EN LO PRINCIPAL: QUERELLA POR DELITOS QUE INDICA; EN EL PRIMER OTROSÍ: SOLICITA DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN; EN EL SEGUNDO OTROSÍ : FORMA DE NOTIFICACIÓN; EN EL TERCER OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER.
JUZGADO DE GARANTÍA DE VIÑA DEL MAR
MANUEL EUGENIO MARÍN OSORIO , cédula de identidad N° 6.770.5165, chofer transportista, domiciliado en calle uno N° 36, Salvador Reyes, Santa Julia, Viña del Mar, a S.S., respetuosamente, digo: Que por este acto, vengo en deducir querella criminal en contra de
RICARDO IBÁÑEZ VILLARROEL , cédula de identidad N° 13.255.844-2, abogado y WILLIAM GALLEGOS CERDA, cédula de identidad N° 16.083.923-6, abogado, ambos con domicilio en calle hermanos Amunátegui 232, of. 701, Santiago, así como también en contra de todas aquellas personas que presten servicios para “Grupo Defensa” que resulten responsables, ya sea en su calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos de falsificación y uso de instrumento privado falso, de conformidad a los antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer:
I.
ANTECEDENTES DE HECHO
1. Con fecha 13 de julio del año 2016 me dirigí a las dependencias del estudio jurídico “Grupo Defensa” ubicadas en la comuna de Viña del Mar en avenida
Arlegui 440, of. 601, con el objeto de obtener asesoría jurídica respecto a la relación laboral existente con mi empleadora, la empresa de transportes “Transportes Carbutrans Limitada”.
2. En esa oficina fui atendido por una mujer, desconozco nombre y profesión, quien me indicó que para acceder a los servicios de “Grupo Defensa” debía firmar un contrato de honorarios, en virtud del cual la sociedad “Ibáñez Limitada” -razón social de “Grupo Defensa”- se obligaba a asumir el
patrocinio
y
representación
de
mis
intereses
jurídicos
laborales,
adquiriendo, a su vez, el derecho de percibir, a título de honorarios, una suma equivalente al 20% del resultado de un eventual juicio laboral. En aquella oportunidad, firmé tal contrato y entregué cierta documentación laboral, a saber, copia de mi contrato de trabajo, de ciertas constancias realizadas ante la Inspección del Trabajo, libretas de rutas, entre otros. 3. Sin embargo, luego de haberlo firmado, intenté concertar una reunión con los abogados que habían asumido mi caso para imponerme de la estrategia jurídica que emplearían para defender mis intereses, pero ello fue imposible.
4. Unos meses más tarde, en enero del año 2017, luego de tres licencias médicas rechazadas, mi empleadora me comunicó que la presentación de las mismas no era procedente pues la relación laboral había terminado. Lo anterior, por cuanto yo habría supuestamente ejercido la facultad contenida en el artículo 171 del Código del Trabajo, esto es, me había despedido indirectamente, según lo expresado en una carta certificada aparentemente firmada y enviada por mi persona persona el día 4 de octubre de 2016. 5. Asimismo, tomé conocimiento de que el día 16 de diciembre de 2016 los querellados Ricardo Ibáñez y William Gallegos, pertenecientes a “Ibáñez Limitada”, interpusieron una demanda en el Juzgado de Letras del Trabajo
de Valparaíso, asumiendo mi patrocinio y representación, con la cual se pretendía obtener una tutela de derechos fundamentales y, en particular, el pago de las indemnizaciones vinculadas al ejercicio de la facultad contenida
en el artículo 171 del Código del Trabajo. Precisamente dicha solicitud se hizo sobre la base de la carta que supuestamente yo habría firmado, siendo acompañada en copia simple en el segundo otrosí de la presentación. Además, en la mencionada demanda se indica que el 11 de octubre de 2016 yo habría dado cumplimiento al requisito contenido en el artículo 162 del Código del Trabajo, a través de la entrega de una copia de la carta de despido indirecto en la Inspección del Trabajo.
6. Al revisar el contenido de la carta de despido indirecto pude observar que en su parte inferior derecha efectivamente consta mi nombre, mi cédula de identidad y una firma que simula ser mi firma auténtica, pero que en realidad fue falsificada por los querellados. Por lo demás, tampoco me he dirigido a la Inspección del Trabajo a hacer entrega de una copia de tal documento. 7. Cabe agregar, que la demanda presentada con fecha 16 de diciembre de 2016 ante el Juzgado de Letras del Trabajo se declaró como no presentada, en virtud de mi falta de ratificación de la representación que había otorgado a los querellados Ibáñez y Gallegos. Resulta evidente que jamás habría podido ratificar dicha representación, pues no tenía conocimiento de la presentación realizada ante el Tribunal y, menos aún, de haber ejercido la facultad contenida en el art. 171 del Código del Trabajo.
8. De esta manera debido a la falsificación de mi firma y posterior utilización del documento falsificado por parte de los querellados se produjeron dos consecuencias. Primero, pusieron término a la relación laboral iniciada en enero del año 2011 con la empresa de transportes “Transportes Carbutrans Limitada”, lo cual devino en mi imposibilidad de percibir el pago de las
licencias médicas correspondientes. Segundo, en este escenario, he perdido la posibilidad de ejercer contra “Transportes Carbutrans Limitada” la facultad contenida en el art. 171 del Código del Trabajo y, en consecuencia, la posibilidad de obtener ante un tribunal con competencia laboral, la indemnización de todos los perjuicios causados por mi empleadora, suma que de hecho fue avaluada por los querellados en la presentación realizada el día 16 de diciembre de 2016, compuesta por los siguientes conceptos, a saber: a la suma de $14.317.138, a título título de la indemnización contemplada en el artículo 489 del Código del Trabajo; indemnización sustitutiva del mes de aviso previo por la suma de $ 1.301.558; indemnización equivalente a 5 años de servicios por la suma de $ 7.809.348; al aumento del 80% respeto de los años de servicios, esto es la suma de $ 6.247.478; al pago del feriado proporcional por la suma de $ 583.086 y a una indemnización por daño moral por la la suma de $ 3.000.000, mas intereses y reajustes. reajustes. La sumatoria del todos los conceptos, que los mismos querellados avaluaron en la suma de $ 33.258.608. 9. En definitiva, los querellados no sólo falsearon mi firma en la carta de fecha 4 de octubre de 2016, sino también utilizaron dicho documento para fundar una demanda que finalmente fue declarada como no presentada por el órgano jurisdiccional, por falta de cumplimiento de los requisitos legales relativos a la personería.
II.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Los hechos descritos precedentemente configuran los delitos de a) falsificación de instrumento privado, previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 197 del Código penal, y b) uso malicioso de documento privado falso, previsto y sancionado en el artículo 198 del mismo cuerpo
normativo.
Respecto del delito de falsificación de instrumento privado: 2. El inciso primero del artículo 197 del Código Penal dispone: “El que, con perjuicio de tercero, cometiere en instrumento privado alguna de las falsedades designadas en el artículo 193, sufrirá las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, o sólo la primera de ellas según las circunstancias”.
3. Respecto a la conducta típica, el artículo 193 del Código Penal contempla, en su primer numeral, una falsedad material consistente en contrahacer o fingir letra, firma o rúbrica. En este sentido, la doctrina ha entendido que ‘contrahacer’ y ‘fingir’ han sido empleados “como sinónimos o matices de
una misma idea, que es la de imitación ” (Etcheberry, Alfredo, Derecho Penal. Parte Especial, tomo IV, 3a edición, Editorial Jurídica de Chile, 1997, p. 165). Así, para este querellante es evidente que en el caso de marras ello fue precisamente lo que ocurrió, pues los querellados imitaron mi firma auténtica en el documento por el cual se ejerció la facultad contenida en el artículo 171 del Código del Trabajo.
4. Por otro lado, la norma legal exige que la falsificación sea cometida con perjuicio de tercero. En la especie, como se ha señalado en el sustrato fáctico de esta querella, en razón de la falsificación de mi firma se produjo el término de la relación laboral con mi empleadora, producto de lo cual me vi en la imposibilidad de presentar a cobro mis licencias médicas. Por otro lado, al haberse ejercido la facultad contenida en el artículo 171 del Código del Trabajo, y al haber transcurrido el plazo para oponer una demanda de indemnización vinculada al ejercicio de tal facultad, me veo jurídicamente
imposibilitado de obtener el pago de toda indemnización adeudada por mi empleadora, la cual fue avaluada por los querellados en una suma equivalente a $ 33.258.608. 5. Respecto al grado de desarrollo del delito, este se encuentra en grado de consumado desde el momento en el cual los querellados se dispusieron a enviar por correo certificado a la empleadora el documento en el cual consta la falsedad. A este respecto, la doctrina ha indicado que para que se consume el delito de falsificación de instrumento privado este “debe alcanzar
relevancia intersubjetiva, lo que ocurre desde ya cuando el propio autor de la falsedad se dispone inmediatamente a hacer uso del documento falso, por ejemplo, enviándolo a su destinatario” (Rojas A., Luis Emilio, Falsedad
documental como delito contra el derecho a la verdad, en Revista de Estudios de la Justicia, N° 22, año 2015, p. 170).
6. Por último, en lo tocante al grado de intervención en el hecho delictivo, he deducido querella respecto de los abogados Ricardo Ibáñez Villarroel y William Gallegos Cerda en su calidad de autores del delito de falsificación de instrumento privado, y así también en contra de todo aquella persona perteneciente a la sociedad “Ibáñez Limitada” que resulte responsable en
calidad de autora, cómplice o encubridora.
Respecto del delito uso malicioso del instrumento privado falsificado: 7. El artículo 198 del Código penal expresa: “El que maliciosamente hiciere uso de los instrumentos falsos a que q ue se refiere el artículo anterior, será castigado como si fuera autor de la falsedad”.
8. Los querellados Ibáñez y Gallegos utilizaron la carta en la cual consta mi firma falsificada para fundamentar la presentación realizada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso con fecha 16 de diciembre de 2016. 9. Respecto al grado de desarrollo del delito, este también se encuentra consumado, pues los documentos fueron efectivamente acompañados en juicio. Asimismo, en relación con el grado de intervención, cabe afirmar que a los abogados Ricardo Ibáñez y William Gallegos les ha cabido intervención en calidad de autores directos, lo cual se demuestra con el hecho de que ellos asumieron el patrocinio y la representación de la solicitud incoada.
Respecto de la competencia: 10.
La competencia del Juzgado de Garantía de Viña del Mar se establece en
atención a que el principio de ejecución de los delitos por los cuales se acciona penalmente se verificó en el territorio de su jurisdicción, en específico, en avenida Arlegui 440, of. 601. Respecto al principio de ejecución de los delitos de falsedad documental la doctrina ha indicado “que se comienza a realizar propiamente el tipo cuando el dolo se manifiesta de forma externa en la elaboración de al menos uno de los elementos constitutivos de un documento, por ejemplo, su contenido declarativo o su atribución a un sujeto” (Rojas A., Luis Emilio, Falsedad documental como
delito contra el derecho a la verdad, en Revista de Estudios de la Justicia, N° 22, año 2015, p. 169). En este sentido, no cabe duda de que la atribución de la carta de despido indirecto a mi persona ocurrió en la comuna de Viña del Mar en las dependencias de “Grupo Defensa”.
POR TANTO, con el mérito de lo expuesto precedentemente, disposiciones legales citadas y conforme a lo dispuesto por el artículo 113 del Código Procesal Penal,
SOLICITO A S.S., tener por interpuesta querella criminal en contra de RICARDO IBÁÑEZ VILLARROEL y WILLIAMS GALLEGOS CERDA, ya individualizados, en su calidad de autores de los delitos consumados de FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PRIVADO FALSO Y USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO PRIVADO FALSO; y, en contra de todos quienes resulten responsables de los delitos por los cuales se acciona penalmente, o de algunos otros que aparezcan durante la investigación, solicitando a S.S. acogerla a tramitación, declarándola admisible, y remitiéndola al Ministerio Público a fin de que dicho órgano investigue y persiga los delitos antes descritos, practique las diligencias que se indican en un otrosí de esta presentación, formalice la investigación en contra de los querellados por los delitos que correspondan, los acuse en la etapa procesal pertinente e inste, en definitiva, por la aplicación del máximo de la pena que el Código Penal contempla para la comisión de dichos delitos, todo lo anterior con expresa condenación en costas.
PRIMER OTROSÍ: De conformidad a lo establecido en la letra e) del artículo 113 del Código Procesal Penal, solicito al Ministerio Público la realización de las siguientes diligencias de investigación: 1. Se cite a declarar en presencia del fiscal sobre los hechos por los cuales se acciona penalmente a los imputados Ricardo Ibáñez Villarroel y Williams Gallegos Cerda, ya individualizados; 2. Se cite a declarar en presencia del fiscal a doña Constanza Durán Berardi – quien quien representa legalmente a “Transportes Carbutrans Limitada”- y
además se le solicite haga entrega voluntaria de la carta de despido
indirecto supuestamente enviada por mi persona con fecha 4 de octubre de 2016. Si no la entregare voluntariamente, que se proceda de conformidad al artículo 217 del Código Procesal Penal. 3. Se oficie al Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso con el objeto de que remita todos los antecedentes vinculados a la causa Rol T-384-2016, especialmente:
Demanda de fecha 16 de diciembre de 2016;
Copia simple de carta de despido indirecto de fecha 4 de octubre de 2016.
4. Se solicite peritaje caligráfico al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, a efectos de que se determine la autenticidad de la firma contenida en el documento en el cual yo habría ejercido la facultad contenida en el artículo 171 del Código del Trabajo; 5. Se oficie a la Dirección del Trabajo a efectos de que certifique si consta en los registros de comunicaciones de terminación de contratos de trabajo al cual hace referencia el artículo 162 del Código del Trabajo que yo he presentado tal comunicación con fecha 11 de octubre de 2016.
SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a S.S., se sirva disponer que las resoluciones que se dicten en la presente causa sean notificadas por medio de correo electrónico, a la siguiente casilla:
[email protected],
[email protected], en conformidad a lo establecido en el artículo 31 del Código Procesal Penal.
TERCER OTROSÍ: Solicito a S.S., se tenga presente que designo como abogado patrocinante habilitado para el ejercicio de la profesión, a don EDUARDO
ALEXIS MACHUCA CARREÑO , cédula de identidad Nº 13.195.804-8, domiciliado en Pasaje Almirante Señoret 151, Of. 50, Valparaíso, quien obrará con todas las facultades contenidas en ambos incisos del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se dan por expresamente reproducidas.
