RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Hay que comenzar por señalar que en Venezuela, no existe un régimen único de concesión de servicios públicos ni de obras públicas pero debemos destacar que en la Asamblea Nacional (AN) reposa para su discusión el Proyecto de Ley Orgánica de los Servicios Públicos, en el cual se establece que el Estado se reserva el control de todas las actividades relativas a la materia. Servicios Públicos como función del Estado Servicio público es el conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita de las administraciones públicas y que tienen como finalidad la cobertura de determinadas prestaciones a los ciudadanos. Son brindados por determinadas entidades (por lo general el Estado), y satisfacen primordialmente las necesidades de la comunidad o sociedad donde estos se llevan a cabo. Los servicios públicos pueden cumplir una función económica o social (o ambas), y pueden ser prestados de forma directa por las administraciones públicas o bien de forma indirecta a través de empresas públicas o privadas. El Estado moderno no es más que una comunidad o corporación de servicios públicos cuyos agentes son los gobernantes. Por lo tanto, es de entender que las funciones del Estado son todas aquellas actividades que los gobernantes ejercen para crear, organizar y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios públicos. Evolución Histórica de la actividad prestacional de la Administración. En las primeras etapas se caracterizó por el sometimiento de la administración pública a ciertas normas materiales o de fondo sobre los fines que debían cumplir, pero sin que el proceso de formación, revisión o ejecución tuviera la atención del derecho positivo. Así el derecho administrativo clásico se conforma con el producto de la acción. Esta ausencia originaria de la preocupación por las normas del derecho adjetivo hace de la función administrativa la última de las funciones del Estado sometido al orden jurídico. La transformación de los sistemas jurídico a diferentes formas y grados, coloca la génesis de la decisiones administrativas de manera que el derecho administrativo clásico se aviene a la llamada era procedimental. Ello comienza al comenzar tener vigencia el Estado de derecho, se subordinara el derecho a la administración pública en la medida que existan mecanismos jurídicos que permitan hacer efectiva la sujeción tanto de forma como de fondo. Así el Estado de derecho ha venido a agregar un nuevo instrumento definitivamente impuesto a la administración pública moderna, es un principio de la legalidad administrativa agregar ese instrumento jurídico con alcance procedimental que indique el camino a seguir en la preparación, emisión, impugnación y ejecución de la voluntad administrativa. Así de esta manera el procedimiento administrativo viene a ser un producto del Estado de derecho. En cuanto a los recursos administrativos, la doctrina administrativa no los ha tratado de forma profusa, quizá por la escasa significación práctica que han tenido y tienen.
Sin embargo la consagración del régimen de procedimientos administrativos de la LOPA incluye lo relativo a los recursos administrativos, género y especie respectivamente constituye un hecho de significativa importancia. Por ello es necesario corregir los errores en que se haya podido incurrir, sin obligar a los interesados a que tengan que recurrir a la vía jurisdiccional. Bases constitucionales. En el preámbulo de la Constitución, entre los valores que debe consolidar el Estado se consagra el bien común el cual se logra en parte, mediante una adecuada creación y prestación ininterrumpida de los servicios públicos. A partir de allí, se desprende que los servicios públicos son las actividades asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, creados por la Constitución o por Ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general, bien sea en forma directa, mediante concesionario o, a través de cualquier otro medio legal, con sujeción a un régimen de derecho Público o Privado, según corresponda. En la constitución de 1999 en el TITULO IV relativo al Poder Público, se establecen normas se aplican a todos los órganos que ejercen el Poder Público Desarrollo de la noción conceptual de servicios públicos. La noción conceptual de servicio público es la prestación que efectúa la administración en forma directa o indirecta para satisfacer una necesidad de interés general. La noción conceptual de servicio público expresa una transformación política que se traduce en la subordinación de los gobernantes a los gobernados. La relación individuo-Estado no es, por tanto, la de vasallo o súbdito y monarca sino la de ciudadano-servidores públicos. El contenido filosófico-político de la noción conceptual de servicio público trasciende las diversas posiciones ideológicas abstencionistas, intervencionistas o neoliberales. Dicho contenido refleja una conquista democrática que se traduce en una teoría del Estado cuyo cometido esencial es el cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas de toda la población y el aseguramiento de un mínimo material para la existencia digna de la persona. Consideraciones legales, doctrinales y jurisprudenciales sobre Servicios Públicos A través de la noción conceptual de servicio público el Estado tiene el principal instrumento para alcanzar la justicia social y promover condiciones de igualdad real y efectiva. Su prestación comporta una transferencia de bienes económicos y sociales con base en el principio de justicia redistributiva que, mediante el pago discriminado de los servicios públicos según estratos y en función de la capacidad económica del usuario, permite un cubrimiento a sectores marginados que, en otras circunstancias, no tendrían acceso a los beneficios del desarrollo económico.
Elementos que caracterizan a la actividad de servicios públicos. 1. Es una creación del estado 2. Se presta a través de una organización de interés publico 3. Se caracteriza en forma principal por no llevar la idea de lucro 4. Debe estar dotado de medios de derecho común 5. Puede depositarse su prestación en particulares, siempre rodeado por el estado 6. El poder público debe reservarse el control de la prestación del servicio. Principios Fundamentales. 1. Iniciar y proseguir de oficio o a petición del (los) interesado (s), cualquier investigación conducente al esclarecimiento de asuntos de su competencia. 2. Interponer, adherirse o de cualquier modo intervenir en las acciones de inconstitucionalidad, interpretación, amparo, hábeas corpus, hábeas data, medidas cautelares y demás acciones o recursos judiciales y, cuando lo estime justificado y procedente, las acciones subsidiarias de resarcimiento, para la indemnización y reparación por daños y perjuicios, así como para hacer efectiva las indemnizaciones por daño material a las víctimas por violación de derechos humanos. 3. Actuar frente a cualquier jurisdicción, bien sea de oficio, a instancia de parte o por solicitud del órgano jurisdiccional correspondiente. 4. Mediar, conciliar y servir de mediador en la resolución de conflictos materia de su competencia, cuando las circunstancias permitan obtener un mayor y más rápido beneficio a los fines tutelados. 5. Velar por los derechos y garantías de las personas que por cualquier causa hubieren sido privadas de libertad, recluidas, internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad. 6. Visitar e inspeccionar libremente las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, así como cualquiera otra institución o empresa en la que se realicen actividades relacionadas con el ámbito de su competencia, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos. 7. Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las acciones necesarias para su garantía y efectiva protección. 8. Solicitar a las personas e instituciones indicadas en el artículo 7 de esta Ley, la información o documentación relacionada al ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna y, formular las recomendaciones y observaciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 9. Denunciar ante las autoridades correspondientes al funcionario (a) o particular que incumpliere con su deber de colaboración preferente y urgente, en el suministro de información o documentación
requerida en ejercicio de las competencias conferidas en el numeral 8 de este artículo, o que de alguna manera obstaculizare el acceso a los lugares contemplados en el numeral 6 de este artículo. 10. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios que le sean ocasionados con motivo del mal funcionamiento de los servicios públicos. 11. Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y las sanciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos del consumidor y el usuario. 12. Promover la suscripción, ratificación y adhesión de tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, así como promover su difusión y aplicación. 13. Realizar estudios e investigaciones con el objeto de presentar iniciativas de ley u ordenanzas, o formular recomendaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de esta Ley. 14. Promover, divulgar y ejecutar programas educativos y de investigación para la difusión y efectiva protección de los derechos humanos. 15. Velar por la efectiva conservación y protección del medio ambiente, en resguardo del interés colectivo. 16. Impulsar la participación ciudadana para vigilar los derechos y garantías constitucionales y demás objetivos de la Defensoría del Pueblo. 17. Ejercer las acciones a que haya lugar frente a la amenaza o violación de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 18. Las demás que establecen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Clasificación de los servicios públicos. En doctrina existen diferentes tipos de criterios para clasificar los servicios públicos: 1. Esenciales y no esenciales; los primeros son aquellos que de no prestarse pondrían en peligro la existencia misma del Estado: policía, educación, sanidad. Los no esenciales; a pesar de satisfacer necesidades de interés general, su existencia o no prestación no pondrían en peligro la existencia del Estado; se identifican por exclusión de los esenciales. 2. Permanentes y esporádicos; los primeros son los prestados de manera regular y continua para la satisfacción de necesidades de interés general. Los esporádicos; su funcionamiento o prestación es de carácter eventual o circunstancial para satisfacer una necesidad colectiva transitoria.
3. Por el origen del órgano del Poder Público o ente de la administración que los presta; Nacionales, Estadales, Distritales, Municipales y concurrentes si son prestados por cada una de las personas jurídicas territoriales: nacionales por la República u otros órganos del Poder Nacional; los Estadales son los prestados por cada uno de los Estados que integran la Federación venezolana, particularmente los señalados en la Constitución de la República o en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público citados precedentes y, los Municipales en conformidad con la Constitución de la República y Ley Orgánica del Régimen Municipal. Hay servicios públicos de competencia concurrente; son aquellos en cuya prestación concurren distintos órganos de los niveles del Poder Público, bien sean nacionales, distritales, estatales o municipales y los hay que son prestados en forma exclusiva por órganos de la administración o por los particulares. 4. Desde el punto de vista de la naturaleza de los servicios, se clasifican en servicios administrativos y servicios públicos industriales y comerciales; éstos últimos específicamente referidos a las actividades de comercio, bien sea de servicios para atender necesidades de interés general o los destinados con fines lucrativos y no a satisfacer necesidades colectivas. 5. Servicios públicos obligatorios y optativos. Los primeros los señalan como tales la Constitución y las leyes; y son indispensables para la vida del Estado. Los optativos, el orden jurídico los deja a la potestad discrecional de la autoridad administrativa competente. Véase Art. 38 LORM. 6. Por la forma de prestación de servicio: Directos y por concesionarios u otros medios legales. En los primeros, su prestación es asumida directamente por el Estado (nacionales, estadales, municipales, distritales, entes descentralizados). Por concesionarios: no los asume directamente el Estado; prestan a través de concesionarios. Véase: Art. 41 LORM. La ética en la actividad de los servicios públicos La Administración pública se enfrenta en la actualidad a un reto capital: responder a las demandas sociales con eficacia, manteniendo unos mínimos niveles de calidad en un contexto de creciente servicio a la gente. No obstante, en el seno de las organizaciones humanas se hace necesaria la recuperación de los valores éticos como referentes de su actuación. Las estructuras económicas y políticas son instrumentos al servicio del hombre, como también la Administración Pública debe promover los derechos fundamentales y hacer posible un ambiente de calidad y eficacia en el marco de la legalidad y del servicio público. Las consideraciones éticas en la función pública tienen una importancia creciente pues no se puede olvidar que el oficio público supone una tarea de servicio a los demás. La Ética pública, en una primera aproximación, estudia el comportamiento de los funcionarios en orden a la finalidad del servicio público que le es inherente. Hoy día ante la necesidad de trasparentar la función pública es primordial que se tome en consideración el análisis y el papel de la Ética y los valores en dicho proceso de profesionalización de los servidores públicos.
La reflexión es sobre las especiales circunstancias que, desde el punto de vista de la Ética, rodean la actividad de los servidores públicos, cuya misión profesional no se olvide es la de servir a la sociedad, al bien común y al interés público. En 1998 se promulga mediante Gaceta Oficial N° 36.496 el CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS este Código tiene por objeto fundamental normar la conducta de los servidores públicos respecto a los principios éticos que han de regir el ejercicio de las funciones que desempeñan en la administración pública nacional. Problemas y métodos. Los Problemas de la Ética La existencia de las normas morales siempre ha afectado a la persona humana, ya que desde pequeños captamos por diversos medios la existencia de dichas normas, y de hecho, siempre somos afectados por ellas en forma de consejo, de orden o en otros casos como una obligación o prohibición, pero siempre con el fin de tratar de orientar e incluso determinar la conducta humana. Ya que las normas morales existen en la conciencia de cada uno, esto provoca que existan diferentes puntos de vista y por ende problemas en el momento de considerar las diferentes respuestas existenciales que ejercen las personas frente a ellas. Estos problemas se mencionan a continuación. 1. El Problema de la Diversidad de Sistemas Morales. Este se da debido al pluralismo que existe en las tendencias frente a un mismo acto, esto es que, para cuando algunas personas un acto es lo correcto, para otros es inmoral, por ejemplo el divorcio, el aborto, la eutanasia, etc. O sea la pregunta que normalmente se hace una persona que rige su conducta en base a las normas morales es ¿cuál es el criterio para escoger una norma o la contraria? 2. El Problema de la Libertad Humana. La libertad humana no es del todo real, ya que todo individuo está de cierta forma condicionado por una sociedad en la cual toda persona actúa bajo una presión social, cultural o laboral; aunque considerando a la ética y la moral, permite conservar una conciencia, misma que permite a una persona actuar en base a un criterio propio. El problema está en la incompatibilidad de la libertad humana y las normas morales, o sea en el ser y el deber ser. 3. El Problema de los Valores. De este problema surgen numerosos cuestionamientos pero el problema radica principalmente en la objetividad y subjetividad de los valores, o sea, que existen cuestionamientos sobre si ¿los valores son objetivos?, ¿los valores existen fuera de la mente de tal manera que todo hombre deba acatar los valores ya definidos?, o si los valores son subjetivos porque ¿dependen de la mentalidad de cada sujeto?. También existe otro aspecto, su conocimiento, ¿cómo podemos conocer los valores? y en sí ¿cuál es su esencia? 4. El Problema del Fin y los Medios. Muchos sostienen la importancia del fin de tal modo que cualquier medio es bueno si se ejecuta para obtener un fin bueno, esto se conoce como la tesis maquiavélica "El fin justifica los medios", pero con esto lo único que ocurre es que se sobre valoran las "buenas
intenciones " de un acto, que es parte del interior del ser y se descuida el aspecto externo del acto (intenciones y finalidades). Con esto quiero decir que "El fin jamás va a justificar los medios". 5. El Problema de la Obligación Moral. Esto está íntimamente ligado con el tema de los valores ya que normalmente se dice que lo que se hace por obligación, pierde todo mérito , en cambio, cuando se realiza por propio convencimiento, adquiere valor moral. Con esto se da a entender que la obligación moral le quita al hombre la única posibilidad de ser el mismo, de acuerdo con su propia moralidad y con su propio criterio. Pero hay que aclarar también que una cosa es la obligación entendida como corrección externa y otra como la obligación basada en la presión interna que ejercen los valores en la conciencia de una persona. 6. La Diferencia entre Ética y Moral. Este es un problema que yo creo que a la mayoría de las personas nos ha ocurrido y nos hemos preguntado ¿qué no es lo mismo? Pues no, por definición de raíces significan lo mismo (costumbre), pero en la actualidad se han ido diversificando y lo que hoy conocemos como Ética son el conjunto de normas que nos vienen del interior y la Moral las normas que nos vienen del exterior, o sea de la sociedad. La Ética y su Método • El Carácter Científico y Racional de la Ética La palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre y la palabra moral viene del latín mos, moris que también significa costumbre. Por lo tanto como ya se mencionó en capítulo anterior, ética y moral etimológicamente significan lo mismo. Las dos palabras se refieren a las costumbres. Por lo que la definición nominal de ética sería la ciencia de las costumbres. Pero lo que en realidad le interesa a la ética es estudiar la bondad o maldad de los actos humano, sin interesarse en otros aspectos o enfoques. Por lo tanto podemos determinar que su objeto material de estudio son los actos humanos y su objeto formal es la bondad o maldad de dichos actos. Con esto podemos dar una definición real de la ética como la Ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos. Con esta definición tenemos que la Ética posee dos aspectos, uno de carácter científico y otro de carácter racional El carácter científico que da fundamentado en que la ética es una ciencia, pero ¿por qué una ciencia?, ¿por qué no una técnica? Bueno pues para aclarar esta duda tenemos que definir lo que es una ciencia; la ciencia es un paradigma fundamentado, paradigma porque establece un modelo universal o patrón de comportamiento de la realidad y nos puede decir cómo se va a comportar dicha realidad, o sea que la ciencia puede predecir el comportamiento de un objeto debido a que proporciona el modelo bajo el cual actúa, así pues la ciencia no nos "indica" cómo se comporta un objeto sino como "debe" actuar un objeto. Es fundamentado ya que utiliza el método científico, que es el encargado de corroborar por todos los medios posibles la adecuación del modelo con la realidad. Recordemos que el modelo inicial que propone la ciencia es una hipótesis y que gracias al método científico, la hipótesis puede comprobarse y en ese momento se trata ya de un modelo fundamentado. En fin el carácter científico de la ética queda fundamentado en virtud de que esta disciplina presenta un paradigma de conducta valiosa que el hombre debe realizar
El carácter racional viene por el uso de la razón. La ética no es una ciencia experimental, sino racional ya que fundamenta sus modelos éticos por medio de la razón. Ésta razón nos proporciona causas, razones, el porqué de la bondad en una conducta realizada. Con todo esto se puede decir que a la Ética le concierne proporcionar las razones por las que ciertas conductas son buenas y por lo tanto dignas de realizarse, también de argumentar en contra de conductas malas como el homicidio, la drogadicción, el engaño, el robo, etc. • La Ética es una Ciencia Normativa La Ética también es una ciencia normativa ya que estudia lo que es normal, pero no lo normal de hecho, que es lo que suele suceder, sino lo normal de derecho, o sea lo que debería suceder, por lo tanto la Ética es una ciencia que estudia lo normal de derecho. Entonces podemos decir que se está actuando de un modo ético cuando en esta conducta lo normal de hecho coincide con lo normal de derecho. • El Método de la Ética La Ética como toda ciencia posee un método por medio del cual se tenga un conocimiento profundo de la conducta humana. El cual consiste en los siguientes pasos: 1. Observación. Este paso también es propio del método científico. La observación no solo consiste en acercarse al hecho real y percibir a través delos sentidos en forma penetrante y amplia. 2. Evaluación. A partir de la percepción del acto por medio de la observación, se emiten un juicio de valor moral, es decir tratar de catalogar el acto observado dentro de las categorías morales previamente establecidas estudiadas como pueden ser: reprobable, honesto, obligatorio, bueno, amable, recomendable, etc. Es necesario existan matrices de valoración moral para así poder catalogar con más detalle el acto estudiado. 3. Percepción axiológica. Es este aspecto se trata de descubrir en forma personal los valores que todavía no se ha sido capaz de descubrir o percibir en este acto. Una vez hecho esto podemos darle un valor al acto estudiado de acuerdo a una escala de valores. Valores éticos del nuevo mapa estratégico. • Responsabilidad • Justicia • Orden social • Verdad • Libertad • Derecho y respeto a la vida
• Equidad • Fraternidad • Igualdad • Solidaridad • Inclusión • Buen vivir • Sociabilidad • Patriotismo • Amor • Superación • Paz • Comunicación • Servicio • Respeto y Tolerancia Formación ética del venezolano en los inicios de la nacionalidad. Con la formación ética se busca fortalecer el desarrollo de la capacidad crítica respecto a los principios que la humanidad ha conformado a lo largo de su historia y sentar las bases para que reconozcan la importancia de la actuación libre y responsable para el desarrollo personal pleno y en el mejoramiento de la vida social. A través de esta se brinda la oportunidad, al ciudadano, de desarrollar herramientas para enfrentar los retos de una sociedad dinámica y compleja, misma que demanda de sus integrantes la capacidad para actuar libre y responsablemente en asuntos relacionados con su desarrollo personal y con el mejoramiento de la vida social. La formación ética en Venezuela es muy variada esta va dada al tipo y nivel de educación y al tipo de condición político - económica que se tenga. A pesar de que en las escuelas se imparten valores éticos copiamos los que se nos enseñan o vemos en nuestras casas y/o comunidad. Forma de prestación de los servicios públicos. La prestación de un servicio público no puede ser irregular ni discontinua, ni debe atender a un fin particular.
Formas administrativas La administración, a pesar de su importancia para el hombre, es una de las más ubicuas y difusas funciones en todas las sociedades, encontrándose en los hogares, iglesias, gobierno y empresas económicas de todos los pueblos. La administración, desde una posición casi desconocida en 1900, ha llegado a ser la actividad central de nuestra época y economía - una fuerza innovadora y poderosa en la cual se apoya el bienestar material y nacional de nuestra sociedad -. La administración es simultáneamente determinante de nuestro progreso económico, empleadora de nuestros técnicos, atesoradora de nuestros recursos, guía para nuestro gobierno efectivo, la fuerza para nuestra defensa nacional y la formadora de nuestra sociedad. Las formas de organización de la administración pública, no son equivalentes a las formas de Estado y a las formas de gobierno, pues estas últimas se refieren: la primera, a la entidad misma del Estado y, la segunda, a los órganos que ejercitan el poder, en el más alto rango (Ejecutivo, Legislativo, y Jurisdiccional); en cambio, las formas de organización administrativa se refieren exclusivamente a la Administración Pública, Poder Ejecutivo y unidades administrativas que de él dependen, directa o indirectamente. Las formas de organización administrativa: centralización, descentralización y desconcentración. Tradicionalmente se han considerado cuatro formas de organización administrativa: 1. Centralización 2. Desconcentración. 3. Descentralización y 4. Sociedades Mercantiles y Empresas de Estado. Formas de participación de los administrados en la gestión de los servicios públicos Los Administrados: Sujeto pasivo de la Administración; son individuos sometidos a la jurisdicción del Estado, en los regímenes democráticos, contrariamente a lo que sucede en los regímenes totalitarios, los administrados han elegido previamente a sus administradores, los cuales no son otra cosa que sus mandatarios, aunque, en pocos países ya, revocables hasta el término de sus funciones. Según el Artículo 5 de la LOAP la Administración Pública estará al servicio de los particulares, cumpliendo con la satisfacción de sus necesidades y con la mejora de los procedimientos y servicios, de acuerdo con la políticas fijadas para la efectividad de los objetivos que deberá tener la Administración Pública con respecto al particular, cabe destacar que, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 144 reitera y afianza lo expuesto en el artículo 5 de la LOAP. Concesiones de servicios públicos
Concesión es el otorgamiento del derecho de explotación, por un periodo determinado, de bienes y servicios por parte de una empresa a otra, generalmente privada. La concesión tiene por objeto la administración de los bienes públicos mediante el uso, aprovechamiento, explotación de las instalaciones o la construcción de obras y nuevas terminales de cualquier índole sea marítima, terrestre o aérea de los bienes del dominio público. Los objetivos de estos negocios radican en proporcionar servicios esenciales para el público, por ejemplo, la electricidad, el gas, el suministro de agua, la depuración de aguas residuales y las telecomunicaciones. Las concesiones públicas afectan a casi toda la infraestructura de los países desarrollados, ya que requieren grandes redes de distribución integradas, o la coordinación de muchos servicios esenciales como la red nacional del tendido eléctrico. Muchas concesiones públicas tienen una estructura de costos que se beneficia de la gran escala, puesto que los costos unitarios caen a medida que la red aumenta. Sin embargo, la existencia de estas redes suele provocar que las concesiones públicas se beneficien de un monopolio natural para dar ese servicio en el área donde operan. Consideraciones generales de la nueva normativa venezolana de servicios públicos. Los servicios públicos en Venezuela han estado marcados por el estigma de ineficientes y corruptos en su administración; caracterizados por una calidad inadecuada, cobertura ineficiente y con una estructura de costos elevado; por ello la necesidad de crear un Proyecto de Ley que regule y supervise la actuación de las empresas públicas o privadas que sean prestadoras de servicios colectivos y/o domiciliarios”. Sin embargo, la regulación de un sector económico, independientemente de que se trate de un servicio público, no se reduce a la letra de la norma específica, sino que implica un modelo regulatorio ampliamente concebido. Allí es que radica la posibilidad de establecer e implementar un modelo coherente con los objetivos de garantizar, no sólo la posibilidad de una amplia prestación de los servicios públicos, sino que efectivamente se haga de forma eficiente y garantice realmente un estadio de bienestar social elevado. De hecho, lo que el informe de la OAEF intenta calificar como una causa que justifica la regulación (calidades inadecuadas, cobertura ineficiente y estructuras de costos elevados), resulta ser en la mayoría de las oportunidades efectos de modelos regulatorios ineficientes. Justamente, un modelo basado en la falsa creencia de que los servicios públicos deben ser de propiedad pública, tiende a explicar resultados no deseados como los mencionados anteriormente. VOLUNTAD PRESTACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN Y RELACIÓN CON EL ADMINISTRADO. Responsabilidad patrimonial de la Administración en materia de servicios públicos. Responsabilidad por el funcionamiento de los servicios públicos (el sujeto causante es el poder ejecutivo)
Regulación. Este tipo de responsabilidad está regulada: Características de la responsabilidad patrimonial de la Administración La responsabilidad patrimonial de la Administración tiene las siguientes características: Es unitaria. Deriva de cualquier forma de actuación administrativa, independientemente del régimen jurídico a que se someta. Es directa; la responsabilidad patrimonial se exige y se imputa directamente a la Administración, tanto si el daño se ha causado de forma impersonal como si se ha causado por un agente de la Administración. La Administración dispone de una acción de regreso, en base a la cual, ejercerá la correspondiente responsabilidad frente al funcionario. La excepción a esto ocurre cuando el daño causado por el funcionario sea consecuencia de una actividad delictiva; en este caso el perjudicado interpondrá la correspondiente acción penal y responsabilidad civil, sólo en caso de insolvencia responderá la Administración. Es objetiva, de modo que es ajena a los conceptos de culpa o negligencia: atiende solamente al hecho dañoso. Elementos objetivos de la responsabilidad Los elementos objetivos de la responsabilidad de la Administración son el funcionamiento (normal o anormal) la producción de un daño y la relación de causalidad. Funcionamiento de los servicios públicos. Es cualquier forma de actividad que realiza una A.P en el ejercicio de su competencia; este funcionamiento puede ser normal o anormal. Las actuaciones administrativas susceptibles de provocar daños son las siguientes: Producción de actos administrativos y de disposiciones reglamentarias. Actividad material de la Administración. Inactividad de la A.P cuando está obligada a actuar. Anormal, cuando se detecta en la actividad un elemento de culpabilidad o negligencia, sin ser necesaria la prueba, o cuando existe un ilícito o ilegalidad de la administración. Normal, cuando no hay culpa o ni negligencia; habrá responsabilidad siempre que se causa un daño que el perjudicado no está obligado a soportar. Se identifica esto con el caso fortuito: acontecimientos que se producen a lo largo de la actividad administrativa, previsibles, pero que no se han podido evitar. Fuerza mayor como causa de exclusión de la responsabilidad: según la Ley, no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia y la técnica existentes en el momento de la producción del daño. Producción del daño. El daño debe ser, en primer lugar, antijurídico se desplaza el concepto de culpa o negligencia, de forma que lo relevante para que haya responsabilidad es que el daño sea antijurídico (cuando el perjudicado no tiene obligación de soportarlo o cuando el riesgo causado por la utilización de un servicio ha superado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social). La Administración no responde en casos de fuerza mayor. En segundo lugar, el daño debe ser efectivo: real y actual. Esto incluye bienes patrimoniales y daños personales (lesiones corporales y morales). En tercer lugar, el daño tiene que ser evaluable económicamente: Relación de causalidad. Existen tres teorías sobre este asunto: en primer lugar, la teoría de la causalidad exclusiva: ésta sostiene que la Administración sólo responde cuando entre la acción o la
omisión administrativa y el perjuicio causado existe una relación directa y exclusiva, de modo que si junto con la actividad de la administración ha habido otra causa ajena, la administración queda exonerada porque la causa ajena rompe el nexo causal. Elementos subjetivos de la responsabilidad. Los elementos subjetivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración son el perjudicado y el autor del daño: aunque el daño no esté previsto por la Ley, la Administración Pública responderá. La aplicación del acto administrativo debe causar un daño, sacrificio o lesión que los perjudicados no tengan el deber jurídico de soportar. Deberá, además, dañar derechos y no meras expectativas de derechos. Principios constitucionales. Los principios constitucionales pueden ser definidos como aquellos principios generales del Derecho, que derivan de los valores superiores, en cuanto que especificación de los mismos, que vienen reconocidos en el ámbito de las normas constitucionales. Los principios constitucionales que actúan como garantías normativas de los derechos fundamentales son los siguientes: Principios como valores. Se trata de los “principios axiológicos”, muy extendida en el derecho constitucional contemporáneo en cuanto éste incorpora la noción de derechos fundamentales indisponibles. Debemos hacer aquí tres advertencias sobre la intersección entre principios, valores y normas: No todas las normas constitucionales son principios, y, recíprocamente, puede haber principios constitucionales que no estén explícitamente enunciados en una norma. Los principios siempre encarnan algún tipo de valor, pero no todos los valores son principios jurídicos, en tanto no son valores políticos (por ejemplo, el valor “belleza”) o, siéndolo, no son juridizables. Por eso los “principios constitucionales” abren la puerta a la dimensión axiológica del derecho, con todas las posibilidades que ello brinda, pero también, con algunos peligros: el de incurrir en una “inflación” de principios, diluyendo la normatividad del derecho en lugar de reforzarla, y el de preocuparse por el uso espúreo de los principios como recurso emotivo. Responsabilidad contractual La responsabilidad contractual es una forma de responsabilidad civil que consiste en hacerse cargo de las consecuencias que surgen para el deudor por haberse obligado voluntariamente, con respecto a su acreedor en virtud de un contrato, que genera obligaciones recíprocas en caso de los contratos bilaterales o sinalagmáticos, o para una sola de las partes en el caso de los contratos unilaterales. La primera obligación que debe asumir el deudor de una obligación contractual, es el cumplimiento de la prestación pactada, y si no lo hace incurrirá en mora, salvo que pruebe que no cumplió por caso fortuito o por fuerza mayor.
Responsabilidad extra-contractual. La responsabilidad extra contractual, la podemos definir como "aquella que existe cuando una persona causa, ya por sí misma, ya por medio de otra de la que responde, ya por una cosa de su propiedad o de que se sirve, un daño a otra persona, respecto de la cual no estaba ligada por un vínculo obligatorio anterior relacionado con el daño producido". Esta área del Derecho Civil también se conoce como delitos y cuasidelitos civiles (fuentes de las obligaciones). Las fuentes principales de las obligaciones extracontractuales son el hecho ilícito y la gestión de negocios. La responsabilidad extracontractual es de dos especies SUBJETIVA Y OBJETIVA. Responsabilidad civil extracontractual subjetiva Su fundamento es la culpa, la cual por ser un elemento psicológico es de naturaleza subjetiva, pues consiste en la intensión de dañar o en el obrar con negligencia o descuido, por lo tanto para la teoría subjetiva de la responsabilidad la culpa es esencial y sin ella no hay responsabilidad. Responsabilidad civil extracontractual objetiva Es la obligación de reparar el daño pecuniario causado por emplear cosas peligrosas aun cuando se halla actuando lícitamente y sin culpa, esta responsabilidad no toma en cuenta la culpa sino únicamente el elemento objetivo consistente en la comisión del daño al emplear cosas peligrosas. El desarrollo endógeno cómo proceso generador interno. La paz sólo se puede asegurar cuando las personas están libres del miedo al hambre. Por consiguiente, las diversas iniciativas para una cultura de paz deben vincular la paz con el desarrollo endógeno, equitativo y sustentable. Si el desarrollo no es endógeno, se corre el riesgo de que contraríe e incluso perturbe el contexto cultural y económico tradicional de las vidas de las personas. Si no es equitativo, puede perpetuar injusticias que conducen a conflictos violentos. Si no es sustentable, puede perjudicar e incluso destruir el medio ambiente y las estructuras sociales existentes. El desarrollo endógeno es la búsqueda COLECTIVA del bienestar de una localidad. Parte de la SENSIBILIZACION de los actores sociales, presentes en una localidad de la realidad TERRITORIAL en la que conviven. La colectividad busca establecer y comprometerse con el FUTURO, a partir del establecimiento de metas y objetivos COMUNES, Los cuales se lograran con la PARTICIPACION en la FORMULACION y EJECUCION de una EVALUACION TERRITORIAL acciones y proyectos, que se orienten a minimizar las DEBILIDADES territoriales, y focalizar y apalancarse en las FORTALEZAS y capacidades de la localidad, con el fin de lograr captar las OPORTUNIDAES que les brinda el ENTORNO territorial, y simultáneamente minimizar el impacto de las amenazas. El desarrollo endógeno visto como proceso de cambio, busca potenciar las fuerzas internas del país, combinando la inercia económica capitalista con principios de economía social para disminuir las barreras a la entrada (inclusión) de aquellas franjas de la sociedad, las cuales, por efectos del mismo modelo no tenían posibilidades de acceso rápido a los procesos económicos y de agregación de valor.
La Carta Magna, en su artículo 308, (Capítulo I “Del régimen socioeconómico y la función del Estado en la Economía, del Título VI, “Del Sistema Socioeconómico”) establece que “el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo socioeconómico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno”. Este financiamiento oportuno, se ha concretado en la “Ley de Micro-finanzas”, (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 37.164, del 2203-2001), Artículo 2: A los efectos del presente Decreto Ley se entiende por: Sistema Micro financiero: Conjunto de entes u organizaciones públicos o privados que mediante el otorgamiento de servicios financieros y no financieros; fomenten, promocionen, intermedien o financien tanto a personas naturales, sean auto empleadas, desempleadas y microempresarios, como a personas jurídicas organizadas en unidades asociativas o microempresas, en áreas rurales y urbanas. Consejos Comunales. Consejos comunales: agente del desarrollo endógeno los Consejos Comunales nacen en Venezuela como un instrumento del Poder Popular para construir una sociedad de equidad y justicia social. Es decir, una sociedad de bien común, sin corrupción ni burocratismo. Eso en la práctica significa que el pueblo organizado se moviliza para resolver necesidades sociales (alimentación, transporte, telecomunicaciones, vivienda y hábitat) y concretar aspiraciones de participación protagónica de las comunidades, especialmente de aquellas empobrecidas, atomizadas, desarticuladas y marginadas por el capitalismo. Como podemos observar, la potencia de los Consejos Comunales va más allá de la obtención de financiamiento para proyectos reivindicativos, como muchos pretenden hacernos creer. Su alcance llega al Desarrollo Comunitario para que florezcan nuestros caseríos, pueblos, barrios y urbanizaciones, envejecidos prematuramente. Estamos hablando de procesos y proyectos comunitarios (infraestructura social: museos, bibliotecas, polideportivos), sociales (capacitación y formación) y productivos (soberanía productiva: agroindustriales, alimentarios). Cuando revisamos a profundidad la razón política de la Ley de Consejos Comunales nos encontramos que estos deben ejecutar todas, pero todas sus actividades, orientados por dos líneas estratégicas: (I) la Democracia Participativa y Protagónica, y (II) el Desarrollo Endógeno. En el instrumento legal que regula su conformación y actividades se denotan tres aspectos cardinales: La ausencia de reconocimiento de personalidad jurídica; el Banco Comunal y la posibilidad que tienen los consejos comunales de desplegar actos de autoridad y por ende someterse al principio de legalidad y las reglas de la responsabilidad Naturaleza jurídica de los actos de los Consejos Comunales. La actividad administrativa está conformada por el conjunto de actos, hechos y omisiones que despliega los órganos del poder público en uso de las potestades administrativas, sin embargo de acuerdo a las nuevas orientaciones constitucionales, las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos se
aplican también a las personas de derecho privado investidas de autoridad, a las empresas públicas que actúan en la esfera privada y a las empresas privadas reguladas por reglas de derecho privado que tienen una finalidad de interés público. La actividad administrativa se encuentra integrada por las funciones, servicios y acciones en general que la administración pública despliega en forma constante y que permite la obtención de los fines constitucionales que tiene el Estado. La Autogestión La autogestión (significando administración autónoma) en organización es el uso de cualquier método, habilidad y estrategia a través de las cuales los partícipes de una actividad puedan dirigirse hacia el logro de sus objetivos con autonomía de gestión. Se realiza por medio del establecimiento de metas, planificación, programación, seguimiento de tareas, autoevaluación, auto intervención y autodesarrollo. También se conoce a la autogestión como proceso ejecutivo (en el contexto de un proceso de ejecución autónomo). La autogestión pretende el apoderamiento de los individuos para que cumplan objetivos por sí mismos, como por ejemplo dentro de los departamentos de una empresa (ver: esquema matricial). La autogestión abarca varios aspectos de la organización, como la preparación personal para asumir competencias, y el liderazgo y los equipos o grupos de trabajo, La autogestión proviene del mundo de la administración de empresas, y en la actualidad ha pasado a usarse en los campos de la educación y la psicología. La autogestión comunitaria, es una gestión de la comunidad, que ocurre como consecuencia de transformar la espiral descendente de la pobreza en espirales ascendentes de desarrollo. La fuente de la autogestión comunitaria es el cambio de una visión fatalista de la pobreza, sólo como suma de carencias, a una visión esperanzadora, como generadora del impulso necesario para el desarrollo. La autogestión comunitaria es, entonces, el canal a través del cual el potencial infinito inherente del ser humano se encauza hacia el logro de una vida digna a través de mejorar la calidad de vida de cada uno de los moradores, de acuerdo a sus propios objetivos, metas y con el apoyo solidario de sus semejantes. La cogestión Es una forma de participación en la cual se tiene parte en una actividad, así también como admitiendo una estructura preexistente, la empresa o la fábrica y haciendo los trabajadores un aporte a la dirección de algo que no les pertenece. La cogestión requiere que todos los estratos con competencia en la toma de decisiones tengan un entendimiento común de qué es lo que se quiere lograr; dónde están ahora con respecto al logro esperado; y qué deben hacer para cerrar la brecha (gap) entre las expectativas y los logros. La cogestión es sólo verdadera cuando una parte no puede actuar sin la otra, lo cual no significa que la cuota de poder sea necesariamente equivalente entre el empleador y el trabajador.
Para transformar una empresa, deben considerarse ocho aspectos (articuladores direccionales), los cuales a través de una dinámica de transformación lograrán, con el menor trauma y conflictividad posibles, llevarla hacia el nuevo modelo: • Reglas / Marco Jurídico • Cultura Organizacional • Modelo de Negocio • Gobernabilidad Corporativa • Organización (gente) • Finanzas • Tecnología de Información • Procesos Cada uno de los articuladores son puntos de presión en los cuales se deben concentrar los esfuerzos para lograr un proceso de cambio. Cuando se trata de moverse desde lo tradicional hacia la cogestión, uno puede anticipar que los puntos de mayor relevancia serán la cultura (del yo al nosotros), la gobernabilidad (ajuste en la estructura de poder) y las reglas del juego (nuevo marco jurídico y normativo de corresponsabilidad); todo el resto deberá ajustarse en consecuencia. Por ejemplo, la Tecnología de Información será relevante para crear la intranet que habilite la participación de los trabajadores vía Web. La cogestión se enmarca en aquellas formas de organización llamadas participativas y se inspiran en los movimientos cooperativistas de finales del siglo XIX. Las razones por las que se introducen o se crean formas organizacionales participativas, a veces pueden tener poco que ver con el modo que tienen de funcionar en la práctica. El cooperativismo El cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la organización de las personas para satisfacer de manera conjunta sus necesidades. El cooperativismo está presente en todos los países del mundo. Le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos de tener una empresa de su propiedad junto a otras personas. Uno de los propósitos de este sistema es eliminar la explotación de las personas por individuos o empresas dedicados a obtener ganancias. La participación del ser humano común asumiendo un rol protagonista en los procesos socioeconómicos de la sociedad en la que vive es la principal fortaleza de la doctrina cooperativista.
Además de ser una forma de asociación económica entre productores mucho más justa que aquella que persigue sólo el lucro, el modelo cooperativo de solidaridad propone al mundo principios filosóficos de convivencia más humanos y tolerantes. El cooperativismo se rige por unos valores y principios en el desarrollo integral del ser humano. La participación en la gestión económica y en el protagonismo social En el actual ordenamiento jurídico se plantea desarrollar un nuevo tipo de sociedad, humanista, centrada en la libertad, igualdad y justicia social y construir un país soberano, con el desarrollo de la capacidad creadora de sus habitantes. Tales postulados están expresamente consagrados en la Constitución Bolivariana de Venezuela, cuando en su preámbulo y otros artículos, plantea refundar la República, para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Estos principios son desagregados en aspectos complementarios que se refieren a tópicos políticos, económicos y culturales. En el aspecto político, el art 62 define el ámbito de los derechos políticos: todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Por otra parte el art. 70 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, establece los medios para realizar la participación, tanto en el plano político como en lo social - económico: "Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas , incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad". La dimensión ética en el desarrollo endógeno Dimensiones del Desarrollo Endógeno y su vinculación con la interacción social y roles sociales emergentes La transformación de las comunidades en actores protagónicos obedece a razones históricas que ha buscado el hombre para transformar el medio ambiente, en función según de Mas Herrera (2007) de satisfacer necesidades, alcanzar deseos y sobrevivir ante el cúmulo de amenazas, a partir de la construcción de espacios materiales y sociales por medio del uso de la técnica y la tecnología. Algunas
dimensiones plantea esta autora de carácter económico, social, político, organizacional, ético, cultural y tecnológico. A los fines de este estudio se considerará la dimensión tecnológica como uno de los factores críticos para la sustentación y sostenibilidad en la constitución de la visión y la estrategia del desarrollo endógeno. Sin embargo, la alta dependencia tecnológica, afirma Mas Herrera (2005) será el resultado de los alcances en materia de tecnología y no en realización integral humana. Partiendo de esta premisa, en la tecnología se producen una mezcla de elementos que se destacan a continuación: • Base material tecnológica: No existe tecnología si previamente no se diseña y no se construye el conjunto de materias adecuadas que posibiliten su existencia. Cualquier propuesta tecnológica requiere de un formato material, no importa el grado de sofisticación del mismo, la cantidad requerida o la procedencia de la materia. • Conocimiento: Es la gama del saber obtenido como resultado de los diversos caminos para su consecución, sean éstos la experiencia empírica, la investigación científica o las técnicas asociadas a la acción. En la tecnología, se fusiona todo cuanto el ser humano acumula como conocimiento para poder obtener un propósito. • Propósito humano: La creación de la tecnología tiene un sustrato emocional por estar ligada a las necesidades humanas lo que la convierte en infinita y compleja. Es decir, que cuando hablamos de gerenciar o administrar el desarrollo endógeno, debemos tener presente que estamos en presencia de una organización social (territorial) que busca la consecución de sus objetivos, dichos objetivos terminales se reconocen como un estado de equilibrio sustentable tripartito entre lo económico, lo social, y lo ambiental.
