ESTRUCTURA 1. SUMARIO 2. PALABRAS CLAVE 3. INTRODUCCIÓN 4. CONTENIDO 5. CONCLUSIONES 6. BIBLIOGRAFÍA
CASO “HUATUCO HUATUCO”
SUMARIO 1. Introducción. 2. Precedente Vinculante 3. Caso Huatuco. 4. Voto en discordia de Blume Fortini. 5. Apreciación Personal. 6. Conclusiones 7. Bibliografía. PALABRAS CLAVE 1. INTRODUCCIÓN En el presente ensayo se busca abordar el contexto conceptual en cual se fijan los precedentes vinculantes, exponiendo para ello, las reglas establecidas por el mismo Tribunal Constitucional; para luego analizar los principales argumentos de la Sentencia expedida en el caso conocido como “Huatuco Huatuco”, asimismo lo esbozado por el Dr. Blume Fortini en su voto singular.
2. PRECEDENTE VINCULANTE ASPECTOS GENERALES: A raíz de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional, se ha introducido en nuestro sistema jurídico el concepto de precedente constitucional vinculante. Ello comporta, de manera preliminar, que el Tribunal Constitucional tiene dos funciones básicas; por un lado resuelve conflictos, es decir, es un Tribunal de casos concretos; y, por otro, es un Tribunal de precedentes, es decir, establece, a través de su jurisprudencia, la política jurisdiccional para la aplicación del derecho por parte de los jueces del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional en casos futuros. La cuestión que debe esclarecerse, no obstante, es cuándo el Tribunal debe dictar un precedente1. Es en el último contexto que mucho se critica la “función legislativa” que
desempeñan entonces los magistrados del Tribunal, crítica se ha respondido con la imperiosa necesidad de dar fin a las distintas interpretaciones que hacen los juzgados a nivel nacional, que sin duda alguna, atentan contra la seguridad jurídica. Y así, nuestro Tribunal Constitucional ha venido expidiendo precedentes vinculantes, muchos de los cuales han sido duramente cuestionados, cuanto más por la forma que por el fondo; en efecto, el mismo Tribunal Constitucional ha fijado los supuestos bajos los cuales puede fijarse un precedente vinculante, no obstante, no se cumplen a cabalidad; como ejemplo de ello, además del caso que se analizará, se tiene el precedente vinculante fijado sobre la “el control difuso de la administración pública”.
REGLAS PARA ESTABLECER UN PRECEDENTE
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Fundamentos 36 y 37 de la Sentencia recaída en el expediente EXP. N.° 3741-2004-AA/TC.
El Tribunal Constitucional ha precisado los supuestos bajo los cuales se puede fijar una sentencia como precedente vinculante, a saber 2: a) La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del Tribunal Constitucional, de la existencia de divergencias o contradicciones latentes en la interpretación de los derechos, principios o normas constitucionales, o de relevancia constitucional. b) La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del Tribunal Constitucional, de que los operadores jurisdiccionales o administrativos, vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de una norma del bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida aplicación de la misma. c) Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los derechos, el Tribunal constata la inconstitucionalidad manifiesta de una disposición normativa que no solo afecta al reclamante, sino que tiene efectos generales que suponen una amenaza latente para los derechos fundamentales. En este supuesto, al momento de establecer el precedente vinculante, el Tribunal puede proscribir la aplicación, a futuros supuestos, de parte o del total de la disposición o de determinados sentidos interpretativos derivados del mismo; o puede también establecer aquellos sentidos interpretativos que son compatibles con la Constitución. d) Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante.
3. CASO HUATUCO IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:
Exp. 5057-2013-PA/TC Demandante: Rosaría Beatriz Huatuco Huatuco Materia: Proceso de amparo FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA: La recurrente interponen demanda de amparo contra el Poder Judicial a fin de que se deje sin efecto su despido incausado; y que, en consecuencia, se disponga su reincorporación laboral en el puesto que venía desempeñando como secretaria judicial, más el pago de los costos del proceso. Manifiesta que prestó servicios desde el 1 de julio de 2010 hasta el 15 de noviembre de 2011, en virtud de contratos de trabajo sujetos a modalidad por servicio específico; que, sin embargo, al haber realizado labores de naturaleza permanente, sus contratos modales se han desnaturalizado y, por ende, deben ser considerados como uno de plazo indeterminado, por lo que solo podía ser despedida por una causa justa prevista en la ley, previo procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto Supremo N.° 003-97-TR. Alega la vulneración de su derecho al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario y al debido proceso. 2
Sentencia recaída en EXP. N.° 0024-2003-AI/TC
FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, contesta la demanda y argumenta que el proceso de amparo no es la vía idónea para dilucidar la pretensión planteada por su naturaleza restitutiva y no declarativa de derechos. Agrega que, "la demandante pretende que se declare el derecho (...) esto es de ser trabajadora a plazo indeterminado regulado por el Decreto Legislativo 728, sin haber ingresado a laborar mediante concurso público de méritos, sino a plazo fijo para lo cual se estableció fecha de inicio y término de la contratación, conforme se aprecia del copia del contrato que inició el 01.07.2010, así también del contrato que inició el 01.04.2011 y que concluyó indefectiblemente el día de la publicación de los resultados del proceso de selección de la Plaza 019503 del cargo de Secretaria Judicial, conforme a lo descrito y precisado en la cláusula primera del referido contrato, que en cuya virtud la referida contratación no constituye afectación constitucional al derecho al trabajo, en razón a que se ha dado en el marco del Decreto Legislativo 728". Asimismo, manifiesta que "de acuerdo a la Ley del Presupuesto Anual para el Sector Público en materia de contratación de personal el ingreso de éste se efectúa necesariamente por concurso público de méritos y sujetos a los documentos de gestión respectivos ”. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA
Justificación del Precedente: -
Revisada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a consideración del Colegiado, se ha encontrado distintas posiciones interpretativas sobre la aplicación del régimen laboral privado en el ámbito de la contratación del Estado.
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De una parte se tiene que en casos de ex trabajadores con contratos temporales o civiles en entidades públicas que contratan personal bajo el régimen laboral privado, se han estimado las respectivas demandas de amparo y ordenado su reposición en dichas entidades como trabajadores a plazo indeterminado, ello al verificase la desnaturalización de dicho contrato.
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De otro lado, se identifican otras posiciones en las que se consideraba que dichas demandas debían ser desestimadas en la medida que el artículo 5 de la Ley 28175, Marco del Empleo Público, establece que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, sobre la base de méritos y capacidades de las personas, de modo que los accionantes no podían ser reincorporados mediante un contrato a plazo indeterminado si es que no ingresaron por concurso público.
Línea argumentativa de la Sentencia: 1. Definición del funcionario o servidor público, como aquél que no se identifica, por ejemplo, por un tipo de contrato o vínculo de un trabajador con la Administración Pública, sino por el desempeño de funciones públicas en las entidades del Estado.
La carrera administrativa constituye un bien jurídico constitucional, preciándose que por Ley se regula el ingreso, los derechos, deberes y las responsabilidades de los servidores (artículo 40 de la Constitución); es decir, que la protección de dicho bien jurídico se encuentra delimitada en la Ley. Así, pese a que el acceso a la carrera pública forma parte de los derechos reconocidos como susceptibles de protección constitucional, determinando que dentro de su contenido se encuentra como principio consustancial, el principio de mérito.
2. La incorporación a la administración pública se realiza mediante concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada, ello considerando que ya el Poder Judicial ha expedido la Ley 28175, Marco del Empleo Público, en cuyo artículo 5 se establece que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, en base a méritos y capacidad de las personas; asimismo que en la actualidad se viene implementando la Ley 30057 del Servicio Civil, en cuyo título preliminar se resalta la meritocracia. Por lo tanto, de verificarse que se ha producido un despido arbitrario, de una persona que ha ingresado a la carrera pública cumpliendo con los requisitos, entre ellos, el ingreso por concurso público, debe ordenarse su reposición. 3. Cando el demandante no ha ingresado a la administración pública mediante concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada, no corresponde su reposición, puesto que dicha regla sólo se limita los que ingresaron por concurso público. 4. Responsabilidad funcional en los supuestos que se detecte la desnaturalización del contrato temporal (laboral o civil) en la Administración Pública. 5. Reglas procedimentales aplicables: la aplicación del procedente vinculante sub examine será a partir del día siguiente de su publicación, incluso a los procesos de amparo que se encuentren en trámite ante el PJ o el TC. REGLAS FIJADAS:
1. En los en los casos que se acredite la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil no podrá ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, toda vez que esta modalidad del Decreto Legislativo 728, en el ámbito de la Administración Pública, exige la realización de un concurso público de méritos respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. Esta regla se limita a los contratos que se realicen en el sector público y no resulta de aplicación en el régimen de contratación del Decreto Legislativo 728 para el sector privado. 2. Las entidades estatales deberán imponer las sanciones que correspondan a aquellos funcionarios y/o servidores que incumplan las
formalidades señaladas en la Constitución, la ley y la presente sentencia.
3. Las reglas fijadas en este precedente vinculante deben ser de aplicación inmediata a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, incluso a los procesos de amparo que se encuentren en trámite ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. 4. En el supuesto de que en un proceso de amparo el demandante no pueda ser reincorporado por no haber ingresado por concurso público de méritos para una plaza presupuestada, vacante de duración indeterminada, el juez reconducirá el proceso a la vía ordinaria laboral para que la parte demandante solicite la indemnización que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 38.° del TUO del Decreto Legislativo 728. Dicha vía proseguirá el trámite conforme a la ley procesal de la materia y no podrá ser rechazada por la causal de extemporaneidad. Una vez que el juez laboral competente se avoque al conocimiento del caso, deberá entenderse presentada y admitida la demanda laboral, y se otorgará al demandante un plazo razonable a efectos de que adecue su demanda conforme a las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso laboral. Transcurrido dicho plazo sin que el demandante realice la respectiva adecuación, procederá el archivo del proceso. 5. Asimismo, las demandas presentadas luego de la publicación del precedente de autos y que no acrediten el presupuesto de haber ingresado por concurso público de méritos a la Administración Pública para una plaza presupuestada y vacante a plazo indeterminado, deberán ser declaradas improcedentes, sin que opere la reconducción mencionada en el parágrafo anterior. 4. VOTO EN DISCORDIA DE BLUME FORTINI FUNDAMENTOS:
1. Es contrario a la línea jurisprudencial uniforme que ha desarrollado el Tribunal Constitucional desde hace 20 años. 2. Convalida un eventual accionar abusivo, lesivo e irresponsable del Estado. 3. La sanción a los funcionarios y trabajadores encargados de la contratación pública resulta ser draconiana porque no tiene en cuenta la realidad, es decir, que al menos 1’400,000.00 trabajadores laboral en el
sector público, no obstante, la mayoría de ellos han sido contratados sin concurso.
4. Sus efectos retroactivos sobre situaciones anteriores a su aprobación son inconstitucionales. 5. Desnaturaliza el sentido de la figura del precedente constitucional vinculante.
5. APRECIACIÓN PERSONAL Definitivamente el precedente vinculante sub examine ha causado diversos comentarios, no obstante, ello no obedece solamente al tema de fondo, al caso concreto, sino que, considerando que en nuestro sistema jurídico, la expedición y aplicación del precedente vinculante es de reciente data, existen todavía problemas en su interpretación, y claro, como toda figura novedosa genera que palpitantes corazones alcen su voz, las mismas que no pudieron callarse en anteriores ocasiones y que no dudo no serán calladas en el futuro. Ahora bien, considerando las líneas anteriores, dividiré mi comentario en dos líneas, la primera abordará temas “formales”, respecto a la expedición de precedentes vinculantes, mientras que en la segunda trataré el “caso en concreto”.
Precedente vinculante Como se aclaró en el ítem correspondiente, para la expedición de un precedente vinculante, es necesario que se presenten alguno de los supuestos que el Tribunal Constitucional se ha encargado de establecer. En el presente caso, el Tribunal Constitucional justificó la necesidad de dictar un precedente vinculante, argumentando que respecto al caso planteado, sobre la reposición de trabajadores públicos que ingresaron sin concurso público, se habían producido diversas interpretaciones; de un lado, las que estiman la demanda, ello al verificarse la desnaturalización del contrato y probar que en aplicación del principio de la realidad se estaba frente a un contrato laboral indeterminado, y de otro, las que la desestimaban por considerarse que no podría procederse a la reposición puesto que el trabajador no había ingresado por concurso público. Respecto a dicho punto, es necesario expresa lo siguiente: -
En realidad no se han presentado diversas interpretaciones, contrario sensu el TC ha sido claro en señalar que sí procede la reposición. Empero, sí se ha presentado un voto singular por parte del ex magistrado Miranda, el mismo que sí se alejaba de lo establecido por la jurisprudencia del TC, y cuyos argumentos han sido recogido en el precedente vinculante.
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Por lo tanto, el supuesto invocado por el TC no sería satisfecho y no debería procederse a dictar un precedente vinculante, al menos no por dicha causal.
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Ahora bien, mucho se dice respecto a que en realidad estaríamos frente a un cambio de praxis jurisprudencial o un overrulling , no obstante, tampoco podría decirse que se haya producido dicho supuesto, ello considerando que no se ha hecho mención a que se esté cambiando de criterio sobre un precedente vinculante expedido con anterioridad.
Caso concreto El TC señaló que no se puede hacer una interpretación literal respecto a la desnaturalización de los contratos a plazo fijo, que no podía concluirse de forma automática que ello debe aplicarse en todos casos, puesto que no considera que en ámbito de la carrera pública, la única forma de formalizarse un contrato indeterminado es ingresando mediante concurso público, garantizándose el principio de meritocracia, expresado ahora en la Ley del Servicio Público, por lo tanto, permitir que contratos de plazo fijo se conviertan en contratos indeterminados sería atentar contra el bien jurídico carrera administrativo que está constitucionalmente protegido. No obstante, ese parece ser el fundamento central de la decisión del TC, es claro, que en el fondo se ha tomado en cuenta aspectos sociales y económicos, ello en razón a que no pasa desapercibido en la práctica los innumerables casos en los que, aprovechando la aplicación del principio de la realidad, algunos trabajadores, dejan que se desnaturalice su contrato y así poder alcanzar la tan preciada estabilidad laboral, que sólo les costó silencio, poniendo en clara desventaja a los que intentan ingresar por medio de concurso pública, en otras palabras, quiero decir que pareciera que el TC en el fondo ha querido ponerle fin a dicho contexto. Así las cosas, considero debió recurrir a la técnica de la ponderación de derechos, poniendo en un l ado de la balanza, al bien jurídico “trabajo” y de otro al bien jurídico “carrera administrativa”. En tal situación, sí hubiese sido
necesario que el TC refuerce el sentido de su decisión, apoyándose en criterios socio-económicos; donde pueda responderse a la pregunta ¿qué importa más, la protección del trabajador frente a un supuesto despido arbitrario o la protección del Estado en su labor por brindar un servicio público en el que se garantice que el personal está debidamente capacitado?; el asunto podría resumirse en intereses individuales (determinados) versus intereses difusos (indeterminados).
Del Voto Singular de Blume Fortini Las críticas realizadas por el Dr. Blume Fortini, son ciertamente fundamentadas, sobre todo respecto a la forma en cómo se expidió el precedente vinculante, debido a que, en efecto, no se ha verificado en el caso concreto el supuesto bajo el cual se fijó el precedente vinculante, esto es, interpretaciones contrarias sobre un mismo caso. No obstante, considero que los calificativos como “eventual accionar abusivo, lesivo e irresponsable del Estado”, no pueden ser considerados como fundamentos para responder a los
argumentos del mismo precedente, así, si decidimos escapar de lo jurídico para enfocarnos en el tema social de fondo, los que están a favor del precedente podrían también indicar que se ha cometido un abuso, pero que este abuso ha partido por parte de los trabajadores que con “eventual accionar doloso”
permiten que se desnaturalice su contrato.
6. CONCLUSIONES -
El precedente vinculante fijado no cumple con los requisitos formales para su expedición.
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Formalmente, no se ha producido un overruling.
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La fijación del precedente vinculante responde a la oposición del enfrentamiento entre intereses individuales (determinados) versus intereses difusos (indeterminados).
7. REFERENCIA BIBLIOGRAFÍCA. -
Sentencia recaída en EXP. N.° 3741-2004-AA/TC
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Sentencia recaída en EXP. N.° 0024-2003-AI/TC
- http://blog.pucp.edu.pe/blog/derechogerenciaydesarrollo/2013/09/23/pre cedente-vinculante-constitucional/ - http://blog.pucp.edu.pe/blog/anibalquirogaderechoprocesal/2011/01/11/los-precedentes-vinculantes-y-el-overrulingen-el-tribunal-constitucional/
