de Avisos e Inserciones. La demanda fue declarada infundada en todos sus extremos por el juez de primera instancia en razón a que el numeral diez de las cláusulas generales de contratación, insertas en el citado contrato de publicación de avisos, limita toda responsabilidad contractual de Telefónica del Perú, al pago del valor del aviso. La parte demandante impugnó el fallo, siendo que la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia apelada que declaró infundada en todos sus extremos la demanda. El demandante interpone recurso de casación por la inaplicación de normas, como son: a) el artículo 1398 Código Civil, que dispone que en los contratos celebrados por adhesión y en las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, no son válidas las estipulaciones que establezcan a favor de quien las ha redactado exoneraciones o limitaciones de responsabilidad; y b) el artículo 1401 del mismo cuerpo normativo, porque las estipulaciones insertas en las cláusulas generales de contratación o en formularios redactados por una de las partes se interpretan en caso de duda a favor de la otra. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación exponiendo que los contratos de publicación de avisos e inserciones que realiza telefónica, por su estructura y redacción general, no son otras que cláusulas generales de contratación y, en los contratos celebrados por adhesión y en las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, no son válidas las estipulaciones que establezcan, en favor de quien las ha redactado, exoneraciones o limitaciones de responsabilidad; facultades

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La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2588-2004-Lima (Data 45 000) Demandante: Impresiones y Publicidad Líder S.A. Demandada: Tefefónica del Perú S.A.A Asunto: Indemnización de daños y perjuicios Fecha: 18 de noviembre de 2005


La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2588-2004-Lima (Data 45 000) Demandante: Impresiones y Publicidad Líder S.A. Demandada: Tefefónica del Perú S.A.A Asunto: Indemnización de daños y perjuicios Fecha: 18 de noviembre de 2005

de suspender la ejecución del contrato, de rescindirlo o de resolverlo, y de prohibir a la otra parte el derecho de oponer excepciones o de prorrogar o renovar tácitamente el contrato.

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CONTRATOS PREPARATORIOS

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SE ORDENA CELEBRACIÓN DE CONTRATO EN VIRTUD DE CONTRATO PREPARATORIO

Una persona demanda, en primer término, la pretensión de otorgamiento del contrato definitivo de compraventa a su favor en relación a la promesa de venta otorgada respecto de un inmueble. La demanda fue declarada improcedente por el juez de primera instancia. La demandante impugnó el fallo siendo que la Sala Especializada en Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia apelada que declaró improcedente la demanda, señalando que para la procedencia de la escritura pública el accionante tiene que acreditar su respectiva titularidad con el contrato de compraventa perfeccionado y no con contrato preparatorio, no pudiendo oponerse el contrato de promesa de venta otorgado a favor del demandante al derecho que le asiste al litisconsorte, quien goza de una escritura sobre formación de Título Supletorio otorgada por el Primer Juzgado Agrario de Lima en mérito de una sentencia ejecutoriada. El demandante interpone recurso de casación alegando a) La inaplicación de normas de derecho material, sosteniendo el recurrente que la sentencia de vista ha inaplicado los artículos 1361, 1411, 1412, 1529 y 1549 del Código Civil, pues según refiere la Sala Civil especializada en procesos abreviados y de conocimiento al no amparar las pretensiones del actor sobre formalización de escritura pública que debe otorgar don Germán Guzmán Winterhalter y doña Lyana Itala Cardini Meucci viuda de Baraybar como representante de don Pablo Baraybar Sendón a favor de los demandados, herederos de don Oscar Pacheco Quevedo, en mérito a la minuta suscrita el 3 de diciembre de mil novecientos sesenticinco y el otorgamiento de escritura de transferencia de dominio de estos a favor del demandante, no han tenido en cuenta las normas anteriormente señaladas

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2517-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: Ricardo Herrera Borja Demandadas: Yolanda Rodríguez Balmelli Viuda de Pacheco y otros Asunto: Otorgamiento de contrato definitivo de compraventa y otro concepto Fecha: 25 de junio de 2004


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2517-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: Ricardo Herrera Borja Demandadas: Yolanda Rodríguez Balmelli Viuda de Pacheco y otros Asunto: Otorgamiento de contrato definitivo de compraventa y otro concepto Fecha: 25 de junio de 2004

que amparan la obligatoriedad en el cumplimiento de los contratos, la formalidad para la validez del acto, el derecho de exigir el cumplimiento de la formalidad y el perfeccionamiento de la transferencia de propiedad. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación exponiendo que efectivamente, el contrato de promesa de venta a que se refería el artículo 1393 del Código Civil de 1936 constituye una forma de contrato preparatorio que se encuentra regulado en el artículo 1414 del Código Civil vigente y tiene por objeto que las partes se obliguen a celebrar en el futuro un contrato definitivo, pudiendo estas compelerse judicialmente la celebración del contrato definitivo en caso de negativa injustificada de la otra parte; teniendo la pretensión de otorgamiento de escritura pública de compraventa una naturaleza jurídica distinta, por cuanto en este caso existe ya un contrato definitivo y las partes solamente se exigen el otorgamiento de la correspondiente formalidad. En ese sentido, el Colegiado Superior ha incurrido en vicio procesal al haber considerado que se ha demandado el otorgamiento de la escritura pública de un contrato de promesa de venta cuando la pretensión demandada versa sobre otorgamiento de contrato definitivo de dicha promesa de venta; siendo que también se ha incurrido en error in procedendo al resolverse la causa como si la pretensión versara sobre mejor derecho de propiedad al señalarse que el contrato de promesa de venta a favor del accionante no resulta oponible al derecho del litisconsorte cuando dicha pretensión no constituye materia controvertida en el caso de autos.

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CONTRATOS

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PROMESA DE VENTA CONSTITUYE COMPRAVENTA SI SE PAGA PARTE DEL PRECIO

Una persona demanda nulidad de acto jurídico de promesa de venta por la causal de simulación absoluta y por tener fin ilícito argumentando. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La parte demandante impugnó, siendo que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia apelada en el extremo que declara infundada la demanda de nulidad de acto jurídico por la causal de simulación absoluta; y, la revocaron en el extremo apelado que declara infundada por causal de fin ilícito, la que reformándola declararon fundada, en consecuencia nulo el acto jurídico de compraventa. El demandado interpone recurso de casación denunciando la aplicación indebida del artículo 1529 del Código Civil, argumentando que la Sala de mérito, ha considerado indebidamente el documento privado como un contrato de compraventa, cuando dicho documento es únicamente una promesa de venta, máxime si hasta la fecha no han cumplido con cancelar el precio en el plazo establecido. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo que al presente caso es de aplicación los artículos 1414, 1416 y 1418 del Código Civil, toda vez que la injustificada negativa del obligado a celebrar el contrato definitivo, otorga a la otra parte alternativamente el derecho a exigir judicialmente la celebración del contrato o solicitar se deje sin efecto el compromiso de contratar, que asimismo el artículo 1526 del Código Sustantivo, preceptúa que si el comprador no ha cumplido con pagar el precio en dinero tal como estaba obligado, no se ha perfeccionado el contrato; como tal, a los demandantes no se les puede considerar como propietarios del bien, no habiéndose acreditado de modo indubitable con prueba respectiva que el contrato tenga un fin ilícito, contraviniendo de este modo el deber de motivación previsto en el inciso tercero del artículo 122 del Código Procesal Civil.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema Cas. Nº 768-2002Lima. El Peruano. 03/02/2003 (Data 45 000) Demandante: Néstor Máximo Geldres Ludeña y otra Demandado: Rómulo Franco Jimenez Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 21 de octubre de 2002

CONTRATO CON PRESTACIONES RECÍPROCAS

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RESOLUCIÓN DE CONTRATO OPERA DESDE LA FECHA EN QUE LA COMUNICACIÓN ES EFECTIVAMENTE CONOCIDA

Una entidad bancaria demanda el desalojo de uno de sus clientes del inmueble que venía poseyendo en virtud de un contrato de compraventa y arrendamiento financiero alegando que este no ha cumplido con pagar las cuotas respectivas y que el contrato quedó resuelto desde el momento en que se envió la comunicación para tal efecto. La demanda fue declarada infundada en todos sus extremos por el juez de primera instancia. La parte demandante impugnó el fallo, siendo que la Corte Superior de Justicia de Lima revoca la sentencia apelada y declara fundada la demanda en todos sus extremos, argumentando que la resolución de pleno derecho por dejarse de cancelar tres cuotas opera desde que la empresa recurrente envía las cartas y no desde que son recibidas. El demandado interpone recurso de casación por la inaplicación del artículo 1364 del Código Civil que establece que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a la norma legal de carácter imperativo; ya que en el presente caso, se ha vulnerado el artículo 1430 del Código Sustantivo en la medida en que se pretende admitir que la sola emisión de la carta notarial remitida por el Banco, surte los efectos de la comunicación a que se refiere el citado artículo 1430, dejándose de lado la exigencia del conocimiento de la otra parte para que esta norma surta efecto. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación exponiendo que cuando en la Cláusula Trigésimo Sexta, in fine, del Contrato de Compraventa y Arrendamiento Financiero que celebraron las partes se establece: “(...) que la resolución opera desde el momento de la emisión de la referida

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema Cas. Nº 1132-2002– Lima. El Peruano 31/01/2003 (Data 45 000) Demandante: Banco Santander Central Hispano-Perú Demandado: Distribuidores Generales El Sol S.A. Asunto: Desalojo por falto de pago Fecha: 15 de octubre de 2002


comunicación, a partir del envío de la comunicación que resuelve el presente contrato, podrá Santander exigir a Digesol la inmediata entrega del inmueble (...)”, como queriendo dar a entender que la resolución opera con la sola emisión de la comunicación, debe leerse, en una correcta interpretación, que dicha resolución opera desde el momento en que la referida comunicación es alcanzada válidamente.

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MAGISTRADOS DEBEN VALORAR SI RESOLUCIÓN SE DEBE A LA EJECUCIÓN DE UNA CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA O UNA CONDICIÓN RESOLUTORIA

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1131-2007-Lima (Data 45 000) Demandante: Inversiones Latinas. Mosha S.A. Demandada: Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. Asunto: Declaración judicial de extinción de obligaciones y otro concepto Fecha: 31 de mayo de 2007

Una persona demanda la declaración judicial de cancelación y entrega de títulos valores, e indemnización por daños y perjuicios, contra quien había celebrado un “contrato de reconocimiento de deuda, dación en pago, cesión de derechos, compensación y cancelación de crédito”. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La parte demandante impugnó el fallo, siendo que la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia apelada. El demandado interpone recurso de casación por la aplicación indebida del artículo 1430 del Código Civil e inaplicación del artículo 1354 del Código Civil, señalando la recurrente que dicha norma es aplicable para dirimir la contienda, pues, tanto en el contrato de reconocimiento de deuda, así como en el contrato de cesión de derechos, su parte y la empresa demandante regularon libremente el contenido de tales contratos, específicamente en lo que respecta a la cláusula resolutoria. Agrega, que en dicho documento se acordó que en el supuesto de que el crédito cedido no pudiese hacerse efectivo, el referido contrato de reconocimiento de deuda quedaría resuelto de pleno derecho, esto es, quedarían sin efecto, no siendo necesario realizar ningún tipo de comunicación a la empresa accionante. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación exponiendo las instancias de mérito han concluido en la existencia de una cláusula resolutoria, que contemplada en el artículo 1430 del

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CONTRATOS

Código Civil, sin examinar razonadamente el contenido de lo realmente pactado por las partes, a fin de determinar si se ha pactado una cláusula resolutoria expresa a que se refiere la norma acotada y que exige la existencia de una comunicación al deudor; o en todo caso se habría pactado una condición resolutoria prevista en el artículo 173 segundo párrafo del Código Civil, y que opera de pleno derecho cuando se verifica la condición; no habiendo valorado para ello conjuntamente el contenido de la escritura pública de la cesión de derechos.

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NO PROCEDE EXCEPCIÓN DE INCUMPLIMIENTO REFERIDA A UNA OBLIGACIÓN ACCESORIA

Una empresa constructora interpuso demanda de resolución de contrato, entrega de inmueble e indemnización por daños y perjuicios, respecto del contrato de compraventa celebrado con el demandado en calidad de comprador, mediante el cual se le transfirió el inmueble sublitis por un precio de cinco mil doscientos ochenta dólares americanos, que debía ser pagado mediante una inicial de ochocientos dólares americanos y un saldo de cuatro mil cuatrocientos ochenta dólares en treinta y seis letras de cambio, a ser cancelado a partir del nueve de noviembre del mismo año. La parte demandada contesta alegando que canceló la cuota inicial y tres letras de cambio, alegando que no canceló el resto del saldo del precio debido a que la actora no cumplió con la habilitación urbana y el cambio de uso del inmueble, formulando la excepción de incumplimiento a que se refiere el artículo 1426 del Código Civil y los alcances del artículo 1335 del citado Código. La demanda fue declarada fundada en parte por el juez de primera instancia. La parte demandada impugnó el fallo, siendo, que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte confirma la sentencia apelada. El demandado interpone recurso de casación por la inaplicación del artículo 1335 del Código Civil, sustentado en que en las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora, sino desde que alguno de ellos cumple su obligación u otorga garantías de que la cumplirá, por lo que resulta viable y atendible la excepción de incumplimiento.

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La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3993-2006-Lima Norte. El Peruano, 28/02/2007 (Data 45 000) Demandante: Constructora e Inmobiliaria Monte Azul SAC Demandada: Adelmo Chávez Marquina Asunto: Resolución de contrato y otro conceptos Fecha: 14 de diciembre de 2006


La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3993-2006-Lima Norte. El Peruano, 28/02/2007 (Data 45 000) Demandante: Constructora e Inmobiliaria Monte Azul SAC Demandada: Adelmo Chávez Marquina Asunto: Resolución de contrato y otro conceptos Fecha: 14 de diciembre de 2006

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación exponiendo que en el presente caso, en el contrato de compraventa celebrado entre las partes, la prestación a cargo del vendedor fue la transferencia de propiedad del inmueble y la contraprestación a cargo del comprador fue el pago del precio en dinero; no habiendo pactado las partes como condición esencial para la ejecución de dichas prestaciones la habilitación urbana del inmueble, según lo han expresado las instancias de mérito, pactándose incluso en la cláusula octava del contrato que los compradores declaran conocer que el predio materia del contrato es rústico, en proceso de habilitación urbana y cambio de uso, estando conforme en cuanto a su ubicación y estado actual; lo que está acorde con lo establecido por la Sala de mérito. En ese sentido y atendiendo a que en el contrato no se había pactado como condición para la ejecución de las prestaciones la habilitación urbana del inmueble, y que dicha obligación no constituye la prestación principal o contraprestación del contrato de compraventa, no rige en el presente caso lo dispuesto en el artículo 1426 del Código Civil, respecto de la exceptio non adimpleti contractus, máxime cuando la referida obligación no debía cumplirse en forma simultánea a la contraprestación del pago del precio. La sala suprema culmina su análisis explicando que el artículo 1335 del Código Civil, referido a que en las obligaciones recíprocas, ninguno de los obligados incurre en mora, sino desde que alguno de ellos cumple su obligación u otorga garantías para cumplirla; por lo que no resulta de aplicación para el presente caso, habida cuenta que respecto del incumplimiento del pago del precio la empresa demandante requirió el pago por dicho concepto, no habiendo acreditado el demandado que la referida actora hubiera incumplido con su prestación de transferencia de propiedad del inmueble; siendo que la obligación de habilitación urbana no había sido considerada como una prestación principal en el contrato, y además el reclamado de incumplimiento fue argumentado cuando ya se había dejado de cancelar el precio, según lo ha señalado el Juez de la causa en el considerando quinto de la resolución apelada.

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CONTRATOS

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NO PROCEDE EXCEPCIÓN DE INCUMPLIMIENTO POR NO EXISTIR SIMULTANEIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES

La Caja de Pensiones Militar Policial interpuso demanda de desalojo por ocupación precaria para efectos del demandado cumpla con restituir el departamento y los estacionamientos entregados. Sustenta su demanda, argumentando que suscribió con el demandado contrato de compra venta sobre los mencionados inmuebles, pactándose que el precio de los mismos se cancelaría a través del pago de una inicial y el saldo restante en ciento ochenta cuotas mensuales, estableciéndose como condición resolutoria expresa que la falta de pago de una de las armadas conllevaría a la resolución de pleno derecho del citado contrato; y siendo el caso que el emplazado solo cumplió con pagar las dos primeras cuotas, dejando de pagar las restantes, mediante carta notarial pusieron en conocimiento su decisión de haber hecho uso de la cláusula resolutoria, por lo que el título del demandado ha fenecido. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, quien ordena que el demandado cumpla con desocupar los inmuebles sublitis dentro del plazo de seis días. La parte demandada impugnó el fallo, siendo que Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada argumentando que: I. en la cláusula cuarta del contrato de compraventa, las partes pactaron expresamente que si el comprador dejaba de pagar una de las armadas, la actora podía ejecutar la hipoteca legal o resolver el contrato; II. por carta notarial diligenciada el veintiuno de julio de dos mil uno, la actora comunica al demandado su deseo de dar por resuelto el contrato al haberse incumplido el pago de cuarenticuatro cuotas mensuales; III. siendo así, ha operado la resolución de pleno derecho prevista en el artículo mil cuatrocientos treinta del Código Civil y, en consecuencia, el título justificativo de la posesión del inmueble sublitis ha fenecido, por lo que el demandado tiene en la actualidad la condición de ocupante precario, conforme al supuesto descrito en el artículo novecientos once del Código citado. La parte demandante interpone recurso de casación por las siguientes causales: I. la aplicación indebida del artículo 1430 del Código Civil, toda vez que aquella norma

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 396-2004-Lima El Peruano, 28/02/2006. (Data 45 000) Demandante: Caja de Pensiones Militar Policial Demandado: Sergio Efraín Díaz Pérez Asunto: Desalojo por ocupación precaria Fecha: 7 de setiembre de 2005



resulta impertinente en el presente caso, pues la misma se encuentra superada por la excepción de incumplimiento contemplada en el artículo mil cuatrocientos veintiséis del citado Código, dado que el recurrente dejó de pagar las cuotas pactadas, no por negligencia o simple morosidad, sino por decisión propia, hasta que no se sanee la titulación o dominio del inmueble; y II. la inaplicación de normas de derecho material, como son: a) el artículo mil cuatrocientos veintiséis del Código Civil, pues una de las partes –en este caso, el comprador– está facultado a no cumplir con su prestación cuando la otra no hubiere honrado la suya, que es lo que ha sucedido en la relación material con la demandante, quien no cumplió con transferir un predio libre de gravámenes, de tal modo que el demandado no puede tener la condición de precario; b) el artículo II del Título Preliminar del Código Civil, ya que se incurre en un abuso de derecho por parte de la actora al considerar resuelto el contrato de compra venta y pretenderla desocupación del comprador del inmueble sub júdice, cuando ha sido ella quien no ha cumplido con sus obligaciones, argumentando que ha realizado una adquisición de buena fe conforme a los artículos 2014 y 2022 del Código Sustantivo, de modo que los demandados no pueden oponerse a su acción, por cuanto el acto por el que adquirió la propiedad se encuentra inscrito y es título inobjetable y la inscripción le otorga seguridad jurídica respecto a terceros, siendo por ello idónea la acción reivindicatoria. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo que el artículo 1426 del Código Civil, regula la llamada excepción de incumplimiento, sustentado en la siguiente premisa: en los contratos con prestaciones recíprocas en que estas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que la otra satisfaga la contraprestación o garantice su cumplimiento. Se tiene entonces que para que se verifique dicha excepción se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos: a) que se trate de un contrato con prestaciones recíprocas, b) que haya pactado la simultaneidad de las prestaciones, c) que uno de los obligados incumpla la ejecución de la prestación debida, y d) que el otro obligado recíprocamente suspenda la prestación a su cargo. La

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CONTRATOS

ausencia de alguno de estos requisitos conlleva a que la excepción invocada no resulte amparable. Luego la corte suprema comienza a analizar cada requisitos con la finalidad de determinar si es procedente o no la referida excepción. En ese sentido inicia con el primer requisito, donde advierte que el título que justificaría la posesión del demandante se encuentra constituido por el contrato de compra venta que suscribieron las partes, que es uno de carácter recíproco por el que se establecen dos obligaciones: de una parte, la del vendedor, quien se obliga a la entrega del bien objeto del contrato, y de otra parte, la del comprador, quien se obliga a su pago de precio en dinero, conforme lo establece el artículo 1529 del Código Civil; por tanto, nos encontramos ante un contrato con prestaciones recíprocas, por lo que se cumple el primer requisito. En cuanto al segundo requisito, se entiende que existe simultaneidad de las prestaciones cuando estas deben cumplirse en un solo acto; es decir, que deben ejecutarse en un mismo momento, y para el caso de la compra venta sería: pago del precio y contra entrega del bien. Sin embargo, en el presente caso, conforme lo han verificado las instancias de mérito, las prestaciones pactadas adolecen de tal característica, pues la prestación a cargo del comprador no es simultánea a la del vendedor, sino que se encuentra diferida en el tiempo. Así, se tiene que la vendedora se comprometió a entregar el inmueble una vez cancelada la cuota inicial y suscrita la escritura pública respectiva, aspectos que en efecto se cumplieron, pues el actor goza de la posesión que motiva esta demanda de desalojo; sin embargo, el pago del precio no se efectuó contra entrega de los bienes, sino que el mismo se ha diferido en el tiempo, pactándose que este se realizaría en forma fraccionada en 180 cuotas mensuales hasta su total cancelación. Por tanto, al no presentarse el segundo requisito copulativo para la configuración de la excepción de incumplimiento, esta no puede prosperar, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre la concurrencia de los otros dos requisitos restantes.

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PAGO POSTERIOR DE OBLIGACIÓN NO DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial Exp. N° 143-2005-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco de Crédito del Perú Demandados: David Augusto Bracale Delgado y otra Asunto: Ejecución de Garantía hipotecaria Fecha: 24 de junio de 2005

Una entidad bancaria inició proceso de ejecución de garantía hipotecaria contra su deudor a efectos de que esta cumpla con pagar los montos adeudados bajo apercibimiento de rematar el bien hipotecado La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia que declara infundada la contradicción formulada por los ejecutados y ordena el remate del bien dado en garantía. La demandada impugnó el fallo argumentando que : i) que en el escrito de contradicción han demostrado que se llegó a un acuerdo para regularizar las cuotas adeudadas, por lo cual la supuesta resolución contractual quedó sin efecto, y, ii) que no obstante las Cartas Notariales cursadas por el Banco, dando por resuelto el contrato, la entidad financiera siguió recibiendo pagos por las cuotas de mayo, junio, julio, agosto y setiembre, adeudando a la fecha del escrito de demanda únicamente dos cuotas del crédito, no habiéndose producido la causal de resolución establecida en el literal f) de la cláusula vigésimo cuarta del contrato de compraventa y mutuo con garantía hipotecaria recaudado a la demanda. La Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial confirmó la apelada exponiendo que se desprende con claridad que los ejecutados se encontraban adeudando las cinco cuotas mencionadas en las cartas notariales, las cuales se han venido reduciendo con los pagos efectuados con fechas trece de octubre, dieciséis de noviembre y dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, esto es con posterioridad a la comunicación del Banco de dar por finalizado el contrato, por lo que dichos aportes deben ser aplicados conforme al artículo un mil doscientos cincuentisiete del Código Civil. Respecto a que en virtud de los pagos efectuados la “resolución” del contrato habría quedado sin efecto, cabe señalar que con lo arriba expuesto dicho argumento ha sido desvirtuado, a lo que se debe anotar el hecho que los ejecutados no han presentado al inferior en grado ni a esta instancia ad quem documento probatorio alguno que evidencie lo afirmado, de lo que se advierte que la alzada ha sido emitida de conformidad con los hechos probados y el derecho a ellos aplicable, mereciendo ser confirmada.

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CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL

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CESIÓN DE LA POSICIÓN CONTRACTUAL ALCANZA A GARANTÍAS SIEMPRE QUE ELLO SE HAYA PACTADO EXPRESAMENTE

Una entidad financiera demanda se declare judicialmente de extinción de fianza en la medida en que la obligación garantizada fue transferida en virtud de una cesión de posición contractual de la cual no participó. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, quien declaró extinguida la fianza. La parte demandada impugnó el fallo, siendo que la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia apelada destacando que si bien, en el caso de autos mediante el contrato de cesión de posición contractual las partes acordaron, en ejercicio de su autonomía, mantener la garantía, la deudora principal no es a la que el Banco demandante garantizó con la carta fianza. El demandante interpone recurso de casación, denunciando la interpretación errónea de la norma de derecho material contenida en artículo 1437 del Código Civil, sustentado en que la Sala de mérito, pese a reconocer la existencia de la cláusula tercera del contrato de cesión de posición contractual, que contiene pacto de no liberación del cedente no ha tenido en cuenta que, en virtud de ese pacto el acreedor cedido puede accionar directamente contra el cedente en caso de incumplimiento de la obligación. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo que el contrato de cesión de posición contractual se celebró con base en lo dispuesto en el artículo 1437 del Código Civil sin que ello pueda afectar al Banco demandante por no haber participado en dicho contrato; que, en consecuencia, no pueden extenderse los beneficios de la fianza sin

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema Cas. Nº 4600-2006-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco Wiese Sudameris Demandado: Ceper Inversiones Y Servicios Sociedad Anónima Asunto: Declaración judicial de extención de fianza Fecha: 10 de julio de 2007


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema Cas. Nº 4600-2006-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco Wiese Sudameris Demandado: Ceper Inversiones Y Servicios Sociedad Anónima Asunto: Declaración judicial de extención de fianza Fecha: 10 de julio de 2007

su asentimiento, con mayor razón si el artículo 1439 del mismo Código prescribe que las garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario sin autorización expresa de aquellas; en esta situación, resulta pertinente considerar que la cesión de posición contractual contemplada en el artículo 1435 del Código Civil no faculta transferir contratos sino la integridad de la relación obligacional en cuanto a créditos y deudas; es decir, quienes intervienen transfieren el conjunto de sus relaciones obligaciones mediante un acto jurídico y con un solo efecto; que, por otra parte, al mediar garantías constituidas por terceros (artículo 1439 del Código Civil), estas no pasan al cesionario sin autorización expresa de aquellos, infiriéndose entonces que no basta el conocimiento de la cesión de posición contractual sino la autorización que encierra facultad para calificar o aprobar la fianza dado el carácter solemne de esta y su literalidad; lo que no ocurrió por parte de la demandante.

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EXCESIVA ONEROSIDAD DE LA PRESTACIÓN

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NO PROCEDE ALEGAR LA EXCESIVA ONEROSIDAD DE LA PRESTACIÓN EN UN PROCESO EJECUTIVO

Una persona inicia proceso ejecutivo con la finalidad de que el demandado le pague una suma de dinero bajo apercibimiento de remate del bien dado en garantía. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia quien ordena infundada la contradicción y ordena el remate del bien dado en garantía. El demandado impugnó el fallo. La Sala Civil Corporativa Especializada en Procesos Ejecutivos y Cautelares revocó la sentencia de primera instancia en el extremo que declara infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del accionante, e inadmisible las tachas interpuestas y reformándola en dicho extremo declara improcedentes la excepción y tachas deducidas, finalmente confirma el referido auto en cuanto declara infundada la contradicción y ordena el remate del bien dado en garantía argumentando que en el proceso de ejecución de garantías, solamente puede formularse contradicción sustentándola en: a) nulidad formal del título, b) Inexigibilidad de la obligación, c) que la obligación ya ha sido pagada, d) que la obligación se ha extinguido de otro modo, e) que la obligación se encuentra prescrita, conforme lo dispone la primera parte del primer parágrafo del artículo 722 del CPC por lo tanto, la excepción deducida no resulta procedente, por no encontrarse dentro de los supuestos de la contradicción antes referida, razón por la cual es aplicable lo señalado por la segunda parte del expresado artículo legal. De ahí que se afirme que la excesiva onerosidad en la prestación es una figura jurídica que debe ser invocada en vía de acción o en vía reconvencional en el proceso contencioso que corresponda, la cual debe ser expresamente declarada por el juzgador, y en consecuencia ello no puede ser invocada en esta vía.

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Sala Civil Corporativa Especializada en Procesos Ejecutivos y Cautelares Exp. N° 99-6498-2003Lima (Data 45 000) Demandante: No menciona Demandada: No menciona Asunto: No menciona Fecha: 31 de enero de 2000

CONTRATO EN FAVOR DE TERCERO

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COMPRAVENTA QUE HACE UNA PERSONA A FAVOR DE OTRA NO ES CONTRATO A FAVOR DE TERCERO SINO DONACIÓN

El propietario de un inmueble interpone una demanda sobre tercería de propiedad respecto del remate ordenado sobre su bien en un proceso de ejecución garantía hipotecaria argumentando que el gravamen lo constituyó su padre, anterior propietario, luego de que este le transfiriera el bien mediante contrato a favor de tercero. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La demandante impugnó el fallo por considerar que el juez no valoró que si tenía legítimo derecho de propiedad al haber sido beneficiario de un contrato donde su padre le transfiere el dominio sobre el bien sublitis. La Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín revoca la apelada que declaró infundada la demanda y reformándola declararon fundada la demanda de tercería de propiedad sin costas ni costos, argumentando que la compraventa en favor de los hijos menores constituía una donación o liberalidad, es decir un anticipo de herencia, que a su vez podía ser revocada de conformidad con los artículos 775, 480, 481 y 482 del Código Civil derogado quedando descartada la figura jurídica de la estipulación a favor de terceros. El demandante interpone recurso de casación, argumentando: a) la interpretación errónea del artículo III del Título Preliminar y 2120 del Código Civil vigente, por cuanto se ha pretendido interpretar las normas acotadas bajo la teoría de los derechos adquiridos, cuando en realidad aquella está inspirada en la teoría de los hechos consumados; b) aplicación indebida de los artículos 480, 481 y 482, 775, 1345, 1346 y 1347 del Código Civil derogado de 1936, por lo que, según el caso se ha pretendido establecer y reconocer indebidamente la adquisición de

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1382-2001Junín El Peruano, 02/01/2002 (Data 45 000) Demandantes: Leslie Giannina Javier Pérez y otro Demandados: Licores San Francisco Sociedad Anónima y otro Asunto: Tercería de propiedad Fecha: 17 de setiembre de 2001


la propiedad de los terceristas merced a las instituciones de la estipulación a favor de tercero y la donación, que según el razonamiento de la resolución recurrida, habría contenido el contrato de compraventa de fecha 03/09/1993 y c) la inaplicación de los artículos 1135, 2014, 2016 y 2022 del Código Civil vigente, que respectivamente, regula la concurrencia del bien inmueble, los principios de buena fe registral, de prioridad y el de oponibilidad de derechos sobre inmuebles inscritos, los que, en consecuencia, establecen fehacientemente y conforme se acredita en autos, la adquisición de buena fe del derecho inscrito subjudice de la parte recurrente, el derecho de propiedad sobre el mismo y la imposibilidad de los terceristas para oponer su supuesto derecho de propiedad, máxime si no está inscrito. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación exponiendo que de acuerdo con el artículo 1474 así del Código Civil derogado tercer párrafo, la donación de inmuebles requería como formalidad la escritura pública y en este caso la compraventa se realizó por minuta con firma legalizada ante notario público, por lo que la donación no contenía la formalidad exigida por el Código Civil. Asimismo, establece que el inmueble se encontraba inscrito en los Registros Públicos a nombre de los padres Hugo Javier Chávez y Juana Pérez Aguero y no a nombre de los terceristas, siendo que los artículos 2014, 2016 y 2022 del Código Civil vigente protegen: el primero la buena fe registral, el segundo la prioridad en el tiempo primero en el derecho y el tercero que para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tiene derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone.

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CONTRATOS

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BENEFICIARIO DE CONTRATO EN FAVOR DE TERCERO EJERCE SU DERECHO PESE A NO HABER DADO SU CONSENTIMIENTO EN EL ACUERDO

El beneficiario de un contrato de seguro interpone una demanda sobre obligación de dar suma de dinero contra una aseguradora quien afirma que no existe comunicación dirigida por el tercero o demandante hacia su parte en donde ponga de manifiesto su voluntad de aceptar el contrato de seguro lo que significa, a entender de la impugnante, que al no existir dicha aceptación Bancosur bien pudo resolver el contrato de seguros en forma unilateral, tal como ocurrió en el caso. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La demandante impugnó el fallo por considerar que el juez no valoró que si tenía legítimo derecho al haber sido beneficiario de un contrato de seguro legalmente suscrito por la aseguradora. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima revoca la apelada que declaró infundada la demanda y reformándola declararon fundada la demanda de dar suma de dinero. El demandado interpone recurso de casación, por la causal de interpretación errónea de una norma de derecho material, por cuanto la Corte interpretó erróneamente el 1458 del Código Civil ya que este ha sido aplicado de manera sesgada, expresándose que el derecho del demandante respecto al cobro de la póliza, nacido del contrato de seguro celebrado entre la demandada y Banco Sur, surgía directa e inmediatamente de la celebración del contrato y no se tiene en cuenta que en el mismo párrafo del citado artículo se establece que para que el tercero exija su derecho, debe previamente hacer conocer al estipulante (Banco del Sur) y al promitente (demandada) su voluntad de hacer uso de este, lo cual no se produjo y por ello, el citado banco se encontraba en la facultad de revocar o modificar el contrato. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo que en virtud del artículo 141 del Código Civil la manifestación de voluntad en un determinado acto jurídico no solo puede ser expresa, es decir cuando se realiza en forma oral o escrita a través de cualquier medio directo, manual,

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3676-2002-Lima El Peruano, 01/12/2003 (Data 45 000) Demandante: José Luis Gonzales Arévalo Demandada: Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 09 de mayo de 2003


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3676-2002-Lima El Peruano, 01/12/2003 (Data 45 000) Demandante: José Luis Gonzales Arévalo Demandada: Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 09 de mayo de 2003

mecánico, electrónico u otro análogo, sino también puede ser tácita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de comportamiento que revelan su existencia; presupuesto último que –según se advierte de las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida– resulta aplicable al proceder del actor en cuanto a su manifestación de voluntad de ser beneficiario del derecho emergido del contrato de seguros sub examine comunicada tanto al estipulante como a la aseguradora promitente. En tal sentido, no se ha configurado la causal de interpretación errónea acusada pues los argumentos de la compañía aseguradora realmente no están dirigidos a cuestionar el sentido o la interpretación que se dio respecto del artículo 1458 sub examine, sino a pretender la modificación de los hechos que se estableció respecto de dicho dispositivo, lo que como ya se señaló resulta ajeno a la labor de casación.

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ARRAS CONFIRMATORIAS

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MONTO ENTREGADO POR CONCEPTO DE ARRAS ES IMPUTADO AL PRECIO PARA EVITAR LA RESOLUCIÓN EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE BUENA FE

Un entidad demandó desalojo por ocupación precaria respecto de quien venía poseyendo un inmueble que había adquirido mediante contrato de compraventa bien, basa su pretensión en que se ha incumplido el pago de varias cuotas y en el contrato se establece que ante tal situación se resuelve de pleno derecho, motivo por el cual su título ha fenecido. La demanda fue declarada improcedente por el juez de primera instancia. La parte demandante impugnó siendo que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia de primera instancia alegando que sumando lo entregado en arras confirmatorias a las cuotas pagadas se habría abonado más del 50% del precio del bien, por lo que conforme al texto original del artículo 1562 del Código Civil, vigente a la fecha de la celebración del contrato, el vendedor pierde el derecho a optar por la resolución del contrato; en consecuencia, al poseer el bien materia de litis en virtud de un contrato vigente, la demandada no tiene calidad de precaria El demandante interpone recurso de casación, denunciando la aplicación indebida del texto primigenio del artículo 1562 del Código Civil, pues las instancias de mérito no han considerado que la cuota inicial abonada por la demandada al suscribir el contrato de compraventa materia de autos no puede ser considerada como parte de pago del precio de venta, en razón a que la misma fue entregada en calidad de arras confirmatorias; en consecuencia, de acuerdo a la valoración jurídica de lo actuado, la compradora no ha pagado más del 50% del precio de venta, siendo que la norma denunciada solo resulta de aplicación a los supuestos en los cuales el comprador haya pagado más del cincuenta por ciento del precio.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Jurisprudencia Cas. Nº 1894-2006-Lima (Data 45 000) Demandante: Caja de Pensiones Militar Policial Demandada: Janette América Urbina Rodríguez Asunto: Desalojo Fecha: 06 de diciembre de 2006


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Jurisprudencia Cas. Nº 1894-2006-Lima (Data 45 000) Demandante: Caja de Pensiones Militar Policial Demandada: Janette América Urbina Rodríguez Asunto: Desalojo Fecha: 06 de diciembre de 2006

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo que la suma entregada tiene en realidad la calidad de cuota inicial, por lo que nada impide que aquellas puedan sumarse a las cuotas posteriores entregadas, rechazando con ello la calidad de arras que le pretende atribuir la parte demandante. En efecto, revisada la cláusula tercera del contrato privado de compraventa, las partes pactaron la cuota inicial entregada sería retenida en calidad de arras confirmatorias (...) de modo que producida la cancelación a la cuota que se menciona más adelante el importe entregado se imputará al precio.

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CONTRATOS PARTE ESPECIAL Compraventa

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ARRAS CONFIRMATORIAS CONSIDERADAS COMO CUOTA A EFECTOS DE RESOLVER COMPRAVENTA POR FALTA DE PAGO DEL SALDO DEL PRECIO

Una caja de pensiones y la demandada suscribieron un contrato de compra venta sobre un stand, el cual se encontraba ubicado al interior de una galería comercial, en el distrito de Magdalena, pactando que el precio se cancelaría a través de la entrega de una inicial, en calidad de arras confirmatorias, por la suma de US $ 4,306.44 dólares americanos, y el saldo restante en 96 cuotas mensuales de US $ 133 dólares cada una. Se estableció como condición resolutoria expresa que la falta de pago de una de las armadas conllevaría a la resolución de pleno derecho del contrato. Posteriormente, sucedió sin embargo que la compradora solo cumplió con pagar las 29 primeras cuotas, dejando impagas las 67 restantes. En tal sentido, la vendedora resolvió el contrato e interpuso demanda de desalojo por ocupación precaria con el fin de que la compradora cumpla con restituirle el stand materia del contrato de compraventa. En el proceso de primera instancia se declaró la rebeldía de la compradora. Luego, en la audiencia única, con la sola presencia de la entidad vendedora, el Juez de la causa procede a dictar sentencia declarando improcedente la demanda, decisión que es confirmada por la Sala Superior sobre la base de las siguientes conclusiones: 1. Que, la compradora pagó a la firma de la minuta del contrato de compraventa la suma de US $ 4,306.44 dólarescomo cuota inicial en calidad de arras confirmatorias, y del saldo pactado de 96 armadas, pagó 29 cuotas, equivalentes a US $ 3,857.00 dólares americanos, habiendo abonado en total la suma de US $ 8,152.44 dólares americanos, monto que superaba

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1894-2006-Lima (Data 45 000) Demandante: Caja de Pensiones Militar Policial Demandado: Janette América Urbina Rodríguez Asunto: Desalojo Fecha: 6 diciembre de 2006



el 50% del valor del inmueble (el cual era de US $ 12,165.10 dólares americanos); 2. Conforme al texto original del artículo 1562 del Código Civil vigente a la fecha de la celebración del contrato, el vendedor pierde el derecho a optar por la resolución del contrato si ha pagado más del 50% del precio, siendo nulo todo pacto en contrario; 3. En consecuencia, la resolución del contrato de compraventa contravino lo previsto por el artículo 1562 antes citado, por lo que la compradora no tenía calidad de precaria. Es así que la vendedora interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmaba la sentencia apelada, que declaraba improcedente la demanda interpuesta. Este recurso fue declarado procedente por la causal de aplicación indebida del artículo 1562 del Código Civil, previa a su modificatoria por Ley N° 27420, pues según la demandante, las instancias de mérito no han considerado que la cuota inicial abonada por la demandada al suscribir el contrato de compraventa no puede ser considerada como parte de pago del precio de venta, en razón a que ella fue entregada en calidad de arras confirmatorias. En tal sentido, de acuerdo a la demandante, la compradora no había pagado más del 50% del precio de venta. De acuerdo a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República la causal de aplicación indebida de una norma material se configura solo cuando concurren los siguientes supuestos: a. El Juez, a través de una valoración conjunta y razonada de las pruebas aportadas al proceso, llega a establecer determinados hechos relevantes del conflicto de intereses. b. Los hechos establecidos, guardan relación de identidad con los supuestos, fácticos de una norma jurídica determinada. c. Sin embargo el Juez, en lugar de aplicar esta última norma, aplica una distinta para resolver el caso concreto, vulnerando los valores y principios del

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CONTRATOS

ordenamiento judicial, particularmente el valor superior de la justicia. Por otro lado, la Corte Suprema advierte que el conflicto surge a partir del doble carácter que ha sido asignado a la suma de US $ 4,306.44 dólares americanos, la cual fue entregada por la compradora a la Caja de Pensiones, esto es, el de ser la cuota inicial correspondiente al precio pactado y, a su vez, tener la calidad de arras confirmatorias, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1477 y 1478 del Código Civil. En tal sentido, correspondía interpretar el citado acto jurídico en aplicación de lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Código Sustantivo, según los cuales el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe. La Corte Suprema señaló que las instancias de mérito concluyeron que la suma entregada tiene la calidad de cuota inicial, por lo que nada impedía que aquellas puedan sumarse a las cuotas posteriores entregadas, rechazando con ello la calidad de arras que les pretendía atribuir la parte demandante. Según la última instancia procesal, luego de revisar la tercera cláusula del contrato privado de compra venta, las partes pactaron que el precio total de venta del inmueble sería la suma de US $ 12,165.10 dólares americanos, siendo que de acuerdo a lo señalado en dicha cláusula, según la Corte Suprema, la cuota inicial entregada sería retenida en calidad de arras confirmatorias, de modo que producida la cancelación “a la cuota que se menciona más adelante” el importe entregado se imputará al precio. Sin embargo, el Colegiado Supremo señaló que luego de revisado el contrato, no se advierte de qué cuota se trataba aquella que “se menciona más adelante”. Al respecto, arguyó que si aquella cuota se consideraba como las arras confirmatorias, se dejaría en indefinición el destino de la suma entregada como inicial. Vale decir que para establecer equidad entre las partes y estando al principio de la buena fe, se debía entender que aquella suma solo fue entregada en calidad de cuota inicial y no cómo arras confirmatorias y, en tal sentido, debe imputarse como parte del precio de venta.

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Además, la Corte Suprema señaló también que la precariedad prevista en el artículo 911 del Código Civil, debe entenderse como la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir la legitimidad de la posesión que ostenta el ocupante; sin embargo, tal precariedad no se evidenciaba porque la demandada ha acreditado haber cancelado más de 50% del bien, por lo que, según la Corte Suprema, en aplicación debida del texto primigenio del artículo 1562 del Código Civil, previa a su modificatoria por Ley N° 27420, el vendedor había perdido su derecho a optar por la resolución del contrato, razón por la cual el recurso de casación fue declarado infundado.

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OBLIGACIÓN DEL COMPRADOR-ARRENDATARIO POR ALQUILER VENTA DE PAGAR LAS CUOTAS DEL BIEN AUN CUANDO ESTE FUE ROBADO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Jurisprudencia Cas. N° 2670-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: Catalina Violeta Mujica Sánchez Demandado: Cristian Bemard Portillo Velasco Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 4 de febrero de 2003

Con fecha 24 de noviembre de 1997 se celebra un contrato de alquiler venta de un automóvil. No obstante, el comprador incumplió con cancelar la totalidad de los pagos pactados en el contrato, debido al robo del vehículo acaecido el 14 de agosto de 1999. Es así, entonces, que la vendedora interpuso demanda de obligación de dar suma de dinero con el fin de que el comprador cumpla con pagarle la suma de US $ 16,390.09 dólares americanos, del cual como saldo correspondía US $ 11,895 dólares y como penalidad US $ 4,495 dólares. Con fecha 31 de enero de 2002, se expidió sentencia de primera instancia, la cual declaró fundada la demanda, ordenando que el comprador cumpla con pagar la suma adeudada. Asimismo, luego de que el comprador interpuso recurso de apelación, se expidió sentencia de segunda instancia con fecha 28 de junio de 2002, mediante la cual la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia apelada. Como era de esperarse, el comprador interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal prevista en el inciso tercero del artículo 386 del Código Procesal Civil antes de su modificatoria por la Ley N° 29364, relativa a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por cuanto señaló que se había infringido:

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El artículo 122 inciso tercero del Código Procesal Civil, pues las sentencias de mérito no habían sido expedidas conforme al mérito de lo actuado, porque según el recurrente se había cuestionado el peritaje oportunamente, alegando la imposibilidad de la mora imputada a su parte, pues indebidamente se está considerando el adeudo de tres meses y nueve días de renta, sin considerar que el vehículo fue objeto de robo el 14 de agosto de 1999; y,

- El artículo 197 del Código Procesal Civil porque la sala de mérito valoró como cierta y absoluta la liquidación presentada por la demandante, pese a que la penalidad puesta a cobro no concuerda con lo estipulado en el contrato, por lo que la pretensión de pago de US $ 16,390.09 dólares no causaba convicción. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República expresó que el comprador había reconocido haber celebrado el contrato de alquiler venta así como también reconoció haber incumplido con cancelar los pagos pactados en dicho contrato. Además, que el demandado alegó haber cuestionado el peritaje, en el sentido de que se consignó la mora pese al robo del vehículo acaecido el 14 de agosto de 1999. Por otro lado, la Corte Suprema señaló que de la cláusula décimo primera del contrato en referencia fluía que al demandado se le entregó el vehículo bajo su responsabilidad y riesgo a partir del 23 de noviembre de 1997, de lo que se infería, según la última instancia suprema, que este estaba obligado al pago de sus cuotas aun cuando no haya estado en posesión efectiva del bien debido a la ocurrencia suscitada. Asimismo, la Corte Suprema verifica que en la cláusula tercera del contrato se acordó que el comprador-arrendatario se comprometía al pago de US $ 25 dólares por día durante 24 meses, ininterrumpidos, de lo que la Corte Suprema dedujo que el precio total del alquiler venta era de US $ 18,250 dólares. Igualmente, que en la cláusula quinta del contrato se estipuló que el atraso mayor de cinco días en el pago diario de la cantidad antes mencionada acarreaba una sanción para el compradorarrendatario de un US $ 1 dólar por día de atraso. En tal sentido, la instancia suprema arguyó que, atendiendo al artículo 197 del Código Procesal Civil, las

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Jurisprudencia Cas. N° 2670-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: Catalina Violeta Mujica Sánchez Demandado: Cristian Bemard Portillo Velasco Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 4 de febrero de 2003


instancias de mérito habían ordenado correctamente el pago de US $ 16,390.09 dólares en favor de la actora, que incluía tanto el saldo deudor como la penalidad efectiva. Por tales consideraciones, se declaró infundado el recurso de casación.

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NO HAY VENTA DE BIEN AJENO SI EL VENDEDOR SE OBLIGÓ A TRANSFERIR SU PARTE DEL BIEN AUNQUE EN EL CONTRATO EL PRECIO FUERA POR EL TODO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1276-2000Lambayeque (Data 45 000) Demandante: María Carmen Mendoza Morales Demandado: Luis Enrique Rosas Linares y otra Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 15 de agosto de 2000

Dos partes contractuales celebraron un contrato privado de compra venta de un inmueble. En la cuarta cláusula del documento, los vendedores precisaron que solo tenían disponibilidad respecto al 75% del bien; sin embargo, en la cláusula tercera se indicaba que el precio era por la totalidad del inmueble. Posteriormente en octubre de 1995, ambas partes suscribieron la escritura pública con la que se formalizó la venta de los derechos y acciones del 75% del inmueble. Sin embargo, luego la compradora interpuso demanda de obligación de dar suma de dinero, con el fin de que los vendedores le devuelvan la suma pagada de más (25% del bien restante). Ya en el proceso, se expidió sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda. Sin embargo, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque revocó la sentencia apelada y, reformándola declaró fundada en parte la demanda y dispuso que los vendedores paguen a la compradora la suma de US $ 3,750 dólares, mas los intereses que se devenguen a partir de la notificación con la demanda. Por tal motivo, los vendedores interpusieron recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de aplicación indebida del artículo 1537 del Código Civil, pues según ellos el objeto del contrato no era la venta de un bien ajeno sino estrictamente del 75% de las acciones y derechos del inmueble. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que en la sentencia de vista se admite que por escritura pública solamente se transfirieron los derechos y acciones de los vendedores, equivalentes al 75% de la totalidad del inmueble. En este sentido,

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CONTRATOS

según la demandante, se había aplicando indebidamente el artículo 1537 del Código Civil, debido a que el caso en cuestión no se trataba de la venta de un bien ajeno; y, que como la compradora había tenido que adquirir el restante 25% de sus propietarios, se le había causado un perjuicio económico equivalente a US $ 3,750 dólares que estaba obligada a pagar los demandados. De acuerdo con la Corte Suprema, la sentencia de vista admitía que los demandados eran dueños de acciones y derechos equivalentes al 75% del inmueble y que solo transfirieron dicho porcentaje; en tal sentido, no se trataba de la venta de un bien ajeno, por lo que resulta aplicado indebidamente el artículo 1537 del Código Civil. Asimismo, dicha Corte dijo que habiendo vendido los demandados solo el 75% del inmueble que les pertenece no están obligados a pagar suma alguna, por el mayor o menor precio que la demandante haya abonado para adquirir el restante 25%, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1361 y 1362 del Código Civil. En tal sentido, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso de casación.

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RESOLUCIÓN DE “PRECONTRATO DE PROMOCIÓN DE VENTA” CONVIERTE AL POSEEDOR DEL BIEN EN PRECARIO

En el presente caso se interpuso demanda de desalojo por ocupación precaria, argumentando el demandante (vendedor) que al haber quedado resuelto por falta de pago el contrato denominado “precontrato de promoción de venta” celebrado con el emplazado (comprador), este último estaba ocupando precariamente el inmueble objeto de la transferencia, razón por la cual solicitaba la restitución. No obstante, al absolver el traslado de la demanda, el demandado negó todos los extremos de la acción incoada sosteniendo que el contrato indicado no podía estar resuelto pues ello debió haber sido declarado judicialmente. Además, que debía tenerse en cuenta que el precontrato acotado era solo un documento privado sin eficacia jurídica respecto de la pretensión discutida.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1423-2003-Lima (Data 45 000) Demandante: Alberto Félix Romero Díaz Demandado: Víctor Durán Nieva Asunto: Desalojo Fecha: 12 de octubre de 2004



Posteriormente, mediante sentencia del juez especializado, se ampara la pretensión demandada, esgrimiendo el juez que el título que legitimaba al demandado como poseedor del bien sublitis había fenecido al haber quedado resuelto de pleno derecho el precontrato de promoción de venta del inmueble que dio origen a su posesión legítima. En tal sentido, este se encontraba incurso en los alcances del artículo 911 del Código Civil, teniendo la calidad de ocupante precario. El demandado interpuso, entonces, recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior del Cono Norte de Lima revocó la sentencia apelada y reformándola declaró improcedente la demanda. Arribó a la conclusión de que el demandado no tenía condición de precario del bien porque había ingresado a la posesión del inmueble en base a un título que lo hacía poseedor legítimo y de buena fe, título que no podía ser objetado en tanto el cuestionamiento no proviniese de una resolución judicial que así lo declare. Para la Sala Superior además era evidente que en el proceso de desalojo incoado no podía discutirse la validez y situación del demandado, quien alegaba derecho de propiedad y validez del título con que poseía el predio, por lo que debía rechazarse la demanda. Contra este fallo, el demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal prevista en el numeral segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil, texto antes de su modificatoria por la Ley N° 29364, relativa a la inaplicación de normas de derecho material. Denunció la inaplicación de los artículos 1429 y 1430 del Código Civil, que regulaban la resolución de pleno derecho y la condición resolutoria expresa. Sostuvo así que la sentencia recurrida consideraba acreditado los siguientes hechos relevantes: a) su derecho de propiedad sobre el terreno materia de litis; b) la suscripción del contrato con una empresa, para que promocione y venda lotes para vivienda, entre los cuales se encontraba el bien sub júdice; y, c) que la citada empresa celebró con el demandado un precontrato de promoción de venta sobre el acotado terreno, pagando este último solo la cuota inicial e incumpliendo las demás cuotas; quedando resuelto de pleno derecho el contrato en aplicación de la cláusula resolutoria del contrato. No obstante, según el demandante la Sala no

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aplicó las normas sustantivas invocadas, a pesar de que claramente son las que regulan los hechos expuestos. Por su parte, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema absuelve el recurso de casación presentado señalando que según el artículo 1353 del Código Civil, las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a una norma legal de carácter imperativo. En tal sentido, el artículo 1430 del mismo cuerpo legal prescribe que puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida con toda precisión; y que la resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. E igual previsión se ve en el artículo 1429, que establece que la parte perjudicada con el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta notarial para que satisfaga su prestación caso contrario el contrato queda resuelto de pleno derecho. En esa línea, para la Corte Suprema señaló las citadas normas establecían con carácter imperativo que la resolución convenida de pleno derecho opera solo cuando a la parte deudora se le comunica dicha decisión, esto es, cuando la referida parte toma conocimiento de tal decisión mediante notificación válida. Luego, de no existir una comunicación que haya cumplido con ese objetivo se estaría frente a una resolución unilateral, contraria a la propia naturaleza de los contratos, colocándose en una situación de desigualdad a la parte deudora, la que actuará en la creencia de que el contrato aún se encuentra vigente. Ahora bien, la Corte Suprema hizo referencia también a la cláusula sétima del contrato, la cual señalaba que en caso de incumplimiento por parte del adquirente o si dejara de pagar hasta tres letras consecutivas, la vendedora se reservaba el derecho de resolver automáticamente del contrato; y arribó a la conclusión de que la referida cláusula guardaba relación con el texto expreso de los artículos 1429 y 1430 del Código Civil. Luego verificó que la parte actora cumplió con las disposiciones de las referidas normas, pues cursó carta notarial requiriendo al demandado el pago de las cuotas vencidas, solicitando y concediéndole un plazo para que cumpla con la prestación bajo apercibimiento de resolverse

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el contrato. En suma, se advirtió que la opción resolutoria ya había sido pactada en el contrato conforme a los términos del artículo 1430 del Código Civil, sin que las cartas remitidas fueran contestadas por el emplazado, con lo que reconocía el derecho del recurrente de decidirse por la resolución de pleno derecho, quedando expedito el derecho para solicitar judicialmente la entrega del inmueble. Como consecuencia de todo lo dicho, para la Corte Suprema resultó evidente que el título que ostentaba el demandado para poseer el inmueble sublitis había fenecido, deviniendo entonces la posesión en precaria de acuerdo a lo previsto en el artículo 911 del Código Civil. En tal virtud, debía ampararse la casación sustentada en la inaplicación de los artículos 1429 y 1430 del Código Civil. Se declaró por consiguiente fundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante y con ello fundada la demanda en los términos del fallo de primera instancia.

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SE INSCRIBE COMPRAVENTA PESE A OMITIRSE EL ESTADO CIVIL DEL VENDEDOR EN LA ESCRITURA PÚBLICA POR TRATARSE DE UN PROPIO

Tribunal Registral Res. N° 172-2008SUNARP-TR-L Interesado: Ljubav Erika Krajnec Mejia Asunto: Compraventa Fecha: 15 de febrero de 2008

Una persona solicita la inscripción de la compraventa de un predio adjuntando la siguiente documentación • Testimonio de la escritura publica • Copias autenticadas por fedatario de la Municipalidad distrital de Villa Rica de los recibos de pago del impuesto predial y declaraciones juradas de autovaluo El Registrador Publico del Registro de Predios de La Merced observó el titulo en los siguientes términos: • Consta de la escritura pública de que no ha intervenido la cónyuge del solicitante ni menos se la ha nominado. • Asimismo consta que no se ha indicado el estado civil del vendedor El solicitante apela la observación argumentando:

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• El apoderado comprador tenía el estado civil soltero a la fecha de la escritura pública en la cual interviene; quien recién contrae matrimonio con posterioridad de acuerdo a la partida de matrimonio adjuntada. • De la partida registral se desprende que el vendedor, adquiere el inmueble en calidad de soltero; por tanto, es un bien propio: • Las adquirentes del inmueble, en la fecha de la suscripción de la compraventa eran menores de edad, siendo representadas por su padre. El Tribunal Registral revoca la observación formulada por el Registrador Publico del Registro de Predios de La Merced argumentando se ha omitido indicar el estado civil del vendedor, lo que contraviene el inciso cuarto del artículo 44 de la Ley del Notariado, que implica responsabilidad del notario que expendió la escritura al no extenderla con arreglo a ley; sin embargo, dicha omisión no implica la nulidad del documento el que tiene plena validez conforme se indica en el párrafo que antecede. En todo caso, esa ineficacia de la que trata el artículo 61 de la Ley del Notariado solo seria de aplicación cuando afecte el integro de su eficacia documental. En el presente caso, la omisión del estado civil del vendedor no afecta la eficacia documental del instrumento. En efecto, Del asiento 1-C de la ficha N° 5287 del Registro de Predios de La Merced, se advierte que el vendedor adquirió el predio materia de transferencia por compraventa, siendo su estado civil el de soltero. En consecuencia, dicho predio constituye un bien propio del vendedor, conforme lo dispone el primer inciso del artículo 177 del Código Civil, aunque con posterioridad a la fecha de adquisición haya contraído matrimonio. Entonces, teniendo en consideración que el estado civil del vendedor no tiene implicancia alguna en la calificación registral, toda vez que se encuentra acreditado que el predio tiene la calidad de bien propio; corresponde revocar el segundo extremo de la observación formulada por el Registrador del Registro de Predios de La Merced.

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Tribunal Registral Res. N° 172-2008SUNARP-TR-L Interesado: Ljubav Erika Krajnec Mejia Asunto: Compraventa Fecha: 15 de febrero de 2008


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CANCELACIÓN DE PACTO DE RETROVENTA SE INSCRIBE PESE A EXISTIR UN RECURSO DE APELACIÓN ANOTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO

Tercera Sala del Tribunal Registral Res. N° 1219-2008SUNARP-TR-L Interesado: Yliana Aida Maurtua Huambachano Asunto: Cancelación de cláusula de pacto de retroventa Fecha: 7 de noviembre de 2008

Una persona solicita la inscripción de la cancelación del asiento D 0002 de la partida N° 11422473 del Registro del Predios de Lima asiento que contiene la inscripción del pacto de retroventa mediante el cual se le concede a la anterior propietaria del predio el derecho de resolver unilateralmente el contrato de compraventa inscrito en el asiento C 00003, en mérito del cual la recurrente, adquirió la propiedad del predio. La solicitud de cancelación se fundamenta en la cláusula décima de la minuta de compraventa inserta en la escritura pública que dio mérito a la inscripción del asiento C 00003, en donde se establece que la vendedora tenía hasta el 23 de setiembre de 2007 para ejercitar su derecho al pacto de retroventa, lo cuál no sucedió en el tiempo establecido por lo que su derecho caducó. El Registrador Público del Registro de Predios de Lima observó el titulo argumentando que para que proceda la cancelación de la inscripción del pacto de retroventa no debe constar en la partida asiento o anotación alguna que evidencia que el vendedor ha hecho uso de su derecho resolutorio; sin embargo, en el presente caso corre registrada una anotación de la cual se desprende meridianamente que se hizo uso del pacto de retroventa en la medida que el titulo al cual se refiere dicha anotación es la resolución del contrato de compra venta otorgado por la antes citada a favor de solicitante. El solicitante apela la observación argumentando que la solicitud realizada por beneficiaria de hacer uso del pacto de retroventa –en un titulo anterior presentado al registro– es extemporáneo dado que la fecha máxima para hacer efectivo dicho pacto era el día 23 de setiembre de 2007 y la copia de la carta notarial donde comunica tal decisión es del 2 de octubre de 2007, por lo cual no puede ahora pretender dejar sin efecto un contrato válidamente celebrado el cual ha quedado perfeccionado y ejecutado, máxime si con fecha del 27.09.2007 mediante carta notarial se le pone conocimiento de haber perdido su derecho de hacer uso del pacto de retroventa por haber transcurrido el plazo máximo para hacer uso del mismo y se le requirió hacer efectiva la entrega del bien.

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También fundamenta su apelación en que dicha solicitud realizada fue denegada por Registro y fue objeto de apelación, no siéndole concedida en segunda instancia tal inscripción por haber ejercido su derecho en forma extemporánea y sin haber acreditado la devolución del dinero entregado por la venta del inmueble, por lo que al haber transcurrido el plazo para iniciar el procedimiento contencioso administrativo se procedió a tachar dicho titulo, no siendo a la fecha impedimento para la Inscripción del titulo materia de apelación. La Tercera Sala del Tribunal Registral revoca la observación formulada por el Registrador Publico del Registro de Predios de Lima exponiendo que no puede ser impedimento para inscribir la cancelación del asiento de inscripción del pacto de retroventa, la anotación en la partida de un recurso de apelación de un título tachado en el que se pone de manifiesto que la propietaria anterior ejerció su derecho al pacto de retroventa extemporáneamente, es decir cuando dicho derecho ya se habla extinguido, pues con la tacha cesa su derecho de prioridad preferente, no pudiendo ser declarado titulo pendiente incompatible con títulos posteriores a él.

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FALTA DE DEVOLUCIÓN DEL PRECIO IMPIDE QUE SE EJECUTE EL PACTO DE RETROVENTA

Una persona solicita la reversión de la propiedad a su favor en virtud al ejercicio del derecho de resolver unilateralmente el contrato de compraventa que le otorga el pacto de retroventa adjuntando la carta notarial cursada a la compradora el 2 de octubre de 2007, en la que le comunica la Resolución del Contrato de compraventa celebrado el 28 de marzo de 2007. El Registrador Público del Registro de Predios de Lima tachó el título argumentando que de los documentos se desprende que en la cláusula décimo primera la vendedora y la compradora, establecen condiciones adicionales a la de comunicación de su ejecución mediante carta notarial, por ejemplo la devolución de dinero del importe del precio pagado y pactado entre otros, siendo que no se ha acreditado el cumplimiento de la cláusula precitada por parte de las partes contratantes conforme a ley.

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Tercera Sala del Tribunal Registral Res. N° 194-2008SUNARP-TR-L Interesado: Janet Carranza Arratea. Asunto: Reversión de propiedad en ejecución de pacto de Retroventa Fecha: 20 de febrero de 2008


Tercera Sala del Tribunal Registral Res. N° 194-2008SUNARP-TR-L Interesado: Janet Carranza Arratea. Asunto: Reversión de propiedad en ejecución de pacto de Retroventa Fecha: 20 de febrero de 2008

El solicitante apela la observación argumentando que conforme lo dispuesto por el artículo 1568 del Código Civil, por la retroventa el vendedor adquiere el derecho de resolver unilateralmente el contrato, sin necesidad de decisión judicial por lo que habiendo producido la comunicación notarial establecida en la cláusula décimo primera de la escritura pública del 28 de marzo de 2007 otorgada ante notario de Lima, no resulta exigible la acreditación de la devolución el dinero del precio de venta. La Tercera Sala del Tribunal Registral confirma la observación formulada por el Registrador Publico del Registro de Predios de Lima exponiendo que si el vendedor opta por resolver unilateralmente la compraventa en aplicación del pacto de retroventa, deberá restituir al comprador el precio que hubiere pagado. Sin embargo, las normas que regulan la retroventa no disponen que para que la compraventa quede resuelta el vendedor debe cumplir con restituir el precio al comprador. Esto es, no se establece que la restitución del precio al comprador sea un, requisito para que opere la resolución de la compraventa. Son de aplicación entonces las normas generales que regulan la resolución de los contratos, que establecen (art. 1372 del Código Civil) que por razón de la resolución las partes deben restituirse las prestaciones. Así, la restitución del precio al comprador será una consecuencia de la resolución de la compraventa, y no un requisito para que el contrato quede resuelto, salvo que se haya pactado lo contrario

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DONACIÓN

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EXONERACIÓN DE PRECIO A PAGARSE DETERMINA CARÁCTER DE DONACIÓN DE SUPUESTA COMPRAVENTA DE INMUEBLE

Un agente demanda a una empresa agroindustrial, para que esta efectúe el pago del precio debido por la transferencia de un inmueble vía compraventa. Al verificarse la falta de pago, la sentencia de primera instancia declaro fundada la demanda y la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó la sentencia apelada. Frente a ello, la empresa agroindustrial interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente, por las causales contenidas en los numerales 3 y 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil antes de su modificatoria por la Ley N° 29364, sosteniendo: a. La contravención del artículo 197 del Código Adjetivo (sobre la valoración de la prueba), toda vez que se valoraron indebidamente los medios probatorios aportados, específicamente la minuta contractual que se ha calificado como de compraventa cuando se trata de una donación, pues no había contraprestación alguna por los compradores. Y es que la tercera cláusula de la minuta establecía que los adjudicatarios se encuentran exonerados de pago; y b. La inaplicación de los artículos 1621 y 1625 del Código Civil (sobre la donación y su formalidad), pues que el acto jurídico celebrado es una donación y no una compraventa. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, señaló que la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso se presentan, fundamentalmente, cuando en el desarrollo este no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 319-2005Lambayeque (Data 45 000) Demandante: No se menciona Demandado: Empresa Agroindustrial Pomalca Sociedad Anónima Abierta Asunto: No se menciona Fecha: 21 de setiembre de 2005


de acuerdo al mérito del proceso o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de la normativa vigente y de los principios procesales. Asimismo, la Sala Suprema, advierte que el elemento que caracteriza a la donación es la gratuidad, esto es la transferencia de un bien, sin contraprestación. El donante recibe una merced, una gratuidad. Es así que, según su parecer, al no existir en el caso un pago por la transferencia del inmueble no puede colegirse que el acto celebrado de ninguna manera que se trate de una compraventa u otra clase de contrato; constituyendo la apreciación de la Sala de mérito una conclusión arbitraria, lo que infringe de la norma contenida en el artículo 197 del Código Procesal Civil. Por lo expuesto, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso de casación por Empresa Agroindustrial; y en consecuencia nula la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

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DONANTE REVOCA DONACIÓN PESE A TRANSCURRIR MÁS DE 6 MESES DE CELEBRADO EL CONTRATO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia CAS. N° 936-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Federico Jahncke González Demandada: José María Salazar Belaúnde Asunto: Declaración de caducidad de la revocación de donación Fecha: 15 de agosto de 2001

Un donatario interpone demanda de declaración de caducidad de la revocación de donación con la finalidad de dejar sin efecto la revocatoria que el donante realizará so pretexto de que se ha dado la causal de injuria grave. La parte demandada contradice la demanda argumentando que revocó la donación por la causal establecida por el artículo 744 inciso 1 del Código Civil, es decir por haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge si este también es ascendiente del ofensor. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La parte demandada impugnó el fallo siendo que la Sala Civil Especializada en Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada.

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CONTRATOS

La parte demandada interpone recurso de casación argumentando la interpretación errónea del artículo 1637 del Código Civil, es decir desde el momento en que el demandante tomó conocimiento del escrito presentado por don José María Salazar Belaúnde en el expediente N° 405-95 de fecha 9 de mayo de 1995, el cual fue notificado el 5 de octubre del mismo año, conforme consta de la antepenúltima foja del testimonio de escritura pública de revocatoria de donación, por lo que a la fecha de otorgamiento de dicha escritura 18 de marzo de 1996, no había transcurrido el plazo de 6 meses para ejercer la facultad de revocar la donación. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo no puede confundirse el día en que sobrevino alguna de las causas de revocatoria de donación con el día en que el donante tomó conocimiento de dicha causal. Para el efecto, señalaron que José León Barandiarán, al analizar el artículo 1482 del Código Civil derogado, que contiene el mismo texto del artículo 1639 del Código Civil vigente, expresa en su obra Tratado de Derecho Civil, tomo V, página 227 lo siguiente: “a diferencia de otros códigos, el nuestro hace correr el plazo de 6 meses desde que se produjo el acto de ingratitud, y no desde que el donante ha llegado a tener conocimiento de él. Es difícil y dudoso determinar el día que el donante puede adquirir conocimiento de la ingratitud en que haya incurrido el donatario. En un tiempo prudencial de 6 meses, se supone que haya llegado a tener tal conocimiento. De todos modos para que la revocación surta efecto, es menester que la declaración de revocación conste de una manera indubitable; lo que es necesario para que pueda comenzar a contarse el segundo término de 60 días, para la notificación a que se refiere el artículo 1486 (art. 1640 del Código Civil de 1984)”. Resulta así, que cuando las sentencias de mérito han establecido que el plazo para la caducidad de la donación transcurre desde el día en que sobrevino la causal y no desde el día en que el donante tuvo conocimiento de la misma, han interpretado correctamente el artículo 1639 del Código Civil. Más aún, el recurrente sostuvo que tomó conocimiento de la causal por el escrito presentado por don José María Salazar Belaúnde en el expediente N° 405-95 de fecha 9 de mayo de 1998, el cual fue notificado el 5 de octubre del mismo año, conforme consta de la antepenúltima fojas

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del testimonio de la escritura pública de revocatoria de donación, pero en la referida escritura se ha insertado el cargo de notificación producido efectivamente en dicha fecha, pero en relación con el escrito presentado por el donatario en el expediente N° 998-95.

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MUTUO

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NO SE VINCULA MUTUO CON COMPRAVENTA CONTENIDA EN EL MISMO DOCUMENTO

Una persona interpone demanda de resolución de contrato mutuo dinerario con cláusulas preparatorias de compraventa de bien inmueble en la medida en que a tenor del anterior texto del artículo 1416 (aplicable al presente caso) ningún contrato preparatorio podría tener un plazo mayor al de un año, por lo que la prórroga efectuada no es válida. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La demandante impugnó siendo que la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Tacna-Moquegua, que revoca la sentencia que declara infundada por falta de pruebas y reformándola, la declara improcedente. El demandante interpone recurso de casación denunciando la aplicación indebida del nuevo texto del artículo 1416 del Código Civil, modificado por ley 27420, toda vez que al caso de autos se ha debido de aplicar el texto original del artículo mil 1416 del Código Civil, ya que es la norma que se encontraba vigente a la fecha de celebración del contrato, incluso a la fecha de interposición de la demanda, la que establece que en ningún caso el plazo de contrato de compromiso de contratar puede exceder de un año, en consecuencia existe causal de resolución del contrato y por tanto procede la devolución del dinero mutuado. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo que evidentemente en el contrato privado de mutuo dinerario con cláusulas preparatorias de compraventa de bien inmueble, se han constituido dos actos jurídicos independientes entre si: el primer acto jurídico es el mutuo configurado con la entrega de una cantidad de dinero de parte del actor a la demandada, cuyo plazo se cumple cuando se haya saneado el inmueble de la mutuataria allí descrito; y el segundo acto jurídico son las

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2286-2002Moquegua (Data 45 000) Demandante: Nicolás Laura Chambi Demandada: Dolores Paco Bejarano Asunto: Resolución de contrato Fecha: 20 de diciembre de 2000


cláusulas preparatorias de compraventa que resulta independiente del otro acto y que se configura en la promesa de venta del mismo bien inmueble, cuyo plazo concluye cuando se haya saneado el inmueble al igual que el indicado para el primer acto jurídico, mas tal aspecto, esto es, el plazo similar para ambos actos jurídicos, no los vincula entre si de forma tal que la vida de uno dependa de la existencia del otro. En ese sentido, estando en estricto a las pretensiones demandadas en base a lo que establece la materia controvertida, lo peticionado es la resolución del contrato de mutuo; punto que ha sido objeto de pronunciamiento de parte de la resolución impugnada, de acuerdo al considerando tercero, resolviendo que la demanda deviene en improcedente, al no haberse dado el supuesto establecido en la cláusulas segunda del contrato; y que si bien recoge los fundamentos pertinentes de la apelada, tal facultad jurisdiccional contenida en el artículo doce de la ley orgánica del poder judicial, en este caso, en nada afecta su pronunciamiento, considerando que la sentencia de primera instancia, además de congregar la norma denunciada, también consideró en su conclusión segunda el extremo que agota en sus fundamentos el colegiado. Así, se concluye que, la aplicación indebida del artículo 1416 del código civil, respecto a su contenido vigente, y no al que regía a la fecha de celebración del acto jurídico, no enerva los fundamentos de la sentencia de vista; la misma como se reitera ha recogido solo los fundamentos pertinentes de la apelada.

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OBLIGADOS DE UN CONTRATO DE MUTUO NO RESPONDEN DE FORMA SOLIDARIA

Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 30-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Máximo Valeriano Tello Guisado Demandada: Félix Ángeles Haro Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 3 de agosto de 2001

Una persona interpone demanda de obligación de dar suma de dinero con la finalidad de que demandado le cancele el total de monto consignado en una letra de cambio perjudicada emitida en virtud de un contrato de mutuo. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La demandada impugnó siendo que la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima confirma la sentencia de primera instancia argumentando que el contrato privado, es un contrato de mutuo donde se obligan cuatro personas a devolver sin pacto de

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solidaridad, y cuyo objeto recae sobre dinero, es decir, un bien susceptible de división, razón por la cual conforme al artículo 1183 y 1173 del Código Civil, la deuda en ella contenida se presume dividida con respecto a cada uno de los cuatros deudores obligados. Asimismo, la Sala señaló que si bien los títulos valores mal emitidos pierden su mérito ejecutivo, aun en tal circunstancia estos resultan valederos para acreditar la celebración de un acto jurídico si bien se han extendido los aludidos instrumentos cambiarios con ocasión del contrato mutuo, aquella instrumental del demandante no se identifican con la relación jurídica establecida en el contrato donde sus deudores son tres personas además del demandado. Por consiguiente es de determinarse que el carácter de los actos jurídicos representados por las letras mal emitidas y que han dado origen al artículo 1 inciso segundo de la Ley de Títulos Valores es la de un contrato atípico permitido por el principio de Libertad contractual establecido en el artículo 1344 del Código Civil. No obstante, la suma establecida en el contrato atípico (representado por letras perjudicadas) no puede exceder lo establecido en el contrato causal, en el que tres de los obligados son terceras personas que no intervienen en las letras, lo que significaría desvirtuar el contenido del contrato sin la intervención de todos los contratantes o establecer una obligación abstracta sin causa no acreditada, por lo que en aplicación de los dispositivos legales antes citados debe entenderse que la obligación del demandado Félix Ángeles Haro se limita al pago de nueve mil ciento veinte dólares americanos.

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COMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA ES CONSIDERADA CONTRATO DE MUTUO

Una persona interpone demanda de nulidad del acto jurídico respecto de una compraventa con pacto de retroventa elevado a escritura pública e inscrita en Registros Públicos. Como pretensión subordinada pretende se declare la resolución del citado contrato. Argumentando principalmente que el acto jurídico cuya nulidad se pretende es simulado pues en realidad se ocultaba un contrato de mutuo siendo que la parte demandada celebró el acto submateria con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mutuo. Además de que la modalidad de contrato de compraventa

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Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 150-2004-Arequipa El Peruano, 04/01/2006 (Data 45 000) Demandantes: Oswaldo Emigdio Yáñez Cárdenas y otra Demandados: César Augusto Verano Serrato y otra Asunto: Nulidad de acto jurídico Fecha: 22 de julio de 2005


Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 150-2004Arequipa El Peruano, 04/01/2006 (Data 45 000) Demandante: Oswaldo Emigdio Yáñez Cárdenas y otra Demandada: César Augusto Verano Serrato y otra Asunto: Nulidad de acto jurídico Fecha: 22 de julio de 2005

con pacto de retroventa, hipoteca y mutuo son utilizados por el demandado con frecuencia, pues este se dedica a efectuar prestamos de dinero, contando para ello con intermediarios. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La parte demandante impugnó el fallo siendo que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, confirmando la sentencia de primera instancia declara fundada la demanda. La parte demandante interpone recurso de casación por la causal prevista por el inciso 2 del artículo 386 del Código adjetivo, relativa a la inaplicación de normas de derecho material. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declara infundado el recurso de casación exponiendo que de lo expuesto en el proceso analizado se infiere que las partes no tenían la voluntad de transferir el predio rústico sub-materia, pues no parece lógico que la demandada adquiera la propiedad del predio rústico por escritura pública del doce de abril de mil novecientos noventicinco, la pierda por escritura pública del veintiuno de setiembre de mil novecientos noventicinco y la vuelva a adquirir por escritura pública de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventicinco, concediéndole –una vez más– la posibilidad a los vendedores para que ejerzan el derecho de retrotraer el inmueble. Por otro lado, tampoco es lógico que la demandante transfiera su propiedad en la tercera parte de su precio. De otro lado, se llega a la conclusión que la demandada, sociedad conyugal Verano-Romero, se dedica, a través de intermediarios, a prestar dinero. En consecuencia, se encuentra acreditado que las partes en realidad querían celebrar un contrato de mutuo, sin embargo, celebraron un contrato de compraventa con pacto de retroventa. En consecuencia, estando acreditada la simulación con la que actuaron las partes, la aplicación de las normas contenidas en los artículos 140 y 1361 del Código Civil en nada cambiarían el sentido de la decisión adoptada por las instancias de mérito.

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TRAS LA CONCLUSIÓN DEL ARRENDAMIENTO LA OBLIGACIÓN DE PAGAR POR DEL USO DEL BIEN NO SE ASIMILA AL PAGO DE UNA RENTA

Un Ministerio suscribió con una persona jurídica un contrato de arrendamiento que luego se volvió de duración indeterminada. Pero tiempo después y tras haber recibido la carta de conclusión de contrato, el arrendatario no abandona el bien poseído. Por ende, el referido Ministerio interpuso una demanda de desalojo por conclusión de contrato. Mediante sentencia de primera instancia se declaró fundada la demanda; pero la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao revocó el fallo y reformándolo declaró improcedente la demanda. Por ello, el arrendador interpuso un recurso de casación, amparándose en la causal de inaplicación de normas de derecho material, respecto de los artículos 1703 y 1704 del Código Civil. Denunció que fue en aplicación de estas normas legales se ha puso fin al contrato de arrendamiento de duración indeterminada, por lo que era procedente exigir la restitución del local arrendado por la causal de conclusión del contrato. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, por su parte, señaló que en virtud del artículo 1700 del Código Civil, una vez vencido el contrato si el arrendatario permanece en el uso del bien, no se entiende que exista renovación tácita sino la continuación del arrendamiento, es decir, el contrato de arrendamiento no fenece sino que se convierte en uno de duración indeterminada, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador ponga fin a dicho contrato dando aviso judicial o extrajudicial al arrendatario, de conformidad con lo establecido por el artículo 1703 del citado código. Luego, según la Corte Suprema, el artículo 1703 del Código Civil regula de forma especial la conclusión del

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República Cas. N° 1713-2002Callao (Data 45 000) Demandante: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción Demandado: Construcción con Restaurantes Asociados Sociedad Anónima Asunto: Conclusión de contrato Fecha: 9 de diciembre de 2003


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República Cas. N° 1713-2002Callao (Data 45 000) Demandante: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción Demandado: Construcción con Restaurantes Asociados Sociedad Anónima Asunto: Conclusión de contrato Fecha: 9 de diciembre de 2003

contrato de arrendamiento, y prevalece respecto a la norma general sobre conclusión de contratos contenida en el artículo 1365 del mismo Código. Es decir, que el artículo 1703 resultaba aplicable al caso de autos, ene l que correspondía dilucidar si procedía o no la restitución del inmueble objeto de la litis, por conclusión del contrato de arrendamiento. Asimismo, la Corte Suprema consideró que en materia de arrendamiento deben distinguirse dos supuestos: la continuación y los efectos de la conclusión del contrato. En el primer caso el contrato continúa siempre y cuando el arrendatario permanezca en el uso del bien y el arrendador no haya solicitado su devolución; en el segundo supuesto, en cambio, el contrato ha concluido y los efectos son que el arrendador tiene derecho a exigir la restitución del bien e incluso a cobrar la penalidad convenida si hubiere sido pactada, o en su defecto una prestación igual a la renta del periodo precedente, cuyo cobro no importa la continuación del arrendamiento. Respecto a los efectos de la conclusión del contrato de arrendamiento, según la Sala Suprema, como el poseedor no tiene derecho a usar el bien, no existirá en estricto una contraprestación consistente en el pago de la renta. Por ende, la obligación de pagar por concepto del uso del bien es distinta del pago de una renta convenida. Luego, de acuerdo a dicha Sala Suprema, sí resultaba aplicable al caso el artículo 1704 del Código Civil ya que el supuesto establecido en este dispositivo habría determinado que la decisión adoptada en la sentencia recurrida fuera diferente, por lo que la acción incoada resultaba amparable. Por lo señalado, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el arrendador.

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LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COMPRENDE LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE

En el presente caso, se interpuso una demanda de desalojo por conclusión de contrato de arrendamiento, siendo objeto de la pretensión que los emplazados restituyan la posesión del bien materia de litis, inmueble donde funcionaba un instituto. Una vez que se admitió a trámite y se absolvió el traslado de la demanda en sentido negativo, el a quo fijó como único punto controvertido determinar si el plazo del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes se encontraba vencido. Esto fue verificado por las instancias de mérito (en segunda instancia, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima) las que coincidieron en amparar la pretensión de la accionante, declarando fundada la demanda, ordenando que los arrendatarios desocupen el bien materia del proceso y que entreguen también la administración del instituto, así como la infraestructura destinada al funcionamiento de dicho centro educativo. Los arrendatarios interpusieron, entonces, recurso de casación contra la sentencia de vista expedida por la Sala Civil que confirmó la sentencia apelada declarando fundada la demanda. El recurso fue declarado procedente por la causal prevista en el inciso tercero del artículo 386 del Código Procesal Civil antes de su modificatoria por la Ley N° 29364, esto es, contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, al supuestamente haberse trasgredido, según los demandados, el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues la Sala de vista al expedir su fallo se pronuncia sobre un extremo que no fue materia del petitorio de la demanda. Y es que en el acto postulatorio la demandante se limitó a solicitar expresamente la restitución del bien alquilado, es decir, la desocupación física del inmueble y no la entrega de la administración del centro educativo; por consiguiente los fallos de las instancias de mérito habrían ido más allá del petitorio. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que la sentencia del a quo, cuyos fundamentos han sido recogidos por la sentencia de vista, interpretó correctamente el contrato de arrendamiento al establecer que este comprendió el inmueble,

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema Cas. N° 978-2003-Lima (Data 45 000) Demandante: Clelia Altez Viuda de Cano Demandado: Vicente Díaz Arce y otro Asunto: Desalojo Fecha: 19 de agosto de 2003


incluyendo el derecho de administración del instituto, así como la infraestructura dedicada a su funcionamiento, tal como se precisa en la cláusula primera de dicho contrato. Es así que la Corte Suprema concluyó que estos tres elementos del arrendamiento: inmueble, administración e infraestructura de centro educativo han formado parte de una sola unidad contractual. Finalmente, se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por los arrendatarios.

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DEVENGAMIENTO DE LA PENALIDAD PACTADA POR NO DEVOLUCIÓN DE BIEN ARRENDADO EN CASO DE CONTINUACIÓN DEL CONTRATO Y POSTERIOR CONCLUSIÓN

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 492-2006-Lima (Data 45 000) Demandante: Carlos Alfonso Isasi Polo Demandado: Frida Irene Oblitas Carrión Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 7 de noviembre de 2006

En el presente caso, con fecha 10 de diciembre de 1992 se celebró un contrato de arrendamiento sobre un inmueble ubicado en el Distrito de Miraflores, en el cual funcionaba un centro educativo. El plazo del contrato era de 3 años forzosos y que venció el 15 de diciembre de 1995, sin que se produzca su renovación. En tal sentido, el arrendador interpuso una demanda sobre obligación de dar suma de dinero, con el objeto de que la arrendataria cumpla con pagarle la suma de US $ 177,000 dólares por retención indebida el inmueble, además del pago de la penalidad pactada en el contrato, vale decir, US $ 100 dólares por cada día de exceso y por los días que devenguen hasta la entrega efectiva del inmueble. La arrendataria contestó la demanda indicando que suscribió el contrato de arrendamiento, pactándose como renta mensual US $ 1,700 dólares el primer año; US $ 1850 dólares el segundo y US $ 2,000 dólares el tercero. Sin embargo, dijo también que a los once meses de suscrito el contrato le comunicó al arrendador la entrega del bien, pero que este le indicó que el monto del arriendo se congelaría a US $ 1,700.00 dólares mensuales. Asimismo, la arrendataria le comunicó que el contrato suscrito por las partes devenía en nulo y que se elaboraría un nuevo contrato, basados en la confianza entre ellas. El arrendador también le habría señalado que ambas partes estuvieron de acuerdo en no aplicar la cláusula referida a la penalidad; es así, que según ella, al arrendador solo le había interesado el cobro del arriendo. Luego de las audiencias respectivas, el a quo declaró fundada la demanda y en consecuencia ordenó que la

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arrendataria cumpla con pagar al actor la suma de US $ 177,000 dólares o su equivalente en soles. La sentencia de primera instancia se basó en los artículos 1361 y 1362 del Código Civil, indicándose que estaba probada la celebración del contrato y que la arrendataria no aportó prueba alguna que acredite su modificación, por lo que conforme el artículo 1699 del Código Sustantivo, al no haberse acreditado que el contrato de arrendamiento se haya renovado con sujeción a la forma establecida en el propio acto jurídico, se entiende que concluyó en la fecha de vencimiento estipulada; vale decir, no habiendo renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador solicite su devolución, lo cual lo podía pedir en cualquier momento, de acuerdo con el artículo 1700 del Código Civil. De acuerdo con el a quo, la permanencia de la arrendataria en el bien materia de este proceso y el pago de la renta no implicaban renovación del contrato, pues debe entenderse que este venció en la fecha acordada. En ese sentido, no habiéndose restituido el bien procede exigir el pago de la penalidad pactada acorde con lo solicitado en la demanda, en aplicación de lo previsto en el artículo 1704 del Código Civil. Sin embargo, la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la sentencia apelada, que declaraba fundada la demanda, y reformándola la declaró improcedente en cuanto al monto de US $ 177,000 dólares al ser una suma dineraria establecida hasta antes de la demanda, lo cual, según dicha Corte, debía hacerse valer en otro proceso. Asimismo, se declaró fundada la demanda respecto al cobro de la cláusula penal a partir de la interposición de la demanda hasta la entrega efectiva del predio. Según la Sala Superior, el arrendador pretendía el pago de US $ 177,000 dólares, importe de 59 meses de retención indebida del inmueble, entendiéndose que dicho monto se ha contabilizado hasta la fecha de la interposición de la demanda (20 de noviembre de 2000). Sin embargo, según dicha Sala, cuando el arrendador contestó el pliego interrogatorio formulado por la arrendataria (pregunta novena) señaló: “La demandada al principio estaba pagando US $ 1,700.00 dólares, después pagaba US $ 1800 dólares y a la fecha de la demanda, debía

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catorce mensualidades”. Es decir, que de acuerdo con la Sala Superior, si bien las partes pactaron un plazo forzoso de vigencia de contrato, del 15 de diciembre de 1992 al 15 de diciembre de 1995, también es cierto que dejaron abierta la posibilidad de la renovación del contrato, y si bien ello no existió formalmente, debe tenerse en cuenta la declaración asimilada del actor, llegándose a la conclusión que dicho contrato continuó tácitamente, en aplicación del artículo 1700 del Código Civil. Al respecto, según la Corte Superior, recién con la carta de fecha 19 de agosto de 2000, mediante la cual el arrendador solicitaba la devolución del predio se podía requerir el pago de la penalidad pactada. Es decir, el actor, en uso de su autonomía de la voluntad, había determinado que la arrendataria hasta la fecha de la interposición de la demanda le debiera solo mensualidades y no el monto fijado en la cláusula penal, por lo que esta última debió ser efectiva únicamente a partir de interposición de la demanda y hasta la entrega efectiva del predio. Contra este fallo, la arrendataria interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de Interpretación errónea del artículo 1700 del Código Civil, debido a que según la demandada, la Sala Superior ha referido erróneamente que a partir del 19 de agosto de 2000 el arrendador podía requerir el pago de la penalidad pactada. Sin embargo, e alegó que dicha interpretación resultaba errónea en razón de que el artículo 1700 del Código Sustantivo dispone que vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en el uso del bien arrendado, no se entiende que haya renovación tácita sino la continuación del arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador solicite la devolución, la cual puede pedirse en cualquier momento. Al respecto, la arrendataria indicó que esta norma dispone que la continuación del arrendamiento se da bajo sus mismas estipulaciones, por lo que, en este caso, dado que el contrato tenía una duración de tres años, su continuación culminaba en 1998 y la siguiente en el 2001. La Corte Suprema advirtió que la interpretación que plantea la recurrente del artículo 1700 del Código Civil es totalmente errada, pues legal, doctrinal y jurisprudencialmente se ha señalado que, efectivamente,

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si el arrendatario sigue usando el bien, luego de vencido su contrato a plazo determinado no hay una renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones contractuales, con excepción del plazo determinado, puesto que el legislador permite que el arrendador dé por concluido el contrato en cualquier momento. En tal sentido, la interpretación efectuada por la Sala Superior se encontraba de acuerdo con el texto de la ley, declarándose infundado el recurso de casación interpuesto. Al respecto, no obstante, hubo un voto en discordia. El Juez de dicho voto señaló que debía tenerse en cuenta que la demanda es una de obligación de dar suma de dinero y no de desalojo por conclusión de arrendamiento. En tal sentido, de acuerdo al Juez disidente, la interpretación –y posterior aplicación– de los alcances del artículo 1700 del Código Civil únicamente tenía por finalidad determinar desde que momento se hace exigible la penalidad reclamada. Asimismo, señaló que independientemente del hecho de que la penalidad deba ser computada desde la fecha de comunicación de la terminación del contrato de arrendamiento, o desde la interposición de la demanda, o que no deba ser computada por no haber finalizado aún el plazo de continuación del contrato (como sostenía la recurrente), las instancias de mérito se debieron centrar en el monto de la penalidad (US $ 100 dólares por día que transcurra sin que se devuelva el bien a su propietario). En tal sentido, el Juez disidente calculó que anualmente el monto se elevaría a US $ 36,500 dólares. Y si tenemos que el demandante vino requiriendo judicialmente la devolución del bien inmueble desde noviembre del año 2000, las instancias de mérito, al decidir el fondo, no debían sustraerse a su deber de analizar si la cláusula que contiene la anotada penalidad era una con la calidad de leonina. Luego, según dicho Juez, debía atenderse al análisis de la naturaleza de la cláusula penal, el monto del arrendamiento pagado mensualmente y al valor del inmueble arrendado, considerando siempre que ni la Constitución ni la ley amparan el abuso del derecho. Señaló así que previo a establecer desde qué momento debe computarse la penalidad pactada en la cláusula referida a la penalidad (esto es, previo a interpretar y aplicar el

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artículo 1700 del Código Civil), las instancias de mérito debieron determinar con claridad y precisión si aquella cláusula puede o no ser considerada como leonina, para efectos de resolver la causa con justicia. Por lo expuesto, el voto en discordia declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.

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ARRENDAMIENTO ENTRE COPROPIETARIOS DE BIEN INDIVISO SOLO PUEDE CELBRARSRE SOBRE CUOTAS IDEALES Y NO SOBRE EL BIEN MISMO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2378-2000-Lima (Data 45 000) Demandante: Maritza Guardia Yanayaco y otros Demandado: Empresa Cortina Sociedad Anónima Asunto: Indemnización por daños y perjuicios Fecha: 16 de noviembre de 2000

Una persona demanda a una empresa por la suma de US $ 96,000 dólares por concepto de indemnización de daños, pago derivado de la aplicación de la penalidad pactada por el incumplimiento en la devolución de un bien inmueble entregado en un arrendamiento y tras feneció el periodo de duración del contrato. Sucedió, sin embargo, que ambas partes litigantes eran copropietarias del predio en cuestión. La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda, ordenándose a la empresa demandada el pago demandado. La Tercera Sala Civil Especializada en Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima a su vez confirmó la sentencia apelada. La empresa interpuso, entonces, recurso de casación, el cual se sustentó en las causales de los numerales primero y segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil, antes de su modificatoria por la Ley N° 29364. Y es que según la empresa recurrente, resultaba un imposible jurídico un arrendamiento entre los copropietarios de un bien indiviso, ya que estos solo poseen cuotas ideales. En cuanto a la segunda causal, la empresa señaló que se inaplicó lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 219 del Código sustantivo, ya que el contrato de arrendamiento materia de litis adolecía de nulidad por haber sido celebrado respecto de un bien física y jurídicamente imposible. Al respecto, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que el inmueble materia del contrato de arrendamiento era patrimonio común de las partes, quienes eran titulares de cuotas

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ideales, teniendo el bien la calidad de indiviso. Definió, luego, a la copropiedad como la concurrencia de una pluralidad de titulares, con iguales derechos, respecto de un mismo bien, poseyendo todos ellos derechos inmateriales consistentes en cuotas ideales distinguibles del bien en sí mismo. Según dicha Corte, entonces, de existir un contrato de arrendamiento entre copropietarios de un inmueble indiviso, el contrato solo podría haber sido válidamente celebrado sobre los derechos o acciones de los copropietarios que asumen la posición de arrendadores, mas no sobre el inmueble mismo, ya que ello sería contrario a la naturaleza del contrato de arrendamiento, que exige el otorgamiento del uso material del bien arrendado. De otro lado, para la Corte Suprema no correspondía emitir pronunciamiento alguno en el proceso respecto de la validez del contrato de arrendamiento por no ser ello objeto del petitorio, por lo que consecuentemente no era aplicable lo dispuesto en el artículo 219 numeral tercero del Código Civil, sobre la nulidad del acto jurídico por imposibilidad física o jurídica de su objeto. Sin embargo, sí señaló que era menester establecer si la pretensión reclamada era jurídicamente posible. Tras su análisis, la Corte Suprema advirtió que jurídicamente era imposible el objeto del contrato de arrendamiento en cuestión, ya que este acto jurídico no podía sustentar el derecho a la acreencia que afirmaba tener la parte actora. A su vez, dicho contrato no fue ratificado expresa ni tácitamente por los copropietarios que no lo suscribieron, conforme lo establece el artículo 1669 del Código sustantivo, de modo que esta norma sí fue indebidamente aplicada. Por estos motivos, se declaró fundado el recurso de casación y nula la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil Especializada en Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2378-2000-Lima (Data 45 000) Demandante: Maritza Guardia Yanayaco y otros Demandado: Empresa Cortina Sociedad Anónima Asunto: Indemnización por daños y perjuicios Fecha: 16 de noviembre de 2000


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SI SE ORDENA AL ARRENDATARIO PAGAR ARRIENDOS E INDEMNIZACIÓN DEBE DEFINIRSE SI LA GARANTÍA ENTREGADA SE DESCUENTA O NO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1112-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Emma Paulina Vargas Gálvez de Benavides Demandado: Ana María Quispe de Cuarez Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 29 de agosto de 2001

Se presenta en el Poder Judicial una demanda sobre obligación de dar suma de dinero, reclamándose el incumplimiento de pago de las mensualidades en un contrato de arrendamiento, además de un pago indemnizatorio. En primera instancia se declaró fundada la demanda y la Sala Civil de Procesos de Conocimiento y Abreviados de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia apelada, declarando fundada la pretensión de obligación de dar suma de dinero, pero revocando respecto del monto a pagar. La arrendataria-deudora interpuso, entonces, recurso de casación contra la sentencia de vista, el cual fue declarado procedente por la causal del numeral tercero del artículo 386 del Código Procesal Civil, antes de su modificatoria por la Ley N° 29364. La recurrente sustenta su recurso en que había depositado dos meses de garantía al suscribir el contrato de arriendos, y que esta suma no había sido descontada del monto contenido en la sentencia, vulnerándose, según ella, el debido proceso. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República verificó que luego de haberse ordenado en primera instancia el pago de las sumas de dinero por conceptos de arriendos y de indemnización, uno de los fundamentos de la apelación presentada por la demandada fue que no se habían descontado los dos meses de garantía que había entregado, por un monto de US $ 1,600.00 dólares; y sin embargo, la sentencia de vista no hizo referencia alguna a si esta suma entregada a la demandante en garantía del cumplimiento del contrato debía ser descontada de las cantidades ordenadas a pagar en la sentencia. En ese sentido, para Corte Suprema no se había resuelto uno de los extremos de la apelación, incurriéndose en la causal de nulidad contemplada en el artículo 171° del Código Procesal Civil. Luego concluye señalando que si la arrendataria entregó alguna suma por concepto de garantía del cumplimiento del contrato y que por su incumplimiento se le ordenan pagar montos por arriendos y por indemnización, resultaba aspecto fundamental

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definir si dichas sumas debían ser descontadas o no de las cantidades ordenadas a pagar en la sentencia. En tal sentido, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la demandada.

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ES INEXIGIBLE EL COBRO DE ARRIENDOS CUANDO SE HA TRANSFERIDO EL DERECHO DE PROPIEDAD

En el presente caso se celebró un contrato de arrendamiento, en el cual se estipulaba que el arrendador (demandante) otorgaba en uso el inmueble de su propiedad a una cooperativa de ahorro (demandada), desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2003. Sin embargo, tiempo después, en vía ejecutiva el arrendador interpuso una demanda de obligación de dar suma de dinero, con el fin de que la arrendataria cumpla con el pago de US $ 8,525 dólares por concepto de rentas impagas. Por su parte, la arrendataria contradijo la demanda, bajo el argumento de que el bien inmueble materia del contrato de arrendamiento fue adjudicado a una entidad financiera desde el 14 de julio de 2003, por lo que la obligación materia de cobro era inexigible. Tras el análisis respectivo, el 55 Juzgado Civil de Lima declaró fundada la contradicción sustentada en la inexigibilidad de la obligación y, por ende, infundada la demanda de obligación de dar suma de dinero. El arrendador interpuso entonces un recurso de apelación contra dicha sentencia. Sobre el tema, la Primera Sala Civil con Sub especialidad Comercial de Lima dijo que, en efecto, quedó verificado que la propiedad del inmueble arrendado a la cooperativa fue transferida a la entidad financiera el 14 de julio de 2003, y que dicho antecedente hacía inexigible la obligación puesta a cobro por los arriendos impagos. Esto es, por cuanto el derecho de propiedad que ostentaba el arrendador sobre el bien inmueble se ha extinguió de conformidad con el numeral primero del artículo 968 del Código Civil (la propiedad se extingue por adquisición del bien por otra persona). Por último, la Corte Superior advirtió que la inexigibilidad o iliquidez de la obligación se encuentra prevista por nuestro ordenamiento procesal como causal de

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Corte Superior de Justicia de Lima-Primera Sala Civil con Sub especialidad Comercial Exp. N° 323-2005 (Data 45 000) Demandante: Luis Eduardo Caceres Mayer Demandado: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora Ltda. Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 9 de julio de 2005


contradicción al mandato ejecutivo (numeral primero del derogado artículo 700 del Código Procesal Civil, replicado hoy en el primer numeral del artículo 690-D de la misma norma). Por lo señalado, la Sala Superior confirmó la sentencia apelada, declarando fundada la contradicción e infundada la demanda.

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NO CONSTITUYE CLÁUSULA PENAL ESTIPULACIÓN DE TRIPLICACIÓN DE LA RENTA EN CASO DE QUE EL ARRENDAMIENTO SE VUELVA INDETERMINADO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3098-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Del Coral Sociedad Anónima Demandado: Mapfre Compañía de Seguros y Reaseguros Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 6 de febrero de 2002

En el presente caso se interpuso una demanda sobre obligación de dar suma de dinero contra una empresa, en calidad de fiadora, por supuestamente no haber pagado esta la penalidad convenida en el contrato de arrendamiento. La arrendadora dijo en su demanda que vencido el plazo del contrato (31 de diciembre de 1996), la arrendataria continuaba ocupando el inmueble, habiendo pagado la merced conductiva hasta el mes de agosto de 1998, por el importe de US $ 2,781 dólares mensuales. No obstante, en el contrato celebrado las partes contratantes convinieron que si el contrato se llegaba a transformar en uno de arrendamiento a plazo indeterminado, la renta mensual quedaba aumentada automáticamente en un 300% anual, pero lo que en los hechos no se dio. En la sentencia de primera instancia se declaró fundada la demanda, fallo que fue confirmado por la Sala Civil para Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por ese motivo, la empresa demandada interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por las causales contempladas en los incisos primero y segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil antes de su modificatoria por la Ley N° 29364, en los siguientes términos: a. Inaplicación del artículo 1868 del Código Civil, porque según la demandada, a nivel académico se consideraba como la característica más saltante de la fianza, la accesoriedad y esta no podía exceder la obligación del deudor principal. En tal sentido, la extinción de la obligación principal conllevaba la extinción de la fianza, por lo que al pretenderse cobrarse

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dos penalidades en un solo proceso se vulnera el dispositivo señalado. Asimismo, se alegó la fianza debe interpretarse de manera restrictiva, por lo que en todo caso la demandada hubiera estado obligada al pago de una sola penalidad. b. La interpretación errónea del artículo 1700 del código sustantivo, porque la ley señala que al vencimiento de un contrato de plazo determinado se dan las siguientes situaciones de aplicación supletoria: i. que la renta continúe por el mismo monto anterior, posibilidad prevista por la ley; que además señala que no hay renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento bajo las mismas estipulaciones; y, ii. que se exija la devolución del inmueble, lo cual podía pedirse en cualquier momento; por lo que podía darse la circunstancia de que en el supuesto de vencido el contrato, ambas partes contratantes continúen pacíficamente sus obligaciones. Y, en el caso, según la demandada, durante veintinueve meses la arrendataria pagó la renta pactada en el contrato inicial. c. La interpretación errónea del artículo 1704 del Código Civil, porque los contratos de duración determinada continúan según sus mismas estipulaciones más allá del plazo originalmente previsto por las partes, por lo que dichos contratos perduran hasta que el arrendatario solicite la devolución del bien o los de por concluidos. Para la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, sin embargo, habiéndose convertido el contrato de arrendamiento en uno de plazo indeterminado, la arrendadora aceptó que solo se pagara la renta original de US $ 2,781 dólares, lo que también mereció la aceptación de la arrendataria al abonar dicha merced conductiva. En tal sentido, hubo una manifestación de voluntad de las dos partes para que solo se abone dicha renta y no el triple de ello, lo que importaba la aplicación del artículo 1700° del Código Civil. Asimismo, la Corte Suprema consideró que no constituía una penalidad el pactó por de aumento de la renta en caso de la variación del plazo del contrato, sino que era simplemente una de las condiciones de dicho contrato. Y es que, a su criterio, las obligaciones con cláusula

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3098-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Del Coral Sociedad Anónima Demandado: Mapfre Compañía de Seguros y Reaseguros Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 6 de febrero de 2002


penal requieren que se pacte el pago de una penalidad establecida de acuerdo a lo que dispone el artículo 1341 del Código Civil. Sin embargo, en las cláusulas quinta y décimo cuarta del contrato de arrendamiento no existía una cláusula penal configurada, ni la obligación de pagar una penalidad, sino un convenio sobre una nueva merced conductiva. En tal sentido, al no existir una penalidad convenida, para la Corte Suprema la arrendataria solo estaba obligada a pagar al vencimiento del contrato una prestación igual a la renta del periodo precedente hasta la devolución efectiva del bien, conforme al artículo 1704 del Código Sustantivo. La Corte Suprema también invocó el artículo 1868 del Código Civil, el cual define que en la fianza, y señaló que si el arrendatario solo estaba obligado a pagar el importe de la renta mensual de US $ 2,781 dólares, su fiador solo estaba obligado a cumplir dicha prestación, que no fue objeto de la demanda, y no la penalidad demandada. Por lo tanto, habría existido una interpretación errónea de los artículos 1700 y 1704 del Código Civil y la inaplicación del artículo 1868. Se declaró entonces fundado el recurso de casación.

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ARTÍCULO 1700 DEL CÓDIGO CIVIL NO PROHIBE QUE LAS PARTES RENUEVEN CONVENCIONALMENTE EL ARRENDAMIENTO A SU VENCIMIENTO

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema Cas. N° 1890-2000-Lima (Data 45 000) Demandante: Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana Demandado: J&V Joyeros Sociedad de Responsabilidad Limitada Asunto: Desalojo Fecha: 17 de octubre de 2000

El 23 de febrero de 1998 una entidad arrendó un bien inmueble a una empresa, contrato que formalmente vencía el 1° de diciembre del mismo año. Tiempo después, la entidad arrendadora interpuso una demanda de desalojo por vencimiento del plazo del contrato, solicitando se le restituya la posesión del bien. La arrendataria contestó la demanda contradiciéndola, afirmando que las partes habían convenido ampliar indeterminadamente el plazo de duración del contrato de arrendamiento, en razón de que con su arrendadora había suscrito un compromiso transaccional de pago (el 24 de mayo de 1999) por el cual se reconocía una deuda por concepto de arrendamiento, comprometiéndose el arrendatario a pagar la deuda en forma escalonada hasta el 25 de mayo de 2000, conjuntamente con la renta del mes de junio del dicho año.

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Visto el caso en primera instancia, se declaró infundada la demanda. Sin embargo, la Primera Sala Civil Sub Especializada en Procesos Sumarísimos y No Contenciosos de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la sentencia apelada; y, reformándola, declaró fundada la demanda. La sentencia de vista consideraba que lo alegado por la arrendataria buscaba cuestionar el pago de la renta convenida y no la vigencia del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, amparándose la demanda en aplicación el artículo 1700° del Código Sustantivo, pues al haber vencido el plazo de duración estipulado por las partes no debía entenderse que existía renovación tácita sino la continuación del arrendamiento. La arrendataria interpuso, entonces, recurso de casación, el cual fue declarado procedente por aplicación indebida del artículo 1700 del Código Civil. Argumentó la impugnante que si bien la norma referida preceptúa que al permanecer el inquilino permanece en el bien arrendado no se entiende que hay renovación tácita; sin embargo, el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes quedo renovado por el documento transaccional mediante el cual se estipulaba un cronograma de pagos. En línea con esta argumentación, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República consideró que el hecho de que el artículo 1700 del Código Civil señale que no hay renovación tácita cuando el arrendatario queda en posesión tras el vencimiento del contrato, ello no implicaba que este último mismo no pueda ser renovado o que pueda pactarse otro contrato con distintas estipulaciones entre las partes. Esto es, que no debe entenderse de la norma que no cabe pactarse la renovación en estos casos, sino tan solo que en caso de falta de acuerdo, y de prolongarse la presencia del arrendatario, debe entenderse la continuación del arrendamiento bajo sus mismas estipulaciones hasta que se solicite la restitución del bien arrendado. Por tales motivos, se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la empresa demandada y nula la sentencia de vista.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema Cas. N° 1890-2000-Lima (Data 45 000) Demandante: Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana Demandado: J&V Joyeros Sociedad de Responsabilidad Limitada Asunto: Desalojo Fecha: 17 de octubre de 2000


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PENALIDAD FIJADA EN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO PUEDE EXIGIRSE EN VÍA DE EJECUCIÓN

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2620-2002-La Libertad (Data 45 000) Demandante: Inmobiliaria Metropolitana Sociedad Anónima Demandado: Víctor García Miraño Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 15 de enero de 2003

Una empresa inmobiliaria interpuso en vía ejecutiva una demanda sobre obligación de dar suma de dinero contra su arrendatario. En el petitorio de su demanda señaló que el arrendatario debía cumplir con pagarle, en primer lugar, la suma de S/. 14,710.00 nuevos soles por concepto de merced conductiva correspondiente al mes de diciembre del año 1997 y, de otro lado, la penalidad convenida por la no entrega del bien a la finalización del contrato de arrendamiento. Al contestar la demanda, el arrendatario cuestionó particularmente el cobro de la penalidad contenida en el contrato de arrendamiento, alegando que no había quedado sido probada su existencia, por existir un cuestionamiento sobre el citado contrato. La sentencia en primera instancia, sin embargo, no dio valor a los argumentos del demandado y declaró fundada la demanda, sentido similar en el que se pronunicó la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad al confirmar la sentencia en vía de apelación. El arrendatario interpuso, entonces, recurso de casación contra el fallo de vista, el cual fue declarado procedente por la causal prevista en el numeral segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil antes de su modificatoria por la Ley N° 29364. Coomo argumento sustentario se planteó la inaplicación el artículo 1704 del Código Civil, que establece que el arrendador tiene la facultad de cobrar la penalidad convenida o en su defecto una prestación igual a la renta del periodo precedente hasta la devolución efectiva del bien. En tal sentido, según el arrendatario, al estar cuestionado el pacto de la penalidad por haber sido cuestionado el contrato, debía aplicarse el cobro de una prestación igual a la renta del periodo precedente, tal como se señalaba en la última parte del artículo en cuestión. Para la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República que conoció la casación planteada, era pertinente de aplicar en el caso el artículo 1704 del Código Civil, por cuanto del contenido de este dispositivo se advierte que el concepto de la penalidad no tiene mérito ejecutivo. Vale decir, que los cuestionamientos que se hacen al respecto deben ser analizados en un

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proceso más lato, y no en un proceso ejecutivo, que se caracteriza por ser breve, efectivo y coactivo. En esa línea, la Corte Suprema dejó a salvo el derecho de la arrendadora para que haga efectivo el cobro de la penalidad convenida en la vía correspondiente; más aún, si se tiene en cuenta que el numeral sexto original del hoy derogado artículo 693° del Código Procesal Civil señalaba que constituye título ejecutivo el instrumento impago de renta de arrendamiento, siempre que el arrendatario se encuentre en uso del bien. En este sentido, se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el arrendatario, declarándose nula la sentencia de vista.

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REQUERIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DEL BIEN NO IMPORTA UN NUEVO VENCIMIENTO (PUES EL CONTRATO YA HA VENCIDO) SINO LA CONCLUSIÓN DEL ARRENDAMIENTO

La Sala Civil de la Corte Superior del Callao revocó una sentencia emitida en primera instancia que declaraba fundada una demanda desalojo por vencimiento de contrato. La arrendadora interpuso por ende recurso de casación, el cual fue declarado procedente por las causales de interpretación errónea e inaplicación de una norma de derecho material. Según la empresa recurrente se había interpretado erróneamente el artículo 1700 del Código Civil, pues la Corte Superior consideró que cuando vencía el plazo de un contrato de arrendamiento pactado a plazo determinado se producía la conversión de dicho contrato en uno de plazo indeterminado, haciéndose necesaria una declaración judicial o extrajudicial de vencimiento de dicho contrato. Según la recurrente, se confundía de esta manera dicha declaración (judicial o extrajudicial) con el requerimiento de devolución del bien. De acuerdo con la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, el vencimiento, conclusión y fenecimiento del contrato de arrendamiento no tiene relación con el requerimiento de devolución del bien que realiza el arrendador. La interpretación correcta de la norma, entonces, consistiría en afirmar que habiendo vencido y por lo tanto concluido el referido

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2755-2002-Callao (Data 45 000) Demandante: Lima Airport Partners Sociedad de Responsabilidad Limitada Demandado: AMT Representaciones Sociedad de Responsabilidad Limitada Asunto: Desalojo Fecha: 7 de junio de 2004



contrato de arrendamiento y no habiendo sido devuelto el bien, existe una situación de hecho en la que rigen las estipulaciones del arrendamiento con la finalidad de que dicha posesión se encuentre regulada, hasta que se solicite la devolución del bien. En tal sentido, según la Corte Suprema, conforme al artículo 1700 del Código Civil el arrendamiento de duración determinada concluiría al vencimiento del plazo establecido por las partes, sin que sea necesario aviso previo de ninguna de ellas; pero pudiéndose dar el caso de que vencido el plazo del contrato el arrendatario permanezca en el uso del bien arrendado. En esta hipótesis, en aplicación del artículo 1700 señala, no hay renovación tácita sino la continuación del arrendamiento bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador solicite su devolución, la cual puede pedir en cualquier momento. Esto es, el arrendamiento continuará como uno de duración indeterminada al que se le pone fin dando aviso judicial o extrajudicial al otro contratante. De este razonamiento, la Corte Suprema infiere que el artículo 1700 debe entenderse en el sentido de que luego de haber vencido el plazo de un contrato de arrendamiento, se da la continuación de dicho acto bajo sus mismas estipulaciones, mas no el surgimiento de una nueva relación contractual, ya que ello requeriría el consentimiento de las partes contratantes, situación que se extenderá hasta la solicitud de devolución por parte del arrendador; ya que la intención del legislador con dicha norma habría sido evitar que el derecho del arrendador se vea desprotegido. Como conclusión de ello, el requerimiento de devolución solicitado por el arrendador no importaría un nuevo vencimiento (pues el contrato ya había vencido) sino la conclusión del arrendamiento, tornándose en uno indeterminado debido a la permanencia del arrendatario en el inmueble. Por ello, para la Corte Suprema resultaba errónea la interpretación del Colegiado Superior al considerar que con tal requerimiento se producía el vencimiento del contrato y, en consecuencia, la demandada pasaba a la condición de precaria. La Corte Suprema agregó que además resultaba equivocada la conclusión del Colegiado cuando señaló que la empresa demandada era una ocupante precaria, porque la persona que fue arrendataria no puede luego ser

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considerada precaria desde que su permanencia supone un vínculo indeterminado; además, de que siempre existe la posibilidad de exigirle el pago de renta hasta la devolución efectiva del bien, conforme establece el artículo 1700 del acotado Código Sustantivo, supuesto que no ocurre en el caso de un ocupante precario. En consecuencia, para la Corte Suprema se configuró el error in iudicando del Colegiado al interpretar erróneamente el acotado numeral 1700. Respecto a la causal de inaplicación de normas de derecho material, la impugnante denunció la inaplicación del artículo 1699° del Código Civil, según el cual, el arrendamiento de duración determinada concluye al vencimiento del plazo establecido por las partes, sin que sea necesario aviso previo de ninguna de ellas. Ello porque en este caso el contrato celebrado con la demandada fue uno a plazo determinado que vencía en la fecha señalada en la demanda. Al respecto, la Corte Suprema precisó que el artículo 1699 del Código Civil regula la forma de conclusión del contrato de arrendamiento de duración determinada, es decir, cuando haya vencido el plazo establecido o acordado por la partes; en tanto que el caso analizado versaba sobre un contrato convertido en indeterminado al que se le puso fin. De este modo, la aplicación del citado artículo 1699° no resultaba pertinente a fin de resolver la controversia y modificar lo resuelto por el Colegiado. Para la Corte Suprema debe tenerse en cuenta que si bien el contrato de arrendamiento materia de litis concluyó en la fecha pactada, sin embargo el arrendatario permaneció posteriormente al vencimiento en el inmueble, lo cual si bien no da surgimiento a una nueva relación contractual sí implica la continuación del acto bajo sus mismas estipulaciones, tornándose en un contrato de arrendamiento de duración indeterminada. En este caso, entonces, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1703° del Código Civil, el arrendador puede exigir la devolución judicial o extrajudicial del bien, por lo que resultaban aplicables las normas referidas al contrato de duración indeterminada y no como proponía la demandante, lo previsto por el artículo 1699 del Código Civil.

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Finalmente, se declaró fundado el recurso de casación interpuesto, confirmándose así la sentencia de primera instancia.

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SUMAS COBRADAS POR ARRENDAMIENTO QUE SE VOLVIÓ INDETERMINADO SIGUEN CONSIDERÁNDOSE RENTA

Corte Superior de Justicia de Lima–Primera Sala Civil con Sub especialidad Comercial Exp. N° 1238-2005-Lima (Data 45 000) Demandante: Carmen Toguchi de Nakada Demandado: Guillermo Enrique Paredes Vaudenay y Flor de María Yataco Siche Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 30 de noviembre de 2005

Se interpuso demanda de obligación de dar suma de dinero con el fin de que el arrendatario le pague al accionante la deuda correspondiente al arrendamiento de un bien, por las rentas generas una vez vencido el plazo contractual determinado. Para el demandado, el cobro no procedía conforme a los solicitado, vale decir, en vía de ejecución, pues habiendo vencido el periodo contractual del arrendamiento no podía considerarse “renta” a las obligaciones debidas por la posesión del bien tras dicho vencimiento. Con fecha 12 de julio de 2005, se emitió la sentencia de primera instancia, la cual declaró improcedente la demanda. En tal sentido, la demandante interpuso recurso de apelación, invocando la interpretación errónea de los artículos 1700° y 1704° del Código Civil. La demandante precisó que no obstante desprenderse de la sentencia apelada la invocación tácita de lo dispuesto en el artículo 1700° del Código Civil, este dispositivo habría sido interpretado de manera contraria a su sentido real, debido a que dicha norma estipula que si vence el contrato de arrendamiento con duración determinada y el arrendatario continúa en posesión del bien, continúa el arrendamiento bajo sus mismas condiciones. Así, entonces, continuando los ejecutados en posesión del bien, se debía entender que ello era bajo las mismas condiciones pactadas en el arrendamiento, condiciones de las que surge precisamente la obligación de pagar la renta pactada. Lo contrario, según la demandante apelante, sería atentar contra el derecho legítimo del acreedor respecto de su expectativa sobre el inmueble arrendado. La Corte Superior de Justicia de Lima observa que, en efecto, para el a quo las sumas puestas a cobro no tienen la calidad jurídica de renta, motivo por el cual no era posible realizar su cobro haciendo uso de la vía ejecutiva. Pero también toma en cuenta lo regulado en el artículo 1700 del Código Civil, y como, para ella, no se

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CONTRATOS

acreditó en el proceso que la arrendadora haya solicitado la devolución del bien materia del contrato, resultaba de aplicación el artículo 1700 citado en el sentido planteado por el apelante y no el 1704 señalado por la sentencia recurrida, motivo por el cual las sumas solicitadas debían ser consideradas renta impaga. En ese sentido, la Corte revocó la sentencia apelada, y reformándola declaró fundada la demanda, ordenándole pagar a los demandados la suma adeudada por concepto de renta impaga.

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Corte Superior de Justicia de Lima–Primera Sala Civil con Sub especialidad Comercial Exp. N° 1238-2005-Lima (Data 45 000) Demandante: Carmen Toguchi de Nakada Demandado: Guillermo Enrique Paredes Vaudenay y Flor de María Yataco Siche Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 30 de noviembre de 2005

COMODATO

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EL COMODATO PUEDE VERSE LIMITADO POR ALGUNA DE LAS MODALIDADES DEL ACTO JURÍDICO COMO EL CARGO

Un agente interpuso demanda de desalojo por conclusión de comodato, respecto de un área de terreno de cinco hectáreas, sosteniendo haber entregado dicho bien al demandado (quien era su yerno) en el año 1995, a efectos de que lo labore y pueda dar sostenimiento a su nieta. Agregó que a pesar de haber dado inicio a la siembra, el demandado incumplió con su obligación de dar manutención a la referida menor, extendiéndose además en un uso mayor al área concedida, razón por la que le remitió una carta notarial dando fin al comodato. Por su parte, el demandado contesta la demanda argumentando que es falso que el demandante le haya cedido en comodato el terreno mencionado, toda vez que el terreno que ocupaba tenía una extensión de quince (15) hectáreas y que el área que el demandante aduce como suya la adquirió el demandado mediante un contrato de compraventa en el año 1983. El 7 de julio de 2004 se expidió sentencia de primera instancia, la cual declaró fundada la demanda sobre desalojo por conclusión de comodato. Este fallo además fue confirmado en vía de apelación por la Corte Superior de San Martín confirmó la sentencia apelada. El demandado interpuso, entonces, recurso de apelación, el cual fue declarado procedente por la causal del inciso segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil antes de su modificatoria por la Ley N° 29364, denunciándose como agravio: a. La inaplicación del artículo 1605 del Código Civil (prueba y formalidad del suministro, aplicable al comodato por remisión del artículo 1730), argumentándose que no se había acreditado la existencia de comodato.

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Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República Cas. N° 1104-2005-San Martín (Data 45 000) Demandante: Miguel Gutiérrez Navarro Demandado: Wilson Saavedra Pandero Asunto: Desalojo Fecha: 9 de junio de 2006


Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República Cas. N° 1104-2005-San Martín (Data 45 000) Demandante: Miguel Gutiérrez Navarro Demandado: Wilson Saavedra Pandero Asunto: Desalojo Fecha: 9 de junio de 2006

b. La inaplicación del artículo 912 del Código Civil (sobre la presunción de propiedad), expresándose que al encontrarse probada la calidad de propietario del demandado, sería aplicable la presunción contenida en la dicha norma. Sobre el particular, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema señaló que si bien conforme al artículo 1728 del Código Civil, por el contrato de comodato el comodante se obliga a entregar gratuitamente al comodatario un bien no consumible, para que lo use por cierto tiempo o para cierto fin y luego lo devuelva; no obstante, la liberalidad que caracteriza esta figura contractual puede verse limitada por alguna de las modalidades del acto jurídico, tales como el cargo, caso en el que el comodatario se obliga a realizar un hecho, ya sea un determinado uso de la cosa dada o una prestación de índole pecuniaria, a favor de quien le transmitió el derecho o de un tercero, sin constituir ello una prestación. La Corte Suprema invocó también el artículo 1730 del Código Civil, precisando que la existencia y contenido del comodato podía probarse por cualesquiera de los medios que permita la ley, pero si se hubiera celebrado por escrito, el mérito del instrumento respectivo prevalecerá sobre todos los otros medios probatorios. En tal sentido, asumiendo los fundamentos de la sentencia de vista, y sobre la base de la contrastación de la prueba aportada y actuada en el proceso, la Sala Suprema confirmó la condición de comodatario del demandante, al acreditarse que el demandado detentaba un área de terreno de aproximadamente seis hectáreas, de propiedad del demandante, conforme se determinó en una inspección judicial y en una declaración testimonial; habiéndose consensualmente contratado la obligación (finalmente incumplida) de otorgar manutención a la menor hija referida, lo cual constituía en esencia un cargo o modalidad del acto jurídico. Por dichas razones, la Sala Suprema declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el demandado.

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LOCACIÓN DE SERVICIOS

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LOCADOR NO COBRA HONORARIOS PORQUE NO CULMINÓ DE REALIZAR EL SERVICIO

Un abogado interpone demanda de cobro de honorarios profesionales provieniente del de un contrato de locación de servicios del que se advierte que las partes pactaron un honorario mensual de trescientos nuevos soles y un honorario de éxito del diez por ciento de la cantidad recuperada sea en transacción o culminación del proceso. El demandado al absolver el traslado de la demanda desconoce la obligación requerida por el demandante, sustentando su defensa en que la defensa prestada por el actor se limitó a la presentación de la demanda, por lo que no existe obligación de su parte de pagarle los honorarios pactados La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia quien ordena que el demandado, cumpla con pagar al accionante, por concepto de honorarios profesionales la suma de diecisiete mil dólares americanos. La parte demanda apela el fallo argumentando que la suma fijada resulta exorbitante, teniendo en cuenta que el demandante solo se limitó a formular la demanda, mas no continuó con el proceso, ni intervino en la transacción, pues como se aprecia del documento que contiene dicho acto, en él no intervino el demandante. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima revocó la sentencia apelada en el extremo que ordena el pago de la suma de diecisiete mil dólares americanos y, reformándola, declararó infundada la demanda en el extremo que pretende el pago de los honorarios de éxito argumentando que toda vez que el contrato de servicios profesionales, conforme a lo previsto en el artículo 1774 del Código Civil, es bilateral sinalagmático y de prestaciones recíprocas, le es aplicable el principio general de estos contratos, referido a que si una de las partes no cumple con la suya, no puede compelir a

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Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 00-24056-728 (Data 45 000) Demandante: Rolando Matsutaro Oda Robles Demandada: Justo Román Velásquez Arnao Asunto: Cobro de honorarios profesionales Fecha: 27 de noviembre de 2001


Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 00-24056-728 (Data 45 000) Demandante: Rolando Matsutaro Oda Robles Demandada: Justo Román Velásquez Arnao Asunto: Cobro de honorarios profesionales Fecha: 27 de noviembre de 2001

la otra el cumplimiento de las de su cargo. Siendo que en el caso de autos, del expediente acompañado se advierte que la última actuación profesional del demandante en la defensa del ahora demandado, fue la de un escrito que es anterior a la absolución de la demanda presentada, no apareciendo otra intervención; por lo que de las pruebas actuadas se concluye que la asesoría del demandante, solo se realizó hasta el mes de diciembre de mil novecientos noventinueve, consecuentemente, en virtud de la bilateralidad que caracterizan este tipo de contratos, solo existe obligación por parte del demandado de abonar los servicios hasta esa fecha. Respecto al pago de los honorarios de éxito, la Corte Superior establece que el demandante no ha acreditado con prueba alguna que la transacción celebrada por las partes en el proceso de resolución de contrato y otros, haya sido el resultado de la estrategia de defensa formulada por su parte, ahondando en esta conclusión, el hecho que con posterioridad a dicho acto, el demandante no tuvo intervención alguna en el proceso y la misma fuera presentada por otros letrados. Así concluye que no habiéndose acreditado el cumplimiento por parte del demandante de las prestaciones a su cargo, no existe obligación por parte del demandado en virtud de lo previsto en el artículo mil 1774 del Código Civil, de pagar la retribución convenida.

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CONTRATO DE DEPÓSITO

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CÓNYUGE SUPÉRSTITE DE DEPOSITARIO FALLECIDO ES OBLIGADA A DEVOLVER EL BIEN

Una persona interpone demandante de Obligación de dar bienes muebles con la finalidad de que se le entreguen los bienes muebles que fueron dejados en el año mil novecientos ochentitrés, en calidad de depósito, al depositario quien falleciera el catorce de febrero de mil novecientos noventicuatro. En contraposición, la demandada en calidad de cónyuge supérstite del mencionado depositario viene argumentando que los bienes que una persona recibe en depósito no son transmisibles a sus sucesores porque no son bienes de propiedad del causante; sino son bienes de propiedad del depositante y naturalmente resulta imposible transmitir por herencia la propiedad ajena, razón por la cual no se encuentra en la obligación de restituir bien alguno La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia, quien ordenó que la demandada cumpla con entregar al demandante, los bienes muebles detallados en la referida demanda. La demandante impugnó el fallo siendo que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Justicia de Tacna y Moquegua confirma la demanda. La parte demandada interpone recurso de casación argumentando a) La interpretación errónea del artículo 670 del Código Civil, que establece que: “Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se trasmiten a sus sucesores”, en la medida en que esta norma ha sido interpretada por el Juzgador, tanto de Primera como de Segunda Instancia, erróneamente, como que la obligación del depositario de devolver los bienes que se le dio en depósito al depositante es una obligación que forma parte de la herencia, y no es así, dado que los bienes que una persona recibe en depósito no

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1740-2003-Lima El Peruano, 02/08/2004 (Data 45 000) Demandante: Federico Talavera Gonzales Demandada: Dora Enriqueta Portell Antuña Viuda de Nugent Fecha: 7 de abril de 2004



son transmisibles a los sucesores, porque no son bienes de propiedad del causante, son bienes de propiedad del depositante y naturalmente es imposible transmitir por herencia la propiedad ajena; por consiguiente, esta norma debió ser adecuadamente interpretada en el sentido de que la obligación del depositario de devolver al depositante los bienes que recibe en depósito no forma parte de la herencia, consiguientemente, no existe obligación alguna de parte del heredero de devolver lo que no recibió, por no ser de propiedad del causante, b) La inaplicación del artículo 1814 del Código Civil, que establece que “por el depósito voluntario el depositario se obliga a recibir un bien para custodiarlo y devolverlo cuando lo solicite el depositante”, al respecto, sostiene la recurrente que si se hubiese aplicado esta norma, entonces se habría tenido en cuenta que solo constituyen la herencia las obligaciones que pueden ser materia de sucesión, que no son de carácter personal, es decir, solo aquellas que pueden ser y considerarse satisfechas o cumplidas a plenitud por una prestación ejecutada por el propio obligado, tal es el caso de lo que sucede con el depositario. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo que si bien en la doctrina se ha establecido el hecho de que el depósito termina con la muerte del depositario; sin embargo, cabe señalar que la restitución de los bienes es una obligación que puede ser materia de sucesión de los herederos del depositario, toda vez que, conforme a lo anotado precedentemente, el depósito es un contrato básicamente inspirado en el interés del depositante, quien incluso, puede pedir la restitución del bien en el momento que lo desee. Esta regla funciona, incluso, en la hipótesis de que el depósito tenga plazo fijo, pues el derecho a la restitución prematura por parte del depositante es inherente a la naturaleza del contrato y solo dejaría de operar si, en función de determinadas razones, haya sido celebrado igualmente o fundamentalmente en interés del depositario o de un tercero, según se explica con mayor detalle al examinar el artículo 1830 del Código Civil. Lo antes expuesto, se encuentra corroborado al efectuarse una interpretación extensiva del artículo mil ochocientos treinticinco de nuestro Código sustantivo que establece que en caso de que el depositario devenga en incapaz la persona que asume la

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CONTRATOS

administración de sus bienes procederá de inmediato a la restitución del bien; así como al efectuarse una interpretación contrario sensu del artículo mil ochocientos cuarentitrés del Código Civil establece que el heredero del depositario que enajena el bien ignorando que estaba en depósito, solo debe restituir lo que hubiese recibido o ceder sus derechos contra el adquiriente, en caso que el valor no le hubiese sido entregado. Sétimo: Bajo dicho contexto, las instancias de mérito han establecido correctamente que la recurrente se encuentra en la obligación de restituir los bienes dejados en depósito a su cónyuge pre muerto; bienes cuya existencia –han establecido las instancias inferiores– se ha constatado en el acta de inspección ocular

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CONTRATO DE FIANZA

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CONTRATO REDACTADO POR EL BENEFICIARIO DE LA FIANZA ES INTERPRETADO A FAVOR DEL FIADOR

Una entidad financiera interpone demanda de obligación de dar suma de dinero contra una empresa y contra sus fiadores solidarios con la finalidad de que se le pague la suma de treintiocho mil ciento treintiocho dólares con veinte centavos por concepto de veintiún letras en descuento; veinte mil novecientos ocho y diez mil novecientos veintiséis punto setenticuatro dólares por concepto de treintiséis facturas, toda vez que tales obligaciones están garantizadas con la fianza solidaria La emprea fue ha declarada rebelde y los codemandados por recurso de fojas ciento cuarentiséis la absuelven, solicitando que se declare infundada la demanda; por cuanto, lo que han afianzado son las obligaciones provenientes de los créditos de importación, mas no letras en descuento u operaciones de factoring, por tanto dichas obligaciones no le alcanzan. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La demandante impugnó el fallo siendo que la Sala Civil de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Lima confirma la sentencia en cuanto declara Fundada la demanda y la revoca en cuanto se declaraba infundada en el extremo del pago de veinte mil novecientos ocho nuevos soles con setentisiete centavos y diez mil novecientos veintiséis dólares con setenticuatro centavos y, reformándola, la declara la fundada. También la confirma en cuanto declara Infundada la demanda respecto de los codemandados. La Sala Civil invocan como sustento: que, tratándose de documentos pre-impresos, donde se señala con indubitable los conceptos contratados, no apareciendo en el resto ninguna aclaración o añadido que pueda hacer llegar a una conclusión distinta, resulta de aplicación el artículo 1873 del Código Civil; ergo no alcanza responsabilidad a los “fiadores solidarios” respecto de esta obligación mas sí a los deudores principales.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2944-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco Standard Chartered Demandada: Laura Castañón Arias y otro Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 13 de febrero de 2002


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2944-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Banco Standard Chartered Demandada: Laura Castañón Arias y otro Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 13 de febrero de 2002

El parte demandante interpone recurso de casación alegando la inaplicación del artículo 178, 179, 170 y 1361 del Código Civil. Sosteniendo que los documentos que contiene la fianza debieron ser interpretados adecuadamente en base a una interpretación objetiva, sistemática, finalista y de acuerdo a los principios de obligatoriedad del contrato, que las cláusulas de las fianzas respaldan no solo los créditos documentarios de importación sino las otras obligaciones que de manera directa o indirecta asuma el fiado La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo las obligaciones que demanda la accionante se sustentan en letras en descuento, y facturas derivadas de operaciones de factoring, obligaciones que pese a existir en los contratos referidos no han sido asumidos por los fiadores al no haber marcado el rubro correspondiente; al respecto el artículo 1873 del Código Civil ilustra sobre los límites de la fianza, solo queda obligado el fiador por aquello a que expresamente se hubiese comprometido. A mayor abundamiento el 1353 del Código Civil señala que todos los contratos de derecho privado incluso los innominados, quedan sometidos a las reglas generales contractuales, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato, de lo que se evidencia que las normas denunciadas por el impugnante artículo 178, 179, 170 y 1361 del Código Civil referidas a la interpretación de los actos jurídicos y obligatoriedad de los contratos no son aplicables al caso sub materia, porque el libro sétimo, título décimo del Código Civil regula expresamente los alcances del contrato de fianza, que se sustenta en el principio de literalidad, lo que se reconoce como el derecho incorporado al título, “todo lo que el título vale y representa está indicado en él, nadie puede reclamar mayores derechos que aquellos indicados en su tenor literal. Además es pertinente la invocación del artículo 1401 del Código Civil que señala cuando los formularios son redactados por una de las partes se interpretan en caso de duda, a favor de la otra, en el caso submateria a favor del fiador”.

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Capítulo 9

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

DAÑO MORAL

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NO SE ENTIENDE VALORIZADO CORRECTAMENTE EL DAÑO MORAL PORQUE EL JUEZ SE EXPRESÓ EN TÉRMINOS GENÉRICOS

Una empresa interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el Banco de Crédito del Perú por haberle demandado en el proceso sobre pago de dólares, que inició dicho banco contra una persona y contra ella señalando que se le causó daños de carácter patrimonial y no patrimonial porque el referido proceso fue iniciado con base en un documento falsificado y suscrito supuestamente por una persona que no ejercía su representación. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia. La parte demandada impugnó el fallo siendo que la Segunda Sala Mixta Descentralizada de Chincha confirma la sentencia apelada y declara Fundada en parte la demanda ordenando que la entidad demandada pague al actor la cantidad de ciento cincuenta mil nuevos soles, por concepto de indemnización por daños y perjuicios. Fundamente su decisión básicamente en consideraciones respecto de la existencia de una actuación dolosa por parte del banco al proceder a demandar a la empresa con un documento falsificado y suscrito supuestamente por una persona que no ejercía su representación. La parte demandada interpone recurso de casación por la causal prevista en el inciso tercero del artículo 386 del Código Procesal Civil, sobre contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, al sostenerse que la Sala Mixta al hacer suyos los fundamentos de la sentencia de primera instancia, no lo hace demostrando las reglas de la sana crítica, habiendo solo afirmaciones dogmáticas y de simple corte declarativo al valor [de] la prueba reunida, pues incumple con el artículo ciento ochentiocho del Código Procesal Civil; y en el caso de autos, las instancias de mérito han incurrido en la motivación aparente de su resolución, pues su contenido considerativo se basa en afirmaciones dogmáticas que se apartan

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1542-2004Chincha. El Peruano, 01/06/2006 (Data 45 000) Demandante: Empresa de Servicios Turísticos “Hostal Carletti” SRL Demandado: Banco de Crédito del Perú Sucursal Chincha Asunto: Indemnización por daños y perjuicios Fecha: 20 de setiembre de 2005


de las pruebas reunidas que no reflejan una adecuada valoración de los medios probatorios, vulnerando con ello, además, el principio de motivación de las resoluciones judiciales que ha sido recogido por el inciso quinto del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación exponiendo que las instancias de mérito no han expresado mayores fundamentos respecto de la prueba del daño causado a la demandante así como a la relación de causalidad entre la acción imputada y el evento dañoso, habiéndose limitado a fijar el monto de la indemnización, sin expresar mayores consideraciones respecto de los medios probatorios que acreditarían el daño patrimonial y no patrimonial a efectos de fijarse dicho quantum indemnizatorio. Continúa exponiendo que, si bien la existencia de un daño moral constituye un daño de carácter no patrimonial que resulta difícil cuantificarlo, le corresponde al juez valorar equitativamente dicho concepto expresando su valoración razonada al respecto de acuerdo a los principios de la sana crítica, extremo que no aparece haber sido examinado por las instancias de mérito que se han limitado a invocar el artículo 1984 del Código Civil, respecto del daño moral señalando conceptos genéricos sin entrar a examinar el caso concreto en cuanto a la existencia de un perjuicio. Finalmente, la Sala Suprema concluye que en el caso submateria las sentencias de mérito adolecen de una adecuada motivación, encerrando una motivación aparente que infringe lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 122 del Código Procesal Civil, así como lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 139 de la Constitución Política del Estado.

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MUERTE DE HIJO PRODUCE UN DAÑO MORAL EN LA MADRE

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1676-2004. (Data 45 000) Demandantes: Antonio Farfán Blanco y otra Demandada: Ingeniería Dinámica Sociedad Anónima Asunto: Indemnización por daños y perjuicios Fecha: 26 de setiembre de 2004

Dos personas han interpuesto demanda de indemnización por daños y perjuicios contra una empresa, como resultado de la muerte de su hijo, quien falleciera al efectuar el empalme simétrico en cable seco cuando desempeñaba sus labores para la empresa, imputándole esencialmente a esta que habría obligado al occiso a realizar trabajos de alta especialidad, a sabiendas que este no se encontraba preparado para realizar empalmes y conexiones eléctricas monofásicas subterráneas.

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Responsabilidad Extracontractual

La parte demandada contesta la demanda, alegando que el occiso había recibido capacitación para realizar los trabajos y que la causa principal del accidente ha sido la imprudencia de la propia víctima quien no habría tenido puesto los guantes dialéctricos para realizar el empalme, invocando a este respecto el artículo 1972 del Código Civil, en cuanto establece que en los casos del artículo 1970, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de la imprudencia de quien padece el daño. En la audiencia de conciliación, se fijaron como puntos controvertidos: a) determinar si la demandada cumplió con el pago oportuno de las normas previsionales pertinentes; b) establecer si la víctima actuó con imprudencia determinante en el accidente en el que perdió la vida; y, c) determinar la existencia de daños y perjuicios que ameriten resarcimiento del monto solicitado. El juez de la causa declaró Infundada la demanda considerando que el accidente se produjo por imprudencia determinante de la víctima para lo cual ha aplicado lo dispuesto en el artículo 1972 del Código Civil; por su parte la Sala de mérito ha revocado la apelada y declaró Fundada en parte la demanda considerando que existió concurrencia de culpa de la demandada por lo que ha aplicado lo dispuesto en el artículo 1973. La parte demandada interpone recurso de casación argumentando: a) la aplicación indebida del artículo 1973 del Código Civil, puesto que de los tres puntos controvertidos fijados, se advierte que el principal es establecer si el occiso actuó con imprudencia determinante en el accidente en el que perdió la vida, al ser esto así, el artículo 1973 del Código Civil que versa sobre la concurrencia de culpas no es aplicable al caso de autos por no guardar congruencia con el punto controvertido citado, máxime si se tiene en cuenta que tampoco ha sido alegado por la parte demandante, resultando aplicable al caso el artículo 1972 del mismo cuerpo legal, máxime si la propia Sala Revisora ha considerado que el accidente se produjo por la negligencia de la víctima; b) la interpretación errónea del artículo 1984 del Código Civil, dado que la indemnización por daño moral se mide teniendo en consideración la edad, su expectativa y proyecto de vida, condición laboral y profesional sobre todo su carga familiar; c) la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.

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La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo primero que a efectos de fijar el quantum indemnizatorio la Sala de mérito ha considerado qué en el presente caso se ha incurrido en daño moral a los padres de la víctima conforme al artículo 1984 del Código Civil, consistiendo dicho daño moral en el dolor y sufrimiento causado que debe ser apreciado teniendo en cuenta la magnitud o menoscabo producido a la víctima o a su familia de acuerdo a las circunstancias que rodean el caso así como la situación económica de las partes; habiendo en este caso la Sala de mérito fijado prudencialmente el monto de la indemnización en la que tratándose de un daño moral se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 1332 del Código Civil, en cuanto establece si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá el juez fijarlo con valoración equitativa, extremo que no aparece se hubiera infringido en el presente caso, por lo que no resulta amparable la denuncia de que la sentencia de vista no se sujete a mérito de lo actuado. Respecto al cargo de aplicación indebida del artículo 1973 del Código Civil, la Corte Suprema no aparece que se hubiera configurado dicha causal sustantiva por cuanto conforme se ha señalado anteriormente las partes del proceso se habían imputado responsabilidad a cargo de cada una de ellas, invocando cada una lo dispuesto en el artículo 1970 y 1972 del Código Civil, habiendo tenido la Sala de mérito la facultad para graduar el monto de la indemnización con base en los hechos materia de proceso y lo dispuesto en el artículo 1973 del Código Civil respecto de la concurrencia de culpas; ello en aplicación de lo previsto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil que faculta al juez a aplicar el derecho que corresponde al proceso; no constituyendo ello infracción del principio de congruencia ni aplicación indebida de una norma de derecho material.

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INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD

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PERSONA QUE EJERCE UN DERECHO NO ES RESPONSABLE POR LOS DAÑOS QUE TAL EJERCICIO PRODUZCA

Una persona interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios contra otra alegando que se ha ocasionado un daño económico a no poder contar con una herramienta de trabajo, respecto a la captura y depósito de su vehículo. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia. La parte demandante impugnó siendo que la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho revoca la apelada y declara fundada en parte la demanda de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, ordenando que el demandado abone a favor del actor un monto indemnizatorio más intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño, que se determinará en ejecución de sentencia con la designación de peritos, con costas y costos. El demandado interpone recurso de casación por la causal de inaplicación del artículo 1971, inciso 1 del Código Civil; alegando el recurrente que no existe responsabilidad indemnizatoria por cuanto los hechos que alega el actor se derivan del ejercicio regular de un derecho, dado que la captura e inmovilización del vehículo se ha efectuado en mérito de un expreso mandato judicial emitido en un proceso sobre ejecución de garantías en donde se ha buscado la satisfacción de la obligación garantizada. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación exponiendo que el artículo 1971 del Código Civil regula los supuestos en los cuales no existe responsabilidad indemnizatoria por la ausencia del requisito de la antijuricidad, tales supuestos son: el ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa y el estado de necesidad. Siendo que en el caso submateria,

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3230-00Ayacucho. El Peruano, 01/07/2001. (Data 45 000) Demandante: Félix Martínez Gutiérrez Demandado: Max Solórzano García Asunto: Indemnización de daños y perjuicios Fecha: 9 de marzo de 2001


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3230-00Ayacucho. El Peruano, 01/07/2001. (Data 45 000) Demandante: Félix Martínez Gutiérrez Demandado: Max Solórzano García Asunto: Indemnización de daños y perjuicios Fecha: 9 de marzo de 2001

se le imputa al demandado haber logrado la captura e inmovilización del vehículo de propiedad del demandante, ocasionándole un daño económico a no poder contar con una herramienta de trabajo; al respecto, debe tenerse en cuenta que la orden de captura y el depósito del vehículo emanaron de resoluciones judiciales expedidas en un proceso de ejecución de garantías, iniciado por el demandado en ejercicio regular de un derecho, con la finalidad de asegurar y satisfacer la obligación garantizada con una prenda sobre el vehículo que el propio demandante había constituido; incluso en el citado proceso de ejecución de garantías ambas instancias ampararon la demanda, lo cual también evidencia que no hubo una actitud maliciosa en la interposición de la demanda y en la solicitud de inmovilización del vehículo, máxime cuando el propio demandante no apeló oportunamente las resoluciones que ordenaban la captura y el depósito del vehículo. En consecuencia, los hechos que se le imputa al demandado se derivan del ejercicio regular de un derecho, razón por [la] que la Sala de revisión al haber revocado la apelada y declarado fundada la demanda de indemnización por responsabilidad extracontractual, ha inaplicado lo dispuesto en el artículo 1971 inciso 1 del Código Civil que establece que no hay responsabilidad cuando se actúa en el ejercicio regular de un derecho.

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RUPTURA DEL NEXO CAUSAL

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INTERVENCIÓN DE TERCERO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ATENúA RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR

Una persona y su cónyuge interponen demanda de Indemnización por responsabilidad extracontractual contra el conductor de un vehículo y contra su propietario, a fin de que abonen solidariamente la suma de noventa mil nuevos soles, más intereses legales, por los daños y perjuicios sufridos a causa del accidente de tránsito, incorporándose en el proceso a una Compañía de Seguros y Reaseguros a la persona de que era el conductor del trimóvil motorizado o mototaxi en la que se encontraban los actores al momento en que se produjo el accidente. La Sala Descentralizada Civil de Sullana, en vía de revisión, declaró fundado en parte la demanda, atribuyendo responsabilidad objetiva, en un factor contributivo, a los demandados, fijándoles como indemnización el pago solidario de un total de nueve mil nuevos soles a favor de los actores; pero señala principalmente que la responsabilidad objetiva, en su factor determinante, corresponde al tercero legitimado en su condición de conductor del trimóvil motorizado en la que eran transportados los demandantes cuando se produjo el accidente, fijándole como indemnización el pago de un total de trece mil nuevos soles. Para sustentar dicho fallo, la Sala Revisora señaló que del Informe Técnico 001-03 SIAT - DIVPOL - PNP, se llega a la conclusión de que el factor determinante proviene del conductor de trimóvil motorizado al desplazar su vehículo en sentido contrario al tránsito, sin adoptar las medidas de precaución al ingresar a una curva cerrada a una velocidad imprudente; por otro lado, señala como factor contributivo la velocidad no razonable en la que viajaba el conductor de la camioneta rural. De otro lado, del Informe 001-04-JEFSAL-PIU/PM-PNP-SU, donde se expresa el resultado del dosaje etílico practicado al demandante, que arroja positivo por cero punto diez

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3678-2006-Piura. (Diálogo con la Jurisprudencia N°133, febrero 2008) Demandantes: Daniel Aguilar Santisteban y otra Demandados: Teodolfredo Hidalgo Ruis y otros Asunto: Indemnización de daños y perjuicios Fecha: 29 de mayo de 2006


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3678-2006-Piura. (Diálogo con la Jurisprudencia N°133, febrero 2008) Demandantes: Daniel Aguilar Santisteban y otra Demandados: Teodolfredo Hidalgo Ruis y otros Asunto: Indemnización de daños y perjuicios Fecha: 29 de mayo de 2006

gramos de alcohol por litro de sangre, permite concluir que la condición de dicho demandado contribuyó en parte en la producción del accidente. De esta manera, la sala superior concluye que se está frente a un caso de concurrencia causal o con causa, pues el actuar negligente del demandado concurrió o cooperó parcialmente en la producción del evento dañoso, ocasionado principalmente por el autor directo. Tanto la parte demandante como la demandada interponen recurso de casación. Los demandantes Invocan las causales de: i) Interpretación errónea del artículo 1970 del Código Civil; y, ii) Contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, expresando como fundamentos respecto a la interpretación errónea, que la Sala Revisora ha interpretado erróneamente el artículo 1970 del Código acotado, toda vez que no ha tenido en cuenta lo ordenado por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el sentido de que en la presente causa existe responsabilidad objetiva de Herrera quien conducía en estado de embriaguez; que sin embargo, la Sala de origen sin merituar en forma imparcial y objetiva el dosaje etílico ha concluido que tal demandado solo ha contribuido en parte en la producción del accidente de tránsito; por lo tanto, se ha interpretado erróneamente el artículo 1970 del Código Civil; Por su parte, la parte demandada invoca las causales de: i) Inaplicación de los artículos 1972 del Código Civil y 272 del Decreto Supremo número 033-2001-MTC; ii) Contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso; expresando como fundamentos respecto de la inaplicación que en autos se ha inaplicado el artículo mil novecientos setentidós del Código Civil y doscientos setentidós del Decreto Supremo número cero treintitrés –dos mil uno– MTC, ya que si bien el 1970 del Código Civil regula la responsabilidad por riesgo, es claro que nuestro ordenamiento jurídico no consagra un sistema objetivo de responsabilidad absoluta, sino que por el contrario admite los supuestos de ruptura del nexo causal, en los cuales no hay responsabilidad, como el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de un tercero o el hecho de la propia víctima: así, en el presente caso el causante exclusivo del accidente es el mototaxista que circulaba en sentido contrario al tráfico, carecía de permiso de circulación y del Soat, por lo tanto, es él quien debe responder por los daños.

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La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo, la Sala Revisora sí ha tenido en cuenta el mandato dictado por esta Sala de Casación mediante la resolución casatoria anterior, ya que [a] diferencia de la anterior sentencia de vista que declaraba infundada la demandada respecto del conductor y propietario del vehículo y amparaba la misma únicamente respecto del tercero legitimado, esta vez sí ha valorado el resultado del dosaje etílico practicado al demandado, y ha atribuido responsabilidad a dicha persona en el accidente sufrido por los actores pero en grado de contribución, de acuerdo a los fundamentos extractados anteriormente en la presente sentencia casatoria. En cuanto a la causal de interpretación errónea del recurso de casación de los actores, debe señalarse que no se configura el citado error jurídico dado que, conforme se ha expuesto precedentemente, las consideraciones jurídicas de la Sala Revisora se han ajustado a ley; máxime si la fundamentación de esta causal versa más en cuestionas fácticas que de interpretación jurídica; que la misma suerte debe correr la causal de inaplicación invocada en el recurso de casación de los demandados, puesto que, igualmente, parte de la premisa de que el único responsable del accidente es el conductor del mototaxi, Carlos David Atoche Vitela, lo que constituye una cuestión fáctica y no jurídica, además que, conforme ya se ha apreciado, la Sala Revisora no ha violado la regla de valoración conjunta y apreciación razonada de los medios probatorios contenida en el artículo ciento noventisiete del Código Procesal Civil.

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DESPERFECTO DE VEHÍCULO NO SE CONSIDERA CASO FORTUITO

Una persona interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el administrador de una motonave acuática ya que como consecuencia del accidente que tuviera el referido vehículo mientras se encontraba navegando en el río Ucayali sufrió irreparables daños al perder los dos globos oculares y quedarse ciego tal como se acredita con la historia clínica El juez de primera instancia declara fundada la demanda y ordena el pago de cien mil nuevos soles como indemnización. La parte demandada impugnó el fallo alegando

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 823-2002-Loreto. El Peruano, 01/03/2004. (Data 45 000) Demandante: Segundo Monteluis Silva Demandada: Municipalidad de Requena Asunto: Indemnización de daños y perjuicios Fecha: 29 de setiembre de 2003



que el desperfecto que sufrió la motonave, que consistió en que la bomba de agua no succionó, y el motor se recalentó apagándose instantáneamente, califica como caso fortuito por lo que no existiría responsabilidad. Alega también que hubo un actuar negligente de la víctima al arrojarse al agua. La Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto confirma la apelada en el extremo que declara fundada la demanda y la revoca en el extremo que ordena el pago de cien mil nuevos soles y, reformándola, ordena el pago de quince mil nuevos soles; más intereses legales, costas y costos argumentando que para la generación del daño concurrió un caso fortuito, negligencia e imprudencia por parte de la víctima, ya que pese a no tener la pericia y conocimiento suficiente se lanzó al agua por cumplir órdenes del administrador de la nave; es decir, en la relación causal se habría presentado lo que en doctrina se denomina una fractura causal debido a la existencia de una causa ajena, por lo que aplicando los artículos 1972 y 1973 del Código Civil no excluyó de responsabilidad a la demandada sino la atenuó. El demandante interpone recurso de casación por la causal de aplicación indebida del artículo 1972 del Código Civil alegando que el hecho que en plena travesía el motor de la motonave haya dejado de funcionar quedando a la deriva con el inminente peligro de colisionar violentamente con sus pasajeros, no puede ser calificado como un caso fortuito y dar lugar a la exoneración de responsabilidad, pues el desperfecto del motor es más bien un riesgo típico de la actividad de transporte. En cuanto a la inaplicación del artículo 1973 del Código Civil considera que al no haberse configurado la fractura causal de la imprudencia de la propia víctima no debió reducir el monto de la indemnización con la aplicación de este artículo que solo opera de aplicarse el artículo 1972 del Código Civil. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación exponiendo que el citado desperfecto pudo y debió ser previsto por el administrador de la nave, pues por su cargo tenía la facultad

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y el deber de hacerlo por ser el responsable de su funcionamiento y buen estado de conservación, estado en el cual no se encontraba la nave, caso contrario no habría ocurrido ningún desperfecto. Todo lo cual hace concluir que la demandada no actuó en forma diligente ni tomó los cuidados debidos para realizar sus labores ordinarias, motivo por el cual y por lo señalado líneas arriba no se puede calificar el desperfecto de la motonave como un caso fortuito, extraordinario, imprevisible e irresistible. Respecto del actuar negligente expuesto por el ad quem, la Corte Suprema establece que la víctima acató la orden que le dio el administrador de la motonave, de lanzarse al agua, y amarrar las sogas a un árbol, orden que fue acatada a fin de evitar una desgracia de mayores consecuencias, pues la nave se encontraba con pasajeros y se dirigía a estrellarse contra la orilla y que fue cumplida con éxito, nadó, llegó a la orilla y amarró la soga al árbol debidamente, no existiendo impericia, ni menos falta de conocimiento en ese acto, motivo por el cual no se puede calificar la conducta del demandante como negligente ni imprudente pues cumplió su misión con éxito y, por el contrario, tal como se describen los hechos fue la fuerza de la motonave con pasajeros a bordo y a merced de la corriente del río que hizo producir tensión en las cuerdas hasta el punto que reventaran y golpearan el rostro y los ojos de la víctima. Así, la Sala Suprema concluye que en el presente caso no se ha presentado un caso fortuito, negligencia e imprudencia por parte de la víctima que dieran lugar a atenuar la responsabilidad, por ende las fracturas causales que se invocan no se encuentran presentes siendo que el daño producido ha sido consecuencia de la conducta de la demandante y no de un evento extraño y ajeno a él, por lo que la Sala Superior ha realizado un deficiente análisis de los hechos, aplicando indebidamente los artículos en estudio, 1972 y 1973 del Código Civil, debiendo ampararse la demanda en lo dispuesto por los artículos 1969, 1970 y 1984 del Código Civil, antes descritos toda vez que al producirse un daño mediante un bien riesgoso la demandante está obligada a indemnizar. Finalmente, respecto del monto indemnizatorio, la Sala expone que debe tenerse en cuenta el artículo 1985 del Código Civil, que dispone que la indemnización comprende la omisión generadora del daño, incluyendo el

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lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral; y atendiendo a que el demandante era una persona joven de diecisiete años de edad a la época de los hechos y según el informe médico obrante a fojas veintitrés producto del accidente el actor sufrió ceguera bilateral por múltiples heridas perforantes y cortantes en párpados y región nasal frontal y bilateral, heridas infectadas en ambos ojos, dejándolo incapacitado de por vida, todo lo cual se debe tener en cuenta para efectos de fijar el monto indemnizatorio.

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INDEMNIZACIÓN

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TODA INDEMNIZACIÓN CONFIGURA COMO UN DERECHO PATRIMONIAL RESPECTO DE LA CUAL ES POSIBLE TRANSIGIR

Unas personas interponen demanda de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual contra la empresa minera Yanacocha, con la finalidad de esta les pague una indemnización por los daños y perjuicios irrogados como consecuencia del derrame de mercurio de una botella de propiedad de la referida empresa, en circunstancia en que era transportada por un camión de otra empresa. La empresa Minera Yanacocha dedujo la excepción de conclusión del proceso por transacción, la que se declara fundada en parte con relación a determinados demandantes e improcedente, respecto de algunos de los accionantes. De otro lado, el codemandado (chofer del camión) dedujo la excepción de falta de legitimidad para obrar respecto a la pretensión indemnizatoria por daño ambiental. La Sala Superior al emitir la resolución de vista confirmó la resolución del a quo que declara fundada la excepción de conclusión del proceso por transacción respecto de algunos de los accionantes y el extremo de la apelada en cuanto declara fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar de los demandantes respecto de la pretensión indemnizatoria de daño ambiental, revocando la misma resolución ha declarado fundada la excepción de conclusión del proceso por transacción en cuanto a otro accionantes Uno de los demandantes interpone recurso de casación por las causales relativas a la contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, en

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 705-2007Cajamarca. (Data 45 000) Demandantes: Savina Sánchez Salazar y otros Demandadas: Minera Yanacocha Sociedad de Responsabilidad Limitada y otros Asunto: Indemnización de daños y perjuicios Fecha: 16 de agosto de 2007



base a la alegación consistente en los puntos siguientes: a) la Sala Superior no ha considerado que conforme al inciso 10 del artículo 445 del Código Procesal Civil, solo se puede proponer como excepción la conclusión del proceso por transacción, ya que solo se amparará la transacción que haya puesto fin a un proceso judicial: asimismo, no se ha considerado lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 453 del Código Procesal Civil, en cuanto que para amparar la excepción de cosa juzgada se requiere la existencia de procesos idénticos, uno de los cuales ha tenido que terminar por transacción, lo que no se puede presentar en el supuesto esgrimido por Minera Yanacocha. Asimismo alega, que tampoco se ha considerado el artículo 337 del Código Procesal Civil, en cuanto que la transacción que pone fin a un proceso tiene la calidad de cosa juzgada; es decir, establecer la preexistencia de un proceso; finalmente, sostiene que la transacción extrajudicial presentada en el proceso no ha sido homologada por juez alguno, razón por la que no tiene la naturaleza de cosa juzgada; y, b) el ad quem no ha considerado que los demandantes han sido los principales afectados con el daño ambiental; empero, el artículo 82 del Código Procesal Civil, legitima a las personas naturales afectadas directamente a promover e intervenir en procesos en defensa de sus intereses; además, dicha norma establece que no son los únicos legitimados para accionar; debiendo considerarse precedente de obligatorio cumplimiento conforme lo expuesto en el expediente número 22-97AATC, de fecha veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo con respecto a la denuncia por error in procedendo relativa al punto a), que la argumentación planteada por la recurrente no resulta la correcta, pues, de acuerdo con lo previsto por el artículo 1302 del Código Civil, por la transacción se decide sobre algún asunto dudoso o litigioso evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado, y tiene el valor de la cosa juzgada. En cuanto al cargo referido como punto b), debe señalarse

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que la norma del artículo 82 del Código Procesal Civil es clara y señala quiénes pueden promover acción para el patrocinio de intereses difusos, y su titularidad corresponde precisamente a dicho grupo no determinado o al Ministerio Público u ONG’s debidamente autorizadas. Por lo que la denuncia casatoria propuesta por la causal in procedendo debe ser desestimada por infundada. En cuanto a la denuncia casatoria relativa a la causal de inaplicación de normas de derecho material, la impugnante señala, que al emitirse la impugnada se han inaplicado los artículos 5 y 1305 del Código Civil, los mismos que regulan la irrenunciabilidad de los derechos fundamentales, así como que solo los derechos patrimoniales pueden ser objeto de transacción, siendo que en el caso de autos, se han producido daños en la salud de los afectados, como consecuencia del derrame de mercurio; daños que –según alega– afectan su integridad física e incluso su vida, por lo que no pueden ser objeto de renuncia o cesión alguna. Al respecto, la Corte Suprema señala que las normas antes aludidas se refieren a los derechos de la persona, tales como la vida, la integridad física, la libertad, el honor y los demás intereses, que son irrenunciables y, por lo tanto, no pueden ser objeto de transacción. Siendo que en la transacción materia de autos, no se transige respecto del daño que habría sufrido la demandante como consecuencia del derrame de mercurio, sino se prevé lo relativo al aspecto de la reparación pecuniaria del daño que derivó de la contaminación. De esta manera, se puede concluir que de acuerdo a nuestro ordenamiento civil todos los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, se reparan patrimonialmente, es decir con una indemnización, conforme lo preceptúa el artículo 1985 del Código Civil; siendo que dicha indemnización puede ser un pago de dinero o un compromiso de asumir ciertos gastos. Que si bien es cierto, el daño puede ser extrapatrimonial, toda indemnización por sí misma se configura como un derecho patrimonial, respecto del cual sí es posible transigir, tal como ha ocurrido en el caso de autos, en el que ambas partes procesales

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estimaron convencionalmente su valor económico. Por lo que las normas materiales cuya inaplicación se denuncia en casación resultan impertinentes y siendo ello así, el recurso impugnatorio propuesto por la referida causal debe desestimarse por infundado

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SE INDEMNIZA A PERSONA PESE A QUE ANTERIORMENTE RECIBIÓ REPARACIÓN CIVIL EN PROCESO PENAL

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1374-2002Huaura. El Peruano, 28/02/2003. (Data 45 000) Demandante: Lincol Acuña Ortíz Demandados: Filiberto Félix Castro Coca y otra Asunto: Indemnización por daños y perjuicios Fecha: 14 de noviembre de 2002

Una persona interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios con la finalidad de [que] se le indemnice por los daños y perjuicios irrogados por los demandados, sus ex empleadores, sosteniendo que efectuando estos los descuentos al actor por aportaciones correspondientes al Instituto Peruano de Seguridad Social durante el año 1993, se le entregó una credencial de aportaciones; que luego descubrió que era falsa, por lo que al no abonar los demandados al Seguro los descuentos que sí se le efectuaban, perdió toda atención en el Seguro y su pensión de jubilación. Esto fue materia de un proceso penal, donde el demandado fue condenado como autor del delito contra la fe pública en agravio del demandante a un año de pena privativa de la libertad y a pagar la suma de doscientos nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del citado agraviado, al haberse acreditado que el condenado, aquí demandado, extendió al actor una credencial adulterada pese a haberle descontado por aportaciones correspondientes al Instituto Peruano de Seguridad Social del que el agraviado (demandante), tuvo conocimiento cuando acudió al Seguro a atenderse y le fue denegada la referida atención médica; fallo que fue confirmado por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huaura. La demanda fue declarada improcedente por el juez de primera instancia. La demandante impugnó siendo que la Corte Superior confirma el fallo de primera instancia. El demandante interpone recurso de casación por la causal de inaplicación del artículo 1979 del Código Civil desde que los juzgadores se han limitado a sostener que por el hecho de haberse constituido el recurrente

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en parte civil en el proceso penal seguido contra el demandado por delito contra la fe pública, no tiene derecho a reclamar indemnización por daños y perjuicios; soslayando que en dicho proceso penal la indemnización está referida a la Estafa de la que ha sido objeto el recurrente, mas en el presente proceso la indemnización por daños y perjuicios está basada en hechos que se derivan del incumplimiento por parte del actor de sus obligaciones contractuales con respecto al actor que es un trabajador de construcción civil. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación exponiendo que del análisis del proceso penal y de la presente pretensión fluye que existen elementos disímiles entre ambas; toda vez que, en el primero, a la parte demandada se le condenó al pago de doscientos nuevos soles como reparación civil por los daños y perjuicios irrogados al demandante por haber falsificado una Credencial de Aportaciones, vale decir, los daños y perjuicios que el Órgano Jurisdiccional tuvo en cuenta fueron los derivados de una credencial falsa, esto es, principalmente la imposibilidad material del actor de ser atendido en el Seguro en ese momento; lo cual explica el monto ínfimo asignado. Sin embargo, a través de la presente demanda, los daños y perjuicios que se reclaman se sustentan en el presunto hecho de que al actor se le efectuaron los descuentos por concepto de aportaciones al entonces Instituto Peruano de Seguridad Social mas nunca la parte demandada llegó a abonarlos al Seguro; hecho por el cual en modo alguno dicha parte fue procesada y sentenciada penalmente, mas trajo como consecuencia, según el actor, la pérdida de su pensión de jubilación y de toda posibilidad de atención en el Seguro. En tal sentido, al no derivar los daños y perjuicios que se reclaman en esta causa del mismo hecho dañoso que fue materia de sanción penal y de reparación civil en el proceso invocado por las instancias inferiores para desestimar la presente demanda, no se configura la imposibilidad jurídica expuesta en los considerandos precedentes; sino que, por el contrario, se encuentra expedito el derecho de la parte actora de reclamar la indemnización a que hubiere lugar conforme al artículo mil novecientos sesentinueve del Código Civil.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1374-2002Huaura. El Peruano, 28/02/2003. (Data 45 000) Demandante: Lincol Acuña Ortíz Demandados: Filiberto Félix Castro Coca y otra Asunto: Indemnización por daños y perjuicios Fecha: 14 de noviembre de 2002

REDUCCIÓN JUDICIAL DE LA INDEMNIZACIÓN

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SE REDUCE EL MONTO DE INDEMNIZACIÓN PORQUE LA VÍCTIMA ACTUÓ DE MANERA IMPRUDENTE

Una persona interpone demanda de indemnización de pago de daños y perjuicios contra quien le causó una grave lesión física que le ocasionó la amputación de su mano y muñeca derecha, dejándolo con incapacidad funcional permanente de dicho miembro. La parte demandada contesta la demanda alegando que tal accidente se debió a la imprudencia de la víctima que viajaba en un vehículo con el brazo afuera. La demanda fue declarada fundada por el juez de primera instancia, quien sustentó su fallo en la aplicación del artículo 1985 del Código Civil, por cuanto la indemnización comprende las consecuencias que se derivan de la acción u omisión generadora del daño, ya sean estas de naturaleza patrimonial, personal y/o moral, llegando a la conclusión de que el demandante sufrió una grave lesión física por la amputación de su mano y muñeca derecha, que ha dado lugar a la incapacidad funcional permanente de dicho órgano, circunstancia que le impide desarrollarse satisfactoriamente en su actividad de chofer profesional, que lo que considera que resulta evidente, que al fijar el quantum de la indemnización, debe considerarse esta realidad, agregando que se trata de una persona joven y que también ha tenido una lesión en el aspecto psicológico, derivándose en un síndrome de depresión aguda, por lo que llega a la conclusión de que el quantum indemnizatorio debe ser de veinticinco mil nuevos soles. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmando la apelada declara fundada en parte la demanda de indemnización por daños y perjuicios y revocándola en cuanto al monto indemnizatorio, fijó en veinte mil nuevos soles la suma que el demandado debe cancelar a favor del demandante. La Sala Superior expuso que el demandante tiene derecho

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1810-2004La Libertad. El Peruano, 01/06/2006. (Data 45 000) Demandante: Danny Osman Reyna Ramos Demandados: Erick Karel Orchess Donet y otros Asunto: Indemnización por daños y perjuidicios Fecha: 30 de setiembre de 2005


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1810-2004La Libertad. El Peruano, 01/06/2006. (Data 45 000) Demandante: Danny Osman Reyna Ramos Demandados: Erick Karel Orchess Donet y otros Asunto: Indemnización por daños y perjuidicios Fecha: 30 de setiembre de 2005

a una indemnización, pero ha reducido el monto indemnizatorio a la cantidad de veinte mil nuevos soles, por tener en consideración que, como aparece del atestado policial, la víctima viajaba con el brazo derecho colgado y tendido hacia afuera de la ventana, por lo que con su imprudencia concurrió a la producción del daño y en consecuencia el quantum abonable debe reducirse en aplicación del criterio que informa el artículo 1973 del Código Civil. El demandante interpone recurso de casación alegando que la Sala Superior no ha aplicado la primera parte del artículo 1985 del Código Sustantivo, que establece que los daños y perjuicios deben regularse teniendo en cuenta el lucro cesante, daño a la persona y daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido; por lo que, estima que al haber quedado probado los hechos ocasionados al demandante, así como el nexo causal que vincula a los demandados, el quantum que reforma el monto indemnizatorio no se condice con la realidad al haberse inaplicado la parte pertinente del citado artículo 1985 del Código Civil. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo que dentro de los fundamentos pertinentes invocados por la Sala Superior, tienen que estar el referido a la aplicación de la primera parte del artículo 1985 del Código Civil, porque sino no le hubiera otorgado al demandante el derecho a tener una indemnización por concepto de daños y perjuicios, discrepando solamente en cuanto al monto por aplicación del artículo 1973 del Código Sustantivo. Continúa exponiendo que la aplicación de la primera parte del artículo 1985 del Código Civil, no se opone a la aplicación del artículo 1973 del mismo Código, porque se puede tener un derecho a una indemnización, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, pero reducirse la misma si la víctima contribuyó a la realización del hecho dañoso. Finalmente, indica que para aumentar el monto de la indemnización, como pretende el recurrente, tendría que hacerse una revaloración de la prueba, que no está permitido respecto de las causales primera y segunda del artículo 386 del Código Procesal Civil

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RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA DE SEGURO

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COMPAÑÍA DE SEGURO SOLO RESPONDE HASTA EL MONTO ASEGURADO

Con motivo de un accidente de tránsito, los choferes de las unidades causantes del accidente, así como los propietarios de dichas unidades, deben indemnizar al demandante por la suma de cuarenticinco mil dólares por las lesiones sufridas que truncaron su carrera profesional de médico; habiéndose integrado posteriormente a la relación procesal a las compañías aseguradoras de los vehículo involucrados. En mérito a transacción extrajudicial suscrita por el demandante con el conductor se acordó que el propietario y la empresa aseguradora debían abonar al agraviado la suma de ocho mil quinientos dólares americanos por todo concepto por los daños que ellos le ocasionaron, según los términos de la cláusula quinta del aludido documento de transacción que fue aprobada por el juzgado mediante, declarando concluido el proceso en relación a los intervinientes en dicho acto jurídico, y prosiguiendo la secuela de la causa con respecto a los demás codemandados involucrados en el accidente, al no haber comprendido la totalidad de la obligación demandada El juzgado mediante sentencia luego de apreciar el mérito de la prueba actuada ha establecido las conclusiones fácticas, señalando en la parte considerativa que la empresa aseguradora La Vitalicia debe asumir en forma solidaria el pago indemnizatorio dentro del monto máximo de cobertura otorgada en la póliza respectiva; sin embargo, al expedir la sentencia acotada, y declarar fundada en parte la demanda de indemnización por daño emergente y lucro cesante, ordena que los propietarios del otro vehículo involucrado, el chofer y la

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1748-2001-Lima El Peruano, 01/04/2002. (Data 45 000) Demandante: Aníbal del Águila Escobedo Demandados: Neptalí Benjamín Barreto Romero y otros Asunto: Indemnización por daños y perjuicios Fecha: 23 de noviembre de 2001



otra compañía seguros, paguen solidariamente al demandante la suma de treintiséis mil quinientos dólares americanos, por los daños irrogados, más intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño; habiendo asimismo, declarado infundada la demanda en el extremo sobre daño moral invocado por el actor e igualmente infundada la misma, en cuanto se dirige contra la propietaria de vehículo. La Sala Civil confirma la apelada, considerando además, que efectivamente se ha frustrado la vida profesional del actor con el accidente de tránsito del que salió gravemente lesionado, determinando que los emplazados no han demostrado la ruptura del nexo causal, y que con el atestado policial se ha llegado a determinar que el factor predominante del evento automovilístico fue el operativo realizado por una camioneta de placa, por lo que la responsabilidad indemnizatoria, le compete al chofer, propietario y aseguradora en forma solidaria; Una de las compañías de seguros demandada interpone recurso de casación por la inaplicación de los artículos 380 del Código de Comercio y 325 de la Ley N° 26702, porque se imputa que la responsabilidad de los daños ocasionados al actor, recae en el conductor del vehículo asegurado por su empresa, ordenándose pagar la indemnización en forma solidaria con aquel, sin establecer que el tope indemnizatorio máximo señalado en la póliza de seguros que cubría el vehículo asegurado era de tres puntos seis unidades impositivas tributarias, que es en todo caso, el monto cuyo pago podía requerirse; y tener en cuenta que el artículo 380 del Código de Comercio establece que el contrato de seguro se rige por los pactos lícitos consignados en cada póliza y documento, y en su defecto, por las reglas contenidas en dicha sección; y, en el mismo sentido, el artículo 325 de la Ley N° 26702, prohíbe que las empresas de seguros paguen indemnizaciones en montos que excedan a lo pactado; y respecto de la causal alegada en el inciso tercero del artículo 386, se acusa la infracción del artículo 139, inciso quinto de la Constitución Política del Estado, por falta

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de motivación en la recurrida, toda vez, que no obstante determinarse que el responsable directo del daño es el conductor del vehículo asegurado, se concluye que también lo es su representada, sin exponer la fundamentación jurídica en forma expresa. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación exponiendo que si bien la acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el asegurador por el daño, quien responderá solidariamente con el responsable directo de este, según el artículo 1987 del Código Civil, sin embargo, dicha responsabilidad, en el caso de la compañía aseguradora, se halla limitada al monto máximo de la cobertura otorgado al riesgo pactada en el contrato de seguro de acuerdo con lo que prescribe el artículo 325 de la Ley N° 26702 que señala que: “las empresas de seguros se encuentran prohibidas de pagar indemnizaciones en monto que excedan lo pactado”. Además, debe tenerse en cuenta que la obligación de su representada emana un contrato de Póliza, y según lo dispone el numeral 380 del Código de Comercio: “El contrato de seguro se regirá por los pactos lícitos consignados en cada póliza o documento (...)”, por lo que en virtud de ello, solo pueden pagar la indemnización hasta el límite establecido en la cobertura del seguro, que para el caso de autos es hasta tres puntos seis unidades impositivas tributarias, monto que debe ser abonado en moneda nacional de acuerdo con el tipo de cambio al día de pago, entendiéndose que este monto integra en definitiva la suma de treintiséis mil quinientos dólares americanos, señalado por la Sala Superior.

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Capítulo 10

Prescripción y Caducidad

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA

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CARTA NOTARIAL QUE RESUELVE CONTRATO NO INTERRUMPE PLAZO DE PRESCRIPCIÓN

El propietario de inmueble solicita que se declare la resolución del contrato de promesa de compraventa, por el cual este entregó en venta a la demandada, la tercera parte del lote de su propiedad, sustentando su pretensión en el incumplimiento de pago por parte del demandado del precio pactado, dado que por la venta, la compradora debía pagarle la suma de quince mil dólares americanos. La parte demandada contesta deduciendo –entre otros– excepción de prescripción extintiva de la acción al amparo del artículo 2001 inciso primero del Código Civil, en virtud de la inacción de la parte actora de plantear alguna acción desde la celebración del contrato a la fecha habiendo transcurrido más de trece años. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia, que declaró fundada la excepción, desestimando que la carta notarial dirigida por la parte actora a la asociación demandada, haya producido la interrupción de la prescripción como adujo el demandante, en la modalidad de intimación para constituir en mora al deudor. La demandante impugnó el fallo siendo que la Corte Superior de Justicia confirmando la sentencia de primera instancia declara fundada la excepción de prescripción extintiva de la acción, nulo todo lo actuado, da por concluido el proceso argumentando que del referido documento no se aprecia que se haya efectuado intimación alguna al demandado por la mora incurrida, sino más bien se aprecia que por intermedio de esta se le pone en conocimiento la decisión del demandante de dar por resuelto el contrato celebrado entre aquellos

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1024-2006-Ica El Peruano, 01/02/2007 (Data 45 000) Demandantes: Esteban Grimaldo Grimaldo y otros Demandada: Asociación de Laramatinos Residentes en Ica - ALRI Asunto: Resolución de contrato Fecha: 4 de octubre de 2006


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1024-2006-Ica El Peruano, 01/02/2007 (Data 45 000) Demandantes: Esteban Grimaldo Grimaldo y otros Demandada: Asociación de Laramatinos Residentes en Ica - ALRI Asunto: Resolución de contrato Fecha: 4 de octubre de 2006

El demandante interpone recurso de casación por la causal de inaplicación de los incisos primero y tercero del artículo 1996 del Código Civil; expresando la recurrente como fundamentos que al emitirse la resolución impugnada se han inaplicado los incisos primero y tercero del artículo 1996 del Código Civil, puesto que para determinar la interrupción del término prescriptorio es de aplicación la citada norma en razón de que el decurso prescriptorio se interrumpe con el reconocimiento de la obligación o con la citación de la demandada o por otro acto con el que se notifique al deudor; que en caso de autos sí se interrumpió el decurso prescriptorio al notificarse la resolución del contrato sub júdice por falta de pago, mediante carta notarial cursada al representante de la demandada, la misma que fue respondida por la mencionada demandada; asimismo, con la citación de la presente demanda y la contestación, efectuada por la parte contraria también se ha interrumpido el término prescriptorio y por consiguiente, que el nuevo término recién empieza a correr desde el día veinte de julio de 1996, por tanto, aún no han transcurrido el término exigido por la ley para que opere la prescripción extintiva de la presente acción. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo que del análisis de los autos aparece que la carta notarial cursada por la demandada a que hace referencia el recurrente fue ofrecido de modo extemporáneo y en relación al fondo de la pretensión, mas no respecto de la excepción; y, en ese orden, el a quo, con la absolución negativa de la parte demandada, no la ha admitido a trámite aún, sino que lo dejó para la estación correspondiente, lo que explica por qué no ha sido valorado por el a quo ni tampoco por la sala revisora; máxime si la parte actora en ningún momento sustentó su absolución a la excepción de prescripción sobre alguna respuesta de la demandada a su carta , y menos, que el sentido de dicha respuesta haya versado sobre reconocimiento de obligación; por consiguiente, la inaplicación del inciso primero del artículo 1996 del Código Civil, no comporta ningún error jurídico en el presente caso. Respecto de la interrupción de la prescripción por la causal de citación con la demanda prevista en el inciso tercero del artículo 1996 del Código Civil, la Corte Suprema establece que debe señalarse que no existiendo ninguna causal de interrupción del decurso

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título preliminar

prescriptorio que corre desde la fecha en que el precio debió ser cancelado, el veintidós de abril de mil novecientos noventidós y la fecha de interposición de la presenta demanda de resolución de contrato, catorce de diciembre del dos mil cuatro, la notificación con la misma a la asociación demandada, ocurrida el dos de febrero del dos mil cinco, en modo alguno puede interrumpir el referido decurso prescriptorio puesto que este se cumplió o venció el veintidós de abril del dos mil dos; consecuentemente, la inaplicación del inciso tercero del artículo 1996 del Código Civil se encuentra ajustada a derecho.

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DEMANDA DECLARADA IMPROCEDENTE INTERRUMPE PLAZO DE PRESCRIPCIÓN

Una persona interpone demanda de nulidad de acto jurídico y otros, solicitando –principalmente– la nulidad de la escritura pública de compraventa respecto al fundo de su propiedad, indicando que la firma que se le atribuye y estampada en el referido documento es falsificada en tanto que su huella dactilar ha sido suplantada, no habiendo expresado su voluntad, por lo que el acto jurídico es nulo al adolecer de simulación absoluta. La parte demandada contesta la demanda deduciendo la excepción de prescripción extintiva de la acción, sosteniendo que desde el trece de junio de 1986, fecha de celebración del acto jurídico cuya nulidad se pretende, hasta la de interposición de la presente demanda, han transcurrido más de trece años, siendo de aplicación el inciso primero del artículo 2001 del Código Civil. La demanda fue declarada infundada por el juez de primera instancia quien amparó la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida por los demandados. La parte demandante impugnó. La Sala Mixta descentralizada Itinerante de Camaná confirmó la decisión del Juez de primera instancia argumentando que desde la fecha de la celebración del documento cuestionado hasta la fecha de interposición de la demanda, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción a que hace referencia el inciso primero del artículo 2001 del Código Civil, concordante con el artículo 2122 de la misma norma.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3223-2000Arequipa El Peruano, 31/01/2003 (Data 45 000) Demandante: Tobías Román Nonato Montoya Alvarado Demandados: Numa Carlos Gustavo Aguayo Dávila y otro Asunto: Nulidad de acto jurídico Fecha: 7 de junio de 2002


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3223-2000Arequipa El Peruano, 31/01/2003 (Data 45 000) Demandante: Tobías Román Nonato Montoya Alvarado Demandados: Numa Carlos Gustavo Aguayo Dávila y otro Asunto: Nulidad de acto jurídico Fecha: 7 de junio de 2002

El demandante interpone recurso de casación por las causales contenidas en los numerales primero y segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil, esto es: a) La aplicación indebida del inciso primero del artículo 2001 del Código Civil, argumentando que la Sala al aplicar literalmente la norma denunciada, la que considera errónea, no ha tomado en cuenta el prefacio de dicho numeral en la parte que señala “salvo disposición diversa de la Ley’’, encontrándose dicha disposición prevista en el inciso tercero del artículo 1996 del Código Civil, agregando que en aplicación de esta norma, en el año de mil novecientos noventicinco se produjo la interrupción de la prescripción extintiva de la acción con la demanda que dio origen al proceso número veintinueve-noventicinco, sobre nulidad de acto jurídico seguido entre las mismas partes; b) La inaplicación de los artículos mil novecientos noventiséis y mil novecientos noventiocho del Código Civil, señalando que la Sala ha inaplicado dichas normas pese a ser un deber del Juzgador aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes, conforme lo señala el artículo siete del Título Preliminar del Código Procesal Civil. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación exponiendo que en el presente caso el actor aportó material probatorio con el que acreditó la existencia de un proceso judicial sobre nulidad de escritura pública y otros iniciado el año de mil novecientos noventa y cinco, el mismo que culminó con la sentencia que declaró nula la sentencia apelada que amparó en parte la demanda, la misma que fue declarada finalmente improcedente. Siendo ello así, es evidente que a la luz de lo establecido en el inciso tercero del artículo 1996 del Código Civil, así como el artículo 1998 del mismo cuerpo legal, normas que han sido inaplicadas al caso sub materia, el decurso prescriptorio, para efectos de la acción incoada, quedó suspendido el año de mil novecientos noventicinco, comenzando a correr su cómputo nuevamente desde la fecha en que la resolución que le puso fin al proceso, esto es, el año mil novecientos noventinueve, por lo que es claro que a la fecha de interposición de la presente demanda, no ha transcurrido el plazo de prescripción a que hace referencia el inciso primero del artículo 2001 del Código Civil, cuya aplicación resulta impertinente para la solución del caso concreto.

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HUELGA DEL PODER JUDICIAL NO INTERRUMPE EL PLAZO PRESCRIPTORIO PORQUE NO SE PRODUJO DENTRO DE SU TÉRMINO

Una persona interpone demanda de impugnación de resolución administrativa contra la Municipalidad Distrital de La Matanza. La demanda fue declarada improcedente por el juez de primera instancia. La demandante impugnó el fallo siendo que la Sala Superior confirma el auto que declara improcedente la demanda, conforme lo establecido en los artículos 2004 y 2005 del Código Civil, que señalan que los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto en contrario y no admite interrupción ni suspensión salvo lo previsto en el artículo mil novecientos noventa y cuatro, inciso ocho del acotado Código; asimismo, sustenta su decisión en el artículo 17 numeral uno, y en el último párrafo del artículo referido de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, sosteniendo que la demanda ha sido interpuesta con vencido el plazo de caducidad de tres meses a que alude la referida norma, teniendo en cuenta que la Resolución Municipal número cero diecisiete-dos mil tres-MDLM/C (que declara infundado el recurso de apelación –y da por agotada la vía administrativa), ha sido notificada el día 18 de marzo del dos mil tres. El demandante interpone recurso de casación por la causal de aplicación indebida de una norma de derecho material, esto es, de los artículos 2004 y 2005 del Código Civil argumentando que ha habido un indebido cómputo del plazo de caducidad para el ejercicio de esta acción contencioso administrativa, al considerar que en su cómputo se debió descontar los días de huelga de los trabajadores del Poder Judicial, realizado entre el 20 de mayo y el 4 de junio del dos mil tres. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación exponiendo que si la resolución administrativa objeto de impugnación fue notificada el dieciocho de marzo del dos mil tres, entonces el plazo para interponer la demanda vencía el dieciocho de junio del dos mil tres, según lo prevé el inciso dos del artículo ciento ochenta y tres del Código Civil, que establece la forma de cómputo de los plazos tratándose de los establecidos en meses; si bien es cierto, en el

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2094-2004-Piura (Data 45 000) Demandante: María Ermitaña Montalbán Aponte Demandada: Municipalidad Distrital de La Matanza Asunto: Impugnación de resolución administrativa Fecha: 23 de enero de 2007


decurso de dicho plazo, es decir, entre el veinte de mayo del dos mil tres y el cuatro de junio del mismo año (catorce días antes de que venza el plazo), hubo huelga de los trabajadores del Poder Judicial, sin embargo dicho plazo no se interrumpe ni suspende por cuanto fue en el devenir interior del citado plazo; distinta sería la figura (aun cuando tendría que analizarse lo previsto en el artículo dos mil siete del Código Civil, que no es el caso), si a la fecha de interposición de la demanda el Poder Judicial se encontraría en huelga, caso en el que podría ser factible tener en cuenta lo señalado en el artículo dos mil cinco del Código Civil en cuanto que permite la interrupción o suspensión del plazo de caducidad, en el caso de lo previsto en el inciso octavo del artículo mil novecientos noventa y cuatro del Código Sustantivo, es decir, mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano.

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ACCIÓN PENAL NO INTERRUMPE EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 900-2004-Lima El Peruano, 28/02/2006 (Data 45 000) Demandantes: Augusto Palacios Córdova y Virginia Butrón Briceño de Palacios Demandados: Compañía de Seguros La Vitalicia Sociedad Anónima y otros Asunto: Indemnización por daños y perjuicios Fecha: 8 de julio de 2005

Una persona interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios contra una compañía de seguros quien contesta alegando las excepciones de cosa juzgada y de prescripción extintiva. El juez de primera instancia declaró fundada la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida por la parte demandada, así como improcedente la excepción de cosa juzgada. La demandante impugnó el fallo argumentando que no opera la prescripción extintiva por haberse dado dos situaciones: la existencia de un proceso penal sobre los mismos hechos, lo que constituye una causal de suspensión, conforme lo establece el artículo 100 del Código Penal, en cuanto a que “la acción civil, derivada del hecho punible no se extingue mientras subsista la acción penal”; así como que, existía la imposibilidad de reclamar el derecho ante el tribunal peruano, a tenor del inciso octavo del artículo 1994 del Código Civil, por haber obtenido recién la inscripción de su derecho sucesorio el dos de marzo del año 1999, por causa de la negligencia de parte del personal jurisdiccional en el trámite del proceso de sucesión intestada. La Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la sentencia de primera instancia,

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señalando que el artículo 100 del Código Penal no constituye una interrupción del plazo prescriptorio, previsto en el artículo 2001 del Código Civil, en razón de que la existencia del proceso penal no impide que el afectado pueda interponer acción civil de responsabilidad, por tener ambas objetivos diferentes; advirtiéndose, de la fundamentación de la citada resolución de vista, que la Sala de origen no ha emitido pronunciamiento respecto del cuestionamiento formulado por los recurrentes, en su recurso de apelación, en cuanto a su imposibilidad de reclamar ante un tribunal peruano por no habérseles permitido la inscripción registral oportuna de su derecho sucesorio y por razones que sostiene son atribuibles al personal que labora en el Poder Judicial. El demandante interpone recurso de casación por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, sustentada en que la sentencia de vista ha violado lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 122 del Código Procesal Civil, por cuanto, pese a que uno de los fundamentos de su recurso de apelación lo constituyó la suspensión del plazo prescriptorio, basado en la causal contemplada en el inciso octavo del artículo 1994 del Código Civil, que se refiere a la imposibilidad de reclamar un derecho ante un tribunal peruano, el Colegiado Superior obvia pronunciarse sobre este extremo, no obstante que dicha causal se sustenta en que los recurrentes carecían de legitimidad para iniciarla demanda de indemnización por estar en trámite el proceso de sucesión intestada, el que se logró luego de dos años posteriores a la muerte de su hijo, debido a causas atribuibles al Poder Judicial, como el extravío del expediente, el cual, fuera hallado luego de varios meses, habiéndose entregado recién los partes para inscribir su derecho sucesorio el dos de marzo de mil novecientos noventinueve, lo que denota que antes de esta fecha se encontraban imposibilitados de recurrir a tribunal peruano para demandar indemnización por la muerte de su hijo. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación exponiendo que la Sala de origen no ha emitido pronunciamiento respecto del cuestionamiento formulado por los recurrentes, en su recurso de apelación, en cuanto a su imposibilidad de reclamar ante un tribunal peruano por no habérseles permitido la inscripción registral oportuna de su derecho sucesorio y

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 900-2004-Lima El Peruano, 28/02/2006 (Data 45 000) Demandantes: Augusto Palacios Córdova y Virginia Butrón Briceño de Palacios Demandados: Compañía de Seguros La Vitalicia Sociedad Anónima y otros Asunto: Indemnización por daños y perjuicios Fecha: 8 de julio de 2005


por razones que sostiene son atribuibles al personal que labora en el Poder Judicial; lo que permite determinar que la resolución de vista presenta motivación insuficiente al no pronunciarse por este extremo del agravio que fue denunciado expresamente por la parte apelante, lo que constituye una nulidad insubsanable que afecta la validez del pronunciamiento de la segunda instancia de mérito. Además, la Sala Suprema deja en claro que su pronunciamiento no implica que coincida o no con el planteamiento de la Sala Superior de origen, respecto de la aplicación del artículo 100 del Código Penal.

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LOS PLAZOS DE CADUCIDAD SON DISTINTOS A LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DESDE QUE LAS DOS FIGURAS JURÍDICAS SON DISTINTAS E INDEPENDIENTES

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1367-2002-Ica (Data 45 000) Demandante: Carlos Augusto Postigo Durand en representación de la Empresa Negocios Agroindustriales del Sur Sociedad Anónima Demandada: Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta Asunto: Indemnización por daños y perjuicios Fecha: 12 de noviembre de 2003

El demandante en representación de una empresa interpuso demanda sobre indemnización por daños y perjuicios, por usufructo y beneficio económico y acumulativamente el retiro de tres postes instalados en su propiedad en contra una empresa de telefonía. Mediante resolución de fecha 8 de febrero de 2002, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica declaró la caducidad de la acción interpuesta por la empresa demandante, disponiendo el archivamiento del caso. Al respecto, el demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de aplicación indebida del artículo 2001 inciso cuarto del Código Civil, concordado con el artículo 2003 del mencionado Código Sustantivo, bajo el argumento de que se había confundido una norma que establecía la prescripción, con otra que regulaba la caducidad, las cuales eran figuras jurídicas distintas entre sí. Asimismo, el recurrente agregó que la caducidad no se podía proponer de oficio juntamente con otro dispositivo que regulara la prescripción extintiva como había sucedido en el caso, al haberse declarado la caducidad de la acción. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que a fin de determinar si la resolución impugnada había incurrido en la causal por error in iudicando, era necesario precisar en primer lugar el petitorio exacto de la demanda a fin de establecer

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frente a qué tipo de acción se encontraban. Respecto a este punto, la Sala Suprema indicó que la demandante solicitaba la indemnización por daños y perjuicios por usufructo económico, por la instalación de tres postes dentro de su propiedad, y accesoriamente el retiro de dichos postes. En tal sentido, la última instancia procesal expresó que durante la secuencia del proceso se había determinado que la responsabilidad civil en esta acción de indemnización era de tipo extracontractual, por lo que en este punto no existía discusión alguna. Asimismo, la Sala Suprema refirió que la sentencia de vista, a fin de declarar la caducidad de la acción, había establecido en el tercer considerando lo siguiente: “Que, al caso de autos debe aplicarse como plazo de caducidad el de la prescripción señalado en el inciso 4 del artículo 2001 del mismo cuerpo legal (Código Civil), según el cual el plazo para poder interponer una acción imdenizatoria por responsabilidad extracontractual es de dos años a la fecha de interposición de la misma; se colige que la acción, ya habría caducado”. Es así que según la Corte Suprema, se había aplicado el inciso cuarto del artículo 2001 del Código Civil, que dispone literalmente: “Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: (...) 4. A los dos años, la acción de anulabiliad, la acción revocatoria, la que proviene de pensión alimenticia, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de Incapaces derivada del ejercicio del cargo”. En este sentido, luego de revisado el expediente, la Corte Suprema manifestó que la demandada había formulado excepción de prescripción, amparándose en el artículo 2001 del Código Civil, excepción que luego del trámite correspondiente fue declarada infundada mediante resolución de fecha 4 de mayo de 2001. Asimismo, la Corte Suprema manifestó que dicha resolución no fue apelada, por lo que de conformidad con el inciso segundo del artículo 123 del Código Procesal Civil adquirió la calidad de cosa juzgada.

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En consecuencia, de acuerdo a la Corte Suprema, efectivamente tal como lo había señalado la empresa recurrente, la Sala Superior había aplicado en forma indebida el artículo 2001 inciso cuarto del Código Sustantivo, toda vez que en el caso ya se había resuelto la prescripción de la acción, no correspondiendo aplicar esta norma a los hechos fácticos de la demanda. Además, la Sala Suprema agregó que para declarar la caducidad de la demanda el ad quem había concordado el artículo 2001 del Código Civil con el artículo 2003 del mismo código, que señala: “La caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente”. Es decir, según la Sala Suprema, se había propuesto la caducidad de oficio en concordancia con el dispositivo que regulaba el plazo de la prescripción extintiva, lo cual constituía un error, toda vez que según el artículo 2004 del Código Civil los plazos de caducidad los fija la ley sin admitir prueba en contrario, mientras que el artículo 2001 del mismo cuerpo de leyes regulaba las normas generales sobre los plazos de prescripción para cada caso concreto. En otras palabras, la Sala Suprema indicó que los plazos de caducidad eran distintos a los de prescripción desde que las dos figuras jurídicas eran distintas e independientes, pues si bien ambas producían efectos por el transcurso del tiempo, la prescripción extinguía la acción dejando subsistente el derecho al que ella se refiere, y debía ser invocado por la parte y su término final se rige por las normas generales del plazo establecidas en el artículo 183 del Código Civil; en tanto que la caducidad extingue simultáneamente la acción y derecho, pudiendo incluso fijarse de oficio y se produce transcurrido el último día aunque este sea inhábil. Por tales razones, según lo señalado por la Corte Suprema, los plazos de ambas figuras no son los mismos. En consecuencia, de acuerdo con la última instancia procesal, la Sala Superior había aplicado indebidamente el artículo 2003 del Código Civil que disponía la caducidad, en concordancia con el artículo 2001 inciso cuarto del mismo Código que regulaba los plazos de prescripción, motivo por el cual, la Suprema Sala consideró que la denuncia debía declararse fundada. Por otro lado, la Sala Suprema manifestó que si bien de conformidad con el artículo 396 inciso primero del Código Procesal Civil, la instancia Suprema estaba obligada

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a resolver según corresponda a la naturaleza del conflicto de intereses sin devolver el proceso a la instancia inferior, en el caso concreto no había existido un pronunciamiento sobre el fondo de la materia –solo se declaró la caducidad de la acción–, por lo que resolver la controversia en esta instancia Suprema, de acuerdo con la Sala, hubiera sido violar el derecho de defensa de las partes previsto en el artículo 139 inciso 14 de la Constitución Política del Estado así como el principio de instancia plural, por lo que era menester que el Superior en calidad de reenvío se pronuncie sobre el fondo del asunto. Por estas consideraciones, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el demandante; y, en consecuencia nula la sentencia de vista.

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EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD SON INSTITUCIONES DISTINTAS Y DEBEN SER TRATADAS EN FORMA INDEPENDIENTE

En el presente caso, se interpuso demanda de nulidad de acto jurídico contra los demandados. Al respecto, los demandados dedujeron las excepciones de caducidad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda, así como la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado y la de prescripción extintiva. En primera instancia se declaró fundada en parte la excepción de caducidad deducida y nulo todo lo actuado. Asimismo, la Tercera Sala Civil de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmó la sentencia apelada. No obstante, haber sido admitidas a trámite por el Juzgado todas las excepciones, solo fueron objeto de análisis y pronunciamiento jurisdiccional la de caducidad y oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, así como la de falta de legitimidad para obrar del demandado, más no de la prescripción extintiva. Es así que uno de los demandados interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente en aplicación del inciso tercero del artículo 386 del Código Procesal Civil, respecto a la contravención del inciso sexto del artículo 50 del referido Código.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 2227-2000-Lima (Data 45 000) Demandante: Ada Ubaldina Chang Zevallos Demandados: Vicente Aurelio Chang Prado y otros Asunto: Nulidad de acto jurídico Fecha: 23 de abril de 2001


La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República indicó que las excepciones de prescripción y caducidad eran instituciones distintas que sancionaban relaciones jurídicas por el paso del tiempo, cuando los derechos involucrados debían hacerse valer judicialmente, razón por la cual debían ser tratadas en forma independiente, según sea el caso. Dicha Sala Suprema agregó que se apreciaba que ambas instancias de mérito habían amparado en parte la excepción de caducidad; basando su decisión en las normas que regulan el instituto de la prescripción extintiva, contraviniendo así, de acuerdo con la Sala Suprema, el Principio de Congruencia que debe imperar en la fundamentación de los autos y sentencias, vicio que se sanciona con nulidad, conforme lo establecido de manera expresa el inciso sexto del artículo 50 del Código Procesal Civil concordante con el artículo 171 del mismo cuerpo legal. A esto, la Corte Suprema agregó que aun cuando se pudo entender que tanto el Juzgado como la Sala habían pretendido referirse a la excepción de prescripción extintiva, se tiene que esta no podía ser invocada de oficio, conforme lo establece el artículo 1992 del Código Civil. Por lo señalado, se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.

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PLAZO DE DIEZ AÑOS PARA DEMANDAR LA NULIDAD DEL ACTO JURÍDICO ES UN PLAZO DE PRESCRIPCIÓN Y NO DE CADUCIDAD

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3190-2002-Cusco (Data 45 000) Demandantes: Hipólito Tiburcio Mamani Muñoz y otro Demandada: Julia Esther Mamani Muñoz Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 11 de abril de 2003

Al respecto, se interpuso una demanda de Nulidad del Acto Jurídico, con el fin de que se declare la nulidad del contrato de compraventa celebrado con fecha 21 de agosto de 1986, así como de la escritura pública del 2 de diciembre del mismo año. Al respecto, tanto el juez de primera instancia como la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco declararon fundada la demanda. Es así que la demandada interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal contemplada en el inciso tercero del artículo 386 del Código Procesal Civil, sustentada en la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, porque según la demandada se había cometido una omisión procesal insubsanable, debido a que se declaró

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inadmisible la contestación de la demanda; asimismo, se declaró rebelde a la demandada y la existencia de una relación jurídico procesal válida. Además, la demandada agregó que el juez debió declarar improcedente la demanda cuando advirtió la caducidad del derecho. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que el artículo 460 del Código Procesal Civil establece que declarada la rebeldía, el juez se pronunciará sobre el saneamiento del proceso. Si lo declara saneado procederá a expedir sentencia, salvo las excepciones previstas en el artículo 461 del mismo Código. Respecto a esto, la Corte Suprema enumeró dichas excepciones: 1. Que habiendo varios emplazados, alguno conteste la demanda. 2. Que la pretensión se sustente en un derecho indisponible. 3. Que requiriendo la ley que la pretensión demandada se pruebe con documento, este no fuera acompañado a la demanda. 4. Que el juez declare, en resolución motivada que no le produce convicción. Luego, la Corte Suprema indicó que ninguna de estas excepciones se presentaron en el proceso. Es así que, tal como lo señaló dicha Corte Suprema, cuando el juez emitió la resolución por la cual declaró rebelde a la demandada y la existencia de una relación jurídico procesal válida, lo hizo con arreglo a ley. Por otro lado, en cuanto al término de diez años que establece el artículo 2001 del Código Civil para la nulidad del acto jurídico, se tiene que, de acuerdo a la Corte Suprema, este es un plazo de prescripción y no de caducidad. En el mismo sentido, la Sala Suprema, agregó que conforme al artículo 1989 del Código Sustantivo, la prescripción extingue la acción pero no el derecho; asimismo, de acuerdo con el artículo 2003 del Código Civil, la caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente. De lo expuesto, la Corte Suprema concluyó señalando que tanto la prescripción como la caducidad son dos figuras jurídicas diferentes. Por lo que finalmente, se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 3190-2002-Cusco (Data 45 000) Demandantes: Hipólito Tiburcio Mamani Muñoz y otro Demandada: Julia Esther Mamani Muñoz Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 11 de abril de 2003

CADUCIDAD

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el plazo de caducidad vencido contravIENE el principio de razonabilidad que exige un actuar coherente y proporcional a los intereses que se pretende

Mediante Resolución N° 1046-PCR-UNICA-2000, de fecha 28 de enero de 2000, la Comisión Reorganizadora de un ente universitario acordó cesar al demandante; esta resolución fue publicada el 31 de enero de 2000. Con fecha 28 de noviembre de 2000, el demandante interpuso demanda de Acción contencioso administrativa contra la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, la cual fue declarada fundada. En tal sentido, la Universidad demandada interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia, señalando que la acción había sido interpuesta fuera del plazo previsto en el artículo 5 de la Ley N° 27058. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, al resolver, definió a la caducidad como una sanción que acarreaba la ineficacia del acto en vista de la imposibilidad de ejecutarlo debido al transcurso del tiempo, de modo que ella estaba sujeta a la existencia de un plazo perentorio. Por otro lado, la Corte Superior señaló que en aplicación del Principio de Especialidad, la norma general proyecta su función supletoria en materias reguladas por otras leyes (Derecho Especial) siempre que exista alguna laguna o vacío legal y cuando no sea incompatible con la naturaleza de estas, caso contrario se debe preferir la norma especial sobre la de alcance general. Aplicando lo señalado al caso, dicha Corte Superior precisó que, tratándose de una impugnación judicial de la decisión adoptada por la Comisión Reorganizadora de la Universidad demandada, el plazo para ejercer válidamente la acción contencioso administrativa

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Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica Exp. Nº 835-2002-Ica (Data 45 000) Demandante: Luis Carlos Olivera Saldaña Demandada: Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica Asunto: Acción Contenciosa Administrativa Fecha: 6 de enero de 2003


es de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su notificación o publicación, tal como lo prevé la última parte del artículo 5 de la Ley N° 27058, aplicable al caso por su naturaleza especial; en tanto que el artículo 541 del Código Procesal Civil no era aplicable debido a que era una norma de alcance general. De lo expuesto, la segunda instancia procesal concluyó que teniéndose en cuenta que la demanda fue interpuesta el 28 de noviembre de 2000, el plazo de caducidad señalado precedentemente había vencido en exceso. Es así que, al haber realizado el actor un reclamo extemporáneo, se había producido la caducidad de la acción, por lo que de conformidad con el artículo 2006 del Código Civil, se declaró nula la sentencia apelada; y, en tal sentido, improcedente la demanda, debido a que caducó el plazo para cuestionar el acto administrativo impugnado.

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de amparaRSE UNA excepción DE CADUCIDAD IMPROCEDENTE SE ESTARÍA denegaNDO El acceso a la Justicia DE los demandantes

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 280-2006-Lima (Data 45 000) Demandantes: José Daniel Chúari Cabrera y otra Demandado: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) Asunto: Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta Fecha: 15 de noviembre de 2006

En el presente proceso, los accionantes interpusieron demanda de Nulidad de cosa juzgada fraudulenta, a fin de que se declare la nulidad de la sentencia y de todo el proceso que le siguiera un Fondo Nacional de Desarrollo, sobre obligación de dar suma de dinero (Exp. N° 333-98). Al respecto, dicho Fondo Nacional de Desarrollo dedujo excepción de caducidad, alegando, que la demanda incoada se había interpuesto habiéndose vencido el plazo previsto en el artículo 178 del Código Procesal Civil. Los demandantes, al absolver el traslado del aludido medio de defensa, sostuvieron, entre otras razones, que la acción aún no había caducado, pues la sentencia o acta de conciliación celebrada en el proceso anterior, que era el sustento de la demanda, aún no había sido ejecutada en su totalidad. En primera instancia se declaró fundada la excepción de caducidad deducida por dicho Fondo de Desarrollo. En el mismo sentido, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima expidió sentencia, confirmando la resolución emitida en primera instancia. Ambas instancias de mérito concluyeron en amparar la excepción

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de caducidad, precisando que, la ejecución de un inmueble gravado culmina con el acto mismo de adjudicación a un tercero y el pago que este efectúa del monto fijado en el acto de remate, señalando que este es el momento en que el acreedor demandante ve satisfecho su crédito y que los actos posteriores son consecuencia del derecho de propiedad transferido al adjudicatario. Indicando asimismo, que subsistiendo la adjudicación inicial del bien sublitis, se determinaba que la misma se había producido con fecha 1 de diciembre de 2000, tanto más si mediante la resolución de fecha 12 de enero de 2003, se había ordenado el lanzamiento de los ocupantes del inmueble a favor del original adjudicatario. Luego de emitidas las sentencias de mérito, los demandantes interpusieron recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal relativa a la infracción de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales. Los demandantes señalaron que la resolución impugnada infringía el debido proceso, porque para declararse fundada la excepción de caducidad deducida por la parte demandada, se había tenido en cuenta la fecha de expedición de la resolución, 11 de diciembre de 2000. Los demandantes agregaron, que no obstante lo anterior, no se había tenido en cuenta que dicha resolución fue anulada mediante la resolución de fecha 7 de marzo de 2001, en la que inclusive se dispuso que se devuelva al adjudicatario el precio obtenido por el remate del bien sublitis. Añadió, asimismo, que esta última resolución fue revocada por el auto de vista de fecha 24 de julio de 2001, mediante el cual se ordenó se reponga el proceso al estado que corresponda y que se le notificó –según alegó– con fecha 15 de agosto del mismo año. Por lo tanto, la parte demandante sostuvo que es desde esta última fecha en que recién la adjudicación del citado bien resultaba firme y adquiría la calidad de cosa juzgada. Sin embargo, según refirieron los demandantes, los órganos de mérito habían tomado como referencia a efectos de computar el término de caducidad de la presente acción, la resolución de fecha 11 de diciembre de 2000, la misma que fue anulada, por lo que, según su parecer, la demanda había sido interpuesta dentro del término de ley. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema señaló que examinado el error in procedendo denunciado, en materia casatoria sí era factible ejercer el control casatorio

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de las decisiones jurisdiccionales para determinar si en ellas se habían infringido o no las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, que indudablemente trasciende en el derecho a un debido proceso. Asimismo, dicha Corte Suprema indicó que el derecho a un debido proceso supone la observancia rigurosa por todos los que intervienen en un proceso, no solo de las reglas que regulan la estructuración de los órganos jurisdiccionales, sino también de las normas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. Asimismo, la última instancia procesal también expresó que se estaba denunciando casatoriamente el haberse infringido el principio procesal relativo a la motivación de las resoluciones judiciales. En tal sentido, la Sala Suprema precisó que el principio procesal antes mencionado también constituía una garantía de la Administración de la Justicia que se encontraba recogida en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado. Además, invocando a la doctrina se expuso que de esta manera se evitaban arbitrariedades y se permitía a las partes usar adecuadamente el derecho de impugnación contra la sentencia para los efectos de la segunda instancia, planteándole al superior las razones legales y jurídicas que desvirtúan los errores que condujeron al juez a su decisión. Porque la resolución de toda sentencia es el resultado de las razones o motivaciones que en ellas se explican. Respecto al caso concreto, la Corte Suprema refirió que la primera parte del artículo 178 del Código Procesal Civil señala que hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable puede, demandarse, a través de un proceso de conocimiento, la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes homologado por el Juez que pone fin al proceso, alegando que el proceso que se origina ha sido seguido con fraude o colusión, afectando el derecho a un debido proceso, cometido por una, o por ambas partes, o por el Juez o por este y aquellas. Por otro lado, la Corte Suprema también definió la figura de caducidad, basándose en la doctrina, señaló que la caducidad es una figura jurídica procesal o adjetiva que es un plazo que extingue un derecho y que su

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cómputo se inicia con el nacimiento del mismo. Es decir, es la pérdida de un derecho, una facultad, una instancia o un recurso por no haberla ejercido dentro del plazo señalado para hacerlo. De lo expuesto y luego del análisis del expediente, la Corte Suprema llegó a la convicción de que las instancias inferiores para amparar la excepción de caducidad, habían determinado que la resolución emitida en el proceso civil cuya nulidad se perseguía adquirió la calidad de cosa juzgada con fecha 1 de diciembre de 2000 y, por consiguiente, había operado la caducidad en los términos planteados por la parte demandada. Sin embargo, de acuerdo con la Corte Suprema, la misma resolución incurría en incongruencia, pues si bien es cierto que se efectuó la mencionada precisión, relativa a la data de la resolución con calidad de cosa juzgada, la Sala Superior introdujo otro elemento más para llegar a tal convencimiento, consistente en indicar que además, mediante la resolución de fecha 16 de enero de 2003, se había ordenado el lanzamiento de los ocupantes del bien sublitis. No obstante lo cual, en atención a la naturaleza del proceso de ejecución de garantías, cuya nulidad se acciona, según la última instancia procesal, resultaba evidente que lo resuelto en dicho proceso tenía carácter ejecutable y, por tanto, no cabía ninguna duda que resultaba aplicable el artículo 178 del Código Procesal Civil, o sea, que la demanda debía de interponerse dentro de los seis meses de ejecutada la sentencia. Finalmente, de acuerdo con la Sala Suprema, había quedado evidenciado que mediante la resolución de fecha 16 de enero de 2003 se había ordenado el lanzamiento de los ocupantes del bien sublitis, siendo que la ejecución de la resolución culmina con el lanzamiento, situación procesal que no se había producido al postularse la incoada. Por lo que finalmente se declaró fundado el recurso de casación e improcedente la excepción de caducidad deducida por la parte demandada.

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declarar LA caducidad imposibilita EL pronunciamiento sobre el fondo del asunto

Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. Nº 1548- 2004Piura-Sullana (Data 45 000) Demandantes: Hernando Aniceto Vásquez y otros Demandados: Jorge Salomón Reyes y otros Asunto: Nulidad de Asiento Registral Fecha: 12 de abril de 2006

Se interpuso una demanda sobre nulidad de asiento registral, la cual fue declarada improcedente en primera instancia. Asimismo, la Sala Mixta Descentralizada de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura, confirmó la sentencia de primera instancia. Al respecto, los demandantes interpusieron recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso prevista en el inciso tercero del artículo 386 del Código Procesal Civil, sosteniendo que el Colegiado Superior había invocado caducidad de la pretensión demandada sobre nulidad de asiento registral, omitiendo pronunciarse sobre el fondo de dicha pretensión contraviniendo lo previsto en el segundo párrafo del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, respecto a que el Juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los alegados por las partes, como ha ocurrido al pronunciarse sobre la caducidad, correspondiéndole haber emitido pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión demandada. Respecto a la caducidad, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, señaló que, era el medio por el que el transcurso del tiempo determinaba la extinción del derecho y de la acción correspondiente, en razón de la inacción de su titular durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de los particulares; en ese sentido, la caducidad extingue el derecho que nace supeditado a un plazo de vigencia prefijado y no solo la acción correspondiente a ese derecho como sucede en el caso de la prescripción. Asimismo, dicha Corte Suprema agregó que el fundamento de la caducidad radicaba en la necesidad de liquidar situaciones inestables que producirían inseguridad, pues el orden social exige que se dé fijeza y seguridad a los derechos y se aclare la situación de los patrimonios a fin que las personas gocen de tranquilidad para realizar el fin trazado. En tal sentido, la Corte Suprema invocó los artículos del Código Civil que eran de aplicación supletoria al caso,

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refiriendo que el artículo 2003 señala que la caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente; asimismo, el artículo 2005, establece que la caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte; y, por último, el artículo 2007 que precisa que la caducidad se producía transcurrido el último día del plazo. Por otro lado, de acuerdo con la Sala Suprema, en la sentencia de vista impugnada con el recurso de casación, la Sala Superior, aplicó supletoriamente el tercer párrafo del artículo 92 del Código Civil, el mismo que establecía que si el acuerdo es inscribible en el registro, la impugnación puede formularse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la inscripción tuvo lugar. Así, tal como lo indicó la Corte Suprema, la instancia anterior concluyó que, versando la demanda sobre la nulidad del asiento registral respecto de la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas - Comunidades Campesinas, efectuada el 1 de febrero de 2001 y al haberse interpuesto la demanda el día 25 de abril de 2001, ya habían pasado los treinta días previstos por dicha norma; por tanto, su derecho para impugnar dicha inscripción ha caducado, situación que, según la Sala Suprema, llevó a la Sala Superior a confirmar la resolución de primera instancia, que declaraba improcedente la demanda. En tal sentido, la Corte Suprema expresó que el artículo 2005 del Código Civil señala que la caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte; siendo que, en el caso, la caducidad había sido declarada de oficio por el Juez, lo que se encontraba conforme a ley, consecuentemente, dicha declaración de caducidad imposibilitaba pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que, resultaba evidente que no se había dado el caso de omisión de pronunciamiento, ni tampoco se había contravenido lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Por lo que el recurso de casación interpuesto por la parte

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Sala de Derecho Constitucional y Social Cas. Nº 1548- 2004Piura-Sullana (Data 45 000) Demandantes: Hernando Aniceto Vásquez y otros Demandados: Jorge Salomón Reyes y otros Asunto: Nulidad de Asiento Registral Fecha: 12 de abril de 2006


demandante devino en infundado.

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1578-2001Sullana (Data 45 000) Demandante: Fernando Luis Abad Demandada: Nery Raquel Gutiérrez León Asunto: Divorcio por causal Fecha: 14 de setiembre de 2001

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Cuando las instancias de mérito no se pronuncien sobre la caducidad invocada se tendrá por nula la sentencia

El demandante interpuso demanda de Divorcio por causal contra la demandada, sustentándose en las causales contenidas en los incisos primero, segundo, cuarto, quinto y sexto del artículo 333 del Código Civil, esto es, por adulterio, violencia física y psicológica, injuria grave, abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos y por la conducta deshonrosa que hiciera insoportable la vida en común; respectivamente. La demandada sustentó su contestación en el artículo 339 del Código Civil, alegando que las causales de adulterio, violación física y psicológica, así como la de injuria grave habían caducado; por cuanto a la fecha de la interposición de la demanda que data del 6 de mayo de 1999, respecto al adulterio, habían transcurrido más de 6 meses de conocido el hecho por el demandante y respecto a las causales restantes ha transcurrido más de 6 meses de producidas tales causas. Al respecto, en primera instancia se declaró fundada la demanda sobre Divorcio por las causales de: adulterio, violencia física y psicológica, injuria grave, abandono injustificado de la casa conyugal y conducta deshonrosa. En el mismo sentido, con fecha 18 de abril de 2001 la Sala Mixta de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Piura, confirmó la sentencia de primera instancia; en consecuencia, se disolvió el vínculo matrimonial entre ambas partes y se dio por fenecida la Sociedad de Gananciales. Es así que la cónyuge demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista, el cual fue declarado procedente por las causales contenidas en los incisos segundo y tercero del artículo 386 del Código Procesal Civil, esto es, por la inaplicación de una norma de derecho material, y por la contravención de las normas

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título preliminar

que garantizan el derecho a un debido proceso, respectivamente. La impugnante argumentó para la primera causal, que se había inaplicado el artículo 339 del Código Civil respecto de la caducidad de la acción, ya que las instancias de mérito se habían limitado a decir que su parte no había aportado medios probatorios que corroboren sus dichos, pero, según la recurrente, la comprobación de caducidad no requería medios probatorios que la corroboren, pues solo debía comprobarse el tiempo transcurrido. Para la segunda causal, la recurrente arguyó que se atentaba contra el Principio de Congruencia previsto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, al haberse omitido pronunciamiento respecto a uno de los puntos controvertidos, como era el pedido de caducidad, efectuado por la recurrente al absolver el traslado de la demanda; asimismo, la recurrente indicó que la motivación no debía basarse solo en afirmar probados los hechos, sino que debía explicarse cómo se habían probado dichos hechos; en tal sentido, al no haberse procedido así, de acuerdo con la recurrente, las sentencias habían incumplido el requisito que exige el inciso tercero del artículo 122 del Código Adjetivo, al no expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan su decisión. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República advirtió que tanto la sentencia de primera instancia como la sentencia de Vista, no se habían pronunciado sobre la caducidad invocada. Siendo así, de acuerdo con la Corte Suprema, las instancias de mérito habían contravenido lo dispuesto por el artículo 122 inciso cuarto del Código Procesal Civil, que regula como obligación de todo Juzgador el pronunciarse de manera clara y precisa sobre todos los puntos controvertidos en el proceso; asimismo, la Sala Suprema invocó el artículo 50 inciso sexto del Código Procesal Civil, el cual establece que es deber del Juez fundamentar los autos y sentencias bajo sanción de nulidad, norma que dicha Sala Suprema, la concordó con lo dispuesto por el artículo 139 de la Constitución Política del Perú. En tal sentido, se declaró fundado el recurso de casación; y, en consecuencia nula la sentencia de vista.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. Nº 1578-2001Sullana (Data 45 000) Demandante: Fernando Luis Abad Demandada: Nery Raquel Gutiérrez León Asunto: Divorcio por causal Fecha: 14 de setiembre de 2001

Capítulo 11

DERECHO REGISTRAL

DERECHO REGISTRAL PRINCIPIOS REGISTRALES

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publicidad registral se extiende al título archivado

El principio de buena fe registral persigue proteger al tercero que ha adquirido un derecho de quien finalmente tiene capacidad para otorgarlo, lo que implica buscar la seguridad en el tráfico inmobiliario; sin embargo, tal búsqueda puede importar un sacrificio de la seguridad del derecho, por ello es que para morigerar tal sacrificio el legislador ha dificultado el acceso al principio de la buena fe registral, el que para ser alegado debe cumplir con los requisitos señalados en el artículo 2014 del Código Civil. La empresa demandante suscribió un contrato de usufructo con una sociedad conyugal respecto de unos inmuebles ubicados en el departamento de La Libertad, la vigencia de dicho contrato era hasta el 4 de octubre de 2010. Luego, dichos predios fueron adquiridos por una empresa, con quien el 16 de setiembre de 1998 se suscribió un contrato de usufructo sobre los bienes inmuebles de su propiedad, el cual fue inscrito en Registros Públicos; al respecto, se constituyó una hipoteca sobre los inmuebles inscritos precitados a favor de la demandante, modificándose el contrato de usufructo, y ampliando su plazo por cinco años, esto es, hasta el 4 de octubre de 2015. No obstante, al presentarse para la inscripción respectiva, el registrador omitió inscribir dicha ampliación de usufructo. Con posterioridad, la empresa propietaria transfirió la propiedad de dichos bienes dados en usufructo, a una tercera persona, quien inscribió su derecho de propiedad el 22 de junio de 1999. La demandante solicitó que se extienda el asiento de inscripción de la ampliación del plazo de usufructo, pero esta fue tachada por el registrador; y, luego de interponer el recurso de apelación

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Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 3088-2006-Lima (Data 45 000) Demandante: Mobil Oil del Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada Demandado: Juan José Amaya Medina Asunto: Impugnación de Resolución Administrativa Fecha: 13 de junio de 2007



respectivo, el Tribunal Registral mediante Resolución N° 113-2002-SUNARP/TRN confirmó la primera resolución. En tal sentido, Mobil Oil del Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada interpuso demanda de acción contencioso administrativa, a fin de que se declare la nulidad total de la Resolución del Tribunal Registral del Norte N° 113-2002-SUNARP/TRN de fecha 14 de agosto de 2002 y en forma accesoria la nulidad de la tacha; y, por consiguiente, se ordene la extensión del asiento de inscripción de ampliación de plazo de usufructo solicitado. El juez de primera instancia declaró infundada la demanda, la que fue confirmada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Las instancias de mérito señalaron básicamente que no resultaba posible extender la publicidad registral relacionada con el acto de ampliación del usufructo, debido a que dicho acto no aparece inscrito en las fichas registrales, y que si bien existía un título archivado dentro del cual se encontraba el citado acto de ampliación, este no podía reputarse como válido a efectos de señalar que el tercero registral (la última persona en adquirir los inmuebles) tuvo conocimiento de dicha ampliación al momento de inscribir las propiedades usufructuadas. Es así que la demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de interpretación errónea de los artículos 2012 y 2014 del Código Civil, refiriendo al respecto que: a) Existía interpretación errónea del artículo 2012 del Código Civil pues la publicidad registral no solo abarcaba el contenido del asiento registral sino también los títulos archivados; presentándose la interpretación errónea al supeditarse el principio de publicidad registral a la información que aparece en el asiento registral, cuando doctrinaria y jurisprudencialmente se había admitido que la publicidad alcanzaba la información que obra en los títulos archivados; siendo la correcta interpretación del artículo en mención que la información contenida en el título archivado era conocida por todos, pues el asiento solo constituye un resumen de lo que obra en el título; b) Existía interpretación errónea del artículo 2014 del Código Civil pues las resoluciones señalaban que el tercero registral, al momento de adquirir las propiedades

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usufructuadas, se encontraba amparado por el principio de la buena fe registral ya que al comprar los inmuebles no constaba inscrita la ampliación del usufructo; sin embargo, extendiéndose el principio de publicidad al título archivado, y siendo los asientos solo un resumen de lo que obra en aquellos, resultaba necesario su conocimiento para asegurar la buena fe; y en tal sentido la correcta interpretación es que el tercero registral no podía ser amparado por el principio de la buena fe registral cuando estaba a su alcance conocer lo que constaba en el título archivado. Al respecto, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que el artículo 2012 del Código Civil recogía literalmente el contenido del artículo V del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos que contiene el principio de publicidad, al establecer que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones; asimismo, dicha Corte Suprema señaló también que el artículo 2013 del Código acotado establece que el contenido de las inscripciones se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifiquen o se declare judicialmente su invalidez. De lo expuesto, según la Sala Suprema, el primero contiene una presunción iure et de iure, y el segundo una presunción juris tantum; en otras palabras, según dicha Sala Suprema todos conocen el contenido de las inscripciones y su contenido será cierto mientras no se declare lo contrario. Asimismo, de acuerdo con la Sala Suprema, el artículo 2012 del Código Sustantivo debía de complementarse con lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento General de los Registros Públicos, el que establece que a fin de asegurar la publicidad de los registros, sus funcionarios están obligados a manifestar a toda persona los libros, los títulos archivados, índices y además documentos que obran en las oficinas registrales. Además, tal como lo señaló la Sala Suprema, la exposición de motivos del artículo 2012 bajo comentario, confirmaba esta apreciación, al sostener que la presunción cerrada de conocimiento del contenido registral, encerraba solo un aspecto parcial de la publicidad al sostener una ficción legal, pues su aplicación aislada sin otorgar la posibilidad efectiva de acceso al Registro “implicaría un grave problema, referido al hecho de que las personas no

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puedan materialmente conocer aquello que la ley presume de su conocimiento” y que “la primera publicidad, a la que podemos llamar sustantiva, no es posible considerarla sin que exista ampliamente garantizada la segunda, es la que se puede llamar procesal”. Para la Corte Suprema, esto determinaba que formaban parte de la publicidad de los Registros Públicos, los títulos archivados, lo que guardaba concordancia con el artículo 160 del Reglamento antes citado, porque como el asiento registral era solamente un resumen, en el que constaba el título que daba origen al asiento, se tiene que dicho título está a disposición de toda persona, porque forma parte del asiento y de la publicidad de los registros. Por ello y a fin de asegurar la buena fe registral, la Corte Suprema indicó que no solo era necesario leer el resumen del asiento registral, sino tomar conocimiento del título archivado que le dio origen, más aún cuando el artículo 185 del Reglamento, dispone que para conseguir la manifestación de los libros y demás documentos, no se requería tener interés directo o indirecto en la inscripción o documentos; ni expresar el motivo o causa por las cuales se solicitan. En tal contexto, según la suprema instancia, era menester precisar que cuando el Código Civil empleaba el término “registro público” su concepto y alcances no podían ser interpretados de manera restrictiva, limitándolo solo al conocimiento del asiento registral, dado que la presunción absoluta de que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones implicaba el conocimiento tanto del asiento registral como de los títulos y documentos que lo sustentan y que se encuentran archivados en los Registros Públicos, de lo cual además se desprende la obligación que tienen los funcionarios de la entidad registral de dar a conocer los títulos archivados, índices y demás documentos que obran en las oficinas registrales. En tal sentido, la Sala Suprema manifestó que en el caso, el tercero registral se encontraba en la obligación de efectuar la búsqueda de todo aquello que pudiera afectar su futuro derecho de propiedad, por consiguiente, se verificaba una interpretación errónea del artículo 2012 del Código Civil que rige el principio de publicidad.

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Por su parte, la Suprema Sala advirtió que el artículo 2014 del Código Sustantivo consagraba el principio de la buena fe registral, en el que para su aplicación debían concurrir copulativamente, los siguientes requisitos: a. Que el adquirente obtenga el derecho a título oneroso; b. Que el adquirente actúe de buena fe tanto al momento de la celebración del acto jurídico del que nace su derecho, como al momento de su inscripción, buena fe que se presume mientras no se acredite que tenía conocimiento de la inexactitud del registro, es decir, se trata de una presunción iuris tantum; c. Que el otorgante aparezca registralmente con capacidad para otorgar el derecho del que se tratase; d. Que el adquirente inscriba su derecho; y e. Que ni de los asientos registrales ni de los títulos inscritos resulten causas que anulen, rescindan o resuelvan el derecho del otorgante. La Corte Suprema agregó al respecto que uno de los requisitos que tenía que cumplir quien alegaba el principio de la buena fe registral para que su derecho resulte oponible, era que actúe de buena fe tanto al momento de la celebración del acto jurídico del que nace su derecho, como al momento de la inscripción de este. En tal sentido, en el caso se apreciaba también la interpretación errónea del artículo 2014 del Código Civil pues al tercero registral no le alcanzaron los efectos de la buena fe registral dado que se encontraba a su alcance conocer de la ampliación en el plazo del usufructo de cinco años más, esto es, hasta el 4 de octubre de 2015, ello en el entendido que en la buena fe de naturaleza objetiva la protección al tercero no se basaba en la buena fe que había demostrado en su intervención contractual, pues en realidad la buena fe consistía en estar convencido de haber obrado de manera diligente, prudente y honesta, esto es, estar convencido de la certeza, licitud y legitimidad de su conducta, por ello, para sostener dicho convencimiento se debía verificar la realización de las diligencias necesarias de la manera antes descrita. Por consiguiente, no se llegó a evidenciar que el tercero en mención haya actuado de buena fe.

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Es así que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso de casación interpuesto por Mobil Oil del Perú Sociedad de Responsabilidad Limitada; y, en consecuencia nula la resolución de vista expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República.

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Decisión registral sobre rectificación de error debe impugnarse vía proceso contencioso-administrativo

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de justicia Cas. N° 1866-2004-La Libertad (Data 45 000) Demandante: Esperanza Masías Mendieta Demandados: Oficina Registral de la Libertad y otros Asunto: Nulidad de asiento registral Fecha: 3 de octubre de 2005

Si se solicita la subsanación del error registral dándose inicio a un procedimiento administrativo, entonces no se podrá invocar la nulidad de acto jurídico por inaplicación del principio de legitimación. Al respecto, se interpuso una demanda sobre nulidad de asiento registral e indemnización por daños y perjuicios contra la Oficina Registral de La Libertad y otros. La demandante pretendía la nulidad del Asiento N° 30, del folio ochenta y dos, del tomo 401 del Registro de la Propiedad Inmueble de La Libertad, en donde se dispuso la cancelación del Asiento N° 29, refiriendo asimismo que previamente solicitó ante los Registros Públicos la subsanación del error registral, sin resultado positivo alguno, dando por agotada la vía administrativa. El juez de primera instancia declaró fundada la demanda. Sin embargo, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad revocó la sentencia apelada, declarando improcedente la demanda. La Sala de mérito consideró que si la propia actora había solicitado ante la Oficina Registral la subsanación del error registral, dando por agotada la vía administrativa según ella misma señala, debió interponer demanda contencioso-administrativa, para lo cual la Sala Superior invocó el artículo 540 del Código Procesal Civil, que regulaba este tipo de acción, así como el inciso quinto del artículo 427 del citado Código, el cual faculta al juez a declarar improcedente la demanda cuando no exista conexidad entre los hechos y el petitorio. En este sentido, la demandante interpuso recurso de casación, el cual fue estimado procedente por la causal

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prevista en el inciso segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil, respecto a la inaplicación del artículo 2013 del Código Civil, por cuanto la recurrente refirió que la Sala Revisora, al declarar improcedente la demanda, había inaplicado dicho artículo del Código Sustantivo, a pesar de que era competencia exclusiva del Poder Judicial la facultad de declarar la nulidad de una inscripción registral, ya sea esta total o parcial; por lo tanto, para la recurrente no podía existir la posibilidad de revisión de la validez de las inscripciones en la vía administrativa que obligue a que agotada esta se tenga que cuestionar en la vía contencioso-administrativa, como el Superior Colegiado lo había considerado. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que si la recurrente había solicitado la subsanación del error registral, entonces dio inicio a un procedimiento administrativo, en donde las decisiones emitidas, sean de manera expresa o ficta, eran materia de acción contencioso-administrativa a que se refería el artículo 540 del Código Procesal Civil. De tal manera que de acuerdo a la Corte Suprema no resultaba procedente la demanda de nulidad de asiento registral sustentada en el referido hecho, razón por la cual esta se encontraba incursa en la causal de improcedencia a que se refiere el inciso quinto del artículo 427 del Código Procesal Civil. En consecuencia, para la Sala Superior no resultaba de aplicación lo dispuesto en el artículo 2013 del Código Civil, toda vez que si bien la norma acotada establecía que las inscripciones registrales se presumían ciertas y producían todos sus efectos; la misma norma establecía también la posibilidad de que se pueda solicitar su rectificación ante la propia autoridad registral, trámite que según refirió la recurrente inició y contra la cual correspondía interponer la correspondiente acción contencioso-administrativa, mas no la nulidad del acto jurídico. Es así que finalmente, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de justicia Cas. N° 1866-2004-La Libertad (Data 45 000) Demandante: Esperanza Masías Mendieta Demandados: Oficina Registral de la Libertad y otros Asunto: Nulidad de asiento registral Fecha: 3 de octubre de 2005


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APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS REGISTRALES DEBE ESTAR LIBRE DE CUALQUIER INDICIO QUE HAGA DUDAR DE SU VALIDEZ

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de justicia Cas. N° 2534-2004-Puno (Data 45 000) Demandante: Víctor Aragón Bedoya Demandados: Luisa Cahuina Roque Viuda de Ruelas y otro Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 16 de noviembre de 2005

En el presente caso, se interpuso una demanda de nulidad de acto jurídico, sustentando el demandante, en que era propietario registral del inmueble que ocupaba la codemandada, por haberlo adquirido de su anterior propietario, una entidad financiera. Al respecto, dicho propietario refirió que dio en arrendamiento su inmueble al demandado, lo cual constaba por documento privado; sin embargo, cuando fue a cobrar la garantía por el arriendo, tomó conocimiento que el bien inmueble estaba siendo ocupado por la codemandada, quien le expresó que poseía una escritura pública de compraventa; y, haciendo las pesquisas registrales, encontró que supuestamente el propietario le había transferido la propiedad del aludido bien al demandado, inscribiendo este acto jurídico, quien a su vez se lo transfirió a la codemandada. El propietario señaló que el título presentado era falso. El propietario también señaló que en la notaría, donde debía correr la supuesta escritura pública matriz, se había constatado, mediante una constancia emitida por el propio notario, que esta (la escritura pública matriz) no existía, por lo que se trataba de un documento falsificado. Siendo esto así, para el propietario, el segundo contrato, celebrado entre los demandados, también devenía en nulo, puesto que su finalidad era ilícita, atendiendo a que el vendedor transfirió un inmueble de propiedad ajena, utilizando un documento fraguado para obtener una ventaja económica y la compradora, posiblemente, lo adquirió a sabiendas de que los verdaderos propietarios eran el actor y su cónyuge. Luego de que es admitida a trámite la demanda, se corrió su traslado a los demandados, siendo estos declarados rebeldes. Mediante resolución de primera instancia, el a quo resolvió el conflicto intersubjetivo de intereses, declarando fundada en parte la demanda y en consecuencia nulo el acto jurídico, el documento que lo contiene y el asiento registral, respecto del acto celebrado entre el propietario y el demandado. Asimismo, se declaró nulo el

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acto jurídico, el documento que lo contiene y el asiento registral, contenido en el documento celebrado por el demandado y la codemandada. Respecto del primer acto jurídico, el a quo argumentó que al no existir la escritura pública matriz, conforme había quedado corroborado, dicho acto jurídico no tiene eficacia probatoria, de acuerdo al artículo 244 del Código Procesal Civil; además, en dicho acto no ha habido manifestación de voluntad del agente y se atenta contra las leyes que interesan al orden público. Respecto del segundo acto jurídico, se sostuvo que, como el demandado no era propietario del bien que estaba transfiriendo, es indudable que el acto jurídico celebrado con la codemandada devenía también en nulo. En este sentido, la codemandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Sin embargo, la Sala Superior, mediante resolución de vista, resolvió confirmar la resolución apelada, acogiéndose a los argumentos del a quo. Es así que, la codemandada interpuso recurso de casación, el cual fue estimado procedente por la causal relativa a la inaplicación de los artículos 2013, 2014 y 2016 del Código Civil, por cuanto para la recurrente, el acto jurídico de compraventa celebrado entre ella y el demandado mantenía su validez, aunque se declare la nulidad del anterior acto jurídico, en estricta aplicación del principio de fe pública registral, en concordancia con el principio de legitimación, sustentada en la veracidad de los datos que aparecen en los registros. De acuerdo a la recurrente, si se hubiesen aplicado estas normas, el segundo acto jurídico sería válido a tenor de lo dispuesto por el artículo 2014 del Código Civil, manteniéndose su validez, máxime si era tercero registral de buena fe, no siendo, para ella, nulo el acto jurídico celebrado ya que no se había acreditado que la recurrente conociera de la inexactitud de los datos del registro. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República explicó cada uno de los artículos mencionados anteriormente. En tal sentido, se señaló que el artículo 2013 se refería al principio de legitimación, el cual indicaba que el contenido de la inscripción se presumía cierto y producía todos sus efectos, mientras no se rectificara o se declarara judicialmente su invalidez; el

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artículo 2014 se refería al principio de buena fe registral, advirtiéndose que el tercero que de buena fe adquiriera a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparecía con facultades para otorgarlo, mantenía su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva eI del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro; y, el artículo 2016 que señalaba el principio de preferencia, estaba referido a que la prioridad en el tiempo de la inscripción determinaba la preferencia de los derechos que otorgaba el registro. Asimismo, la Corte Suprema indicó que la causal casatoria de inaplicación de normas de derecho material se configuraba cuando los magistrados de mérito no empleaban disposiciones jurídicas imprescindibles para la resolución del conflicto intersubjetivo de intereses y cuya aplicación tenía tal transcendencia en la litis, que de ser aplicadas cambiaban la decisión adoptada por los jueces, sin que ello conllevara a la revisión de los elementos probatorios. Para la Sala Suprema, las normas invocadas habían sido objetivamente inaplicadas por las instancias de mérito, es así que se debía determinar si su aplicación al caso podía variar la decisión adoptada. La Sala Suprema agregó que las disposiciones denunciadas constituían tres de los principios registrales que ostentaba el ordenamiento jurídico nacional y que eran el principio de legitimidad, el de fe pública registral y el de prioridad. Al respecto, invocando a la doctrina, la Suprema Sala señaló que el principio de legitimidad se configuraba cuando se presumía que el contenido de los asientos era exacto y veraz, en consecuencia al titular del derecho inscrito se le consideraba legitimado para actuar en el tráfico jurídico; asimismo, el principio de fe pública registral era aquel en virtud del cual el tercero que adquiriera en base a la legitimación dispositiva del titular registral era mantenido en la adquisición a non domino que realiza, una vez que ha inscrito su derecho, con los demás requisitos exigidos en la ley. Mientras que el artículo 2016 del Código Sustantivo recogía el principio romano del prior tempore prior jure.

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Respecto al caso concreto, la suprema instancia indicó que sin analizar los medios probatorios, lo cual era una actividad vedada a este Tribunal, se tenía que las instancias de mérito habían declarado que el acto jurídico celebrado entre el demandante con el demandado, era un contrato de arrendamiento privado del 1 de agosto de 2001 y no así un contrato de compraventa de bien inmueble, por lo que devenía en nulo de puro derecho, al no expresar la voluntad del agente. Con relación al segundo acto jurídico, las instancias de mérito lo declararon nulo, atendiendo a que el vendedor no podía transferir un bien que no le pertenecía, además de que su finalidad era ilícita; sin embargo, al margen del error incurrido por las instancias, referido a la venta de bien ajeno, la cual está prevista taxativamente en la ley, es preciso señalar que era principio jurídico base de nuestro ordenamiento el que un acto jurídico nulo no pueda producir efectos jurídicos. Por ende, luego de efectuado el análisis del caso, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República manifestó que los principios registrales se aplicaban a las relaciones jurídicas sustantivas, para brindar seguridad jurídica y publicidad sobre dicha relación; sin embargo, su aplicación debía estar libre, a su vez, de cualquier indicio que haga dudar de su validez. Y, en el caso, conforme habían señalado las instancias de mérito, se había hecho uso de documentación fraguada para la obtención de un derecho real, el que había generado el derecho real de la recurrente. En tal sentido, no eran aplicables los principios registrales, puesto que se le estaría dando validez a un acto jurídico que había nacido como consecuencia de un acto indebido e ilícito, en donde se habían utilizado mecanismos fraudulentos para la obtención de un falso derecho real, que el ordenamiento jurídico y el propio principio de seguridad jurídica no podían tolerar, conforme lo prescribe el numeral V del Título Preliminar del Código Civil. Por lo que finalmente se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la codemandada.

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NO SE PUEDE INVOCAR LA BUENA FE REGISTRAL SI NO SE INSCRIBE EL DERECHO CORRESPONDIENTE EN LOS REGISTROS PÚBLICOS

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de justicia Cas. N° 2072-03-Piura (Data 45 000) Demandante: Flor de María Otero Chuyes de Carcamo Demandados: Banco de Crédito del Perú - Piura y otro Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 12 de mayo de 2004

La demandante interpuso demanda de nulidad de acto jurídico contra una entidad financiera y un tercero. La finalidad de la demanda era que se declare nulo el contrato de prenda vehicular celebrado entre los codemandados. El juez de primera instancia declaró infundada la demanda sobre nulidad de acto jurídico; sin embargo, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima, reformando la sentencia de primera instancia, declaró fundada la demanda; como consecuencia de ello, se declaró nulo el contrato de prenda vehicular. En tal sentido, la entidad financiera interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente, por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil, referido a la inaplicación del artículo 2014 del Código Civil, el cual establecía el principio de buena fe registral, por cuanto según afirma el recurrente, la entidad financiera tenía calidad de tercero y de buena fe adquirió el derecho del codemandado, quien en el registro aparecía como único propietario del bien materia de litis y portaba además documento de identidad en el que aparecía como divorciado. Al respecto, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que era materia de resolución determinar si al emitir la resolución final el Superior había incurrido en error in iudicando al haber dejado de aplicar el artículo 2014 del Código Civil. Asimismo, la Corte Suprema indicó que este artículo establecía que el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos, siendo que la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. La Sala Suprema agregó que el supuesto de hecho contenido en el artículo 2014 del Código Civil era la protección que se daba al adquiriente de buena fe a título

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oneroso, ello siempre y cuando haya inscrito su derecho en el registro correspondiente, para el caso los Registros de Propiedad Vehicular. Luego del análisis del expediente, la Sala Suprema advirtió que en los términos de la contestación de la demanda, en ningún momento se hacía referencia a la inscripción que hubiere realizado el banco recurrente con relación a la prenda vehicular del bien submateria, pues solo se hacía mención que esta se constituía a su favor y que en los Registros Públicos su codemandado, aparecía con facultades para otorgar ese derecho. En consecuencia, tal como lo señaló la suprema instancia, la norma cuya aplicación se demandaba no resultaba pertinente para la solución del conflicto de intereses, desde que esta regulaba un supuesto de hecho distinto al debatido en el proceso. En este sentido, se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la entidad financiera.

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SI LA COMPRADORA CONOCÍA DE LA VENTA IRREGULAR NO PUEDE INVOCAR LA BUENA FE REGISTRAL EN EL ACTO JURÍDICO CELEBRADO

En el presente caso, una inmobiliaria celebró un contrato de compraventa, en calidad de vendedora, con otra empresa en calidad de compradora, dicho contrato se elevó a escritura pública. El representante legal de la empresa inmobiliaria dispuso en un solo acto del total de los activos de la compañía. En tal sentido, se interpuso una demanda sobre ineficacia de acto jurídico, alegando que la disposición del total de los activos de la compañía se hizo sin poderes ni facultades suficientes; asimismo, las demandantes señalaron que el representante legal de la compradora sabía de las irregularidades en la venta citada anteriormente, no solo por ser conocedor de las leyes peruanas societarias, sino porque formaba parte del estudio de abogados que llevaba la defensa de la representante legal de la inmobiliaria demandada en el proceso de nulidad de acuerdos de junta general de accionistas que se seguía en el Décimo Cuarto Juzgado Civil de Lima.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1788-2003-Lima (Data 45 000) Demandantes: María del Rosario Guinea Viuda de Dulanto y otras Demandados: Tripostar Corp. Sociedad Anónima e Inmobiliaria Redul Sociedad Anónima Asunto: Ineficacia de Acto Jurídico Fecha: 21 de noviembre de 2003



Por su parte, la empresa compradora contestó la demanda expresando que actuó sobre la base de la buena fe registral, ya que adquirió los predios que figuraban en el registro como propiedad de la vendedora a través de su representante, quien aparecía como tal en registros. Además, señaló que no existía complicidad entre su representante y la defensa de la representante legal de la inmobiliaria, por el hecho de pertenecer el primero al estudio de abogados que asesoraba a la mencionada empresa, ya que ello no calificaba como infracción al deber de abogado ni como una incompatibilidad en el ejercicio profesional; no habiendo, la demandada, tomado conocimiento de la forma en que su vendedora llegó a la decisión de transferir los inmuebles. El juez de primera instancia declaró fundada la demanda y en consecuencia, ineficaz la compraventa realizada. En el mismo sentido, la Tercera Sala Civil de Lima confirmó la sentencia apelada. La Corte Superior basó su sentencia en que la empresa compradora no podía ampararse en la buena fe registral prevista en el artículo 12 de la Ley General de Sociedades, dado que en la celebración de la compraventa estuvo representada por un abogado, quien reconoció pertenecer al estudio de abogados que asesoraba a su codemandada (la empresa inmobiliaria), contra quien las ahora demandantes también interpusieron una acción de nulidad de los acuerdos adoptados en la junta general extraordinaria de accionistas; hecho que no pudo haber sido ajeno a la compradora, quedando así eliminada toda presunción de buena fe. Es así que la empresa compradora interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente, por las siguientes causales: a) Causal de inaplicación de una norma de derecho material: El recurrente señaló ser un tercero que de buena fe adquirió un derecho basado en la información de los registros, por lo que se habían inaplicado los artículos 2012, 2013 y 2014 del Código Civil. b) Causal de interpretación errónea de una norma de derecho material: El recurrente indicó que de la interpretación sistemática de dichas normas se infería que el concepto de buena fe registral que las demandantes aludían, era de tipo objetivo mas no subjetivo. Es decir,

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según la recurrente, la buena fe registral no se calificaba por hechos que se inferían en base a indicios o presunciones, como lo hizo la Sala Superior, al referir que por ser el representante legal de la recurrente abogado de la representante legal de la empresa vendedora, quedaba desvirtuada la buena fe sindicada. La empresa demandada señaló que el principio registral anotado le es aplicable porque constató según los datos del registro respectivo que la empresa transferente era la propietaria de los inmuebles y que su representante legal contaba con facultades necesarias para otorgar dicha transferencia. La recurrente también expresó que se había interpretado erróneamente el artículo 12 de la Ley General de Sociedades, al haberle otorgado a la buena fe un cariz que no le correspondía, ya que la norma acotada aludía solo a la buena fe objetiva y no subjetiva. En primer lugar, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República invocó el artículo 12 de la Ley General de Sociedades, el cual establecía que la sociedad estaba obligada hacia aquellos con quienes ha contratado y frente a terceros de buena fe por los actos de sus representantes celebrados dentro de los límites de las facultades que les haya conferido, aunque tales actos comprometan a la sociedad, a negocios u operaciones no comprendidos dentro de su objeto social. En este sentido, la Corte Suprema precisó que solo existía responsabilidad de la sociedad frente a terceros, por actos de sus representantes siempre que los terceros hayan actuado con buena fe, a contrario sensu si el tercero carecía de buena fe, la sociedad quedaba eximida de responsabilidad alguna, anotándose además que la norma no precisaba que la buena o mala fe necesariamente deba ser expresa en términos registrales como equivocadamente sostenía la recurrente. Al respecto, la Corte Suprema concluyó que no se había configurado la causal de interpretación errónea de este artículo, toda vez que la impugnante no podía ampararse en la buena fe regulada en la precitada disposición societaria, porque se encontraba acreditado que la compradora, por intermedio de su abogado, conocía del proceso de nulidad de acuerdos adoptados en la junta general extraordinaria de accionistas de fecha 29 de marzo de 1999, en donde justamente se nombraba a la

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representante legal de la empresa vendedora, y se le facultaba a vender inmuebles de la inmobiliaria demandada, ello porque dicho letrado pertenecía al estudio de abogados que asumía la defensa de la vendedora codemandada justamente en el proceso judicial mencionado. Así, tenemos que según la Sala Suprema, la conclusión arribada por la Corte Superior había sido el resultado de su criterio valorativo respecto de los medios de prueba, desde que para dicho Colegiado la buena fe registral era enervada por el conocimiento que el representante de la compradora tenía de los actos irregulares de la vendedora, situación que no podía ser modificada en sede casatoria. En cuanto a la causal de inaplicación, la última instancia procesal señaló que el artículo 2014 del Código Civil disponía que el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en registro aparece con facultades para otorgarlo mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en Registros Públicos. La buena fe del tercero se presumía mientras no se pruebe que conocía de la inexactitud del registro. En tal sentido, la suprema instancia manifestó que si bien de la norma sindicada se desprendía que la subsistencia del derecho del tercero es procedente siempre que la anulación, resolución o rescisión del derecho del enajenante no se produzca por causas que consten en los Registros Públicos, también lo es que el dispositivo no limitaba dicho supuesto, pues podía darse el caso en que el tercero haya tomado conocimiento de la situación descrita por motivos extrarregistrales, lo que no es prohibitivo por el artículo en comento. En este caso, de acuerdo a lo señalado por la Sala Suprema, ya había quedado establecido en la sentencia de mérito que la compradora conocía de la venta irregular desde que su representante legal formaba parte del estudio jurídico que asumió la defensa de la recurrente legal de su vendedora en el proceso de nulidad de acuerdos, de manera que la buena fe registral invocada había quedado desvirtuada por completo, infiriéndose de lo anotado que la recurrente tenía conocimiento de la inexactitud de los datos que aparecen en el registro;

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en tal sentido, la Suprema Sala advirtió que no se demostraba en el recurso de casación cómo, de haberse aplicado el artículo 2014 del Código Civil, se hubiera alterado el sentido de lo resuelto. Finalmente, la Corte Suprema aseveró que estando a que la Corte Superior determinó que la empresa compradora no actuó con buena fe al adquirir los cuatro inmuebles materia del negocio jurídico cuestionado por lo que no contaba con buena fe registral, tampoco se explicaba cómo, de aplicarse los artículos 2012 y 2013 del Código Civil, que consagran respectivamente el principio de publicidad y legitimación registrales, se iban a modificar las consideraciones arribadas por la Sala de mérito en la resolución recurrida. Por tales consideraciones, se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la empresa compradora.

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Se presume la buena fe mientras no se pruebe que eL TERCERO conocía la inexactitud del Registro

La demandante tenía derecho de copropiedad, en su calidad de heredera, sobre un inmueble, que figuraba inscrito en dos fichas registrales. Luego, se ordenó el cierre de una de las fichas registrales. Dicho inmueble fue adquirido por la madre de la demandante conjuntamente con un tercero. En la ficha que se mandó cerrar, aparecía una ampliación que comprendía un derecho del 50% a favor de la compradora (madre de la demandante), y la posterior transferencia de esos derechos a favor de la demandante, lo que se registró el 15 de noviembre de 2000. Según la ficha registral que se mantenía vigente, los hijos del tercero que compró conjuntamente con la compradora el bien inmueble, celebraron un contrato de compraventa cuya escritura pública fue inscrita el 23 de octubre de 2000, de donde se infería que los compradores, terceros de buena fe registral, conforme al artículo 2014 del Código Civil, adquirieron de quienes, a la fecha de la venta, tenían facultades para transferirlo. Es así que la demandante interpuso demanda sobre nulidad de escritura pública contra los demandados

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 951-2005Sullana (Data 45 000) Demandante: Eva Luzmila Miera Ruesta Demandados: Víctor Julio Sáenz Saldarriaga y otro Asunto: Nulidad de escritura pública Fecha: 25 de noviembre de 2005



(hermanos vendedores del bien inmueble), la cual se declaró infundada; en el mismo sentido, la Sala Civil Descentralizada de Sullana confirmó la sentencia apelada. Al respecto, la demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente, sobre la base de la causal contemplada en el inciso primero del artículo 386 del Código Procesal Civil, argumentándose la interpretación errada del artículo 2014 del Código Civil. La demandante señaló que fue un error de la Sala Superior el aseverar que la publicidad registral solamente se circunscribía al asiento registral y no se extendía a los títulos inscritos que obraban en los registros Públicos; por lo que no se tuvieron en cuenta las escrituras y títulos archivados del Registro Público de los que fluía su calidad de copropietaria. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República advirtió que el artículo 2014 del Código Civil consagraba el principio de buena fe registral, y la presunción de buena fe del tercero que adquiriera algún derecho de persona que en el Registro apareciera con facultades para otorgarlo, y establece que este mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los Registros Públicos. La Corte Suprema invocó al respecto la Casación N° 1167-98, según la cual el fundamento del principio de fe pública registral radicaba en la necesidad de asegurar el tráfico patrimonial, cuyo objeto consistía en proteger las adquisiciones que por negocio jurídico efectúen terceros adquirientes y que se hayan producido confiados en el contenido del registro, para lo cual la ley reputaba exacto y completo el contenido de los asientos registrales. El principio de fe pública registral protege al tercero adquiriente frente a la inexactitud del contenido del registro. Por otro lado, la Suprema Sala manifestó que toda enajenación exigía, aparte de la validez intrínseca del acto mismo, la preexistencia de la facultad de disponer en el enajenante, sin la cual, en principio, la transmisión es ineficaz. Dicha Sala Suprema agregó que el Registro de la Propiedad había sido instituido para dar seguridad al que realice una adquisición inmobiliaria, eliminando la

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posibilidad de que esta resulte ineficaz por no existir derecho en el transferente; y que en sistemas registrales como el peruano, en que la inscripción, en principio, no forma parte del iter adquisitivo del derecho real (pues no es constitutiva), la seguridad en el tráfico inmobiliario se conseguía haciendo válida, dadas ciertas condiciones, aun a la adquisición a non domino inscrita, que quedaba dotada de una protección que la hacía invulnerable. En el mismo sentido, la Corte Suprema continuó señalando que el registro garantizaba quién es el propietario de la finca, por eso el artículo 2013 del Código Civil contenía una presunción iuris et de iure, esto es que no admite prueba en contrario, de tal manera que el contenido de la inscripción se presumía cierto y producía todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. Asimismo, el Reglamento de las Inscripciones (aprobado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el 17 de diciembre de 1936) aplicable en razón de la temporalidad de la norma, en su artículo 44 regulaba la forma en que se extendían los asientos registrales, y la obligatoriedad de indicar su conformidad con el título que sirvió para extenderlo; así también, el Reglamento General de los Registros Públicos, del 29 de mayo de 1968, en su artículo 172 establecía la posibilidad de que se anule un asiento de inscripción, además de las causas de nulidad establecidas en la ley, por no reunir los requisitos esenciales establecidos en los reglamentos o cuando estén expresados con tal inexactitud que un tercero pueda ser inducido a error. De lo expuesto, la Corte Suprema indicó que nada de esto sucedió en el caso. Luego, la Corte Suprema refirió que la protección al adquiriente de buena fe y a título oneroso que inscribe su derecho, se justifica: a) En la buena fe, de quien cree en la titularidad del que le trasmite, lo que se debe proteger; y b) En la negligencia del titular verdadero, quien al no cuidar se inscriba su derecho, dio lugar a que se realice una transacción en la que él no intervino. Además, la Sala Suprema invocando a la doctrina expresó que con relación al artículo 2014 del Código Civil, se señala que dicho dispositivo, en concordancia con el

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artículo 1135 del mismo Código, contiene una presunción juris tantum a favor del tercero, en quien se presume la buena fe, mientras no se pruebe que este conocía la inexactitud del Registro. Finalmente, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso de casación.

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PRESUNCIÓN DE BUENA FE DEL TERCERO ADQUIRENTE PUEDE SER QUEBRADA ACREDITANDO QUE NO CONOCÍA INEXACTITUD DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 744-2005-La Libertad (Data 45 000) Demandante: Adita María Céspedes País Demandados: Carlos Manuel Chávez Vargas y otros Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 10 de marzo de 2006

La demandante interpuso contra los demandados una demanda sobre nulidad de acto jurídico, respecto a la compraventa celebrada entre ambas partes del proceso. Luego, uno de los demandados transfirió dicho inmueble al otro demandado, acto jurídico de compraventa que la actora también pretendía anular. El juez de primera instancia declaró fundada en parte la demanda; en el mismo sentido, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó la sentencia apelada. Al respecto, se tiene que tanto el a quo como el ad quem ampararon la demanda solo en el extremo en que se peticionó la nulidad del acto jurídico de compraventa y de la escritura pública que lo contiene de fecha 10 de agosto de 1996, celebrado supuestamente por la actora con uno de los demandados; declarándose infundado en cuanto se pide la nulidad de la compraventa y de la escritura pública que lo contiene del 23 de diciembre de 1997, por que el demandado transfiere a su vez al codemandado el citado inmueble. De acuerdo a la Corte Superior, tal sentencia se dio sobre la base de que si bien es cierto se encontraba acreditada la actuación dolosa del demandado en la primera compraventa, la actora no había logrado acreditar con medio probatorio alguno que el último comprador haya conocido de las deficiencias registrales que adolecía el derecho de su vendedor. Es así que la demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de interpretación errónea del artículo 2014 del Código Civil. La

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recurrente expresó como fundamentos que si bien era verdad que el artículo 2014 del Código acotado encerraba el principio de buena fe registral, protegiendo a terceros de buena fe, también era verdad que la adquisición que se hiciera se mantendría siempre y cuando no existieran causas que consten en los registros públicos; y, que, según la recurrente, en ese sentido, los demandados no podían estar protegidos por dicho principio pues se había advertido que estos conocían perfectamente de la inexactitud del registro. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que en reiterada y uniforme jurisprudencia se había establecido que el fundamento del principio de la fe pública registral radicaba en la necesidad de asegurar el tráfico patrimonial, cuyo objeto consistía en proteger las adquisiciones que por negocio jurídico efectúen terceros adquirientes y que se encuentren confiados en el contenido del registro; para ello, la ley reputaba exacto y suficiente el contenido de los asientos registrales, vale decir, la ley ha preferido la seguridad jurídica que produce el efecto erga omnes de las inscripciones registrales. Asimismo, dicha Corte Suprema continuó señalando que, en armonía con dicho propósito, se contemplan, entre otros, los principios de publicidad y legitimación, recogidos en los artículos 2012 y 2013 del Código Civil, en cuyas virtudes se presume de modo jure et de jure que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones, y de modo juris tantum, que dicho contenido se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. La última instancia procesal también advierte que otro de los pilares del derecho registral es la buena fe con que actúa el usuario de los Registros Públicos; es así que el artículo 2014 del Código Sustantivo, que regula el principio de buena fe pública registral, establece claramente que el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos; dispositivo que concluye, tal como lo señala la Corte Suprema,

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 744-2005-La Libertad (Data 45 000) Demandante: Adita María Céspedes País Demandados: Carlos Manuel Chávez Vargas y otros Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 10 de marzo de 2006


que la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. De lo expuesto, la Sala Suprema manifestó que esto significaba que la presunción de buena fe del tercero adquirente podía ser quebrada, acreditando el interesado que el referido tercero, pese a lo que informaba el registro, conocía por otros medios que dicha información era inexacta y perjudicaba un futuro acto jurídico. Por otro lado, la Suprema Sala expresó que la actora en casación insistía en que los demandados no podían estar protegidos por dichos principios, pues en el expediente se encontraba acreditado que estos conocían perfectamente de la inexactitud del registro. Al respecto, la Sala Suprema concluyó que esta argumentación no se dirigía a imputar una interpretación errónea por parte de la Sala Revisora respecto del artículo 2014 del Código Civil, puesto que coincidía con esta sobre la posibilidad de quebrar la buena fe registral cuando el tercero conoce de la inexactitud del registro, sino que se orientaba a cuestionar la conclusión valorativa de los juzgadores respecto de los medios probatorios actuados. Por lo que al no configurarse el error jurídico denunciado, se declaró infundado el recurso de casación.

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NO PUEDE INSCRIBIRSE UN TÍTULO INCOMPATIBLE CON OTRO YA INSCRITO AUNQUE SEA DE FECHA ANTERIOR

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 811-2005-Piura (Data 45 000) Demandante: Alejandro Silva Juárez Demandado: Otto Távara Polo Asunto: Mejor derecho de propiedad y entrega de bien inmueble Fecha: 21 de noviembre de 2005

En el año 2000, el Primer Juzgado Civil de Sullana adjudicó un inmueble ubicado en dicha ciudad a una empresa; en la sentencia emitida por dicho juzgado también se dispuso que se deje sin efecto todo gravamen sobre dicho bien. El 28 de marzo de 2001, la empresa propietaria del inmueble lo transfirió a una pareja de cónyuges. Asimismo, dicha pareja transfirió el bien inmueble a una segunda pareja de cónyuges, con fecha 30 de octubre de 2001, compraventa que fue inscrita en los Registros Públicos el 4 de marzo de 2002. A la fecha de este acto jurídico solo constaban en los Registros Públicos que el inmueble había sido transferido a la pareja de cónyuges vendedores, y que todos los gravámenes que pesaban sobre aquel habían sido cancelados.

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Por resolución de la Segunda Sala de la Corte Superior de Piura, de 20 de setiembre de 2001, se anuló la resolución que había adjudicado el bien a la empresa señalada en el primer párrafo; oficiándose al registrador público el 19 de diciembre de 2001. Es así que el 10 de julio de 2002, vía remate, el bien fue adjudicado al demandado. En tal sentido, la pareja de cónyuges compradora del bien inmueble interpuso demanda sobre mejor derecho de propiedad y entrega del bien contra la persona a quien se adjudicó el bien a través de un remate. El juez de primera instancia declaró fundada la demanda. Sin embargo, la Sala Descentralizada Civil de Sullana revocó la sentencia apelada; y, en tal sentido, declaró infundada la demanda sobre mejor derecho de propiedad y entrega de bien inmueble; y fundada la reconvención formulada por el demandado. La Sala Superior también declaró nulo el acto jurídico de compraventa del inmueble en litis a través del cual los demandantes compraron el bien, y nula la inscripción pertinente. Al respecto, el demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por las causales previstas en los incisos primero y segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil, respecto de los siguientes cargos: a. Interpretación errónea del artículo 2014 del Código Civil, referido al principio de buena fe registral, lo que implica que el tercero (el recurrente) que actúa bajo la fe pública registral está protegido por las garantías registrales y por la seguridad jurídica que confiere el registro, tanto más si la adquisición fue de buena fe y a título oneroso; por tanto, según el demandante, habiéndose configurado y probado con pruebas idóneas que él adquirió el inmueble sin limitación para su libre transferencia ni afecto a gravámenes u otras medidas, de buena fe y a título oneroso de parte de personas (propietarios y vendedores) que en el registro aparecían con facultades para otorgarlos era de aplicación al caso la norma contenida en el artículo 2014 del Código Civil; b. Inaplicación de las siguientes normas de derecho material:

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b.1 del artículo 2012 del Código Civil, toda vez que se presumía sin admitirse prueba en contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones, es así que debió tenerse en cuenta que cuando el demandado adquirió el inmueble, este se encontraba inscrito a nombre del impugnante; b.2 del artículo 2013 del Código Civil, que establece que el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez; en este sentido, cuando el recurrente adquirió el inmueble materia de litis, este no estaba afecto a ninguna limitación que impidiese su libre transferencia ni menos tenía gravámenes, lo que estaba probado con la ficha registral del aludido predio; b.3 del artículo 2016 del Código Civil, toda vez que la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro, pues el inmueble adquirido por el recurrente y su cónyuge fue inscrito primero y mucho antes que la inscripción de los partes judiciales por los cuales se transfirió vía adjudicación el inmueble al demandado; b.4 del artículo 2017 del Código Civil, que establece que no podía inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito aunque sea de fecha anterior, toda vez que el derecho de propiedad del recurrente se inscribió con anterioridad al del demandado; y b.5 del artículo 2022 del Código Civil, que señala que para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre estos, es preciso que el derecho que se opone haya estado inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone, así tenemos que el derecho de propiedad del recurrente fue inscrito con anterioridad al del demandado por lo que su derecho tenía preferencia. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que el Código Civil, en materia

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registral, establece en su artículo 2012 el principio de publicidad registral y como presunción, que no admite prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Asimismo, dicha Corte Suprema indicó que el artículo 2013 del Código Civil recoge el principio de legitimación registral, de acuerdo al cual el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o declare judicialmente su invalidez; y, que el artículo 2014 del mismo código otorga seguridad jurídica a quien, de buena fe, adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, de tal manera que una vez inscrito su derecho mantiene su adquisición, aunque después se declare nulo el título de su vendedor. Por otro lado, la Corte Suprema manifestó que en la instancia de mérito se había establecido que al momento en que los demandantes adquirieron la propiedad del inmueble por compraventa, no existía inscrita medida limitativa o restrictiva del derecho del vendedor, por lo que era evidente que compraron bajo la fe del registro y a título oneroso. En este sentido, la Corte Suprema expresó que la buena fe era el requisito primero del artículo 2014 del Código Civil, y consistía en la creencia o persuasión personal de que el vendedor es el dueño legítimo y puede transferir su dominio, y se presume en el adquiriente, por lo establecido en la misma norma, como también por lo que establecen los artículos 1361 y 1362 del mismo Código Sustantivo. A continuación, la Suprema Sala refirió que por el contrario, la mala fe debía probarse; y, en este sentido, dicha Sala Suprema advirtió que de acuerdo con la sentencia de vista, la empresa a la que se adjudicó el bien inmueble con fecha 25 de setiembre de 2000 había actuado de mala fe; pero no se había establecido la mala fe de la pareja vendedora del bien inmueble ni de la pareja demandante; más bien, según la Corte Suprema citando a la Corte Superior, se reconoció que esta última actuó sobre la base de lo que figuraba en el registro, aunque a continuación, la Corte Superior estimó que debieron observar las inscripciones ordenadas por las resoluciones judiciales, con referencia evidente a lo que se había ordenado en el proceso, lo cual, según la Suprema no

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constaba en el Registro Público. Además, invocando la resolución de vista, se señaló que esta agregó que “mas si se tiene en cuenta que las observaciones realizadas pese a la inscripción son de carácter público”, frase que no es clara, según la Corte Suprema, y que no precisaba a qué observaciones se refería. En consecuencia, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República amparó el recurso interpuesto por la causal de interpretación errónea del artículo 2014 del Código Civil, e inaplicación de los artículos 2012 y 2013 del mismo Código. En cuanto a los artículos 2016, 2017 y 2022 del código acotado, la Corte Suprema señaló que era evidente que su aplicación era consecuencia de lo primero, pues debía prevalecer la inscripción que primero se asentó en el Registro Público, que era incompatible a la inscripción de todo título posterior, y que la demanda de mejor derecho debía ampararse, por tener derecho inscrito prioritariamente. Es así que se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante. Sin embargo, respecto a la sentencia de la Sala Suprema, hubo un voto en discrepancia, el cual, en primer término expuso que el artículo 2014 del Código Civil que regulaba el principio de buena fe pública registral, en virtud del cual el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos. Así, dicho magistrado, quien emitió el voto en discordia, refirió que la norma acotada protegía al tercero que de buena fe y a título oneroso adquirió un derecho de aquel que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, siendo requisito necesario para que opere el citado principio que la adquisición se haya efectuado a título oneroso, que esta haya sido inscrita en los registros públicos, y que concurra la buena fe del adquirente; para el magistrado, que no se hubiera conocido la inexactitud del registro o que no hubiera estado en aptitud de conocerla, implicaba la existencia de culpa, la cual, según este magistrado, excluía la concurrencia de la buena fe.

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A continuación, el magistrado invocó el primer párrafo del artículo 2022 del Código Civil, el cual establece el principio de oponibilidad de derechos reales sobre inmuebles, en mérito del cual para oponer derechos reales sobre dichos bienes es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad; lo cual, según el voto en discordia, guardaba relación con el principio de prioridad registral que contiene el artículo 2016 del citado Código que establece que la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. Al respecto, el magistrado indicó que las citadas normas debían ser interpretadas en forma sistemática con los demás principios que gobiernan las inscripciones, correspondiendo ser concordadas con el principio de la buena fe pública registral, debiendo entenderse que si bien las referidas normas establecían que resulta oponible el derecho que primero se inscribe en los registros públicos, ello opera siempre y cuando se advierta la concurrencia de la buena fe, toda vez que en virtud a lo preceptuado en el artículo 2014 del Código Civil se exige la presencia de dicho requisito para que se pueda proteger en su adquisición a aquel que inscribe su derecho en los registros públicos. En el caso concreto, según el voto disidente, el demandante había interpuesto demanda acumulativa de mejor derecho de propiedad y entrega de bien contra el demandado (a quien le fue adjudicado el bien inmueble mediante remate), invocando la escritura pública de compraventa de fecha 30 de octubre de 2001, otorgada por la pareja de cónyuges vendedores, respecto del bien inmueble ubicado en el Distrito de Sultana, la cual fue inscrita a favor de los demandantes con fecha 4 de marzo de 20020; frente al derecho del demandado, adquirido en vía de adjudicación (en un proceso seguido por pago de beneficios sociales). El magistrado continuó señalando que si bien el derecho del actor fue inscrito primero en los registros públicos frente al del demandado, el referido inmueble constituía un bien litigioso adjudicado al demandado en el expediente sobre pago de beneficios sociales, en el que se habían efectuado observaciones a la inscripción que pudieron ser conocidas por el demandante, no pudiendo

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alegar dicha parte actora la existencia de la buena fe a que se refiere el artículo 2014 del Código Civil. En consecuencia, para el magistrado que emitió el voto en discordia, no se había incurrido en la interpretación errónea del artículo 2014 del Código Civil, puesto que la concurrencia de la buena fe fue desvirtuada en la instancia de mérito con la existencia de observaciones registrales que en el presente caso el demandante estuvo en aptitud de conocer; no resultando de aplicación tampoco (para el magistrado) lo establecido en los artículos 2022 y 2016 del Código Civil, referidos a los principios de oponibilidad de derechos reales sobre inmuebles y prioridad registral, toda vez que conforme se ha señalado anteriormente la aplicación de dichos principios debía ser concordada con el principio de la buena fe pública registral a que se refiere el artículo 2014 del Código Civil. Asimismo, según el voto en discordia, no se advirtió la inaplicación de los artículos 2012 y 2013 del Código Civil, pues el actor no podía alegar desconocimiento de la inexactitud del registro si se tiene en cuenta la existencia de observaciones registrales al título del demandado, efectuadas con anterioridad a la inscripción del título del demandante. Asimismo, el magistrado refirió que en relación a la denuncia de inaplicación del artículo 2017 del Código Civil, respecto del principio de impenetrabilidad, en virtud del cual no puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de fecha anterior; según se advirtió del petitorio de la demanda formulada por el actor Alejandro Silva Juárez, se había demandado solamente el mejor derecho de propiedad del inmueble sublitis y la entrega de este, mas no la nulidad del asiento de inscripción efectuado a favor del demandado; es así que según el demandado, esto no resultaba materia controvertida en el caso. Por lo que finalmente, el voto en discordia fue por que se declare infundado el recurso de casación interpuesto por el demandante.

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BUENA FE REGISTRAL BENEFICIA AL TERCERO REGISTRAL

Mediante escritura pública de fecha 23 de octubre de 1996, la hija de la demandante adquirió la propiedad de un inmueble ubicado en el distrito de La Molina, en mérito del anticipo de legítima que fuera otorgado por sus padres. Con posterioridad, esto es, con fecha 30 de julio de 1998, la nueva propietaria constituyó hipoteca sobre dicho inmueble a favor de una entidad financiera, siendo que cinco años después, esto es, en el año 2001, la demandante inició proceso de nulidad de acto jurídico del anticipo de legítima efectuado a favor de su hija, proceso que mediante sentencia emitida en primera instancia fue declarada fundada, siendo inscrita dicha resolución el 8 de abril de 2002. Luego, la demandante interpuso una demanda sobre tercería de propiedad contra una entidad financiera, mediante la cual, la demandante pretendía la suspensión de la ejecución del bien inmueble ubicado en el distrito de La Molina, que se encontraba con orden de remate en un proceso sobre ejecución de garantías seguido entre el banco y la hija de la demandante. En primera instancia se declaró fundada la demanda; sin embargo, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, revocó la sentencia apelada, declarando infundada la demanda. En tal sentido, la demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por las causales contempladas en los incisos primero y segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil, referidos a las causales de interpretación errónea e inaplicación de una norma de derecho material. La recurrente señaló en relación a la primera causal que la Sala Revisora interpretó erróneamente el artículo 2014 del Código Civil que consagra el principio de la buena fe registral, indicando que si bien la hipoteca no fue expresamente anulada pero sí el anticipo de legítima, por lo que la propiedad regresó a su titular, entonces, la hipoteca perdió sus efectos desde el momento en que la inscripción de la propiedad de la titular actora cobró vigencia con la nulidad del anticipo de legítima.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2944-2004 Lima (Data 45 000) Demandante: María Rosa Rivas Gómez de Carrillo Demandado: Banco Interamericano de Finanzas Asunto: Tercería de propiedad Fecha: 6 de marzo de 2007



En cuanto a la segunda causal, la recurrente refirió que la sentencia de vista, al revocar la sentencia apelada y declarar infundada la demanda, estaba inaplicando los artículos 2016 y 2022 del Código Civil, puesto que desconocía que la prioridad en el tiempo de la inscripción determinaba la preferencia de los derechos que otorga el registro, de tal modo que no podía oponerse a un derecho real registrado de mayor antigüedad otro derecho real registrado recientemente; de tal manera, según la demandante, el derecho que la recurrente alegaba como tercerista debía prevalecer sobre el derecho de la entidad financiera demandada, puesto que el suyo fue registrado años antes que la hipoteca constituida a favor de dicha entidad financiera. Al respecto, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República indicó que la causal de inaplicación de una norma de derecho material se configuraba cuando los jueces de mérito dejaban de aplicar al conflicto intersubjetivo una norma pertinente para la solución de este. En este sentido, la Corte Suprema señaló que era preciso deslindar qué normas eran las aplicables para dar solución a la litis planteada, lo que implicaba realizar una adecuada labor de subsunción entre los hechos y la norma. Así, dicha Corte Suprema manifestó que la tercería de propiedad era la acción que correspondía al propietario de un bien que resultaba afectado por una medida cautelar o de ejecución dictada para hacer efectiva una obligación ajena, y tenía como finalidad la desafectación del bien, tal como lo consagraba el artículo 533 del Código Procesal Civil. Por otro lado, la Suprema Sala precisó que, en efecto, a la fecha en que se inscribía la garantía hipotecaria sobre el inmueble sublitis a favor de la entidad bancaria, la hija de la demandante resultaba ser la titular del referido predio, de lo que se desprendía razonadamente que dicha entidad, cuando interpuso el proceso sobre ejecución de garantías contra esta última, lo hizo en el criterio de que ella resultaba ser su legítima propietaria, ciñendo por lo tanto su accionar dentro del principio de la buena fe registral, previsto en el artículo 2014 del Código Civil, en virtud del cual el tercero de buena fe que adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para

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otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos. De esta manera, según la Corte Suprema, se estableció una presunción de exactitud absoluta de la inscripción sobre cuya base contrató el tercero registral, respecto del cual se presumía su buena fe mientras no se probara que conocía la inexactitud del registro, como en efecto aconteció en el caso, en el que la recurrente no había logrado acreditar la mala fe por parte de la entidad financiera, resultando ser esta la interpretación correcta del artículo sustantivo señalado; tanto más, si por lo actuado en las instancias de mérito se desprendía que la sentencia sobre nulidad de anticipo de legítima no se encontraba consentida o ejecutoriada. Asimismo, de acuerdo con la Sala Suprema, los artículos 2016 y 2022 del Código Civil no resultaban de aplicación al caso, toda vez que si bien ante la oposición de dos derechos reales (el derecho de propiedad frente al derecho de hipoteca) la prioridad en el tiempo de la inscripción determinaba la preferencia del derecho que emerja del registro, ello estaba referido indefectiblemente al derecho de la hija de la demandante como titular del bien según anticipo de legítima con relación a la garantía hipotecaria a favor de una entidad financiera, mas no en relación a la recurrente quien a la fecha de la garantía hipotecaria no resultaba ser la titular del bien inmueble señalado, no siendo de aplicación por esta misma razón el artículo 2022 del acotado Código sustantivo. Es así que se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la demandante. Además de lo señalado, en la sentencia emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, se presentaron fundamentos adicionales de uno de los vocales supremos. Dicho vocal supremo indicó que luego de analizar la denuncia de interpretación errónea del artículo 2014 del Código Civil se debía establecer que dicho artículo recogía el denominado “principio de buena fe registral”, en virtud al cual, a una determinada persona se le otorga una protección absoluta, de tipo iure et de iure, es

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decir, donde no cabe prueba en contrario, principio que beneficia de manera especial a quien se le va a denominar tercero registral, dado que habiéndose declarado la nulidad, rescisión o resolución del derecho de su otorgante, respecto de una relación jurídica en la que no es parte, tal circunstancia no le va a afectar, siendo por tanto tal principio una excepción a la cadena de arrastre de las nulidades. En los fundamentos adicionales se señaló también que en el supuesto de hecho previsto en el artículo 2014 del Código Civil se advertía que, para configurarse la especial protección que brinda, se requiere acreditar: a. Que haya existido una adquisición válida a título oneroso; b. Que la adquisición del derecho se haya realizado de persona que aparece en el registro con facultades para otorgarlo; c. Que exista buena fe en el adquirente, es decir, que ignore los motivos de nulidad, rescisión o resolución que afectan el contrato antecedente (en este caso, del anticipo de legítima) en el que confía el tercero; d. Que no debe constar en el registro público las causales de nulidad o ineficacia del contrato antecedente; y, e. Que el tercero haya inscrito su título. Al respecto, el vocal supremo manifestó que se podía apreciar del caso que el banco era un tercero registral, respecto al contrato celebrado entre la demandante con su hija (contrato de anticipo de legítima). Asimismo, dicho vocal expuso que el contrato de constitución de garantía hipotecaria, realizado por parte de la hija de la demandante a favor del banco demandado, resultaba un acto válido, realizado a título oneroso, dado que tal garantía real guarda una relación de accesoriedad frente a un derecho de crédito, garantía que además había sido debidamente inscrita. En los fundamentos adicionales se advirtió, además, que la adquisición del derecho había sido realizada por persona que aparecía en el registro con facultades para otorgarlo, dado que a la fecha del contrato de

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constitución de garantía real, la hija de la demandante figuraba como propietaria del inmueble. Señalando también que la buena fe del banco demandado se evidenciaba de su ignorancia en la causal de nulidad que afectó el anticipo de legítima con el que la propietaria adquirió el inmueble, ignorancia que se advertía de la revisión de la ficha registral, dado que en ella se encontraba inscrito que la referida persona había adquirido el dominio del inmueble en mérito al anticipo de legítima realizado por sus padres. El vocal supremo agregó a lo expuesto que para el análisis de establecer que la causal de nulidad no constaba en la información del Registro Público, se debía tener en cuenta que en doctrina se discutía que si para tal verificación se debía recurrir solo a los asientos registrales o también era necesario recurrir a los títulos archivados.

De lo expuesto, tal como lo señaló el vocal supremo, del análisis sistemático del ordenamiento registral, era posible establecer que resultaba suficiente acudir a la información de los asientos registrales, conclusión a la que se arribaba del análisis del artículo VIII del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por acuerdo de la Corte Suprema del 16 de mayo de 1968, norma vigente al momento en que se celebró la escritura pública de constitución de hipoteca a favor del banco demandado, supuesto normativo que también había sido recogido por el artículo VIII del Título Preliminar del Reglamento de los Registros Públicos, aprobado por Resolución Nº 195-2001-SUNARP/SN, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de julio de 2001, recogido también en el actual Texto Único Ordenado del citado Reglamento, aprobado por Resolución Nº 079-2005-SUNARP/SN, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de marzo de 2005. Finalmente, en los fundamentos adicionales se concluyó que el artículo 2014 del Código Civil recogía un supuesto de protección a favor del tercero registral, en virtud al cual la adquisición del tercero registral no se va a ver afectada por la nulidad del título antecedente, lo que en doctrina se conoce como excepción a la cadena de arrastre de las nulidades, dando lugar a que la adquisición del tercero registral tenga la naturaleza de ser a non domino.

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Por tanto, para este vocal supremo, la denuncia por interpretación errónea debía ser desestimada. En cuanto a la inaplicación de los artículos 2016 y 2022 del Código Civil, la recurrente denunciaba que la recurrida desconocía que la prioridad en el tiempo de la inscripción determinaba la preferencia de los derechos que otorga el registro, de tal modo que no podía oponerse a un derecho real registrado de mayor antigüedad, otro derecho real registrado recientemente. Luego de que el vocal supremo analizara este punto, apreció que tales normas no resultaban aplicables, toda vez que, la entidad financiera demandada adquirió un derecho real que por mérito de lo dispuesto en el artículo 2014 del Código Civil conservaba plena validez y eficacia, atendiendo así a los principios que inspiran el sistema registral, entre ellos, el de otorgar seguridad al tráfico económico; no habiendo podido oponerse el derecho real de la recurrente por tales fundamentos. De esta manera el vocal supremo que emitió los fundamentos adicionales votó por que se declare infundado el recurso de casación interpuesto por la demandante.

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EL PRINCIPIO DE BUENA FE REGISTRAL SE DESVANECE SI SE PUEDE PROBAR QUE LOS PARTICIPANTES DEl NEGOCIO ERAN CASADOS

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2023-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Balbina Alejandro Balboa de Concepción Demandados: Banco Interamericano de Finanzas y Félix Juan de Dios Concepción Taycas Asunto: Nulidad de Acto Jurídico Fecha: 1 de julio de 2002

No pueden alcanzarle los efectos del principio de fe pública registral, si la entidad financiera conocía que su contratante era casado y no le exigió la participación de su cónyuge en el acto jurídico realizado por ambos. Al respecto, la demandante interpuso demanda de nulidad de acto jurídico contra una entidad financiera y su cónyuge, con la finalidad de que se declare nulo el acto jurídico contenido en la escritura pública de compraventa de fecha 13 de enero de 1992, celebrado entre ambos demandados. El juez de primera instancia declaró fundada la demanda. Asimismo, la Sala Civil Corporativa para Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Lima confirmó la primera sentencia. En tal sentido, la entidad financiera interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por las

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causales previstas por los incisos primero y segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil, relativas a la aplicación indebida del numeral 315 del Código Civil e inaplicación de los artículos 2013, 2014 y 2022 del mismo Código Sustantivo. De acuerdo a la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, para determinar si en la sentencia de vista se había aplicado indebidamente el artículo 315 del Código Civil, necesariamente tenían que apreciarse las pruebas actuadas y los hechos aportados al proceso. Para tal efecto, la Corte Suprema señaló que el punto central de la controversia radicaba en establecer si el acto jurídico contenido en la escritura pública de compraventa de fecha 13 de enero de 1992 estaba afecto o no de alguna causal de nulidad por haberse celebrado sin la intervención de la accionante. En consecuencia, tal como lo señaló la Corte Suprema, resultaba ineludible la aplicación del artículo 315 del Código Civil, pues en esta norma se subsumía el supuesto de hecho invocado en la demanda, respecto a que para disponer de los bienes sociales o gravarlos se requería la intervención del marido y la mujer. Señalando la Suprema Sala que, en el caso, las instancias de mérito para sancionar la nulidad del acto jurídico materia del petitorio habían concluido en que efectivamente dicho acto de disposición contenido en la escritura pública del 13 de enero de 1992 fue efectuado por el cónyuge de la demandante, sin la intervención de la actora, por lo que dicho precepto legal era el pertinente para resolver la controversia. Por consiguiente, no era viable la denuncia casatoria por la causal de aplicación indebida del artículo 315 del Código Civil. En cuanto a la inaplicación del artículo 2022 del Código Civil, la suprema instancia señaló que este regulaba el principio de oponibilidad de derechos en las inscripciones; dicha Sala Suprema indicó que las instancias de mérito lo habían aplicado expresamente; por tanto no podía denunciarse válidamente su inaplicación. Asimismo, respecto a la inaplicación del artículo 2013 del Código Civil, que regulaba el principio de legitimidad registral, en virtud del cual los asientos del registro se presumen exactos y veraces produciendo todos sus efectos, la Corte Suprema manifestó que dicho principio

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era inherente a toda inscripción registral, tales como el Registro de la Propiedad Inmueble, el personal, el vehicular, entre otros, estableciéndose de esta manera una presunción legal de exactitud entre la realidad y lo que publica el registro. En consecuencia, la Corte Suprema expuso que, siendo el principio de legitimidad registral una norma genérica y aplicable a todo registro, la determinación de su pertinencia se iba a verificar una vez examinada la aplicación del principio de la fe pública registral prevista en el artículo 2014 del Código Civil. Por consiguiente, la aludida denuncia resultaba improcedente. Por otro lado, la Sala Suprema refirió que en lo referente al artículo 2014 del Código Sustantivo, que regula el principio de buena fe registral, el banco demandado señaló que estaba protegido por el principio antes citado toda vez que cuando celebró la escritura pública de mutuo con garantía hipotecaria materia de nulidad, el otorgante (cónyuge de la demandante) aparecía en condición de soltero, por lo que se desconocía su condición de casado. Sin embargo, de acuerdo con la Corte Suprema, la fe registral invocada por la entidad bancaria recurrente no resultaba atendible, pues en el Registro de Personas Jurídicas, la empresa –de la que los cónyuges eran titulares–, aparecían tanto la accionante como el codemandado en condición de casados. Es más, la Corte Suprema señaló que la presunción de buena fe se desvanecía si se tenía en cuenta que el banco recurrente no había podido enervar el mérito de los documentos mediante los cuales se verificaba la existencia de una cuenta corriente en la propia entidad bancaria demandada a favor de la citada empresa, de la cual la actora y su cónyuge eran titulares, documentos que habían sido otorgados con anterioridad al acto jurídico materia de nulidad. Siendo esto así, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República llegó a la determinación que la motivación alegada para solicitar la nulidad del acto jurídico era cierta. Además, dicha Sala Suprema agregó que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2012 del Código Civil, toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones.

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Por estas razones, la suprema instancia declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el banco demandado.

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QUIEN DE BUENA FE INSCRIBE LA TRANSFERENCIA EFECTUADA A SU FAVOR POR UN NO PROPIETARIO ES PROTEGIDO EN SUS DERECHOS

Un agente demanda se declare la nulidad del acto jurídico de transferencia de un bien inmueble realizada entre una asociación y un tercero, señalando que el inmueble le había sido transferido a él en un tiempo anterior y, por lo tanto, la asociación no tenía legitimidad para realizar la nueva transferencia. El demandado adquiriente, por su parte, acreditó que ante registros públicos se encontraban inscritos los poderes de los representantes de la asociación, los cuales tenían vigencia y que además, el bien materia de transferencia se encontraba inscrito a favor de la citada asociación, por lo que actuó protegido por el principio de buena fe registral regulado en el artículo 2014 del Código Civil. En primera instancia, se declaró infundada la demanda pues se consideró que el demandado adquiriente se encontraba protegido por el principio de buena fe registral, siendo confirmada dicha decisión por la Sala Superior que revisó el caso ante el recurso de apelación interpuesto por el demandante. El demandante interpuso, entonces, recurso extraordinario de casación, procediendo la Corte Suprema a señalar que el artículo 2014 del Código Civil consagra el principio de buena fe pública registral, el cual para su configuración exige la concurrencia copulativa de determinados requisitos como son: a) que el adquiriente sea a título oneroso, b) que el adquiriente actúe de buena fe, tanto al momento de la celebración del acto jurídico del que nace su derecho, como al momento de la inscripción de este, buena fe que se presumirá mientras no se acredite que tenía conocimiento de la inexactitud del registro, c) que el otorgante aparezca registralmente con capacidad para otorgar el derecho del que se tratase, d) que ni de los asientos registrales ni de los

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Cas. N° 5072-2006 (Página web del Poder Judicial) Demandante: Obdulia Heraclia Bravo Barrantes Demandados: Asociación de propietarios de la ciudad del chofer profesional de chiclayo y otros Materia: Nulidad de acto jurídico Fecha: 29 de abril de 2008


títulos inscritos resulten causas que anulen, rescindan o resuelvan el derecho del otorgante. Para la Corte Suprema, todos los requisitos del principio de buena fe pública registral concurrieron en la esfera del tercero adquirente del bien y demandado, por lo que este se encontraba amparado por el principio citado y por ende no se podría determinar la nulidad del acto jurídico de transferencia.

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NO PUEDE INSCRIBIRSE COMO PROPIO UN BIEN ADQUIRIDO CON DINERO PROVENIENTE DE LA VENTA DE BIENES PROPIOS O CON DIVIDENDOS

Tribunal Registral Res. N° 837-2008SUNARP-TR-L (Diálogo con la Jurisprudencia N°123, diciembre 2008) Interesado: Jacques Mayo Tepperman Materia: Compraventa Fecha: 8 de agosto de 2008

Una agente casado pretende inscribir unos bienes inmuebles con la calidad de propio ante los Registros Públicos, dado que indica haber empleado para su adquisición bienes propios y en una pequeña parte, bienes sociales. Concretamente, dice que los inmuebles han sido adquiridos con dinero proveniente de la venta de bienes propios, dinero producto de unos anticipos de legítima efectuados a su favor (aspectos que no han sido cuestionados por la registradora pública) y con dinero proveniente de los dividendos pagados a su favor por una empresa. El registrador, sin embargo, rechaza efectuar inscripción de los inmuebles señalados con la calidad de propio, por lo que el recurrente interpone recurso de apelación ante el Tribunal Registral. Para resolver el caso, este último dejó en claro que son bienes sociales los frutos y productos de los bienes propios, precisando además que la sociedad de gananciales está constituida por bienes sociales y bienes propios y constituye una forma de comunidad de bienes que recae sobre un patrimonio y no una forma de copropiedad que recae sobre bienes singulares. Vale decir, la sociedad de gananciales constituye un patrimonio autónomo que no está dividido en partes alícuotas y distinto del patrimonio de cada uno de los cónyuges. Por estos motivos, el Tribunal Registral consideró que no era correcto lo afirmado por el apelante en el sentido que la mitad de lo recibido como dividendo constituye un bien propio, por lo que se confirmó la observación formulada por el registrador.

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OPONIBILIDAD DE DERECHOS REALES SOBRE INMUEBLES con EMBARGO ANOTADO PREVALECE SOBRE COMPRAVENTA NO INSCRITA

En el presente caso, la demandante interpuso una demanda de tercería de propiedad contra una entidad financiera y otros. Tanto el juez de primera instancia como la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Piura declararon fundada la demanda. En tal sentido, la entidad financiera interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal relativa a la inaplicación de los artículos 2014 y 2016 del Código Civil. La recurrente sustentó su recurso señalando que cuando los derechos que se contraponen son de distinta naturaleza, la prioridad en el tiempo de la inscripción es determinante para establecer la preferencia de los derechos, arguyendo que el embargo inscrito con anterioridad a la transferencia de propiedad debía prevalecer. Agregó, asimismo, que cuando se dispuso el levantamiento del embargo, se estaba aplicando el artículo 2014 del Código Civil, pues la entidad recurrente sostuvo que era un tercero de buena fe, que adquirió un derecho personal de los propietarios que figuraban en los Registros Públicos, por lo que debía mantenerse su derecho una vez inscrito, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los Registros Públicos. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República concluyó que el punto central de la controversia era si el derecho de propiedad de la tercerista, alegado y probado en las instancias de mérito, tenía o no preferencia sobre el derecho que emerge del embargo que en forma de inscripción se había trabado sobre el mismo bien en favor de la entidad demandada, con el agregado de que dicho embargo había sido inscrito en los Registros Públicos con posterioridad a la fecha de adquisición por parte de la demandante del bien sublitis. Según la Corte Suprema, para determinar si en el caso se habían dejado de aplicar las normas anotadas por el recurrente, ineludiblemente, tenían que analizarse los hechos aportados al proceso. Es más, la Sala Suprema agregó que si se llegaba a la conclusión de que se habían

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 403-2001-Piura (Data 45 000) Demandante: Gilda Giuliana Grimaldi Giribaldi Demandados: Banco Regional del Norte y otros Asunto: Tercería Fecha: 19 de octubre de 2001



dejado de aplicar dichos preceptos al caso, no obstante su pertinencia, debería variarse el sentido de la decisión. La suprema instancia advirtió que la sentencia de vista, para confirmar la sentencia de primera instancia que declaraba fundada la demanda de tercería, se apoyaba fundamentalmente en la previsión contenida en el artículo 2022 del Código Civil. La Corte Suprema refirió que esta norma señalaba que para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre estos, era preciso que el derecho que se oponía esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone. Si se trataba de derechos de diferente naturaleza se aplicaban las disposiciones del derecho común. Al respecto, la Corte Suprema, luego de examinar el segundo párrafo de esta norma, para dirimir la preferencia de derechos (por ejemplo: si uno es real y el otro personal) indicó que se debía remitir a una fórmula genérica cuando dice que se aplicará el “derecho común”. Asimismo, la Corte Suprema expuso que esta norma contenía el principio registral de prioridad de rango del derecho real sobre el derecho personal por gozar aquel de la oponibilidad erga omnes, que no tenía el último. Sin embargo, de acuerdo con la Sala Suprema, esta posición había sido cuestionada por la doctrina elaborada y contenida en ejecutorias de casación dictadas por las salas en lo Civil de la Corte Suprema. En efecto, frente al referido principio (prioridad de rango), de acuerdo con la Corte Suprema, el ordenamiento jurídico nacional tenía positivizados los principios registrales de buena fe y de prioridad. El primero de estos principios había sido recogido por el numeral 2014 del Código Civil, que señala que el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los Registros Públicos. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. En tanto que el principio de prioridad, tal como lo señaló la Sala Suprema, había sido recogido por el artículo VI del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, que decía que la prioridad en el tiempo de las inscripciones determinaba la

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preferencia de los derechos que otorgaban los registros; y, por el artículo 2016 del Código Civil cuando dice que la prioridad en el tiempo de la inscripción determinaba la preferencia de los derechos que otorgaba el registro. Así tenemos que, según la Sala Suprema, compulsados el principio de rango (recogido por el artículo 2022 del Código Civil) frente a los principios registrales de buena fe y prioridad en el tiempo, se llegaba a la conclusión de que, en el caso, debían prevalecer estos últimos, en atención a que cuando se inscribió el embargo no aparecía inscrito el título de la tercerista, por lo que el banco demandado mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, pues, en materia registral, quien entra primero al registro es primero en el derecho. Por otro lado, la suprema instancia indicó que el artículo 1135 del Código Civil, que constituía una norma de “derecho común”, recogía también el principio de prioridad en el tiempo para determinar la preferencia en el derecho, y, que como lo señaló la Corte Suprema, admitir lo contrario importaría destruir el sistema registral que nos rige y haría ineficaces los siguientes principios: a. El de legalidad, que preconiza que todo título que pretenda su inscripción debía ser compatible con el derecho ya inscrito. En el caso, cuando se trabó el embargo en forma de inscripción en el Registro, los demandados figuraban como titulares de derechos y acciones sobre el bien. b. El de impenetrabilidad, que preconiza el de impedir que se inscriban derechos que se opongan o resulten incompatibles con otro, aunque aquellos sean de fecha anterior. En el caso el embargo no se habría trabado si sobre el bien no habrían tenido algún derecho los demandados. c. El de publicidad recogido por el artículo 2012 del Código Civil que preconiza la presunción absoluta, sin admitirse prueba en contrario, de que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Así, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República concluyó que se habían dejado de aplicar los artículos 2014 y 2016 del Código Civil, por lo que el recurso debía declararse fundado.

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CONFLICTOS ENTRE UN DERECHO PERSONAL Y UNO REAL SE RESUELVE A FAVOR DEL TITULAR DEL DERECHO REAL POR GOZAR DE LA OPONIBILIDAD

ERGA OMNES Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1394-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: Merly Ela Soto Japay de Rincón Demandados: Williams Alfredo Vidalón Fernández y otra Asunto: Tercería de propiedad Fecha: 18 de setiembre de 2002

En el presente caso, la demandante interpuso demanda sobre tercería de propiedad contra los demandados. El juez de primera instancia declaró fundada la demanda; sin embargo, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima la declaró improcedente. La sentencia de vista desestimó la demanda de tercería de propiedad bajo el argumento de que la parte actora, al adquirir el inmueble hoy embargado y que es materia de tercería, tenía conocimiento de la existencia de dos hipotecas que pesaban sobre dicho inmueble, conforme aparece del testimonio respectivo; y que por tanto, en el caso no resultaba atendible amparar la tercería, toda vez que las hipotecas se encontraban ya inscritas con anterioridad a la compraventa celebrada, por lo que debía aplicarse el artículo 2016 del Código Sustantivo. En tal sentido, la demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal relativa a la aplicación indebida del artículo 2016 del Código Civil; aduciendo la recurrente que el derecho del embargante es una acción de carácter personal por tratarse del cobro de una suma de dinero, en el que se afectó el inmueble de aquella, quien cuenta con título de propiedad debidamente acreditado con documento público, mas no con las hipotecas existentes sobre el inmueble; no siendo por tanto de aplicación lo dispuesto en el artículo 2016 del Código sustantivo, sino el artículo 2022 del mismo Código, dado que se tratan de dos derechos de distinta naturaleza, el que conduce a la aplicación del derecho común y no del derecho registral. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que en reiterada y uniforme jurisprudencia se había establecido que de acuerdo a la ley y a la doctrina, en el caso de la transferencia de inmuebles, la inscripción en los Registros Públicos no es constitutiva de derechos ya que conforme lo establece el artículo 949 del Código Civil, la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él.

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Asimismo, invocando el segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil, la Corte Suprema indicó que este prescribe una excepción al principio de prioridad previsto por el artículo 2016 del referido Código, esto es, que si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplicarán las disposiciones del derecho común; lo que significa, según la Sala Suprema, que la inscripción de un derecho personal en los Registros no convierte a este en real, sino que conserva su carácter; de tal modo que ante la concurrencia de un derecho real con otro de distinta naturaleza, prevalece el primero con prescindencia del tiempo de la inscripción; ello por aplicación del derecho común que por mandato del referido artículo se impone al derecho registral. Al respecto, la Suprema Sala advirtió que lo expuesto concordaba con la exposición de motivos del artículo 2022 del Código Civil que señala que no hay duda que, si se enfrentan dos titulares de derechos reales quien tendrá preferencia en virtud del principio de prioridad será aquel que inscribió primero; esto es confirmado por la primera parte de este artículo; pero si se trata de un enfrentamiento entre un derecho personal y uno real, y a esto aludía la segunda parte del citado artículo, tendrá preferencia el titular del derecho real, porque goza de la oponibilidad erga omnes, que no tiene el derecho personal y además porque el derecho real goza de lo que se llama energía persecutoria, de la que también carece el derecho personal. Así, según la Corte Suprema, en el caso, el tercerista opuso su derecho de propiedad sobre el inmueble sub júdice, proveniente de la escritura pública de compraventa, no estando inscrita aún en los Registros Públicos, al derecho del demandado acreedor consistente en un embargo sobre el mismo inmueble en forma de inscripción producida el 26 de noviembre de 1996, derivado de un proceso sobre obligación de dar suma de dinero seguido en la vía abreviada. En tal sentido, consistiendo el derecho de los demandados en uno de carácter personal a diferencia del de la actora que era de naturaleza real, el derecho registral desaparece para dejar paso a la aplicación del derecho común, el que informa que los bienes que deben ser materia de un embargo son los de propiedad del deudor, y siendo el inmueble sub júdice de propiedad de la tercerista por adquisición producida algunos años antes del embargo, sobre tal no puede pesar dicha medida.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1394-2002-Lima (Data 45 000) Demandante: Merly Ela Soto Japay de Rincón Demandados: Williams Alfredo Vidalón Fernández y otra Asunto: Tercería de propiedad Fecha: 18 de setiembre de 2002


La Corte Superior agregó que en el caso el derecho registral desaparecía; y si bien era cierto, el demandado acreedor tenía a su favor una garantía hipotecaria constituida por su deudora codemandada, también lo era que el derecho que aparece inscrito en los Registros Públicos y que estaba dando lugar precisamente a la convocatoria a remate que la recurrente pretendía enervar con la presente causa, era el referido embargo de naturaleza personal; de tal modo que el pronunciamiento jurisdiccional se ceñía a dicho título; por consiguiente, no resultaba de aplicación al caso el principio de prioridad contemplado en el artículo 2016 del Código Civil. Es así que, finalmente, se declaró fundado el recurso de casación; y, en tal sentido, nula la sentencia de vista.

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PREFERENCIA DEL DERECHO REAL NO INSCRITO FRENTE AL EMBARGO INSCRITO

Cas. N° 1038-2006Lambayeque Demandante: Fernando Cassinelli Cassinelli Demandado: Banco Regional del Norte Asunto: No se menciona Fecha: 9 de octubre de 2008

El adquirente extrarregistral de un inmueble interpuso una demanda de tercería de propiedad con relación a la medida cautelar inscrita con posterioridad a su adquisición y ordenada por un juez con motivo de un proceso seguido para el cobro de una deuda contraída por el anterior propietario. El juez de primera instancia resolvió declarar infundada la demanda, por considerar que la adquisición no inscrita no es oponible a un embargo inscrito bajo la fe de registros. El tercerista impugnó entonces este fallo al considerar que la medida cautelar, pese a que se inscribió, no resultaba válida porque quien figuraba en registros ya no era propietario, debiendo respetarse su derecho de propiedad transmitido por el consentimiento en la celebración del contrato de transferencia inmobiliaria a su favor. Resolviendo la apelación planteada, la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó la sentencia de primera instancia bajo el argumento de que la adquisición por el actor del bien materia de la tercería planteada, aun mediante documento de fecha cierta, no puede prevalecer frente a la medida cautelar de embargo inscrita en los registros públicos. Por lo tanto, al caso submateria no resulta atendible amparar la tercería, toda vez que el embargo

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se encontraba inscrito frente al contrato de compraventa celebrado no inscrito, por lo que debe aplicarse el artículo 2016 del código material (la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro). El tercerista interpuso entonces recurso de casación, alegando que la Sala no había aplicado lo previsto en el artículo 2022 del Código Civil (oponibilidad registral entre derechos reales y de distinta naturaleza) debido a que su derecho de propiedad se encontraba acreditado con un documento de fecha cierta, sin que sea necesaria su inscripción en los registros públicos. Por lo tanto, al haber entrado en contienda su derecho real de propiedad con un derecho de distinta naturaleza, debieron aplicarse las disposiciones del derecho común, otorgándose prevalencia a la propiedad frente al embargo, como derecho personal. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, por su parte, declaró fundado el recurso de casación, señalando que la inscripción de un derecho personal en los registros no convierte a este en real, sino que dicho derecho conserva su carácter. De este modo, ante la concurrencia de un derecho real con otro de distinta naturaleza, prevalece el primero con prescindencia del tiempo de la inscripción del segundo. Ello por aplicación del derecho común, que por mandato del artículo 2022 del Código Civil se impone al derecho registral. Además, para la Corte, este criterio concuerda con la exposición de motivos del referido artículo del Código Civil que señala: “no hay duda que, si se enfrentan dos titulares de derechos reales quien tendrá preferencia en virtud del principio de prioridad será aquel que inscribió primero; esto es confirmado por la primera parte de este artículo; pero si se trata de un enfrentamiento entre un derecho personal y uno real, y a esto alude la segunda parte del citado artículo, tendrá preferencia el titular del derecho real, porque goza de la oponibilidad erga omnes, que no tiene el derecho personal y además porque el derecho real goza de lo que se llama energía persecutoria, de la que también carece el derecho personal”.

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Cas. N° 1038-2006Lambayeque Demandante: Fernando Cassinelli Cassinelli Demandado: Banco Regional del Norte Asunto: No se menciona Fecha: 9 de octubre de 2008


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DEMANDA DE NULIDAD DE UN ASIENTO REGISTRAL DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA POR OPONIBILIDAD DE DERECHOS REALES TIENE POR FINALIDAD QUE SE DEJE SIN EFECTO LA SENTENCIA

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2199-2003Junín (Data 45 000) Demandante: Carlos Verástegui Mackee Demandado: Leopoldo Santiago Ku Cenzano Asunto: No se menciona Fecha: 24 de mayo de 2005

En el presente proceso, se interpuso demanda sobre nulidad de título de propiedad contra el demandado. La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda; sin embargo, la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín revocó la sentencia de primera instancia, declarándola improcedente. Al respecto, el demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal contemplada en el inciso segundo del Código Procesal Civil, denunciando la inaplicación del artículo 2022 del Código Civil, por cuanto, según el recurrente, el demandado tenía un título irregularmente inscrito que carecía de valor, de data posterior a la inscripción de los títulos de propiedad de la parte actora. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que la denuncia de inaplicación del artículo 2022 del Código Civil formulada por el demandante se sustentaba en que dicho numeral disponía que para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre estos, era preciso que el derecho que se oponga esté inscrito con anterioridad al de quien se opone. Asimismo, la Corte Suprema advirtió que, en principio, a efectos de realizar una adecuada evaluación de las causales denunciadas debía señalarse que las conclusiones arribadas por la Sala revisora, producto de la merituación de los medios probatorios, no podían ser materia de cuestionamiento a través del recurso de casación, porque ello implicaba revalorar el material probatorio incorporado al proceso, lo que excedía sus facultades casatorias por no constituir una instancia de mérito. Por otro lado, la Suprema Sala refirió que la causal de inaplicación de normas de derecho material se configuraba cuando los magistrados de mérito omitían aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes al caso en conflicto, y cuya aplicación incidía en forma directa en el sentido del fallo.

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La Sala Suprema expuso también que la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín había dejado sentado en su resolución de vista que si bien el recurrente solicitaba la nulidad del título de propiedad, el acto jurídico que lo contenía, la nulidad de inscripción registral del título de propiedad otorgado por sentencia judicial, y como consecuencia de ello el mejor derecho de propiedad, mejor derecho de posesión y reivindicación, y como pretensiones accesorias entrega de bien, pago de frutos e indemnización, lo que en puridad pretendía es que se dejara sin efecto una sentencia judicial a favor del demandado, recaída en el proceso judicial sobre prescripción adquisitiva de dominio expedida, pretensiones que resultaban un imposible jurídico por cuanto el proceso en cuestión había adquirido la calidad de cosa juzgada, por lo que en todo caso la nulidad pretendida debió impugnarse a través de los cauces de otro proceso conforme a su naturaleza, no siendo la presente demanda la idónea para la dilucidación de la controversia. En ese contexto, para la Corte Suprema, la invocación del principio previsto en el artículo 2022 del Código sustantivo no resultaba adecuada para la solución del presente caso, toda vez que si bien el presupuesto de la oposición de derechos reales está condicionado a la inscripción anterior de iguales derechos a favor del oponente, sin embargo, dicho dispositivo tenía su restricción en el artículo 2013 del mismo cuerpo legal cuando se dispone que el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez y en el principio procesal de que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional, presupuestos que no se cumplían en el caso, por cuanto, existía un proceso sobre prescripción adquisitiva de dominio con sentencia firme que gozaba de toda la validez jurídica que le otorga la ley a favor del demandado. Es así que se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el demandante.

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Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 2199-2003Junín (Data 45 000) Demandante: Carlos Verástegui Mackee Demandado: Leopoldo Santiago Ku Cenzano Asunto: No se menciona Fecha: 24 de mayo de 2005


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ANTE LA CONCURRENCIA DE UN DERECHO REAL CON OTRO DE DISTINTA NATURALEZA, PREVALECE EL PRIMERO CON PRESCINDENCIA DEL TIEMPO DE LA INSCRIPCIÓN

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1880-2006Cusco (Data 45 000) Demandante: Madeleyni Auccahuaqui Puma Demandados: Matilde Jara Ojea y otros Asunto: No se menciona Fecha: 21 de noviembre de 2006

En el presente caso, se interpuso una demanda sobre tercería de propiedad. El juez de primera instancia declaró fundada la demanda; en el mismo sentido, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco confirmó la sentencia apelada. En tal sentido, la demandada interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por las causales de: 1. Interpretación errónea del artículo 2016 del Código Civil; puesto que según la recurrente, la interpretación correcta de dicho numeral era que la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro, sea este real o personal, el cual corroboró con el principio registral de buena fe; que en el caso, al inscribirse el embargo no aparecía inscrito el título de la tercerista, sino más bien figuraban como propietarios los nombres de los obligados; en tal sentido, la inscripción de su derecho de embargo realizado el 19 de agosto de 2003 debía prevalecer sobre el derecho de propiedad de la demandante. 2. Inaplicación de los artículos 2012 y 2014 del Código Sustantivo y de la doctrina jurisprudencial. Al respecto, la recurrente señaló que estos artículos habían sido inaplicados en la resolución de vista por cuanto, si bien el inmueble fue adquirido con anterioridad al embargo, también es cierto que para efectos del tráfico inmobiliario quienes aparecían como propietarios, al momento de inscribirse el embargo eran los codemandados; y fue sobre la base de dicha información que la recurrente actuó y procedió a inscribir su derecho, por tanto debía considerarse que la presunción de buena fe de la recurrente no fue destruida, manteniendo su derecho una vez que fue inscrito, aunque el titular del bien sea el tercerista. Así, la recurrente advirtió que compulsado el principio de oponibilidad del artículo 2022 del Código Civil frente a los principios de prioridad en el tiempo,

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publicidad y buena fe, debían prevalecer estos últimos, criterio este que había logrado categoría de principio jurisprudencial, de acuerdo con las Casaciones Nºs 403-2001 y 527-2003. En primer lugar, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que de conformidad con el artículo 533 del Código Procesal Civil, la tercería se entiende con el demandante y el demandado, y solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados por medida cautelar o para la ejecución; o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes; asimismo, el artículo 535 del citado Código prescribe que la demanda de tercería no será admitida si no reúne los requisitos del artículo 424 del mismo Código y, además, si el demandado no prueba su derecho con documento público o privado de fecha cierta. Por otro lado, el Supremo Tribunal indicó que en reiterada y uniforme jurisprudencia había establecido que de acuerdo a la ley y a la doctrina, en el caso de la transferencia de inmuebles, la inscripción en los Registros Públicos no es constitutiva de derechos ya que conforme lo establece el artículo 949 del Código Civil, la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él. En efecto, de acuerdo con la Corte Suprema, los justiciables debían tener presente que de acuerdo al artículo 70 de la Constitución: “(...) El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley (...)”. En ese sentido, tal como lo señala la Suprema Sala, la ley había regulado en bien de la seguridad jurídica el derecho registral, contemplando diversos principios como los de publicidad, legitimación, buena fe pública registral, prioridad y oponibilidad, contenidos en los artículos 2012, 2013, 2014, 2016 y 2022 del Código Civil; ninguno de los cuales desconocían el derecho constitucional de propiedad sino que regulaban la prevalencia del derecho del tercero por encontrarse inscrito, salvo determinadas excepciones. En este orden, la Sala Suprema aseveró que el segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil prescribía

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una excepción al principio de prioridad previsto por el artículo 2016 del referido Código, esto es, que si se trataba de derechos de diferente naturaleza se aplicaban las disposiciones del derecho común; lo que significaba que la inscripción de un derecho personal en los Registros no convierte a este en real, sino que conserva su carácter; de tal modo que ante la concurrencia de un derecho real con otro de distinta naturaleza, prevalece el primero con prescindencia del tiempo de la inscripción; ello por aplicación del derecho común que por mandato del referido artículo se impone al derecho registral. A continuación, la última instancia procesal señaló que este criterio concordaba con la exposición de motivos del artículo 2022 del Código Civil, que señalaba: “No hay duda que, si se enfrentan dos titulares de derechos reales quien tendrá preferencia en virtud del principio de prioridad será aquel que inscribió primero; esto es confirmado por la primera parte de este artículo. Pero si se trata de un enfrentamiento entre un derecho personal y uno real, ya esto alude la segunda parte del artículo, tendrá preferencia el titular del derecho real, porque goza de la oponibilidad erga omnes, que no tiene el derecho personal y además porque el derecho real goza de lo que se llama energía persecutoria, de la que también carece el derecho personal”. Por otro lado, la Corte Suprema indicó que en el caso, la Corte Superior, en aplicación del artículo 2022 del Código Civil, confirmó la sentencia apelada, declarando fundada la demanda de tercería de propiedad interpuesta por la demandante, basándose en la escritura pública de compraventa del 23 de mayo de 2003, señalando la Sala Superior: “(...) que la compraventa de la tercerista es de fecha veintitrés de mayo del año dos mil tres, y el embargo, es de fecha catorce de agosto del año dos mil tres, siendo por lo tanto, la compraventa de la tercerista anterior al embargo”. Asimismo, de acuerdo con la Sala Suprema, la Sala Superior continuó argumentando que “(...) se advierte a nivel registral una incompatibilidad de inscripciones, siendo uno de naturaleza personal como es el embargo y otro de naturaleza real como es la compraventa, por lo que debe estarse a lo dispuesto por el artículo 2022 del Código Civil”. En tal sentido, según la Corte Suprema, la Sala Revisora había interpretado correctamente el artículo 2022 del

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Código Civil, así como el 2016 del mismo Código; y la inaplicación que realizaba de los artículos 2012 y 2014 del Código Civil se ajustaba a derecho. Asimismo, la Corte Suprema agregó que las sentencias casatorias a las que hacía referencia la recurrente no tenían carácter vinculante al no provenir de un pleno casatorio conforme al artículo 400 del Código Procesal Civil. De tal manera que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la demandada. Sin embargo, en la sentencia emitida por la Sala Suprema hubo un voto en discordia, el cual señaló que la sentencia de vista, para confirmar la sentencia de primera instancia y declarar fundada la demanda de tercería, se había apoyado fundamentalmente en el artículo 2022 del Código Civil, el cual, según el magistrado, señalaba que para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre estos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone. Si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las disposiciones del derecho común. Luego de que el magistrado que emitió el voto en discordia examinó el segundo párrafo de esta norma, indicó que para dirimir la preferencia de derechos (por ejemplo: si uno es real y el otro personal) el artículo en cuestión remitía a una fórmula genérica cuando dice que se aplicará el “derecho común”. En tal sentido, de acuerdo con el voto en discordia, esta norma contenía el principio registral de prioridad de rango del derecho real sobre el derecho personal por gozar aquel de la oponibilidad erga omnes, que no tiene el último. Sin embargo, tal como lo señala el magistrado, esta posición había sido cuestionada por la doctrina elaborada y contenida en ejecutorias de casación dictadas por las Salas en lo Civil de esta Corte. En efecto, de acuerdo con lo señalado por este magistrado, frente al referido principio (prioridad de rango), el ordenamiento jurídico nacional tenía positivizados los principios registrales de publicidad y buena fe. El primero de estos principios, según el voto en discordia, fue recogido por el numeral 2012 del Código Civil, que

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señala que “se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones”. Asimismo, dicho magistrado continuó señalando que el segundo principio anotado fue recogido en el artículo 2014 del Código Civil, que señala que “el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los Registros Públicos. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro”. El magistrado disidente indicó que compulsados el principio de rango (recogido por el artículo 2022 del Código Civil) frente a los principios registrales de publicidad y buena fe, se llegaba a la conclusión que, en el caso, debían prevalecer estos últimos, en atención a que cuando se inscribió el embargo a favor de la demandada no aparecía inscrito el título de la tercerista, por lo que la referida mantenía su acreencia sobre el bien sublitis una vez inscrito su derecho, pues, en materia registral, quien entra primero al registro es primero en el derecho, tal como lo señala el artículo 2016 del Código Civil. Es más, según el magistrado, el artículo 1135 del Código Civil constituía una norma de “derecho común” y recogía también el principio de prioridad en el tiempo para determinar la preferencia en el derecho. Admitir lo contrario importaría destruir el sistema registral que nos rige y haría ineficaces los siguientes principios: a. El de legalidad, que preconiza que todo título que pretenda su inscripción debe ser compatible con el derecho ya inscrito, pues en el caso, cuando se trabó el embargo en forma de inscripción en el Registro Público los codemandados figuraban como titulares del bien inmueble. b. El de impenetrabilidad que preconiza el de impedir que se inscriban derechos que se opongan o resulten incompatibles con otros, aunque aquellos sean de fecha anterior. En el caso, el embargo no se hubiera trabado si en el bien sublitis no habrían tenido algún derecho los citados codemandados.

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c. El de publicidad recogido por el acotado artículo 2012 del Código Civil que preconiza la presunción absoluta, sin admitirse prueba en contrario, de que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. De lo expuesto, se tiene que, de acuerdo con el magistrado que emitió el voto dirimente, se había interpretado erróneamente el artículo 2016 del Código Civil y se habían dejado de aplicar los numerales 2012 y 2014 del citado Código. Por lo que su voto fue por que se declare fundado el recurso de casación interpuesto por la demandada.

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COMPRAVENTA NO INSCRITA PREVALECE SOBRE EMBARGO ANOTADO

Se interpuso una demanda sobre tercería de propiedad contra los demandados. En primera instancia se declaró infundada la demanda; asimismo, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó la sentencia apelada. Es así que la demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de inaplicación del artículo 2022 del Código Civil; sosteniendo que conforme a la norma acotada, en el caso que exista conflictos entre derechos de distinta naturaleza, se aplican las disposiciones del derecho común, resultando por ello que el derecho real de propiedad prevalecía sobre el derecho de crédito en la forma de embargo, aunque este hubiera sido inscrito en los registros públicos. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que el artículo 2022 disponía que, para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre estos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone; si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las disposiciones del derecho común. De acuerdo con la Corte Suprema, se advertía que la norma acotada contenía dos supuestos: - El primero estaba referido al conflicto entre derechos reales sobre inmuebles, en el cual se aplica el principio de prioridad registral, prevaleciendo aquel

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 62-2001Arequipa (Data 45 000) Demandante: Carlos Maldonado Valz Demandados: Banco de Lima y Cilloniz Olazábal Urquiaga Sociedad Anónima Asunto: No se menciona Fecha: 6 de abril de 2001



derecho que primero hubiera sido inscrito en los registros públicos; -

En cambio, la segunda hipótesis estaba referida para el supuesto en el que existan conflictos de derechos de distinta naturaleza, en cuyo caso se prescinde de las normas que inspiran el registro, aplicándose las disposiciones del derecho común.

En efecto, tal como lo indicó la Suprema Sala, lo anteriormente expuesto se encontraba corroborado con la exposición de motivos del Código Civil de 1984, según el cual, el artículo 2022 del Código Civil contenía dos supuestos: en el primer caso se trataba de conflictos entre derechos reales en el que se aplicaba el principio de prioridad y las normas sobre registros, en cambio en el caso de conflictos de derechos de diferente naturaleza, como era el caso de un derecho real y un derecho personal en la forma de embargo, se prescindía de las normas de registro como si este no existiera, aplicándose las normas de derecho común. Así, la Sala Suprema llegó a concluir que el principio de prioridad registral solamente se aplicaba para los casos de conflictos entre derechos de la misma naturaleza, mas no para el caso de conflictos de distinta índole, en el que se aplicaban las disposiciones del derecho común, prevaleciendo el derecho real de propiedad frente a un derecho personal en la forma de embargo. De lo expuesto, la Suprema Sala señaló que se había establecido que el derecho de propiedad del tercerista se derivaba de la escritura pública de compraventa de fecha 30 de setiembre de 1996; por su parte la medida cautelar de embargo en forma de inscripción sobre el bien sublitis fue dictada el 2 de abril de 1997 e inscrita en los registros públicos el 10 de abril de ese mismo año; es decir, la medida cautelar de embargo en forma de inscripción fue dictada e inscrita luego de haber adquirido el tercerista la propiedad del bien sublitis; resultando por ello que se trataba de conflictos de diferente naturaleza, por lo que aplicándose las normas de derecho común, prevalecía el derecho real sobre el derecho de naturaleza personal. La suprema instancia agregó que, no obstante tratarse de derechos de distinta naturaleza, la Sala de revisión

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había procedido a desestimar la tercería en base a las normas de registro y de principio de prioridad registral, contenida en la primera parte del artículo 2022 , dejando por ello de aplicar el segundo extremo que establecía que, en el caso de derechos de distinta naturaleza, se aplicaban las normas del derecho común, prevaleciendo el derecho real sobre el personal. En consecuencia, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República amparó y resolvió declarando fundado el recurso de casación.

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Capítulo 12

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO COMPETENCIA JURISDICCIONAL

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TRATÁNDOSE DE LA TRANSFERENCIA DE UNA EMPRESA PERUANA DEBE EVALUARSE POSIBLE SUPUESTO DE COMPETENCIA EXCLUSIVA DE ESTAR INVOLUCRADOS PREDIOS SITUADOS EN EL PERÚ

El 4 de febrero de 2004 se celebró un contrato de compromiso de contratar y promesa de hecho de tercero, mediante el cual dos partes se comprometieron a celebrar un contrato de compraventa por el cual se entregaría a los futuros compradores la propiedad de una empresa domiciliada en el Estado de Florida de los Estados Unidos de América. Asimismo, el vendedor se comprometió a que su hija celebre con los compradores un contrato de compraventa de los derechos que como titular tenía en una empresa peruana, acordándose el precio por cada una de las referidas empresas. El contrato privado de compraventa fue celebrado el 9 de marzo de 2004, interviniendo como vendedores el propietario de la empresa ubicada en Estados Unidos y el apoderado de la titular de los derechos de la empresa peruana; y, como compradores, los que suscribieron el primer contrato. En el contrato de compraventa se acordó la venta de los derechos del titular de la empresa ubicada en el Perú y de la propiedad de la empresa ubicada en el extranjero. Respecto de este contrato, la cláusula decimocuarta establecía lo siguiente: “Las partes renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a elección de los vendedores a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del Estado de Florida de los Estados Unidos de Norteamérica y/o Lima-Perú, para cualquier controversia que se origine en la interpretación o ejecución de las obligaciones establecidas en la presente addenda o en el contrato de compromiso de contratar y promesa de hecho de tercero, inclusive si la controversia está referida a la validez de dichos actos jurídicos”.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de justicia Cas. N° 1609-2007-Lima (Data 45 000) Demandantes: Segundo Ángel Mendocilla Martínez y otra Demandados: Marco Herminio Díaz Neira y Chasquitour II E.I.R.L Asunto: Resolución de contrato Fecha: 5 de julio de 2007


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1609-2007-Lima (Data 45 000) Demandantes: Segundo Ángel Mendocilla Martínez y otra Demandados: Marco Herminio Díaz Neira y Chasquitour II E.I.R.L. Asunto: Resolución de contrato Fecha: 5 de julio de 2007

Posteriormente, los compradores, alegando un supuesto incumplimiento de la otra parte, interpusieron demanda de resolución de contrato ante los juzgados peruanos, contra la persona jurídica materia del contrato de compraventa (ubicada en el territorio peruano) y el vendedor. Los demandados, en respuesta, interpusieron excepción de incompetencia, basada en la cláusula decimocuarta del contrato privado de compraventa y particularmente en el hecho de que se venía siguiendo un proceso ante el Estado de Florida entre los vendedores, como demandantes contra los compradores, como demandados. En dicho proceso el juez del Décimo Primer Circuito Judicial del Condado de Dada, Miami, Florida, había concedido una petición de legitimación reivindicatoria antes del fallo definitivo y medida cautelar respecto de la administración y gestión de la empresa ubicada en ese Estado. Con fecha 16 de diciembre de 2005, en primera instancia se declaró fundada la excepción de incompetencia planteada, nulo todo lo actuado y concluido el proceso. Asimismo, el 11 de setiembre de 2006, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima confirmó la sentencia apelada. Este Colegiado consideró que la eficacia o ineficacia de los contratos objeto del proceso no era materia de conocimiento de los tribunales peruanos. Respecto a la sentencia de segunda instancia, la parte demandante interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. El fundamento del recurso planteado fue que los tribunales peruanos eran los competentes para conocer la demanda, porque una de las empresas estaba ubicada en el territorio del Perú. Además, porque se habrían presentado los supuestos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 2058 del Código Civil, respecto de la competencia de los tribunales peruanos para conocer acciones relativas a derechos reales sobre bienes ubicados dentro del país, y de acciones que se deriven de contratos o hechos realizados en territorio peruano, resultando una competencia de carácter exclusiva. En tal sentido, para los demandantes la Corte Superior infringió las citadas normas, además del artículo 17 del Código Procesal Civil que establece la competencia del juez del domicilio de la persona jurídica demandada, y que en el presente era el Perú.

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La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema invocó el artículo 2057 del Código Civil, referido a la competencia de los tribunales peruanos para conocer acciones contra domiciliados en el país; y, el artículo 2058 del mismo código, el cual se refiere a la competencia de dichos tribunales para conocer las acciones de contenido patrimonial contra personas domiciliadas en el extranjero. Señaló así que en el tema de la competencia jurisdiccional en materia de Derecho Internacional Privado debe distinguirse la competencia facultativa de la competencia exclusiva: en la primera, la materia de la acción iniciada puede ser conocida, a elección del demandante, por un tribunal peruano, o por un tribunal extranjero, supuesto este último en el que se deberá solicitar el reconocimiento de la sentencia extranjera en el país; en cambio, en la segunda, la materia sobre la que versa la acción solamente puede ser conocida por un tribunal peruano, y no se admite el reconocimiento de la s entencia extranjera que se emita, conforme al artículo 2104 del Código Civil. De acuerdo a la Corte Suprema, este criterio ha sido también expresado por la doctrina, la cual diferencia a la competencia facultativa de la exclusiva, señalando respecto de la primera que el demandante tiene también la posibilidad de iniciar su acción ante un juez extranjero y conseguir posteriormente el reconocimiento de la sentencia que se dicte en el Perú; e incluso ejecutar la decisión así obtenida en nuestro territorio. En relación con la segunda, se señala que existen una serie de supuestos en los que el legislador peruano ha dispuesto que solo pueden considerarse como válidamente resueltos cuando el juicio se sigue ante su fuero. En consecuencia, aun cuando otros estados consideren a sus tribunales como competentes para avocarse al litigio, la resolución que derive de este no será posible ejecutarla en territorio peruano. En este sentido, la Corte Suprema concluyó que la competencia exclusiva a favor del tribunal peruano obedece a la naturaleza de la materia sobre la que versa la acción, materia que el legislador ha considerado que tiene una vinculación especial con el país y que, por lo tanto, solamente puede ser conocida por un tribunal peruano. Siguiendo al artículo 2058 del Código Civil, la Corte Suprema señaló los casos en los que los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios

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originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial aun contra personas domiciliadas en país extranjero, a saber: 1. Cuando se ventilen acciones relativas a derechos reales sobre bienes situados en la República. Tratándose de predios dicha competencia es exclusiva; 2. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o que deriven de contratos celebrados o de hechos realizados en dicho territorio. Tratándose de acciones civiles derivadas de delitos o faltas perpetrados o cuyos resultados se hayan producido en la República, dicha competencia es exclusiva; 3. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción. Salvo convención en contrario, contemporáneo o anterior a la sumisión, la elección del tribunal es exclusiva. Para la Corte Suprema, las instancias anteriores no advirtieron que los contratos fueron celebrados entre las partes no solamente respecto de una empresa extranjera, sino también de una peruana, cuyo patrimonio se encontraría en el país. Y que, en todo caso, correspondía examinar razonadamente el supuesto de competencia exclusiva en relación con dicha empresa peruana, conforme al artículo 2058 inciso 1 del Código Civil, en cuanto a la competencia sobre predios ubicados en el país respecto de acciones reales. En tal sentido, dicha Corte consideró que los fallos anteriores no efectuaron una fundamentación correspondiente y razonada respecto de la excepción deducida, ni se analizó la observancia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva respecto de la pretensión formulada por los demandantes en relación con la resolución de contrato y los efectos jurídicos respecto de una empresa peruana. Por tales motivos, se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por los demandantes y nula la resolución de segunda instancia.

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LA RESOLUCIÓN EXTRANJERA DE DIVORCIO QUE ADJUDIQUE INMUEBLES A LOS EX CÓNYUGES NO ES APLICABLE EN EL PERÚ POR EXISTIR COMPETENCIA EXCLUSIVA PERUANA

En el Registro de Personas Naturales de la Oficina Registral de Lima y Callao se presentó para ser inscrito un divorcio, presentando los excónyuges una resolución judicial de fecha 23 de febrero de 1993, expedida por la Corte Distrital del Condado de Harris, Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica, reconocida en el Perú por resolución superior del 15 de junio de 1997 expedida por la Sexta Sala de Familia de Lima y confirmada por resolución suprema del 24 de diciembre de 1997; por lo cual judicialmente se había declarado disuelto el vínculo matrimonial. No obstante, la Corte Distrital del Condado de Harris había dispuesto que la cónyuge tenga la propiedad de un inmueble de propiedad de la sociedad conyugal, y que el cónyuge tenga la propiedad de los aires del mismo inmueble, así como la propiedad de otro bien adquirido. Es así, entonces, que cuando uno de los excónyuges quiso inscribir la disolución del vínculo matrimonial en la ficha del primer inmueble adquirido por la exsociedad conyugal, ello fue denegado por la registradora del Registro de Propiedad Inmueble, la que señaló que la disolución de bienes inmuebles acordado por la Corte Distrital del Condado de Harris no tenía efecto dada la competencia exclusiva de la justicia peruana en los casos de bienes inmuebles. De ahí que procediera la inscripción solo en lo referido al divorcio, pero no a la adjudicación del bien inmueble en los términos dispuestos por la justicia norteamericana. De igual modo, el mismo excónyuge presentó para su inscripción la disolución del vínculo matrimonial en la ficha del segundo inmueble adquirido por la sociedad conyugal. Al respecto, la registradora del Registro de Propiedad Inmueble señaló también que la Corte Distrital del Condado de Harris no tenía competencia sobre inmuebles situados en la República del Perú, por ser esta materia de competencia exclusiva de los tribunales peruanos de acuerdo con lo establecido en el artículo 2058 del Código Civil, declarando no ha lugar lo solicitado.

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Tribunal Registral Resolución N° 217-2000ORLC/TR (Data 45 000) Administrado: Julio César Guillén Saravia Asunto: Rectificación e inscripción de inmueble Fecha: 7 de julio de 2000


Tribunal Registral Resolución N° 217-2000ORLC/TR (Data 45 000) Administrado: Julio César Guillén Saravia Asunto: Rectificación e inscripción de inmueble Fecha: 7 de julio de 2000

Es de notar, que en ambos casos la registradora denegó la inscripción no porque la sentencia judicial no constituya instrumento público, sino porque conforme a lo regulado por el inciso 1 del artículo 2058 y del artículo 2078 del Código Civil, los tribunales peruanos tienen competencia exclusiva sobre las acciones relativas a derechos reales sobre bienes situados en el Perú, encontrándose los inmuebles objeto del procedimiento bajo este supuesto. El excónyuge solicitante interpuso, entonces, recurso de apelación contra la observación formulada por la registradora. En respuesta, el Tribunal Registral reafirmó que de conformidad con lo establecido en el artículo 2058 del Código Civil, los tribunales peruanos tienen competencia para conocer los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial aun contra personas domiciliadas en país extranjero, en el caso en que se ventilen acciones relativas a derechos reales sobre bienes situados en la República, y que tratándose de predios dicha competencia es exclusiva. Asimismo, invocando a la doctrina, advirtió que dicho dispositivo considera competencia exclusiva del juez peruano las acciones relativas a derechos reales sobre predios situados en el Perú, por lo que el legislador peruano considera que la vinculación con los inmuebles sitos en el país es de tal importancia que excluye la posibilidad de que en materia de derechos reales sobre predios se pueda se aplicar una ley extranjera. De allí, que de acuerdo al Tribunal Registral, no es posible que otro juez competente, de acuerdo a su propio orden jurídico, pueda emitir una resolución ejecutable en la República sobre la materia, pues la exclusividad en la jurisdicción garantiza no solo la no intervención de la autoridad judicial extranjera en acciones reales sobre predios ubicados en el Perú sino la eliminación de la aplicación a estos de una ley distinta de la peruana. Dicho Tribunal también invocó el artículo 2082 Código Civil, el cual señala que las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someten a la ley del domicilio conyugal, ley que sería aplicable respecto de los efectos civiles del divorcio y de la separación, excepto en lo relativo a los bienes de los cónyuges, que siguen la ley del régimen patrimonial del matrimonio. Por tal motivo, alude nuevamente a la doctrina para señalar que los efectos del divorcio tienen lugar en el país donde

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domiciliaban los cónyuges al momento de interponer la demanda, y que esta ley decidirá pues, todo lo concerniente a las consecuencias civiles del divorcio, salvo las relativas a los bienes de los cónyuges. En ese sentido, el Tribunal Registral consideró que, en efecto, las disposiciones relativas a la adjudicación de los inmuebles al fenecimiento de la sociedad conyugal dispuestas en la resolución expedida por la Corte Distrital del Condado de Harris, Texas, no resultan aplicables en el territorio peruano toda vez que dicha Corte no tiene competencia para pronunciarse sobre la propiedad de inmuebles situados en el territorio del Perú, por ser ello de competencia exclusiva de los tribunales nacionales. Finalmente, el Tribunal Registral confirmó la observación formulada por la registradora del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

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CARECE DE EFICACIA MATERIAL LA SENTENCIA EXTRANJERA QUE HACE LA DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE BIENES INMUEBLES SITUADOS EN EL PAÍS

Mediante demanda sobre administración judicial de bienes, la demandante solicitó al órgano jurisdiccional le otorgue la administración judicial de los bienes que pertenecieron a la sociedad conyugal que conformó con su excónyuge. Esta sociedad conyugal fue disuelta por sentencia de divorcio emitida el 23 de febrero de 1993 por el juez de la Corte Distrital del Condado de Harris, Texas, EE.UU., la que además fue objeto de exequátur ante la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima (15 de junio de 1997), confirmada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (24 de diciembre de 1997). La demandante precisó que los bienes se encontraban en estado de copropiedad, en razón a que la división dispuesta en la sentencia extranjera dictada por la Corte de los Estados Unidos no fue aprobada por el exequátur, al no tener dicho tribunal competencia para pronunciarse sobre bienes situados en el territorio peruano. Al absolver el traslado de la solicitud, el demandado formuló contradicción señalando que el exequátur dictado por la corte peruana dio validez y fuerza legal íntegramente a la sentencia expedida en el extranjero y que,

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de justicia Cas. N° 1770-04-Lima (Data 45 000) Demandante: Diana Elvira Victoria Sáenz Graner Demandado: Julio César Guillén Saravia Asunto: Administración judicial Fecha: 28 de setiembre de 2005



por tanto, los bienes conyugales que ocupa son los que la sentencia extranjera fijó a su favor. Al respecto, en primera instancia se declaró infundada la contradicción formulada por el demandado, pues se consideró correcta la resolución expedida por la Sala de Familia, mediante la cual se estableció que los tribunales peruanos tienen competencia para conocer las acciones relativas a derechos reales sobre bienes situados en la República, y que tratándose de predios dicha competencia es exclusiva. Se dijo además, que la Sala de Familia dejó a salvo el derecho de la demandante para hacer valer su alegación con arreglo a ley, siendo por ello que esta procedió a iniciar un proceso de división y partición, pero finalmente declarado improcedente. La primera instancia concluyó así que como no hubo pronunciamiento sobre la división y partición de los bienes de la sociedad conyugal, existía por tanto una situación de copropiedad. Ello al haberse disuelto solo el vínculo matrimonial y no haberse reconocido la resolución extranjera en el extremo referido a la división de los bienes conyugales. En este sentido, se procedió a nombrar un administrador judicial de los bienes de copropiedad de las partes. El demandado interpuso entonces recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió declarar nula esta última, así como la nulidad de todo lo actuado, considerando que si bien lo que se solicitaba encontraba concordancia sustantiva con lo dispuesto en los artículos 2058 numeral primero, 2078 y 2104 numeral primero del Código Civil, no era menos cierto que ambas partes se sometieron libre y voluntariamente a la jurisdicción extranjera de los Estados Unidos, jurisdicción cuya sentencia del 23 de febrero de 1993 adquirió la calidad de cosa juzgada al no impugnar ninguna de las partes lo resuelto. Además, dicha Corte Superior también sostuvo que a tenor de lo señalado en el artículo 2102 del Código Sustantivo, las sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros tendrán en la República la fuerza que les conceden los tratados respectivos; y que si bien el Perú no tenía firmado un convenio de reciprocidad con EE.UU. para el cumplimiento de sentencias judiciales, también

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lo es que se registran antecedentes sobre casos análogos, por lo que la sentencia expedida en el extranjero mantiene su validez plena en el Perú en tanto y en cuanto no contravenga el orden público internacional o las buenas costumbres. En consecuencia, al no existir litigio que dilucidar, por ser la sentencia de la Corte Distrital del Condado de Harris una resolución que ha efectuado la división de los bienes, no resultó necesario para la Corte el nombramiento de administrador judicial y se declaró nula Ia sentencia de primera instancia. Frente a esta sentencia, la demandante interpuso recurso de casación, el que fue declarado procedente por la causal de interpretación errónea del artículo 2149 del Código Civil. Para el recurrente, la Sala Superior interpretó en contrario dicha norma, sin considerar que existía la disposición expresa contenida en el artículo 2058 numeral primero del Código citado, que prescribe la exclusividad de los tribunales peruanos tratándose de bienes situados en el Perú. Se alegó que era inaplicable la parte de la sentencia pronunciada por la Corte Distrital del Condado de Harris, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, referida al destino de los bienes. Como premisa, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República señaló que existe interpretación errónea de una norma de derecho material cuando concurren los siguientes supuestos: a. el juez establece determinados hechos, a través de una valoración conjunta y razonada de las pruebas aportadas al proceso; b. que estos, así establecidos, guardan relación de identidad con los supuestos fácticos de una norma jurídica determinada; c. que elegida esta norma como pertinente (solo ella o en concurrencia con otras) para resolver el caso concreto, la interpreta (y aplica); d. que en la actividad hermenéutica, el juez, utilizando los métodos de interpretación, yerra al establecer el alcance y sentido de aquella norma, es decir, incurre en error al establecer la verdadera voluntad objetiva de la norma, con lo cual resuelve el conflicto de intereses de manera contraria a los valores y fines del derecho y, particularmente, vulnerando el valor

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1770-2004 Lima (Data 45 000) Demandante: Diana Elvira Victoria Sáenz Graner Demandado: Julio César Guillén Saravia Asunto: Administración judicial Fecha: 28 de setiembre de 2005

superior del ordenamiento jurídico, como es el de la justicia. Luego, la Sala Suprema hizo referencia al artículo 2049 del Código Civil, advirtiendo que la norma desarrolla el tema relativo a la incompatibilidad de la ley extranjera –pertinente y, por tanto, aplicable– con las normas que rigen el orden público internacional o las buenas costumbres. Establece así que no obstante la idoneidad de la norma extranjera para dilucidar un caso en concreto, por así establecerlo nuestras propias normas internas de Derecho Internacional Privado, los tribunales peruanos pueden y deben prescindir de su aplicación cuando adviertan que aquellas colisionan con el orden público internacional o las buenas costumbres, en cuyo caso los jueces están facultados para aplicar las normas peruanas. De acuerdo con la Corte Suprema este supuesto encuentra su correlato en el principio de que el juez no puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Sin embargo, considera también que no debe confundirse la competencia jurisdiccional que asumen facultativa o exclusivamente los tribunales peruanos para conocer determinadas materias de Derecho Internacional Privado, con la ley que finalmente están llamados a aplicar, siendo que la norma en comento se refiere a este último supuesto, pero no a la potestad de administrar justicia en un proceso determinado. En ese sentido, la Corte Suprema arguyó que cuando la Sala Superior estableció que la sentencia expedida en el extranjero mantenía su plena validez en el Perú en razón a que no contravenía lo dispuesto en el artículo 2049 (a contrario sensu) del Código Civil, se efectuó una errada interpretación de los supuestos fácticos que contiene la norma, desde que ello no refiere que sean válidas las decisiones jurisdiccionales por el hecho de no ser contrarias al orden público internacional o las buenas costumbres. En consecuencia, según la máxima instancia, la resolución de vista había interpretado erróneamente el dispositivo denunciado, por lo que la causal material merecía amparo. La Corte Suprema señaló a continuación que nuestro ordenamiento civil de Derecho Internacional Privado establece que solo los tribunales peruanos tienen

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competencia para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, cuando se ventilen acciones relativas a derechos reales sobre bienes situados en la República, siendo dicha competencia exclusiva cuando se trata de predios, a tenor del artículo 2058 numeral primero del Código Civil. Y es que existen una serie de supuestos que el legislador ha considerado que solo pueden ser válidamente resueltos ante los fueros peruanos. En estos casos, aun cuando otros Estados consideren a sus tribunales como competentes para avocarse al litigio, la resolución que emitan no será posible de ejecutarse en el territorio peruano. De otro lado, la Corte dijo también que a tenor de lo dispuesto en el artículo 2060 del mismo Código sustantivo, la elección de un tribunal extranjero o la prórroga de jurisdicción en su favor para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial serán reconocidas, siempre que no versen sobre asuntos de jurisdicción peruana exclusiva, ni constituyan abuso de derecho, ni sean contrarias al orden público del Perú. En consecuencia, según la Corte Suprema, si bien las partes se sometieron en su oportunidad a la competencia del juez de la Corte Distrital del Condado de Harris, Texas, para que se decida no solo sobre el divorcio de los cónyuges sino también sobre la división de sus bienes inmuebles conyugales, en este último punto la decisión extranjera fue emitida por un órgano incompetente y, por tanto, si bien formalmente válida, carecía de eficacia material en el territorio peruano. Por las razones señaladas, el Supremo Tribunal estimó que debía confirmarse la resolución de primera instancia que resuelve declarar infundada la contradicción formulada por el emplazado. Se declaró así fundado el recurso de casación.

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1770-2004 Lima (Data 45 000) Demandante: Diana Elvira Victoria Sáenz Graner Demandado: Julio César Guillén Saravia Asunto: Administración judicial Fecha: 28 de setiembre de 2005

LEY APLICABLE

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LAS OBLIGACIONES CAMBIARIAS SE RIGEN POR LA LEY DEL PAÍS EN EL QUE HAYAN SIDO CONTRAÍDAS O EN DONDE DEBA CUMPLIRSE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL REPRESENTADA

Una empresa interpuso demanda de obligación de dar suma de dinero con el fin de que la parte demandada cumpla con pagar la suma adeudada suscrita en una letra de cambio. Dicha letra fue girada en la localidad de Novo Hamburgo, Río Grande Do Sur-República de Brasil, sin embargo la demanda se interpone en el Perú. El demandado señaló que la letra de cambio materia de cobro no se ajustaba tanto a las formalidades del artículo 61 de la Ley N° 16587 derogada, por cuanto adolecía de nulidad formal al haberse consignado dos formas de vencimiento, una fecha fija y otra a cierto plazo de la fecha, como al artículo 33 de la Ley Uniforme Relativa a las Letras de Cambio y Pagarés, que rige las relaciones cambiarias en la República del Brasil, y que sanciona con nulidad el empleo de dos formas sucesivas de vencimiento. Mediante sentencia de primera instancia se declaró infundada la demanda; pero la sentencia de vista revocó este fallo, declarando fundada la demanda y ordenando que la ejecutada pague a la ejecutante la suma puesta a cobro más intereses. La parte demandada interpuso entonces recurso de casación, el cual fue estimado procedente por la causal referida a la aplicación indebida de una norma de derecho material. Tras analizar el caso, para la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema fue un hecho probado por las instancias de mérito que la letra de cambio había sido girada en la República de Brasil; y estando a que su ejecución se pretendía efectuar en el Perú, para la dilucidación del asunto resulta de imperiosa necesidad la aplicación de las normas que regulan el Derecho Internacional Privado. En este sentido, se invocó el artículo 2094 del Código Civil, según el cual, la forma de los actos jurídicos y de los instrumentos se rigen por la ley del lugar en

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Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1314-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Killing Sociedad Anónima Tintas E. Solventes Demandado: Tapcis Sociedad Anónima Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 3 de octubre de 2001


Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 1314-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Killing Sociedad Anónima Tintas E. Solventes Demandado: Tapcis Sociedad Anónima Asunto: Obligación de dar suma de dinero Fecha: 3 de octubre de 2001

que se otorgan o por la ley que regula la relación jurídica objeto del acto; y que cuando los instrumentos son otorgados ante funcionarios diplomáticos o consulares del Perú, se observarán las solemnidades establecidas por la ley peruana. La Corte Suprema continuó señalando que en el caso analizado, el título valor no había sido emitido ante funcionario diplomático o consular del Perú, por lo que no resultaba de aplicación la legislación peruana, sino la brasileña. Asimismo, la Corte Suprema señaló que si bien la nueva Ley de Títulos Valores N° 27287 no resultaba aplicable al caso, por el principio de temporalidad de la norma sí resultaba ilustrativa. Respecto a esta norma, advirtió entonces que su artículo 115 señala que la naturaleza, modalidades y los efectos de las obligaciones contenidas en un título valor se rigen por la ley del país en el que hayan sido contraídas o, si no se indica dicho lugar, por la ley del país donde deba cumplirse con la obligación principal que representa, y si este no constare, por la ley del país de su emisión. Así, la Corte Suprema concluyó que la legislación aplicable al respecto es la brasileña, en atención a lo dispuesto en el artículo 2094 del Código Civil. Por otro lado, la Corte Suprema consideró que al ser la letra de cambio un título valor eminentemente formal, debe reunir todos y cada uno de los requisitos esenciales, condiciones, circunstancias o situaciones jurídicas que la ley exige para tener valor legal dentro de los márgenes estrictos del derecho cambiario, principios recogidos no solo por nuestra legislación en el artículo 61 de la Ley N° 16587, sino también por la legislación brasileña en el artículo 2 de la Ley Uniforme Relativa a las Letras de Cambio y Pagarés. Asimismo, señaló que el artículo 33 de esta última norma prescribe las formas en las que puede ser girada una letra de cambio en Brasil, agregando además en su parte final que devienen en nulas las letras con vencimiento diferente o con vencimientos sucesivos. Tras este análisis la Corte Suprema advirtió que la letra de cambio puesta a cobro en el proceso contenía dos fechas de vencimiento, hecho también probado por las instancias de mérito, por lo que la citada cambial deviene en nula en aplicación del artículo 33 de la ley brasileña citada. Se declaró así fundado el recurso de casación y nula la resolución de vista.

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INFORME SOBRE LA EXISTENCIA Y SENTIDO DE LEY EXTRANJERA DEBE EMITIRLO LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE DEL PAÍS RESPECTIVO

Unos hermanos iniciaron un proceso de petición de herencia, con el objeto de reclamar su derecho de sucesión, la que según las alegaciones había beneficiado solo a otro de los hermanos, contra quien se dirigió la demanda. Al efecto, presentaron extractos de sus partidas de nacimiento y un informe de parentesco emitido por la Embajada de Alemania. En estos documentos aparecía que ellos además de ser nacidos en Alemania, corrían allí inscritos sus nacimientos como hijos del causante. La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda, declarando a los demandantes como herederos del causante y excluyendo de la herencia al hermano demandado. Este último interpuso entonces recurso de apelación ante la Corte Superior de Justicia de Lima. La Corte Superior señaló que para establecer la certeza del derecho invocado era menester, previamente, que se estableciera la ley aplicable al caso, debido a que el fallecimiento del causante en la República del Perú y el nacimiento en el extranjero de quienes decían ser sus hijos planteó un problema de Derecho Internacional Privado. Ello, sin embargo, no había sido efectuado por la sentencia apelada, por lo que para la Corte Superior esta omisión acarreaba la nulidad del fallo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral tercero del artículo 122 del Código Procesal Civil (las resoluciones deben contener la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado). Así, para la Corte Superior de Justicia de Lima, el a quo se limitó a aplicar la ley peruana respecto de la sucesión, pero no tuvo en cuenta que para pronunciarse respecto al parentesco necesariamente se tuvo que examinar los alcances del artículo 2083 del Código Civil (la filiación matrimonial se determina por la ley más favorable a la legitimidad, entre las de la celebración del matrimonio o la del domicilio conyugal al tiempo de nacimiento del

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Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 1139-2001-Lima (Data 45 000) Demandantes: Franzisko Manfred Teixeira Gross y otros Demandado: Mario Francisco Teixeira del Águila Asunto: Petición de herencia Fecha: 11 de julio de 2001


Corte Superior de Justicia de Lima Exp. N° 1139-2001-Lima (Data 45 000) Demandantes: Franzisko Manfred Teixeira Gross y otros Demandado: Mario Francisco Teixeira del Águila Asunto: Petición de herencia Fecha: 11 de julio de 2001

hijo), y determinarse si la norma aplicable al caso es la extranjera. De haber sido este el caso, se tenía que indagar sobre la existencia y sentido de la norma extranjera, siendo insuficiente para ello un informe de parentesco expedido por la Embajada Alemana y no por la autoridad judicial competente de ese país. Por lo tanto, se trató de un documento no idóneo para certificar si entre los demandantes y el causante existió el parentesco invocado. Por estos motivos, la Corte Superior declaró la nulidad de la sentencia para que el juez renueve el acto y, en su caso, profundice la actividad probatoria respecto a la ley extranjera y su sentido, con miras a dar solución a la controversia.

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EXEQUÁTUR

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DEBE PROBARSE RECIPROCIDAD PARA INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIÓN EXTRANJERA DE ADOPCIÓN

A través de una solicitud, un ciudadano italiano pretendía que se reconociera y se ordene la ejecución de una resolución-decreto del Tribunal de Bologna, Italia, que resolvía consentir la adopción efectuada por el peticionante el 11 de octubre de 1999 respecto de una joven nacida en Lima. Al respecto, la Tercera Sala Civil de Lima señaló que como las normas contenidas en el Código Procesal Civil tienen carácter imperativo, su cumplimiento resulta obligatorio como lo prevé el artículo IX del Título Preliminar de dicho Código. Y uno de los requisitos para que las sentencias extranjeras sean reconocidas en la República es que se pruebe la reciprocidad, tal como lo señala el numeral octavo del artículo 2104 del Código Civil (para que las sentencias extranjeras sean reconocidas en la República, se requiere que se pruebe la reciprocidad). La Sala Civil advirtió entonces la falta del requisito señalado, pues el peticionante la reciprocidad de los tribunales italianos en el reconcomiendo de las resoluciones peruanas de adopción. Por tal motivo, se declaró inadmisible la solicitud de reconocimiento de la resolucióndecreto de adopción del Tribunal de Bologna.

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Tercera Sala Civil de Lima Exp. N° 1425-2002-Lima (Data 45 000) Solicitante: Giancarlo Cesari Asunto: Adopción Fecha: 3 de mayo de 2003

TRATADOS

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LOS TRATADOS CELEBRADOS POR EL PERÚ PODRÁN SER SUSPENDIDOS SOLO CUANDO ASÍ SE ESTIPULE EN EL MISMO TRATADO

Un contribuyente interpuso demanda contencioso-administrativa para que se revoque la Resolución N° 1353-A2000 de fecha 7 de setiembre de 2000, dictada por la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal, que confirmó dos resoluciones de Intendencia Nacional por las que se le denegó a aquel una devolución solicitada de derechos específicos pagados en una importación (de trigo a granel), amparada esta en una declaración única de importación. En la demanda se señalaba como fundamento de hecho, que mediante la declaración única de importación antes citada, una agencia de aduanas, en representación de la empresa accionante, solicitó ante la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao el despacho de trigo a granel, cancelando los tributos por dicha importación por la suma de S/. 156,781.77. Posteriormente, la accionante representada solicitó a la Intendencia de Aduana de Pucallpa el reconocimiento físico de la mercancía y la devolución de los pagos que realizó por la importación, sustentándose en el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano de 1938, que exoneraba totalmente de gravámenes a las importaciones efectuadas en los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali. Pues bien, la demanda fue admitida a trámite, tramitándose conforme a las reglas del Código Tributario. El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas se apersonó al proceso en representación del Tribunal Fiscal y formuló su alegato solicitando que se declare improcedente o en su caso infundada la demanda. Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Aduanas interpuso nulidad contra una parte del procedimiento, por no haber sido incluida en este. Sucedió entonces que en primera instancia se declaró fundada la nulidad deducida por la Superintendencia

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 97-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Molinera Kuennen y Duanne Sociedad Anónima Demandados: Tribunal Fiscal y Superintendencia Nacional de Aduanas Asunto: Impugnación de resolución administrativa Fecha: 4 de junio de 2003


Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 97-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Molinera Kuennen y Duanne Sociedad Anónima Demandados: Tribunal Fiscal y Superintendencia Nacional de Aduanas Asunto: Impugnación de resolución Fecha: 4 de junio de 2003

Nacional de Aduanas, declarándose nulo e insubsistente lo actuado y se ordenó que se entienda la presente demanda también con la Superintendencia Nacional de Aduanas, en calidad de demandada. Este fallo fue entonces impugnado ante la Corte Suprema. Conociendo del caso, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en primer lugar, señaló que el artículo 43 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Procedimiento Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 02-94-JUS establece las causales por las que una resolución administrativa es nula. Asimismo, que al regular el proceso contencioso-administrativo, el artículo 540 del Código Procesal Civil señala que la demanda tiene como propósito la declaración judicial de invalidez o ineficacia de la resolución administrativa. Específicamente, para la Corte Suprema la controversia radicaba en determinar si el Decreto Supremo N° 01691-AG vigente desde el 6 de junio de 1992, conforme al Decreto Ley N° 25528, podía modificar lo establecido en el Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano, debido a que la empresa recurrente invocó el tratado al habérsele denegado su solicitud para la devolución de los derechos específicos. Y es que si bien en virtud del artículo VI del Protocolo, ambos países señalados convinieron en exonerar totalmente de gravámenes a las importaciones de productos originarios y provenientes de los territorios en los que tiene aplicación el protocolo; sin embargo, conforme al Decreto Supremo Nº 016-91-AG y al Decreto Ley N° 25528 sí se grava la importación referida. La Corte Suprema señaló, entonces, que el Protocolo es un tratado celebrado entre el Perú y Colombia, por lo que tiene jerarquía de ley según el numeral cuarto del artículo 200 de la Constitución Política del Perú. Pero, además, que la norma supranacional no puede ser derogada por una ley ordinaria posterior, porque los tratados celebrados y perfeccionados por el Estado peruano solo podrán ser denunciados, modificados o suspendidos, según lo estipulen las disposiciones de los mismos tratados, o en su defecto de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional. Ello conforme al artículo 7 de la Ley N° 26647, siendo potestad del Presidente de la República denunciar un tratado conforme al artículo 57 de la Constitución Política del Estado.

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Haciendo un poco de historia, según la Corte Suprema, por el Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano ambos países adoptaron un régimen de libre importación para las mercaderías que se importen para la zona de su aplicación; sin embargo, el artículo VII del mismo protocolo dejaba en libertad a ambos Gobiernos para exceptuar de dicho régimen las mercaderías que en su concepto pudieran afectar su seguridad económica o contravengan sus disposiciones sanitarias y fitozoosanitarias. De ejecutarse esta opción, entonces, de ninguna manera debía considerarse como un incumplimiento del tratado, pues se trata de una cláusula de reserva para suspender el régimen de libre importación establecida en el propio protocolo por los estados contratantes. La Corte Suprema también señaló que en el Perú se ha suspendido la aplicación del régimen de libre importación de productos agropecuarios, restableciéndose la plena vigencia del Decreto Supremo N° 016-91-AG mediante el Decreto Ley N° 25528, por lo que, según la máxima instancia, no puede sostenerse que esta medida importa el incumplimiento del tratado. Siendo esto así, el citado decreto supremo no colisiona con el protocolo, sino que, en rigor, determina solo la suspensión de la inafectación concedida por el convenio, medida adoptada en beneficio de los agricultores nacionales que se encontraban en desventaja respecto de las importaciones de productos de primera necesidad. De lo expuesto, la Sala Suprema estableció que al expedirse la resolución de fecha 7 de setiembre de 2000 denegándose la solicitud de devolución de los derechos específicos pagados en la importación de trigo a granel, la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal no contravino la cláusula VI del Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera mencionado, al tratarse de una medida excepcional prevista en el propio protocolo. Por lo señalado, para la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema la empresa accionante no acreditó que la resolución objeto de impugnación se encontrara inmersa en algunas de las causales de nulidad previstas en el artículo 43 del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, razón por la cual se declaró infundada la demanda contencioso-administrativa.

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Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia Cas. N° 97-2001-Lima (Data 45 000) Demandante: Molinera Kuennen y Duanne Sociedad Anónima Demandados: Tribunal Fiscal y Superintendencia Nacional de Aduanas Asunto: Impugnación de resolución Fecha: 4 de junio de 2003

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS •

141 Tomos. Base de Datos de 141 Tomos de Diálogo con la Jurisprudencia. Gaceta Jurídica, Lima, 2010.

•

Data 45 000. Base de datos de jurisprudencias. Gaceta Jurídica, Lima, 2010.

•

www.pj.gob.pe. Jurisprudencia Sistematizada. Poder Judicial, Lima, 2011.

•

www.sunarp.gob.pe. Tribunal Registral. Sunarp, Lima, 2011.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL Presentación 5

Capítulo 1 Título preliminar ABUSO DE DERECHO 001 Exigir al propietario del predio el pago del consumo de energía eléctrica

del arrendatario constituye abuso de derecho si aquel no autorizó el contrato de suministro

9

002 Exigir el cumplimiento de una obligación no configura abuso del derecho 11 003 Ordenar el pago de un monto mayor al adeudado permitiría el ejercicio

abusivo del derecho

004 Cónyuge inocente que no solicita la conversión de la separación legal a

divorcio comete abuso del derecho

12 13

APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO 005 Teoría de los hechos cumplidos determina aplicación inmediata de la ley

a los hechos existentes

17

006 Teoría de los hechos cumplidos también se aplica a los hechos y

consecuencias jurídicas nacidas al amparo de la ley anterior que se encuentren en proceso de desarrollo

007 El nuevo plazo legal fijado para acceder a un derecho se computa desde

que entró en vigencia la norma

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19 20

casuística de jurisprudencia penal

008 Aplicación de inmediata de nuevo plazo legal fijado para acceder a un

derecho no afecta el principio de retroactividad

009 Ley que establece prohibiciones contractuales no puede aplicarse a

contratos celebrados antes de su vigencia

21 23

010 Reembolso de acciones por ejercicio de derecho de separación durante

la vigencia de la ley general de sociedades derogada deben pagarse con intereses legales

24

011 Pese a que normas procesales son de aplicación inmediata las

reglas sobre la competencia de procesos en trámite se rigen por la ley derogada

012 No es aplicable la teoría de derechos adquiridos si no se prueba tener

un derecho constituido y reconocido por la legislación anterior

25 27

013 Para aplicar la teoría de los hechos cumplidos el reconocimiento del

derecho debe ser actual y mantenerse al momento de plantearse la demanda 28

014 Principio de irretroactividad de la ley no se puede imponer a hechos

que generaron efectos distintos de aquellos previsibles dentro del orden jurídico existente al momento de producirse

015 Norma aplicable para dilucidar la impugnación de acuerdos societarios

es la ley general de sociedades vigente a la fecha del acuerdo

29 30

ORDEN PÚBLICO 016 Vender por segunda vez un inmueble afecta el orden público

31

IURA NOVIT CURIA 017 Aplicación del principio iura novit curia se encuentra arreglada a ley

cuando no se ha sustentado en hechos ajenos a los alegados por las partes 33

018 Se afecta el debido proceso si juez funda su decisión en hechos diversos

de los que han sido alegados por las partes

34

019 Potestad del juez de declarar de oficio la nulidad de un acto jurídico

aplicando el iura novit curia se debe ejercer respetando el debido proceso y el derecho de defensa

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35

ÍNDICE GENERAL

020 Cuando se resuelve con base en los puntos controvertidos no se configura

un fallo extra petita

021 Cuando el juzgador no se pronuncia sobre todos los puntos del petitorio

se produce una sentencia infra petita

37 39

Capítulo 2 derecho de las Personas NOMBRE 022 Impedir que se incluyan los datos del presunto padre en la partida de

nacimiento no atenta contra el derecho al nombre y la identidad

023 Supuesto padre no puede impedir que menor lleve su apellido por afectar

su derecho a la identidad y nombre

45 47

024 No procede el cambio de nombre si este cumple con individualizar a la

persona 49

025 Consignar en la partida de nacimiento el nombre del supuesto padre de

una menor no reconocida constituye usurpación de nombre

026 Se configurará la usurpación del nombre del supuesto padre si la Madre

que declaró unilateralmente el nacimiento se niega a la prueba de ADN

51 53

DOMICILIO 027 Cambio de domicilio no puede oponerse al acreedor con la copia de la

demanda seguida en otro proceso por el demandado

57

028 Para oponer el cambio de domicilio a el acreedor debe comunicarse

oportunamente 58

029 Cambio de domicilio comunicado mediante publicación en un periódico

no es indubitable

030 Cambio de domicilio no comunicado con las formalidades pactadas no

repercute en la validez del emplazamiento

583

59 60


031 Deudor solo puede oponer a su acreedor el cambio de su domicilio

cuando se hace a través de una comunicación que no genere duda de su contenido

032 Si el demandado no comunicó su cambio de domicilio no puede oponer

tal hecho al acreedor demandante

033 Norma sobre pluralidad de domicilio (artículo 35 del Código Civil) es de

naturaleza adjetiva

61 63 63

RÉGIMEN LEGAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 034 Personas jurídicas pueden ser titulares de algunos derechos

fundamentales 65

035 Ser cónyuge de accionista no otorga derecho sobre los bienes de la

sociedad 67

036 Interdicción del representante de persona jurídica no implica que el

curador adquiera también su representación

69

037 No es viable exigir la deuda de una persona jurídica a su representante

legal 70

038 Asociaciones religiosas tienen organización distinta 039 Exclusión de asociado adoptada por el consejo directivo sin que la

ratifique la asamblea general atenta contra el debido proceso

040 Ejercicio del derecho disciplinario sancionador en las asociaciones no

afecta el debido proceso

041 En observancia del derecho al debido proceso es posible apartar de la

asociación a alguno de sus miembros por causales específicas

042 Demandar judicialmente la convocatoria a Asamblea General Constituye

un derecho legítimo de los asociados

043 No importa qué órgano de la asociación haya efectuado la notificación,

sino que el destinatario tome conocimiento

044 Pertenencia o no a una asociación se sustenta en la determinación

71 73 74 76 78 80

personal 82

584

ÍNDICE GENERAL

045 Plazo para impugnar judicialmente acuerdo de exclusión de asamblea

a la que no se asistió se computa a partir de la fecha de notificación

046 Plazo para impugnar judicialmente los acuerdos de asamblea general

se computan en días naturales

047 Impugnación judicial de acuerdos de asamblea general se tramitan en

proceso abreviado

84 85 88

048 Plazo para ejercer la acción de impugnación judicial de acuerdos se

computa desde la fecha en que aprobó el acuerdo si el afectado estuvo presente 89

049 Inaplicación de normas estatutarias no puede ser denunciada en

casación 91

FUNDACIÓN 050 Para demandar la remoción de los administradores de fundaciones

no se requiere que se declare judicialmente la responsabilidad en el incumplimiento de sus deberes

051 El inicio de un proceso judicial de disolución de la fundación no vulnera

ningún derecho constitucional

93 94

Capítulo 3 ACTO JURÍDICO REQUISITOS Y FORMA 052 Se entiende cumplida la condición del acto jurídico si no existe reclamo

de la otra parte

053 Manifestación de voluntad tácita no es considerada válida para constituir

acto jurídico

99 100

054 Acto celebrado por un solo cónyuge no es nulo

101

055 Formalidad de acto jurídico pactada es exigible

102

585


056 Documento privado de anticresis sin formalidad establecida en la ley

carece de valor

103

057 Se pacta formalidad solemne para la celebración de un acto jurídico

104

058 Se ordena ejecución de acto jurídico pese a que no se pactó plazo

105

REPRESENTACIÓN 059 Se anula acto jurídico celebrado por representante que se excedió de

sus funciones

060 No se computa el mismo plazo de prescripción para la acción de ineficacia

por falso procurador y el celebrado en exceso de funciones

061 Se revoca poder porque no quedó establecido de manera irrefutable su

carácter de irrevocable

107 108 109

062 No procede declarar la nulidad de un acto jurídico celebrado por falso

representante 110

063 Falta de firma conjunta de representante no obliga al representado

111

INTERPRETACIÓN 064 Compraventa celebrada por administrador judicial es interpretada como

usufructo 113

065 Se interpreta acto jurídico según la real intención de las partes y no por

su tenor literal

066 Interpretación sistemática e integral impide resolución de contrato

114 115

SIMULACIÓN 067 Celebración de contrato ante notario no impide que se declare su nulidad

por simulación absoluta

117

068 Simulación absoluta supone que detrás del acto aparente no exista otro 118 069 Simulación relativa no requiere que el contradocumento cumpla la misma

formalidad que el acto simulado

586

119

ÍNDICE GENERAL

070 No procede nulidad de acto jurídico por simulación relativa al ser eficaz

entre las partes lo acordado

071 Se declara nula venta por simulación absoluta porque los vendedores

seguían conduciéndose como propietarios luego de la transferencia

120 121

ACCIÓN PAULIANA 072 Para demandar acción pauliana no se requiere que crédito sea exigible 123 073 Se declara ineficaz acto de anticipo de legítima de inmueble celebrado

por deudor con anterioridad a crédito

074 Suscripción de minutas de compraventa por el comprador no acredita

su mala fe para declarar la ineficacia del contrato

124 125

075 Si el crédito está garantizado con una hipoteca es improcedente la acción

pauliana 125

076 No procede la acción pauliana contra actos de disposición anterior al

crédito 126

077 Es ineficaz la compraventa de los adquirentes que estaban en la

posibilidad razonable de conocer la existencia del crédito

078 Falta de garantía inscrita del crédito desvirtúa mala fe del adquirente 079 Acción revocatoria contra acto de disposición de bien de sociedad de

gananciales busca proteger los derechos expectaticios del deudor

080 Declaran ineficacia de constitución de patrimonio familiar por constituir

una renuncia expresa de disposición del bien

081 Efectos de acto jurídico declarado ineficaz por acción pauliana solo

benefician al acreedor perjudicado

127 128 129 130 131

VALIDEZ 082 Nulidad y anulabilidad no pueden ser demandados en un solo acto 083 Documento público cuya nulidad no ha sido declarada judicialmente

mantiene su validez

084 Se anula acto jurídico porque una de las partes omitió informar algunos

hechos relevantes

587

133 134 135


085 No se anula acto jurídico porque el error no era relevante

136

086 Es válido acto jurídico pese a no cumplir con un requisito de forma

136

087 Nulidad de la escritura pública no genera la nulidad del acto jurídico que

lo contiene

088 Se declara nulo el acto jurídico porque persona analfabeta únicamente

colocó su huella digital como manifestación de voluntad

089 Procede nulidad de acto jurídico por no existir poderes vigentes al

momento de suscribir la escritura pública

137 138 140

090 Legitimidad del tercero para demandar la nulidad de un acto jurídico se

sustenta en evitar las consecuencias futuras o volver al statu quo anterior 141

091 Hipoteca constituida por tercero no propietario es un acto jurídico nulo

por tener objeto jurídicamente imposible

092 Venta efectuada por analfabetos es nula por ser imposible materialmente

que conozcan el contenido del acto

143 144

CONFIRMACIÓN 093 Se confirma acto celebrado por el falso representante 094 No se confirma acto jurídico que carece de manifestación de voluntad

mediante la firma de la escritura pública que lo contiene

145 146

Capítulo 4 DERECHO DE FAMILIA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO 095 La subsanación de las formalidades omitidas en el matrimonio puede

realizarse hasta antes de ser detectadas en un proceso de nulidad

588

149

ÍNDICE GENERAL

RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 096 Validez del arrendamiento de un bien social otorgado por uno de los

cónyuges no puede determinarse en un desalojo

097 No procede la división y partición de bienes sin antes determinarse el

fenecimiento de la sociedad de gananciales

098 Acciones entregadas al trabajador por concepto de beneficios sociales

son bienes sociales

099 Los derechos expectaticios de los cónyuges sobre la sociedad de

gananciales pueden embargarse pero no ejecutarse

100 La disposición unilateral de un bien social hace nulo todo el acto y no

solo respecto de la parte que no intervino

101 La declaración judicial de unión de hecho no tiene efectos retroactivos

151 152 152 153 155 157

DIVORCIO 102 No procede el divorcio por imposiblidad de hacer vida en común

(incompatibilidad de caracteres) si ambos cónyuges se agreden mutuamente 159

103 Es posible establecer un régimen de visitas distinto del demandado 104 En caso de discrepancia sobre la existencia de bienes sociales la

liquidación se efectuará en la ejecución de la sentencia de divorcio

160 161

105 En el proceso de divorcio por separación de hecho el juez debe

pronunciarse sobre la necesidad de indemnizar al cónyuge más perjudicado 162

106 No cabe otorgar conjuntamente la indemnización y la adjudicación

preferente en el divorcio por separación de hecho

107 En un proceso de divorcio no se puede cesar la obligación alimentaria

fijada en un proceso judicial anterior

589

163 164


FILIACIÓN 108 El sometimiento a la prueba de adn es exigible a los herederos del

supuesto padre

109 La duplicidad de partidas de un menor no importa la nulidad del

reconocimiento de hijo efectuado en la segunda partida

110 Se puede declarar la nulidad del acto jurídico de reconocimiento pese a

ser un acto jurídico irrevocable

111 La no existencia de la diferencia de edades exigida por ley para la

adopción no la impide si es lo mejor para el menor

165 166 167 168

AMPARO FAMILIAR 112 Pensión alimenticia debe observar contexto social del alimentista y no

solo sus necesidades básicas

113 Haber sido demandado por alimentos no necesariamente impide solicitar

la tenencia del menor

171 172

114 A nivel superior puede suspenderse la cohabitación entre el agresor y

el menor agraviado por violencia familiar aun como aparente “reforma en peor”

174

Capítulo 5 DERECHO DE SUCESIONES PETICIÓN DE HERENCIA 115 Declaran procedente petición de herencia interpuesta por herederos de

hijo premuerto

116 Falta del nombre completo del causante en la partida de nacimiento de

hijo no perjudica reconocimiento ni posterior petición de herencia

590

177 178

ÍNDICE GENERAL

ALBACEA 117 La obligación de presentar el informe y las cuentas por parte del albacea

no solo surge con la terminación de su función

118 La responsabilidad del albacea termina cuando los herederos forzosos

efectúan la división y partición de la masa hereditaria

179 180

DIVISIÓN Y PARTICIÓN 119 Procede la división y partición solicitada por la cónyuge supérstite sobre

bienes propios del causante

120 Para que la cónyuge supérstite logre la partición de los bienes hereditarios

debe previamente liquidarse la sociedad de gananciales

181 182

ANTICIPO DE LEGÍTIMA 121 Anticipante puede declarar su voluntad a través de su huella digital por

lo que resultaría válido el acto jurídico de anticipo de legítima

183

122 No está prohibida la venta del bien otorgado en anticipo de legítima

184

Capítulo 6 DERECHOS REALES PARTE GENERAL 123 Ejercicio de acción personal para cobro de título no impide ejercicio en

otro proceso de ejecución de la garantía real fijada

189

FRUTOS Y PRODUCTOS 124 Poseedor cuyo contrato de compraventa no fue resuelto mediante

comunicación previa no está obligado a pagar frutos al nuevo propietario registral 191

591


125 El acreedor de una anticresis que acciona una prescripción adquisitiva

actúa de mala fe y debe pagar frutos

192

POSESIÓN 126 Hay precariedad en la posesión por detentarse un contrato de anticresis

no elevado a escritura pública

127 Poseedor no puede recuperar mediante interdicto un bien por acreditarse

su carácter temporal y su uso público

128 Ocurrencia de calle policial no es prueba suficiente para acreditar la

posesión a efectos de un interdicto de recobrar

195 196 198

129 Comprador de un inmueble cuyo contrato es resuelto es declarado

precario 199

130 Guardián no es precario si quien lo contrató falleció pero no se puso fin

a su contrato

131 No es precario el poseedor al que uno de los cónyuges propietarios le

cedió el uso gratuito del bien

200 201

132 Propietario de construcciones removibles en terreno ajeno es declarado

precario 202

133 El plazo de la acción interdictal se suspende mientras no concluya el

proceso penal de usurpación iniciado

134 Poseedor no es de buena fe ni hace suyos los frutos si el dueño inscribió

su derecho de propiedad sobre el bien

203 205

135 El derecho posesorio es transmisible por herencia

206

136 Poseedor mediato de un bien no puede interponer interdicto

207

137 Hay posesión pacífica prescriptoria si la demanda de desalojo se notificó

pasados diez años

138 No es precario el trabajador a quien se le requiere la devolución del

inmueble que se le cedió en uso para vivienda

139 Poseedor que se aloja en hospedaje no es precario aun si venció su

208 209

contrato 210

592

ÍNDICE GENERAL

MEJORAS 140 Arrendatario que demuele edificio en estado ruinoso y construye uno

nuevo no recibe pago de mejoras

213

141 Copropietario que realiza mejoras sin poseer el bien debe ser

reembolsado 214

142 Demostrar haber realizado mejoras en el bien no acredita legitimidad de

la posesión ejercida

215

DERECHO DE PROPIEDAD 143 Se reconoce legitimidad para obra en un desalojo por precariedad a

agente cuya anotación preventiva de su derecho de propiedad caducó

144 Adquirente de un predio por anticipo de legítima no inscrito en registros

vence u opone su derecho al embargo inscrito

145 Adquirente de bien mediante documento privado es preferido frente al

heredero del anterior propietario

146 No se acredita buena fe de quienes ingresaron a terreno ajeno con

autorización de uno de los cónyuges propietarios y construyeron allí

147 Propietario puede acumular pretensiones de reivindicación y de

demolición de lo construido de mala fe por el poseedor

217 218 219 221 222

148 No procede la reivindicación porque el bien no está plenamente

delimitado 223

149 No procede la reivindicación por no acreditarse la propiedad de quien

transfirió el bien por testamento

150 No procede la acción reivindicatoria cuando el poseedor presenta título

que exige una acción de mejor derecho de propiedad

151 Propietario reivindica su bien pese a no estar inscrito como tal en los

registros públicos

152 No es necesario acreditar que se estuvo poseyendo el bien para accionar

la reivindicación

153 Copropietario puede recuperar posesión del bien sin intervención de los

demás copropietarios

593

225 226 227 229 230


154 No procede la reivindicación si no se determina el área y la parte material

sobre las que recae el derecho de propiedad

155 Procede la reivindicación en caso de duplicidad de partidas registrales

que declaran la propiedad de agentes diferentes

156 En caso de haberse hecho construcciones no procede la reivindicación

por tener que aplicarse las normas sobre edificación en terreno ajeno

157 No se levanta embargo de vehículo que fue transferido fuera de registros

antes de la formalización de la medida cautelar

158 Se entiende entregado y transferido jurídicamente un vehículo con la

inscripción registral

231 232 234 236 237

RECTIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS Y PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 159 Demanda de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas es

imprescriptible 239

160 Una rectificación de área no afecta la valorización hecha a un inmueble

en ejecución

161 A efectos de la prescripción adquisitiva solo pueden adicionarse tiempos

posesorios anteriores directos y a título de posesionario

162 Poseer un bien en litigio hace no pacífica la posesión a efectos de una

prescripción adquisitiva

241 241 243

163 Poseedor que reconoce la propiedad de tercero no adquiere el bien por

prescripción 244

164 Poseedor que reconoce la propiedad del estado adquiere el bien por

prescripción 245

165 Poseedor que adquiere el bien por acuerdo privado no puede pedir la

prescripción adquisitiva

246

166 Propietario de un bien que extravió su título lo adquiere por prescripción 247 167 Poseedor de inmueble no inscrito y que dejó de pagar los impuestos no

lo adquiere por prescripción

168 Poseedor no adquiere el bien por prescripción cuando un tercero

interpone una acción reivindicatoria

594

249 250

ÍNDICE GENERAL

169 Hay pacificidad en la posesión prescriptoria si el proceso judicial sobre

el bien no cuestiona la posesión ejercida

170 Poseedor mediato adquiere bien por prescripción adquisitiva 171 No procede la acción reivindicatoria contra poseedor que cumplió con

requisitos para prescribir el bien

172 Persona adquiere por prescripción bienes privados del estado

251 252 254 255

DERECHOS REALES LIMITADOS 173 Los hijos de la persona fallecida que recibió gratuitamente el uso y

habitación de un inmueble no son poseedores precarios

174 Muerte del usufructario vuelve precario a quien recibió de este el bien

en arrendamiento

175 Se extingue derecho de habitación a plazo indeterminado con la carta

notarial dirigida por el propietario

176 Superficie constituida con posterioridad a una hipoteca impide ejecución

de construcciones efectuadas

177 No cabe una acción interdictal contra una servidumbre legal

257 258 259 260 262

178 No hay servidumbre aparente de paso si el predio cuenta con una salida 263 179 No hay servidumbre de paso vehicular sobre bienes de uso público

264

DERECHOS REALES DE GARANTÍA 180 Quien posee un bien en virtud de un contrato de anticresis nulo no puede

ser desalojado por precariedad

181 Acreedor laboral es preferido sobre acreedor hipotecario 182 Debe levantarse la hipoteca si se acredita que nunca surgió la obligación

a garantizar

183 Hipoteca alcanza a la edificación construida sobre el terreno gravado 184 Es válida la hipoteca pese a haber problemas para determinar los linderos

del bien

595

267 268 269 270 271


185 Hipoteca se extiende a departamentos construidos posteriormente sobre

el inmueble gravado

272

186 Se levanta una hipoteca en caso de que el tercero adquirente del bien

haya pagado la deuda hasta el monto máximo fijado y aun cuando se deban intereses

187 Se ejecuta hipoteca bancaria que no fue elevada a escritura pública 188 Procede la reducción de la hipoteca en caso de cancelación parcial aun

si en el convenio hipotecario se pactó lo contrario

189 Hipoteca sábana no garantiza deudas constraídas después que el deudor

transfirió el bien a un tercero

190 Tercería de propiedad no es la vía adecuada para ordenar levantamiento

de una hipoteca

191 No se extingue la hipoteca por muerte del garante hipotecario

274 276 277 279 281 282

Capítulo 7 LAS OBLIGACIONES CONCURRENCIA DE ACREEDORES 192 Concurrencia de acreedores no se configura cuando existe un nuevo

titular del bien (tercerista)

193 Norma sobre concurrencia de acreedores de bienes inmuebles puede

ser aplicable por analogía en caso de bienes muebles inscritos

287 291

194 Principio de prioridad en el tiempo para determinar la preferencia en el

Derecho no se aplica cuando el acto jurídico no tiene como requisito la inscripción de dicho acto

292

CESIÓN DE DERECHOS 195 En la cesión de derechos no se verifica la sustitución del cedente sino

las prestaciones susceptibles de ser exigidas por el acreedor

596

295

ÍNDICE GENERAL

196 El título que transfiere un derecho debe contener la causa justa de la

cesión 298

197 Cuando la cesión de derechos corre inscrita en los Registros Públicos

se considera que se cumplió con comunicar fehacientemente la cesión 302

198 Procede que la comunicación fehaciente efectuada al garante se

produzca por vía judicial a través de la notificación con la demanda

307

199 Los efectos de la cesión de derechos que establece el artículo 1215 del

Código Civil están reservados para ser aplicados únicamente en favor del deudor

310

PAGO DE INTERESES 200 Si se acreditó que en la celebración de un contrato hubo capitalización

de intereses, los jueces al momento de sentenciar deben determinar el monto cobrado en exceso por tal concepto

313

201 Al considerarse que las mutuales de crédito para vivienda forman parte

de la Superintendencia de Banca y Seguros, procederá la capitalización de intereses que hayan pactado

314

202 Como regla general se prohíbe pactar la capitalización de intereses

al momento de contraerse la obligación, siendo la excepción la capitalización de intereses en los contratos de cuenta corriente

316

203 Para que se proceda a la capitalización de intereses se requiere de pacto

expreso 317

NOVACIÓN 204 En la novación es preciso que la voluntad de novar se manifieste

indubitablemente en la nueva obligación

205 Simples cambios en los elementos accidentales de la obligación no

causan novación

319 321

INEJECUCIÓN DE OBLIGACIONES 206 En el incumplimiento de pago por prestaciones periódicas, las partes

pueden acordar la disminución del número de cuotas impagas

597

325


207 Para liberarse de responsabilidad, el obligado debe acreditar además

de la diligencia ordinaria, que la inejecución de su obligación o su cumplimiento irregular se debió a la presencia de un evento de fuerza mayor 327

208 La actuación de mala fe del recurrente puede ser convalidada con la

figura del dolo

329

209 Cuando los daños y perjuicios sufridos se hayan producido en el

marco de una relación contractual corresponde aplicar las reglas de la responsabilidad contractual o de inejecución de obligaciones

331

MORA 210 Se constituye en mora al deudor cuando se establece el pago de intereses

legales en la ejecución de sentencia

211 El cómputo de intereses se hace desde la intimación al pago y no desde

la citación con la demanda

335 336

OBLIGACIONES CON CLÁUSULA PENAL 212 Cancelación de la obligación principal otorga derecho a los deudores

para solicitar la reducción de la penalidad moratoria

213 Se considera válido que el deudor solicite la reducción de la penalidad

en la contestación de la demanda

214 En caso de incumplimiento de contrato se debe respetar lo señalado en

la cláusula penal

215 El juzgador puede reducir equitativamente la pena cuando esta sea

manifiestamente excesiva

341 343 344 346

216 Para reclamar una obligación dineraria derivada de una cláusula penal

se debe recurrir a un proceso que permita el ejercicio del derecho de contradicción con mayor amplitud

598

348

ÍNDICE GENERAL

Capítulo 8 CONTRATOS PARTE GENERAL DISPOSICIONES GENERALES

217 Contratantes deben actuar con honestidad

353

218 Calificación de contrato se da por su contenido y no por su denominación 355 219 Ley no modifica el contenido de contrato celebrado con anterioridad a

su vigencia

220 Minuta de contrato suscrita por abogado inhabilitado es válida 221 Rescinden mutuo con garantía anticrética porque bien entregado en

garantía era ajeno

356 359 360

CONSENTIMIENTO

222 Declarán válida cláusula general de contratación que contiene facultad

de resolver el contrato basada en una causal legal

223 Cláusulas generales aprobadas se aplican pese a no estar en el contrato

firmado

224 Declaran inválida cláusula que limitaba responsabilidad en un contrato

por adhesión

363 364 365

CONTRATOS PREPARATORIOS

225 Se ordena celebración de contrato en virtud de contrato preparatorio

367

226 Promesa de venta constituye compraventa si se paga parte del precio

369

CONTRATO CON PRESTACIONES RECÍPROCAS

227 Resolución de contrato opera desde la fecha en que la comunicación es

efectivamente conocida

228 Magistrados deben valorar si resolución se debe a la ejecución de una

cláusula resolutoria expresa o una condición resolutoria

599

371 372


229 No procede excepción de incumplimiento referida a una obligación

accesoria 373

230 No procede excepción de incumplimiento por no existir simultaneidad

en la ejecución de las prestaciones

231 Pago posterior de obligación no deja sin efectos la resolución de contrato

por incumplimiento

375 378

CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL

232 Cesión de la posición contractual alcanza a garantías siempre que ello

se haya pactado expresamente

379

EXCESIVA ONEROSIDAD DE LA PRESTACIÓN

233 No procede alegar la excesiva onerosidad de la prestación en un proceso

ejecutivo 381 CONTRATO EN FAVOR DE TERCERO

234 Compraventa que hace una persona a favor de otra no es contrato a

favor de tercero sino donación

235 Beneficiario de contrato en favor de tercero ejerce su derecho pese a

no haber dado su consentimiento en el acuerdo

383 385

ARRAS CONFIRMATORIAS

236 Monto entregado por concepto de arras es imputado al precio para evitar

la resolución en aplicación del principio de buena fe

387

CONTRATOS PARTE ESPECIAL Compraventa

237 Arras confirmatorias consideradas como cuota a efectos de resolver

compraventa por falta de pago del saldo del precio

238 Obligación del comprador-arrendatario por alquiler venta de pagar las

cuotas del bien aun cuando este fue robado

239 No hay venta de bien ajeno si el vendedor se obligó a transferir su parte

del bien aunque en el contrato el precio fuera por el todo

600

389 392 394

ÍNDICE GENERAL

240 Resolución de “precontrato de promoción de venta” convierte al poseedor

del bien en precario

241 Se inscribe compraventa pese a omitirse el estado civil del vendedor en

la escritura pública por tratarse de un propio

242 Cancelación de pacto de retroventa se inscribe pese a existir un recurso

de apelación anotado sobre el ejercicio del Derecho

395 398 400

243 Falta de devolución del precio impide que se ejecute el pacto de

retroventa 401 DONACIÓN

244 Exoneración de precio a pagarse determina carácter de donación de

supuesta compraventa de inmueble

245 Donante revoca donación pese a transcurrir más de 6 meses de celebrado

el contrato

403 404

MUTUO

246 No se vincula mutuo con compraventa contenida en el mismo documento 407 247 Obligados de un contrato de mutuo no responden de forma solidaria

408

248 Compraventa con pacto de retroventa es considerada contrato de mutuo 409 ARRENDAMIENTO

249 Tras la conclusión del arrendamiento la obligación de pagar por del uso

del bien no se asimila al pago de una renta

250 La conclusión del contrato de arrendamiento comprende la administración

del inmueble

251 Devengamiento de la penalidad pactada por no devolución de bien

arrendado en caso de continuación del contrato y posterior conclusión

252 Arrendamiento entre copropietarios de bien indiviso solo puede celbrarsre

sobre cuotas ideales y no sobre el bien mismo

253 Si se ordena al arrendatario pagar arriendos e indemnización debe

definirse si la garantía entregada se descuenta o no

254 Es inexigible el cobro de arriendos cuando se ha transferido el derecho

de propiedad

601

411 413 414 418 420 421


255 No constituye cláusula penal estipulación de triplicación de la renta en

caso de que el arrendamiento se vuelva indeterminado

256 Artículo 1700 del Código Civil no prohíbe que las partes renueven

convencionalmente el arrendamiento a su vencimiento

257 Penalidad fijada en contrato de arrendamiento no puede exigirse en vía

de ejecución

258 Requerimiento de devolución del bien no importa un nuevo vencimiento

(pues el contrato ya ha vencido) sino la conclusión del arrendamiento

259 Sumas cobradas por arrendamiento que se volvió indeterminado siguen

considerándose renta

422 424 426 427 430

COMODATO

260 El comodato puede verse limitado por alguna de las modalidades del

acto jurídico como el cargo

433

LOCACIÓN DE SERVICIOS

261 Locador no cobra honorarios porque no culminó de realizar el servicio

435

CONTRATO DE DEPÓSITO

262 Cónyuge supérstite de depositario fallecido es obligada a devolver el bien 437 CONTRATO DE FIANZA

263 Contrato redactado por el beneficiario de la fianza es interpretado a favor

del fiador

441

Capítulo 9 RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DAÑO MORAL 264 No se entiende valorizado correctamente el daño moral porque el juez

se expresó en términos genéricos

265 Muerte de hijo produce un daño moral en la madre

602

445 446

ÍNDICE GENERAL

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 266 Persona que ejerce un derecho no es responsable por los daños que tal

ejercicio produzca

449

RUPTURA DEL NEXO CAUSAL 267 Intervención de tercero en accidente de tránsito atenúa responsabilidad

del conductor

268 Desperfecto de vehículo no se considera caso fortuito

451 453

INDEMNIZACIÓN 269 Toda indemnización configura como un derecho patrimonial respecto de

la cual es posible transigir

270 Se indemniza a persona pese a que anteriormente recibió reparación

civil en proceso penal

457 460

REDUCCIÓN JUDICIAL DE LA INDEMNIZACIÓN 271 Se reduce el monto de indemnización porque la víctima actuó de manera

imprudente 463

RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA DE SEGURO 272 Compañía de seguro solo responde hasta el monto asegurado

465

Capítulo 10 PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA 273 Carta notarial que resuelve contrato no interrumpe plazo de prescripción 471

603


274 Demanda declarada improcedente interrumpe plazo de prescripción 275 Huelga del poder judicial no interrumpe el plazo prescriptorio porque no

se produjo dentro de su término

276 Acción penal no interrumpe el plazo de prescripción 277 Los plazos de caducidad son distintos a los plazos de prescripción desde

que las dos figuras jurídicas son distintas e independientes

278 Excepciones de prescripción y caducidad son instituciones distintas y

deben ser tratadas en forma independiente

279 Plazo de diez años para demandar la nulidad del acto jurídico es un

plazo de prescripción y no de caducidad

473 475 476 478 481 482

CADUCIDAD 280 El plazo de caducidad vencido contraviene el principio de razonabilidad

que exige un actuar coherente y proporcional a los intereses que se pretende 485

281 De ampararse una excepción de caducidad improcedente se estaría

denegando el acceso a la justicia de los demandantes

486

282 Declarar la caducidad imposibilita el pronunciamiento sobre el fondo del

asunto 490

283 Cuando las instancias de mérito no se pronuncien sobre la caducidad

invocada se tendrá por nula la sentencia

492

Capítulo 11 DERECHO REGISTRAL DERECHO REGISTRAL PRINCIPIOS REGISTRALES

284 Publicidad registral se extiende al título archivado 285 Decisión registral sobre rectificación de error debe impugnarse vía

proceso contencioso-administrativo

604

497 502

ÍNDICE GENERAL

286 Aplicación de los principios registrales debe estar libre de cualquier

indicio que haga dudar de su validez

287 No se puede invocar la buena fe registral si no se inscribe el derecho

correspondiente en los Registros Públicos

288 Si la compradora conocía de la venta irregular no puede invocar la buena

fe registral en el acto jurídico celebrado

289 Se presume la buena fe mientras no se pruebe que eL tercero conocía

la inexactitud del registro

290 Presunción de buena fe del tercero adquirente puede ser quebrada

acreditando que no conocía inexactitud de la publicidad registral

291 No puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito aunque

sea de fecha anterior

292 Buena fe registral beneficia al tercero registral 293 El principio de buena fe registral se desvanece si se puede probar que

los participantes del negocio eran casados

294 Quien de buena fe inscribe la transferencia efectuada a su favor por un

no propietario es protegido en sus derechos

295 No puede inscribirse como propio un bien adquirido con dinero

proveniente de la venta de bienes propios o con dividendos

296 Oponibilidad de derechos reales sobre inmuebles con embargo anotado

prevalece sobre compraventa no inscrita

297 Conflictos entre un derecho personal y uno real se resuelve a favor del

titular del derecho real por gozar de la oponibilidad erga omnes

298 Preferencia del derecho real no inscrito frente al embargo inscrito

504 508 509 513 516 518 525 530 533 534 535 538 540

299 Demanda de nulidad de un asiento registral de prescripción adquisitiva

por oponibilidad de derechos reales tiene por finalidad que se deje sin efecto la sentencia

300 Ante la concurrencia de un derecho real con otro de distinta naturaleza,

prevalece el primero con prescindencia del tiempo de la inscripción

301 Compraventa no inscrita prevalece sobre embargo anotado

605

542 544 549


Capítulo 12 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO COMPETENCIA JURISDICCIONAL

302 Tratándose de la transferencia de una empresa peruana debe evaluarse

posible supuesto de competencia exclusiva de estar involucrados predios situados en el Perú

555

303 La resolución extranjera de divorcio que adjudique inmuebles a los ex

cónyuges no es aplicable en el Perú por existir competencia exclusiva peruana 559

304 Carece de eficacia material la sentencia extranjera que hace la división

y partición de bienes inmuebles situados en el país

561

LEY APLICABLE

305 Las obligaciones cambiarias se rigen por la ley del país en el que hayan

sido contraídas o en donde deba cumplirse la obligación principal representada 567

306 Informe sobre la existencia y sentido de ley extranjera debe emitirlo la

autoridad judicial competente del país respectivo

569

EXEQUÁTUR

307 Debe probarse reciprocidad para inscripción de resolución extranjera de

adopción 571 TRATADOS

308 Los tratados celebrados por el Perú podrán ser suspendidos solo cuando

así se estipule en el mismo tratado

606

573

18 Casuistica de jurisprudencia civil.pdf

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