LADRONES PROFESIONALES Edwin H. Sutherland PROLOGO La primera diferencia que existe entre un policía y un delincuente es que mientras un policía es siempre un policía, un delincuente no es siempre un delincuente. Este principio —además de ser la razón por la cual, entre guardias y ladrones, predominan los primeros— resulta tan evidente que apenas necesitaría explicación, pero no ha sido muy considerado por las más extendidas teorías sobre el fenómeno de la delincuencia. delincuencia. En la época contemporánea, la principal contribución a ese equívoco, tan fácil de prender en el espíritu maniqueo de la gente, vino de la llamada escuela positiva de Derecho penal que en Italia, España y otros países, pretendió implantar en este sector de las ciencias sociales el método positivo empleado desde el siglo XIX en otras áreas siguiendo el modelo de las ciencias naturales. Con una pintoresca utilización de la antropología y siempre arrastrados por ese incontenible afán clasificatorio que desde entonces asola las ciencias penales y penitenciarias, penitenciarias, aquellos primeros criminólogos acuñaron un concepto básico de su análisis que también impregnaría todos los posteriores: el concepto de tipos delincuentes. delincuentes . Si el fundador de la escuela positiva, C. Lombroso, había publicado su obra clásica bajo el significativo título de El hombre delincuente (1876) en España también su principal seguidor, C. Bernaldo de Quirós, publicaría un libro llamado Figuras delincuentes delincuentes (1909) y otras muchas publicaciones se dedicarían a estudiar las características fisiológicas y psicológicas que componían componían los distintos distintos tipos de delincuentes. Ya se tratase de delincuentes natos u ocasionales , lo cierto es que los análisis positivistas intentaban indagar , a través de un repertorio de síntomas , la existencia de unas causas que de manera más o menos irrevocable conducirían al delito. delito . Sus postulados deterministas les llevaron a preconizar un correccionalismo que pretendía tratar esas causas de la misma forma que la medicina trata el origen de las enfermedades enfermedades.. Se desarrolló así una patologización de los delincuentes delincuentes que impregnó la legislación penal penal de manera manera indeleble. Por el Real Decreto del d el 12 de marzo marz o de 1903 se creaba en España una u na Escuela de Criminología destinada a la formación de personal penitenciario y dirigida por Rafael Salillas, primer representante en nuestro país de las teorías de la antropología criminal desarrolladas en Italia por C. Lombroso y E. Ferri. Desde entonces, la idea de que el delincuente (interno) es un enfermo y de que las cárceles (instituciones penitenciarias) tienen por objeto su tratamiento rehabilitador, prestará cobertura ideológica a los reiterados intentos, por parte del reformismo más ramplón, de paliar la situación inhumana dentro de las prisiones. Así vemos, por ejemplo, como en la Ley penitenciaria vigente en España (1979) los términos con resonancias médicas —como «tratamiento», «tratamiento», «aislamiento», «estado físico y mental», «equipos de observación», etcétera — constituyen la base conceptual de todo su entramado normativo. El régimen de vida en las cárceles españolas pretende también regularse a partir del tipo del tipo criminológico al que cada preso resulta adscrito, una vez emitido su diagnóstico de capacidad criminal (artículo 64, 2 de la Ley General Penitenciaria). Penitenciaria). En el terreno puramente doctrinal hace ya muchos años que este positivismo, que todavía encandila las reformas le gales de nuestros días, fue matizado por otros análisis en los que dominaban principios psicológicos o propiamente sociológicos para la interpretación de las conductas delictivas, según se dé prioridad a la personalidad del delincuente o a las circunstancias de sus actos. En la superación de la criminología positivista tuvo un papel central la llamada Escuela de Chicago, que se desarrolló desde comienzos de nuestro siglo, a partir de los trabajos del departamento de sociología de la Universidad de Chicago, Chicago, donde se
inicia la tradición de los Social Surveys o estudios sobre problemas sociales concretos. En ellos se contempla la influencia que tienen en la conducta humana los cambios demográficos y las circunstancias económicas, considerando una multiplicidad de factores que componen el medio con que se relaciona el individuo y que determina en parte su conducta. Uno de los epígonos de esta escuela es Edwin Sutherland (1883-1950) autor de este libro — coautor de su primera parte— publicado en Estados Unidos en 1937, y donde por primera vez en la historia de las ciencias penales y criminológicas el «delincuente» es presentado como una persona normal, definido sólo por su situación al margen de la legalidad. Ya no es un pecador, ni un loco, ni un enfermo; o si es alguna de esas cosas, ellas no determinan ni definen su condición de delincuente. Sutherland divulgó la teoría de la asociación diferencial (Principies of Criminology, 1924) partiendo del análisis sobre el aprendizaje de la conducta humana en un sentido global. En este proceso de aprendizaje son básicos los contactos que se producen dentro de los distintos grupos sociales, cada uno con su estructura funcional y su esquema de valores. En esos grupos surgen relaciones que son diferencia les, determinantes de unos modelos de conducta, teniendo en cuenta el sexo, la edad y la posición social de sus miembros. De la misma forma que cualquier otra actividad, el comportamiento delictivo es siempre comportamiento aprendido (learning theory) donde inciden factores sociológicos y psicológicos. En este sentido, más que hablar de «desorden» al referirse al problema de la delincuencia, habría que hablar de «orden social diferenciado». La idea que preside A Professional Thief, tanto en lo que contenga este libro de aportación de su inspirador Chic Conwell, como en lo que tiene fundamentalmente de obra de Shuterland, es una idea de integración. Los ladrones profesionales —el adjetivo ya implica un reconocimiento— son descritos como ciudadanos cuyos defectos no les son privativos, de la misma manera que participan a su vez de cualidades que se atribuyen a la gente honrada. Son igualmente un reflejo de la sociedad: tienen su código moral, sus reglas de funcionamiento, y su método de aprendizaje. Este tipo de ladrón profesional descrito por Conwell y Sutherland mantiene una curiosa relación dialéctica con el resto de la sociedad, entendiéndose con frecuencia con ella a través de otras profesiones, como la de policía, abogado, juez o político, que le deben gran parte de su razón de existir y, a veces, también de sus maneras. Como profesional, se arroga una cierta categoría: en primer lugar, no es habitual en él la procedencia de los barrios bajos y se adorna con una cierta distinción social, que conviene perfectamente a su audacia. Desprecia a los atracadores a mano armada, incapaces de sacar provecho como él de otras cualidades más sutiles, como la buena conversación o la simulación. A fin de cuentas, su actividad al margen de la Ley no supone un defecto específico, desde el momento en que el funcionamiento del aparato legal que él conoce está absolutamente corrompido, produciéndose una corriente recíproca de ilegalidades inducidas. Quizás sea en este punto concreto, el de la confrontación del delincuente con el sistema de control legal, donde este libro resultó más revelador y se aprecia más su importancia histórica. Se nos presenta aquí una situación en la cual hay un convencimiento extendido entre todos los ladrones profesionales de que, si son detenidos, conseguirán librarse pronto mediante prácticas de corrupción. Los abogados dedicados por entero a su defensa se sirven de los agentes de policía, con los que están en contacto permanente, hasta el punto de que son esos agentes quienes muchas veces les suministran los clientes. Si el «problema» no se solucionara en la instancia policial, el aparato judicial ofrece el suficiente nivel de elasticidad como para buscar en él un arreglo. Esto es tanto más fácil en el sistema americano como que la posibilidad del plead guilty (defenderse como culpable) ofrece la ocasión de pactar con el
fiscal una pena reducida, extendiendo así al nivel jurisdiccional una clase de componendas que en muchos países se dan desde luego a nivel policial, donde confesiones amañadas, confidencias no escritas o puntuales indicaciones por parte del detenido le pueden valer la libertad o una inculpación benevolente. Todas estas prácticas contribuyen a que el delincuente mantenga la convicción de que «los representantes de la Justicia sólo van a lo suyo». El robo es así un oficio como otros, ni más ni menos digno que el del abogado cohechador o el de funcionario sobornable, pero con la particularidad de que resulta algo más arriesgado pues un trance de mala suerte o una caída en desgracia puede su poner la cárcel. Junto con estas semejanzas negativas, el ladrón que analiza Sutherland —lo reitera en su Síntesis— tiene en común con otras profesiones la utilización de una técnica compleja, para la que se requiere una habilidad especial que se adquiere mediante un aprendizaje propio y en la que no están de más, igual que en cualquier ocupación, algunas dotes «naturales» como son la de un cierto carácter seductor y algunas cualidades del actor de teatro. Todo ello conviene perfectamente a los distintos tipos de ladrones que Conwell nos presenta por la pluma de Sutherland; desde el simple descuide ro hasta el gran estafador, en los que la habilidad y el engaño prevalecen siempre sobre el uso de métodos violentos. Y también convenía probablemente a una determinada realidad social en crisis, que con tanta reiteración y ligereza se compara con la de nuestros días, cuando ni en las causas, ni en las respuestas, ni en las consecuencias tiene mucho que ver. El fenómeno de la delincuencia es uno de los indicadores que señalan la diferencia actual, pues sus límites ya no están marcados, habiéndose convertido en el exutorio de otros problemas distintos.
La Violencia La descripción aséptica del elegante timador que nos ofrece Sutherland poco tiene en común con el ladrón vulgar de la actualidad: al volante de un coche robado y disparando su recortada, después de hacerse una gasolinera para llevar se un dinero que gastará seguramente en los placeres del mismo día. ¿Dónde está hoy aquel mundo de estafadores educados, carteristas suaves, mecheras discretas y asaltantes silenciosos? Probablemente subsiste, pero hace mucho que dejó de ser un problema policial y aparentemente también un problema social en la representación de la delincuencia que cualquier ciudadano se hace hoy, entre atracos, violaciones, muertes y síndromes varios, perder la cartera una mañana de domingo en el Rastro es apenas una contrariedad exótica, una sensación más que añadir entre las que ofrece el pintoresco mercado para turistas curiosos y amas de casa con iniciativas. El ladrón profesional descrito en este libro se acepta como un personaje más del entramado social, que mantiene una relación antagónica con el resto, pero sobre la base de un cierto reconocimiento mutuo. El no considera a la sociedad como un enemigo y sus fechorías, nos explica Sutherland, no están basadas en el odio. Le gustaría ver a la sociedad disfrutar de una continua prosperidad, para que sus golpes fueran cada vez más lucrativos. Este ladrón no es nada rencoroso con quienes se protegen del robo; sabe apreciar la inteligencia donde se encuentre y experimentará una reconocida admiración por quien es más astuto que él. La emulación por la técnica e incluso el sentido del juego está presente en su actividad. Sutherland nos presenta en su Síntesis a una persona que, al igual que cualquier hombre perteneciente a otra profesión, tiene un estatuto que le define según su habilidad técnica, su situación financiera, sus relaciones y sus conocimientos. Es un personaje que nada tiene que ver con el atracador adolescente que recorre las ciudades y llena las cárceles de nuestra época.
Leyendo en la Memoria del Fiscal General del Estado del año 1986 las estadísticas — por demás confusas— de procesos iniciados en los Juzgados y Audiencias de toda España, según las distintas clases de delitos contra la propiedad, se observa que los casos de robo con fuerza o violencia originaron 20.849 procedimientos en el año; mientras que los simples hurtos dieron lugar a 10.387, es decir, menos de la mitad. Sin embargo, parece que debería ser al contrario, si consideramos la mayor facilidad, tradición y hasta naturalidad que tienen esas pequeñas apropiaciones de los rateros, descuideros, mecheras, cleptómanos y simples aficionados a llevarse lo que no es suyo, en un fugaz instante propiciado por el hambre o el vértigo de la emoción, cuando nadie está mirando. En el mismo período, los procesos por estafa fueron 3.269 y en su inmensa mayoría — 3.024 — tenían tan escasa trascendencia que fueron resueltos por el Juez de Instrucción se gún el procedimiento para delitos menores. Este fue también el proceso abreviado seguido para casi todos los hurtos —9.446— , Mientras tanto el gran aparato de la justicia penal, los procedimientos ordinarios que se ventilan ante las Salas de las Audiencias Provinciales y ante el Tribunal Supremo, toda la curia de abogados, policías y demás funcionarios, las cárceles del reino y todo el aparato coactivo del Estado, se dedicaban a la otra clase de delitos contra la pro piedad, a esa que no entiende de sutilezas, ni de depuradas técnicas ni de profesionalismos, a los más de veinte mil atracos denunciados durante el año. Estos robos (violentos o con fuerza) además de ocupar dos de cada tres juicios que se celebran en cualquier Audiencia, reflejan la implantación actual de una peculiar forma de delincuencia, muy alejada del profesional que se describe en estas páginas aunque participe de características comunes. Es posible que el número de delitos perpetrados «limpiamente» tampoco haya disminuido, pero en todo caso ya no es lo que más preocupa a policías y jueces. A la vez, este fenómeno social ha servido de pretexto para una remodelación del discurso político sobre la delincuencia, justificando la instalación de todo un repertorio de controles reforzados y colocando en el centro de cualquier invocación política la cuestión de la llamada seguridad ciudadana. Con este tasco concepto, referido a los peligros de la delincuencia callejera, se instrumenta la base de toda una serie de manipulaciones que están politizando el problema por activa y por pasiva. Cuando se habla de esta clase de inseguridad se quiere exorcizar con ello todas las demás inseguridades provocadas por el repertorio de cuestiones políticas que se teme citar, como los problemas del desempleo, de la sanidad o de la administración pública, generadores de otra in seguridad más radical y más difícil de afrontar. Cuando se la califica de ciudadana, hay algo de proyección sobre la masa de ciudadanos de todos los temores que están presentes enel ánimo de los que más la invocan. Werner Ackermann, en su libro Imaginaires de l'Insecu rité (París, Librairie des Meridiens, 1983) ha descrito esa obsesión seguritaria que invade la vida cotidiana y que se basa en el equívoco permanente sobre las causas del peligro y las medidas adoptadas para protegerse. Siempre habrá de forma quizás creciente —dice Ackermann— hechos ciertos de agresiones que legitimen medidas de seguridad, pero los discursos del miedo pueden más y animan la forma social del lenguaje hasta el punto de invadir y de dinamizar todo el mundo de lo imaginario. No sólo hay una desproporción entre el peligro que hacen correr los delincuentes y el miedo de la gente, sino que la realidad de la agresión desaparece muchas veces tras el fantasma de su anticipación o la propalación de su relato. La inseguridad aparece entonces afectada por explicaciones equívocas, en las que hay todo un juego de reenvíos entre autoridades, víctimas, justiciables, etc. —«es un efecto de la crisis», «es culpa de los individuos», «es un problema político», «es una manipulación», etc. — que se anulan mutuamente. Se ha organizado un sistema de medidas de protecciones nuevas y exorbitantes que provoca en el público también una acentuación del miedo. Cualquier medida protectora o de alarma, en cuanto que recuerda la amenaza, la está actualizando permanentemente. Todo ello conlleva una aromatización palpable de la escena social, donde el miedo de la agresión en abstracto viene a condensar, focalizándolo en la figura del «otro», la nube de inseguridad que envuelve todo el campo de la existencia cotidiana.
Esa agresión, siempre presente en hechos o en imágenes, es tanto más temida cuanto que no se comprende ni se entiende desde ningún punto de vista ajeno a ella misma. Otra de las expresiones de toda esta ideología que se oye constantemente es la de violencia gratuita (como si se quisiera aceptar mejor una violencia lucrativa). Con ella se está reflejan do en definitiva una absoluta incapacidad para comprender un fenómeno social grave y se está extendiendo la declaración de ilicitud desde las conductas a sus mismos autores, los cuales son repudiados absolutamente, puesto que ni siquiera la más simple coherencia lógica —la del puro móvil egoísta— les es reconocida. Quizás sea en este punto en el que el panorama descrito por Conwelly Sutherland se aparta más de la representación actual de la delincuencia. Hay en la criminología crítica americana —como lo había en los positivistas — un intento objetivo de aproximación al mundo de los delincuentes que pretende redimirles por la coherencia, ya fuera ésta natural o social, aunque para ello tuviera que sacrificar en buena medida la posibilidad de esa redención definitiva que sólo se puede concebir desde el reconocimiento del libre albedrío —lo que significaría la ruptura del encuadramiento previo, del estigma y de la condena que éste implica —. Hoy asistimos al despliegue de una política (de unos análisis) que no sólo aborrece de cualquier tentativa piadosa de acercamiento a las causas profundas de la delincuencia, presumiendo —regalando — al individuo toda la libertad de decisión, sino que proclama con vehemencia la necesidad perentoria «que tiene la sociedad de defenderse», colocando así implícitamente fuera de su seno a los transgresores y privándoles de toda esperanza de entendimiento. En España, la Memoria de la Fiscalía del año 1978, al analizar las formas de comisión de los delitos, habla de desproporción entre la violencia empleada en muchos de ellos y los fines perseguidos por sus autores. En las Memorias sucesivas se volverá sobre el tema, destacando «el curso variante de amplios sectores de la vida delictiva, sus nuevas formas de insólita agresividad y la consecuente inquietud y zozobra que tales comportamientos producen en las gentes» (Memoria, 1980). Y probablemente también aludía a esta «desproporción» el presidente González, en unas ceñudas manifestaciones que hizo el 23 de febrero de 1985, refiriéndose a «la creciente arrogancia del delincuente ante la sociedad y el Estado» (Ver El País del día siguiente; en el mismo acto afirmó que «no son verdad las estadísticas del paro» insinuando que estaban hinchadas). Parece claro que el primer elemento que caracterizaría hoy a los nuevos ladrones sería el empleo que hacen de esa violencia física incontinente. «El vandalismo se presenta así como el ultraje último. Sustituye a la lógica usual del robo por lucro, es el horror que no se puede comprender, salvo haciendo intervenir una especie de disfrute de la destrucción por parte del ladrón, una fiesta en la que volarían en pedazos todos los objetos que representan la identidad y el dominio privado» (W. Ackermann). Estos nuevos vándalos no se parecen ya casi nada a los ladrones profesionales del pasado — o al menos así se nos dice— en los que se ponderaba su habilidad o inteligencia. Ese reconocimiento de la «inteligencia» como justificación, que en definitiva es el eje de toda la propia ideología de la burguesía, suponía un nada despreciable intento de asimilación de la figura del delincuente, intento que supuso la creación de memorables personajes de ladrones en la literatura de la época, a los que se llamaba «de guante blanco» para marcar la elegancia de sus actos, completamente limpios de cualquier huella de violencia. Es curioso leer en las páginas de Le Voleur de Georges Darien (1897) como su protagonista el ladrón Randal se aplica el calificativo de Vándalo o de Bárbaro (así, con mayúscula) con cierto orgullo decadente, por fechorías tan blandas que hoy no merecerían ni una línea en las reseñas de sucesos. Eran las hipérboles de una literatura en la que, como ha escrito Patrick Besnier, «el ladrón es cómplice de la víctima como en el vaudeville está níntimamente ligados el marido y el amante». En nuestros días las cosas se nos aparecen como muy
distintas. Falta de «profesionalidad», violencia, arrogancia... tampoco la delincuencia volverá a ser lo que era.
Los jóvenes ¿Realmente es la violencia añadida el factor diferencial de los ladrones de hoy, o existen también otros? La Memoria de la Fiscalía del año 1978 —convencionalmente se seña la el año 1975 como el del comienzo del aumento de delitos, especialmente contra la propiedad— además del dato de la violencia, recoge otro muy significativo: el del aumento de la participación de los más jóvenes en los delitos denuncia dos. Esta es una tendencia general en toda Europa, que se viene acentuando desde hace muchos años. En Francia un estudio del sociólogo Jean Michel Bessette (Sociologie du Crime; P.U.F. 1982) llegaba a la conclusión general de que «cuanto más joven se es, más se pasa por los tribunales». El 70 por 100 de los encarcelados en ese país durante 1984 tenía menos de treinta años y más de la cuarta parte era menor de dieciocho años (Le Monde Diplomatique; mayo 1986; pág. 26). En España, donde la O.C.D.E. suponía en 1986 a uno de cada dos jóvenes en paro, la realidad es muy parecida. La media de edad de la población reclusa no ha dejado de bajar en los últimos años. El último Informe General publicado por la Dirección General de prisiones (años 19831984)recoge varios datos reveladores:
— De un total de cerca de 59.445 hombres ingresados en las cárceles españolas a lo largo de 1984, tenían me nos de treinta años, 46.835 (cerca del 80 por 100) y menos de veinte años 15.757 (más de la cuarta parte del total).
— Tomando como año base 1974 (100 por 100) el aumento de ingresos carcelarios en 1984 es notable (170,29) pero aún es mucho mayor el porcentaje de aumento entre los ingresados de veintiún a veinticinco años de edad (242,63).
— Dos de cada tres penados, el 31 de diciembre de 1983, (66,30 por 100) cumplían condena por «delitos contra la propiedad». Un porcentaje muy parecido (65,92 por 100) se daba al 31 de diciembre de 1984.
— El Informe no contiene datos particulares sobre la edad de los penados por «delitos contra la propiedad» (aun que sí refleja este dato respecto a otros grupos de población recluso). Todos los datos de la estadística de criminalidad constatan que la edad media de la delincuencia tiende a bajar. Esta es la razón de que los distintos gobiernos hayan mantenido la mayoría de edad penal en los dieciséis años (edad fijada por el Código Penal de Napoleón, en 1810) a pesar del contrasentido que supone el que para todos los demás efectos no se reconozca hasta los dieciocho años. Incluso se oyen voces que proponen bajarla aún más, a la vista de las cifras de criminalidad de menores. Todo indica que la delincuencia es cada vez más asunto de jóvenes (al menos si consideramos la delincuencia registrada). Entre los especialistas, hay una anécdota que se ha convertido en chiste manido: una madre pregunta a un abogado que puede hacer ella para que su hijo no vuelva a robar; «no se preocupe señora, cuando salga en libertad se le habrá pasado la edad». Definitivamente, el ladrón de nuestros días es antes que otra cosa un hombre muy joven. Y tiene muy poco de «profesional» si por tal entendemos la combinación de la destreza con la adquisición de un status. La destreza ya no es tan necesaria, porque la irrupción también aquí de la técnica —automóviles y armas— ha impuesto un estilo de hacer basado en la rapidez y en la contundencia. Estas dos cualidades son tanto más necesarias al ladrón, cuanto que la proliferación de sistemas de alarma y policías, tanto públicas como privadas, no le deja tiempo para demasiadas filigranas. Su juventud se adapta bien a este dinamismo
de la acción y al peligro de desafiar unos controles que están reforzados con las mismas dotes de contundencia y rapidez. Además, la proliferación de oficinas bancadas y de centros comerciales en los núcleos urbanos más dispersos, junto con la existencia de bienes semipreciosos (coches, electrodomésticos) en cualquier calle o casa, ponen el posible botín al alcance de cualquier golpe rápido y enérgico: cuanto más enérgico, más rápido; y cuanto más rápido, más fácil será recuperar el anonimato protector a la vuelta de la esquina. El papel que la violencia «suplementaria» juega en este modo de operar es en primer lugar un papel instrumental de la intimidación. Pero es también, en un sentido estructural, un modo de expresión. J. M. Bessette, en el estudio citado, cree ver en estas formas de delincuencia «la expresión repentina, a veces bajo formas brutales, de la aventura humana». La consecución de una mejor situación económica no es claramente el último objetivo de los jóvenes atracadores, como lo es del ladrón clásico. (Tampoco una estadística de éxitos personales resistiría su comparación con los antiguos «profesionales».) La aplicación de miles y miles de jóvenes, desde que se levantan hasta que se acuestan, a actividades varias que componen una especie de busca barojiana (la expresión ha sido aceptada en su lenguaje: «buscarse la vida») les sitúa por entero al margen de las normas establecidas; unos porque no trabajan en nada útil, otros porque lo hacen de manera incontrolada (trabajo negro ) otros porque roban o trapichean con sustancias prohibidas y muchos porque hacen un poco de todo eso, ninguno es profesional de nada y su tipo humano es tan proteico como la ocasión lo exija. Esa precariedad, la fugacidad de sus oportunidades, ha con tribuido sustancialmente al desarrollo de una cultura peculiar, donde quizás hay algo más que en los grupos de delincuentes de antes (argot, solidaridad, jerarquía) analizados en la obra de E. Sutherland. Ha hecho emulsión en nuestros días una nueva épica elemental — tan elemental como todas las demás — donde todos esos jóvenes encuentran sentido a sus actividades «al margen de la ley», donde el mal está perfectamente identificado con todos los agentes y representantes de esa sociedad de la que están excluidos, donde sus hechos sí cobran pleno sentido, por absurdos o bellacos que parezcan aisladamente. Si hoy hubiera que responder, por ejemplo, a la pregunta de cuál sería la razón primera por la que unos jóvenes de dieciocho años cogen un día una escopeta y atracan un Banco, la respuesta más ajustada sería ésta: «para luego contarlo a los demás». En ese contexto épico la violencia, claro está, recupera todo el sentido que cualquier violencia puede llegar a tener, ya que sus protagonistas se enfrentan solos —o con la esporádica ayuda de otros tan perdidos como ellos — a un enemigo global siempre más fuerte y en ello encuentran su auto-afirmación. El riesgo físico, la dinámica que se implanta, la nitidez de las actitudes y la agresividad que se descarga, son otros tantos factores que la pueden hacer vertiginosamente deseable. Todo ello es propicio al inevitable juego de lealtades y traiciones, de valor y miedo, de dinero y cárcel; un pequeño mundo —cada día menos pequeño — que malvive al margen, no ya del legal, sino del oficial, del admitido como existente. Por eso no recibe ni puede recibir desde fuera otro trato que la proscripción y por eso se desenvuelve abandonado, desarrollando sus pautas hostiles y sus liturgias ocultas (que son las más excitantes).
La droga Era el verano de 1973, en las fiestas de un pueblo de la sierra de Madrid. En el abarrotado tendido de sol hay una pareja de carteristas sudacas alertas a los trances más emocionantes de la corrida, por una afición muy distinta —casi diríamos que contradictoria — de la del resto de los espectadores. El público se pone en pie para ovacionar al torero. Al volver a sentarse, una turista italiana ve su bolso abierto: la billetera ha desaparecido. Se fija en un hombre y una mujer que abandonan sus sitios, se pone a gritar y la pareja de guardias interviene. Los carteristas han visto su salida corta da por la multitud y son detenidos. En la
confusión, el hombre introduce su mano en el bolso de su compañera y sin que ella lo note coge la billetera robada; al llegar al cuartelillo se hace único responsable («me la encontré en el suelo») y su mujer queda libre. « Te dije que estábamos de vacaciones y que no quería problemas», le escribía él luego, amargamente, desde la cárcel. La anterior es una historia real. Sus protagonistas han evolucionado mucho desde entonces y no precisamente para mejor. Hoy han abandonado la vieja y pedestre profesión de carterista, por otra más lucrativa. Tranquilamente instalados en su país, forman parte de todo ese gremio que vive de la producción de la coca y su exportación al resto del mundo. Es un trabajo más seguro. En el panorama actual de la delincuencia (entendiendo como tal la que los sociólogos llaman delincuencia aparente, es decir la que el Estado no sólo define sino también detecta y persigue) hay un fenómeno que irrumpe con tremenda fuerza criminógena en los últimos años, coincidiendo con la llamada crisis económica. Es el fenómeno de la droga. No se trata, naturalmente, de que el consumo de drogas estimulantes o estupefacientes en los países occidentales sea algo nuevo, ni tampoco su correspondiente prohibición. Pero lo que caracteriza al presente es la considerable extensión de su consumo, simultáneamente a un reforzamiento de los controles de su prohibición. Esta doble tendencia en paralelo ha su puesto por un lado la situación al margen de la Ley de miles de ciudadanos y la aparición deformas sólidas de delincuencia organizada que dirigen la producción, tráfico y venta de las sustancias prohibidas más consumidas. También aquí, este libro contiene referencias precursoras a los problemas de criminalidad que esta cuestión iba a suscitar en el futuro. Sutherland se refiere a una cierta «tendencia general a no respetar ni a la Ley ni a la policía». Para él —o para su confidente — «esta tendencia (...) posiblemente está relacionada con la Ley sobre la prohibición (de bebidas alcohólicas), de tan deplorables efectos». Y añade: «las leyes que penalizan el tráfico de drogas siguen la misma senda». A pesar de todo, el problema en la época del libro no se planteaba como ahora, ni aunque lo comparemos con los efectos de la llamada ley seca. La importancia actual de las drogas prohibidas se presenta en una doble vertiente: por un lado, por el efecto criminalizador de la prohibición misma y, por otro, por su consumo extendido en todos los países donde está vigente, especialmente entre los jóvenes y más especial mente entre los grupos de jóvenes marginados. Ambos aspectos de la cuestión están relacionados. Hoy parece estar bastante claro que la causa principal de la iniciación en el consumo no es tanto cualquiera de las características que puedan describirse en los noveles consumidores, sino más bien la existencia de una oferta agresiva. (En este tema, es interesante el artículo de Luis Rodríguez Ramos, Iniciación al con sumo de drogas, en el libro colectivo la Problemática de la droga en España, EDERSA, 1986). Aquí se produce un fenómeno muy simple, si se analiza fríamente desde un punto de vista económico, que es el determinante. El tráfico de drogas es ante todo y sobre todo un grandísimo negocio. ¿Por qué? La razón está clara: porque los márgenes de beneficio son descomunales ya que la droga es un bien escaso y caro. Y su escasez descansa exclusivamente en su condición de género prohibido. Por otra parte, la ilegalidad de su tráfico y distribución, imposibilita cualquier control que evite los abusos de toda índole que se producen en perjuicio grave de los miles de consumidores. La impotencia de las autoridades ante el problema les lleva a redoblar las penas contra los traficantes, pero éstas sólo se aplican al nivel más bajo de los mismos — compuesto por consumidores y personas utilizadas — ya que no sólo los grandes jefes, sino todos los que viven del cultivo, preparación y exportación de las drogas quedan fuera del alcance de la policía, como también se libran quienes cooperan financieramente en el
negocio. El ensañamiento con los pequeños traficantes tiene otras dos consecuencias no deseables: castiga a los consumidores que se ven obligados al pequeño tráfico y hace subir los costes del precio final de la droga. Consecuencias de signo positivo: no se conoce ninguna. Todas estas razones y otras derivadas de consideraciones —morales y políticas— sobre la libertad de cada persona para disponer de sí misma, sin contar aquellas que reconocen valores culturales al consumo de cada tipo de droga, sirven de argumento para amplios sectores de opinión que se pronuncian en contra de su prohibición. Sin embargo, produce asombro comprobar como la mayoría de los políticos defienden su penalización con ahínco. En España, con ocasión de la reciente reforma del Código Penal en materia de «delitos contra la salud pública» todos los grupos parlamentarios se mostraron a favor de aumentar las penas cuando en el mes de noviembre de 1987 se discutió el proyecto. Existe la impresión, muy divulgada, de que el consumo de drogas que crean dependencia es una causa importante de muchos de los atracos que se producen, no sólo contra farmacias, sino en general contra todo establecimiento donde el drogadicto —verdadero tipo delincuente de las crónicas de nuestros días, que habrían hecho las delicias de Lombroso — pueda hacerse con un dinero rápido, para pagar su dosis perentoria. Si esto fuera así y esa causa tuviera esa importancia en la criminalidad, parece que ello debiera ser otro argumento más que añadir a los que avalan la despenalización de las drogas (que tampoco hay que confundir con la ausencia total de regulación). Sin embargo, la cuestión es confusa; es cierto que las estadísticas —muchas estadísticas— señalan la presencia de hábitos consumidores muy fuertes en los jóvenes atracadores; pero esas estadísticas no reparan en los mismos hábitos que tienen otros miles de individuos, los cuales no hacen atracos. Además tampoco está claro que lo que se toma como causa no pueda ser sólo una circunstancia coincidente que, de no existir, tampoco evitaría el hecho. En todo este juego de confusiones —interesadas desde luego, si se observa la cantidad de gente que vive de ellas en uno y otro bando — descansa la verdadera naturaleza del problema de la droga. Y de la confusión establecida, surgen todas las especulaciones posibles. ¿Es la droga la que pervierte y ofusca a la juventud o la pócima mágica que mantiene en constante sedación a miles de jóvenes parados? ¿Tiene su prohibición legal como objetivo defender la «salud pública» o sólo sirve para mantener altos los precios de un fabuloso negocio y alimentar el morbo de su consumo? ¿Cómo se explica que los principales países «exportadores» —Tailandia, Turquía, Marruecos, Colombia, Bolivia —sean fieles aliados de los Estados Unidos de América, paladín de la prohibición? No es fácil contestar a éstas y otras preguntas, que surgen en un tema donde la irracionalidad no es exclusiva de los toxicómanos. No hace tanto tiempo que las drogas, que ahora concitan tantas maldiciones, eran el distintivo de un hermoso movimiento cultural y político que revolucionaba los hábitos personales de toda una generación y pretendía cambiar la vida entera introduciendo nuevos vínculos fraternales, nuevos caminos para la comunicación entre las personas, nuevos estímulos para apreciar o producir la belleza en el arte. Hace muy pocos años de esto. Pero el camino recorrido en tan poco tiempo ha sido largo y terrible. La imagen del grupo feliz entre flores, música y sensaciones nuevas, aparece hoy suplantada por la de un cuerpo yerto con una jeringuilla clavada. Ninguno de aquellos filósofos de la contracultura está presente para explicar lo sucedido. Mientras se despejan las ideas, al observador le conmueve el espectáculo de tantos miles de jóvenes arrumbados por esta venganza de la historia, que no les perdona el que —hace muy pocos años— quisieran emprender un viaje para alejarse de ella.
Y todo lo demás
En diciembre de 1939, Sutherland pronunció un discurso como presidente de la Sociedad Americana de Sociología sobre la Delincuencia de Cuello Blanco, publicado por primera vez en la American Sociological Review (febrero 1940) y luego ampliamente divulgado. Este trabajo, que también se incluye en este libro, marcó un hito en la historia de la sociología radical y a partir de entonces el tema de la criminalidad «de los poderosos» llegó a ser un tema recurrente en todos los libros sobre la materia. La acepción —tomada en realidad de los «trabajadores de cuello blanco» o empleados de oficinas que se manifiestan con los socialistas — hizo fortuna en los textos y en los comentarios, sobre todo porque la paradoja que encierra sigue siempre vigente en muchos países, ya sean los Estados Unidos del Irangate, la Francia de los joyeros Chaumet o la España del holding Rumasa con todos sus muebles y sus inmuebles. Las aspiraciones sociales de que se castiguen determinadas conductas que suelen resultar impunes — ya sea por no estar tipificadas en los códigos o ya sea por la inoperancia del aparato penal — con las que se perpetran fraudes de elevada cuantía económica por personas cercanas a los resortes del poder, resultan tan comprensibles como inútiles en la mayoría de los casos. Hay muchos factores que contribuyen a esto, como las injerencias políticas, la venalidad de los funcionarios, la impotencia de los particulares o la torpeza de la administración de justicia. La cuestión está hoy de más actualidad que nunca, por dos órdenes simultáneos de factores. En primer lugar la delincuencia es, cada vez más, una mera cuestión de orden público para los distintos gobiernos, entendiendo además por orden público el meramente externo, es decir el que se tra duce por ausencia de alteraciones o agresiones en la calle. En España esta cuestión también se plantea así: para la policía —es decir para el Gobierno — el problema de la delincuencia se centra en la llamada delincuencia callejera. «Nos estamos refiriendo a los delitos que se cometen en la vía pública y que son los que provocan un mayor clima de inseguridad ciudadana», dice un circular del Ministerio del Interior dirigida en septiembre de 1987 a todas las comisarías, para potenciar las brigadas de Seguridad Ciudadana en relación con las de Policía Judicial. En una comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, el director general de la Policía reiteró que se iban a potenciar dichas brigadas con más policías uniformados y «equipos de investigación», para luchar «contra la delincuencia común y los denominados delitos menores». (El País 19 de octubre de 1987). Parece, en consecuencia que la atención de las autoridades, se va a centrar menos aún —si ello es posible— en los delitos «mayores». La segunda razón simultánea — y complementaria— de que lo que se venía entendiendo por criminalidad de cuello blanco aumente su implantación y sus cotas de impunidad, es la que marca la coyuntura económica. No me detendré en la exposición de lo que podríamos llamar la cruz de esta situación: el paro laboral, la marginación de los jóvenes o la falta de perspectivas de futuro para amplias capas de población. Hay una cara de esta medalla, dibujada por la imagen de un tipo de hombre nuevo que se impone y triunfa en el mundo de los negocios, moviéndose con la fuerza y la voracidad de un escualo en el mare magnum de sociedades mercantiles anónimas, dedicadas a la especulación más osada utilizando el señuelo del flujo de capitales, con el beneplácito de unos gobiernos que sólo están preocupados porque les cuadre la cifra final de sus grandes cuentas. Este hombre nuevo es un hombre valiente: cada día empuja los límites de la legalidad un espacio más allá y, como en los antiguos pioneros, en él se confunde la condición de negociante con la de aventurero. Sus métodos, sus costumbres, su imagen atractiva, sí componen en su caso un genuino tipo humano; pero éste no resulta desde luego, positivamente, un tipo delincuente para las instituciones oficiales, las cuales observan con aprobación como se aplica al agio más descarado, en el sector inmobiliario o en el llamado mercado de valores —inefable expresión. Hoy se compra una empresa en quiebra a precio de saldo; mañana se revende sin haber invertido un duro, con una plusvalía de treinta mil millones gracias a la especulación
in mobiliaria, pero aquí no pasa nada. Es más, habremos de oír al ministro de turno explicarnos que «comprar no es delito» y luego añadir —espléndido— que «vender tampoco es delito». Desde luego que hay muchas cosas, en cambio, que si son delito y no se persiguen. En España, por citar sólo dos ejemplos, existe un Capítulo del Código Penal que castiga las «Maquinaciones para alterar el precio de las cosas», y una Sección que persigue los «Delitos contra la seguridad en el trabajo». Estas disposiciones y otras semejantes no parece que hayan tenido una aplicación muy eficaz ni que hayan producido la suficiente estadística judicial como para elaborar la tipología delincuente de sus infractores habituales y trasladarlos desde las secciones financieras de los periódicos o las páginas de sociedad, a las publicaciones de los penalistas. Mientras tanto, de un total de 13.079 presos en las cárceles españolas en 1983, sólo 159 provenían de un «nivel familiar alto», es decir el 1,2 por 100 (Informe de prisiones citado). Hoy los presos ascienden a un total de veintiocho mil. Durante el gobierno actual la población reclusa se ha duplica do, pero la delincuencia financiera sigue representando un porcentaje ínfimo del total de condenas judiciales, a pesar de que su volumen económico es miles de veces más importante que el de todos los robos. ¿Son esos hombres de cuello blanco los ladrones profesionales de nuestra época? En definitiva, ya se sabe que «como la guerra en política, la criminalidad financiera es la continuación de los negocios por otros medios» (Christian de Brie; La criminalité en col blanc, ou la continuation des affaires...; Le Monde Diplomatique citado, pág. 20). Hay en toda Europa — y en Estados Unidos— una expansión del sistema carcelario que multiplica la población reclusa y provoca un secreto susto en los gobiernos. La situación desborda todas las previsiones y afecta a sectores amplios de población cada vez más marginada para la que no parece haber otra referencia de legalidad que la cárcel. Los estudios tradicionales sobre la delincuencia y sus causas no sirven para mucho, porque los contornos del problema ya no están claramente delimitados. Hay demasiada gente fue ra de juego, dedicada a muchas cosas y a ninguna, ni a favor ni en contra de la ley, sino fuera de ella. La cuestión sería la de saber qué tendría que decir una criminología actual de todo esto; de los setecientos mil presos que hay en Estados Unidos, del proyecto de cárceles «privadas» en Francia, del hacinamiento en las cárceles españolas, mientras todos los medios oficiales reclaman más y más seguridad, los partidos de izquierda piden más policía, los obreros se manifiestan contra la inseguridad ciudadana. Si ahora en España se ha podido afirmar que estamos dis frutando de un gobierno de sociólogos (en alusión a esa cohorte de los mismos que surca las alfombras de la Moncloa y de los Ministerios) en materia de policía y justicia ese gobierno lo desempeña una subespecie: la de los criminólogos. Estos, en su acepción actual, son unos técnicos que como colectivo tienen dos notas distintas: la primera, que son muchos; la segunda, que casi todos están en nómina. Poco importa saber el porqué de estas peculiaridades (probablemente se debe a algo muy sencillo: los muchos funcionarios originarios de Interior y de Justicia que ahora se han hecho criminólogos). Es su papel de sirvientes del poder, absoluta mente romo de cualquier punta crítica, el que conviene re saltar. Utilizando tanto la sociología como la psicología, estos nuevos criminólogos no suelen ser más que técnicos al servicio de las Instituciones de control social, encargados de añadir el adorno terapéutico a las faenas de la más simple represión. Los reglamentos de la policía y del sistema penitenciario son el ancho campo donde estos especialistas proyectan sus ilusiones. Todo Instituto de Criminología que funcione en cualquier perdido Departamento universitario verá pronto su alumnado nutrido de funcionarios que con gesto adusto debatirán sobre el aumento de la delincuencia. Algunos de ellos han hecho brillantes carreras en sus cuerpos respectivos: son hoy directores de cárceles o asesores del Ministerio del Interior.
Superadas las etapas antropológica y sociológica, reconquistado para el delincuente el limpio principio del libre albedrío, el individuo ha vuelto a ser colocado en solitario frente al Estado y con su entera y exclusiva responsabilidad por sus actos. En esa soledad, proyección consecuente de la ideología individualista, la persona del autor de cada delito ha dejado de ser motivo de comprensión, para quedar reducido a objeto de control. La criminología cada vez tiene menos que decirle, ocupada en ayudar a la sociedad a defenderse de la delincuencia. El número de detenidos y de presos no deja de aumentar, de modo que cualquier pretensión de atención personalizada para cada uno sería además pura veleidad.
