Unidad 1 FUNDAMENTOS DEL DERECHO ECONÓMICO

SUA DERECHO DERECHO ECONOMICO

GRUPO:9701

ALUMNO: JOEL ONTIVEROS AGUILAR

Unidad 1 FUNDAMENTOS DEL DERECHO ECONÓMICO. Objetivo: Analizará el concepto de Derecho Económico, su evolución histórica, las ramas en que se divide y la política económica, para su debida aplicación dentro del Sector Público y la iniciativa privada Temas: 1.1 Concepto de Derecho Económico. Existen diversas concepciones sobre el derecho económico. Moore agrupa las diferentes doctrinas sobre su concepción en dos grandes partes: una denominada determinación sociológica del concepto y otra designada determinación técnico – jurídica del concepto, en donde se agrupan las concepciones más dispares. Se entiende por actividad económica, los distintos comportamientos realizados por los agentes económicos, en tres grandes vertientes o sectores: a) Producción de bienes y mercancías. b) Prestación de servicios o intangibles c) Consumidores. Sobre el concepto anterior actúa el Derecho, y específicamente, el derecho económico, mismo que podemos conceptuar como: conjunto de normas jurídicas de diversas jerarquías jerarquías que regulan la actividad económica en las tres vertientes o sectores antes señalados. Lo importante es el contenido, pues todas las normas que tengan contenido económico pertenecen al derecho económico, siempre que guarden unidad en torno a la regulación de la actividad económica. Esa unidad es la que da una connotación iuseconomica al derecho. En la actualidad podemos definir el derecho económico mexicano, en el modelo neoliberal, como el conjunto de normas específicas de regulación cuyo objeto o finalidad es enmarcar los comportamientos económicos de las personas físicas o morales, tutelando intereses generales con criterios de economicidad y simplificación en el contexto de mercados que sobrepasan las fronteras nacionales. En síntesis, con el término derecho económico nos referimos al conjunto de normas y principios que regula el poder público en materia de actividades económicas, derivados de las constituciones políticas nacionales, los tratados de libre comercio vigentes y compromisos de carácter multinacional. 1.2 Objeto del Derecho Económico El derecho económico actual se presenta como una disciplina mínima de regulación que tiene como objeto normas jurídicas que enmarcan los comportamientos económicos de agentes y operadores esencialmente privados, tutelando intereses generales con criterios de economicidad y simplificación.

1.3 Relaciones entre el Derecho y la Economía El derecho, como conjunto de normas coactivas que el Estado impone a la sociedad, constituye un fenómeno histórico en constante evolución. En su tarea reguladora, el


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Estado democrático recurre a l derecho para: a) reglamentar las relaciones económicas; b) definir la organización de la sociedad y del propio estado, y c) crear los mecanismos que resuelvan los conflictos y controversias de interés dentro de un contexto de paz social. En tal contexto es posible discernir las relaciones que se dan entre el sistema económico y las instituciones jurídicas, en cualquier sociedad, donde opera una interacción dialéctica entre el derecho y la economía. 1.4 Concepciones amplias, restringidas e intermedias del Derecho Económico Miguel Herrera, quien conceptúa el derecho económico como "el conjunto de conductas jurídicas que establecen relaciones entre lo comercial y lo fiscal estadual". Guillermo Cabanellas en su diccionario cuando afirma que el derecho económico regula "las relaciones jurídicas originadas por la producción, circulación, distribución y consumo de la riqueza". Krause, quien lo define como el "conjunto de preceptos en los cuales encuentra su expresión jurídica la vinculación de la economía a la comunidad nacional". El autor brasileño De Queiroz Nogueira, quien considera al derecho económico como "la rama del derecho cuyas normas y principios tienen por objeto la organización, disciplina y control de las actividades económicas del Estado y de emprendimientos privados en lo tocante a la producción, a la circulación y al consumo de las riquezas tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional". La actividad económico-administrativa tampoco es una noción jurídica; no obstante, no hay discusión en tomo a la unidad e independencia del derecho que la tiene por objeto. En este contexto, entendemos por actividad económica, los distintos comportamientos realizados por los agentes económicos, en tres grandes vertientes o sectores: a) Producción de bienes y mercancías b) Prestación de servicios o intangibles e) Consumidores Sobre este concepto unitario actúa el Derecho, y específicamente, el derecho económico, mismo que podemos conceptuar como: conjunto de normas jurídicas de diversas jerarquías que regulan la actividad económica en las tres vertientes o sectores antes dichos. 1.5 La evolución histórica del Derecho Económico Doctrina primitiva. Su representante más importante es Justus Wilhelm Hedemann. Esta doctrina tiene su origen en el interregno entre las dos grandes guerras, periodo donde la delimitación académica y la nueva técnica del derecho económico alcanzaron su etapa de mayor aceptación. La permanente discusión metodológica de codificar una rama o dejarla dispersa para su mayor desarrollo se había trasladado a la preocupación de delimitar su concepto.


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Etapas En su primera etapa hacia 1922, el derecho económico es una simple manera de enfocar apreciar los problemas jurídicos de la época. Hacia 1939, con la publicación de la segunda edición de obra Hedemann, expresa que este viene a ser el derecho de la economía política, con lo cual propone una nueva concepción. La contribución más interesante de la doctrina primitiva es la explicación científica de las normas que genero la emergencia de la guerra. Se trataron importantes figuras iuseconomicas, como regulación de precios, asignación y permisos, y reconoció que la investigación y el análisis jurídico habían prestado atención absorbente al aspecto formal de las normas. Doctrina del método sociológico – jurídico. Sus representantes son Rumpt, Kronstein, Westhoff, Geiler y Nipperdey, esta doctrina conceptúa el derecho económico como resultado de la aplicación de un método a la vida económica o, lo que es lo mismo, el derecho económico como efecto de una técnica de método. Esta rama jurídica “no es sino el resultado dela aplicación del método sociológico – jurídico a los dominios del derecho que afectan la vida económica, o lo que es igual, el derecho actual examinado a través de perspectivas económicas ”. El método sociológico – jurídico es una prueba de la existencia del derecho económico. Allí están su virtud y su

propio límite. Determinación utópica. Los seguidores de esta doctrina, por la inherencia con la economía, con Sinzheimer y Klaussing. Señala Sinzheimer que la misión y destino del derecho económico es regular y normar las relaciones producidas por una nueva economía. Cuando quedó atrás el régimen de la libre concurrencia en la economía y surgieron nuevas regulaciones económicas, se planteó la necesidad de un derecho especializado: el derecho económico. Tanto Sinzheimer como Klaussing asignan al derecho económico la misión de encontrar para el sistema de la economía actual un normalizador que supere la estructura de la espontánea regulación del sistema de libre mercado. La organización económica actual del Estado mexicano es el resultado de la evolución histórica que culmina en la década de los ochenta, específicamente en 1983, año en que se reforma la Carta Magna introduciendo un marco regulatorio económico expreso, basado en tres paradigmas esenciales. En efecto, en el artículo 25 se reconoce y se legitima a la economía mixta bajo rectoría estatal, con lo cual los sectores sociales y privados adquieren un reconocimiento pleno y formal para participar en las tareas del desarrollo económico y social, que había sido omitido desde la promulgación. Por otra parte, en el artículo 26 se establece que la rectoría estatal debe ejercerse mediante la técnica de planeación, concebida como un ejercicio democrático y participativo que prevé las vertientes obligatorias para la administración pública federal, un esquema de coordinación para armonizar soberanías estatales con los objetivos federales y, finalmente, lineamientos de concertación para inducir a los sectores social y privado hacia metas de desarrollo nacional integradas. En resumen, los pilares en torno a los


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cuales se desarrolla una amplia proliferación de legislación económica que da sustancia al derecho económico mexicano son: la planeación económica y una economía mixta donde se ejerza la rectoría estatal. 1.6 La ubicación del Derecho Económico dentro de la clasificación del Derecho Público, Privado y Social. Los sujetos como centro de imputaci6n de derechos y obligaciones para el derecho econ6mico son los agentes econ6micos en general, sea cual fuere su forma jurídica o naturaleza patrimonial, que actúen en la producci6n, distribuci6n, circulaci6n y consumo de los bienes y servicios. Es decir, las personas jurídicas estatales, las personas jurídicas privadas y los particulares en cuanto productores y distribuidores para el mercado; toda persona, natural o jurídica, capaz de realizar actos jurídicos que intervienen en el proceso económico, independientemente de su naturaleza y condición. Se puede afirmar que el Estado es sujeto del derecho económico cuando actúa como empresario o prestador de servicios en el mercado y cuando establece lineamientos de política económica en general. Los individuos y el patrimonio de la sociedad en su conjunto y en general las empresas en sus diferentes formas. Algunos autores consideran que el sujeto de esta disciplina es la empresa que en el mundo contemporáneo, en el contexto de la globalización, penetra distintos mercados y actúa bajo una planeación que muchas veces es contraria a los intereses nacionales regulados, en lo que la doctrina francesa llama "orden público económico".24 El Estado también es sujeto de derecho económico en su función como director y rector de la economía, actuando activamente como depositario de los intereses globales del sistema y no como un eje ajeno a la propia sociedad. Aquí su papel es de mando y jerarquía y los agentes afectados tienen la obligación de observar un acatamiento que obviamente estará previsto en las garantías individuales (derechos-autonomía) de todo Estado social de derecho. En dicho contexto de legalidad, las violaciones o infracciones a las directrices estatales son sancionadas por las técnicas del derecho penal económico existente en todo sistema económico En cuanto a los sujetos restantes, la duda surge en la normatividad mercantil concurrente, que es dable que se presente con normas del derecho económico. Pese a 10 difícil del problema, y utilizando criterios de especificidad, podríamos sostener que la regulación mercantil (comerciantes) apunta a normar relaciones privadas de tipo subjetivas, las que siguen en la órbita privada, pero que al actuar en el mercado regulado por normas de política económica de tipo general, a este nivel, los comerciantes estén regidos por el derecho económico. En estas normas el Estado, rector del proceso económico, impone a los agentes privados reglas de comportamiento, tales como productores, distribuidores y prestadores de bienes y servicios para la colectividad, al margen de su profesión de comerciantes o no Debido a que el derecho económico como realidad normativa se aleja de las otras ramas tradicionales del derecho -de conceptos formales claros y diferenciados-, asume un perfil instrumentalista fundado en esquemas económico-prácticos orientados teleológicamente. El carácter instrumentalista del derecho económico en la economía se manifiesta en la adaptabilidad de sus reglas a las condiciones cambiantes de los sistemas económicos, en términos de la formación, de la interpretación y de la aplicación de las reglas jurídicas. En


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consecuencia, las reglas de derecho económico se definen por su índole fluida y móvil de acuerdo a circunstancias de tiempo y espacio; por su plasticidad conceptual, ajena al rigor de las normas clásicas; por su carácter abierto y heterointegrado, en el sentido de que su contenido es completado por elementos no incluidos en la regla misma; por su aplicación a finalidades múltiples y en muchos casos diferentes a las que corresponden a su objeto formal; por su inestabilidad y gran dispersión, que reflejan los flujos y reflujos de la política económica; por el carácter flexible de sus procedimientos, y en particular de sus sanciones; por el recurso a técnicas descriptivas (frecuentemente cuantitativas), y no solamente prescriptivas. Relación del derecho económico con las ramas del derecho privado. El derecho económico se relaciona con disciplinas jurídicas afines a los agentes económicos privados tanto nacionales como extranjeros. Así, es evidente su imbricación con el derecho mercantil tradicional, especialmente en materia de sociedades mercantiles. También se vincula con el derecho empresarial moderno que conjuga propiedad intelectual con el propio derecho laboral, derivado de la nueva cultura laboral proclive a la flexibilización de los contratos de trabajo. Con las empresas transnacionales, el derecho económico se vincula con el derecho internacional privado que regula los conflictos entre nacionales de distintos países, sean personas naturales o jurídicas. Relación del derecho económico con las ramas del derecho público. El derecho económico tiene fuertes vínculos con el derecho constitucional, pues las bases constitucionales de los artículos 50., 25, 26, 27,28, 131 Y133, orientan y perfilan el sistema de economía mixta y de mercado en actual práctica. La interdependencia es evidente respecto al derecho administrativo, pues ramas como el derecho de la competencia y el propio comercio exterior son campos regulados directa o indirectamente por normas jurídico-económicas. Por ejemplo, las prácticas monopólicas –absolutas y relativas- y las prácticas desleales de comercio internacional son reguladas por sendas leyes administrativas aplicadas por dependencias administrativas de la Secretaría de Economía. Respecto al derecho penal, las nuevas realidades financieras y bancarias, el crimen organizado y los delitos económicos son sectores fuertemente vinculados al derecho económico, tanto interno como internacional. La responsabilidad penal de las empresas es el nuevo aspecto de la globalización. Por último, el derecho económico está vinculado con el derecho ambiental, pues se trata de fomentar en los agentes económicos comportamientos empresariales positivos y consistentes con un desarrollo económico sustentable y armónico con los ecosistemas nacionales y regionales 1.7 El Derecho Constitucional Económico. El derecho económico tiene fuertes vínculos con el derecho constitucional, pues las bases constitucionales de los artículos 5, 23, 26, 27, 28, 131 y 133, orientan y perfilan el sistema de economía mixta y de mercado en actual práctica. La interdependencia es evidente respecto al derecho administrativo, pues ramas como el derecho de la competencia y el


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propio comercio exterior son campos regulados directa o indirectamente por normas jurídico-económicas. El derecho económico como un derecho de síntesis y por su carácter instrumental encuentra su matriz conceptual en la carta fundamental. En nuestro orden interno nacional, tres principios inspiran la normativa económica: la rectoría económica del Estado (artículos 25-27), la economía mixta (artículos 50,11,16,25 Y 28) Y la planeación democrática (artículo 26). La rectoría estatal, que se actualiza en los artículos 25 y 26, implica que el Estado tiene a su cargo la dirección y orientación del desarrollo económico y social del país, responsabilidad que en algunos rubros es exclusiva -titularidad pública exclusiva en recursos naturales no renovables y funciones estratégicas no compartidas-, y en otras, que comparte con los sectores social y privado. La economía mixta, como un sistema en que la libertad de empresa que prevén los artículos 50., 11, 16, 25 Y28 se articulan con las áreas estratégicas estatales reconocidas en los artículos 25, 26, 27 Y28 en su párrafo cuarto, conformando una economía de mercado intervenido de amplia gestión pública, privada y social. La planeación democrática es entendida como una técnica que racionaliza el instrumental jurídico-administrativo del gobierno federal, que coordina los esfuerzos con las entidades federativas, y concierta con los particulares y sectores sociales acciones y tareas de desarrollo económico y social en diálogo participativo. Estos principios de materia económica fueron formalizados en las reformas constitucionales de 1983, pese a que implícitamente estaban en la carta original de 1917"' En síntesis, el marco constitucional del derecho económico: a) Establece normas constitucionales sobre el derecho de propiedad; b) Ratifica la rectoría económica del Estado; e) Establece una economía mixta, y d) Diseña un sistema de planeación democrática Estos principios organizan el funcionamiento formal de la economía mixta que se materializa en los siguientes principios: l. Establece un régimen de propiedad pública sobre determinado tipo de bienes (artículo 27); 2. Instaura un control directo -y hasta exclusivo y no concesionable del poder público sobre ciertas actividades o cometidos (áreas estratégicas, artículos 27-28); 3. Garantiza una serie de derechos individuales y sociales de libertad económica, pero condiciona y limita su ejercicio por el interés público (artículos So.-II). Se reconoce así la existencia de un derecho de propiedad de los particulares sobre todo tipo de bienes, incluyendo los de producción, al mismo tiempo que se condiciona y limita la propiedad privada frente al interés público; 4. Define la rectoría del Estado en el sistema económico para alcanzar un desarrollo integral (artículo 2S); s. Convoca a las tareas del desarrollo a los sectores público, social y privado tipificando a nivel constitucional el esquema de economía mixta (artículo 2S, párrafo tercero);


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6. Faculta al Estado para planificar democráticamente el desarrollo económico y social (artículo 26); 7. Postula una economía de mercado competitivo que rechaza los monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones y acaparamientos de artículos de consumo necesario y otras prácticas desleales atentatorias a la libre concurrencia (artículo 28); 8. Acepta, con carácter excepcional, los monopolios estatales en áreas estratégicas (artículo 28, párrafo séptimo), y 9. Atribuye al poder público, por medio de sus diversos órganos, una serie de facultades para intervenir en la economía con objeto de impulsar el desarrollo de la sociedad, regulando "el aprovechamiento de los elementos susceptibles de apropiación para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación" (artículo 27, párrafo tercero). Para la instrumentación del modelo económico descrito, la Constitución distribuye las competencias entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y es el titular del Ejecutivo quien tiene la mayor presencia en la orientación y ejecución de las normas de derecho económico. Sin embargo, el Poder Legislativo desempeña un papel básico en la aprobación de los cuerpos normativos que dan contenido a los preceptos constitucionales comentados. 1.8 Las ramas del Derecho Económico: Derecho Macroeconómico, Derecho Económico Sectorial, Derecho Microeconómico, Derecho Económico Público Interno, Derecho Económico Público Internacional y Derecho Económico Privado

1.9 Concepto e instrumentos de la política económica. La política económica es una rama de la ciencia económica que diseña la aplicación de determinados instrumentos, por parte del Estado, para metas o fines públicos o privados. Así el análisis de los problemas básicos que plantea la elaboración de las políticas económicas, objetivos, instrumentos, conflictos, opciones y resultados es lo que constituye el objeto de la política económica. Hoy, bajo la apertura económica total, más que apoyar al mercado interno (empleo y empresas nacionales) se fomenta la tarea exportadora y se apoya a las empresas extranjeras. Ha cambiado la política económica y otros intereses y grupos de presión han influido en las autoridades públicas para elegir una opción más externa que interna. En resumen, se afirma que la política económica es siempre el resultado de una decisión de la autoridad pública; es siempre una acción deliberada de dicha autoridad -aunque se diga que es asignación del mercado-- y asume como referencia unos fines y objetivos deseados, y para lograrlo utiliza determinados medios o instrumentos constitucionales y legales, internos o internacionales, plasmados en el derecho económico (Constitución, leyes secundarias o tratados internacionales). 1.10 Políticas fiscal, crediticia, del gasto público, monetaria, cambiaria, comercial, arancelaria, de precios y salarial Política fiscal. Las finanzas públicas constituyen un aspecto central para definir o tipificar un sistema económico. Cuando el Estado se apropia de los recursos materiales necesarios para


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satisfacer las necesidades colectivas o públicas, la calificación de estas necesidades es resultado de una decisión política que se expresa en un documento público llamado presupuesto.

En sus orígenes, el presupuesto no fue sino un acto esporádico de autorización para controlar al rey, tarea que luego quedó sumergida en la creciente actividad parlamentaria surgida a partir, precisamente, de la práctica presupuesta!. Con el desarrollo de esta práctica, el presupuesto adquirió una proyección inusitada que lo ha convertido en el proceso de toma de decisiones más importante del Estado, lo cual le confiere una naturaleza eminentemente política. Gerhard Colm señala que el presupuesto "es el programa de acción de las fuerzas políticas que gobiernan el Estado", cuyas "ideas se van a manifestar en el monto y naturaleza de los gastos, en la relación de éstos con los ingresos (teoría del equilibrio y del desequilibrio presupuestal Para Colm "el presupuesto es, como si dijéramos, el centro nervioso de la economía pública, y desempeña en ella el papel del mercado en la economía privada. El presupuesto presenta las siguientes características: l. Competencia exclusiva del Estado para su formulación, aprobación y ejecución; 2. Principio de legalidad, tanto en materia de gastos como de ingresos; 3. Anualidad del presupuesto, característica que se une a la anualidad de los impuestos; 4. De naturaleza jurídica compleja. Puede ser considerado una ley material o ley formal, o un acto administrativo aprobado por el Congreso; 5. Unidad del presupuesto. Consiste en la reunión o agrupación de la totalidad de los gastos y recursos del Estado y un documento único e indivisible; 6. Principio de universalidad. Se conoce también como principio del producto bruto, por el cual no se admite la compensación o confusión entre gastos y recursos, siendo ambos consignados por separado en el presupuesto atendiendo a un importe bruto, sin extraer saldos netos. Este principio se ha flexibilizado con el desarrollo del sector paraestatal; las empresas paraestatales deben entregar el presupuesto de sus saldos netos positivos o negativos arrojado durante la gestión anual de tales organismos; 7. Principio. de no afectación de recursos. Esta característica tiene como finalidad básica impedir que determinados ingresos sufran una especial afectación. Es decir, la recaudación y captación deben destinarse a gastos generales y no a gastos especiales. En México este principio tiene excepciones en casos tales como el IMSS, ISSSTE, Infonavit, respecto a las cuotas bipartitas que recaudan, y 8. Especificación de gastos. Como facultad del Congreso, este principio impone al Ejecutivo la limitación del gasto público. Esto es, el Ejecutivo está obligado a realizar erogaciones sancionadas de acuerdo con las especificaciones de gastos detallados en el documento presupuestario, aprobados por el Congreso o parlamento. Es un privilegio constitucional reconocido en todo el derecho presupuestario y económico comparado, del cual gozan los parlamentos. En México, el artículo 74 constitucional en su fracción IV prohíbe las partidas secretas, a excepción de aquellas "que se consideren necesarias, con ese carácter en el mismo presupuesto".

En el modelo de la economía de mercado mexicano, la transparencia y equilibrio de las finanzas públicas fueron elevados a la categoría de "supremo interés protegido". Las


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fuentes jurídicas que regulan el Presupuesto de Egresos son las fracciones VIII del artículo 73, y IV del artículo 74 constitucionales, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Ley General de Deuda Pública y las leyes anuales de ingresos de la Federación Política Monetaria. La política monetaria es una parte de la política económica, que consiste en la acción consciente emprendida por las autoridades monetarias (bancos centrales) o la inacción .deliberada, para cambiar la cantidad, la disponibilidad o el costo del dinero, con objeto de contribuir a lograr algunos de los objetivos básicos de la política económica. El más importante para la política monetaria es, sin duda, la estabilización de precios, pero también coopera en la meta de un crecimiento sostenido y también en favor del equilibrio externo. Los objetivos de la política monetaria son, en el mundo actual, las políticas de estabilización, actuaciones a corto plazo que pretenden mantener un nivel de demanda efectiva suficiente para alcanzar un nivel aceptable de crecimiento de la renta y del empleo sin presionar excesivamente sobre el nivel de precios. Los sujetos o agentes encargados de aplicar la política monetaria de un país son: a) el banco central, facultado para manipular los instrumentos monetarios que regulan la liquidez, y b) el gobierno, normalmente a través del respectivo Ministerio de Economía o de Finanzas. El banco de México, ordenador de la política monetaria a través de la política cuantitativa y de la política cualitativa. El objeto fundamental de la reforma del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue el de dotar de autonomía al Banco de México. El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurarla estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al Banco conceder financiamiento. Asimismo, en el séptimo párrafo de ese precepto se establece que: La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Política de fomento industrial. El sector industrial y su fomento en México comprende la planta productiva nacional, es decir, la suma de empresas manufactureras que tienen como arranque básico la utilización de energéticos, sector estratégico que por mandato constitucional está radicado en el sector público de la economía (energía eléctrica y petróleo).


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El modelo económico neoliberal iniciado en la década de los ochenta se ha consolidado paulatinamente, con base en tres premisas esenciales: l. Saneamiento de las finanzas públicas; 2. Privatización de empresas paraestatales, y 3. Apertura económica y comercial. Para llevar a cabo dichas metas, los instrumentos de política económica han sido los numerosos pactos o acuerdos para la estabilidad y el crecimiento, mecanismos cupulares, no previstos ni en la carta fundamental ni en el derecho económico nacional

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