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TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO - Tomo III – Contratos de la Administración Pública teorías general y de los contratos en particular. - Marienhoff, Miguel S.-
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TÍTULO SÉPTIMO - CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PRIMERA PARTE - EL CONTRATO ADMINISTRATIVO (TEORÍA GENERAL) CAPÍTULO I - PRINCIPIOS GENERALES SUMARIO: 588. Medios de que se vale el Estado para el cumplimiento de sus fines. Actividad "administrativa" y actividad de los "administrados" o "particulares". - 589. Contratos de derecho público y contratos administrativos. - 590. Los contratos de la Administración Pública: especies de éstos. ¿Existen "contratos administrativos" propiamente dichos, como especie o categoría de contratos de derecho público? - 591. Definición del contrato "administrativo". - 592. "Terminología". La cuestión en el derecho argentino. Derecho francés ("contrat" et "marché"); derecho italiano ("contratto" e "appalto"). - 593. El contrato administrativo es un "acto" administrativo bilateral: consecuencias de ello. El "contrato administrativo" dentro de la clasificación de los actos administrativos. Diferencias con el acto "complejo" y con el acto "colectivo". 588. Para el cumplimiento de los fines administrativos, el Estado, a través de la Administración Pública, actúa o puede actuar en dos formas distintas: ejerce por sí mismo la actividad respectiva o utiliza al administrado o particular para que colabore con él. La colaboración que el Estado requiera del administrado puede ser forzosa o voluntaria: la primera da lugar a la carga pública o prestación personal obligatoria, e incluso podría determinar una requisición transitoria de dinero o de cosas, como ocurriría, por ejemplo, con el empréstito forzoso temporario o con el uso de cosas muebles o inmuebles, ya que este uso puede ser objeto de requisición; la segunda puede dar lugar a los contratos de la Administración Pública. Ver el tomo 2º, números 367 y 370. 589. Como bien se hizo notar, la expresión "contrato de derecho público" no es sinónima de "contrato administrativo". Hay contratos de derecho público internacional (tratados-contratos) y contratos de derecho público interno (1) . Entre estos últimos figuran los "contratos administrativos", que son los celebrados entre la Administración Pública y otras personas, para determinados fines o funciones estatales. Los "contratos administrativos" constituyen, pues, una especie dentro de los contratos de derecho público (2) . 590. La Administración Pública puede celebrar dos tipos de contratos: "administrativos", propiamente dichos, y de "derecho común" (civil o comercial). Ambas categorías integran el género "contratos de la Administración Pública" (3) . En este orden de ideas, ocurre con los "contratos" de la Administración lo mismo que con los "actos" de ella, que pueden ser "administrativos", propiamente dichos, o de "derecho común" (civil o comercial). La razón
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de esa posible doble categoría de "contratos" y de "actos" es la misma (véase el tomo 2º, nº 393). ¿Existen "contratos administrativos", stricto sensu, como especie o categoría de contratos de derecho público? La doctrina está dividida. Un sector de ella niega la existencia de contratos administrativos celebrados entre la Administración Pública y el administrado o particular; sólo acepta el contrato administrativo celebrado entre la Administración Pública y otros entes administrativos (4) . Otro sector doctrinal acepta la existencia de tales contratos, ya los haya celebrado la Administración Pública con otros entes administrativos o con particulares o administrados (5) . Es la opinión que prevalece en la doctrina y que comparto totalmente. Antaño, Duguit sostuvo que no correspondía oponer la noción de contrato de derecho público a la de contrato de derecho privado. El contrato -decía- trasunta una determinada categoría jurídica, y si los elementos que lo constituyen se hallan reunidos, existirá siempre con el mismo carácter y las mismas consecuencias. Hablar de contrato de derecho privado y de contrato de derecho público -agregaba- es hablar de cosas que no existen; por consiguiente, no corresponde oponer esas nociones entre sí. Concluía sosteniendo la necesidad de eliminar, de una vez por todas, del lenguaje jurídico las expresiones "contrato de derecho privado" y "contrato de derecho público", debiéndose hablar solamente de "contrato" (6) . Según Duguit, pues, no existirían contratos administrativos como contratos distintos a los celebrados entre particulares. La posición de Duguit fue objetada acertadamente, entre otros, por Laubadère, quien advierte que si bien es exacto que la noción misma de contrato es única, común al derecho administrativo y el derecho privado, pues en ambos derechos el contrato es un acuerdo de voluntades generador de situaciones jurídicas subjetivas, no menos incontestable que el "régimen jurídico" de esos dos tipos de contratos es diferente (7) . Con similares argumentos, anteriormente la opinión de Duguit había sido controvertida por Jèze (8) . Estas críticas justifican y explican la autonomía asignada al "contrato administrativo" frente al contrato de derecho privado, sea éste celebrado entre particulares o entre la Administración Pública y un particular o administrado. Si bien la doctrina dominante acepta que la figura jurídica "contrato" pertenece al derecho general, siendo común al derecho privado y al derecho público (9) , también acepta que el "contrato administrativo", propiamente dicho, existe con caracteres propios que lo distinguen del contrato de derecho privado de la Administración (civil o comercial). Ya Gastón Jèze había sostenido esta última posición, afirmando que entre esos contratos civiles y los de administrativos existe una "diferencia de fondo", pues estos últimos contratos tienen un régimen jurídico especial y sus efectos no son los mismos que los de los contratos civiles (10) . La figura "contrato" pertenece, pues, al derecho en general, y no sólo al derecho privado. De ahí que también se la conciba en el derecho público, "administrativo" en la especie, si bien en este último supuesto el contrato aparece caracterizado por las respectivas notas
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propias de este último derecho: desigualdad de las partes; prerrogativas especiales correspondientes a la Administración Pública durante el lapso de ejecución y vigencia del contrato; finalidad propia de la Administración Pública, o sea cumplimiento de fines estatales típicos. Pero a pesar de estas notas especiales, el "contrato" administrativo stricto sensu -realizado por entes públicos entre sí o entre entes públicos y administrados- es perfectamente concebible (11) . En concreto, los argumentos que se aducen para negar la existencia de contratos administrativos, propiamente dichos, celebrados entre la Administración Pública y un administrado, son: Primero Desigualdad de las partes. Siendo el Estado una entidad soberana, no se concibe que se vincule contractualmente supeditando el interés público a un interés privado. La desigualdad entre los sujetos intervinientes impediría la equivalencia jurídica de las voluntades, requisito indispensable para que las mismas se fundan constituyendo un acto jurídico único. De ahí que no se admitan otros actos jurídicos bilaterales entre entes públicos y los administrados que no sean contratos de mero derecho privado, en el que las partes aparecen colocadas en un pie de igualdad (12) . Dicha posición no es plausible: a) Ante todo, porque la generalidad de los contratos "administrativos", stricto sensu, se realiza para la satisfacción del interés "público", y no para satisfacer el interés "privado" del cocontratante; ejemplos: concesión de servicios públicos, contratos de construcción y de concesión de obras públicas, relación de empleo o función pública, etc. Muy excepcionalmente el contrato administrativo, propiamente dicho, se realiza para satisfacer el interés "privado" del cocontratante; así ocurre en la concesión de uso del dominio público (13) . b) Los que niegan que entre el Estado y el administrado puedan celebrarse contratos "administrativos" (de derecho público), y sólo aceptan la posible celebración de contratos de derecho privado, suelen incluir entre éstos a contratos que la generalidad de la doctrina considera "administrativos" (es decir, de derecho público); verbigracia, el contrato de construcción de obra pública. Es lo que ocurre en el derecho italiano. Tal punto de vista carece de lógica, pues el proceso de "formación" del contrato entonces considerado como de derecho privado de la Administración Pública, es el mismo que la doctrina dominante acepta para la formación del contrato administrativo, stricto sensu. En tal orden de ideas, Vitta pudo decir con todo fundamento: "Si se admiten y subsisten contratos de derecho privado entre el particular y la Administración Pública, no se advierte por qué deba negarse a priori la posibilidad de negocios contractuales regulados por el derecho público" (14) . c) Algunos de los que niegan que puedan existir contratos de derecho público entre el Estado y los administrados, y sólo aceptan tales contratos entre entes públicos, sostienen que ello es así porque sólo los sujetos de derecho público tienen capacidad para realizar
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actos de derecho público o para concurrir con su voluntad a formar dichos actos (15) . Tal afirmación es equivocada, porque así como la Administración Pública tiene una doble "capacidad" que le permite actuar en el campo del derecho público o del derecho privado; lo mismo ocurre con el administrado, quien tiene aptitud jurídica para actuar en ambos campos del derecho (véase el tomo 1º de la presente obra, nº 43, y el tomo 2º, nº 401, punto 2º, "Capacidad", letra b. "Del administrado"). Segundo Otro argumento de que se hace mérito para sostener la inexistencia de contratos administrativos, propiamente dichos, consiste en que sólo hay actos administrativos "unilaterales" y no bilaterales, derivando de ahí un mero carácter "reglamentario" de la respectiva relación; la voluntad de administrado -se agrega- sólo influye sobre la "eficacia" y no sobre la existencia y validez del acto; a lo sumo se admite que en tales supuestos el contrato sería de derecho común o privado. Este argumento es deleznable: a) En primer lugar, porque es inexacto que no existan actos administrativos "bilaterales". Al respecto véase lo que expresé en el tomo 2º, números 383-387. Semejante argumento traduce una subestimación del valor de la voluntad del administrado en la existencia y formación del acto administrativo; pero ello implica perpetuar conceptos caducos, reminiscencias de doctrinas artificiales, cuando no afloraciones de sistemas jurídico-políticos superados, donde el Estado era todo y el individuo nada, donde la personalidad del hombre hallábase absorbida por el Estado avasallador y omnipotente: de ahí la tendencia o inclinación a restarle valor a la voluntad del administrado en la formación del acto administrativo (véase tomo 2º, nº 386) (16) . b) En segundo lugar, porque dicho criterio carece de lógica, ya que el proceso de "formación" del contrato de derecho privado de la Administración -admitido por dicho sector doctrinal- es el mismo que se acepta para la formación del contrato administrativo stricto sensu. Cuadra repetir aquí las palabras de Vitta transcriptas precedentemente: "Si se admiten y subsisten contratos de derecho privado entre el particular y la Administración Pública, no se advierte por qué deba negarse a priori la posibilidad de negocios contractuales regulados por el derecho público" (17) . Tercero Otro argumento que se utiliza para negar la existencia de contratos administrativos, propiamente dichos, consiste en que los objetos sobre los que generalmente versan están fuera del comercio (función o empleo público, bienes públicos, servicios públicos) (18) . Esta afirmación carece de consistencia alguna, pues, como lo hacen notar diversos autores, esa extra comercialidad de tales objetos sólo impide la celebración de contratos de derecho privado, en cuyo ámbito dichas relaciones, cosas o bienes, hállanse fuera del comercio; pero no se refiere a contratos de derecho público, ya que las aludidas relaciones, cosas o bienes, están dentro del comercio de éste último derecho. Aparte de ello, es de advertir que
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no siempre los contratos "administrativos" tienen por objeto las relaciones o cosas que se mencionan como ubicadas "fuera del comercio"; por ejemplo: gran parte de los contratos de suministro; etc. Cuarto Finalmente, para negar la existencia de contratos administrativos, stricto sensu, se aduce que la Administración Pública no puede enajenar por vía contractual las facultades y prerrogativas de que dispone para salvaguardia de los intereses públicos. Desde luego, la Administración Pública no puede desprenderse de esas prerrogativas, pues ello implicaría una abdicación a sus calidades de órgano esencial de la estructura del Estado. Pero ocurre que, contrariamente a lo que se supone, los contratos administrativos no implican ni aparejan enajenación alguna de las expresadas prerrogativas de la Administración Pública. Al contrario, corresponde a la esencia misma de todo contrato administrativo, stricto sensu, la posibilidad de que la Administración, durante un lapso de ejecución del contrato, introduzca sucesivamente todas las "modificaciones" requeridas por los intereses públicos. Esta potestad de la Administración va ínsita en todo contrato administrativo propiamente dicho, al extremo de que la vigencia de tal potestad no requiere estipulación expresa alguna: va sobreentendida (19) . De lo dicho en los párrafos precedentes dedúcese que no hay razón alguna, desde el punto de vista objetivo, que se oponga a la admisión de los contratos administrativos, propiamente dichos, celebrados entre la Administración Pública y el administrado o particular. La invocada superioridad de la Administración frente al administrado en el campo del derecho público, en nada obsta a la existencia de tales contratos. La autolimitación de la Administración Pública, propia del Estado de Derecho, explica sobradamente la existencia de los "contratos administrativos" (20) . Para negar la existencia de éstos no puede, entonces, invocarse válidamente al ya referido argumento de que se trata de "sujetos desiguales", determinantes de valores dispares entre la voluntad administrativa y la del particular o administrado, que impediría que las voluntades de ambas partes se fundan en un acuerdo contractual. Cuadra tener presente aquí la aguda observación de un jurista brasileño: "La característica del contrato público hállase en la finalidad de la convención y en la igualdad proporcional, y no cuantitativa, aritmética, de los derechos de las partes" (21) . Para concluir acerca del carácter contractual de derecho público ("contrato administrativo" celebrado entre la Administración Pública y el administrado), correspondiente a diversas relaciones originadas en el campo del derecho público (verbigracia, construcción de obra pública, concesión de obra pública, relación de empleo o función pública, empréstito público voluntario, etc.), pueden repetirse las certeras palabras de Masagäo referidas a la concesión de servicio público: "No se conoce ejemplo de concesión de servicio público, a la cual el concesionario haya sido compelido, llevado por la fuerza, violentamente obligado. Admitir que ella puede surgir de ese modo, es desconocer todas las conquistas de libertad individual y de la seguridad humana. Es cambiar el imperio de la ley por los
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arbitrios del despotismo. Es destruir el régimen de derecho para establecer una situación de esclavitud" (22) . Incluso en Italia donde un sector doctrinal sólo acepta la existencia de contratos "administrativos" celebrados por entes públicos entre sí, pero no entre un ente público y un administrado, existen calificados tratadistas para quienes no hay imposibilidad jurídica alguna en aceptar los contratos administrativos celebrados entre la Administración Pública y los administrados. Pero agregan que lo atinente al contrato de derecho público no implica un problema abstracto, sino únicamente de derecho positivo, que debe resolverse exclusivamente en base a las normas de tal derecho (23) . Comparto la afirmación de que no hay imposibilidad jurídica alguna para la existencia de contratos "administrativos" celebrados entre la Administración Pública y los administrados; pero disiento en cuanto se sostiene que la cuestión no constituye un problema abstracto, sino de derecho positivo, en base al cual deba resolverse la controversia. La cuestión de referencia debe solucionarse de acuerdo a la lógica jurídica, de acuerdo a los "principios jurídicos" de orden general, y no de acuerdo al derecho positivo, pues este último implica someterse al arbitrio legislativo que muchas veces hállase en colisión con los postulados de la ciencia jurídica. Por lo demás, si se acepta que el "derecho positivo" reconozca la existencia válida de tal o cual contrato administrativo, es de suponer que esto obedece a que la aceptación de tal criterio es "jurídicamente" procedente. La "ley" debe ser expresión de "principios" revelados por la ciencia del derecho; la legislación que no se ajuste a dicho criterio constituye un derecho vacuo de razón, cuya vigencia sólo obedece a la omnipotencia del legislador. Pero un derecho con semejante fundamento no está llamado a perdurar. Es, pues, evidente la posibilidad teórica de que existan contratos "administrativos", propiamente dichos, celebrados entre la Administración Pública y los administrados o particulares. La desigualdad que existe en esos contratos no radica precisamente en las "voluntades" de las partes -que aparecen niveladas como consecuencia de la "autolimitación" de la Administración Pública, propia del Estado de Derecho-, sino en los "intereses" que persiguen esas voluntades: mientras el cocontratante persigue la satisfacción de su propio interés, la Administración Pública persigue la satisfacción del interés público o general; pero esta desigualdad de intereses en modo alguno obsta a la existencia de contratos administrativos, propiamente tales. 591. No es fácil dar la definición de "contrato administrativo". Los sujetos intervinientes, el objeto sobre el cual pueden versar dichos contratos -que incluso puede consistir en relaciones, cosas o bienes que están fuera del comercio del derecho privado; por ejemplo, función o empleo público, concesión de uso común del dominio público, concesión de servicio público- y los fines inmediatos que se persigan, que a su vez pueden ser de interés "general" (vgr., concesión de servicio público) o de interés "privado" del cocontratante (por ejemplo, de uso de agua pública para irrigación), dificultan la cuestión. De ahí la necesidad de dar una definición genérica, susceptible de abarcar o comprender todos los supuestos posibles revelados por la experiencia.
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En el terreno doctrinario se observan varias definiciones de lo que ha de entenderse por contrato administrativo. Todas traslucen lo complejo del concepto. En general, dichas definiciones olvidan que los contratos administrativos no sólo no pueden tener por finalidad inmediata la satisfacción del interés general, sino también el interés particular del cocontratante, como ocurre, por ejemplo, en la concesión de uso del dominio público (24) ; de ahí que la generalidad de las definiciones restrinjan el concepto de contrato administrativo a la satisfacción de un interés general o a un fin público; olvidan, asimismo, que no siempre es el cocontratante quien resulta principalmente obligado: a veces esa obligación principal puede resultar a cargo de la Administración Pública, como sucede en la concesión de uso del dominio público, ya que en ese supuesto la Administración Pública debe proporcionar la cosa o bien dominical para ser usado por el concesionario (25) ; tan exacto es esto último que una de las "clasificaciones" fundamentales de los contratos administrativos es la que los distingue en contratos de "atribución" y en contratos de "colaboración" (véase más adelante, nº 611, punto 2º), según que el contato tenga por objeto conferirle cierta ventaja al administrado (contrato de "atribución"), o según que el cocontratante se obligue hacia el Estado a realizar en su beneficio determinada prestación (contrato de "colaboración"). En mérito a lo dicho, el contrato administrativo puede definirse en los siguientes términos: es el acuerdo de voluntades, generador de obligaciones y derechos, celebrado entre un órgano del Estado, en ejercicio de las funciones administrativas que le competen, con otro órgano administrativo o con un particular o administrado, para satisfacer finalidades públicas (26) . Al hablar de acuerdo de voluntades "generador de obligaciones", queda hecha la distinción entre "contrato" y "convención", ya que la doctrina distingue ambos términos, e incluso disiente sobre su significado. Así, si bien hay quienes consideran que "convención" es el "género" y "contrato" una "especie" (27) , "generadora de obligaciones" (28) , otros estiman que "contrato" es aquel en que las voluntades creadoras del acto persiguen fines opuestos, mientras que en la "convención" se persiguen fines coincidentes (29) ; en tanto otros afirman que los "contratos" tienen por finalidad engendrar derechos creditorios, y que la "convención" es el acuerdo que extingue tales vínculos (30) . Véase, asimismo, la nota del codificador doctor Vélez Sarsfield al artículo 1137 del Código Civil. En la definición se dice "órgano del Estado, en ejercicio de las funciones administrativas que le competen". Esto obedece a dos razones: 1º que en la presente obra la noción de "Administración" está tomada en sentido objetivo, material o substancial, y no en sentido orgánico o subjetivo (véase el tomo 1º, nº 11). Cualquiera de los tres órganos esenciales del Estado -Legislativo, Judicial o Ejecutivo- puede, pues, celebrar contratos administrativos (véanse el nº 615, y el tomo 1º, nº 97). 2º Que esa expresión tiende a advertir que se está en presencia de un contrato "administrativo", propiamente dicho, y no de un contrato de derecho común de la Administración, pues cuando un órgano del Estado actúa "en ejercicio de las funciones administrativas que le competen", ese órgano estatal actúa ejercitando potestades públicas stricto sensu, lo que no ocurre cuando el contrato es de derecho común de la Administración.
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En la definición se dice, asimismo, que el acuerdo de voluntades puede tener lugar entre un órgano estatal "con otro órgano estatal o con un particular o administrado". Esto responde a que, como ya quedó expresado, los contratos administrativos no sólo pueden celebrarse entre entes públicos, sino también entre un ente público y un administrado o persona particular. Por último, en la definición se manifiesta que el contrato se celebra "para satisfacer finalidades públicas". Dado que la finalidad pública puede lograrse en forma directa o inmediata (vgr., en la concesión de servicio público), y también en forma mediata o indirecta (vgr., concesión de uso de agua pública para irrigación; ver tomo 5º, nº 1825), en virtud de eso nada se especifica sobre si la satisfacción de las finalidades públicas ha de ser directa e inmediata o indirecta y mediata. Se utiliza una expresión genérica, comprensiva de las dos hipótesis. Nada corresponde decir expresamente acerca de que el contrato está regido por el derecho público, pues esto va de suyo: es una consecuencia lógica de que el órgano estatal interviniente actúe "en ejercicio de las funciones administrativas que le competen". En estos supuestos, el órgano estatal actúa ejercitando potestades públicas stricto sensu. Véase más adelante, nº 612. Tampoco cuadra que en la definición se haga referencia a las particularidades del régimen jurídico del contrato administrativo. Esto no corresponde a la "definición" sino al estudio doctrinario donde se analicen los "caracteres" de dichos contratos. En los casos concretos que se presenten, el intérprete deberá analizar los elementos del contrato para establecer si éste es o no un "contrato administrativo". En esa tarea el investigador deberá ayudarse utilizando los datos o materiales suministrados al efecto por la técnica jurídica; en especial ha de tener en cuenta el criterio aceptado para diferenciar un contrato administrativo de un contrato de derecho común de la Administración Pública. 592. La terminología en materia de contratos de la Administración suele acusar modalidades distintas de acuerdo al ordenamiento jurídico que se considere. En nuestro país la expresión "contratos de la Administración Pública" es un término genérico comprensivo de dos especies: el contrato administrativo, propiamente dicho, y el contrato de derecho común de la Administración. El primero se rige por el derecho administrativo; el segundo por el derecho privado (civil o comercial). Fuera de esas expresiones, en Argentina no existen otras aplicables en este ámbito del derecho. Cierto es que entre nosotros se habla de "contrato de concesión" (sea de servicio público, de uso del dominio público o de obra pública); pero éste no constituye un término que se oponga o reemplace, en todo o en parte, al género "contratos de la Administración Pública", ni a sus especies "contrato administrativo" y "contrato de derecho común de la Administración": sólo designa a una de las tantas categorías o supuestos de "contratos administrativos", propiamente dichos, lo que igualmente ocurriría si se hiciere referencia a la relación de función o empleo público, a la construcción de obra pública, etc.
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En cambio, en otras legislaciones o derechos las cosas no siempre ocurren así. En Francia, por ejemplo, existen las voces contrat y marché. Ambas expresiones se refieren a acuerdos de voluntades generadores de derechos. Pero mientras la voz contrat es de significado amplio, comprensiva de todo acuerdo contractual, la voz marché se la utiliza para referirse a los acuerdos contractuales donde la persona del cocontratante no es "esencial", es decir refiérese a los acuerdos donde lo intuitu personae no es decisivo (31) . En Italia existen las voces contrato y appalto. Contratto es de significación genérica, comprensivo de cualquier posible acuerdo contractual; mientras que appalto, además de limitarse a contratos de determinado objeto, refiérese a vínculos regidos por el derecho privado (32) . El appalto está comprendido y regulado en el Código Civil de Italia, cuyo artículo 1655 dice así: "El appalto es el contrato en que una parte asume, mediante una organización adecuada y a su propio riesgo, la realización de una obra o de un servicio mediante pago en dinero". En dicho país, al contrato de obra pública se le hace regir primordialmente por el derecho privado, y así se habla de appalto di opere pubbliche. Finalmente, siempre en materia terminológica, cuadra recordar que, con relación a los criterios de selección del cocontratante, en el derecho francés se menciona el sistema llamado de gré á gré. Esta expresión equivale a lo que entre nosotros se denomina "trato directo" o "trato privado". 593. Todo contrato administrativo es, substancial y esencialmente, un acto administrativo bilateral. Esto es trascendente, pues de ello resulta que las reglas fundamentales que constituyen el régimen de los actos administrativos son, por principio, aplicables a los contratos administrativos" (33) . Así como en derecho privado el acto jurídico bilateral constituye la esencia de todo contrato (sea éste unilateral o bilateral) (34) , así también en derecho administrativo el acto administrativo bilateral es la base de todo contrato administrativo y, en general, de todo contrato celebrado por la Administración Pública (35) . Es, pues, ilógico reconocer la existencia de "contratos" administrativos, pero negar -como lo hacen algunos autores- que ellos sean "actos" administrativos "bilaterales", ya que todo "contrato" -sea éste bilateral o unilateral- reposa siempre en un acto jurídico "bilateral" ("acto administrativo", en este caso). La cuestión no se subsana ni se soluciona diciendo -como lo hacen algunos tratadistas- que los actos contractuales de derecho público celebrados entre el Estado y los particulares o administrados no son actos administrativos, aunque pertenezcan al derecho administrativo. Esto no pasa de un juego de palabras carente de sentido. Ver el tomo 2º, nº 383, nota 64. En derecho público, como en derecho privado, la esencia de todo contrato es un acto jurídico bilateral. Tratándose de contratos administrativos su esencia la constituye un acto administrativo bilateral (36) . Si bien todo contrato administrativo es substancialmente un acto administrativo bilateral, debe diferenciarse el acto administrativo bilateral de otros actos administrativos donde también intervienen varias voluntades.
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El "contrato" administrativo, considerado como "acto" administrativo, encuadra en lo que la doctrina llama "acto administrativo jurídico". Véase el tomo 2º, nº 450, letra a, 1º. Pero el "contrato" se distingue del "acto" administrativo "complejo" y del "acto" administrativo "colectivo". Véase el tomo 2º, nº 450, letra a, 2º. Estos dos últimos -acto complejo y acto colectivo- sólo tienen de común con el "contrato" administrativo la pluralidad de voluntades que intervienen en su formación; pero esas voluntades actúan en forma distinta en dichos actos: en el acto "complejo" y en el acto "colectivo" no existe esa diversidad u oposición de intereses (37) . CAPÍTULO II - CONTRATO "ADMINISTRATIVO" Y CONTRATO DE "DERECHO COMÚN" DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SUMARIO: 594. Criterio distintivo entre ambas especies. Planteamiento de la cuestión. Trascendencia de ella. Distintas opiniones sustentadas al respecto. - 595. Continuación. Criterios de distinción aceptados: a) contratos administrativos por razón de su "objeto"; b) contratos administrativos con prescindencia de su "objeto". - 596. A. Contratos "administrativos" por razón de su "objeto". Las funciones esenciales o específicas del Estado; fines públicos de éste. Contratos insusceptibles de celebrarse entre particulares. 597. Continuación. El "servicio público" como objeto concreto del contrato "administrativo". Aclaraciones fundamentales. - 598. B. Contratos "administrativos" con prescindencia de su "objeto". Las "cláusulas exorbitantes" del derecho común. Principios generales a su respecto. Noción conceptual de "cláusula exorbitante". Supuestos que constituyen "cláusulas exorbitantes" y supuestos que no constituyen cláusulas de ese tipo. 599. Continuación. La cláusula exorbitante puede ser "implícita" o "expresa". ¿Cómo surgen y se concretan las cláusulas exorbitantes "expresas"? - 600. Continuación. "Efectos" de la cláusula exorbitante "expresa". - 601. Continuación. ¿Por qué las cláusulas exorbitantes "expresas" convierten en "administrativo" al contrato de la Administración que no lo es por su "objeto"? - 602. "Límites" que deben respetarse en materia de cláusulas exorbitantes "expresas" para que éstas sean "válidas". - 603. Interés práctico de la distinción entre contratos "administrativos" y contratos "privados" de la Administración Pública. - 604. Supuesto de duda sobre si un contrato de la Administración es "administrativo" o de "derecho común". ¿Cómo debe resolverse la cuestión? - 605. El contrato "administrativo", propiamente dicho, puede ser o no de tracto sucesivo o continuado. - 606. Principales y posibles contratos "administrativos". Por razón de su "objeto": concesión de servicio público; construcción de obra pública; concesión de obra pública; concesión de uso de bienes del dominio público; relación de función o empleo público; suministro; transporte; empréstito público; locación de servicios; mandato; fianza; depósito. Por contener "cláusulas exorbitantes expresas": contratos de préstamo con garantía hipotecaria celebrados por el Banco Hipotecario Nacional; otros supuestos de contratos "administrativos", stricto sensu, por razón de cláusulas exorbitantes expresas. 607. Continuación. El préstamo con "prenda con registro" constituido a favor del Estado, entidades autárquicas y bancos oficiales. Cuestión acerca de si es o no un contrato "administrativo". - 608. Continuación. "Loterías" y "ruletas" estatales. ¿Implican un contrato "administrativo" entre el Estado y el jugador? - 609. Continuación. Contratos
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administrativos "innominados". - 610. Continuación. "Cuasi contratos" administrativos. 611. Clasificación de los contratos "administrativos". - 612. Regulación jurídica de los contratos "administrativos". Derecho que les rige. Las "normas". - 613. Contratos de "derecho común" (civil o comercial) de la Administración Pública. Criterio diferencial. Su régimen jurídico. Ejemplos y supuestos de contratos de ese tipo. Lo atinente al contrato de sociedad de economía mixta. - 614. Acciones de daños y perjuicios -o de devolución de sumas de dinero- motivadas por extinción o incumplimiento de contratos de la Administración: dichas acciones participan del carácter - "administrativo" o de "derecho común" - del respectivo contrato. Consecuencias en cuanto a la jurisdicción contenciosa. 615. Órgano competente -Legislativo o Ejecutivo- para celebrar contratos "administrativos". Lo atinente al Poder Judicial. 594. En parágrafos precedentes quedó dicho que los "contratos de la Administración" pueden ser de dos especies: "contratos administrativos", propiamente dichos, y "contratos de derecho común (civil o comercial) de la Administración", ¿Cuál es la nota distintiva o diferencial entre esas especies de contratos? Ante todo debe tenerse presente esta circunstancia fundamental: la distinción entre esos dos tipos de contratos de la Administración Pública es exclusivamente "substancial", "material" u "objetiva", y de ningún modo "orgánica" o "subjetiva": en ambos supuestos, es decir tanto en el caso del contrato "administrativo", propiamente dicho, como del contrato de "derecho común de la Administración", en lo que respecta a la Administración Pública de órgano emisor puede ser el mismo. Ambos tipos de contratos hállanse disciplinados por similares reglas en lo ateniente a la expresión de la voluntad, a la vez que, por principio, las reglas sobre "competencia" son las mismas en ambos casos. En este orden de ideas, es aplicable al "contrato administrativo" y al "contrato de derecho común de la Administración" lo dicho respecto al "acto administrativo" y al "acto civil" o de "derecho común" de la Administración Pública (véase el tomo 2º, nº 393). La distinción entre esas dos especies de contratos de la Administración es fundamental, dadas las diferentes consecuencias jurídicas que derivan de cada una de ellas. De ahí el manifiesto interés que, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se advierte para concretar el criterio diferencial. Diversos puntos de vista se expusieron al respecto. Desde luego, hay ciertos contratos de la Administración Pública que, por su objeto, son siempre "contratos administrativos", propiamente dichos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la concesión de servicios públicos (38) , pues, como acertadamente se dijo, trátase de una figura jurídica insusceptible de ser utilizada entre particulares (39) ; igual afirmación puede hacerse de la relación de empleo o función pública, como asimismo de la concesión de uso de cosas del dominio público. En tales supuestos, para establecer la naturaleza jurídica del contrato no es necesario recurrir a criterio diferencial alguno: la naturaleza "administrativa" del acto surge nítida de su propio "objeto". Trátase de materias que efectivamente no pueden ser objeto de contratos entre particulares: dichas materias pertenecen al trato o comercio jurídico del derecho público, en tanto que los actos
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convencionales que las personas particulares ("administrados") celebran entre sí sólo pueden referirse a materias pertenecientes al trato o comercio jurídico del derecho privado. Como ya lo expresé, son varios los criterios propuestos para determinar la naturaleza de un contrato de la Administración Pública. 1º Ante todo, hay quienes consideran que, para que pueda hablarse de contrato administrativo, por lo menos una de las partes intervinientes debe ser la Administración Pública. Pienso que ese no es un requisito del contrato administrativo, sino un presupuesto elemental de su existencia. Es evidente que cuando se habla de contrato administrativo, se entiende referir a uno de los tipos de contratos que celebra la Administración Pública. Los particulares o administrados no pueden celebrar, entre ellos, contratos administrativos en el sentido técnico de la expresión. De modo que entre los requisitos que deben concurrir para que un contrato pueda considerarse administrativo, está demás hacer referencia a que uno de los sujetos intervinientes debe ser la Administración Pública, pues esto último va de suyo o sobreentendido. 2º Se dice, también, que muchos contratos serán "administrativos", propiamente dichos, cuando así lo haya determinado el legislador. Tal determinación puede ser "directa" o "indirecta". Hay determinación directa cuando una norma legal expresa dispone que tales o cuales contratos se considerarán administrativos (40) . Habrá determinación indirecta cuando, para el supuesto de contienda, la ley establezca la "competencia de los tribunales administrativos" (41) . Pero este criterio, como determinante del carácter "administrativo" de un contrato, no siempre concordará con los postulados de la ciencia jurídica, pues a veces puede implicar una mera expresión del arbitrio legislativo. Trátase de un punto de vista que no es rigurosamente científico. El legislador, en ejercicio de su poder, tanto puede excluir del concepto de contrato administrativo a muchas figuras que efectivamente lo son, como podría incluir en ese concepto a muchos contratos que no revisten carácter "administrativo". 3º Hay quienes estiman que el contrato de la Administración debe considerarse "administrativo", propiamente dicho, cuando se halle establecido que el órgano jurisdiccional habilitado para dirimir las pertinentes cuestiones litigiosas es el tribunal con competencia en lo contenciosoadministrativo, y que el contrato debe considerarse de "derecho privado" cuando dicha competencia le esté atribuida a los tribunales ordinarios. El referido criterio no es idóneo para decidir la cuestión de referencia. Lo atinente a la jurisdicción ante la cual hayan de dirimirse las controversias que en estos casos se susciten, es una mera "consecuencia" de la naturaleza del respectivo contrato de la Administración. Por tanto, para saber cuál es la jurisdicción ante la que deberá recurrirse, previamente debe establecerse el carácter - "administrativo" o de "derecho privado" - del respectivo contrato
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de la Administración. Los datos para esto no surgen ni los proporciona el criterio mencionado. Resolver acerca del carácter de un contrato de la Administración constituye una cuestión "substantiva" o de "fondo", mientras que lo atinente a la "jurisdicción" sólo traduce una cuestión "adjetiva" o "formal". De modo que el criterio que pretende determinar la naturaleza "administrativa" de esos contratos, en base a que una ley someta a la jurisdicción contenciosoadministrativa las controversias a que ellos den lugar, confunde una cuestión substantiva con una cuestión adjetiva. 4º Ciertamente, la simple calificación que las partes -Administración y administrado- le asignen a un acuerdo contractual es inidónea, por sí, para atribuirle o quitarle carácter "administrativo" stricto sensu a un contrato. Todo dependerá de la índole del "objeto" del contrato, o de las características que éste ofrezca. Así, por más que las partes, e incluso la ley, le llamen "arrendamiento" o "locación" al acto en cuyo mérito la Administración le atribuya a un particular, por un lapso determinado, el uso de un inmueble del dominio público, dicho acto no constituirá un arrendamiento o locación, sino una "concesión de uso sobre una dependencia dominical". La trascendencia de esto es obvia, pues en un caso tendrán vigencia las normas del derecho civil y en otro los principios jurídicos atinentes a las concesiones de uso de las cosas públicas. El uso y goce de estas últimas no se regula por el derecho privado, sino por el derecho público (42) . La teoría de la "clasificación jurídica" lleva indefectiblemente a esta conclusión. 5º Se ha considerado que el carácter "administrativo" de un contrato, aparte de que la prestación del cocontratante esté destinada a asegurar el funcionamiento de un servicio público (cuestión ésta de la que me ocuparé más adelante), deriva de la voluntad de las partes de someterse a un régimen jurídico especial de derecho público (43) . Este criterio fue justamente objetado, pues dejaría librado a la voluntad de las partes determinar la naturaleza del contrato, ya que en vez de que el régimen legal especial sea consecuencia de la naturaleza del acto, ésta dependerá de que las partes hayan querido o no sujetarse a un régimen legal determinado (44) . 6º El carácter "administrativo" de un contrato, contrariamente a lo que alguna vez se insinuó, no deriva ni puede derivar, en modo alguno, de la sola circunstancia de que la facultad para llevarlo a cabo surja de una ley -lato sensu- administrativa, sea ésta nacional o local; verbigracia: ley que autorice la venta de tierras fiscales a particulares (45) . En esos supuestos, como bien lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tales normas no alteran el carácter "civil" de la relación -desde luego, cuando, como ocurrió en el caso entonces resuelto, tal relación sea efectivamente "civil"-, pues no tienen más objeto que otorgarle "competencia" a la persona ideal para llevar a cabo el acto (46) . 7º Otro criterio propuesto para distinguir un contrato "administrativo" de un contrato de "derecho común" de la Administración, consiste en considerar contrato "administrativo" aquel que involucre ciertas prerrogativas para la Administración, las cuales se manifiestan
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en las llamadas cláusulas exorbitantes del derecho privado. Como consecuencia de tales cláusulas, el administrado cocontratante aparece verdaderamente en un estado de "subordinación" respecto de la Administración. Este criterio tiene plena vigencia y resulta idóneo, en determinadas situaciones, para calificar como "administrativo" un contrato. Pero dichas cláusulas exorbitantes pueden ser "expresas" o "específicas" -es decir, pueden hallarse concreta y especialmente incluidas en el contrato-, supuesto que entonces resulta claro y no apareja duda alguna, pues la cláusula está expresamente incluida en el contrato, derivando de esa circunstancia el carácter "administrativo" de éste; pero tales cláusulas también pueden ser simplemente virtuales, derivando ellas en este segundo caso, según lo haré notar más adelante, de la naturaleza "administrativa" del contrato. Esto último requiere la previa determinación del carácter del contrato, porque si éste no es "administrativo" no existen cláusulas exorbitantes virtuales. Hay contratos cuyo carácter "administrativo" surge de su propio objeto; vgr.: concesión de servicios públicos, relación de empleo o función pública, concesión de uso del dominio público, etc.; esos tipos de contratos son los que, como principio general, aparejan cláusulas "virtuales" exorbitantes del derecho privado. En cambio, hay otros contratos que son "administrativos" por la sola consideración de su objeto, pero que pueden adquirir dicho carácter cuando contengan una o más cláusulas exorbitantes especialmente incluidas, y éstas tiendan a lograr determinada finalidad (satisfacción del interés público -no el mero interés fiscal, por ejemplo- en cualquiera de sus manifestaciones). Por tanto, lo atinente a las "cláusulas exorbitantes" como rasgo que define al contrato administrativo, lo analizaré después de haber establecido cuándo, al margen de toda cláusula exorbitante, un contrato de la Administración debe considerarse "administrativo". 8º Por último, otro criterio propuesto para establecer cuándo hay uno u otro tipo de contrato de la Administración, consiste en considerar que el contrato será "administrativo", propiamente dicho, cuando su objeto sea el servicio público o una prestación de utilidad pública. Este criterio fue objeto de críticas. a) Se ha dicho que la noción de servicio público no es precisa, aparte de que la actividad del Estado no siempre se concreta en un servicio público: el Estado también necesita satisfacer otros fines que no constituyen ni implican precisamente un servicio público. Se dijo, asimismo, que no está debidamente establecido el grado e índole de la vinculación que debe existir entre la actividad del cocontratante y el servicio público. b) En cuanto a la noción de "utilidad pública", aunque es más amplia que la de servicio público, tampoco es precisa, por lo que, expresada así en términos generales, aparece como algo ambiguo y vago, impropio para servir de base al criterio distintivo que se busca. Para servir de base a un contrato "administrativo", la utilidad pública debe responder a determinadas características, según lo expresaré luego (nº 596). 595. De lo dicho en el parágrafo precedente resulta que los diferentes criterios de distinción propuestos, y ahí mencionados, no satisfacen como medios para distinguir los contratos
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"administrativos" de los contratos de "derecho común" de la Administración. Ni siquiera el punto de vista basado en las cláusulas exorbitantes del derecho privado (punto 7º del parágrafo anterior) satisface esa inquietud, pues en el caso de cláusulas exorbitantes "virtuales" -inherentes a todo contrato "administrativo"-, para aceptar la existencia de ellas previamente debe establecerse que efectivamente se está en presencia de un contrato "administrativo", propiamente dicho. ¿Qué datos o signos revelarán la presencia de este último? El criterio del "servicio público", por sí solo, y cualquiera sea el grado de vinculación del cocontratante con dicho servicio, no es idóneo para calificar como "administrativo" a un contrato, pues las funciones del Estado, susceptibles de ser materia contractual, no se concretan o reducen al servicio público, sino que pueden referirse a otras actividades; por ejemplo: concesión de uso sobre el dominio público, relación de empleo o función pública, etc., que, por cierto, no aparejan ni constituyen servicios públicos. En síntesis, y como luego lo pondré de manifiesto, los contratos de la Administración pueden ser "administrativos", stricto sensu, por dos razones: 1º por su "objeto", en cuyo caso aparejan cláusulas virtuales o implícitas exorbitantes del derecho privado; 2º cuando, no siendo "administrativos" por su objeto, contengan cláusulas "expresas" exorbitantes del derecho privado. Es justo reconocer que los tratadistas, en general, y la jurisprudencia del Consejo de Estado de Francia, en particular, aportaron juiciosos elementos de valoración. Pero no agotaron el análisis del tema. Este delicado asunto debe, entonces, estudiársele desde dos puntos de vista: 1º cuándo un contrato será "administrativo" por su propio "objeto"; 2º cuándo un contrato debe considerarse "administrativo" con prescindencia de su "objeto". 596. A. Contratos "administrativos" por razón de su "objeto". Indiscutiblemente, existen contratos que son "administrativos", propiamente dichos, por razón misma de su objeto. ¿Cuándo ocurre esto? Para unos ello sucede cuando la actividad del cocontratante (administrado) vincúlase a un "servicio público". Es la originaria y actual posición del Consejo de Estado de Francia y de los doctrinarios franceses (47) . Para otros ello ocurre cuando el contrato tiene por objeto una prestación de "utilidad pública" (48) . El criterio basado en el "servicio público" requiere la aclaración de dos cuestiones: 1º qué ha de entenderse aquí por servicio público; 2º cuál es el grado de vinculación de la actividad de cocontratante con el servicio público, ¿se refiere a la mera "organización", al "funcionamiento" o a la "ejecución" del servicio, y, en este último supuesto, cómo ha de manifestarse la actividad del cocontratante? más adelante volveré sobre estas cuestiones (nº 597).
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El criterio basado en la "utilidad pública", si bien conceptualmente es más amplio que el de servicio público, como ya lo expresé en un parágrafo anterior (nº 594, in fine), resulta harto vago y de contornos difusos. El derecho exige fórmulas concretas, pues esto hace a la "certidumbre" del mismo. Los dos conceptos -"servicio público" y "utilidad pública"- son, sin embargo, útiles para los fines de la distinción que se busca entre esos tipos de contratos. Pero no corresponde adscribir y limitar la existencia de los contratos "administrativos" al servicio público o a la utilidad pública. El concepto de contrato "administrativo" puede integrarse con el servicio público y con la utilidad pública, pero es un concepto más amplio; tanto es así que no todos los contratos administrativos tienen en cuenta el servicio público, stricto sensu, ni la utilidad pública, pues bien puede tratarse de la utilidad "privada" (ejemplo: concesión de uso de una cosa del dominio público, la cual se otorga inmediata y directamente en interés privado del concesionario, como ocurre en una concesión de uso de agua pública) (49) . En este ejemplo de contrato "administrativo" no hay servicio público ni utilidad pública, al menos "directa" e "inmediata" (ver precedente nota 45). ¿Cuál es entonces el concepto de contrato "administrativo" por razón de su objeto? Ante todo, por ser necesario para dar el concepto de contrato "administrativo", cuadra advertir, como lo haré notar más adelante (nº 611, punto 2º), que en dicho contrato la prestación objeto del mismo tanto puede estar a cargo de la Administración Pública como del administrado o particular. Esto determina la clasificación de los contratos administrativos, respectivamente, en contratos de "atribución" (verbigracia, concesión de uso del dominio público) y en contratos de "colaboración" (por ejemplo, concesión de servicio público). Sin embargo, los contratos "administrativos" donde la prestación objeto de los mismos está a cargo de la Administración (contratos de "atribución"), cuantitativamente son menos numerosos que los contratos donde la prestación está a cargo del administrado (contratos de "colaboración"). Tal diferencia en el contenido del contrato "administrativo" es trascendente para dar la noción conceptual del mismo, diferenciándolo del contrato de derecho común de la Administración Pública. La generalidad de la doctrina omitió esta consideración. La "prestación" que caracterizará al contrato como de "colaboración" o como de "atribución", es la prestación principal o fundamental "determinante" del contrato, o sea la que traduce o expresa la esencia o substancia de éste; así, en una concesión de uso del dominio público -contrato de "atribución"- la prestación que caracteriza como de "atribución" al contrato es la de la Administración Pública que pone el bien o cosa a disposición del concesionario, y no la prestación secundaria consistente en el eventual pago de un canon por parte del concesionario; en una concesión de servicio público -contrato de "colaboración"- la prestación que caracteriza como de "colaboración" a ese acuerdo contractual es la del concesionario que con su actividad satisface necesidades de interés general; etc. Se estará en presencia de un "contrato administrativo", propiamente dicho, por razón de su "objeto":
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1º Cuando, tratándose de una prestación a cargo del cocontratante (contrato de "colaboración"), dicha prestación se relacione, directa e inmediatamente, con alguna de las funciones esenciales o específicas del Estado, con los "fines públicos" propios de éste. 2º Cuando, tratándose de una prestación a cargo de la Administración Pública ("Estado") -contrato de "atribución"-, la prestación se refiera a un objeto que, dentro de lo jurídicamente posible como acto convencional o contractual, excluya la posibilidad de ser materia de un contrato entre particulares, sea por tratarse de un contrato cuya finalidad sea exclusiva del Estado, sea por tratarse de un objeto o de una figura jurídica que, perteneciendo exclusivamente al trato o comercio del derecho público, resulta insusceptible de ser utilizado en las convenciones o contratos que celebren los particulares entre sí (50) . Es fundamental, entonces, distinguir cuándo la "prestación" está a cargo del administrado y cuándo está a cargo de la Administración Pública. Las "funciones esenciales" del Estado, sus "fines públicos" específicos -que caracterizarían al contrato "administrativo" cuando la prestación está a cargo del cocontratante (contrato de "colaboración")-, surgen del ordenamiento jurídico general del país; entre nosotros, surgen esencialmente de la Constitución. Acerca de lo que ha de entenderse por "funciones esenciales" o "fines específicos" del Estado, por "fines públicos" propios de éste, véase el tomo 1º, nº 114. La actividad del cocontratante debe tender a facilitar el cumplimiento de esos "fines" por parte del Estado; pero no es necesario que el cocontratante cumpla, ejecute o realice, personal o directamente dichos "fines": basta con que contribuya a que ello sea posible. No se trata de una "substitución" del Estado por el administrado para el cumplimiento de las funciones o fines a cargo de aquél, sino de una mera "colaboración" del administrado con el Estado para que éste cumpla dichas funciones. Desde luego, tampoco es indispensable que el "fin" en cuestión constituya un "servicio público", aunque puede constituirlo (por ejemplo: contrato en cuyo mérito una persona particular toma a su cargo el transporte de correspondencia en determinada zona del país, lo cual constituye un servicio público que, de acuerdo al artículo 67 , inciso 13, de la Constitución, implica uno de los "fines esenciales" del Estado) (51) . Como ejemplo de contrato "administrativo" por razón de su "objeto", donde falta totalmente la noción de servicio público, puede darse el de un contrato de obra pública para la construcción de un edificio destinado a sede de un juzgado federal. La justicia constituye una "función" esencial, exclusiva y específica del Estado, pero no es un servicio público (ver tomo 2º, nº 301). El carácter "administrativo" de este contrato, por razón de su objeto, es obvio, pues hállase íntimamente relacionado con una de las funciones esenciales y específicas del Estado: la administración de justicia. Desde luego, también sería "administrativo", por razón de su "objeto", el contrato de obra pública referente a la construcción de un edificio para una comisaría de policía (policía de seguridad), pues la policía de seguridad, aparte de ser un servicio público, integra los fines esenciales del Estado (véase el tomo 2º, números 301 y 305), ya que el orden interno y la disciplina son bases inexcusables y esenciales de la convivencia (52) . Por lo demás, siendo substancialmente el contrato "administrativo", stricto sensu, un "acto administrativo", propiamente dicho, va de suyo que aquí cuadra tener presente lo expuesto
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al distinguir el "acto administrativo" del "acto civil" de la Administración (véase el tomo 2º, números 393 y 452). Autorizados escritores concuerdan con la idea básica que dejo expuesta. Así ocurre con el tratadista brasileño Ruy Cirne Lima (53) , con el expositor mexicano Gabino Fraga (54) , y estimo que también es ése el pensamiento del escritor español Fernando Garrido Falla (55) ; asimismo considero que es ése el criterio del autor español Eduardo García de Enterría (56) y del expositor venezolano Allan Randolph Brewer Carías (57) . Otros escritores, debido al curso que le dieron a su pensamiento, no resultan suficientemente claros en sus ideas, por lo que no sería razonable adscribirlos a un determinado sector doctrinal. En los supuestos que he mencionado, el carácter "administrativo" del contrato es evidente, pues en cumplimiento de sus funciones esenciales o específicas -"fines públicos", stricto sensu- la Administración desarrolla su actividad en el campo del derecho público, actuando como órgano estatal propiamente dicho. El derecho privado o común no interviene para regular las relaciones nacidas de esas vinculaciones contractuales. En cambio, si bien el Estado puede realizar actividades comerciales e industriales, éstas no constituyen funciones estatales stricto sensu, Los fines "específicos" del Estado no son comerciales o industriales: estos últimos no constituyen fines estatales específicos, ya que habitualmente implican o representan actividades propias de los particulares o administrados (véase el tomo 1º, números 267 y 114). La Constitución Nacional, entre los derechos de los habitantes del país, menciona, precisamente, los de comerciar y de ejercer toda industria lícita (artículo 14 ): no se trata, pues, de una actividad específica del Estado. Por eso los contratos de la Administración relacionados con su actividad comercial o industrial no constituyen contratos "administrativos", propiamente dichos, a menos que el contrato contenga alguna o algunas cláusulas exorbitantes "expresas"; esos contratos son entonces, por principio, de "derecho común". También en Francia se les ha negado carácter administrativo a los contratos relacionados con la actividad industrial o comercial del Estado (58) . Lo que antecede se refiere a los llamados contratos de "colaboración", donde la prestación hállase a cargo del cocontratante o administrado. En cambio, cuando la prestación esté a cargo de la Administración Pública -contratos de "atribución"-, para que el contrato sea "administrativo", propiamente dicho, la prestación debe referirse a una materia exclusiva de la posible contratación entre particulares, sea esto por tratarse de un contrato que responda a una "finalidad" exclusiva del Estado, o por tratarse de un objeto o de una figura jurídica que, perteneciendo exclusivamente al trato o comercio del derecho público, resulte insusceptible de ser utilizado en las convenciones o contratos que celebren los particulares entre sí. Ejemplos: 1º depósito de mercaderías en los galpones de la Aduana, tendiente a garantizar o fiscalizar el cobro de derechos aduaneros. La "finalidad" de este depósito sólo es concebible en un contrato de la Administración Pública actuando como tal. Véase el nº 606, letra l.; 2º concesión de uso sobre cosas del
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dominio público. Va de suyo que este último contrato, por razón de la materia, no puede tener lugar entre particulares. Etcétera. También aquí el carácter "administrativo" del contrato es obvio, porque en cumplimiento de sus funciones esenciales o específicas -"fines públicos", stricto sensu- la Administración desenvuelve su actividad en el campo del derecho público, actuando como órgano estatal propiamente dicho. El derecho privado o común no interviene para regular este tipo de relaciones contractuales. Cuando un contrato es "administrativo" por razón de su objeto, ese contrato apareja, en forma implícita o virtual, cláusulas exorbitantes del derecho común, de las cuales me ocuparé más adelante. Claro está que en un contrato pueden existir cláusulas exorbitantes del derecho privado incluidas "expresamente"; en este supuesto, aunque por su objeto el contrato no sea "administrativo", la sola existencia de tal o cuales cláusulas exorbitantes "expresas" lo tornan "administrativo". En páginas posteriores me ocuparé de esta cuestión. 597. Ciertamente, el "servicio público" no constituye ni agota la finalidad esencial y específica del Estado, pero "integra" o puede integrar dicha finalidad esencial y específica. En este sentido puede ser objeto de un contrato "administrativo". ¿Cuándo ocurre esto? Para determinar cuándo el servicio público puede ser objeto de un contrato "administrativo", propiamente dicho, nuevamente hay que distinguir entre contratos administrativos de "colaboración" y contratos administrativos de "atribución", es decir contratos donde la prestación está a cargo del cocontratante o a cargo de la Administración Pública, respectivamente. Tampoco en lo atinente al servicio público considerado como materia posible de un contrato administrativo, la doctrina hizo distingo alguno entre contrato de "colaboración" y contrato de "atribución", diferencia que no obstante es fundamental, según quedará de manifiesto en los párrafos que siguen. A. El servicio público en los contratos de "colaboración". Como lo dije precedentemente, el criterio basado en el "servicio público", por sí solo, y cualquiera sea el grado de vinculación del cocontratante con dicho servicio, no es idóneo para calificar como "administrativo" un contrato, pues las funciones o fines del Estado, susceptibles de ser materia contractual, no se concretan ni se limitan al servicio público. Sin embargo, el criterio basado en el servicio público constituye la originaria y la actual posición del Consejo de Estado de Francia, como así la de los doctrinarios franceses. Véase precedentemente, texto y nota 43. Dicho punto de vista -que en definitiva sólo toma en cuenta lo que se denomina contrato de "colaboración"- es seguido por los expositores de derecho administrativo de muchos otros países, y, aunque no exacto ni completo, es el criterio generalmente aceptado. Pero cuadra advertir que, en Francia, el criterio del servicio público se complementa con el de las "cláusulas exorbitantes" del derecho privado, según lo haré ver más adelante. Se acepta ahí que un contrato de la Administración es "administrativo" cuando la prestación
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del cocontratante tenga cierto grado de vinculación con el servicio público, o cuando el contrato contenga esas cláusulas exorbitantes. Para la existencia de ese tipo de contratos no es menester que concurran simultáneamente ambos requisitos: pueden existir conjuntamente o uno solo de ellos (59) . Ya dije precedentemente que el "servicio público" no constituye ni agota la finalidad esencial y específica del Estado -que substancialmente es la materia que puede determinar el carácter "administrativo" de un contrato de "colaboración"-, pero "integra" o puede integrar dicha finalidad esencial y específica, pudiendo en tal sentido ser "objeto" de un contrato "administrativo". Mas, como ya lo expresé con anterioridad (nº 596), con referencia al servicio público, considerado como objeto de un contrato administrativo, corresponde aclarar dos cuestiones: 1º qué ha de entenderse aquí por servicio público; 2º cuál es el grado que ha de tener la vinculación de la actividad o prestación del cocontratante con el servicio público. A la primera cuestión, corresponde contestar que debe tratarse de un servicio público "propio", prestado directamente por el Estado, o por una entidad autárquica. No puede ser de otra manera, ya que el contrato lo celebra la "Administración", lo cual implica que ha de tratarse de una actividad a cargo de ella y realizada por ella. Acerca de lo que ha de entenderse por servicio público "propio", véase el tomo 2º, nº 338. Algunos tratadistas, al preguntarse qué ha de entenderse aquí por "servicio público", contestan que tal expresión debe ser considerada en sentido lato, amplio, como comprensiva del interés público (60) . Pero dado el punto de vista que dejo expuesto acerca de la materia que puede ser propia de un contrato "administrativo" -lo relacionado con las funciones esenciales y específicas del Estado, con los "fines públicos" propios de éste-, considero innecesario hacer referencia al alcance que debe dársele a la expresión "servicio público", pues, de acuerdo a mi expresado criterio, y en el orden de ideas de que aquí se trata, el servicio público sólo debe considerarse en cuanto "integre" o pueda integrar las funciones esenciales y específicas del Estado, los "fines públicos" propios de éste, coincidiendo con tales finalidades. El "servicio público", pues, va comprendido en la noción de funciones esenciales y específicas del Estado, pero, por sí solo, es inidóneo para caracterizar como "administrativo" un contrato: el servicio público sólo podrá caracterizar como "administrativo" un contrato cuando la actividad pertinente integre las funciones esenciales o específicas del Estado, los fines públicos propios de éste. A la segunda cuestión, o sea al grado de vinculación que debe existir entre la prestación o actividad del cocontratante con el servicio público, la doctrina y jurisprudencia francesas actuales -especialmente posterior al año 1956- requieren que el grado de vinculación entre la actividad o prestación del cocontratante y el servicio público se refiera a la "ejecución" misma del servicio, teniendo el cocontratante una participación "directa" y "personal" en esa "ejecución"; los contratos que tuvieren por objeto "satisfacer necesidades" del servicio (verbigracia, algún tipo de suministro), pero sin tener por objeto la "ejecución" misma de él, en forma personal y directa por parte del cocontratante, no serían "administrativos", salvo si contuvieren alguna o algunas cláusulas exorbitantes del derecho común (61) .
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Es así como en Francia se consideró administrativo el contrato de la Administración con una compañía armadora para el transporte marítimo de tropas, de acuerdo a cuyo contrato la compañía no sólo proporcionaba el barco, sino que ella misma efectuaba el transporte de las tropas; de igual modo, dada la vinculación directa y personal con la ejecución del servicio, por parte del cocontratante, se consideró "administrativo" el contrato en cuyo mérito un matrimonio tomó a su cargo la alimentación de refugiados rusos en un centro de repatriación. Desde luego, los contratos donde el grado de vinculación de la actividad o de la prestación del cocontratante con el servicio público -en este caso, servicio uti universi, que a su vez traduce aspectos de la defensa nacional- sea el expresado procedentemente, han de considerarse "administrativos" por razón de su objeto, pues ello queda comprendido en las finalidades estatales. Pero estimo que la exigencia de que la actividad del cocontratante, con relación a la "ejecución" del servicio deba ser "personal" y "directa", es improcedente, por exagerada; tal exigencia linda con lo arbitrario y desnaturaliza la razón misma que justifica la existencia o admisión de los contratos administrativos como figuras jurídicas autónomas: "facilitar", en forma directa e inmediata, que el Estado cumpla sus fines específicos. Adviértase bien que en el contrato "administrativo", stricto sensu, la prestación del cocontratante no tiene precisamente por objeto substituir al Estado en el cumplimiento de sus funciones esenciales, sino únicamente "colaborar" con el mismo para facilitarle el cumplimiento de tales funciones. Así como respecto a las funciones esenciales o específicas del Estado -"fines públicos" de éste-, cuya satisfacción es la que verdaderamente sirve de fundamento al contrato "administrativo", es suficiente con que la actividad del cocontratante tienda a facilitar el cumplimiento de esos "fines" o "funciones" por parte del Estado, sin que sea necesario que el cocontratante cumpla, ejecute o realice, personal o directamente dichos fines, bastando con que contribuya a que ello sea posible, lo mismo cuadra decir de la actividad del cocontratante cuando el contrato tenga por objeto un servicio público. No hay razón alguna que "justifique" lo contrario. Y tampoco hay razón alguna que "exija" lo contrario, ya que el referido grado de vinculación del cocontratante con el servicio público armoniza ampliamente con el carácter "administrativo" que en la especie tendría el contrato, y con el hecho indiscutible de que en tales acuerdos contractuales la prestación o actividad del cocontratante no tiene por objeto "substituir" al Estado en el cumplimiento de sus funciones o realización de sus fines, sino únicamente "facilitar" que el Estado pueda cumplirlos. En consecuencia, tratándose de un contrato relacionado con un "servicio público", aquél será "administrativo" cuando la actividad o prestación del cocontratante, sin ser personal y directa en la "ejecución" y "funcionamiento" del servicio, sea, no obstante, "indispensable" para que tengan lugar dicha ejecución y ese funcionamiento del servicio, aunque el cocontratante no intervenga directa y personalmente en tal ejecución o funcionamiento. Así, sería "administrativo" el contrato de suministro en cuyo mérito el cocontratante se obliga a proveer el combustible necesario para las aeronaves afectadas al servicio público estatal de transporte. En cambio, sin perjuicio de la distinción que luego mencionaré, no sería "administrativo" el contrato de acuerdo al cual una persona se encarga de proveer los víveres para alimento de los pasajeros de dichas aeronaves. En el primer caso, sin la
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expresada prestación del cocontratante, el servicio no puede funcionar; en el segundo supuesto, la prestación se refiere a algo que no impide el "funcionamiento" del servicio: sólo tiende a satisfacer conveniencias del mismo. Por cierto, determinar cuándo la actividad o la prestación del cocontratante, sin ser personal y directa en la "ejecución" o "funcionamiento" del servicio, es o no "indispensable" para que el funcionamiento o la ejecución del mismo tengan lugar, aunque el cocontratante no intervenga directa y personalmente en tal ejecución o funcionamiento, constituye una cuestión de hecho que debe dilucidarse en cada caso concreto. Los ejemplos dados acerca de contratos de suministro de "combustibles" para las aeronaves afectadas al servicio público estatal de transporte, y de "víveres" para alimento de los pasajeros de dichas aeronaves son, sin embargo, elocuentes e ilustrativos. La expresada provisión de combustible es "indispensable" para la ejecución o funcionamiento del servicio. Sin combustible el servicio aéreo no funciona, como tampoco funcionaría sin el propio avión o aeronave. Para la ejecución o funcionamiento de ese servicio es tan importante la aeronave misma como el combustible. Con sólo la aeronave el servicio no puede funcionar; tampoco puede funcionar con sólo el combustible. En cambio, en el caso del contrato de suministro de víveres la situación es distinta, por cuanto la provisión de alimentos para los pasajeros no hace a la "ejecución" misma del servicio de transporte, a su "funcionamiento", sino a que éste resulte más confortable. Dicha provisión de alimentos no se refiere, pues, a la ejecución misma del servicio, a su funcionamiento sino meramente a la satisfacción de "necesidades" o "conveniencias" del mismo (62) . Como consecuencia de lo dicho, el criterio basado en el servicio público, tal como resulta de la jurisprudencia y de la doctrina francesas, no es aceptable para caracterizar como "administrativo" a un contrato: 1º ante todo, porque el "servicio público", como concepto determinante de ese carácter del contrato, es harto limitado, ya que sólo constituye un posible aspecto de las funciones esenciales y específicas del Estado, de los fines públicos propios de éste, en los que ciertos servicios públicos van implícitos; 2º porque el grado de vinculación exigido a la prestación o a la actividad del cocontratante es improcedente, por exagerado. No obstante, con las salvedades que dejo formuladas en el presente parágrafo, la noción de "servicio público", a los efectos aquí considerados, puede ser de utilidad para calificar como administrativo un contrato de "colaboración". Pero, por no encuadrar en las funciones esenciales y específicas del Estado -y como ya lo expresé precedentemente, nº 596, texto y nota 51, y sin perjuicio de lo manifestado en la anterior nota 55 respecto al servicio de transporte aéreo a cargo de la Nación-, los contratos que la Administración celebre con particulares o administrados con motivo o a raíz de los servicios públicos que algunos llaman "industriales" o "comerciales" no son contratos "administrativos", propiamente dichos, salvo que el contrato contenga alguna o algunas cláusulas exorbitantes "expresas", en cuyo caso el contrato es tan "administrativo" como si fuere tal por su propio "objeto" (63) . B. El servicio público en los contratos de "articulación".
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¿Cuál es la índole de las relaciones que se establecen entre el Estado que "presta" un servicio público y el usuario que lo "utiliza"? Corresponde advertir, ante todo, que en este ámbito jurídico sólo puede hablarse de relación "contractual" cuando se trate de servicios públicos uti singuli de utilización voluntaria o facultativa, lo cual reduce considerablemente el aspecto "convencional" en materia de servicios públicos (ver tomo 2º, nº 358). En los casos de servicios públicos a cargo de la Administración Pública, la relación contractual que exista entre el Estado que presta el servicio y el administrado que lo utiliza, constituye un contrato donde la prestación está a cargo del Estado -contrato de "articulación"-, en los que el criterio para determinar su naturaleza jurídica es distinto del que debe aplicarse para determinar la naturaleza de los contratos donde la prestación está a cargo del administrado -contratos de "colaboración"-, según así quedó dicho precedentemente. Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo que antecede, que es fundamental, la naturaleza de la relación que se forme entre la Administración Pública y el administrado con motivo de la utilización de un servicio se determina de acuerdo al sistema jurídico propio del servicio público, a cuyo status particular hay que atenerse. Así, por ejemplo, si bien el servicio de correos constituye una actividad que integra los fines específicos del Estado, los fines propios de éste (Constitución Nacional, artículo 67 , inciso 13), y a pesar de que la "renta" de Correos figure entre los rubros que forman el Tesoro nacional (Constitución, artículo 4º ), la relación o vínculo que se establezca entre el Estado que presta dicho servicio público y el administrado que lo utiliza, no constituye un contrato "administrativo", propiamente dicho, sino un contrato de derecho común de la Administración, pues no se trata de "colaborar" con la Administración Pública para que ésta desarrolle su actividad específica (que determinaría un contrato administrativo de "colaboración"): se trata de hacer uso de un servicio público uti singuli de utilización voluntaria o facultativa (ver tomo 2º, páginas 167-168; asimismo, véase la precedente nota 45 ter), cuyo régimen jurídico particular es de aplicación prevaleciente respecto a las demás reglas de derecho. Por otra parte, la índole de la actividad que desarrolla el Estado al prestar el servicio público de correos -transporte de correspondencia- no excluye la posibilidad de ser materia de un contrato entre particulares, ya que la propia ley de Correos admite como posible que en casos determinados e incluso con relación a cierto tipo de correspondencia, dicho transporte se efectúe con prescindencia del Estado (ley 816, artículos 5º y 6º) (64) , es decir que en tales supuestos el transporte de referencia puede ser materia contractual entre particulares, lo que entonces excluye la posibilidad de un contrato "administrativo" de "atribución", pues éste requiere que la materia del contrato no pueda ser objeto de una relación contractual entre particulares. Véase el nº 596, donde me he referido a cuándo un contrato puede ser "administrativo", propiamente dicho, por razón de su "objeto", estando la prestación a cargo de la Administración Pública (contrato de "atribución").
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598. B. Contratos "administrativos" con prescindencia de su "objeto". Las "cláusulas exorbitantes" del derecho común. Sin serlo por razón de su "objeto", un contrato de la Administración puede ser "administrativo", propiamente dicho, cuando él contenga "cláusulas exorbitantes" del derecho común, vale decir cláusulas que sobrepasan el ámbito de ese derecho, sea porque en éste dichas cláusulas son inusuales o porque, incluidas en un contrato de derecho privado, resultarían ilícitas por exceder el ámbito de la libertad contractual (65) . En tales supuestos el contrato será "administrativo" por el solo hecho de contener dichas "cláusulas exorbitantes" del derecho común, con prescindencia total de su "objeto". Algunos tratadistas, como Vedel, consideran que las expresadas "cláusulas exorbitantes" son las que en derecho privado resultan "inusuales" (66) . Otros expositores, como Waline, estiman que tales cláusulas son las que en un contrato de derecho común resultarían "ilícitas" por contrariar al orden público (67) . Estimo que los dos criterios precedentes son admisibles para caracterizar como "administrativo", stricto sensu, un contrato, a raíz de que él contenga cláusulas exorbitantes del derecho común. De manera que, como lo expresé al comienzo de este parágrafo, una cláusula puede resultar exorbitante del derecho privado cuando ella sea inusual en los contratos de derecho común, o cuando su inserción en éstos resulte ilícita por contrariar el orden público. No es menester que la cláusula sea "simultáneamente" inusual e ilícita: basta con que tenga una u otra de estas características, aunque puede ocurrir que la cláusula exorbitante reúna al mismo tiempo ambos caracteres. Serían "inusuales" en derecho privado las cláusulas siguientes: la que faculte a la Administración Pública a rescindir el contrato por sí y ante sí; la que faculte a la Administración a dar instrucciones a su cocontratante, acerca de cómo debe ir cumpliendo el contrato; la que le confiera a la Administración poderes de control fuera de lo común (68) . Esto último es así porque, como lo manifiesta un autor, las cláusulas que supeditan el cumplimiento del contrato al control riguroso de una de las partes son inhabituales en derecho privado entre personas particulares, donde, en general, el que asume una obligación dispone de cierta libertad para su ejecución: la sanción sólo se producirá posteriormente si la ejecución fue defectuosa. En cambio, agrega dicho tratadista, el control preventivo o concomitante es habitual o de práctica corriente en la Administración (69) . Pero no toda cláusula generalmente incluida en los contratos "administrativos", propiamente dichos, debe considerarse -por eso sólo- exorbitante del derecho común. Así, las que establecen ciertos requisitos para la selección del cocontratante, como por ejemplo las que exigen el procedimiento de la "licitación" -en cualquiera de sus especies-, no son ni implican cláusulas exorbitantes del derecho común, pues dicho procedimiento también tiene vigencia en los contratos de derecho privado, entre particulares (70) . Tampoco sería exorbitante del derecho común una cláusula que establezca contractualmente penalidades por retardo (71) , pues tal tipo de estipulaciones, aparte de no ser ilícito en los contratos entre particulares, es habitual en ellos. Del mismo modo, la referencia que en un contrato de la Administración se haga a un "pliego de condiciones" no implica, por sí sola, una cláusula
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exorbitante; para que la implique es indispensable que dicho "pliego de condiciones" contenga, a su vez, alguna o algunas disposiciones que efectivamente constituyan cláusulas exorbitantes del derecho común; si esto último no ocurre, la referencia al "pliego de condiciones" es irrelevante a los efectos de que aquí se tratan. Con buen criterio, así lo resolvió el Consejo de Estado de Francia (72) . Sería "ilícita" en derecho privado la cláusula que, para el supuesto de falta de pago, faculte al acreedor hipotecario a vender, por sí mismo y sin intervención de la justicia, el inmueble gravado (73) . En derecho público la solución es distinta; de ahí, por ejemplo, la validez de la cláusula exorbitante que rige en materia de préstamos con garantía hipotecaria acordados por el Banco Hipotecario Nacional, según cuya cláusula, en el caso de falta de pago, el Banco puede disponer directamente la venta del inmueble gravado, prescindiendo de los tribunales de justicia (74) . En un contrato de la Administración, la inclusión de cláusulas que en los contratos de derecho privado son "inusuales" o "ilícitas" convierte al contrato de la Administración en un contrato "administrativo", propiamente dicho. Trátase de cláusulas a través de las cuales, en definitiva, se le reconocen a la Administración prerrogativas de poder (75) . Estas prerrogativas no se conciben en un contrato entre personas particulares. Hay ciertas cláusulas que, como quedó expresado, si se las incluye en un contrato de derecho común, celebrado entre particulares, serían ilícitas; vgr., la que, para el supuesto de falta de pago, autorice al acreedor a vender por sí y ante sí, sin intervención de la justicia, el inmueble gravado con hipoteca en garantía del préstamo. Sin embargo, tal cláusula, como ya lo expresé, existe válidamente en los contratos de préstamos celebrados entre el Banco Hipotecario Nacional (entidad autárquica institucional) y los administrados o particulares. En este supuesto, la facultad de vender el inmueble, por sí y ante sí, resulta coherente con prerrogativas típicas que a la Administración Pública le corresponden para el afianzamiento de ciertas potestades, para la protección del interés general y para la protección de ciertos "bienes" -cosas y derechos-, pues para ello dispone del privilegio de la "autotutela", expresión concreta de uno de los caracteres del acto administrativo: la "ejecutoriedad propia" del mismo, que se distingue de la ejecutoriedad "impropia" (76) . Es lo que la doctrina francesa denomina action d´office ou préalable, o simplemente privilège du préalable (77) . En Francia, tanto la doctrina como la jurisprudencia del Consejo de Estado consideran, con acierto, que cláusulas tales son "exorbitantes" del derecho privado, convirtiendo en "administrativo" el pertinente contrato (véase autores citados en la nota 67). La importancia de la cláusula exorbitante en la teoría de los contratos "administrativos" es, pues, evidente. Más aún: un prestigioso tratadista afirma que dicha cláusula en la mayoría de los casos constituye la nota que diferencia los contratos administrativos de los contratos de derecho común de la Administración Pública (78) . Diríase que, "cuantitativamente", son más los contratos "administrativos", propiamente dichos, por contener "cláusulas exorbitantes" que por razón de su "objeto" específico, bastando advertir al efecto que
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incluso existen contratos administrativos "innominados", carácter íntimamente vinculado a la inclusión de "cláusulas exorbitantes". Para concluir con lo atinente a la noción conceptual de "cláusula exorbitante", corresponde tener presente -como lo haré notar en el parágrafo próximo- que éstas pueden ser expresas o implícitas. 599. En los contratos "administrativos", propiamente dichos, hay dos tipos de cláusulas exorbitantes del derecho privado: las virtuales o implícitas y las expresas, especiales o concretas. Las primeras corresponden a todos los contratos que son "administrativos" por razón de su propio "objeto"; es lo que ocurre en la concesión de servicio público; en la concesión de uso de una cosa de dominio público; en la relación de función o empleo público; etc. En toda esta categoría de contratos, las cláusulas exorbitantes "virtuales" constituyen expresiones de potestades o prerrogativas que le corresponden a la Administración Pública en su carácter de órgano esencial del Estado, en cuanto ella ejercita su capacidad para actuar en el campo del derecho público. Entre tales cláusulas implícitas o virtuales corresponde mencionar las siguientes: a) aquella en cuyo mérito la Administración Pública tiene "ejecutoriedad propia" respecto a sus actos, o sea la action d´office o el privilège du préalable de la doctrina francesa; b) la que faculta a la Administración Pública a "modificar" unilateralmente las obligaciones de su cocontratante, todo esto sin perjuicio de los correlativos derechos de éste derivados de esa modificación unilateral; c) la que autoriza a la Administración Pública a rescindir -extinguir- por sí y ante sí el contrato; d) aquella en cuya virtud la Administración le confiere a su cocontratante poderes respecto a terceros (así, por ejemplo, el concesionario de un servicio público puede obtener atribuciones de carácter policial, derecho de expropiar, de imponer servidumbres administrativas, etc.); e) la que faculta a la Administración Pública a dirigir y controlar, en forma constante o acentuada, el cumplimiento o ejecución del contrato (79) ; etc. En todo contrato "administrativo" por razón de su "objeto", las cláusulas exorbitantes, aunque no aparezcan escritas en el texto del contrato, existen siempre en forma virtual o implícita como resultante de la índole misma del contrato: trátase de una cuestión de "principio" que, por tanto, no requiere norma expresa que la establezca. Las segundas, o sea las cláusulas exorbitantes "expresas" o "especiales", son las incluidas concretamente en contratos que no son "administrativos" por su "objeto" mismo, pero que se convierten en "administrativos" a raíz de la cláusula exorbitante. Como consecuencia de esto, las cláusulas exorbitantes "expresas" o "especiales" pueden surgir o resultar: 1º, del texto mismo del contrato, en el cual la cláusula haya sido concretamente incluida; 2º, del complejo de textos o preceptos legales que regulen la actividad del ente de la Administración Pública, a cuyo complejo normativo el cocontratante se "adhiere", ateniéndose a tal complejo, en el cual hállase establecida o comprendida la cláusula exorbitante; vgr., contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado ente un particular y el Banco Hipotecario Nacional, en cuyo contrato, a título de cláusula exorbitante, debe considerarse la disposición de la ley orgánica de dicho Banco, en cuya virtud, en el
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supuesto de falta de pago, para lograr el reintegro del préstamo hipotecario, la "venta" del inmueble gravado la efectúa el propio Banco, por sí y ante sí, sin recurrir previamente para ello a los tribunales de justicia (80) . 600. Incluida en un contrato de la Administración, la cláusula exorbitante "expresa" convierte al contrato en "administrativo", carácter que entonces derivará precisamente de la "cláusula exorbitante". Si el contrato ya fuere administrativo por razón de su "objeto", la inclusión de la cláusula exorbitante carecerá entonces de importancia para determinar la naturaleza "administrativa" del contrato: éste seguirá siendo "administrativo" por razón de su "objeto". La cláusula exorbitante "expresa" no altera la índole "administrativa" de un contrato, derivada ésta del "objeto" del mismo. Los efectos de un contrato "administrativo", así caracterizado por la existencia de una cláusula exorbitante, son los de todo contrato administrativo por razón de su propio "objeto" (81) , aparte, desde luego, de los efectos específicos o especiales que puedan derivar en particular de la cláusula exorbitante. Esto es así por la razón misma en cuyo mérito una cláusula exorbitante convierte en "administrativo" el respectivo contrato, o sea porque dicha cláusula revela o indica que las partes se han colocado bajo un régimen de poder o de derecho público, reconociéndole a la Administración el ejercicio de prerrogativas públicas (véase el parágrafo próximo, nº 601). De modo que el contrato "administrativo" por razón de cláusulas exorbitantes "expresas", apareja dos órdenes de prerrogativas para la Administración: 1º, la concretamente derivada de la cláusula exorbitante expresa; 2º, las prerrogativas implícitas emergentes de las cláusulas exorbitantes virtuales inherentes a todo contrato administrativo, sea éste por su objeto o por contener cláusulas exorbitantes expresas. 601. En un contrato de la Administración, la inclusión de una cláusula exorbitante del derecho común convierte a dicho contrato en "administrativo", propiamente dicho, porque a través de ella se le reconocen a la Administración prerrogativas de poder, que no se conciben en los contratos entre personas particulares. Tales prerrogativas tienden a la eficaz satisfacción de los respectivos fines específicos o funciones esenciales del Estado, es decir, de los fines públicos de éste (82) . 602. No cualquier texto, disposición, expresión o manifestación, incluidos en la legislación o en el contrato pueden constituir, jurídicamente, una "cláusula exorbitante expresa" que sirva de base para caracterizar como "administrativo" -propiamente dicho- a un contrato de la Administración Pública. Es necesario que el "contenido" de dicha cláusula no exceda de determinados límites. De lo contrario la cláusula en cuestión sería írrita. ¿Cuáles son esos límites? El límite hasta donde puede llegar una cláusula exorbitante "expresa", sin violar la juridicidad, coincide con el límite posible de las potestades o prerrogativas públicas del Estado. Esto determínase por aplicación razonable y armónica de los textos y principios de
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la Constitución. Ninguna cláusula exorbitante "expresa" puede implicar un agravio a la letra o al espíritu de la Ley Suprema. Pero dentro de lo que la Constitución permita, será lícita toda cláusula exorbitante expresa. Puede verse precedentemente, texto y notas 66 y 69. La validez de dichas cláusulas deriva, pues, del propio hecho de que, mediante ellas, se le reconozcan a la Administración Pública "prerrogativas de poder". Si la cláusula en cuestión traduce efectivamente una "prerrogativa de poder", su validez será evidente. Esa correlación armónica entre la "cláusula exorbitante expresa" y la "prerrogativa de poder" surgirá cuando efectivamente se trate de una prerrogativa de tal índole, lo que a su vez exige que el "contenido" de la cláusula no vulnere "norma" o "principio" alguno de la Constitución. Como bien se ha dicho, el Estado no puede prescindir de su carácter de "poder" aun en las relaciones contractuales, y si no impone como poder el contrato, impone al que quiere contratar con él, condiciones que dejan a salvo ese poder (83) . Esto, a la vez que justifica la validez de las cláusulas exorbitantes "expresas", también determina, como lo dejo dicho, el "límite" de la "juridicidad" de tales cláusulas: todo aquello que, de acuerdo al orden jurídico general vigente, exceda de las posibles potestades o prerrogativas del "poder" inherentes al Estado -o a sus órganos esenciales-, determina la invalidez de la respectiva "cláusula exorbitante expresa" (84) . 603. La distinción entre un contrato "administrativo", propiamente dicho, y un contrato de "derecho común" de la Administración Pública, es fundamental, dadas las diferentes consecuencias jurídicas que derivan de cada uno de ellos. Así lo reconoce la doctrina (85) . En lo esencial, tales diferencias se concretan en lo siguiente: a) Régimen jurídico substantivo. El contrato de "derecho común" de la Administración Pública, por principio, hállase sometido a las normas del derecho privado. El contrato "administrativo" se rige por las normas y principios del derecho público (86) ; entre estas últimas normas y principios es oportuno recordar que en los contratos administrativos por razón de su "objeto", las cláusulas exorbitantes del derecho privado existen "virtual" o "implícitamente", en tanto que en los contratos que son "administrativos" por virtud de cláusulas exorbitantes, éstas deben ser "expresas" (ver nº 599). b) No obstante lo expresado en el parágrafo que antecede, cabe tener presente que, dado que la diferencia entre el contrato de "derecho común" de la Administración Pública y el contrato "administrativo", propiamente dicho, es "substancial" u "objetiva" y de ningún modo "orgánica" o "subjetiva", en ambos tipos de contratos de la Administración lo relacionado con la "competencia" del órgano de la Administración para emitir el acto se rige por las disposiciones del derecho público ("administrativo" en la especie). Lo mismo cuadra decir de la "expresión de la voluntad" por parte de la Administración. Ver tomo 2º, nº 393 y el precedente nº 594.
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c) Jurisdicción contenciosa. En caso de controversia o contienda, la jurisdicción ante la cual debe recurrirse varía: tratándose de un contrato "administrativo", stricto sensu, dicha jurisdicción es la que el ordenamiento jurídico imperante haya establecido para entender en lo contencioso-administrativo; tratándose de un contrato de "derecho privado", dicha jurisdicción es la civil o comercial de los tribunales pertinentes (87) . Aparte de ello, en lo que respecta a nuestro país debe tenerse en cuenta que, si se tratare de demandas contra provincias, la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo procederá, aparte de otros requisitos, tratándose de contratos de "derecho común", pues tales contratos entran en el concepto de "causa civil", requisito que, desde un principio, estableció la ley reglamentaria del artículo 101 de la Constitución (ley 48, artículo 1º , inciso 1º), y mantiene la ley actual (artículo 24 , inciso 1º, del decreto-ley 1285, del 4 de febrero de 1958, ratificado por la ley 14467 ), como asimismo fue exigido inexcusablemente al efecto por la Corte Suprema de Justicia (entre otros fallos del tribunal, véanse: tomo 179, página 455; tomo 184, páginas 73 y 92-94; tomo 187, páginas 202-203; etc.) (88) . d) Medios de impugnación. El recurso "jerárquico" no procede respecto a actos relacionados con contratos de "derecho común" de la Administración, pues tal recurso sólo es admisible con relación a actos "administrativos". Véase el tomo 1º, nº 254. Con relación a contratos de derecho privado de la Administración, sólo es admisible la demanda judicial ordinaria, que deberá promoverse en las condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico. En cambio, el recurso "jerárquico" sería procedente contra actos relacionados con contratos "administrativos" stricto sensu, ya sea que el carácter "administrativo" del contrato derive del objeto de éste o de la existencia de cláusulas exorbitantes. Si la resolución que recaiga en dicho recurso jerárquico fuere adversa al administrado, ello surtirá efectos de "denegación administrativa" y autoriza la promoción directa de la acción contencioso-administrativa, en tanto lo permita la cuestión debatida (véase el tomo 1º, nº 281). 604. En los casos de duda acerca de si un contrato de la Administración es "administrativo", propiamente dicho, o de "derecho común", cómo se resuelve la cuestión ¿debe considerarse que el contrato es "administrativo" o de "derecho común"? Vedel, citando un fallo del Tribunal de Conflictos de Francia, sostiene que en esos casos la "presunción" debe ser en favor de que el contrato es de "derecho privado". Considera que ello es así porque es lógico presumir -dice- que cuando la Administración recurre a la vía contractual, se coloca bajo el imperio del derecho privado, que rige los libres acuerdos de voluntad, y que, en consecuencia, el carácter "administrativo" que contradiga esa presunción natural exige, para ser aceptado, la prueba de ciertas particularidades (89) . No comparto tal opinión: a) En primer término, porque no es aceptable la afirmación de que los libres acuerdos de voluntad estén regidos por el derecho privado; también el derecho público admite esos acuerdos, en tanto sean compatibles con las modalidades del mismo. En ambos campos del derecho -privado y público- pueden tener lugar los acuerdos de voluntad. Y si bien en
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derecho público los acuerdos de voluntad tienen sus lógicas limitaciones, también los tienen en el derecho privado, donde el orden público, por ejemplo, actúa con límite de la libertad contractual. En ninguno de los campos del derecho existe libertad ilimitada para contratar: en cada uno de esos campos hay limitaciones a la libre expresión de la voluntad, limitaciones propias de la naturaleza de cada una de esas ramas del derecho. b) En segundo término, porque la presunción de que hace mérito el autor citado contradice el principio fundamental de esta materia, en cuya virtud el campo propio y natural de la Administración Pública es el del derecho público. Excepcionalmente la Administración Pública sale de su ámbito y actúa en el campo o esfera del derecho privado (90) . El quehacer propio y normal de la Administración Pública corresponde a sus "funciones específicas", a sus "fines públicos"; lo excepcional es que la Administración Pública actúe fuera de sus fines públicos específicos. Esto es de lógica elemental. El derecho público constituye, pues, el ámbito natural de la Administración Pública, y los contratos que ésta celebra en esta esfera jurídica son "administrativos", propiamente dichos. Tal es el principio. Por tales circunstancias, los contratos que celebre la Administración han de reputarse "administrativos", stricto sensu, salvo demostración en contrario, que en cada caso requerirá un análisis de los elementos del respectivo contrato. En los casos de duda -de una "razonable" duda, se entiende-, los contratos de la Administración Pública deben, pues, considerarse "administrativos": así lo exige el principio fundamental a que hice referencia. En cambio, y por identidad de razón, los contratos que la Administración Pública celebre indubitablemente fuera de sus funciones específicas de órgano estatal, fuera de sus fines públicos stricto sensu -por ejemplo, dentro de la actividad industrial o comercial que ella ejercitare-, por principio han de reputarse contratos de "derecho común", salvo también prueba o demostración en contrario (91) . 605. El contrato de la Administración Pública, para revestir carácter "administrativo", propiamente dicho, no es indispensable que sea de tracto sucesivo o continuado. Puede revestir aquel carácter aunque sea de cumplimiento instantáneo, es decir, que su duración no exija prestaciones sucesivas de parte del cocontratante. Una sola prestación puede bastar para atribuirle carácter "administrativo", stricto sensu, a un contrato de la Administración. Es común creer que el contrato de la Administración, para tener carácter "administrativo", debe ser de tracto sucesivo o continuado. Esto constituye un error, que se explica, principalmente, ante la circunstancia de que un caracterizado sector jurisprudencial y doctrinal -el francés-, para tener como "administrativo" a un contrato considere que el cocontratante debe vincularse al "servicio público" mediante una colaboración que ofrezca un mínimo de permanencia (92) . Pero ya en parágrafos precedentes puse de manifiesto lo inaceptable de semejante criterio como determinante del carácter "administrativo" de un contrato por razón de su objeto, ya que éste se determina con relación a otro punto de vista, o sea el referente a si la prestación del cocontratante se refiere o vincula, directa e
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inmediatamente, a alguna de las funciones esenciales o específicas del Estado, a los "fines públicos" propios de éste (nº 596). El contrato "administrativo" generalmente es de tracto sucesivo o continuado, pero puede no serlo. Un contrato puede ser "administrativo" no obstante ser de cumplimiento instantáneo, a través de una prestación única de parte del cocontratante. Lo que caracteriza a un contrato "administrativo" es su "objeto" o la inclusión "expresa" de una o varias "cláusulas exorbitantes" del derecho común, pero en modo alguno la "duración" de ese contrato, ni la cantidad de prestaciones a cargo del administrado. En los casos ocurrentes, pues, para determinar si un contrato de la Administración Pública es "administrativo", propiamente dicho, o de "derecho común", el intérprete debe prescindir de toda consideración acerca de si las prestaciones a cargo del cocontratante son o no de tracto sucesivo: sólo debe atenerse al "objeto" del contrato o a la existencia o inexistencia de "cláusulas exorbitantes" -expresas- del derecho común. No hay razón alguna de principio que obste al carácter "administrativo" de un contrato cuyos efectos cesen con el cumplimiento de su objeto, aunque éste consista en una prestación única a cumplirse en una sola vez. Con acierto un autor pudo decir que el carácter único y aislado o el carácter sucesivo y continuo de la prestación no tienen valor sistemático, en el sentido de que el contrato de prestación única deba ser siempre de derecho común y que sólo el de prestación sucesiva o continuada deba tenerse como "administrativo". Ello sería excesivo, dice; concluye afirmando que si bien la distinción entre prestación única y prestación sucesiva puede ser útil respecto a la aplicación de cierto aspecto de la teoría de los contratos administrativos, por ejemplo la teoría de la imprevisión, en lo atinente a la determinación del carácter "administrativo" o de "derecho común" del contrato, tal distinción no es útil, porque el contrato de prestación única, si bien generalmente es de "derecho común", puede no serlo, constituyendo entonces un contrato administrativo (93) . El tracto sucesivo o el cumplimiento prolongado de un contrato no constituyen requisitos esenciales para que un contrato de la Administración Pública se caracterice como "administrativo" stricto sensu. Puede haber contrato "administrativo" aunque la prestación del cocontratante sea única o aislada, de cumplimiento instantáneo. La naturaleza "administrativa" de un contrato no depende precisamente de la cantidad de prestaciones, de la forma de cumplimiento del mismo, ni de su duración, sino de su "objeto" (vinculación de la prestación del cocontratante con las funciones esenciales y específicas del Estado, con los fines públicos propios de éste, o prestación a cargo de la Administración Pública insusceptible de ser materia convencional entre particulares), o de la existencia de "cláusulas exorbitantes" -expresas- del derecho privado, todo ello en los términos ya expuestos. Tal es la solución de "principio" (94) . Desde luego, cuando el legislador, para tener a determinado contrato como "administrativo", exija que el mismo sea de tracto sucesivo, habrá que atenerse a tal exigencia, dado el carácter obligatorio de las leyes. Así ocurre, por ejemplo, en Portugal respecto al contrato de suministro, que sólo es considerado "administrativo" en los casos en
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que las prestaciones sean "continuadas" (Código Administrativo de Portugal, artículo 815, inciso 2º) (95) . Pero semejante calificación legal carece de valor científico: trátase de una mera expresión del arbitrio legislativo (véase el precedente nº 594, punto 2º). 606. Después de lo expresado en los parágrafos que anteceden, correponde indicar ahora cuáles son los contratos "administrativos", propiamente dichos, más frecuentes. Trátase de una mera mención de esos principales contratos, dejando el análisis de ellos para cuando sean considerados en particular. En primer lugar, existen contratos "administrativos" por razón misma de su "objeto". Trátase de contratos sólo concebibles siendo "parte" en ellos la Administración Pública, porque sólo ésta puede celebrarlos. Los particulares o administrados no pueden formalizarlos entre sí, por cuanto la materia no pertenece a su esfera jurídica. En segundo lugar, hay contratos que sin ser "administrativos" por razón de su "objeto", lo son a raíz de que contienen "cláusulas exorbitantes" del derecho privado, y tales cláusulas están "expresamente" incluidas en el contrato. Entre los del primer grupo (contratos que son "administrativos" por razón de su "objeto") pueden mencionarse: a) La concesión de servicios públicos (96) . b) La construcción de obras públicas (97) . c) La concesión de obras públicas (98) . d) La concesión de uso de bienes del dominio público (99) . e) La relación de función o empleo público (100) . f) El contrato de suministro, cuando la prestación a cargo del cocontratante se relacione o vincule, directa e inmediatamente, a las funciones esenciales o específicas del Estado, a los fines públicos propios de éste. Así, por ejemplo, serían "administrativos" los siguientes contratos de suministro: 1º, cuando el cocontratante se obliga a proveer el combustible necesario para las aeronaves afectadas al servicio público estatal de transporte (101) ; 2º, cuando la prestación del cocontratante consista en proveer elementos alimenticios (carne, pan, legumbres, etc.) para el personal integrante de un regimiento. Este contrato de suministro es "administrativo": ante todo, porque se vincula o relaciona a un fin público específico y típico del Estado, o sea la seguridad de la Nación (véase el tomo 1º, nº 181); además, porque al propio tiempo dicho contrato vincúlase a un servicio público esencial uti universi (la "defensa nacional"; véase el tomo 2º, números 305, 337 y 340): la actividad del cocontratante tiende a "facilitar" el cumplimiento de ese servicio público. Poco importa que, en los casos indicados, el contrato de suministro tenga o no cláusulas exorbitantes "expresas", pues en los referidos supuestos el contrato es "administrativo" por su "objeto", lo que entonces excluye la necesidad de cláusulas exorbitantes expresas; pero, tratándose de un contrato administrativo por su "objeto", ciertas cláusulas exorbitantes del derecho
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privado existen implícita o virtualmente: son las cláusulas que trasuntan "prerrogativas de poder" (ver nº 599). Como lo advertí precedentemente, para que el contrato de "suministro" sea considerado como "administrativo", propiamente dicho, en nada influye que él se refiera a una prestación única o que sea de tracto sucesivo o continuado (ver nº 605). g) Contrato de transporte cuyo objeto, en lo esencial, sea similar al indicado en el párrafo anterior (letra f) para que un contrato de suministro sea tenido como contrato "administrativo". Así, sería "administrativo" el contrato por el cual un particular se obliga hacia el Estado a la conducción o traslado de la correspondencia postal (102) , como también el contrato en cuyo mérito un particular, encargándose del respectivo transporte, pone una serie de carruajes a disposición de una corporación municipal para uso, en actos de servicio, de sus componentes y empleados (103) ; asimismo, sería "administrativo" el contrato de transporte celebrado por la Administración Pública con una compañía de navegación, para que ésta se encargue del traslado marítimo de personas y cosas de carácter público, por ejemplo "soldados" y sus equipos (104) . h) Otro contrato administrativo es el "empréstito público" (deuda pública), en tanto tal empréstito responda a las altas finalidades que la Constitución Nacional prevé al respecto. El carácter jurídico del empréstito público es discutido en doctrina. No sólo se discute si es o no un contrato, sino, además, si en caso de serlo, constituye un contrato "administrativo" stricto sensu o un contrato de derecho común de la Administración Pública (105) . Exclusión hecha del empréstito llamado "forzoso" -que entonces prescinde de la "voluntad" del administrado, y que en realidad no es un "empréstito" sino una figura jurídica de otra índole-, para mí el carácter contractual del empréstito público es evidente. Más adelante, al referirme a los contratos administrativos en particular, volveré sobre esta cuestión. i) Locación de servicios, que puede aparecer a través de diversos o variados objetos. En tal sentido pueden mencionarse: 1º, el llamado "enganche militar" (106) , pues va de suyo que se refiere a funciones esenciales o específicas del Estado, a fines públicos propios de éste: la defensa nacional; 2º, el contrato celebrado entre una municipalidad y una persona para que ésta se encargue de cazar o capturar los perros que deambulen dentro del radio urbano, o para que levante y conduzca al lugar apropiado los restos de los animales que mueran dentro de dicho radio. El Consejo de Estado de Francia ha considerado que dichos contratos son "administrativos" porque relaciónanse con la higiene, salud y seguridad de la población (107) , funciones que indudablemente son esenciales y específicas del Estado (108) ; 3º, el contrato celebrado entre una municipalidad y una persona para que ésta se encargue de la extracción y traslado de residuos (109) . Las razones que determinan el carácter "administrativo" de dicho contrato, como así el de "locación de servicios" del mismo, son similares a las expuestas en el precedente punto 2º, texto y nota 95. j) En ciertos casos el "mandato" puede constituir un contrato administrativo; vgr., cuando el Estado actúe como mandatario de un Estado extranjero, o como mandante del mismo (110) . k) La "fianza" -contrato accesorio- puede revestir carácter "administrativo" cuando tenga relación con un contrato de esta índole. Puede ser dada por el Estado (ver ley permanente
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de presupuesto, 16432, artículo 48 , in fine), o a favor del Estado, como ocurre con ciertos funcionarios o empleados públicos (decreto-ley de contabilidad 23354/56, artículo 97) que habitualmente manejan fondos o valores públicos (111) . l) El "depósito", en ciertos casos, puede determinar un contrato "administrativo"; por ejemplo, cuando responda a finalidades de interés público constitutivas de funciones específicas del Estado. Así, sería "administrativo" -contrato de "atribución"- el depósito de mercaderías en los galpones de la Aduana, cuando dichas mercaderías vayan en "tránsito", o cuando las mismas deban detenerse hasta que se efectúan los trámites de liquidación de los derechos aduaneros. Todo lo atinente a la percepción de derechos aduaneros implica funciones específicas del Estado, tanto más cuando tales derechos constituyen medios para que el Estado cumpla sus finalidades esenciales (Constitución Nacional, artículos 4º y 67 , inciso 1º): trátase de una materia insusceptible de relaciones contractuales entre particulares. Véase el nº 596 (112) . El depósito de mercaderías en los galpones de la Aduana es un contrato de depósito, pero no de derecho común, sino un contrato "administrativo" de depósito, regido por el derecho administrativo, en cuyo ámbito se gesta y desenvuelve (113) . Los contratos "administrativos" del segundo grupo (o sea los que son "administrativos" por contener expresamente "cláusulas exorbitantes" del derecho común) pueden responder a tantas especies como cláusulas exorbitantes de la categoría mencionada sean concebibles jurídicamente. En estos casos, para determinar si el contrato es o no "administrativo", propiamente dicho, debe aclararse previamente si la supuesta cláusula exorbitante de que se trate es realmente tal, sea por su carácter "inusual" en el derecho privado, o porque, incluida en un contrato de derecho común, ella sería "ilícita". En tal orden de ideas, por ejemplo, sería "administrativo", por la razón indicada, el contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado por el Banco Hipotecario Nacional con un administrado, en cuyo contrato figura la cláusula de acuerdo a la cual, en caso de falta de pago, el Banco queda autorizado para vender por sí y ante sí el inmueble gravado, con prescindencia de la justicia judicial (114) . A su vez, en algunas oportunidades un contrato de locación o de compraventa de tierras fiscales ("dominio privado" del Estado) puede determinar un contrato "administrativo", si tales contratos contuvieren cláusulas exorbitantes del derecho privado (115) . Acerca de las diferentes estipulaciones que han de considerarse como "cláusulas exorbitantes del derecho común", véase el precedente nº 598, texto y notas 60, 61 y 67. 607. Dentro del grupo de contratos celebrados por el Estado, o sus órganos, que contienen cláusulas no frecuentes en el derecho privado, hay uno que ofrece dudas acerca de su naturaleza, y que por ello mismo debe ser especialmente considerado. Me refiero a los préstamos, garantizados con prenda con registro, otorgados por "el Estado, y sus reparticiones autárquicas y los bancos oficiales", a que hace referencia el artículo 5º del decreto del Poder Ejecutivo 15348/46, dictado en acuerdo de ministros, ratificado por la ley 12962 (116) .
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Conforme al artículo 39 de ese decreto, "cuando el acreedor sea una institución oficial o bancaria, se prescindirá del trámite judicial, procediendo el acreedor a la venta de los objetos prendados en la forma prescripta por el artículo 585 del Código de Comercio, etc.". ¿Tiene calidad de contrato "administrativo" dicho préstamo? La referida facultad de vender directamente los bienes gravados ¿implica una "cláusula exorbitante" del derecho común? A pesar de la aparente similitud de este supuesto con el de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Hipotecario Nacional, a que hice referencia en parágrafos precedentes, considero indudable que el préstamo con prenda con registro -tal como lo contempla nuestro derecho-, aun cuando el acreedor fuese el Estado o uno de sus órganos, no reviste carácter de contrato "administrativo". Ello por las siguientes razones: 1º Ante todo, no es "administrativo" por razón de su "objeto", pues éste nada tiene que ver con las funciones esenciales y específicas del Estado, con los fines públicos propios del mismo, aparte de que es susceptible de ser celebrado entre particulares. Por tanto, no es "administrativo" sea que se le considere como contrato de "colaboración" o de "atribución". 2º Tampoco lo es por razón de "cláusulas exorbitantes" del derecho privado, pues si bien es cierto que, de acuerdo al artículo 39 citado del decreto 15348/46, "cuando el acreedor sea una institución oficial o bancaria, se prescindirá del trámite judicial, procediendo el acreedor a la venta de los objetos prendados, etc.", dicha cláusula, aunque excepcional, no actúa aquí como "cláusula exorbitante del derecho privado", por lo que la prenda con registro no adquiere carácter "administrativo", stricto sensu. Ello es así porque la expresada atribución conferida al acreedor prendario, contrariamente a lo que ocurre en los préstamos que otorga el Banco Hipotecario Nacional, no se limita a la Administración Pública -"Estado", lato sensu-, sino que se extiende a "particulares" o "administrados", pues si bien el referido artículo 39 confiere esa excepcional facultad a las "instituciones oficiales o bancarias", es de advertir, no obstante, que el posible acreedor, tratándose de instituciones "bancarias" ("bancos"), no sólo puede ser un banco oficial, sino también un "banco particular" (artículo 5º, inciso a], del decreto 15348/46), banco particular que entonces también goza del beneficio indicado. En este último supuesto el contrato de préstamo con garantía prendaria en modo alguno podría ser "administrativo", propiamente dicho, porque faltaría un requisito sine qua non para ello: la intervención en el contrato, en calidad de parte, de la Administración Pública o de alguno de sus órganos (ver nº 594, punto 1º). Cuando la prenda con registro se haya constituido a favor de un banco "particular", queda excluida la intervención en el contrato, en calidad de parte, de la Administración Pública o de alguno de sus órganos. La mencionada cláusula del citado artículo 39, si bien confiere una franquicia excepcional a determinados acreedores, técnicamente no es "exorbitante del derecho privado", pues en ese derecho dicha cláusula también funciona y se la aplica, aunque con relación a los casos especiales previstos por la norma. No es, entonces, una cláusula técnicamente "exorbitante del derecho privado", carácter que siempre ha de interpretarse en forma restrictiva, dado el principio de autonomía de la voluntad imperante en ese derecho. Trátase tan sólo de una
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cláusula "especial" dentro del derecho privado, pero que no es "exorbitante" con relación al mismo, pues en él tiene vigencia o aplicación. En consecuencia, la "prenda con registro", aun cuando se la constituya a favor del Estado, de sus reparticiones autárquicas o bancos oficiales, y a pesar de la atribución de vender directamente y sin intervención judicial el bien gravado, no trasunta un contrato "administrativo" stricto sensu, por virtud de cláusulas exorbitantes expresas, pues, por las razones dadas, la referida facultad atribuida al Estado, entidades autárquicas y bancos oficiales, técnicamente y a los efectos aquí considerados, no constituye una cláusula exorbitante del derecho común o privado: es tan sólo una cláusula "especial" dentro de ese derecho. Una cosa es la cláusula "exorbitante" del derecho común y otra muy distinta la cláusula "especial" dentro de ese derecho. 608. El Estado explota juegos de azar; verbigracia, loterías y ruletas. Si bien, en su dinámica, las loterías y ruletas configuran contratos aleatorios (117) , cuadra averiguar si en los supuestos de que tales juegos de azar (118) los explote el Estado, el contrato entre éste y el jugador que adquiere el billete de lotería o que apuesta a la ruleta en la sala de un casino, constituye o no un contrato "administrativo" stricto sensu, o si, por el contrario, sólo implica un contrato del derecho común de la Administración Pública. La facultad de legislar sobre juegos de azar les pertenece a las provincias, por cuanto no la han delegado a la Nación; suelen ejercerla como una eventual fuente de recursos para supuestos fines de interés general. En la Capital Federal y en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur (119) , esa facultad le compete al Congreso en su carácter de legislatura local (120) . Las provincias, pues, y el Congreso en el orden nacional, hállanse constitucionalmente facultados para autorizar o no el funcionamiento de loterías y ruletas (casinos de juego). Dejo aparte lo atinente a la "moralidad" de tal fuente de recursos. Con razón se ha dicho que el juego no constituye una industria lícita de las amparadas por el artículo 14 de la Constitución Nacional (121) . Desde luego, por elementales razones éticas, el Estado no puede desconocer los efectos de esos contratos aleatorios referentes a juegos de azar que él mismo implanta y regentea (122) . De lo contrario, a la inmoralidad consistente en la explotación del juego por el propio Estado, se agregaría la inmoralidad de desconocer los efectos del juego así implantado. Pero la posibilidad de que esto último suceda es rechazada por el buen y recto sentido. Los referidos contratos de juego -"lotería" y "ruleta"- no son "administrativos", sino de "derecho común" de la Administración Pública (123) , pues nada tienen que ver, "directa e inmediatamente", con las funciones esenciales y específicas del Estado, con sus fines públicos, requisito indispensable para que un contrato se tenga como "administrativo" por razón de su "objeto", considerado como contrato de "colaboración". Los juegos de referencia ni siquiera constituyen un servicio público (124) . Las expresadas loterías y ruletas actúan como simples medios "instrumentales" de que el Estado se vale para proveerse de fondos; medios "instrumentales" cuya moralidad está enjuiciada por la opinión pública (125) . Los dineros estatales requieren un origen puro, lo que excluye que
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provengan de la explotación oficial del juego. La generalización de un vicio no justifica su "institucionalización". El Estado debe ser rector y guía: jamás cómplice. El auspicio o fomento de ganancias fáciles, vacuas de plausible fatiga y de noble esfuerzo, no puede integrar las funciones esenciales o específicas del Estado, ni corresponde a los fines públicos del mismo. Tampoco puede integrar esas funciones ni pertenecer a los fines públicos del Estado la incitación al deterioro sensible, total o parcial, de la economía de los habitantes del país, e incluso de la de los núcleos familiares, lo que podría ocurrir ante el evento de una suerte adversa en el juego. Nada de ello puede integrar las funciones esenciales y específicas del Estado. De ahí que los expresados contratos de juego ("loterías" y "ruletas" estatales) no constituyan contratos "administrativos" propiamente dichos, sino contratos de "derecho común" de la Administración Pública. 609. Aparte de que, contrariamente a lo que ocurre en derecho privado, en derecho administrativo -salvo excepciones, como sucede con el contrato de obra pública- la generalidad de los contratos no aparece disciplinada normativa y orgánicamente (ver nº 612), los contratos administrativos no siempre responden a las especies clásicas de ellos; por ejemplo, concesión de servicios públicos, relación de función o empleo público, construcción de obra pública, etc. Al contrario, pueden representar contratos no "especificados", implicando entonces figuras que no constituyen contratos pertenecientes a una categoría predeterminada; vale decir, pueden constituir contratos "innominados" (126) , pues carecen de una "denominación especial". De manera que lo mismo que en derecho privado, en derecho administrativo pueden haber contratos "nominados" o "innominados" (artículo 1143 del Código Civil). Ninguna razón se opone a ello (127) . Por principio, el contrato "administrativo" innominado tendrá aquel carácter por razón de su "objeto"; excepcionalmente podrá tenerlo por aparejar cláusulas exorbitantes expresas del derecho común. Un ejemplo de contrato administrativo "innominado" sería el que celebra el Estado y un alumno de un liceo o escuela militar, naval o aeronaval, en cuyo mérito el Estado acepta en la escuela o liceo al alumno, le provee de alojamiento, medios de subsistencia y le suministra una adecuada y especial instrucción técnica, con cargo para el alumno de que, una vez egresado de la escuela o liceo, deberá servir al Estado durante un lapso mínimo. Si el alumno egresa de la escuela o liceo y después presenta su renuncia o pide ser dado de baja sin haber cumplido el período mínimo por el cual se comprometió a servir al Estado, dicho ex alumno es pasible de una acción de daños y perjuicios por parte del Estado. Esta acción de daños y perjuicios sólo hallaría fundamento en un vínculo contractual, que en este caso respondería a un contrato administrativo "innominado" (128) . El contrato en cuestión es "innominado", pues no responde a categoría alguna de los contratos administrativos típicos o clásicos (contratos "nominados"), y es "administrativo" porque se vincula, directa e inmediatamente, a una función esencial o específica del Estado, a un fin público de éste: la defensa nacional, ya que mediante la capacitación proporcionada en esas escuelas o liceos el Estado prepara los hombres que integrarán los cuadros de las fuerzas armadas.
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También suele darse como ejemplo de contrato "administrativo" innominado el de empleo, celebrado por el Estado, bajo un régimen de derecho público, con personas que, a pesar de esto, no tienen ni adquieren calidad de funcionarios o empleados públicos (129) . Sin embargo, la naturaleza "administrativa" de tal contrato no siempre es aceptada por la doctrina (130) . Para determinar con precisión si dicho contrato es o no "administrativo", propiamente dicho, es indispensable establecer si las obligaciones asignadas a la persona contratada vincúlanse o no, en forma directa e inmediata, a las funciones esenciales o específicas del Estado, a los fines públicos propios de éste, o si el contrato incluye "expresamente" cláusulas exorbitantes del derecho común. 610. A pesar de los ataques que en derecho privado recibió la teoría del "cuasi- contrato" -que se considera como una categoría híbrida, desacreditada como fuente de obligaciones (131) -, en derecho administrativo, con acertados argumentos, es propiciada por un calificado sector doctrinal (132) . Zanobini considera que no existe razón para negarle a los cuasi-contratos el carácter de hechos jurídicos, y precisamente de hechos jurídicos subjetivos; por lo que entonces es de tales hechos, y no directamente de la ley, de donde derivan las respectivas obligaciones. Por otra parte, agrega, en derecho administrativo el concepto de cuasi-contrato podría tener mayor aplicación que en derecho civil, dado que la noción de cuasi-contrato, cuando no existan un acto o un contrato administrativos, puede comprender cualquier hecho jurídico subjetivo idóneo para producir algunos de los efectos que, normalmente, son propios del acto administrativo o del contrato de derecho público (133) . "En tal sentido, dice otro expositor, esta teoría podría tener un aplicación genérica en cuantos casos hubiese que buscar explicación jurídica de las relaciones patrimoniales surgidas, por ejemplo, como consecuencia de la asunción en situación de emergencia por un particular de funciones o servicios públicos" (134) . Así es, en efecto: gran parte de las obligaciones que nacen de ciertos tipos de colaboración de los particulares con la Administración central, y diríase típica, del cuasi-contrato administrativo es la "gestión de negocios", en sus numerosas o variadas expresiones. Pero aparte de ella hay otros actos que encuadran en el cuasi-contrato administrativo. Véase más adelante, nº 700, texto y nota 447, donde se menciona un caso resuelto en base a la teoría del "cuasi contrato administrativo". Asimismo, aplicando la teoría del "cuasi contrato administrativo", se ha resuelto la situación del concesionario de servicio público que, habiendo vencido el plazo de la concesión, continúa de buena fe prestando a satisfacción el respectivo servicio (135) . De modo que el "cuasi contrato administrativo" existe como fuente de obligaciones en ese ámbito del derecho público. En el lugar oportuno de la presente obra (nº 1228 y siguientes) volveré sobre esta cuestión. 611. El contrato "administrativo", propiamente dicho, según quedó expresado en un parágrafo anterior (nº 590), es una de las especies de contratos de la Administración Pública. La otra especie de éstos es el contrato de "derecho común" de la Administración.
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Los contratos "administrativos" stricto sensu pueden, a su vez, clasificarse en tres grande grupos: 1º Contratos administrativos por razón de su "objeto" o por contener "cláusulas exorbitantes expresas" del derecho privado. De ambas categorías me he ocupado precedentemente (números 595-599). 2º Otra clasificación fundamental de los contratos de la Administración Pública en la prestación de servicios públicos, hallan o pueden hallar solución a través de la teoría del cuasi-contrato. Tal como ocurre en el derecho común, la figura "administrativos" es la que los distingue en contratos de "atribución" y en contratos de "colaboración" (136) . Contratos de "atribución" son aquellos que tienen por objeto conferirles ciertas ventajas a los administrados; por ejemplo: concesión de uso sobre el dominio público. Contratos de "colaboración" son aquellos en que el cocontratante se obliga hacia el Estado a realizar una prestación que, directa e inmediatamente, tiende a facilitar el cumplimiento de las funciones esenciales o específicas del Estado; por ejemplo: contrato de función o empleo público; concesión de servicio público; construcción de obra pública; etc. Como lo dije precedentemente (nº 596), la "prestación" que caracterizará al contrato como de "colaboración" o como de "atribución", es la prestación principal o fundamental "determinante" del contrato, o sea la que traduce o expresa la esencia o substancia de éste; así, en una concesión de uso del dominio público -contrato de "atribución"- la prestación que caracteriza como de "atribución" al contrato es la de la Administración Pública que pone el bien o cosa a disposición del concesionario, y no la prestación secundaria consistente en el eventual pago de un canon por parte del concesionario; en una concesión de servicio público -contrato de "colaboración"- la prestación que caracteriza como de "colaboración" a ese acuerdo contractual es la del concesionario que con su actividad satisface necesidades de interés general; etc. Por lo demás, el contrato administrativo de "colaboración" es siempre otorgado en atención al directo e inmediato "interés público" (vgr.: concesión de servicio público), en tanto que el contrato administrativo de "atribución" es otorgado con preferente atención del "interés privado" del cocontratante, pues en tales contratos el interés público, si bien en modo alguno está totalmente ausente, su satisfacción es sólo mediata o indirecta (vgr.: concesión de uso sobre una dependencia del dominio público) (137) . 3º Contratos administrativos "nominados" e "innominados". De ellos me ocupé en el parágrafo nº 609. Las tres mencionadas categorías de contratos administrativos son trascendentes: toman en cuenta la substancia misma del contrato. Ciertamente, aparte de esas tres clasificaciones fundamentales de los contratos administrativos, pueden hacerse valer a su respecto las clasificaciones generales de los contratos auspiciadas por los civilistas (sinalagmáticos y unilaterales; onerosos y gratuitos;
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conmutativos y aleatorios) (138) . Pero, no obstante las particularidades con que han de aplicarse esos principios en materia de contratos administrativos, dichas clasificaciones generales, por ser tales, no aparejan un interés especial en esta rama del derecho público. Estimo que la distinción de los contratos "administrativos" en los tres grupos o categorías mencionados, satisface lo atinente a su "clasificación". 612. El contrato "administrativo", stricto sensu, hállase ubicado en el campo del derecho público, rigiéndose por las respectivas normas y principios de éste (véase precedentemente, nº 603). Sin perjuicio de lo anterior, o sea de lo atinente al ámbito del derecho a que pertenece el contrato administrativo, el complejo jurídico de dicho contrato no está orgánica e integralmente regulado por normas positivas. Es ésa una situación casi general, que se observa no sólo en nuestro país, sino también en otros países (139) . Es posible que el régimen inorgánico de los contratos administrativos se deba, en gran parte, a la falta de una codificación del derecho administrativo. El régimen jurídico del contrato "administrativo", tanto en nuestro país, como en la generalidad de los países, se concreta en normas positivas aisladas, en resoluciones jurisprudenciales y, sobre todo, en las enseñanzas de la doctrina científica, la cual encuentra expresión sea a través de libros (140) o en las conclusiones de congresos de especialistas (141) . Como bien lo expresa un autor, existe "un cuerpo de principios comunes que constituyen la teoría general de los contratos administrativos, que incluso tiene aplicación fuera de los contratos especiales reglamentados por los textos" (142) . Si no hubieren otros elementos de valoración, para establecer lo atinente al derecho que ha de aplicarse en materia de contratos administrativos, podrá recurrirse a los mismos criterios aceptados para establecer cuál es el derecho que rige en materia de actos administrativos (véase el tomo 2º, números 395-396). No obstante, en lo esencial, no debe olvidarse la vigencia del texto mismo del contrato, ya que éste, a pesar de ser "administrativo", constituye siempre la "ley de las partes" y la "substancia" misma de lo que éstas han querido regular. El carácter "administrativo" de un contrato, si bien requiere inexcusablemente que éste se ajuste a determinados criterios compatibles con su índole, en modo alguno podrá desnaturalizar el "objeto" del contrato, transformando tal objeto en algo distinto a lo previsto por los contratantes. El contrato "administrativo" será o no válido; pero si es válido debe considerarse en primer término el "objeto" a que él responde. Entre nosotros, en el orden nacional, sólo el contrato de construcción de obra pública hállase específicamente regulado por una norma: la ley 13064 . Aparte de ello, en la ley nacional de contabilidad (decreto-ley 23354/56, ratificado por la ley 14467), el capítulo VI (artículos 55 a 64) se refiere a las "contrataciones" del Estado; dicho capítulo VI fue, a su vez, reglamentado por el decreto 6900/63 (143) , que aprobó el "Reglamento de las Contrataciones del Estado" (144) . En cuanto a las Universidades Nacionales, la ley orgánica de las mismas, 17245, del año 1967, establece que aquéllas podrán contratar en
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forma directa las adquisiciones de material docente, científico y bibliográfico, hasta las sumas y con las formalidades que establece (artículo 110 ) (145) . En el orden provincial, sin perjuicio de los respectivos decretos o reglamentos sobre contrataciones del Estado, en las constituciones suelen existir normas que exigen que los contratos el Estado se lleven a cabo observando el procedimiento de la "licitación", lo cual, de por sí, ubica a estos contratos en un plano que tiende a lograr eficiencia y moralidad. 613. La actividad contractual de la Administración Pública no se limita a la celebración de contratos "administrativos", propiamente dichos: se extiende a la celebración de contratos de "derecho común" (civil o comercial). Véase el nº 590. Por principio, son contratos de "derecho común" de la Administración todos aquellos donde la actividad o la prestación del cocontratante "no" se relacionen, en forma directa e inmediata, a alguna de las funciones esenciales o específicas del Estado, a los fines públicos propios de éste (ver el precedente nº 596) -lo que entonces excluye que se trate de contratos administrativos de "colaboración"-, salvo que el contrato contuviere alguna o algunas cláusulas exorbitantes "expresas"; en este último supuesto el contrato sería "administrativo" por razón de tales cláusulas exorbitantes, pero no por razón de su "objeto". Así, por ejemplo, y como principio general, los contratos que la Administración Pública realiza en ejercicio de su actividad comercial o industrial, son contratos de "derecho común" y no "contratos administrativos", pues la actividad comercial y la actividad industrial, si bien pueden ser cumplidas por el Estado, no constituyen funciones "estatales" stricto sensu. Los fines "específicos" del Estado no consisten en actividades comerciales o industriales: estas últimas no constituyen funciones estatales específicas, ya que habitualmente traducen o representan la actividad de los particulares o administrados, bastando recordar al efecto que la Constitución Nacional, entre los derechos de los habitantes del país, menciona los de comerciar y los de ejercer toda industria lícita (artículo 14 ). En Francia se les negó carácter de "contratos administrativos" a los relacionados con servicios públicos industriales o comerciales (ver precedentemente, nº 595, texto y nota 51). Asimismo, son contratos de "derecho común" de la Administración Pública aquellos que, estando la prestación a cargo de la misma, dicha prestación no excluya la posibilidad de ser materia de un contrato entre particulares, circunstancia ésta que entonces aleja la posibilidad de que se trate de un contrato administrativo de "atribución". Por aplicación de los criterios que anteceden, son contratos de "derecho común" de la Administración Pública: a) Los de compraventa en cuyo mérito el Estado le vende al particular o administrado "accesorios" no dominicales del dominio público (por ejemplo: pastos que crecen al costado de un camino público; flores de árboles existentes en calles urbanas; etc.) (146) . b) Los de arrendamiento o venta de un campo fiscal a un particular o administrado. El carácter de "civil" de tales contratos ha sido reiteradamente declarado por la Corte Suprema
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de Justicia de la Nación (147) . Sin embargo, no debe perderse de vista la posible existencia de alguna o algunas cláusulas exorbitantes del derecho privado, que entonces cambiarían el carácter del contrato (ver precedentemente, texto y notas 38 y 100 bis). c) Los de venta de maderas provenientes de bosques del dominio privado del Estado, tanto más si se trata de maderas que se producen y renuevan sistemáticamente sin menoscabar o alterar la substancia misma del bosque. d) Los contratos que celebre el Estado con los particulares respecto a la prestación de servicios públicos uti singuli, de utilización voluntaria o facultativa para el usuario (vgr., gas, electricidad, teléfono, etc.) (148) . e) El contrato de locación de servicios que una o varias comunas, separada o simultáneamente, celebren con un mismo hospital o "sanatorio" para la atención de los respectivos enfermos pobres que estuvieren a cargo de dichas comunas (149) . f) Los contratos de "compraventa" celebrados por la Administración Pública son, generalmente, de derecho común, sea que la Administración actúe como vendedora o como compradora (150) . Excepcionalmente, el contrato en que la Administración Pública actúe como "compradora" puede ser "administrativo", propiamente dicho, lo que así ocurrirá cuando él responda en forma indubitable, directa e inmediata, al cumplimiento de alguna de las funciones esenciales o específicas del Estado, es decir al cumplimiento de uno de los fines públicos del Estado, todo ello sin perjuicio de la solución correspondiente para los supuestos de "duda" acerca del carácter del contrato (ver nº 604). Ocurre aquí lo mismo que en materia de contratos de "suministro", que, en ciertos casos, pueden ser "administrativos", aunque se trate de una prestación única y aislada; todo depende de la índole de la prestación (ver números 605 y 606, letra f]). Lo atinente a la naturaleza de la relación que se establece entre el Estado y el administrado que, a raíz de haberse dispuesto una expropiación, llegan al avenimiento o cesión amistosa, como así la naturaleza de esa relación cuando en lugar del Estado actúa un concesionario de servicio público, lo analizaré oportunamente al ocuparme de la expropiación por causa de utilidad pública (tomo 4º). g) Los contratos de locación de cosas, donde la Administración Pública es la locataria, son, en general, de derecho común (151) ; excepcionalmente dichos contratos serían "administrativos" stricto sensu cuando respondan en forma indubitable, directa e inmediata, al cumplimiento de algunas de las funciones esenciales o específicas del Estado, o sea al cumplimiento de uno de los fines públicos propios del Estado, todo ello sin perjuicio de la solución que correspondiere para los supuestos de "duda" acerca del carácter del contrato (ver nº 604). Así, sería "administrativo" el contrato de arrendamiento donde el inmueble tomado en alquiler por la Administración Pública estuviere expresa y concretamente destinado a servir de asiento a un juzgado o a un tribunal de justicia, ya que la justicia es una función esencial y específica del Estado, correspondiendo a los fines públicos del mismo. Trataríase de un contrato "administrativo" por razón de su "objeto". En cambio, sería de derecho común el contrato de arrendamiento donde el inmueble tomado en alquiler
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por la Administración Pública lo sea para fines patrimoniales de ella (comerciales o industriales); vgr., inmueble dedicado al funcionamiento de una oficina de teléfonos del Estado, o destinado a una oficina para la atención del servicio de gas, o para instalar la repartición encargada de las tierras privadas o patrimoniales del Estado (tierras fiscales) (152) . Marcel Waline, razonando sobre la base del criterio imperante en el derecho francés, si bien considera que, en principio, dichos contratos de arrendamiento son de derecho común, estima que serán "administrativos", propiamente dichos, si ellos contuviesen cláusulas derogatorias del derecho privado (153) . Aunque dicho autor resulta consecuente con el criterio predominante en Francia, la solución que auspicio, aparte de basarse en el "objeto" del contrato -que es siempre más trascendente y substancial que el basado en la inclusión de cláusulas exorbitantes del derecho privado-, armoniza en un todo con la técnica que utilizo para distinguir el contrato administrativo, stricto sensu, del contrato de derecho común de la Administración Pública (véase el nº 596). Las soluciones "concretas" que se adopten o auspicien en derecho, deben estar de acuerdo con los respectivos principios generales; de lo contrario violaríase el principio de "no contradicción" de las normas y soluciones que debe imperar en todo ordenamiento jurídico. h) Son, asimismo, de derecho común los contratos de locación de servicios por parte de ciertos colaboradores de la Administración que tienen carácter de asalariados de derecho privado (154) . ¿Qué decir de los contratos de sociedad económica mixta? ¿Cuál es su carácter? Generalmente tales contratos son de "derecho común", lo cual deriva de la índole de la actividad del ente. Por excepción, dichos contratos pueden ser "administrativos" stricto sensu, cuando el objeto social se vincule en forma directa e inmediata al cumplimiento de funciones esenciales y específicas del Estado, a fines públicos propios de éste (155) , todo ello sin perjuicio de la solución que correspondiere adoptar en los supuestos de "duda" -de razonable duda- acerca del objeto social (nº 604). Así, el Banco Central de la República, que en sus comienzos fue una sociedad de economía mixta, y que posteriormente se transformó en una entidad autárquica (ver tomo 1º, página 494, nota 229), mientras fue sociedad de economía mixta, el respectivo contrato social era "administrativo", propiamente dicho, por cuanto la entidad tenía por objeto una función específica y esencial del Estado, un fin público de éste: la creación y reglamentación de la actividad bancaria oficial, a que hace referencia la Constitución Nacional en su artículo 67 , inciso 5º. Del mismo modo, mientras el actual servicio de transporte aéreo del Estado estuvo organizado como sociedad de economía mixta, el respectivo contrato social era "administrativo", propiamente dicho, porque el objeto de la sociedad implicaba una función esencial y específica del Estado, un fin público propio de éste (ver precedentemente, texto y nota 55). ¿Cuál es el régimen jurídico de los contratos de "derecho común" de la Administración Pública? Desde que entre el contrato "administrativo" y el contrato de "derecho común" de la Administración Pública, la diferencia es exclusivamente substancial u objetiva y en modo alguno orgánica o subjetiva (ver nº 603, punto b]), pues en ambos tipos de contratos el ente
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administrativo que actúa es o puede ser el mismo, va de suyo que, respecto de ambos tipos de contratos, el órgano administrativo debe actuar con la "competencia" pertinente, ya que siendo en definitiva la Administración Pública una "persona jurídica" (Estado, en cuyo nombre y como parte del cual actúa la Administración Pública), ésta debe actuar en ejercicio de competencia adecuada al acto que realiza. Como toda persona jurídica, el Estado, a través de la Administración Pública, debe actuar mediante sus respectivos órganos. Esto vale tanto para los contratos "administrativos", como para los contratos de derecho común (civil o comercial) que realice la Administración Pública. Véase el tomo 2º, nº 393. La "competencia" con que, en la especie, debe actuar la Administración Pública, está señalada por el derecho público ("administrativo", en este caso), que es el que regula la actividad "habitual" o "normal" de la Administración, del mismo modo que la actividad "normal" o "habitual" del administrado o particular hállase demarcada por la "capacidad" que le reconoce del derecho privado. Tanto la "competencia" de la Administración Pública cuando actúa en el campo del derecho privado, como la "capacidad" del administrado o particular cuando actúa en el campo del derecho público, como principio general están reguladas por el derecho que las rige habitual o normalmente: derecho público para la Administración; derecho privado para el administrado o particular. Todo ello sin perjuicio de las modalidades concretas que, en ambos supuestos, puedan resultar a texto expreso. Hecha la aclaración precedente, corresponde señalar las siguientes particularidades esenciales del régimen jurídico de los contratos de "derecho común" de la Administración: 1º En cuanto a sus demás aspectos (declaración de "voluntad" y "elementos") se rigen por las normas y principios del derecho privado, sea éste civil o comercial (156) . 2º Los medios de impugnación de tipo "administrativo" se concretan a meras "peticiones", a efectos de que la autoridad pública revise la cuestión que se le plantea. Pero no procede el "recurso jurídico", pues éste sólo se da contra actos o contratos "administrativos" y no respecto a actos o contratos de derecho común de la Administración Pública. 3º En caso de contienda jurisdiccional, la "litis" debe radicarse en los respectivos tribunales con competencia en lo civil o comercial, y no en los tribunales con competencia en lo contencioso administrativo (157) . 614. En diversas oportunidades los tribunales de justicia, ante demandas por daños y perjuicios -en general "cobro de pesos"- basadas en la extinción o en el incumplimiento de un contrato "administrativo" (concesión de obra pública, empréstito público, por ejemplo), sostuvieron que tales demandas constituían una causa "civil", ajena a la jurisdicción contencioso administrativa y que, incluso, podían configurar una "causa civil" a los efectos de la jurisdicción originaria de la Corte Suprema (158) . No obstante, existen algunas decisiones en sentido contrario, las cuales, a mi criterio, implican la buena doctrina (159) . En este último sentido, y con todo acierto, o sea declarando la "incompetencia" de la justicia federal, se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un juicio donde el cocontratante de la Administración Pública ("provincial", en la especie) reclamaba, no daños y perjuicios, sino la devolución de una suma de dinero: el depósito de garantía de oferta que había efectuado respecto a un contrato que era "administrativo" stricto sensu,
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tanto por su objeto como por contener obvias cláusulas exorbitantes expresas del derecho privado (160) . Esta sentencia es trascendente: mantiene la unidad conceptual entre el "derecho substancial" y la "acción" que tiende a protegerlo, siendo por eso que el tribunal sostuvo que la acción mediante la cual se reclama la devolución del depósito de garantía de oferta efectuado respecto a un contrato "administrativo", participa de este último carácter, debiendo entonces substanciarse ante la jurisdicción habilitada para entender en lo contencioso administrativo, jurisdicción que en la especie era "provincial" o "local", dado que las provincias se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas (art. 105 de la Constitución Nacional). Igual plausible criterio ha seguido recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto estableció que la acción promovida por unos ingenieros reclamando el cobro de honorarios correspondientes a trabajos de estudio y proyecto de obras de desagﾁe pluvial, por tratarse de tareas relacionadas con una obra pública, tenía carácter "administrativo", correspondiendo su conocimiento a la jurisdicción "contenciosoadministrativa" (161) . La aclaración de lo que antecede es fundamental: ello permitirá determinar ante quéjurisdicción han de ventilarse las acciones de referencia, o sea si deben serlo ante la jurisdicción ordinaria -civil o comercial- o ante la jurisdicción contencioso administrativa. La acción de daños y perjuicios, y, en general, la acción donde se reclame una suma de dinero, sea que tales acciones respondan a la anulación o al incumplimiento de un contrato administrativo, participan de la misma naturaleza del contrato cuya extinción o incumplimiento la motiva. Lo mismo cuadra decir de la acción de daños y perjuicios, o de devolución o pago de una suma de dinero, que se promoviere por anulación o incumplimiento de un contrato de derecho común de la Administración Pública. El hecho de que no se solicite el restablecimiento del imperio o vigencia del contrato administrativo, o del contrato de derecho común de la Administración Pública, extinguidos o no cumplidos, sino el pago de daños y perjuicios ocasionados por esa extinción o por ese incumplimiento, o la devolución o pago de una suma de dinero, no cambia la respectiva naturaleza "administrativa" o "común" de la acción que se dedujere (162) . Lo que antecede es así porque las acciones participan de la naturaleza del derecho que protegen en cada caso particular (163) , pues, siendo la acción un poder dirigido a la tutela de un interés, toma su naturaleza de éste, y por consecuencia es pública o privada (164) . Dice un tratadista: "no nos parece jurídicamente admisible desvincular a la acción del derecho substancial. El hecho de que la acción constituya un fenómeno jurídico que no es concebible fuera del ámbito del proceso, no autoriza a perder de vista el hecho de que son las normas del llamado derecho material las que conceden las acciones y determinan, en cada caso, sus condiciones de admisibilidad y procedencia. No es lícito, pues, hablar de acción material y de acción procesal como de dos entidades jurídicas distintas"... "Ello permite descartar, ante todo, el acierto de la teoría que concibe a la acción como un derecho abstracto de obrar, pues llevada a sus últimas consecuencias ella viene a convalidar la conclusión, ciertamente inadmisible, de que hay un derecho de acción incluso en aquellos supuestos en los cuales el ordenamiento jurídico excluye expresamente su existencia" (165) (166) (167) .
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De manera que la acción de daños y perjuicios, o de la devolución o pago de una suma de dinero, que se promueva con motivo de la anulación (extinción) o por el incumplimiento de un contrato "administrativo", propiamente dicho, no es una acción "civil", de derecho privado, sino una acción de derecho público, una acción de carácter "administrativo", cuyo juzgamiento le corresponde a la justicia con competencia en lo contencioso administrativo. A la inversa, si dicha acción de daños y perjuicios, o de devolución o de pago de una suma de dinero, fuese promovida a raíz de la anulación (extinción) o del incumplimiento de un contrato de derecho común de la Administración, el juzgamiento de tal acción -por ser ésta de "derecho privado"- le compete a los tribunales ordinarios de justicia. 615. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico ¿qué órgano estatal es el facultado para celebrar contratos "administrativos"? ¿Trátase de una atribución del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo? ¿Puede celebrar dichos contratos el Poder Judicial? Como principio general, la potestad para celebrar esos contratos le compete al Poder Ejecutivo, a cuyo cargo hállase la "administración general del país" (Constitución Nacional, artículo 86 , inciso 1º). La atribución de celebrar contratos "administrativos" corresponde a la "zona de reserva de la Administración", integrándola. Excepcionalmente, la atribución para celebrar esos contratos le compete al Congreso, integrando en tales supuestos la "zona de reserva de la ley". Esto ocurre en los casos taxativos contemplados en la Constitución. Así, la facultad de "contraer" empréstitos le corresponde al Congreso (Constitución Nacional, artículos 4º y 67 inciso 3º). Igual cosa cuadra decir del otorgamiento de concesiones temporales de privilegios para los fines que prevé el artículo 67 , inciso 16, in fine, de la Ley Suprema, en cuyos supuestos el pronunciamiento del Congreso, concediendo el privilegio, es requisito indispensable. De modo que el gran residuo de atribuciones para celebrar contratos "administrativos" le corresponde al Poder Ejecutivo, como encargado por la Constitución de la administración general del país. Todos los contratos cuya celebración no esté expresamente atribuida por la Constitución al Congreso, deben ser celebrados por el Poder Ejecutivo, quien, en consecuencia, no necesita requerir "aprobación" -y menos "autorización"- al Congreso (168) . Desde luego, fuera de sus funciones específicas, o sea considerados en su actividad "administrativa" propiamente dicha, tanto el Congreso, a través de cada una de sus Cámaras, como el Poder Judicial pueden celebrar contratos administrativos para determinados fines de esta índole. El ejercicio de esas atribuciones por parte del Congreso y del Poder Judicial -Corte Suprema, en la especie- tiene sustento constitucional. Véase lo que expuse en el tomo 1º, nº 97. En los casos contemplados por la Constitución ¿cómo hace efectiva su atribución el Congreso? Por cierto, no entra en tratos directos con los administrados. Se limita a sancionar una ley disponiendo el acto, y luego el Poder Ejecutivo, como ejecutor de las leyes (Constitución, artículo 86 , inciso 2º), emite el decreto pertinente, suscribiendo después el contrato respectivo o realizando los actos que lo impliquen (169) . Ciertamente,
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aunque en estos casos el contrato lo suscriba el Ejecutivo, siempre se tratará de un contrato celebrado por el Congreso; tanto es así que, en tales supuestos, la revocación del contrato por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, salvo texto expreso en contrario, no podría disponerla el Ejecutivo, sino el Congreso, todo ello de acuerdo al principio sobre paralelismo de las competencias. Con acierto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en sentido concordante, declarando que la revocación de una concesión de servicio público otorgada en base a una "ley", sólo puede efectuarse por otra "ley" (170) . CAPÍTULO III - FORMACIÓN Y PRUEBA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SUMARIO: 616. Principios fundamentales: "expresión de voluntad" y elaboración de las cláusulas del contrato: "perfeccionamiento" de éste -617. "Expresión de la voluntad de las partes". ¿Cómo se opera? Trato o discusión directo. Adhesión. - 618. Contrato administrativo realizado en virtud de una ley formal que dispone su celebración. ¿Cómo se produce el acuerdo o fusión de voluntades? - 619. El "perfeccionamiento" del contrato administrativo. ¿Cuándo se produce? Diversos supuestos. - 620. "Prueba" de la existencia de un contrato administrativo. Distintos casos. 616. El contrato administrativo, lo mismo que cualquier otro contrato, para ser considerado como una realidad del mundo jurídico, requiere "formarse": aparecer en el mundo de los sentidos. Esto, a su vez, requiere dos cosas fundamentales: 1º que las partes expresen o exterioricen su voluntad, lo cual involucra la elaboración de las cláusulas del contrato; 2º que el contrato se "perfeccione". Me ocuparé de ambas cuestiones. 617. Todo contrato -sea de derecho privado o público- es siempre, esencialmente, un acto "voluntario". Si no hay voluntad recíproca no hay contrato. Éste constituye un principio básico y elemental de derecho. Por eso, por ejemplo, el empréstito forzoso no es un "contrato", pues él excluye la voluntad del administrado; en cambio, sí lo es el empréstito voluntario. Por identidad de motivos, en los servicios públicos uti singuli de uso obligatorio para el usuario, la relación de éste con la Administración Pública es simplemente "reglamentaria" y no contractual, pues siendo "obligatorio" el uso de ese servicio público, queda excluida la voluntad del administrado (vgr., instrucción primaria; servicios municipales de alumbrado, barrido y limpieza; etc.); pero en los servicios públicos uti singuli de utilización "facultativa" o "voluntaria" para el usuario, la relación de éste con la Administración Pública es "contractual", por cuanto la utilización del servicio depende de la voluntad del administrado (vgr.: teléfono; transporte; gas; correos y telégrafos; etc.) Véase el tomo 2º, nº 358. ¿De qué manera debe hallar expresión la voluntad de las partes intervinientes? ¿Deben éstas elaborar en común el contenido y las particularidades de su convenio, mediante una libre discusión de éste y de sus particularidades? No hay razón alguna de principio que se oponga a ello: pueden celebrarse contratos administrativos cuyo contenido se establezca mediante ese procedimiento de libre discusión, sin que esto afecte la validez del contrato (171) . Pero las modalidades propias del derecho administrativo, y la finalidad inexcusable de toda la actividad de la Administración Pública, en cuyo mérito ésta siempre debe tener presente el interés público, hacen que en este ámbito del derecho la conjunción de
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voluntades generalmente se opere adhiriéndose el administrado -cocontratante- a cláusulas prefijadas por el Estado para los casos respectivos. En tales hipótesis la conjunción de voluntades, la fusión de éstas, se opera por "adhesión", vale decir sin discusión de tales cláusulas por parte del administrado, el cual limítase a "aceptarlas". De modo que en materia de contratos administrativos, la expresión de voluntad de las partes y la elaboración de las cláusulas del contrato, tanto pueden lograrse mediante una libre discusión entre las partes interesadas, como "adhiriéndose" el administrado -cocontratante- a cláusulas prefijadas al respecto por el Estado. Esto último es lo que la doctrina del derecho denomina "contrato por adhesión". La conjunción de voluntades y el contenido del contrato administrativo pueden, pues, expresarse o establecerse mediante cualquier medio idóneo reconocido al respecto por la ciencia jurídica. No es indispensable, entonces, las discusión directa de las cláusulas contractuales entre las partes; basta con que una de éstas - el "administrado" o cocontratante- se "adhiera" a las cláusulas contractuales prefijadas por la otra ("Administración Pública") (172) . Si bien la voluntad del administrado es esencial para la existencia del contrato administrativo, dicha voluntad puede ser idóneamente expresada por "adhesión", pues este procedimiento armoniza plenamente con las modalidades del derecho público y con las finalidades de la actividad de la Administración Pública. Acertadamente dijo un autor que la falta de discusión de las cláusulas del contrato no impide que éste exista (173) . Y otro expositor pudo decir que si el administrado cocontratante queda ligado por el contrato es por así haberlo querido, ya que su voluntad no es ajena a la formación del contrato; él resulta parte interesada porque aceptó las proposiciones pertinentes (174) . En sentido concordante, con acierto, un tratadista menciona el procedimiento de la "adhesión" como una particularidad de la elaboración de las cláusulas de los contratos administrativos (175) , y otro autor dice que, en los contratos administrativos, el procedimiento de la "adhesión" constituye la regla (176) . Por cierto, basados en sus particulares puntos de vista, algunos expositores de derecho público rechazan la "adhesión" como procedimiento adecuado para lograr la conjunción o fusión de voluntades en materia de contratos administrativos (177) . Pero sus afirmaciones hállanse rechazadas por los razonamientos de la casi totalidad de la doctrina científica, cuyos integrantes afirman categóricamente la idoneidad de la "adhesión" para los fines indicados (178) . También en derecho privado se produjeron esas disensiones, pero éstas actualmente hállanse superadas por la posición de la casi totalidad de los especialistas que actúan en ese ámbito jurídico, quienes aceptan la eficacia de la "adhesión" para obtener la expresada fusión de voluntades (179) . Sin perjuicio de lo dicho en los párrafos que anteceden, en general, acerca de la formación del "contrato" administrativo puede repetirse lo dicho respecto a la formación del "acto" administrativo, máxime del acto administrativo "bilateral" (180) . Va se suyo que, aun cuando el contrato administrativo se celebre por "adhesión", las bases aceptadas por el administrado o particular una vez concluido el contrato, constituyen definitivamente la ley de las partes, lo que significa que ellas no pueden ser modificadas
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por vía general, alterando el texto del contrato celebrado; así, por ejemplo, si la norma legal -sea ésta formal o material- o el pliego de condiciones o de cláusulas generales se modifican, las innovaciones introducidas no se aplican a los contratos ya concluidos, los que deben regirse por las disposiciones que, vigentes en el momento de celebración del contrato, fueron aceptadas por los dos contratantes (181) . 618. A veces el contrato "administrativo" suele ser "dispuesto" por el legislador mediante una ley formal. Esto ocurre y sólo procede cuando la atribución para celebrar el respectivo contrato le esté asignada al Congreso por la Constitución. Así sucede, por ejemplo, en materia de cierta clase de empréstitos (Constitución, artículos 4º y 67 , inciso 3º), a cuyo respecto el Poder Ejecutivo necesita el previo pronunciamiento legislativo; lo mismo ocurre con el otorgamiento de concesiones temporales de privilegios para los fines que prevé el artículo 67 , inciso 16, in fine, de la Constitución. ¿Cómo se perfecciona o formaliza la voluntad recíproca de las partes en los casos mencionados? Desde luego, no se produce un trato directo entre el Congreso y el administrado cocontratante, es decir no existe un intercambio directo de voluntades entre el Congreso y el administrado. El legislador, a través de una ley formal, se limita a expresar su conformidad para que el contrato respectivo se efectúe; dictada esa ley formal, el Ejecutivo, como ejecutor constitucional de las leyes formales, le da cumplimiento, dictando el pertinente decreto y, eventualmente, suscribiendo después el contrato dispuesto o realizando los actos que lo impliquen (ver precedentemente, texto y nota 143 ter). Eso, que es lo que ocurre en la práctica, no podía ser de otra suerte, por cuanto la actividad legislativa no es actividad "inmediata", sino "mediata", ya que el órgano legislativo emite la ley, pero no es él quien la cumple, sino el órgano ejecutivo. Por eso se ha dicho que una de las diferencias entre legislación y administración consiste en que la primera es actividad mediata, en tanto que la segunda es actividad "inmediata", porque la autoridad administrativa no sólo emite normas, sino que hace cumplir las que ella misma emite y también las que emite el Poder Legislativo. Véase el tomo 1º, nº 4. Tratándose de contratos administrativos que requieren una "ley" previa, no se produce, pues, una fusión o intercambio directo de voluntades entre el Parlamento y el administrado cocontratante: no hay un entendimiento o trato directo entre el órgano legislativo y el administrado cocontratante. El intercambio directo de voluntades se produce ente el órgano ejecutivo y el administrado, actuando el primero como ejecutor constitucional de la voluntad del Poder Legislativo. Sin dicha conformidad del Congreso el contrato no puede celebrarse válidamente, pues trátase de supuestos especiales en los que la "competencia" constitucional para ello le corresponde al Congreso. La ley en cuestión no es, entonces, una "ley- contrato", sino una ley en cuyo mérito se celebra el contrato. La "ley" de referencia y el "contrato" celebrado en su mérito, dada la identidad o similitud del objeto a que en ambos se refieren, son actos interdependientes: de ahí que una ley posterior -en tanto no exista para ello un fundamento jurídico- no puede modificar o derogar a la ley que dispuso el contrato, pues tal actitud originaría responsabilidad por incumplimiento contractual, y tampoco podría una ley posterior establecer una interpretación auténtica de sus cláusulas, pues esto, por la índole de la materia, es propio de la competencia jurisdiccional judicial
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(182) . Como bien lo expresó un autor refiriéndose a contratos celebrados en base a una ley, en tales contratos "la ley es sólo una etapa de la forma jurídica de expresión de la voluntad del Estado, de su consentimiento para celebrar el acto" (183) . 619. ¿Cuándo queda "perfeccionado" el contrato administrativo? Esto depende del derecho positivo vigente en el lugar de que se trate, el cual a veces contiene disposiciones de carácter general para todos los contratos y otras veces disposiciones específicas para algunos de ellos. Como regla, puede afirmarse que el contrato queda "perfeccionado" cuando se produce el acuerdo o fusión de voluntades entre las partes (184) . Es esto lo que "generalmente" acaece, dado el principio general de la "libertad formal" del acto administrativo (ver el tomo 2º, nº 409 y nº 412). Ha de tenerse presente que el contrato tanto puede celebrarse por "discusión directa" que de sus cláusulas realicen las partes, como por "adhesión" del administrado o particular a la voluntad expresada de antemano por la Administración Pública, sin perjuicio de que, en ocasiones, el contrato se celebre a raíz de una "ley formal" que así lo haya dispuesto (ver números 617 y 618). De modo que determinar cuándo se produjo el acuerdo de voluntades entre las partes, constituye una "cuestión de hecho" que deberá resolverse en cada caso concreto. Tal es el "principio". Pero si la norma aplicable a la índole de la negociación exigiere que, después de producido el acuerdo de voluntades se "suscriba el contrato" respectivo, éste recién quedará perfeccionado cuando se haya cumplido con tal requisito. Es lo que ocurre, por ejemplo, en nuestro país con el contrato de construcción de obra pública en el ámbito nacional (185) . Otras veces la celebración de un contrato administrativo hállase supeditada a cierto control preventivo, sea éste a priori o a posteriori, vale decir puede estar supeditado a una "autorización" o a una "aprobación" (186) . Así suele ocurrir, por ejemplo, en ciertos supuestos para la adquisición o enajenación de "inmuebles", o cuando el contrato exceda de cierto monto (187) . Para el régimen jurídico de la "autorización" y de la "aprobación" véase el tomo 1º, números 229 y 230. 620. ¿Cómo se prueba o acredita la existencia de un contrato administrativo? Hay que distinguir según que, para la perfección del acto, la legislación -lato sensu- exija o no que sea suscripto o firmado un instrumento específico después de haberse operado el acuerdo o fusión de voluntades entre las partes. La "prueba" de la existencia de un contrato administrativo hállase, pues, íntimamente vinculada a la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado, todo ello sin perjuicio de que lo atinente a la "prueba" de la existencia del contrato implique una cuestión jurídica distinta a la de su "perfección". Cuando no se requiera que se firme o suscriba un instrumento específico, ad hoc, y el acuerdo de voluntades se hubiere producido, el contrato podrá acreditarse con un instrumento o testimonio que contenga o comprenda las piezas respectivas de las cuales resulte dicha fusión de voluntades (188) .
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En cambio, cuando la legislación aplicable exigiere la específica existencia de un contrato escrito, el contrato deberá probarse con dicho específico documento escrito, pues trataríase de un requisito formal o esencial de su existencia. Véase el tomo 2º, nº 412 y nº 494. Mientras dicho específico contrato escrito no se hubiere concretado, el contrato debe considerarse como "no perfeccionado". Ver precedentemente, texto y nota 158. Esta conclusión, que se impone ante las modalidades propias del derecho administrativo, concuerda con el "principio general" vigente en derecho privado, en cuyo ámbito, como criterio general, el Código Civil establece que "los contratos que tengan una forma determinada por las leyes, no se juzgarán probados, si no estuvieren en la forma prescripta" (artículo 1191 , norma ésta que concuerda con el artículo 975 de dicho Código) (189) . CAPÍTULO IV ADMINISTRACIÓN
ELECCIÓN
DEL
"COCONTRATANTE"
DE
LA
SUMARIO: 621. Planteamiento de la cuestión. Nociones generales y esenciales. -622. Ratio iuris de las normas que fijan criterios para seleccionar al cocontratante de la Administración Pública. - 623. Quiénes pueden ser cocontratante de la Administración. 624. Los procedimientos de selección del cocontratante de la Administración Pública no son exclusivos de los contratos "administrativos" stricto sensu. - 625. Los medios o sistemas de selección del cocontratante de la Administración Pública no se vinculan o concretan a un determinado contrato "administrativo". Consecuencias de ello. - 626. Distintos medios o sistemas de selección del cocontratante de la Administración Pública. Enumeración de los mismos. 627. A. "Libre elección". Noción conceptual. Casos en que procede. Diferencia con la "contratación directa". 628. B. "Licitación". Noción conceptual. Planteamiento. Cuestiones fundamentales a considerar. -629. ¿Es indispensable la licitación para la celebración de contratos "administrativos"? Incidencia jurídica de ello. La doctrina. El "principio" y la "excepción". La cuestión en la República Argentina - 630. Especies de licitación: pública y privada. Analogía y diferencias entre ambas. Lo atinente a la licitación "restringida": diferencia con la licitación "privada". El llamado "concurso-subasta". 631. Noción conceptual de licitación pública. - 632. ¿Cuándo procede? - 633. Ratio iuris de ella. Su objetivo fundamental - 634. Ventajas e inconvenientes. - 635. Terminología. "Licitación pública"; "remate"; "subasta"; "remate público"; y "concurso". La doctrina extranjera. 636. Naturaleza jurídica: triple aspecto en que debe considerarse esta cuestión. Trascendente importancia práctica de todo esto. - 637. Caracteres de la licitación: 1º automatismo; 2º sólo una de las partes del eventual contrato queda ab initio obligada hacia la otra. El derecho de la Administración Pública a dejar sin efecto la licitación - 638. Principios esenciales o fundamentales que la rigen. - 639. Continuación. a) "Oposición" o "concurrencia". Su razón de ser. El principio y la excepción. Otros supuestos. - 640. Continuación. b) "Publicidad". Su razón de ser. Su importancia. Naturaleza del vicio que se produce por inobservancia total o parcial de este requisito. - 641. Continuación. c) "Igualdad". Su fundamento. Su ratio iuris. No constituye un principio "absoluto". La impugnación del acto por violación del principio de "igualdad". Vicio que se ocasiona por inobservancia de este principio. - 642. El mecanismo o curso de la licitación pública: sus etapas o momentos. Mención de éstos. - 643. a) Pliego de condiciones. Noción conceptual. Su elaboración. Especies de ellos. Su naturaleza jurídica. Contenido de los pliegos; las
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normas sobre procedimiento. Modificación de los pliegos: distinciones a efectuar. Interpretación de sus términos o expresiones. - 644. b) El "llamado a licitación". Noción conceptual. La "publicidad": su razón de ser. Requisitos. Las "publicaciones". - 645. c) Presentación de "propuestas" u "ofertas". Su razón de ser. Diversas cuestiones a analizar. 646. Equivalencia entre "propuesta" y "oferta". - 647. Quiénes pueden presentarse como oferentes, proponentes o licitadores. Los registros de proveedores y de constructores. La "idoneidad" requerida ¿cómo se la justifica? Distinciones al respecto. Rechazo de la solicitud de inscripción en el respectivo registro: recursos o medios de impugnación contra la decisión denegatoria. Otro supuesto de exclusión del licitador. - 648. Naturaleza de la prerrogativa del licitador a ser admitido en la licitación y a contratar con el Estado. - 649. Cuestión sobre terminología. ¿"Licitador" o "licitante"? Significado preciso de cada uno de estos vocablos. - 650. Negativa a recibir la oferta efectuada por un proponente o licitador. Recurso contra la respectiva decisión. - 651. "Forma" de la propuesta. La cuestión en la doctrina. Derecho argentino. - 622. Contenido de la oferta. - 653. "Error" en que incurra el licitador. Alcances o consecuencias de ese "error". - 654. "Efecto" de la propuesta u oferta efectuada. - 655. Obligaciones del oferente: a) depósito de garantía; b) mantenimiento de la oferta. Diversas cuestiones. - 656. Número mínimo de licitadores. Principio general. Oferta única. - 657. d) Apertura de los sobres que contienen las ofertas o propuestas. Realización de dicho acto. Formalidades del mismo. El acta o documento que debe labrarse: su contenido; trascendencia de éste. - 658. e) "Adjudicación". Noción de la misma. Su trascendencia. Cómo y cuándo se le efectúa. - 659. La "preadjudicación". La "aprobación" de la "contratación". Situación de las partes en esa etapa del procedimiento. - 660. Efectos de la "adjudicación": situación de las partes. Otorgamiento de garantías. - 661. Criterio a que debe atenerse la autoridad administrativa para efectuar la adjudicación. - 662. Naturaleza jurídica de la adjudicación. - 663. Plazo o término dentro del cual la Administración Pública debe expedirse acerca de la adjudicación. - 664. La "mejora de precios" o de la "oferta". Concepto. Diversas cuestiones y supuestos. - 665. Adjudicación imposible. Licitación "desierta". Concepto. Efectos. - 666. Adjudicación inconveniente. Oferta "inadmisible". Concepto de ésta. - 667. Medios de impugnación del acto de adjudicación o del de preadjudicación. Recursos y acciones. Alcance del fallo de la autoridad jurisdiccional. - 668. f) El "perfeccionamiento" del contrato administrativo. Sistemas. La cuestión en nuestro país. Remisión. - 669. Fracaso de la licitación pública. Causas que lo determinan. Consecuencias. - 670. Vicios de la licitación pública. Regulación de los mismos. Irregularidades irrelevantes o intrascendentes. - 671. Incumplimiento del requisito de la licitación cuando ésta es requerida por la norma. Sanción correspondiente a esa irregularidad. Reglas aplicables. - 672. Derecho que rige en materia de licitación. Las normas y los principios. 673. Noción conceptual. Diferencia con la licitación pública. Terminología. - 674. Cuándo procede la licitación privada. Disposiciones legales. Otro caso en que ella es procedente. - 675. Quiénes pueden ser proponentes u oferentes en la licitación privada. Los textos. Requisitos. Aclaraciones. Casos de posibles licitadores no contemplados por las normas, pero incluidos en su espíritu. - 676. Fracaso de la licitación privada por incomparecencia total de las firmas, proveedores o constructores invitados. Solución. - 677. ¿Proceden los depósitos de "garantía de oferta" y de "garantía de adjudicación", tratándose de licitaciones privadas? - 678. Su diferencia con la "contratación directa". - 679. Derecho que rige la licitación privada. "Procedimiento" y
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"adjudicación". Aplicación subsidiaria de las normas y principios sobre licitación pública. 680. ¿Qué pliegos de condiciones deben utilizarse cuando se recurre a la licitación "privada" por fracaso de la licitación pública que resultó desierta o donde se hicieron ofertas inadmisibles? 681. C. Contratación directa. Noción conceptual. Diferencia con el sistema de "libre elección". - 682. Terminología. - 683. No prejuzga sobre la índole "administrativa" o de "derecho común" del respectivo contrato. - 684. Cuándo procede la "contratación directa". La doctrina. Los textos positivos; régimen para las Universidades Nacionales. Los controles necesarios. La licitación "privada". - 685. Caracteres de la contratación directa. - 686. Procedimiento de la contratación directa. Diversos casos. Las exigencias de la juridicidad. - 687. ¿Sobre qué pliegos de condiciones debe efectuarse la "contratación directa" cuando se recurre a ella por haber resultado "desierta" la licitación o por haber fracasado ésta por no haberse efectuado en ella oferta "admisible"? 688. D. "Remate público". Noción conceptual. Terminología. - 689. El "remate público" como medio de contratación del Estado. El derecho positivo. - 690. Cómo puede intervenir la Administración Pública en un "remate público". Vendedora y compradora. - 691. El "procedimiento" en materia de "remate público" como medio de contratación utilizado por la Administración Pública. Derecho aplicable en la especie. Requisitos a observar. 692. E. "Concurso". Noción conceptual, Su diferencia con "licitación". Cuándo corresponde utilizar el procedimiento del "concurso" para la celebración de contratos administrativos. 693. El "concurso" como medio preliminar de selección de la obra cuya realización se contratará después. Concurso de planos arquitectónicos; maquetas de monumentos y esculturas; esbozos y bosquejos pictóricos. Naturaleza jurídica de ese "concurso". Derechos de los intervinientes en el mismo (Administración y concurrentes). - 694. El "concurso- estímulo" instituido por el Estado para fomento de las ciencias, artes, letras, etc. Diferencia de naturaleza jurídica con el "concurso" mencionado en el parágrafo anterior (medio de selección de un "cocontratante"). Consecuencias de esto. - 695. El "concurso" ¿es requisito esencial para la elección del cocontratante de la Administración Pública? Supuestos a considerar. - 696. Derecho aplicable en materia de "concurso". Normas que le rigen. 621. La Administración Pública no siempre puede elegir libremente a su cocontratante. Es muy común que el orden jurídico positivo la constriña a efectuar dicha elección observando o respetando ciertas normas, exigencia que puede aparecer más acentuada con referencia a unos contratos que a otros. Así, en los contratos de "suministro" prevalece el criterio de que la selección del cocontratante debe ajustarse a determinados procedimientos; en cambio, tratándose de contratos donde predomine el carácter intuitu personae, la Administración Pública tiene libertad, o mayor libertad que en otros supuestos, para seleccionar a su cocontratante, pues no toda persona suele reunir las condiciones especiales requeridas para efectuar determinada prestación (190) . Pero aun en este último caso, la Administración -por obvias razones éticas- debe darle amplia publicidad a dicha selección, y "motivar" su decisión, no pudiendo actuar a hurtadillas ni arbitrariamente, pues ello podría viciar al acto de "error" o "dolo" en la elección del cocontratante, e incluso podría configurar una "desviación de poder" cuando la elección de un especialista o artista -frente a otros especialistas o artistas de notorios más méritos o prestigio- sólo responda al deseo de favorecer a dicho especialista o artista (191) . El control efectuado por la opinión pública
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-merced a la "publicidad" de los actos- es siempre saludable, pues rodea al acto de "juridicidad": el proceder de los funcionarios públicos debe ser inmaculado e insospechable. Es de la esencia de las instituciones republicanas el carácter público de las actuaciones administrativas; sólo por vía de excepción se justificaría un temperamento distinto (192) . La ley no "obliga" a que en ciertos casos se recurra al trato directo: sólo "faculta" a ello, lo cual, para evitar irregularidades, deja abierta, por ejemplo, la posibilidad del llamado a "concurso" entre los técnicos o artistas especializados (193) . Desde luego, si la legislación aplicable así lo exigiere para alguno, algunos o todo tipo de contratos, la Administración Pública deberá observar y respetar el procedimiento especial establecido para seleccionar a su cocontratante. Si no lo hiciere así el contrato hallaríase viciado por no haberse observado un aspecto de la "forma" establecida. 622. Las normas legales -ya se trate de constituciones o de leyes formales o materiales- que establezcan procedimientos especiales para seleccionar al cocontratante de la Administración Pública, tienen una doble finalidad: 1º asegurar la eficiencia en el cumplimiento del contrato; 2º evitar toda sospecha de inmoralidad en la respectiva negociación. 623. Pueden ser cocontratantes de la Administración Pública tanto las personas individuales como las jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas dentro o fuera del territorio de la República, en tanto dichas personas se hallen encuadradas, o actúen encuadradas, en las normas que disciplinan lo atinente a las contrataciones con el Estado (194) . 624. Los procedimientos a que se recurre en derecho administrativo para seleccionar al cocontratante de la Administración Pública, no son exclusivos de los contratos "administrativos", propiamente dichos, pues, aparte de que "también los contratos civiles de la Administración pueden estar sometidos a estas exigencias procedimentales" (195) , no es raro observar esas mismas prácticas en las negociaciones que celebren personas particulares o privadas entre sí. Pero es más común la observancia de esos criterios en el estricto ámbito del derecho público que en el del derecho privado, referido éste ya sea a la actuación de la Administración Pública o de las personas particulares, lo cual se explica dada la índole de la actividad de la Administración Pública, ya que ésta siempre debe tener en cuenta el "interés público", que si bien no es indispensable que siempre sea favorecido en forma "directa" e "inmediata", jamás debe resultar dañado como consecuencia de la actividad administrativa. La concesión de uso sobre el dominio público, por ejemplo, se otorga en interés directo e inmediato del concesionario, lo cual es jurídicamente correcto, tanto más cuando la concesión de referencia no lesiona al interés público; pero la validez de esa concesión desaparecería si ella menoscabase el interés público, lesionándolo, por resultar contrario al mismo. 625. Los medios o sistemas reconocidos por la ciencia jurídica para la selección del cocontratante de la Administración Pública, no son "exclusivos" de un determinado contrato administrativo, sino que son de posible aplicación en todos esos contratos o en
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muchos de ellos. Trátase de temperamentos de posible vigencia respecto a la generalidad de los contratos "administrativos", cualquiera sea la especie de éstos. Ello justifica que el estudio de esos distintos medios o sistemas se le efectúe dentro de la "teoría general" de los contratos administrativos. 626. La doctrina de los administrativistas menciona los siguientes medios o sistemas como idóneos para la selección del cocontratante de la Administración Pública, medios o sistemas a los cuales se recurrirá en cada caso en tanto ello concuerde con el derecho positivo: a) libre elección; b) licitación, en sus dos especies; c) trato directo o privado; d) remate público; e) concurso. En los parágrafos que siguen me ocuparé de cada uno de esos sistemas. 627. A. "Libre elección" Este sistema consiste en la posibilidad de que la Administración Pública elija directa y discrecionalmente a su cocontratante, sin tener que cumplimentar previamente para ello algún requisito especial. Desde luego, esa "libre elección" no significa "posibilidad de arbitraria elección", pues también aquí la actividad de la Administración Pública ha de ajustarse y respetar los criterios generales que delimitan la validez de su actuación (téngase presente lo dicho en el nº 621). Pero la circunstancia de que en el contrato "administrativo" una de las partes sea la Administración Pública, cuya actividad hállase sujeta a diversos tipos de control -no sólo de orden financiero y técnico, sino también ético-, da como resultado que, al celebrar contratos, la Administración no disponga de total o absoluta libertad para elegir a su cocontratante, como ocurre, en cambio, cuando dos personas particulares contratan entre sí. Es ello una consecuencia obvia de la manera como habitualmente se desarrolla la actividad de la Administración Pública. De ahí que el sistema de "libre elección" del cocontratante, por más que implique el "principio" al respecto, sólo sea de aplicación en casos que presenten determinados caracteres. No obstante esto, en materia de celebración de contratos administrativos, el principio general consiste, como digo, en que la Administración Pública puede elegir libre y directamente la persona con la cual contratará (196) : sólo a texto expreso -genérico o específico- deja de regir dicho principio. Tal es el punto de partida en esta materia, donde sigue imperando la "libertad formal" propia del acto administrativo (ver el tomo 2º, nº 412). Lo que ocurre, como bien lo advirtió Gastón Jèze años ha, es que los casos en los cuales los textos requieren la licitación para los contratos del Estado son tan numerosos que ello hizo incurrir en error acerca de la regla misma (197) . De acuerdo al derecho positivo, lo común o habitual es que la Administración Pública deba elegir su cocontratante en base a sistemas o criterios que, o bien implican una elección "automática" del mismo -como ocurre, por ejemplo, en la licitación-, o deba elegirlo de acuerdo a otros criterios que, por una u otra razón, implican siempre una restricción -mayor o menor- a esa libertad de elección (198) .
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La doctrina está conteste en que el sistema de la "libre elección" del cocontratante sólo rige para los casos de especial carácter y que, en definitiva, resultan extremos entre sí: para los asuntos de gran trascendencia económica o de muy pequeña importancia económica (199) . Sostiénese, también, que el sistema de la "libre elección" se impone en aquellos contratos donde prevalece el factor "personal" del cocontratante, la confianza que, desde todo punto de vista (financiero, técnico y moral), éste pueda merecerla a la Administración Pública (200) ; en cambio, cuando ese factor "personal" carece de importancia, rigen otros sistemas de elección del cocontratante, incluso algún sistema "automático", tal como ocurre en los supuestos de "licitación", en cuya virtud el contrato se realiza o debe realizarse con la persona que, de acuerdo al resultado de aquélla, haya ofrecido mayores ventajas económicas para la Administración Pública. Sobre la base de lo expuesto, es de principio que en la concesión de servicio público, por ejemplo, donde, con relación al concesionario, prevalece el carácter intuitu personae, se impone el sistema de libre elección del cocontratante (concesionario, en la especie), siendo innecesario el llamado a "licitación" para otorgar la concesión. Con atendibles argumentos, así lo sostienen autorizados expositores (201) . En nuestro orden "nacional" la legislación no exige que se recurra a la "licitación" para el otorgamiento de concesiones de servicio público (ver artículo 55 de la ley de contabilidad de la Nación, decreto-ley 23354/56; asimismo, véase el decreto nº 6900/63 que aprobó el Reglamento de las Contrataciones del Estado) (202) . Sin embargo, quizá debido a una deficiente información jurídica o también a un exceso de precauciones, o a recelos determinados por alguna experiencia ingrata, las constituciones de algunas provincias nuestras exigen la licitación pública para el otorgamiento de concesiones de servicios públicos (203) . En su mérito, cuando el ordenamiento jurídico vigente en el lugar de que se trate no exija el procedimiento de la "licitación", podrán otorgarse válidamente concesiones de servicios públicos sin recurrir a dicho procedimiento. Igualmente, por aplicación del criterio ya señalado, el sistema de la "libre elección" del cocontratante se impone en los negocios o asuntos muy pequeños, es decir de escaso monto pecuniario (204) . Es lo que sucede en nuestro país en el orden nacional, donde el Reglamento de las Contrataciones del Estado excluye de sus disposiciones las contrataciones que no superen los montos fijados para los gastos de "caja chica", siempre que no excedan el actual límite de cien mil pesos establecido en el artículo 56, inciso 3º, apartado a) de la ley de contabilidad que fue reformado, en cuanto al "monto", por el decreto 6449/67 (205) . En el ámbito "provincial" -esfera comunal-, algunas constituciones excluyen de la licitación ya sea a las obras públicas, o a éstas y a las adquisiciones que no excedan de determinado monto (de doscientos pesos, Constitución de La Rioja, artículo 144 ; de mil pesos, Constitución de Mendoza, artículo 202 , inciso 7º). De manera que los procedimientos -cualquiera de ellos- que impliquen una restricción a la "libre elección" del cocontratante por parte de la Administración Pública, son improcedentes si una norma válida no los exige como requisitos de la respectiva contratación. De ahí deriva que el no haber seguido un procedimiento dado -verbigracia,
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licitación- cuando la legislación pertinente no lo requiere, en modo alguno vicia el respectivo contrato (206) . Como lo advertiré más adelante, al referirme a la "licitación", toda norma que implique desvirtuar el sistema de "libre elección" de su cocontratante por la Administración Pública, debe ser de interpretación estricta o restrictiva, y en modo alguno de interpretación extensiva o ampliativa. Desde luego, no debe confundirse el sistema de "libre elección" del cocontratante, con el llamado sistema de "contratación directa o privada". Aquél, desde un principio, deja en amplia y total libertad de acción a la Administración Pública -salvo las limitaciones propias o inherentes a la actividad de ésta -, quien, en consecuencia, reunidas las pertinentes condiciones objetivas, puede contratar sin necesidad de observar o realizar trámite previo alguno. En cambio, la "contratación directa o privada" sólo procede cuando, reunidas también las condiciones objetivas establecidas, la Administración Pública haya dado cumplimiento a ciertos requisitos especiales; así, si bien la ley de contabilidad, y su reforma, autorizan a la contratación directa cuando la operación no exceda de cien mil pesos (artículo 56, inciso 3º, apartado a. y decreto 6449/67), el Reglamento de Contrataciones del Estado supedita el ejercicio de esa atribución al previo requerimiento de oferta a tres casas del ramo, debiéndose dejar constancia, en caso contrario, de las razones que impidieren proceder así (reglamentación al artículo 62 de la ley de contabilidad, inciso 10). 628. B. "Licitación" Consiste en un procedimiento de selección del cocontratante de la Administración Pública que, sobre la base de una "previa" justificación de idoneidad moral, técnica y financiera, tiende a establecer qué persona o entidad es la que ofrece el "precio" más conveniente para la Administración Pública. Las características concretas de la cosa a construir o a entregar, o del trabajo o servicio a realizar, como objeto del respectivo contrato, son fijadas de antemano por la Administración Pública en el pliego de condiciones ("cláusulas particulares"), conforme lo requieren el Reglamento de las Contrataciones del Estado (reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, incisos 30, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 67, 129, 130, 138, 139 y 148, y al artículo 62, inciso 1º de la misma) y la ley de obras públicas 13064 (artículos 4º , 11 y 12) (207) . En cuanto a la idoneidad técnica, moral y financiera de los eventuales oferentes es de advertir que debe hallarse acreditada a priori (208) . Se parte de la base de que todos los que intervienen en una licitación -por haberse admitido su inscripción en el respectivo registro- tienen responsabilidad moral, técnica y financiera; de lo contrario no se les habría inscripto. Es eso lo que ocurre en ordenamientos jurídicos como el nuestro, donde, como regla general, para intervenir en licitaciones estatales existe la obligación de estar inscripto en el registro pertinente (de Proveedores del Estado, de Constructores de Obras Públicas, etc.) (209) .
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La licitación se concreta fundamentalmente, entonces, a establecer qué persona o entidad ofrece el "precio" más conveniente para realizar la prestación especificada en el pliego de condiciones (210) . Por eso se ha dicho que el sistema de la "licitación", como medio para elegir el cocontratante, al revés de lo que ocurre con el sistema de "libre elección", es un sistema "automático", por cuanto el contrato debe adjudicársele a quien ofreció el mejor "precio" (211) . En este orden de ideas la "discrecionalidad" de la Administración Pública tiene poco margen. Pero estimo que el concepto de "precio más conveniente" es comprensivo, también, de "condiciones más convenientes". La idoneidad técnica, moral y financiera de los eventuales oferentes o licitadores queda -o debe quedar- acreditada con anterioridad al acto de licitación. Ello es así porque, como dije, sólo pueden intervenir en licitaciones las personas o entidades inscriptas en los respectivos registros, o las que, sin estar inscriptas, sean de notoria solvencia o la índole de la negociación justifique la exención de tal requisito (212) . Para ser inscripto en dichos registros el solicitante debe acreditar su idoneidad en el orden moral, técnico y financiero. Ésa es, precisamente, la ratio iuris de los expresados registros. Sobre tales bases el interesado interviene en la licitación, la que entonces queda circunscripta a establecer el mejor "precio" con relación al objeto del contrato, cuyas especificaciones constan detalladamente en el pliego de condiciones. Sería inconcebible que la Administración Pública inscriba en el Registro de Proveedores del Estado o de Constructores de Obras Públicas -inscripción que por sí misma implica, o debe implicar, toda una garantía de moralidad y de eficiencia técnica y financiera- a personas cuyos antecedentes y situación no justifiquen tal reconocimiento. La inscripción indebida puede hacer pasible de responsabilidad al funcionario que la dispuso. Igualmente sería inconcebible que, con relación a personas o entidades no inscriptas en el Registro de Constructores de Obras Públicas, la Administración Pública, en base a lo autorizado por el artículo 27 del reglamento de ese Registro, faculte que se presenten a licitación personas carentes de solvencia técnica y financiera; también en tales casos los funcionarios integrantes del Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, al autorizar indebidamente que una persona no inscripta intervenga en la licitación, pueden incurrir en responsabilidad por irregular cumplimiento de sus obligaciones legales (213) . Si no obstante haber sido una persona o entidad inscripta en el registro correspondiente, por haber acreditado a satisfacción solvencia moral, técnica y financiera, y haber luego esa persona ofrecido en una licitación el precio más conveniente, la Administración Pública estuviere facultada para no adjudicarle el contrato a esa persona o entidad, sosteniendo que, a juicio de ella, otro de los oferentes, también inscripto pero cuyo precio es menos conveniente, ofrece mejores perspectivas como cocontratante, y el contrato se celebrase con esta última persona, ello destruiría la razón de ser de los expresados registros y echaría por tierra la esencia misma de la licitación, pudiendo dar lugar a procederes arbitrarios de parte de la Administración Pública. Si los "registros" existen hay que asignarles y reconocerles todas las consecuencias lógicas derivadas de sus constancias. Véase precedentemente, texto y notas 181 y 181 bis.
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Uno de los presupuestos fundamentales de la licitación es la "igualdad" de trato para todos lo que intervienen en ella como licitadores u oferentes; pero esa "igualdad" no está supeditada a valoraciones subjetivas realizadas por la Administración Pública a través de sus decisiones: la referida "igualdad" exige que la situación de los distintos oferentes o licitadores sea valorada esencialmente sobre bases o datos "objetivos" (constancias de la inscripción en el respectivo registro y "precio" ofrecido). Lo contrario atentaría contra la seguridad jurídica, esencia del derecho. Como ya lo dije precedentemente, en este ámbito jurídico la "discrecionalidad" de la Administración Pública tiene poco margen. El mero hecho de que una persona o entidad haya sido inscripta en el respectivo registro -sea éste de Proveedores, de Constructores de Obras, etc.-, lo cual presupone haber acreditado fundamentales requisitos de idoneidad moral, económica y técnica, le otorga derecho a un trato igual al de cualquier otra persona que se haya presentado como oferente en la misma licitación, salvo supuestos verdaderamente excepcionales que reclamen una solución particular. Así, pues, en casos excepcionales, y siempre que ello no contradiga una norma positiva, a pesar de que los respectivos oferentes sean personas o entidades de acreditada solvencia moral, técnica y económica, el mejor "precio" puede no ser decisivo en este orden de ideas. Ello ocurrirá, por ejemplo, cuando se trate de la construcción de una obra donde la utilización de materiales o de procedimientos que impliquen una novedad en el terreno de la ciencia y de la industria, aconseje recurrir a personas o entidades cuyos antecedentes permitan afirmar que poseen mayor competencia técnica para el manejo y empleo de dichos materiales o procedimientos. El "automatismo" de la licitación no puede llegar hasta el absurdo de desvirtuar la propia esencia y razón de ser de ella, imponiendo a la Administración Pública la obligación de contratar, a sabiendas, en condiciones que no son las más ventajosas para los intereses públicos. La resolución que se dicte en casos así debe ser debidamente "motivada", es decir debidamente "fundada" (sobre "motivación", véase el tomo 2º, nº 411). Pero esto, por ser lo excepcional, no desvirtúa el "principio" que dejo expuesto acerca de que la licitación se circunscribe a establecer quién ofrece el mejor "precio" o las mejores condiciones. Algunos tratadistas al dar la noción conceptual de "licitación" lo hacen en forma por demás "general", al extremo de tornarla difusa o vacía, pues al expresar cuál es el objeto a que responde la licitación, manifiestan que es el de "determinar la persona que ofrece a la Administración condiciones más ventajosas". Ello -lato sensu- es exacto, pero ¿a qué ventaja concreta se refiere la licitación? Otros expositores dicen que tal objeto es el de lograr el mayor acierto en la contratación desde los puntos de vista moral, técnico y financiero. Semejantes posiciones no las considero aceptables, máxime en ordenamientos jurídicos como el argentino, donde, por las razones ya dadas, el objeto concreto de la licitación es el de determinar cuál de los intervinientes en ella ofrece el "precio" o condiciones más convenientes (ver precedentemente, texto y nota 183). Todo lo relacionado con la justificación de la moralidad y solvencia económica y técnica de los eventuales cocontratantes del Estado es ajeno a la etapa "licitación": corresponde a un capítulo anterior, el de "inscripción en el registro pertinente".
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Toda persona o entidad inscripta en el correspondiente registro, teóricamente es considerada apta para contratar con el Estado, cuando el "precio" ofrecido o pedido sea el mejor con referencia a determinado contrato. Todos los inscriptos en los registros se considera que reúnen las condiciones necesarias para ser cocontratantes del Estado, por lo que, en ese orden de ideas, están colocados en el mismo plano, vale decir, a todos se les considera igualmente morales y a todos se les conceptúa como poseedores de la solvencia financiera y técnica necesaria para cumplir satisfactoriamente el contrato, en tanto los requerimientos de la financiación de éste armonicen con los datos sobre solvencia económica del eventual cocontratante existentes en el registro. En éste debe existir constancia precisa del monto hasta el cual llega la solvencia económica de cada inscripto, lo que, en los casos concretos, permitirá establecer si tal o cual persona o entidad está o no en situación de tomar a su cargo un contrato de determinado monto. Las personas o entidades cuya situación económica no les permita tomar a su cargo un contrato que supere determinado monto, no pueden resultar adjudicatarias del mismo (214) . Pero, con el objeto de que estos presupuestos teóricos no fallen o fracasen en la práctica, es menester que la inscripción en el registro correspondiente sólo se autorice después de una exhaustiva y honesta comprobación de la idoneidad moral, técnica y financiera de los eventuales licitadores. Lo relativo a la "inscripción" en el registro es, pues, de fundamental importancia en el régimen de contrataciones del Estado. 629. La "licitación", no obstante la frecuencia con que es requerida por el ordenamiento jurídico positivo, no constituye el "principio" en materia de elección del cocontratante de la Administración Pública. Tal "principio" es el de la "libre elección" (ver nº 627). Por lo demás, a pesar de la expresada frecuencia con que el orden jurídico suele exigir la "licitación", es de advertir que, aun entonces, ello no siempre comprende a "todos" los contratos, sino a "ciertos" contratos; así, por ejemplo, la concesión de uso de dominio público y la concesión de servicio público generalmente escapan a la exigencia mencionada (215) . La "licitación", pues, sólo procede cuando una norma válida la exija. Dentro de la teoría del contrato administrativo, la licitación no constituye un requisito "implícito": no pertenece a la "esencia" de dicho contrato, aunque sí a su "naturaleza" (216) . No existiendo tal requerimiento, el respectivo contrato puede celebrarse válidamente sin el requisito de la licitación. De modo que no siempre es indispensable recurrir a ésta para la celebración de contratos administrativos. Pero si la norma aplicable lo exigiere, el no cumplimiento de la licitación vicia el contrato pertinente; así lo haré notar más adelante (nº 671). El "principio", entonces, es el de la "libre elección" del cocontratante (217) , lo cual armoniza con el principio de "libertad formal" del acto administrativo. Sólo hay actos administrativos "formales" cuando la norma exija una determinada "forma" (ver tomo 2º, nº 412). La licitación es un aspecto del contrato administrativo vinculado a su "forma" (ver nº 636, punto B). No obstante, hay quien piensa que ante el silencio de la ley, la licitación debe ser la regla (218) . Aparte de que tal opinión hállase rechazada por la generalidad de la doctrina, su
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improcedencia la juzgo manifiesta, pues ella implica la derogación de dos principios básicos de nuestra materia: 1º el de la libertad formal del acto administrativo; 2º el de la libertad o discrecionalidad de la Administración Pública para seleccionar o elegir a su cocontratante. La derogación de tales principios requiere texto expreso -específico o genérico- que la establezca. No es posible dar por quebrados tales criterios por el mero silencio de la legislación. Otros tratadistas manifiestan que, de acuerdo al derecho vigente en sus respectivos países, el procedimiento de la licitación constituye la regla o principio en materia de contratación administrativa (219) . Esto, que trasunta una confusión de los conceptos régimen "legal" y régimen "jurídico", no desvirtúa la afirmación de que la licitación es un procedimiento "excepcional" -y no la "regla"- en materia de contratación administrativa, por más que a texto expreso algunos ordenamientos jurídicos la erijan en procedimiento generalizado de contratación. Una cosa es el sistema "legal" imperante y otra muy distinta el sistema "jurídico" pertinente. El sistema legal puede modificar al sistema jurídico y crear "excepciones"; pero, a pesar de ello, el sistema "jurídico" conservará su vigencia científica. Precisamente, la existencia de texto "expreso" que exija la licitación corrobora que en esta materia el "principio" es el contrario, o sea que en ausencia de tal texto sigue rigiendo el principio de libertad formal del acto administrativo. Nuevamente cabe repetir aquí lo afirmado antaño por Gastón Jèze: los casos en los cuales los textos establecen la licitación para los contratos del Estado, son tan numerosos que se ha podido incurrir en error acerca de la regla misma (220) . La "generalidad" o "frecuencia" con que el derecho positivo exija la "licitación" como procedimiento para la celebración de contratos administrativos, en modo alguno convierte, pues, a dicha exigencia en el "principio" o "regla" aplicable en la especie (221) . La licitación jamás será indispensable si una norma no la requiere, y ese requerimiento normativo constituye, precisamente, la "excepción" al principio de "libre elección", procedimiento este último que procederá siempre que una norma no lo prohíba, siendo innecesario que la norma lo autorice. Los "principios" rigen por sí solos, por imperio de ellos mismos; tienen operatividad propia, derivada, precisamente, de su carácter de "principios"; las "excepciones" requieren norma que las ponga en ejercicio. De lo expuesto deriva una consecuencia fundamental, advertida oportunamente por Jèze: "siendo el principio general el poder discrecional de la Administración para la elección del cocontratante, no cabe interpretar ampliamente los textos que derogan el principio general" (222) . La trascendencia de esto es obvia, pues si la norma respectiva no exige expresa o claramente la "licitación" para un determinado contrato, sino que, después de mencionar taxativamente los contratos a los que se aplicará ese procedimiento, agrega -como suele ocurrir en ciertos regímenes legales- "y demás contratos susceptibles de licitación", esta última expresión debe interpretarse restrictiva o estrictamente y en modo alguno ampliativa o extensivamente; de ahí, por ejemplo, que la concesión de servicio público no deba considerársela incluida en una expresión semejante, pues tal contrato administrativo, por principio, excluye la licitación, salvo texto expreso que la exija (ver nº 627, texto y nota 174). Algo similar correspondería afirmar de las concesiones de uso del dominio público, vgr. las de agua para irrigación o las concesiones en cementerios para construir sepulcros.
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Por lo demás, carece de sentido decir que la licitación procede "en todos los demás contratos susceptibles de ella", pues es evidentemente raro el contrato que no sea susceptible de celebrarse previa licitación; tratándose de una expresión ambigua, se impone su interpretación estricta o restrictiva, pues ésa es la manera de interpretar todo aquello que restrinja los "principios" de libertad en la elección de su cocontratante por parte de la Administración Pública y de libertad formal del acto administrativo. Estimo que la mencionada expresión "en todos los demás contratos susceptibles de ella" (es decir, susceptibles de la "licitación"), debe suprimirse del orden jurídico, porque atenta contra la pertinente "certeza" del derecho. En nuestro país, en el orden "nacional", con las salvedades pertinentes, el requisito de la licitación es requerido por la legislación para toda "compra" o "venta" por cuenta de la Nación, así como respecto a todo contrato de "locación", "arrendamiento", "trabajo" o "suministro" (223) . También la exige, con las salvedades que establece, la ley de obras públicas 13064, artículo 9º . En el orden "provincial" las constituciones hacen referencia a la licitación, exigiéndola respecto a contratos que celebren ya sea la provincia o las municipalidades; pero no todas las constituciones tienen sus textos redactados de igual manera: hay diferencia de redacción entre ellos, lo cual los torna de un contenido más amplio o más limitado, según los casos (224) . Pero aun cuando el derecho vigente no la exigiere como requisito esencial, nada obsta a que, en el caso concreto, la Administración Pública recurra a la "licitación" como procedimiento de elección de su cocontratante (225) . Trataríase de un requisito superfluo que, lejos de viciar el acto, lo rodea de juridicidad, dadas las garantías de seriedad que es lógico deducir de una licitación llevada a cabo correctamente. 630. La doctrina y la legislación reconocen la existencia de dos especies fundamentales de "licitación": la pública y la privada. Pero existe, además, un tercer tipo de ella: la "restringida" que, como se verá luego, no es otra cosa que una subespecie de la licitación "pública", aunque algunos autores la confundan con la licitación privada, al extremo de no distinguir entre ambas. Todos esos tipos o especies de licitación, aparte de su análogo substrato, tienen sus marcada diferencias. La analogía consiste en que todas implican un medio o sistema de que se vale la Administración Pública para seleccionar o elegir a su cocontratante. La diferencia radica en quiénes pueden intervenir, como oferentes o licitadores, en cada uno de esos supuestos. En la licitación "pública" el número de oferentes o licitadores no tiene limitación. Pueden concurrir como tales todas aquellas personas o entidades que, de acuerdo a las normas vigentes, estén en condiciones de presentarse a esa licitación. Esas condiciones varían o pueden variar de país a país, o de lugar a lugar. Entre nosotros, en el orden nacional, pueden presentarse a una licitación pública todas las personas o entidades inscriptas en el
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Registro de Proveedores del Estado, en tanto la actividad y rubros que figuren en la inscripción se relacionen con el objeto del contrato a celebrar (226) . Por excepción, también pueden ser oferentes o licitadores las personas o entidades que, aun sin estar inscriptas en dicho Registro, se hallen expresamente autorizadas por la legislación (227) . En la licitación "privada" sólo pueden intervenir, como oferentes o licitadores, las personas o entidades "invitadas" al efecto por la Administración Pública. ¿Cuándo procede este temperamento? ¿Quiénes son esas personas o entidades? ¿Cómo y de dónde se las selecciona para invitarlas a licitar? La procedencia o admisión de la licitación "privada" se basa, primordialmente, en el "monto" o "valor" estimado de la obra u operación (228) , o cuando, en materia de obras públicas, se trate de trabajos complementarios, o urgentes, o que, por referirse a la seguridad del Estado, exijan una garantía especial o gran reserva, o cuando se trate de trabajos que requieran una específica capacidad artística o científica, o cuando una licitación hubiese resultado desierta o no se hubiere hecho en ella oferta admisible (229) . Debe tratarse de personas o entidades que actúen en el tipo de negocio a que se refiere el contrato a celebrar; deben estar inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado; el número de personas o entidades que se invitará no debe ser menor de seis; las invitaciones de referencia deben efectuarse en forma rotativa dentro de las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado (230) . En cambio, la licitación "restringida" -que algunos autores no distinguen de la "privada", dándola entonces como directamente opuesta a la "pública" (231) - es aquella en que únicamente pueden intervenir personas o entidades que reúnan ciertas condiciones de idoneidad especialmente requeridas, o que respondan a especiales requisitos fijados por la Administración Pública. Así, habría "restricción" (o "limitación") cuando sólo se admitan como licitadores a personas de un distrito o municipio, o a empresarios de cierta capacidad mínima de producción, o a empresarios de determinadas obras en curso, etc. (232) . Aquí no hay "invitación" personal, sino "llamado a licitación". Pero este tipo de licitación, la "restringida", no es sino una subespecie de la licitación pública, a cuyo régimen debe adscribírsela en lo pertinente (233) . En nuestro país -ámbito "nacional"- no existe, como procedimiento específico de contratación administrativa, la licitación "restringida", considerada ésta en el sentido que acabo de exponer. Cuando se trate de obras o trabajos que requieran conocimientos o aptitudes técnicas especiales, nuestra legislación autoriza la licitación "privada" o la "contratación directa" (234) que, por cierto, difieren de la expresada licitación "restringida". Tampoco existe en nuestro derecho una figura que ofrece ciertos rasgos similares a la licitación "restringida". Me refiero a lo que algunos autores extranjeros denominan "concurso- subasta" (235) . La diferencia entre la "licitación privada" y la "restringida" es obvia: la primera es admitida, por principio, cuando se trata de una operación que no exceda de determinado monto, o cuando se trate de personas "determinadas" que presumiblemente puedan realizar los trabajos u obras que la ley menciona (ver texto y notas 200 y 201); la segunda no tiene
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en cuenta estas circunstancias, sino las expresadas en párrafos precedentes. Aparte de ello, en la licitación "privada" hay "invitación personal", en tanto que en la "restringida" hay un "llamado a licitación" efectuado mediante la habitual publicación. Licitación Pública 631. ¿Qué ha de entenderse por licitación pública? En un parágrafo precedente (nº 628) dije que la "licitación" consiste en un procedimiento de selección del cocontratante de la Administración Pública que, sobre la base de una "previa" justificación de idoneidad moral, técnica y financiera, tiende a establecer qué persona o entidad es la que ofrece el "precio" -o condiciones- más conveniente para el Estado. Pero éste es el concepto "lato" de licitación, por lo que ahora corresponde establecer qué ha de entenderse concretamente por licitación "pública", que es una de las especies de ella. Por licitación "pública" debe entenderse el procedimiento de selección del cocontratante de la Administración donde el número de oferentes o licitadores no tiene limitaciones, dado que pueden concurrir a ella todas aquellas personas o entidades que, de acuerdo a las normas vigentes, estén en condiciones de presentarse a la licitación de que se trate (véase el nº 630, texto y notas 198 y 199). De manera que el rasgo típico de la licitación "pública" es la posibilidad de que concurra a ella un número ilimitado de oferentes o licitadores, en tanto éstos se hallen encuadrados en las disposiciones normativas vigentes (236) . Considerada como procedimiento, la licitación tiene sus "etapas" o "momentos", a los cuales me referiré más adelante. 632. ¿Cuándo procede la licitación pública? Como la licitación implica una excepción al principio de libre elección de su cocontratante por parte de la Administración Pública, ella sólo es exigible cuando una norma la requiere. Si la norma no la exige, la licitación no es indispensable para la celebración de contratos administrativos. Pero como quedó dicho en un parágrafo anterior, aun cuando el derecho vigente no la exigiere como requisito esencial, nada obsta a que, en el caso concreto, la Administración recurra a la "licitación" como procedimiento voluntario de elección de su cocontratante (237) . De manera que, cuando la norma aplicable lo requiera, debe recurrirse a la "licitación". Pero como ésta puede ser "pública" o "privada" ¿cuándo procede la licitación "pública"? Cuando el texto legal exija que se recurra a la "licitación", sin aclarar si ésta es pública o privada, debe entenderse que se trata de la licitación "pública": 1º porque en materia de licitación, ella constituye el principio, siendo la licitación privada la "excepción", lo que así resulta de nuestros textos legales (decreto-ley de contabilidad, 23354/56, artículos 55 y 56, inciso 1º; ley de obras públicas, 13064, artículo 9º ); 2º porque pudiendo concurrir a ella un número "ilimitado" de licitadores u oferentes -en tanto, desde luego, éstos se hallen
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encuadrados en las reglamentaciones vigentes-, ello está más de acuerdo con la idea de "libertad", de la cual jamás debe prescindirse en un Estado de Derecho. Dado que la licitación "privada" reconoce como primer y general fundamento que el contrato u operación pertinentes no excedan de determinado "monto", a partir del cual la licitación debe ser "pública", corresponde establecer cómo se determina en tal caso el monto a partir del cual la licitación debe ostentar este último carácter. Cierto es que las leyes fijan ese monto (dos millones de pesos la ley de contabilidad y su decreto modificatorio 6449/67 (238) ; tres millones de pesos la ley de obras públicas y su modificatoria 16798 ) (239) ; no obstante esto, en la práctica suelen surgir dificultades para determinar cuál es en realidad el monto concreto de un determinado contrato. Este punto fundamental hállase expresamente resuelto en el Reglamento de las Contrataciones del Estado, en cuyo mérito se considerará importe total aquel en que se estime la "adjudicación", incluidas las eventuales opciones de prórroga; dicho criterio rige aun cuando el importe de la preadjudicación supere el importe máximo fijado en la ley en no más del veinte por ciento de éste (240) . La doctrina está de acuerdo con este criterio (241) . 633. La ratio iuris, la razón de ser de la licitación, debe analizarse desde dos aspectos: con relación al Estado y con relación a los administrados. Con relación al Estado, dicha ratio iuris no es otra que conseguir que el contrato se realice de modo tal que la Administración Pública tenga las mayores posibilidades de acierto en la operación, en lo que respecta, por un lado, al "cumplimiento" del contrato (calidad de la prestación, ya se trate de entrega de cosas o de la realización de servicios o trabajos; ejecución del contrato en el tiempo estipulado; etc.) y, por otro lado, a lograr todo eso en las mejores condiciones económicas. La índole precisa de la prestación surgirá del pliego de condiciones, al que deberán atenerse las partes contratantes. Todo lo relacionado con la solvencia moral, técnica y financiera de los eventuales oferentes o licitadores, teóricamente constituye una cuestión "preliminar" a la licitación en sí misma, pues esos datos o requisitos deben quedar satisfechos al admitirse la inscripción de una persona o entidad en el respectivo registro. De ahí que, acreditada ya la solvencia moral, técnica y financiera del eventual licitador, el objetivo fundamental de la licitación consista en establecer quién le ofrece a la Administración Pública el "precio" más conveniente con relación a la índole del contrato, pues hallándose inscriptos los licitantes u oferentes en el respectivo registro, se les supone idóneos moral, técnica y financieramente para celebrar y ejecutar el contrato objeto de la licitación. Ese "precio" más conveniente quedará determinado por el examen de las ofertas que en sobre cerrado habrán hecho los licitadores. Lo atinente a que el objetivo fundamental de la licitación -tanto más en ordenamientos jurídicos como el nuestro, donde existen los registros mencionados, en los que deben inscribirse los posibles oferentes- consiste en establecer quién ofrece el mejor "precio", lo he tratado con amplitud y detenimiento en un parágrafo anterior, nº 628, al cual me remito. Lo que antecede constituye la ratio iuris de la licitación en cuanto ésta le interesa al Estado.
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Pero con el procedimiento de la licitación también se busca una garantía para los particulares o administrados honestos que desean contratar con el Estado. En este orden de ideas, dicho procedimiento tiende a mantener la "igualdad" entre los administrados en sus relaciones con la Administración Pública, evitando de parte de ésta favoritismos en beneficio de uno y en perjuicio de otros; vale decir, trátase de evitar improcedentes tratos preferenciales o injustos. Hay en esto no sólo una razón "jurídica" -la referida "igualdad"que justifica la "licitación", sino también una razón "moral" (242) . Con acierto, un autor dijo que la licitación "sirve al buen funcionario para cubrirlo de la maledicencia y sirve contra el mal funcionario para impedir sus manejos dolosos" (243) . 634. La licitación, a pesar de su general aceptación en todos los países y de sus obvias ventajas, ofrece también sus inconvenientes. Entre sus ventajas pueden mencionarse: a) acción moralizadora, pues en materia de contrataciones, tiende a excluir de la Administración Pública los comportamientos indecorosos de funcionarios propensos a dichas actitudes. El carácter "automático" de la licitación -realizada ésta sobre bases iguales para todos los licitadores- reduce al mínimo las posibilidades de que el contrato le sea adjudicado a quien no hizo la propuesta más ventajosa para la Administración. b) Conveniencia económica, pues dada la concurrencia u oposición entre los oferentes, éstos, para obtener la adjudicación, deben esforzarse en ofrecer el precio más ventajoso para la Administración. c) Acción de control, ejercida por los propios licitadores u oferentes, pues en su propio interés, vigilarán la actitud de los funcionarios a cuyo cargo hállase el trámite de la licitación. Entre sus inconvenientes señálanse: a) en ocasiones no sólo no se consigue el precio más bajo, sino que puede producirse un alza en las cotizaciones, al conocer los interesados las necesidades de la Administración; b) posible lentitud en los trámites, dado el tiempo más o menos largo requerido por el curso de la licitación, lo que incluso puede determinar la abstención de algunas personas o entidades para presentarse a la licitación. Pero efectuado un balance entre las ventajas y los inconvenientes, el saldo es enteramente favorable a la licitación, lo cual justifica y explica que se la emplee en la generalidad de los países como uno de los sistemas de selección del cocontratante de la Administración Pública (244) . 635. En materia de "terminología", al referirse a la licitación pública, tanto la doctrina como la legislación son confusas y suelen utilizar términos impropios. Así, a veces utilízanse como equivalentes los términos "licitación pública", "remate", "subasta", "remate público" y "concurso". Estos términos, si bien aparejan una idea común -"concurrencia" u "oposición" entre los interesados en ser adjudicatarios de un contrato-, constituyen figuras distintas a la licitación, porque ofrecen matices distintos a los de ésta. Nuestra ley de obras públicas, 13064 , da como sinónimas las voces "remate", "remate público", "subasta" y "licitación" (245) . Tal sinonimia es inaceptable, pues los vocablos "remate" "remate público" y "subasta" trasuntan situaciones de hecho distintas a la
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"licitación". En ésta -"licitación pública"- las ofertas se hacen por escrito, de acuerdo a un procedimiento preestablecido y la adjudicación del contrato no es simultánea con el conocimiento de la mejor oferta, pues esa adjudicación demora un tiempo en trámites ulteriores; en el "remate", sea éste público o privado, y en la "subasta", las ofertas se hacen de viva voz en presencia de todos los asistentes al acto, y el contrato se concluye simultáneamente con el conocimiento de la mejor oferta (246) . En la "licitación" es esencial la idoneidad moral, técnica y económica del licitador u oferente; en el remate o subasta se prescinde de ello y sólo se atiende al mejor postor. Extender el uso de los vocablos "remate" y "subasta" para utilizarlos como sinónimos de "licitación" es, pues, equivocado. La mencionada ley de obras públicas requiere una depuración de las mencionadas expresiones. Nuestra ley de contabilidad, decreto-ley 23354/56, distingue perfectamente los términos "licitación pública" y "remate público" (artículos 55 y 56, inciso 2º). Va de suyo que "concurso" es algo totalmente distinto a "licitación" y a "remate". En este orden de ideas, el "concurso" es la oposición que se realiza para determinar la mayor capacidad técnica, científica, cultural o artística entre dos o más personas. Desde el punto de vista "jurídico", hablar de "concurso" de "precios" no es recomendable (ver nº 692), aunque gramaticalmente se extienda el significado de "concurso" al llamamiento que se hace a quienes deseen encargarse de ejecutar una obra o prestar un servicio bajo determinadas condiciones, a fin de elegir la propuesta que ofrezca mayores ventajas. Para esto último, el término jurídico preciso es "licitación", no concurso. En derecho administrativo, la palabra "licitación" tiene su significado específico (247) . El vocablo "concurso", pese a su extensión gramatical, debe reservarse para determinar la mayor capacidad técnica, científica, cultural o artística, entre dos o más personas: es un medio de selección de la "persona" más autorizada para el cumplimiento de una tarea, y tiene en cuenta preferentemente las condiciones personales del candidato. "Licitación", en cambio, es un medio de selección del cocontratante en supuestos donde el factor "personal" no es decisivo, por tratarse de prestaciones que, pudiendo ser cumplidas por cualquier técnico, tienen particularmente en cuenta la solvencia financiera de aquél y las ventajas económicas resultantes para la Administración. La propia ley de obras públicas, 13064, corrobora lo que dejo expuesto, por cuanto, no obstante hablar de "remate público", "subasta" y "licitación" para la adjudicación de obras, al referirse al "concurso" dice que se podrá llamar a concurso para la elaboración de proyectos y acordar premios que se consideren justos y estimulantes (artículo 4º , párrafo 3º), es decir, se llamaría a concurso para determinar la mayor capacidad técnica, científica o artística del respectivo candidato. Igualmente se llama a "concurso", y no a "licitación", para proveer el cargo de profesor universitario titular, por ejemplo, donde corresponderá designar a quien acredite condiciones más estimables. Otra distinción que puede admitirse entre "licitación" ("subasta") y "concurso" es la sugerida por Fernández de Velasco: "Cuando la aceptación es automática, dice, en el sentido de que la preferencia tiene que establecerse en relación con el mejor postor, se produce la subasta; si la Administración se reserva el derecho de aceptar libremente alguna proposición, o de rechazarlas todas, se trata del concurso" (248) . Si bien no toda licitación
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concluye en "adjudicación", pues en aquélla pueden no haberse hecho ofertas admisibles, lo cierto es que la facultad de declarar "no admisible" una oferta hállase más o menos reglada, en mérito a las constancias del llamado a licitación y del pliego de condiciones; pero aun así resulta aceptable la sugerencia del maestro español, porque entre la licitación para construir una obra, por ejemplo, y un llamado a concurso para proveer un cargo de profesor universitario, es evidente que la posibilidad de declarar desierto el respectivo llamado es de principio en el "concurso" de referencia, donde la apreciación de las condiciones del concursante es facultad "discrecional" de la Administración Pública. En algunos países extranjeros a la licitación pública suelen denominarle "remate público"; así ocurre en Italia, donde se le llama "asta pubblica" (249) ; en España le llaman "subasta" o "subasta pública" (250) . En Francia, a la "licitación" le llaman "adjudication" ("ouverte", a la pública, y "restreinte" a la privada) (251) . 636. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la licitación pública? La aclaración de esto es trascendente, pues, llegado el caso, permitirá aplicar con precisión los "principios" respectivos. Dicha naturaleza jurídica debe analizarse con relación a los tres aspectos que mencionaré. A. La generalidad de los autores hállase conteste en que la licitación pública constituye un "procedimiento" relativo a la forma de celebración de ciertos contratos, surgiendo el vínculo contractual al finalizar el procedimiento con la resolución de la adjudicación notificada al interesado (252) . Ese "procedimiento" está integrado por los llamados "momentos" o "etapas" de la licitación, de los cuales me ocuparé más adelante. Pero algunos autores, si bien afirman que se trata de un "procedimiento", terminan sosteniendo que se trata de un "acto condición", porque condiciona -dicen- la regularidad del ejercicio de la competencia de la autoridad pública autorizada para concluir el contrato (253) . La licitación pública es, efectivamente, un "procedimiento" que la Administración Pública suele utilizar para la elección de su cocontratante. Tal es la substancia de la licitación pública. No es un acto administrativo, y menos aún un "acto condición": a) en primer lugar, porque sólo constituye una etapa del proceso de "formación" del acto administrativo mediante el cual, agotados los trámites establecidos, la Administración decide acerca de la adjudicación del contrato (254) ; b) porque el "acto condición", como categoría jurídica específica, carece de vigencia en el derecho administrativo actual (véase el tomo 2º, nº 469) (255) . Por lo demás, contrariamente a lo que sostuvo Jèze, la "licitación" -como lo advertiré de inmediato- nada tiene que ver con la "competencia" de la autoridad facultada para celebrar el contrato: la licitación se vincula al elemento esencial "forma" de los actos y contratos administrativos, no al elemento esencial "sujeto", que algunos -por no advertir su verdadero ámbito- llamaron "competencia".
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B. Dentro de la teoría general del acto administrativo, ¿dónde debe ser ubicada la licitación pública? Para un sector de la doctrina debe ubicársela dentro del elemento esencial del acto administrativo que hasta hoy se ha denominado "competencia" (256) , elemento que actualmente y en lo sucesivo debe denominarse "sujeto", dentro del cual cuadra el estudio de la "competencia" (ver tomo 2º, nº 401). Para otro sector doctrinario la licitación pública no corresponde al elemento "competencia", sino al elemento esencial "forma" (257) , siendo ahí donde debe ser estudiada. Comparto totalmente este último punto de vista. Jèze sostuvo que cuando un contrato debe celebrarse previa licitación, significa que los agentes administrativos competentes no eligen libremente la persona con la cual van a contratar. "Su competencia, a este respecto -dice-, está trabada". Para el maestro francés la licitación es un acto jurídico que condiciona la regularidad del ejercicio de la competencia del órgano público autorizado para concluir el contrato (258) . Berçaitz, en nuestro país, rechazando la opinión de Bielsa, que adscribe lo atinente a la licitación a las "formas" de acto, y compartiendo la expresada tesis de Jèze, que la vincula a la "competencia", dice así: "Nosotros creemos que esto último es lo exacto. Si sólo fuera un requisito formal -como la escritura pública, vgr.-, podría cumplirse sin afectar por ella la `aptitud´ del órgano para elegir el cocontratante. Pero no es así: la licitación impide al agente la libre elección del cocontratante; traba su libertad de acción, la disminuye, restringe su competencia; por lo tanto: él no es competente para contratar con quien quiera" (259) . No participo de este criterio. La licitación, aun cuando sea requerida por la norma, en modo alguno restringe la "aptitud" del órgano administrativo competente para celebrar el contrato, pues en casos como el indicado, si el contrato se efectuase sin cumplir con el requisito de la licitación, el órgano administrativo no habría excedido su competencia: habría omitido la "forma" del acto requerida al respecto, lo cual nada tiene que ver con la "aptitud" ("competencia") para contratar. Si la licitación impide al agente público la libre elección de su cocontratante, no es porque ello implique una limitación de la "competencia" de ese agente, sino porque la emisión válida del acto administrativo requiere el ineludible cumplimiento de las "formas" establecidas, una de las cuales, en tales casos, es la licitación. Esta última incide sobre el elemento "forma", no sobre el elemento "competencia". Un contrato administrativo llevado a cabo sin licitación cuando ésta sea menester, es un contrato nulo por vicio de "forma", no por vicio de "competencia". Si el órgano administrativo celebra un contrato sin recurrir a la licitación cuando la norma exija dicho procedimiento, el referido órgano no habrá actuado sin competencia al prescindir de la licitación, sino, como dije, habrá actuado violando una "formalidad" impuesta por el derecho vigente. Un acto administrativo puede ser absolutamente nulo por vicio de forma y, no obstante, ser inatacable y perfectamente válido en el aspecto "competencia" por tratarse, en la especie, de una actividad que integra el círculo de las atribuciones legales de la autoridad pública emisora del acto. Del mismo modo, una sentencia judicial en cuyo mérito se condene a una persona sin haberle dado a ésta oportunidad de defenderse es atacable
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como absolutamente nula por vicio de "forma" (violación de la garantía de defensa en juicio), aunque no sea atacable desde el punto de vista de la "competencia" del tribunal que dictó el fallo. No debe confundirse el significado técnico de "competencia" con el de los otros "elementos" del acto administrativo. La "forma" nada tiene que ver con la "competencia": trátase de dos elementos distintos del expresado acto (260) . Adviértase, por lo demás, que el incumplimiento del requisito "formal" de la licitación no es intrascendente: produce nada menos que la nulidad absoluta del respectivo contrato. De modo que ese tipo de vicio en el elemento "forma" es, por principio, de la misma gravedad que el vicio en el elemento "sujeto" por incompetencia del órgano administrativo. La licitación, pues, vincúlase al elemento "forma" del acto administrativo, lo cual en modo alguno puede causar sorpresa o asombro, ya que si la licitación es un "procedimiento" va de suyo que no se refiere a la "competencia" del órgano, sino a la "forma" de que el acto debe hallarse revestido. Técnicamente, la licitación es una "formalidad" del acto administrativo, y por eso mismo relaciónase a la "forma" de aquél (261) . La Corte Suprema de Justicia de la Nación considera que la licitación impuesta por una norma válida, vincúlase a la "forma" del respectivo contrato. El alto tribunal dijo que, en esos casos, la licitación implica una "formalidad" previa a los contratos del Estado; que constituye una "forma" prescripta por la ley; que la licitación es un acto esencialmente "formal"; que ella constituye un "procedimiento de garantía" para el interés público; que el incumplimiento de la licitación cuando ella es necesaria por mandato legal, constituye uno de los casos de nulidad por defecto de forma (262) . C. Otra cuestión íntimamente vinculada a la naturaleza jurídica de la licitación pública es la de si ella constituye o no una "oferta". La licitación pública no es una "oferta", sino un pedido de ofertas, un llamado "impersonal" para que todos los que se encuentren en condiciones legales de hacerlo "formulen" ofertas para la contratación respectiva. De modo que la licitación pública es un pedido de ofertas, un llamado a que éstas sean formuladas, pero ella no constituye una oferta. En este orden de ideas, y en sentido concordante, Caetano manifiesta que para vincularse contractualmente la Administración Pública no hace propuestas de contrato: las recibe (263) ; y otro autor, coincidiendo con tales criterios, dice que el llamado a licitación pública no constituyendo propuesta, no tiene valor de oferta al público, sino de invitatio ad offerendum (264) . El hecho de que la licitación no implique, de parte de la Administración Pública, una "oferta", excluye lo atinente a las consecuencias o problemas que podría tener su aceptación por los administrados interesados. Esto es de gran trascendencia, y permite resolver las cuestiones que suscitaren quienes, ante un llamado a licitación pública que después no se efectúa, pretendan ser resarcidos por trabajos o desembolsos que hayan efectuado a los efectos de presentarse a esa licitación pública. Como ésta no es una "oferta", sino un pedido de ofertas, según quedó aclarado en párrafos anteriores, esa
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eventual pretensión de resarcimiento es improcedente: carecía de base jurídica que la sustente (265) . Es ésa la solución que corresponde en derecho administrativo, salvo el extraño caso de que exista una disposición expresa en sentido contrario. (266) . 637. La "licitación" tiene sus caracteres, que, por cierto, no deben ser confundidos con los caracteres del "contrato" administrativo. Esencialmente, dos son los caracteres de la licitación. 1º Es un procedimiento "automático" de elección del cocontratante de la Administración Pública, en cuyo mérito el contrato ha de adjudicársele a quien haya ofrecido el "precio" más conveniente o las mejores condiciones (véase el nº 628). Tal carácter, reconocido por la doctrina (267) , encuentra especial manifestación en regímenes jurídicos como el argentino, en el que, a raíz de la existencia de registros de proveedores del Estado y de constructores de obras públicas, donde la inscripción requiere la previa justificación de la idoneidad moral, técnica y financiera, de los respectivos candidatos, la adjudicación quede esencialmente limitada a determinar el mejor precio ofrecido -o mejores condiciones-, pues todos los demás requisitos -moralidad y capacidad técnica y financiera- ya habrán quedado justificados con motivo de la inscripción en el registro correspondiente (véase el nº 628). El Reglamento de la Contrataciones del Estado corrobora lo expuesto, pues la "adjudicación" la relaciona directamente con el mejor "precio" (268) . 2º Otro carácter de la licitación consiste en que ello sólo obliga, desde un principio, al o a los oferentes licitadores que formulan las "ofertas" o "propuestas", pues dichas ofertas deben ser mantenidas por los licitadores durante el lapso que el ordenamiento jurídico vigente establezca (269) ; en cambio, las obligaciones de la Administración Pública ("Estado") recién nacen con la adjudicación del contrato, comunicada al interesado (270) , pudiendo, antes de que ésta tenga lugar, dejar sin efecto la licitación dispuesta (271) . De modo que, ab- initio, sólo una de las partes del contrato en perspectiva queda obligada hacia la otra: el licitador u oferente hacia la Administración Pública. Este último carácter de la licitación, en cuanto a la originaria obligación del oferente o licitador de mantener la oferta durante un lapso determinado, constituye el "principio" en derecho administrativo. En esto se observa una manifiesta disociación entre dicho derecho y el derecho civil, donde impera el "principio" contrario, vale decir, en derecho privado el oferente puede retirar su oferta en cualquier momento mientras no haya sido aceptada, salvo convención en contrario (272) . 638. La licitación pública hállase regida por tres principios esenciales o fundamentales que fluyen de la propia razón de ser de ella. Tales principios son: la "oposición" o "concurrencia" entre los licitadores u oferentes, la "publicidad" del acto y la "igualdad" entre los oferentes o licitadores (273) . Sólo mediante el respeto a dichos principios puede concebirse la licitación pública como instituto saludable para los intereses públicos. La falta
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de observancia de los principios en cuestión desvirtúa los fines de la licitación pública, viciándola jurídicamente. 639. a) "Oposición" o "concurrencia" La base ético-jurídica de la licitación pública radica en que haga oferta todo aquel que, hallándose en condiciones legales, desee presentarse formulando su proposición. Supónese razonablemente que si varios interesados hacen su ofrecimiento, ello permitirá seleccionar al cocontratante de la Administración Pública que ofrezca condiciones más ventajosas (274) , sobre la base de una comparación objetiva entre las diversas ofertas. Ésa es la razón que explica y justifica la expresada "oposición" o "concurrencia". Teóricamente, el ideal consiste en que a una licitación se presente el mayor número de licitadores u oferentes. Por lo demás, la presentación de varios interesados y la selección pública del más conveniente de ellos aleja la idea de connivencia entre el licitador y la Administración Pública. Pero lo expuesto en nada obsta a que si sólo se presentase "una" persona haciendo oferta, si ésta fuere satisfactoria, se acepte la misma y se le adjudique el contrato a dicha persona. Es éste un supuesto de "excepción" al "principio" de oposición o concurrencia, que halla clara justificación en el hecho de que todo aquel que lo hubiese deseado podría haberse presentado como oferente. Del mismo modo, lo expuesto no obsta a que si "nadie" se presenta haciendo oferta, la licitación se declare desierta o fracasada, y el contrato se efectúe recurriendo a otro procedimiento; por ejemplo: a la licitación privada o a la contratación directa. Igualmente, si a pesar de haberse presentado varios licitadores no se hubiere hecho oferta admisible -por inconveniencia de las condiciones pretendidas por el licitador-, la licitación puede declararse fracasada y celebrarse el contrato por un procedimiento distinto a la licitación pública. Todo depende de lo que establezca el derecho positivo vigente en el lugar de que se trate. Si nadie se presenta a una licitación pública, o ésta fracasa por no haberse hecho oferta admisible, la contratación realizada en base a otro procedimiento no puede entonces considerarse reñida con el interés general. Desde el punto de vista teórico, las conveniencias de la Administración Pública no se verían vulneradas, pues la falta de proponentes en esa licitación, o la falta de oferta admisible, estarían demostrando que el hecho de haber recurrido a otro procedimiento de contratación jurídicamente no puede haber afectado los intereses generales, cuya tutela originaria pretendióse lograr a través de la licitación pública fracasada. 640. b) "Publicidad" La importancia de este requisito o principio es obvia. Tanto es así que se ha dicho que la "publicidad" es la garantía de que todo se hará correctamente (275) . Para que la "oposición" o "concurrencia" tengan lugar es menester que los posibles licitadores u oferentes adquieran conocimiento del llamado a licitación; si así no fuere, no podrían comparecer haciendo sus ofertas, pues ignorarían la existencia de dicho llamado (276) .
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Con el objeto de que los eventuales interesados adquieran conocimiento del llamado a licitación y puedan acudir formulando sus ofertas, el referido llamado debe hacerse público, ostensible, mediante una adecuada publicación. Esto es lo que se denomina "publicidad", que es uno de los principios fundamentales que gobiernan la licitación pública. Una licitación pública realizada a hurtadillas sería un absurdo jurídico, un contrasentido: de ahí la fundamental importancia del adecuado cumplimiento del requisito de la "publicidad". Más adelante, al referirme al mecanismo de la licitación, a sus etapas o momentos, volveré sobre la expresada "publicidad". El incumplimiento del requisito de "publicidad" o su irregular cumplimiento constituyen un vicio (277) , que es de "forma" -nulidad absoluta o relativa, según los casos-, del mismo modo que se produce un vicio de "forma" (nulidad absoluta) por quebrantamiento del requisito o principio de "igualdad" en la licitación. 641. c) "Igualdad" La licitación debe respetar el principio de que todos los licitadores u oferentes se hallen en pie de "igualdad". Tal exigencia constituye una noción racional que fluye de la propia esencia y razón de ser de la licitación, siendo ínsito a ella (278) - (279) . Para lograr su finalidad, la licitación debe reunir ese carácter de "igualdad", pues ésta excluye o dificulta la posibilidad de una colusión o connivencia entre algún licitador u oferente y la Administración Pública, que desvirtúen el fundamento ético sobre el cual descansa la licitación y que, junto con los requisitos de "concurrencia" y "publicidad", permite lograr que el contrato se realice con quien ofrezca mejores perspectivas para el interés público. La referida "igualdad" exige que, desde un principio del procedimiento de la licitación hasta la adjudicación del contrato, o hasta la formalización de éste, todos los licitadores u oferentes se encuentren en la misma situación, contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases idénticas. Por tanto: 1º La adjudicación o la formalización del contrato respectivo han de hacerse exacta y precisamente sobre las bases que determinaron la adjudicación, no pudiéndose después de ésta -sea en forma expresa o por vía de interpretación o aclaración- modificar condición o modalidad alguna de la oferta aceptada; así, por ejemplo, no podrá alterarse el precio a efectos de aumentarlo o disminuirlo -según la índole del contrato (280) - para ponerlo a tono con el ofrecido por otros licitadores, pues, de no ser así, el adjudicatario, sin razón alguna, al colocarse entonces en paridad de situación con otros oferentes, sería favorecido con una adjudicación a la que tendrían idéntico derecho esos otros licitadores u oferentes (281) . Se quiebra, pues, dicha igualdad si, después de adjudicado el contrato, se alteran las bases de la licitación y se introduce una variante que implique beneficiar, al margen de las condiciones generales de la licitación, al que resultó adjudicatario.
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2º Todo comportamiento o toda decisión de la Administración Pública efectuado o dispuesto en beneficio de un licitador, que simultáneamente no haya sido efectuado o realizado en beneficio de los otros licitadores u oferentes, quiebra la igualdad que debe regir en la licitación (282) . 3º Las meras aclaraciones de conceptos, realizadas a pedido de quien resultó adjudicatario, no implicarán quebrantamiento de la igualdad, si la interpretación o aclaración que así se haga no resulta perjudicial para los demás licitadores. 4º En cambio, no resultaría afectada en modo alguno la "igualdad", si "después" de concluido un contrato se elevan los precios a favor del adjudicatario por razón de "ulteriores" mayores costos debidamente justificados. Con esto en nada se perjudicarían los otros proponentes, pues si alguno de ellos hubiese ganado la licitación, también habría tenido que recurrir a la teoría de la imprevisión (283) . Va de suyo que la revisión sólo se refiere al "precio"; de ningún modo a las demás condiciones, pues entonces sí habría una subrepticia violación de la "igualdad". 5º El principio que establece la "igualdad" entre los licitadores u oferentes no es absoluto. Admite excepciones racionales. Por consiguiente, no se vulnera el principio de igualdad cuando, por vía idónea y con carácter previo al llamado a licitación, se establece una preferencia en favor de determinadas categorías de licitadores u oferentes. Así, pueden establecerse preferencias impersonales para todos los que se encuentren en determinada situación, o para los que revistan determinado carácter, o para los que ofrezcan, por ejemplo, productos nacionales, etc. (284) . En tal orden de ideas, en Francia se han establecido algunos privilegios o prerrogativas, que implican una excepción al principio de "igualdad", en favor de sociedades de obreros franceses, de sociedades cooperativas obreras de producción, que quedan dispensadas del depósito de garantía de solvencia (285) . Ha de advertirse que, a veces, las modificaciones que se hicieren de las bases de la licitación o de las condiciones contenidas en la oferta aceptada, aunque no fueren impugnadas por los licitadores u oferentes como agraviantes al principio de "igualdad" que debe regir en la licitación, pueden serlo directamente, por la propia Administración Pública, como dañosas para el interés público, pues ello habría determinado la "ilicitud" de la adjudicación o del respectivo contrato formalizado (286) . La violación del principio de "igualdad" que debe existir entre los licitadores u oferentes, determina la "nulidad absoluta" del contrato que sobre tal base fuere celebrado (287) . Trátase de un vicio referente a la "forma" del acto (288) . 642. El mecanismo o curso de la licitación pública se traduce en diversos momentos o etapas que constituyen el "procedimiento" de la misma. Precisamente, este procedimiento -con sus etapas o momentos- define substancialmente la naturaleza jurídica de la licitación pública (véase el nº 636, letra A.).
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Dichos momentos o etapas de la licitación son los siguientes: a) pliego de condiciones; b) invitación o llamado a la licitación; c) presentación de propuestas, que doctrinaria o teóricamente pueden ser escritas o verbales; d) apertura de los sobres, en los sistemas en que las ofertas se hacen por escrito; e) adjudicación; f) eventualmente, "perfeccionamiento" o "formalización" del contrato administrativo (289) . Por separado, me ocuparé de cada uno de esos momentos o etapas en que se concreta la licitación pública. 643. a) Pliego de condiciones Se ha definido como el conjunto de cláusulas redactadas por la Administración, especificando qué se licita, estableciendo las condiciones del contrato a celebrar y determinando el trámite a seguir en el procedimiento de licitación (290) . En un sentido más amplio, se ha dicho que el "pliego de condiciones" de un contrato administrativo es el conjunto de documentos escritos que determinan las condiciones del contrato (291) . Estimo que esta última es la noción aceptable, pues comprende no sólo los pliegos "particulares" de un determinado contrato o de todos los de la índole de éste, sino que abarca todos los documentos que constituyen los pliegos "generales", en cuanto éstos tengan vigencia en el caso concreto. Así, entre nosotros, en el orden nacional, el Reglamento de Contrataciones del Estado viene a construir un "pliego de condiciones" de carácter "general", pues las disposiciones de dicho Reglamento, a igual que las cláusulas "particulares", integran el contrato administrativo. (292) . El pliego de condiciones es el resultado de un proceso preliminar en el cual, ante una necesidad que debe ser satisfecha, la Administración Pública comienza "por estudiar qué es lo que necesita, cuánto, cómo y a qué plazos necesita la provisión, la obra, etc." (293) . Aclarado todo eso, la Administración se dispone a contratar. Entonces, en base a dichos antecedentes, redacta el pliego de condiciones determinando las condiciones del contrato. Hay dos clases fundamentales de pliegos de condiciones: los generales y los particulares. Los primeros contienen reglas jurídicas válidas para todos los contratos de la Administración; los segundos fijan las condiciones específicas o particulares de cada contrato, completando así las disposiciones de los pliegos de condiciones de carácter "general" (294) . En nuestro país, en el orden nacional, al Reglamento de las Contrataciones del Estado puede considerársele como un pliego de condiciones de carácter "general", pues, según dicho Reglamento, los contratos de la Administración Pública se rigen por las disposiciones del mismo (295) , aparte, desde luego, de lo establecido en el pliego de carácter "particular". De modo que, entre nosotros, en el orden nacional, las disposiciones del expresado Reglamento rigen los contratos administrativos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del "pliego de condiciones"? Éste, en cuanto expresa o traduce el contenido -o parte del contenido- del contrato celebrado, es parte integrante del mismo. Dicho pliego especifica en qué debe consistir la prestación del cocontratante. Tal es su naturaleza jurídica (296) . El Reglamento de las Contrataciones del Estado -dictado en mérito a lo dispuesto por el artículo 61 del decreto-ley de contabilidad 23354/56- corrobora
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esto, pues establece que los respectivos contratos se regirán por las disposiciones de dicho Reglamento y por los pliegos o cláusulas particulares (reglamentación al citado artículo 61 de la ley de contabilidad, inciso 44). Pero aparte de las cláusulas que determinan en qué debe consistir la prestación del cocontratante, en los pliegos de condiciones suelen haber normas sobre el "procedimiento" a seguir en la licitación. Por cierto, dichas disposiciones sobre "procedimiento" que contenga un pliego de condiciones, no pueden considerarse como de tipo contractual, no sólo, como bien se ha dicho, porque esas disposiciones rigen operaciones anteriores a la formación del contrato (297) , sino fundamentalmente porque ese tipo de actividad de la Administración Pública no puede quedar ligada por un contrato, pues hay ahí una manifestación del poder de policía, en cuanto trasunta una actividad "normativa" integrante de la "zona de reserva de la Administración": regulación del trámite a seguir en una licitación pública. Si en este orden de cosas la Administración Pública trabase su acción mediante un contrato, ello aparejaría una correlativa abdicción de sus pertinentes calidades de órgano esencial de la estructura del Estado, lo que -aparte del valor que pueda tener semejante estipulación- basta para excluir el carácter contractual de las referidas normas sobre "procedimiento". La Administración Pública ¿puede modificar los pliegos de condiciones, alterando su contenido? Hay que hacer dos distinciones fundamentales: por un lado, lo atinente a las disposiciones de contenido "contractual"; por otro lado, lo relacionado con las disposiciones del contenido "reglamentario" ("procedimiento"). Va de suyo que la parte "contractual" de los pliegos de condiciones no puede ser modificada después de efectuada la "adjudicación" (298) , pues ello implicaría una violación del contrato (299) . Antes de la adjudicación, y aun después de presentadas las ofertas, dichos pliegos pueden ser modificados. Si la Administración Pública, antes de la adjudicación, puede dejar sin efecto la licitación (300) , con mayor razón puede modificar los pliegos: quien puede lo más, puede lo menos (301) . Pero tal modificación carece de efectos obligatorios respecto a los licitadores u oferentes que se hubieren presentado a la licitación. Jurídicamente el caso debe considerarse como de un nuevo llamado a licitación, pues la comparencia anterior de los oferentes tuvo en consideración los pliegos primitivos. Ante el cambio de pliegos, la actitud de la Administración Pública debe considerarse similar al supuesto en que la licitación es dejada sin efecto (302) . Los oferentes pueden, entonces, retirar su oferta y cualquier depósito de garantía que hubieren efectuado. ¿Pueden modificarse las cláusulas de los pliegos de condiciones de contenido "reglamentario"? Aunque no se trate de cláusulas de contenido contractual, por implicar ellas el derecho vigente y aplicable al trámite de la licitación, tampoco podrían alterarse o dejarse sin efecto (303) si ello produjere un menoscabo patrimonial al respectivo licitador u oferente: en tales casos, dichas cláusulas son inalterables porque integran el bloque de la legalidad, siéndoles aplicables todo lo dicho acerca de los límites puestos a la actividad de la Administración y acerca de los "efectos" de los actos administrativos con relación al
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pasado, o sea respecto a la retroactividad o irretroactividad de dichos actos (véase el tomo 1º, nº 9, texto y nota 83, y el tomo 2º, nº 445). Finalmente, es de advertir que el pliego de condiciones "particulares" puede modificar parte del pliego de condiciones "generales" (304) , siempre y cuando tal modificación no implique una violación del sistema jurídico esencial del país (305) . Lo contrario implicaría un supuesto de cláusula "ilegal", cuya nulidad sería obvia, pudiendo los licitadores u oferentes presentarse válida y eficazmente a la licitación prescindiendo de tal cláusula (306) . La "ilegalidad" de dicha cláusula implicaría un límite a la actividad de la Administración Pública. Para concluir con lo atinente a los "pliegos de condiciones", corresponde dejar sentado que los términos o expresiones empleados en ellos son de interpretación estricta o restringida. Esto se impone como corolario del fundamental principio de "igualdad" que debe presidir el trámite de la licitación. Dichos términos o expresiones traducen la substancia del contrato: ponen de manifiesto su contenido u objeto, relevando lo esencial de las prestaciones a cargo de las partes contratantes. De ahí que, como criterio básico, esos términos o expresiones no puedan ser "modificados" -ampliándoselos o restringiéndoselospor vía de aclaratoria "después" de efectuada la "adjudicación" y a pedido del favorecido por ésta. Lo contrario podría quebrar el expresado principio de "igualdad" (307) . Determinar si en el caso ocurrente se produjo o no esa lesión al principio de igualdad constituye una "cuestión de hecho", que debe resolverse en cada caso concreto. En el precedente nº 641 expuse el criterio general que permitirá establecer si se produjo o no una violación del mencionado principio de "igualdad". 644. b) El "llamado a licitación" Una vez que la Administración Pública ha decidido contratar sobre determinado objeto, y ha concretado en los pliegos de condiciones las particularidades de la contratación a realizar, debe poner su decisión en conocimiento del público, es decir de los posibles licitadores u oferentes. Esto es lo que determina la "publicidad" de la licitación, que se concreta en el "llamado a licitación". El "llamado a licitación" es una comunicación o manifiesto dirigido al público, que contiene las indicaciones principales acerca del objeto y modalidades del contrato; debe redactársele en forma clara y precisa para que los interesados puedan resolver acerca de la conveniencia de presentarse o no a la licitación (308) . La "confusa" u "obscura" redacción del aviso o llamado a licitación puede viciar de ilegitimidad al acto, porque entonces podría resultar afectada la "certeza", que es uno de los atributos o requisitos del elemento "objeto" o "contenido" del acto administrativo (ver tomo 2º, nº 404) (309) . Cada ordenamiento jurídico se preocupa de señalar los requisitos que deben cumplirse en los llamados a licitación; así, en el Reglamento de las Contrataciones del Estado se establece: "Los anuncios previstos en la ley y los que a continuación se indican, así como las invitaciones prescriptas en los incisos 7º a 10, inclusive, del presente artículo, deberán expresar claramente: el nombre del organismo licitante, el objeto de la contratación, el
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lugar donde pueden retirarse o consultarse las cláusulas particulares, el lugar de presentación de la oferta y día y hora en que se procederá a su apertura" (310) . Algo similar dispone la ley de obras públicas, 13064, artículo 11 . ¿Cómo se lleva a cabo esa "publicidad", ese "llamado a licitación"? Se efectúa mediante publicaciones en los diarios, fundamentalmente en el Boletín Oficial, aparte de utilizar otros medios de difusión que determinen las autoridades respectivas (311) . Además de esas publicaciones, la "publicidad" puede lograrse a través de invitaciones especiales (312) . La publicación no se limita a nuestro país, sino que, "cuando se trata de contrataciones en que se presuma existan interesados en el exterior, podrá disponerse publicaciones en los países pertinentes" (313) . Dentro de nuestro país, en las licitaciones que haga la Nación o sus órganos, las publicaciones no sólo deben efectuarse en el Boletín Oficial de la Nación, y en diarios de la Capital Federal, sino también en los de la provincia en la cual hubiere de realizarse la obra, o efectuarse la provisión o el servicio (314) . Las normas vigentes determinan los términos o duración de las publicaciones, como también la "anticipación" con que deben efectuarse (315) . La "publicidad", a través de la publicación, debe ser escrupulosamente cumplida, respetando fielmente lo que dispongan las normas respectivas. De lo contrario podría incurrirse en un vicio de "forma" que afectaría la validez del acto, determinando una nulidad absoluta o relativa, según los casos (véase precedentemente, texto y nota 247) (316) , salvo que se tratare de un supuesto de "irregularidad irrelevante", en cuyo caso quedaría excluida la sanción de nulidad en cualquiera de sus especies (véase el tomo 2º, números 412, 413, 470 y 479). 645. c) Presentación de "propuestas" u "ofertas" Como consecuencia del "llamado a licitación", es lógico que las personas interesadas en la respectiva contratación presenten sus ofertas o propuestas. Esta nueva etapa en el mecanismo de la licitación ofrece diversas cuestiones que deben ser analizadas o aclaradas. En los parágrafos siguientes me ocuparé de ellas. 646. En el orden de ideas de que aquí se trata, "propuesta" u "oferta" son términos que se equivalen conceptualmente. El "proponente" es "oferente", y viceversa. Estos últimos vocablos son sinónimos de "licitador", o sea de quien se presenta a un llamado a licitación como aspirante a ser adjudicatario del contrato. 647. Pueden presentar ofertas, es decir pueden actual como proponentes, oferentes o licitadores, las personas o entidades inscriptas en los respectivos registros, o las que, sin estar inscriptas, sean de notoria solvencia o la índole de la negociación justifique la exención de tal requisito (317) .
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Desde luego, para poder contratar con el Estado, el cocontratante debe reunir condiciones de idoneidad en tres aspectos: moral, técnico y financiero. Pero, a su vez, para ser inscripto en el "registro" correspondiente, debe quedar acreditada la "moral" del interesado; además, éste debe justificar que reúne la expresada idoneidad técnica y financiera. De manera que esta idoneidad -en sus tres mencionados aspectos- queda acreditada por el hecho mismo de la "inscripción" en el registro respectivo. De esto me he ocupado detalladamente en un parágrafo anterior, nº 628, al cual me remito. La idoneidad moral se presume; la falta de este tipo de idoneidad debe ser probada por quien la alegue. Como bien se ha dicho, en este orden de ideas debe admitirse cierta presunción favorable a quien desee inscribirse en el Registro de Contratistas estatales (318) . La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "es también un principio de derecho que todo hombre se reputa bueno, mientras no se pruebe lo contrario" (319) . La idoneidad moral puede tenérsela por justificada ante el resultado satisfactorio de un pedido de antecedentes policiales o judiciales del recurrente, formulado a estas autoridades. En cambio, la idoneidad técnica y financiera deben ser probadas por el interesado en la inscripción. Ellas no se presumen. Trátase de hechos positivos que pueden ser fácilmente justificados por quien tenga interés en ello (320) . Por lo demás, la idoneidad técnica y la financiera, contrariamente a lo que ocurre con la idoneidad moral, no implican condiciones innatas en el hombre, requiriéndose por ello la prueba de su existencia. La intuición popular corrobora esto: un viejo refrán dice que "nadie nace sabiendo". Si la solicitud de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado fuere rechazada, el interesado podrá deducir un recurso de apelación ante la Secretaría de Estado de Hacienda, por intermedio de la Contaduría General de la Nación, dentro de los quince días de la notificación. El trámite de dicho recurso es el establecido por el Reglamento de Contrataciones del Estado (321) . La decisión definitiva que dictase la Administración Pública negando arbitrariamente la inscripción de una persona o entidad en el Registro de Proveedores del Estado o de Constructores de Obras Públicas, será un acto administrativo susceptible de ser enjuiciado jurisdiccionalmente por los mismos medios en que podría serlo todo acto administrativo que ostente análoga naturaleza al de aquella decisión (322) . Todo esto vincúlase, asimismo, al carácter de la prerrogativa del licitador a ser admitido en la licitación y a contratar, de lo cual me ocuparé en el parágrafo siguiente. Si se denegare una solicitud de inscripción en el Registro de Constructores de Obras Públicas, podrá recurrirse ante el Poder Ejecutivo por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas (323) ; a falta de normas expresas para el trámite de este recurso, deberán aplicarse -en lo pertinente- las respectivas disposiciones del Reglamento de las Contrataciones del Estado (324) ; contra la decisión definitiva que dictare la Administración Pública negando la inscripción de una persona o entidad en el Registro de Constructores de Obras Públicas, procederán los mismos recursos o medios de impugnación que respecto a la decisión denegatoria que se dictare acerca de una inscripción en el Registro de Proveedores del Estado.
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Si el régimen legal vigente en el respectivo lugar no hubiere adoptado el sistema de "inscripción" en los "registros" -u otro sistema de similar finalidad-, que requiere la previa justificación de la idoneidad para contratar con el Estado, el candidato "inidóneo" que se hubiere presentado como licitador puede ser excluido de esa licitación mediante una resolución, "debidamente motivada", que se dictare para su caso individual. Esta exclusión puede tener lugar no sólo respecto a licitaciones futuras, como se ha sostenido (325) , sino también respecto a una licitación que recién ha comenzado con el pertinente "llamado". No hay razón alguna que justifique lo contrario, tanto más cuanto sería evidente la razonabilidad de una decisión administrativa que excluya de los posibles cocontratantes a una persona indeseable moralmente, o inexperta desde el punto de vista técnico, o carente de la necesaria solvencia económica. No existiendo hasta ese momento vínculo alguno que obligue a la Administración respecto al licitador (ver nº 637, punto 2º), y no hallándose determinadas en una norma legal las causales que impiden actuar como cocontratante del Estado, la exclusión de un oferente por las razones expresadas dependerá de la discrecionalidad administrativa, cuyo ejercicio válido requiere un fundamento de "razonabilidad" que en el caso existiría sobradamente, ajustándose entonces a derecho y a las finalidades del mismo, pues va de suyo que la debida satisfacción del interés público requiere que el colaborador voluntario de la Administración Pública -cocontratante- sea una persona o entidad idónea en los tres aspectos (moral, técnico y financiero). Los negocios jurídicos de derecho público llevan implícitos ciertos requisitos que se imponen como lógicos corolarios del buen sentido. La decisión definitiva que dictare la Administración Pública será susceptible de los recursos que admitan los actos administrativos de igual naturaleza al de aquella decisión (acto "discrecional" o acto "reglado", según los casos); véase el tomo 2º, números 468 y 481 y siguientes. 648. ¿Cuál es la naturaleza de la prerrogativa del "licitador" a ser admitido a contratar con el Estado? Se dijo que no constituye un derecho subjetivo, sino un "interés legítimo" (326) . Hay que distinguir el supuesto de "admisión" a la licitación, con la correlativa presentación de oferta, del supuesto a ser "adjudicatario" del contrato. Si el licitador reúne todos los requisitos de idoneidad -moralidad, eficacia técnica y solvencia económica-, su "derecho" a ser admitido en la licitación es obvio (327) . Trátase de un "derecho", propiamente tal. Cuando no existe reparo alguno en el orden administrativo, cabe advertir que la prerrogativa de una persona o entidad para intervenir en una licitación no es otra cosa que una manifestación o reflejo de su derecho a trabajar, a ejercer toda industria lícita y a comerciar. Algo distinto ocurre con su prerrogativa a ser "adjudicatario" del respectivo contrato. Para resolver esto deben contemplarse dos posibles situaciones distintas: a) si la licitación sigue su curso y se llega a la etapa de la "adjudicación", el licitador que haya hecho la oferta más conveniente tiene un "derecho" a contratar con la Administración Pública (328) . Es ésa la consecuencia lógica derivada del procedimiento a que responde la "licitación". Resolver lo contrario importaría desvirtuar la ratio iuris de la licitación pública. b) Antes de que se llegue a la etapa de la "adjudicación", el licitador no tiene derecho alguno a que la
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Administración Pública contrate con él. Tal es la solución que en nuestro país se impone iure conditio, pues antes de la adjudicación puede ser dejada sin efecto la licitación y rechazarse las ofertas (329) . 649. En materia de licitación, se habla de "licitante" y de "licitador". ¿Quién es el licitante y cuál el licitador? Tanto entre los autores como en la legislación, obsérvase gran imprecisión en el léxico utilizado en este aspecto de la licitación pública. Mientras hay quienes le llaman "licitador" al Estado -o a sus organismos-, también hay quienes le llaman "licitante". Igual cosa ocurre con los oferentes, vale decir con las personas o entidades que, en base al llamado a licitación, se presenta formulando ofertas o propuestas; así, hay quienes les llaman "licitantes" y quienes los denominan "licitadores". Considero que esto último es lo correcto; vale decir, "licitador" es el oferente, el que hace la oferta, en tanto que "licitante" es el que llama a licitación. Escriche, en su "Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia", da como sinónimos ambos términos: licitante y licitador son la misma cosa para dicho autor (330) . Considero equivocada esta opinión. Licitante y licitador son conceptos "opuestos" entre sí, pues han de referirse ya sea al que dispone el llamado a licitación o al que se presenta al mismo formulando oferta. No se trata, entonces, de sinónimos. ¿Pero cuál es el licitante y cuál el licitador? He ahí la cuestión. La Real Academia Española distingue entre ambos vocablos y da la acertada solución. Según ella "licitante" significa "que licita", y es el participio activo de "licitar"; en cambio, "licitador" es "el que licita". En una licitación pública, "licita" el Estado -o sus organismos-, y "los que licitan" son los oferentes (personas individuales o jurídicas). "Licita" el que llama a licitación, y por eso debe designársele "licitante"; en cambio, los que acuden a ese llamado, "los que licitan", haciendo sus ofertas, son los referidos oferentes. Siendo "licitante" el participio activo de licitar, va de suyo que "licitante" es aquel de quien parte la acción o el movimiento, o sea el que "llama a licitación", vale decir el Estado o sus órganos. Por tanto, licitante es el Estado -o sus organismos-; licitador es el oferente, el que hace oferta o propuesta. El Reglamento de las Contrataciones del Estado utiliza con propiedad los términos de referencia, pues al órgano estatal que llamó a licitación le denomina, como corresponde, "licitante". Entre otros, véanse los incisos 34 d., 44, 45, apartados d), f) y h), 53, 59, 69, 105, 121 y 122, 126 y 144, de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad (decreto-ley 23354/56); inciso 1º de la reglamentación al artículo 62 del referido decreto-ley. La ley nacional de obras públicas, 13064, también utiliza con propiedad el término "licitante", dándole ese calificativo a la autoridad pública que dispuso el llamado a licitación; en ese sentido, dicha ley habla de "autoridad licitante" (artículo 12 , in fine).
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650. En el supuesto de que la Administración Pública se negase a recibir la propuesta u oferta que presentare un licitador ¿tiene éste algún recurso o medio jurídico para impugnar semejante actitud? Desde luego, sólo pueden ser licitadores las personas o entidades que, de acuerdo a las normas vigentes y con relación concreta al contrato a celebrar, estén en condiciones de presentarse formulando ofertas, las que, a su vez, deben presentarse en la forma y con los recaudos establecidos (incisos 49 y siguientes de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, contenidos en el Reglamento de las Contrataciones del Estado, decreto 5720/72). A pesar de lo expuesto, toda oferta o propuesta debe ser recibida por la Administración Pública, sin perjuicio de que, oportunamente, sólo sean "consideradas" las ofertas presentadas conforme a derecho (331) ; las que no lo estén serán rechazadas. Pero la "recepción" de todas es ineludible. El temperamento contrario podría implicar la negación o la violación de un derecho de substancia constitucional: el derecho a trabajar, a ejercer toda industria lícita y a comerciar (ver nº 648). Ante la negativa de la Administración Pública a "recibir" la oferta o propuesta que desee presentar una persona o entidad, éstas disponen de medios jurídicos para obtener el respeto a su derecho. Por de pronto, pueden promover un recurso administrativo para ante el órgano superior del que se negó a recibir la propuesta u oferta de licitación; por su analogía, dicho recurso podría ser el instituido para el supuesto rechazo de una solicitud de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (inciso 7º de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad de la Nación). La decisión definitiva que dictare la Administración Pública negando arbitrariamente la recepción de una oferta o propuesta, será un acto administrativo susceptible de enjuiciamiento jurisdiccional por los mismos medios en que podría serlo todo acto administrativo que ostente análoga naturaleza al de aquella decisión. La prerrogativa de los habitantes del país a presentarse a una licitación es, por principio, un "derecho" de los mismos; y no hay derecho que carezca de los medios para hacerlo efectivo. La generalidad de la doctrina extranjera reconoce la posibilidad de que, en estos casos, el que se considere agraviado promueva un recurso ante la autoridad jurisdiccional correspondiente (332) . 651. La "oferta" o "propuesta", que no es un acto administrativo, pues lo emite el administrado -licitador, oferente o proponente-, está sujeta al cumplimiento de requisitos "formales", cuya omisión puede determinar la ineficacia de la oferta, ya que ello autorizaría el rechazo de la propuesta al abrirse los sobres el día señalado al efecto (333) , salvo que se tratare de irregularidades consideradas "irrelevantes" por el derecho vigente (334) . Teóricamente, la propuesta u oferta puede ser "verbal" o "escrita" (335) . Ambos sistemas tuvieron recepción en los diversos derechos positivos, que al efecto adoptan ya sea la forma verbal o la escrita, predominando esta última en la generalidad de las legislaciones. En Italia, por ejemplo, para ciertos supuestos se sigue la forma verbal. Es el sistema ahí llamado "de las velas" (delle candele), donde la recepción de las ofertas está supeditada a lo
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que tarden en extinguirse las sucesivas velas sin uso anterior que al efecto se van encendiendo: si tres velas, encendidas sucesivamente, se extinguen sin que se haya hecho una nueva oferta, la subasta se cierra, declarándose adjudicatario al que hizo la última propuesta; de lo contrario, la subasta continúa con el encendido de nuevas velas y así sucesivamente. Las ofertas se hacen de viva voz (336) . En realidad -como bien lo dice Zanobini-, las expresadas "velas" actúan como instrumento de medición del tiempo dentro del cual se efectúan las ofertas. En nuestro país se sigue la forma "escrita", pues las propuestas siempre deben ser presentadas en sobres cerrados. Es lo que resulta de la ley nacional de obras públicas, 13064, artículos 15 y 16, y del Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 52, 67, apartado b) y 68, de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad (337) . 652. Las ofertas o propuestas que se formulen deben estar de acuerdo con las bases de la contratación; vale decir, su "contenido" debe ajustarse al pliego de condiciones. De lo contrario, las ofertas serían rechazadas (338) . De ahí la necesidad de examinar cuidadosamente dicho pliego y atenerse a él (339) . No obstante, es de doctrina la posible presentación eficaz de ofertas o propuestas que sólo se aparten del pliego de condiciones en detalles sin trascendencia (340) . Es el criterio seguido en nuestro derecho (341) . La necesidad de que las ofertas que hagan los licitadores guarden conformidad con el pliego de condiciones resulta fácilmente comprensible, ya que, si tal conformidad no existiere, las ofertas o propuestas no estarían de acuerdo con el "pedido" de ofertas a que se refiere el llamado a licitación. Esa conformidad que deben guardar las "ofertas" con el pliego de condiciones, surge de lo expuesto, pero en modo alguno de que la licitación sea una "oferta" a la que a su vez deban conformarse los licitadores, pues, según quedó dicho en un parágrafo precedente, la "licitación" no es una oferta, sino un pedido de ofertas, un llamado o invitación a que éstas sean formuladas (ver nº 636, letra C.). 653. La oferta o propuesta que, como quedó expresado, no es un acto administrativo, ya que no procede de la Administración Pública sino del administrado -oferente, licitador o proponente-, puede hallarse afectada de "error" en su contenido. Se hace necesario establecer, entonces, cuáles son las consecuencias de tal error. Si bien la oferta no es un acto administrativo, está regulada, en cambio, por el derecho administrativo, en cuyo ámbito tiene expresión y halla curso. Por tanto, para todo lo relacionado con el "error" de que adolezca la "oferta", deben tenerse en cuenta, primordialmente, las normas y principios del derecho administrativo; subsidiariamente corresponderá aplicar, en cuanto impliquen principios de derecho general y no contradigan la substancia propia del derecho administrativo, las disposiciones del derecho privado. En materia de "error" de hecho, el Código Civil sienta como principio que el mismo podrá alegarse cuando la ignorancia del verdadero estado de las cosas no provenga de una negligencia culpable (artículo 929 ). El derecho de anular los contratos por vicio de error
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corresponde a la parte que lo hubiere sufrido (artículo 1158 ). De modo que el "error" puede ser invocado por quien incurrió en él, siempre que dicho error no responda a una negligencia culpable (342) . ¿Concuerda lo dispuesto por el Código Civil con lo establecido por el derecho administrativo en materia del "error" de que adoleciese la "oferta" o "propuesta" del licitador u oferente? ¿Puede invocar su propio "error" el proponente? Tanto la ley nacional de obras públicas, 13064 , como el Reglamento de las Contrataciones del Estado, hacen referencia a esta cuestión. La ley de obras públicas establece que el contratista no podrá, bajo pretexto de error de su parte, reclamar aumento de los precios fijados en el contrato, ni tendrá derecho a indemnización por perjuicios ocasionados por su error (artículos 37 y 39 ). El Reglamento de las Contrataciones del Estado establece que "en caso de error evidente, denunciado por el oferente antes de la adjudicación y debidamente comprobado a exclusivo juicio del organismo licitante, se desestimará la oferta sin aplicación de penalidades" (inciso 69, segunda parte, de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). La ley de obras públicas niega derecho, a quien invoque su error, para obtener un aumento en los precios fijados en el contrato o para pedir una indemnización por los perjuicios que sufriere. Pero dicha ley no prohíbe que el licitador a quien se le adjudique el contrato alegue la nulidad de éste como consecuencia del error de que ha padecido. Por tanto, en este orden de ideas sigue imperando el principio general contenido en el Código Civil: el contrato puede ser anulado por vicio de error, a pedido de quien incurrió en tal error, siempre que éste no responda a una negligencia culpable. Determinar esto último constituye una cuestión de hecho que debe dilucidarse en cada caso concreto (343) . El Reglamento de las Contrataciones del Estado establece que el error evidente, denunciado por el licitador "antes" de la adjudicación y debidamente comprobado a juicio de la Administración, autoriza a que la oferta sea desestimada, sin aplicación de penalidades. ¿Qué decir del error advertido o denunciado por el oferente "después" de la adjudicación, es decir después de haber resultado adjudicatario del contrato? La norma transcripta sólo hace referencia al "error" denunciado "antes" de la adjudicación. Nada dice del denunciado "después" de ésta. Ante tal situación, y lo que surge del expresado principio general del Código Civil, estimo que el error evidente advertido o denunciado "después" de la adjudicación puede dar lugar a una de estas alternativas: 1º que la propia Administración Pública deje sin efecto la adjudicación, aplicando las penalidades del caso; 2º de no obtenerse lo anterior, solicitar ante la autoridad jurisdiccional judicial la "nulidad" del respectivo contrato (adjudicación), ateniéndose el licitador a las consecuencias de su comportamiento (344) . 654. La oferta o propuesta, una vez presentada por el licitador, produce un efecto inmediato: debe ser mantenida durante el lapso que establezca el sistema legal que rija la licitación. Esto es de principio (345) .
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Se advierte, al instante, una diferencia fundamental entre el régimen de las "ofertas" en derecho administrativo y en derecho civil: en el primero, la oferta debe ser mantenida durante el lapso legal; en el segundo, el oferente puede retirar su oferta en cualquier momento mientras no haya sido aceptada, salvo convención en contrario (ver precedentemente, texto y nota 242). Nuestro derecho regula concretamente la expresada obligación del licitador de mantener su oferta. La ley de obras públicas, 13064, así lo dispone en su artículo 20 (346) ; igual cosa hace el Reglamento de las Contrataciones del Estado (incisos 45 b], 64, 80 y 81, de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad) (347) . ¿Hasta cuándo debe mantenerse la oferta? ¿Cuál es el efecto que produce el retiro anticipado de la misma? Debe mantenérsela durante el lapso establecido (ver precedentemente notas 312 y 313). Vencido dicho plazo, cesa la obligación de mantener la oferta (348) . Si el licitador retirase su oferta antes del plazo fijado, perderá el pertinente depósito de garantía, sin perjuicio de la aplicación de otras posibles sanciones, verbigracia, suspensión por tiempo indeterminado del respectivo registro (artículo 20 , segunda parte, de la ley de obras públicas 13064). Lo mismo ocurre con los contratos a que hace referencia el artículo 55 de la ley de contabilidad de la Nación, pues el Reglamento de las Contrataciones del Estado, al reglamentar el artículo 61 de aquella ley, contempla la aplicación de sanciones de apercibimiento y suspensión, como así la pérdida de la garantía pertinente, en los supuestos de desistimiento o retiro de la oferta antes del vencimiento del plazo fijado (incisos 8º a 9º y 115 de dicha reglamentación). 655. El oferente o licitador tiene dos obligaciones esenciales: a) Mantener su oferta durante el plazo establecido. De esto me he ocupado en el parágrafo que antecede, al cual me remito. b) Afianzar sus obligaciones en su calidad de "proponente" (349) , para lo cual debe otorgar la llamada "garantía de la oferta", cuya forma de hacerla efectiva, el monto de la garantía y el momento de efectuarla están reguladas por las normas aplicables a la respectiva contratación. En materia de obras públicas, se ocupan de ello la ley 13064, artículo 14 , y la ley 16798 que modificó a aquélla. Además, debe tenerse presente la ley 14000 . Respecto de los contratos involucrados en el artículo 55 de la ley de contabilidad de la Nación, se ocupa de esa "garantía de oferta" los incisos 33 y siguientes de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad (350) . Las garantías de oferta les son devueltas a los licitadores que no resulten adjudicatarios; en cambio, al oferente que resulte adjudicatario, el depósito de garantía de oferta le será devuelto después de celebrado el contrato (Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 39, apartado a], de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad; ley de obras públicas 13064, artículo 14 , in fine). Estos textos son expresión de los "principios" aplicables al caso, pues va de suyo que el licitador a quien se le "adjudique" el contrato, una vez celebrado éste ha cumplido con su obligación de "mantener" su oferta, correspondiendo entonces la devolución de una garantía que ya no tiene razón de ser, y
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cuyo mantenimiento en tal supuesto carecería de "causa jurídica", por cuanto la obligación a que respondía está cumplida, todo ello sin perjuicio de que el "adjudicatario" deba otorgar la garantía que le corresponde en ese carácter, la cual podrá constituirse imputándole a la misma el importe ya depositado para afianzar el mantenimiento de la "oferta" e integrando el saldo correspondiente (351) . La "garantía de oferta" que deben otorgar los licitadores no siempre resulta pequeña, o sea de un monto fácilmente accesible a los oferentes. Ello hizo pensar en la conveniencia de buscar otras formas de satisfacer ese requisito. En Francia, en base a la actual legislación (decreto del 16 de mayo de 1953, artículo 35), que permite reemplazar esa caución por la fianza personal y solidaria de un tercero, se recurre al sistema de sociedades de garantías mutuas formadas por empresarios y proveedores del Estado, en cuyo mérito unos se otorgan a otros garantías en favor del Estado (352) . En otros países -entre ellos Estados Unidos de América- se ha recurrido al sistema de seguro o póliza de caución, en mérito al cual las compañías aseguradoras, debidamente autorizadas, garantizan el cumplimiento de las obligaciones del licitador para con la Administración Pública; algunas provincias argentinas lo han incorporado a su respectiva legislación de obras públicas (353) . En nuestro orden nacional, el decreto 7607, del 31 de agosto de 1961, "ha posibilitado que las compañías argentinas de seguros puedan ser autorizadas para prestar seguros de caución o garantías relacionados con las actividades de los empresarios de obras públicas" (354) , pero dicho tipo de garantía no tuvo vigencia respecto a la ley 13064 (355) . Actualmente, en virtud de la ley 17804 , publicada el 19 de julio de 1968, las garantías previstas por los artículos 14 , 21 y 46 de la ley 13064 podrán constituirse mediante seguros de caución, quedando a cargo del Poder Ejecutivo la fijación de las condiciones básicas que deberán reunir las respectivas pólizas (356) . 656. ¿Se requiere algún número mínimo de licitadores u oferentes para la validez de la licitación? No se requiere número mínimo alguno. El llamado a licitación es válido cualquiera sea el número de proponentes que acuda al mismo. Tal es el principio (357) . Desde luego, el "principio" de referencia puede ser válidamente alterado mediante un texto expreso que requiera o establezca un número mínimo de licitadores; pero no existiendo tal disposición expresa, el acto se lleva a cabo cualquiera sea el número de postores (358) . En algunos países, como Uruguay, impera el criterio de que, en el primer llamado, deben concurrir como mínimo tres proponentes, no habiendo limitación alguna para los llamados ulteriores (359) . ¿Cuál es la situación en nuestro país? En el orden nacional, rige el criterio de que la licitación es válida aunque sólo haya comparecido a ella "un" licitador. Es lo que dispone la ley de obras públicas, 13064, en su artículo 18 (360) , y el Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 74 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad (361) . 657. d) Apertura de los sobres que contienen las ofertas o propuestas
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En el lugar, día y hora determinados en los avisos para celebrar el acto, se procederá a abrir los sobres que contienen las propuestas. Estarán presentes los funcionarios designados por el organismo licitante y los proponentes que desearen presenciarlo. Vencido el plazo para la admisión de las propuestas, y antes de iniciarse la apertura de los sobres, los interesados podrán pedir explicaciones o formular reclamaciones o aclaraciones relacionadas con el acto; pero iniciada la apertura de los sobres, no se admitirá observación o explicación alguna. Se abrirán los sobres que contienen las propuestas; éstas se leerán en alta voz por el actuario ante los funcionarios y personas que presencien el acto. Terminada dicha lectura, del resultado obtenido se procederá a labrar acta, que deberá ser absolutamente objetiva. El acta será firmada por los funcionarios intervinientes y por los proponentes que, deseándolo hacer, estuvieren presentes en el momento de redacción del acta. Los licitadores podrán dejar constancia en dicha acta de las observaciones que les merezca el acto o cualquiera de las propuestas presentadas. Las ofertas serán rubricadas por el funcionario que presida el acto y por el contador fiscal delegado del Tribunal de Cuentas de la Nación, en caso de asistencia. En al acta que se labre corresponderá dejar constancia del número de orden de cada oferta; del nombre del proponente y número de inscripción en el respectivo registro; del monto y forma de la garantía, cuando correspondiere su presentación. Si el día señalado para la apertura de las propuestas no fuere laborable, el acto tendrá lugar el día laborable siguiente, a la misma hora. Las referencias que anteceden trasuntan el desarrollo del acto donde se abren los sobres que contienen las ofertas. Dada la trascendencia obvia de dicho acto, en el documento que se labre dando cuenta de su desarrollo deben tenerse presentes y cumplirse todos los recaudos mencionados, por cuanto su estricta observancia implica una garantía formal que hace a la seguridad del derecho de todos los interesados (Administración Pública y licitadores), cuyas respectivas posiciones quedan fijadas en las constancias del acta (362) . Los expresados pormenores o referencias que debe contener el acta, surgen de la sistematización de los textos del derecho positivo aplicable en la especie (363) . 658. e) Adjudicación La "adjudicación" es una de las más fundamentales etapas de la licitación. Todo el procedimiento de esta última tiende, precisamente, a permitir un adecuada "adjudicación", efectuándose así la selección concreta del cocontratante (364) . La "adjudicación" es, entonces, el acto de la Administración Pública en el que ésta, previo examen de las propuestas u ofertas presentadas, decide cuál de ellas es la más conveniente, y la acepta, quedando con ello simultánemente determinado el cocontratante para ese caso
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particular. Dicho cocontratante es el licitador que formuló la oferta considerada como más conveniente (365) . Generalmente la adjudicación no se hace en el mismo acto en que se abren los sobres que contienen las ofertas. Aparte de la conveniencia de que las oficinas técnicas, que asesoran a las autoridades respectivas, estudien las propuestas y expresen su opinión sobre ese aspecto (366) , y sobre el trámite general de la licitación, frecuentemente la decisión de la autoridad administrativa que hace la adjudicación no es definitiva, sino provisional -llamada entonces "preadjudicación"-, requiriéndose posteriormente la adjudicación "definitiva", o "adjudicación" propiamente dicha. En este orden de ideas, algunos textos legales y tratadistas hablan de "aprobación" de la adjudicación (367) . Éste es el trámite que establece la ley de contabilidad de la Nación y el Reglamento de las Contrataciones del Estado, respecto a los contratos que prevé el artículo 57 de la referida ley (368) . Igual sistema rige en cuanto a los contratos de construcción de obras públicas (ley 13064, artículo 19 , y decreto 19324/49, artículo 3º). 659. No siempre es la autoridad licitante la que lleva a cabo y efectúa la "adjudicación"; muchas veces, y en distintas formas, esto queda reservado a otras autoridades de la Administración Pública: de acuerdo al "monto" de la respectiva contratación, suele determinarse qué autoridad es competente para ello. Se habla entonces de "aprobación" de la contratación. Otras veces la norma legal establece el procedimiento de la "preadjudicación". También llamada "adjudicación provisional", que entonces requiere la "adjudicación" definitiva o adjudicación propiamente dicha (369) . Los dos criterios expuestos tienen vigencia en nuestro derecho (370) . Véase el parágrafo precedente, in fine. El acto de adjudicación preliminar, preadjudicación o adjudicación provisional, contiene todos los datos que harían procedente la adjudicación. La ulterior aprobación por otra autoridad es, en su esencia, una medida de "control" que se rige por los principios propios de tales actos (371) . Cabe advertir que ni la "preadjudicación" o "adjudicación provisional", ni la "aprobación" de la adjudicación, son requisitos esenciales en el trámite de la licitación, sólo rigen, con carácter excepcional, en las legislaciones que expresamente las consagren (372) . Mientras que la autoridad competente para efectuar la adjudicación "definitiva", o para aprobar el contrato, no se haya expedido disponiendo esas medidas, la Administración Pública ("Estado") no está obligada a contratar con el adjudicatario provisional, y correlativamente éste no puede intimar a la autoridad a que contrate con él (373) , pues se ha dicho que en ese estado del procedimiento la Administración Pública tiene una especie de derecho de veto respecto a la celebración del contrato (374) , lo que es consecuencia del carácter "discrecional" de la actividad de la Administración en lo atinente a la "aprobación" de la adjudicación (375) . Nuestro derecho positivo corrobora lo que
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antecede, pues la Administración Pública, en cualquier estado del trámite, previo a la "adjudicación", puede dejar sin efecto la licitación, rechazando las ofertas (376) . Recién la adjudicación "definitiva", o la "aprobación" del contrato, crean un derecho en favor del oferente elegido o seleccionado, quien entonces podrá exigir la realización o formalización del contrato (377) . En ciertos casos el contrato se perfecciona con la notificación de la adjudicación definitiva al beneficiario de ésta, como ocurre en los contratos que prevé el artículo 55 del decreto-ley de contabilidad 23354/56 (378) ; pero si la legislación aplicable a un determinado contrato exigiese, para la formalización de éste, un documento ad hoc, específico, dicho documento será necesario desde el punto de vista "formal" (ver ley de obras públicas, 13064, artículos 14 , segundo párrafo, 21, 22 y 24) (379) . 660. La adjudicación propiamente dicha, o sea la adjudicación definitiva, produce efectos inmediatos. En primer lugar, por haberse producido y por hallarse firme el acuerdo de voluntades de las partes, generador de la relación contractual, tanto la Administración Pública como el licitador adjudicatario quedan sometidos a todas las consecuencias que correspondan en derecho (380) . Lo expresado aquí respecto de la "adjudicación" definitiva es enteramente aplicable a la "aprobación" del contrato. En segundo lugar, una vez formalizado el contrato a través del procedimiento establecido o aceptado por las normas vigentes, el cocontratante debe integrar la llamada "garantía de adjudicación", que le será devuelta una vez cumplido el contrato (381) . Resulta fuera de toda duda el derecho del cocontratante a que le sea devuelta la "garantía de adjudicación" una vez "cumplido" el contrato, pues, ocurrido esto, el mantenimiento de esa "garantía" carecería de "causa jurídica", ya que la obligación afianzada hallaríase extinguida (382) . Véase lo dicho en el nº 665 sobre devolución de la "garantía de oferta", cuyos "principios" son aplicables a la devolución de la "garantía de adjudicación". Los medios por los que puede otorgarse esta fianza son los mencionados en las leyes 13064, artículo 21 , 14143 y 17804 (esta última instituyó los "seguros de caución". Véase el nº 655, texto y nota 319 ter). 661. ¿Cuál es el criterio a que debe atenerse la autoridad administrativa para efectuar la adjudicación? ¿Qué puntos de vista debe tener al respecto? Por cierto, un contrato administrativo sólo debe adjudicársele a persona o entidad de solvencia moral, técnica y económica. Estos dos últimos tipos de idoneidad deben apreciarse con relación particular o concreta al contrato a celebrar. No es lo mismo la técnica y el poder económico o financiero necesarios para construir un puente ferroviario sobre un gran río que la solvencia técnica y financiera requeridas para proveer de carne o pan a un regimiento, por ejemplo. En cambio, la solvencia "moral" debe ser igual cualquiera sea el tipo de contrato en perspectiva. La moral es única: no admite grados. Quien sea inmoral con relación a un contrato, los es con relación a todos los contratos.
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Pero las expresadas cuestiones -solvencia moral, técnica y financiera-, al menos en ordenamientos jurídicos como el argentino en el plano nacional, quedan solucionadas a priori a través de los Registros de Proveedores del Estado y de Constructores de Obras Públicas, en cuyos registros, además de constar esa idoneidad moral, técnica y financiera, los eventuales cocontratantes están clasificados de acuerdo al tipo de contratación o actividad (383) , lo cual permite relacionar la idoneidad técnica y financiera con cada contrato en particular. Sólo restaría establecer concretamente, entonces, cuál de las ofertas o propuestas presentadas es la más conveniente o ventajosa. Precisamente éste es el punto que debe ser objeto de decisión de la autoridad pública en el acto de adjudicación. ¿Qué debe entenderse por oferta o propuesta más conveniente o ventajosa? Desde que todos los licitadores son moralmente idóneos y, además, poseedores de la adecuada solvencia técnica y financiera, pues de lo contrario no habrían sido inscriptos en el respectivo registro, y menos aún con relación al tipo particular de contratación a realizar, el criterio que debe guiar a la autoridad pública para efectuar la adjudicación es el de considerar como la mejor oferta, como la más ventajosa, aquella que, respetando escrupulosamente los requisitos, exigencias o especificaciones del pliego de condiciones, contenga el "precio" más conveniente (384) . El contrato "debe" adjudicársele al licitador que haya ofrecido dicho precio. Por eso se ha dicho que uno de los caracteres de la licitación es el de constituir un procedimiento "automático" de selección del cocontratante (ver nº 637, punto 1º). El Reglamento de las Contrataciones del Estado corrobora lo expuesto, pues la adjudicación la relaciona directamente con el mejor "precio" (385) . Precedentemente, nº 628, me ocupé con minuciosidad de lo atinente al criterio que debe guiar a la autoridad para efectuar la "adjudicación" en el procedimiento de licitación. Me remito a lo expuesto en dicho lugar. 662. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la adjudicación? La adjudicación es la expresión de voluntad de la Administración Pública mediante la cual ésta integra o complementa su originaria manifestación de voluntad que, al poner de manifiesto su deseo de contratar, determinó el "llamado a licitación". Conocidas, luego, las ofertas o propuestas recibidas con motivo de ese "llamado" (386) , la Administración Pública elige la más conveniente de ellas, "adjudicándole" el contrato al licitador que hizo dicha propuesta. De ahí que la adjudicación, implicando la aceptación de una "oferta", complete el ciclo generador del acuerdo de voluntades: la oferta del licitador es aceptada por la Administración Pública. Por esto, salvo la existencia de un texto expreso que exija un requisito complementario, la "adjudicación", una vez notificada al licitador así seleccionado, perfecciona el contrato (387) . Tanto es así que para muchas legislaciones la existencia del contrato se acredita con un testimonio, instrumento o documento, que comprenda los textos que integran el contrato y los que se refieran al trámite de la licitación, incluyendo, desde luego, el atinente a la adjudicación y a la notificación de ésta al licitador seleccionado (388) . Por tanto, la "adjudicación" es el acto emanado de la Administración Pública mediante el cual ésta, integrando una anterior expresión de voluntad suya, complementa el acuerdo de
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voluntades del que nace el contrato administrativo tenido en vista. La "adjudicación", entonces, es la aceptación que hace la Administración de la propuesta más ventajosa (389) . Tal es su naturaleza jurídica: aceptación de la propuesta más conveniente. 663. La Administración Pública no puede permanecer indefinidamente sin decir lo atinente a la "adjudicación" del contrato. Desde luego, ello no significa que el licitador seleccionado en la adjudicación provisional, o los licitadores, en general, cuando no estuviere establecida la preadjudicación, puedan obligar a la Administración Pública a pronunciarse haciendo la "adjudicación". El derecho del licitador seleccionado, o de los licitadores en general cuando no estuviere establecida legalmente la preadjudicación o adjudicación provisional, se limita a retirar su oferta, pues no debe olvidarse que la Administración Pública tiene el derecho de dejar sin efecto la licitación y de rechazar las ofertas, en cualquier estado del trámite anterior a la adjudicación (véase el nº 637, punto 2º). No habiendo "adjudicación" que haya sido notificada, el licitador no puede obligar a la Administración Pública a que contrate con él: su derecho se limita a retirar la oferta. Es la solución aceptada por la doctrina (390) . ¿Cómo se hace efectivo este derecho? Hay que distinguir. A. Con frecuencia las legislaciones regulan minuciosamente esta cuestión, en cuyo caso hay que atenerse a lo establecido en las normas. Es lo que ocurre en nuestro derecho, en el orden nacional, para los contratos contemplados en el artículo 55 de la ley de contabilidad (decreto-ley 23354/56). De acuerdo al Reglamento de las Contrataciones del Estado, en las cláusulas particulares deberá indicarse el plazo de mantenimiento de las ofertas, cuando dicho plazo sea distinto al establecido con carácter general. La adjudicación debe efectuarse "dentro" del plazo establecido para el mantenimiento de las ofertas, vencido el cual sin efectuarse la adjudicación, la oferta caducará, salvo que el licitador concediere una prórroga. Efectuada la adjudicación, debe serle comunicada al interesado por carta certificada con aviso de retorno, remitida dentro de los siete días de hecha la adjudicación. Vencido dicho plazo sin que se hubiere efectuado la comunicación, el interesado podrá requerirla por cualquier medio fehaciente. Si dentro de los tres días siguientes el organismo licitante no remitiere la comunicación al recurrente, la oferta caducará automáticamente. Tal es la solución que consagra nuestro derecho para el supuesto de que la "adjudicación" no se efectuare en el término establecido, o para el caso de que, efectuada, no fuese "comunicada" (notificada) al interesado habiendo éste instado dicha comunicación (391) . Si el adjudicatario "no" hubiese requerido la expresada comunicación, debe entenderse que el plazo de tres días para que la Administración Pública realice dicha comunicación no ha tenido curso, por lo que la oferta continuará vigente. De manera que existiendo un plazo legal o reglamentario para el mantenimiento de las ofertas, la adjudicación debe efectuarse "dentro" de dicho plazo. Vencido éste mediante el agotamiento de los requisitos o recaudos de trámite establecidos en la legislación, las propuestas efectuadas por los licitadores pierden vigencia automáticamente, sin que sea menester intimación alguna de parte de los licitadores a la Administración Pública. Esta solución es la impuesta iure condito entre nosotros, pues el Reglamento de las Contrataciones del Estado establece que, en los casos mencionados, las ofertas "caducarán automáticamente" (392) . Pero dicha solución se justifica también iure condendo, por mera
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coordinación de principios racionales; la referida solución surge como lógica consecuencia al oponer la "restricción" que pesa sobre el derecho del licitador -quien está obligado a mantener su oferta durante el lapso establecido-, a la "inercia" de la Administración Pública que no se pronuncia respecto a la adjudicación, debiéndose recordar, además, que si bien el licitador debe mantener su oferta durante el término establecido, la Administración Pública puede dejar sin efecto la licitación en cualquier momento anterior a la adjudicación. Frente a esa desigual situación jurídica de las partes, y al expresado comportamiento negativo de la Administración Pública, es de justicia -porque es enteramente razonable- que, aun sin norma expresa que lo disponga, vencido el plazo de mantenimiento de las ofertas, por haber el licitador agotado los requisitos pertinentes, las propuestas u ofertas pierdan vigencia en forma automática, quedando el licitador desligado de una vinculación que ahora puede no resultarle conveniente. Todo aquello que implique una limitación a la libertad jurídica de las personas debe interpretarse restrictivamente y -en tanto ello no choque con principios básicos- en la forma que más armonice con la plena libertad jurídica. Igual conclusión debe aceptarse cuando el plazo de mantenimiento de las ofertas surja de las cláusulas particulares establecidas para una determinada contratación. B. ¿Qué decir del término dentro del cual debe efectuarse la adjudicación, cuando las normas generales o particulares nada expresan acerca del plazo de mantenimiento de las ofertas y del plazo dentro del cual debe efectuarse la adjudicación? ¿Cuál es, en esta hipótesis, el derecho de los licitadores? La situación de los oferentes es la de los administrados, en general, ante el "silencio" de la Administración. El derecho de los proponentes debe regularse por los principios o criterios aplicables, en general, frente al "silencio" administrativo. Sobre esto, véase el tomo 2º, nº 410, de la presente obra; asimismo, véase lo que, en este orden de ideas, expuse en el tomo 1º, nº 276 (393) . Lo dicho en el párrafo que antecede respecto al "término" en que la Administración Pública debe pronunciarse acerca de la "adjudicación" cuando las normas generales o particulares nada digan al respecto, es enteramente aplicable a la "aprobación" que deban dictar las respectivas autoridades. 664. En doctrina se habla de la "mejora de precios" o de la "mejora de la oferta". También la legislación -formal o material- suele referirse a esta cuestión. ¿Qué se entiende por mejora de precios o de la oferta? ¿Cuándo procede? Algunos autores consideran que la llamada "mejora de precios" consiste en solicitarles a los proponentes que no hayan obtenido el primer puesto una mejora en sus ofertas (394) . Tal procedimiento sólo procederá si estuviere previsto en la legislación o en el pliego de condiciones; de lo contrario, implicaría un quebrantamiento de las normas que rigen el proceso de la licitación, viciándolo de nulidad (395) . Se ha estimado que dicho procedimiento -la "mejora de los precios", entendida ésta en la forma mencionada- no es aconsejable: 1º porque no pocos proponentes serios son alejados por la competencia desleal que en esta forma realizan otros, que no son muy escrupulosos o
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que procuran obtener ventajas a último momento; 2º porque desnaturaliza el proceso de la licitación, ya que al resultado de ésta no se le tiene como decisivo, pues a los que resultaron perdedores se les da una oportunidad de ponerse en igualdad de situación con los verdaderos ganadores, con los que ab initio y espontáneamente se expidieron en la forma más favorable al interés público; 3º porque ello implica premiar a quien, habiendo podido ofrecer precios más bajos, no lo hizo desde el primer momento para así obtener un lucro indebido a costa del Fisco o de la colectividad. "No podría alegarse, siquiera -se agrega-, que la sociedad saldrá favorecida, pues más beneficiada lo estará siempre con el constante cumplimiento de las leyes y normas que la rigen" (396) . A pesar del eventual beneficio que semejante procedimiento de "mejora de precios" pudiere reportarle a la Administración Pública, comparto la expresada opinión de Greca, no sólo porque ese procedimiento implica desnaturalizar el proceso de la licitación, y porque el posible alejamiento de licitadores serios a quienes les repugnase ese sistema arbitrario, de por sí puede aparejarle perjuicio a la Administración, sino porque un Estado no puede fincar el concepto de "beneficio" en lo material principalmente, sino, ante todo, en lo moral, y en tal orden de ideas es exacta la afirmación de Greca de que la sociedad siempre resultará más beneficiada con el constante cumplimiento de las leyes y de las normas que la rigen. No es aceptable que, con perjuicio para el licitador que resultó ganador, una vez conocidas las ofertas efectuadas se les dé una oportunidad a los proponentes que "no" hicieron la oferta más ventajosa, para mejorar sus propuestas. Esto no es serio y no condice con el instituto "licitación", cuyo trámite debe darse por concluido al conocerse y determinarse cuál es la mejor oferta contenida en las propuestas originarias. Cualquier hipotético beneficio que esa "mejora de precios" pudiere reportarle a la Administración Pública, debe ceder ante lo poco alabable de semejante procedimiento. Lo ético debe estar por encima de lo material. Uno de los fines esenciales del Estado debe consistir en lograr la vigencia de un orden de vida basado en las más puras actitudes morales. No debe, entonces, elevarse a la categoría de precepto de ley algo que aparece razonablemente repudiado por un sector de la opinión. Cuando en los pliegos se hubiere establecido que se llamará a mejorar los precios, esto debe hacerse con todos los licitadores. Hacerlo con uno o algunos, excluyendo a otros, sería causa de nulidad del acto principal, es decir, del contrato (397) . Por cierto, el llamado a mejorar los precios, cuando esta posibilidad se hallase contemplada en la ley o en los pliegos de condiciones, debe hacerse en forma pública, ostensible, jamás en forma encubierta o a hurtadillas, o evitando la intervención y el control de los licitadores que ignoren tal llamado, pues entonces resultaría vulnerado el principio de "igualdad" que debe presidir el trámite de la licitación (398) . Sin perjuicio de lo que dejo expresado, tal como ya lo advertí (ver nota 355), el concepto de "mejora de precio" no es el que dan los autores citados en la referida nota. Por "mejora de precio", o de "oferta", se entiende el procedimiento a que suele recurrirse para desempatar, entre dos o más licitadores, las ofertas que éstos hayan hecho y que resulten ser las más convenientes por la igualdad de su contenido, es decir por la igualdad de los ofrecimientos. Sólo intervienen los licitadores que hayan empatado en sus propuestas (399) . Ésta es la única "mejora de precios" o "mejora de oferta" que el derecho debe admitir.
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De modo que, en buenos principios, la mejora de precios sólo procede como uno de los medios para desempatar en los supuestos de "igualdad de ofertas" admisibles. Tal es el criterio que impera en nuestro derecho, según así surge del Reglamento de las Contrataciones del Estado (400) . En el supuesto de "igualdad de ofertas", para desempatar éstas, aparte de la "mejora de precios", existen otros criterios; verbigracia: el sorteo público; la preferencia para los productos nacionales; la preferencia a la propuesta que originariamente hubiere acordado descuento por pago dentro de cierto plazo (401) . En otras legislaciones, si entre los licitadores que empataron hubiere una cooperativa obrera, el desempate se efectúa automáticamente a favor de ésta (402) . 665. Hay un supuesto en que la adjudicación es de imposible realización. Ello sucede cuando nadie concurre al llamado a licitación, o sea cuando no hubo proponente o licitador alguno. Es lo que en derecho denomínase "licitación desierta" (403) . El expuesto es también el concepto admitido en nuestro derecho. La ley de obras públicas, 13064, hace referencia a esta cuestión en el artículo 9º , inciso f), en cuanto autoriza que se prescinda de la licitación pública, pudiéndose recurrir a la licitación privada o a la contratación directa, "cuando realizada una subasta, no haya habido proponente". Lo mismo hace la ley de contabilidad de la Nación (decreto-ley 23354/56), en cuanto autoriza la contratación directa "cuando una licitación haya resultado desierta" (artículo 56, inciso 3º, apartado e]). Ambos textos, desde el punto de vista conceptual, deben considerarse interdependientes: se aclaran y complementan recíprocamente. Para que la licitación se considere desierta basta con el fracaso de "un" llamado (ley de obras públicas, 13064, artículo 9º , inciso f], concordante con el artículo 56, inciso 3º apartado e], de la ley de contabilidad). El "efecto" de una licitación que resulta "desierta" es el de admitir que la contratación se lleve a cabo prescindiendo de la "licitación pública". El contrato podrá efectuarse mediante licitación privada o mediante trato directo (ver textos legales citados en los párrafos precedentes). Desde luego, el posible procedimiento de contratación a seguir en el supuesto de que la licitación pública resulte "desierta", depende del derecho positivo vigente en el respectivo lugar. 666. Una licitación pública puede fracasar no sólo por falta de oferentes (licitación "desierta"), sino también cuando la o las ofertas presentadas resulten "inadmisibles" (ley de obras públicas, 13064, artículo 9º inciso f], decreto-ley de contabilidad 23354/56, artículo 56, inciso 3º, apartado e). ¿Cuándo ocurre esto? ¿Qué determina el carácter "inadmisible" de una oferta? ¿Su "precio" inconveniente? Aparte de ello la Administración puede dejar sin efecto la "licitación" y rechazar las ofertas. ¿Hasta qué momento puede hacer esto último la Administración? ¿Cómo debe actuar en estos supuestos la Administración Pública? Hay que distinguir las dos situaciones que pueden presentarse.
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A. "Antes" de la apertura de los sobres y, desde luego "antes" de la adjudicación, la Administración Pública, ejercitando su actividad discrecional, puede rechazar las ofertas y dejar sin efecto la licitación (Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 77 de la reglamentación del artículo 61 de la ley de contabilidad). Trátase de una cláusula integrante de las condiciones de la licitación, cuya existencia las partes conocían de antemano. Si bien la Administración Pública no está obligada a "motivar" la decisión que entonces dictare, la consideración debida a quienes, como oferentes, se mostraron dispuestos a colaborar con ella, justificaría, en buenos principios, que esa decisión fuese "motivada", lo que entonces serviría de suficiente explicación a los licitadores de por qué la Administración asumió esa actitud. Tal "motivación" es recomendable, además, porque mediante ella se alejaría todo atisbo de arbitrariedad. Ver decreto-ley 19549/72, artículo 7º , e). B. Una vez "abiertos" los sobres, y, por cierto, "antes" de la adjudicación, para rechazar las ofertas por "inadmisibles" o por ser "inconveniente" el precio, la Administración Pública debe dictar resolución "fundada", que, desde luego, ha de tener adecuada razonabilidad. Los licitadores, si bien no tienen un "derecho" a que se los declare "adjudicatarios", sí lo tienen a que, como en este caso, la decisión que rechace sus ofertas -cuya presentación implicó el ejercicio de un "derecho" por parte de los licitadores; ver nº 648- se dicte con todas las garantías formales que le darán juridicidad. Se trata, en la especie, de un "juicio" que debe emitir la Administración Pública y tal actividad requiere "motivación" (ver tomo 2º, nº 411). Hay, pues, dos etapas bien definidas: a) La anterior a la apertura de los sobres y, ciertamente, anterior a la adjudicación. En esta etapa la Administración puede, por propia decisión, dejar sin efecto la licitación y rechazar las ofertas. b) La anterior a la adjudicación, pero posterior a la apertura de los sobres, en la que las ofertas pueden ser rechazadas por "inadmisibles" o por "inconveniencia" del precio. Para el Reglamento de las Contrataciones del Estado, aplicable a los contratos que prevé el artículo 55 de la ley de contabilidad, "ofertas inadmisibles" son aquellas que contengan "condiciones" que las hicieren desestimables, con prescindencia del "precio". Es un concepto "específico" de oferta inadmisible. El precio inconveniente -sea esto por su exigﾁidad o por su muy elevado monto- no convierte al acto en "oferta inadmisible" (ver Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 7º de la reglamentación al artículo 56 de la ley de contabilidad) (404) , sin perjuicio del derecho de la Administración Pública a rechazar las ofertas no sólo por ser éstas "inadmisibles", sino también porque el precio ofrecido resulte "inconveniente" (inciso 7º, citado, in fine). De manera que, de acuerdo al Reglamento de las Contrataciones del Estado, corresponde distinguir formalmente entre "oferta inadmisible" y "precio inconveniente": en ambos supuestos se llega al fracaso de la licitación por rechazo de la oferta. Respecto a la ley de obras públicas, 13064, las cosas cambian. No corresponde esa diferencia "formal" entre oferta inadmisible y precio inconveniente. Ambos supuestos quedan incluidos en el concepto de "oferta inadmisible", a que hace referencia el artículo 9º , inciso f), de dicha ley. Este concepto amplio de "oferta inadmisible contenido en la ley de
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obras públicas es compartido por la doctrina" (405) . Sin perjuicio, como ya quedó dicho, de que en cualquier estado del trámite "anterior" a la apertura de los sobres, y previo a la adjudicación, el Estado -en ejercicio de su actividad discrecional- puede rechazar las ofertas y dejar sin efecto la licitación pública, para que una oferta pueda ser rechazada por "inadmisible", o por contener un precio "inconveniente", es menester -aunque la norma no lo diga expresamente- que los sobres que contengan las ofertas hayan sido abiertos; de lo contrario no podrían conocerse o determinarse esas circunstancias. Esto es de sentido común. ¿Cómo podría juzgarse el contenido de una oferta que aún no se conoce porque permanece oculta en el sobre que la contiene? Huelga decir que las circunstancias en cuyo mérito se rechace una oferta por considerarla "inadmisible", o porque el precio ofrecido se estime "inconveniente", han de juzgarse "razonablemente", y en modo alguno en forma "arbitraria". La autoridad "administrativa" o "jurisdiccional judicial" que intervengan en la especie para resolver la controversia, han de tener particularmente en cuenta las constancias de los pliegos de condiciones generales y particulares, como así las características del contrato y la índole de las prestaciones. La "buena fe", ínsita a todo acto jurídico -sea éste de derecho privado o público-, obsta a que la decisión acerca de lo "inadmisible" de una oferta o de lo "inconveniente" del precio ofrecido, se emita sin fundamento de razonabilidad. Cuando la norma aplicable autorice recurrir a la licitación privada o al trato directo debido al fracaso de una licitación pública por no haberse presentado en ella "oferta admisible", o porque el precio fuere "inconveniente", para recurrir a esos medios subsidiarios de contratación basta con el fracaso de "una" licitación (ley de obras públicas, 13064, artículo 9º , inciso f], concordante con el artículo 56, inciso 3º, apartado e], de la ley de contabilidad). 667. Realizada la "adjudicación" del contrato a uno de los licitadores, o a la "preadjudicación" en los ordenamientos que la establecen, los demás oferentes pueden considerarse afectados en sus derechos por esa decisión de la Administración Pública. ¿Tienen dichos proponentes algún medio para impugnar ese acto del Estado? Se ha dicho con acierto que toda persona que en una licitación pública presenta una propuesta adquiere, no el derecho a ser adjudicatario, pero sí el de que la Administración haga la adjudicación respetando y cumpliendo el pliego de condiciones y las demás normas que rigen este instituto. Tal complejo jurídico integra, por cierto, el bloque de la legalidad que sirve de límite a la actividad de la Administración Pública. Todo apartamiento de esta línea de conducta lesiona el expresado derecho del proponente (406) , habilitándolo para actuar en defensa de éste. Véase precedentemente, nº 628, últimos párrafos. Como principio general, el licitador que considere afectado su derecho por la adjudicación, o por la preadjudicación, que efectúe la Administración Pública a otro de los oferentes, tendrá fundamento para impugnar ese acto cuando éste apareje una "irregularidad" que resulte relevante (las irregularidades "irrelevantes" tampoco aquí vician el acto administrativo. Véase el tomo 2º, números 470, 471, 479 y 481). Deben observarse estrictamente las disposiciones del pliego de condiciones, las leyes o preceptos generales
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aplicables y, especialmente, los "principios" esenciales o fundamentales que gobiernan la licitación pública, a los cuales hice referencia en parágrafos precedentes (nº 638 y siguientes) (407) . ¿De qué medios de impugnación puede hacer uso el licitador agraviado? Ante todo, existe un medio administrativo de impugnación establecido expresamente por el Reglamento de las Contrataciones del Estado, en cuanto dispone que "los oferentes podrán formular impugnación fundada a la preadjudicación dentro del plazo que se fije en las cláusulas particulares, el que no podrá ser inferior a 1 (un) día a contar desde el vencimiento del término fijado para los anuncios. Las impugnaciones serán resueltas por la autoridad competente para aprobar la contratación en decisión que no podrá ser posterior a la de la adjudicación" (408) . Sin perjuicio de lo que antecede, contra la decisión administrativo final que recaiga respecto a la impugnación promovida por el oferente, como principio general el licitador que se considere agraviado en su derecho con motivo de una adjudicación, o de una preadjudicación, que estime irregular o viciada, tendrá a su alcance los medios de impugnación (recursos y acciones) que correspondan contra los actos administrativos en general, según que éstos sean "reglados" o "discrecionales" y que armonicen con la naturaleza "administrativa" o de "derecho común" del respectivo contrato (409) . El "alcance" del fallo que dictare la autoridad jurisdiccional competente, ante una acción que promoviese el licitador agraviado en sus derechos, puede limitarse a los daños y perjuicios a cargo del Estado, o a la declaración de "nulidad" de la adjudicación o de la preadjudicación, o puede comprender ambas condenas simultáneamente. Todo depende de lo que solicite en su demanda el oferente actor (410) . Tal es el único alcance posible del fallo que dicte el órgano jurisdiccional judicial, quien debe actuar respetando el principio constitucional de separación de los poderes y, en este caso, respetando la "zona de reserva de la Administración". 668. f) El "perfeccionamiento" del contrato administrativo. Remisión Antes de dar por terminado lo atinente al mecanismo de la licitación, a sus etapas o momentos, corresponde establecer cuándo se "perfecciona" el contrato entre el Estado y el licitador adjudicatario. Si bien este punto ya fue considerado en un parágrafo anterior, se impone insistir al respecto, ya que todo el procedimiento de la licitación tiende, precisamente, a la celebración de un contrato satisfactorio para el interés público. La doctrina y la legislación, tanto extranjeras como nacional, señalan al respecto dos situaciones: a) el contrato se perfecciona cuando la adjudicación le es notificada al adjudicatario. Es el sistema que en nuestro país establece el Reglamento de las Contrataciones del Estado (411) ; b) el contrato se perfecciona cuando, después de efectuada la adjudicación y ésta es notificada al adjudicatario, se formaliza un contrato ad hoc, concreta o específicamente redactado en un documento. Es el sistema que en nuestro país se sigue para los contratos de construcción de obras públicas (412) .
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El "principio" o "regla" en materia de contratos administrativos, realizados mediante el trámite de la licitación, es que los mismos se perfeccionan con la notificación de la adjudicación al proponente que resultó adjudicatario. La "excepción", que entonces requiere texto expreso, consiste en que el perfeccionamiento del contrato requiere la redacción de un documento especial (413) . En el primero de los casos, como prueba del contrato, la Administración Pública le entrega al cocontratante una testimonio o instrumento que contiene las piezas que integran el contrato: llamado a licitación, pliego de condiciones, textos legales que forman parte del contrato, acta de adjudicación y constancia de la notificación de ésta al adjudicatario. En el nº 619 me he ocupado de lo referente al "perfeccionamiento" de los contratos administrativos. Me remito a lo dicho en ese lugar. 669. Una licitación pública puede "fracasar" por dos razones: 1º por resultar desierta (ver nº 665); 2º por resultar inadmisibles las ofertas presentadas (ver nº 666). De ambos supuestos se ocupan la ley de obras públicas 13064, artículo 9º , inciso f.; la ley de contabilidad (decreto-ley 23354/56, artículo 56, inciso 3º, apartado e]) y el Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 7º de la reglamentación del artículo 56 de la ley de contabilidad. La consecuencia del fracaso de la licitación pública consiste en la posibilidad de recurrir a la licitación privada o a la contratación directa (ley de obras públicas 13064, artículo 9º ), o a la contratación directa (decreto-ley 23354/56, artículo 56, inciso 3º). Va de suyo que, en este último caso, si se autoriza la contratación directa, podrá recurrirse válidamente a la "licitación privada", por cuanto ésta, en lo atinente a las garantías del procedimiento, apareja obvias ventajas respecto a aquélla. 670. La licitación pública efectuada puede estar viciada a raíz de irregularidades cometidas. Ya precedentemente, números 640 y 641, hice mención a los vicios que pueden afectar a la licitación pública por quebrantamiento de los principios sobre "publicidad" e "igualdad" que la rigen. Expresé que ellos constituían vicios de "forma", siéndoles aplicables los principios generales sobre vicios de forma en materia de administrativos. Asimismo, me he ocupado del "error" en que incurriese el licitador al presentar su propuesta, y de los efectos o alcances de tal error. Véase el nº 653. Advertí ahí que, si bien la oferta no es un acto administrativo, está regulada por el derecho administrativo, cuyas normas y principios deben tenerse primordialmente en cuenta; subsidiariamente han de aplicarse las respectivas normas del derecho privado. Me remito a lo expresado en dicho parágrafo. La expresión de voluntad del Estado debe ser idónea: así, no debe hallarse viciado de error o dolo. De ahí que el acto administrativo "adjudicación" pueda ser impugnado en cuanto a su validez si adoleciere de uno de esos vicios; verbigracia, en el supuesto de probarse connivencia dolosa entre licitadores.
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En general, con la salvedad señalada respecto al error que contuviere la oferta del licitador, es aplicable en materia de vicios de la licitación pública, lo expresado al respecto en materia de actos administrativos, pues la "adjudicación" -etapa final del proceso de licitación pública- constituye un acto administrativo. En tal orden de ideas, cuadra recordar que no toda irregularidad de que adolezca la licitación pública influirá en su validez. Para que esto último ocurra, ha de tratarse de una irregularidad trascendente, pues las irregularidades llamadas "irrelevantes" tampoco aquí tienen consecuencia alguna en cuanto a la validez de lo actuado (ver lo dicho al respecto en el tomo 2º). 671. Cuando la norma aplicable requiera que la respectiva contratación se efectúe previa licitación pública, el incumplimiento total de este requisito, o el incumplimiento substancial del mismo, producen la invalidez del contrato que en esas condiciones fuere celebrado. Dicha irregularidad determina una nulidad absoluta que, incluso, puede ser manifiesta (414) (415) . La doctrina comparte tal conclusión (416) . La extinción de un contrato celebrado en esas condiciones se rige por las reglas aplicables a la extinción de los actos administrativos afectados de nulidad absoluta (417) , de lo cual me he ocupado en el tomo 2º de la presente obra. La nulidad absoluta resultante de la inobservancia del requisito de la licitación implica un vicio por violación de la "forma", que es uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Trátase, pues, de un vicio de "forma", y de ningún modo de un vicio de "incompetencia", como lo sostienen algunos tratadistas (418) . Pero aparte de la violación del elemento esencial "forma", la inobservancia de la licitación cuando ella hállase impuesta por el derecho positivo, implica también la violación de otro elemento esencial: la "moral", a la que la licitación pública, dadas sus finalidades, hállase íntimamente vinculada. En materia de vicios de un contrato administrativo por inobservancia del requisito de la "licitación pública", debe tenerse presente lo expuesto acerca de los vicios de los actos administrativos por inobservancia de sus requisitos esenciales "forma" y "moral" (véase el tomo 2º, números 494 y 496). 672. Para concluir con lo atinente a la licitación pública, cuadra referirse al "derecho" que la rige. Trátase de una institución de derecho administrativo que, en consecuencia, hállase o debe hallarse regida por normas de esa índole. Generalmente falta el texto orgánico sobre "licitación pública" aplicable a todos los supuestos. En cambio, es común que para cada tipo o grupo de contratos las normas que respectivamente rigen a éstos contengan disposiciones sobre licitación pública. Es lo que ocurre en nuestro país, en el orden nacional. Las constituciones provinciales contienen, asimismo, normas parciales sobre licitación, pues exigen este procedimiento en determinados casos (véase el precedente nº 629, texto y nota 196).
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Entre nosotros, la ley nacional de obras públicas 13064 , el decreto-ley 23354/56 sobre contabilidad y el Reglamento de las Contrataciones del Estado contienen disposiciones sobre licitación pública. Dichos textos se refieren a contratos distintos: los de construcción de obra pública (ley 13064 ) y los que menciona el artículo 55 del decreto-ley 23354/56 sobre contabilidad. Esas normas dictadas por la Nación guardan íntima interdependencia (ver artículo 19 5de la ley 13064), lo que es comprensible que así ocurra, dada la similitud de situaciones previstas por ellas. De modo que las cuestiones de derecho administrativo no resueltas expresamente por uno de esos textos pueden resolverse aplicando, por vía extensiva o analógica, las que contuvieren los otros textos mencionados. Aparte de lo expresamente contenido en las normas positivas, en materia de licitación pública son aplicables los principios básicos que la gobiernan: "oposición" o "concurrencia", "publicidad" e "igualdad". Trátase de reglas esenciales, ínsitas al instituto "licitación pública" (419) . Va de suyo que, a falta de normas expresas, cuando corresponda o convenga llamar a licitación pública respecto a contratos administrativos distintos de los de construcción de obra pública o de los mencionados en el artículo 55 del decreto-ley sobre contabilidad, las disposiciones -y principios- existentes para éstos son aplicables a todos los contratos administrativos. Ello es así porque tal es el criterio básico imperante en materia de derecho aplicable en este sector del orden jurídico. Sólo en subsidio puede recurrirse a normas o principios del derecho privado (véase el tomo 1º, nº 43, y el tomo 2º, nº 395 de la presente obra). Licitación privada 673. "Licitación privada" es aquella a la que sólo pueden presentarse como oferentes las personas o entidades expresamente invitadas al efecto por la Administración Pública (420) . La nota diferencial con la licitación "pública" consiste en que, en esta última, pueden ser oferentes o licitadores todas las personas o entidades que, hallándose en condiciones legales o reglamentarias para ello, deseen presentarse a la licitación. Toda persona o entidad que esté dentro de lo preceptuado por las normas vigentes puede comparecer como proponente a una licitación pública, pudiendo entonces ser ilimitado el número de oferentes, pues, dentro del criterio de admisión expuesto, no hay limitación al número de licitadores. De manera que mientras en la licitación "pública" la afluencia de proponentes es ilimitada, en la licitación "privada" dicha afluencia es limitada (421) ; además, en la licitación pública la presentación de oferentes obedece a un "llamado público" objetivo efectuado por la Administración Pública, en tanto que en la licitación privada dicha presentación o comparecencia responde a una "invitación" personal directa formulada por la Administración Pública. De ahí que a la licitación "pública" suele denominársele "licitación abierta" y a la "privada" "licitación cerrada" o "restringida". En Francia, a la
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licitación pública denomínasele "adjudication ouverte" y a la privada "adjudication restreinte". 674. La procedencia de la licitación privada depende del ordenamiento legal de cada país o lugar. Pero, teóricamente, ella procede no sólo, como dicen algunos tratadistas, en el caso de un contrato que requiera una especial capacitación o competencia, sino también cuando el monto del contrato no supere determinado límite, o cuando una licitación pública anterior haya resultado desierta o haya fracasado por no haberse presentado ofertas admisibles -concepto éste que incluye el de rechazo de la oferta por "inconveniencia" del precio-, o cuando se trate de trabajos suplementarios, o de asuntos urgentes, o cuando la seguridad del Estado exija garantías especiales o gran reserva, etcétera. Nuestras leyes disciplinan los supuestos en que procede la licitación privada. Así lo hace la ley nacional de obras públicas, en su artículo 9º (422) , y el decreto-ley de contabilidad 23354/56, respecto a los contratos que prevé dicho texto legal en el artículo 55 (423) . Aparte de ello, como expresé precedentemente (nº 669, in fine), cuando la norma en vigor autorice que en un caso dado se recurra a la contratación directa, va de suyo que podrá recurrirse válidamente a la licitación privada, porque ésta, en cuanto a las garantías del procedimiento, apareja obvias ventajas respecto a aquélla (424) . 675. En la licitación "privada" pueden ser oferentes o proponentes las personas o entidades que al efecto sean especialmente invitadas por la Administración Pública. ¿Es libre la Administración Pública de invitar a cualquier persona o entidad, y cualquiera sea el número de dichas personas o entidades? ¿Deben satisfacerse algunos otros requisitos? El Reglamento de las Contrataciones del Estado contesta dichos interrogantes. Debe invitarse como "mínimo" a seis casas comerciales del rubro, las cuales deben hallarse inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado. Además, dichas invitaciones deben efectuarse en forma rotativa dentro de las firmas inscriptas en dicho Registro en el rubro respectivo (425) . Estas disposiciones de la reglamentación a la ley de contabilidad, establecidas para los contratos que contempla el artículo 55 de dicha ley, deben extenderse a todo otro tipo de contrato, verbigracia el de construcción de obra pública, pues trasunta criterios de moral, orden y eficiencia. Por lo demás, la aplicación extensiva de esas disposiciones a los otros contratos administrativos, armoniza estrictamente con el criterio que, en esta rama del derecho, debe tenerse presente para la aplicación extensiva de las normas o principios por vía analógica, ya que los principios o normas que han de aplicarse, en primer término, por vía analógica en derecho administrativo, son los que pertenecen a este último derecho (véase el tomo 1º, nº 43; tomo 2º, nº 395, y el precedente nº 612). No obstante lo preceptuado por el Reglamento de las Contrataciones del Estado, considero que al respecto deben hacerse las siguientes advertencias o salvedades:
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1º La norma mencionada dice que en las licitaciones privadas se invitará como mínimo a seis "casas comerciales" del rubro, inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado. La expresión utilizada -"casas comerciales"- es poco feliz. Cuando el Reglamento habla de "casas comerciales" debe entenderse que se refiere a "personas" o "entidades", pues las casas comerciales, lo mismo que un establecimiento ganadero por ejemplo, no son, por principio, sujetos de derechos sino meros "objetos" del mismo. 2º Según los mencionados preceptos del Reglamento de las Contrataciones del Estado, debe invitarse a casas comerciales del rubro "inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado". A pesar de esta última exigencia, estimo que no hay impedimento legal para que la invitación sea formulada a personas o entidades "no" inscriptas en el expresado Registro, siempre y cuando las circunstancias justificaren razonablemente ese temperamento, máxime cuando éste hállase establecido iure condito para los supuestos de licitación pública. Así, por ejemplo, si dentro del país no hubiere el producto o cosa que desea adquirirse, podrá invitarse a firmas establecidas en el extranjeros sin sucursal ni representación entre nosotros. Dentro del país podría invitarse también a personas o entidades no inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado, cuando se trate de propietarios de la cosa o producto que no se dediquen habitualmente a su venta; cuando se trata de servicios u obras de artistas o profesionales; etc. (inciso 51, apartados a], b] y g] de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). En los casos mencionados, y otros equivalentes, trataríase de la aplicación extensiva de una norma a supuestos que reúnen los requisitos para la aplicación analógica de la ley (ver el tomo 1º, nº 73 de la presente obra). 3º Si no pudiere invitarse a "seis" personas o entidades -como lo requiere el mencionado inciso 8º de la reglamentación al artículo 62 de la ley de contabilidad-, sino a menos de seis, estimo que tal invitación de un número menor podrá ser enteramente válida si para ello concurrieren razones atendibles. En la especie estaríase aplicando el criterio establecido para una hipótesis similar por el inciso 10, in fine, de la expresada reglamentación al artículo 62 de la ley de contabilidad. Tal como en el supuesto del párrafo anterior, trataríase aquí de una admisible aplicación analógica del criterio contenido en una norma vigente en el mismo ordenamiento jurídico. 676. Puede suceder que habiéndose llamado a licitación privada, ésta fracase por incomparecencia total de las firmas, proveedores o constructores invitados. ¿Qué solución corresponde adoptar? Esta situación debe resolverse recurriendo a la contratación directa, es decir al trato privado, pues el caso queda asimilado a la licitación "desierta", en cuyo supuesto, tratándose de la licitación pública, procede la contratación directa (426) . Eadem ratio, idem ius. Tal solución es tanto más procedente por ser de principio que el sistema jurídico de la licitación pública, salvo texto expreso en contrario, rige también a la licitación
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privada, excepto, claro está, en lo relativo a quiénes pueden intervenir en ésta como licitadores. La incomparecencia total de oferentes en la licitación privada constituye un "supuesto similar" al expresamente previsto en la norma respecto a la licitación pública, por lo que puede afirmarse que la ratio legis vale igualmente para uno y otro caso, justificándose entonces la aplicación extensiva de la norma por vía analógica. Véase el tomo 1º, nº 73. 677. En la licitación "privada" ¿corresponde exigir que los oferentes efectúen los depósitos de garantía de "oferta" y de "adjudicación"? Los textos no contemplan expresamente este punto. Siendo así, podría sostenerse que esas obligaciones pesan sobre los proponentes en una licitación privada, tal como pesan en los oferentes en las licitaciones públicas. Para ello cabrían invocarse los siguientes argumentos: a) que al referirse a las licitaciones "privadas", las normas vigentes nada dicen acerca de si los licitadores que se presenten a ellas están o no excluidos de otorgar las referidas garantías; b) que los textos en vigor, al requerir las fianzas mencionadas, no distinguen entre licitaciones "públicas" y licitaciones "privadas"; c) que no conteniendo excepción alguna las leyes o normas vigentes, en la licitación privada deben cumplirse todos los requisitos de la licitación pública, salvo, por cierto, el de la publicidad del llamado, que se reemplaza por la invitación directa. No obstante, estimo que tales argumentos deben ceder en lo referente a la exigencia de la garantía de "oferta", no así en lo que respecta a la garantía de "adjudicación". Tratándose de licitaciones "privadas", el licitador u oferente debe ser eximido de la obligación llamada "garantía de oferta". Ello por dos razones: 1º Porque la ratio iuris a que responde la garantía de oferta -obligación de mantener la propuesta durante el lapso pertinente- queda harto satisfecha con la "elección" voluntaria que hace la Administración Pública de las personas o entidades que podrán presentar ofertas, personas que al efecto son especialmente "invitadas" -y que por principio han de hallarse inscriptas en el respectivo registro-, todo lo cual le brinda a la Administración Pública la oportunidad de elegir o seleccionar licitadores que presumiblemente llenarán, por lo menos, ese mínimo requisito de mantener sus ofertas durante el término establecido. Es ésta una obligación muy leve ("mantenimiento de la oferta"), cuyo posible cumplimiento efectivo resulta del hecho mismo de haber la Administración Pública elegido o seleccionado a voluntad a sus eventuales cocontratantes; todo ello hace que en estos casos no se justifique obligar al licitador a inmovilizar capital alguno en calidad de garantía o a proveer otro tipo de fianza. Este último criterio se robustece, además, ante la circunstancia de que en el sistema de "libre elección", con el que la licitación privada guarda gran similitud, tampoco existe la obligación de "garantía de oferta". 2º Porque, tratándose de garantía de "oferta", la tendencia actual es su eliminación -incluso respecto a la licitación "pública"- por resultar y considerársela contraproducente. Al respecto son interesantes las referencias de Laubadère y de Waline (427) . Las
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conveniencias y requerimientos de la vida -datos de los que el jurista jamás debe prescindirponen de manifiesto lo impropio de tal exigencia. En cambio, la garantía de "adjudicación", por la índole de las obligaciones a que se refiere, corresponde exigirla cualquiera sea el tipo de licitación de que se trate, es decir ya se esté en presencia de una licitación pública o de una licitación privada. 678. La diferencia entre licitación privada y contratación directa (o trato directo, o trato privado) no radica, precisamente, en los "supuestos" o "casos" que autorizan que se recurra a uno o a otro de esos sistemas, pues tales supuestos o casos dependen, no de razones de principio, sino de los ordenamientos jurídicos pertinentes. Tanto es así que, en nuestro país, la ley nacional de obras públicas, 13064, artículo 9º , autoriza que se recurra a la licitación privada o a la contratación directa, indistintamente, en los mismos supuestos o casos; en cambio, de acuerdo al decreto-ley de contabilidad, 23354/56, la licitación privada está autorizada para un supuesto, y la contratación directa para otros supuestos (artículo 56, incisos 1º y 3º, de ese decreto-ley). En esta última ley, los supuestos en los cuales procede la "licitación privada" o el "trato directo", dependen esencialmente del "monto" de la contratación (artículo 56, incisos 1º y 3º, apartado a]). La diferencia entre licitación privada y contratación directa, aparte de lo que pueda resultar del "monto" de la contratación, radica en la manera de llevar a cabo cada uno de esos medios de selección del cocontratante. La licitación privada obedece a reglas distintas de las que rigen la contratación directa. Tal es la diferencia entre ambas figuras iuris. En parágrafos precedentes quedó dicho en qué consiste la licitación privada. En un parágrafo próximo quedará expuesto en qué consiste la contratación directa. De ello surgirá la diferencia concreta entre ambos institutos. 679. La licitación privada carece de un complejo de normas o de principios de aplicación exclusiva a ella. En consecuencia, dada la obvia analogía jurídica existente entre la licitación "privada" y la licitación "pública", la doctrina hállase conteste en que la licitación privada se rige "subsidiariamente" por las mismas normas y por los mismos principios que la licitación pública, salvo, claro está, en lo atinente al "llamado" a licitación, aspecto en que ambos tipos de licitación se rigen por criterios diferentes: en la licitación "pública" se aplican las reglas sobre publicidad basadas en la "publicación" del llamado; en la licitación "privada" sólo se utiliza el sistema de "invitación" directa a las firmas seleccionadas o elegidas por la Administración Pública. Pero, exclusión hecha de lo relativo a la "publicidad" del llamado, y salvo en lo que respecta a algún o algunos requisitos expresamente establecidos por la legislación para la licitación privada, por ejemplo, número de proveedores o de constructores a quien debe invitarse, forma rotativa o no de efectuar la invitación a los inscriptos en el correspondiente registro, etc., en todo lo atinente al "procedimiento", como también en lo vinculado al criterio que debe servir de base a la "adjudicación", ambos tipos de licitación se rigen por
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iguales normas o trámites: lo establecido por el derecho positivo y por la doctrina científica para la licitación pública es de estricta aplicación a la licitación privada (428) . 680. Cuando deba recurrirse a la licitación privada -o cuando se desee recurrir a ella en lugar de hacerlo a la contratación directa que autorice la ley- por haber fracasado una licitación pública, debido a que ésta resultó desierta o porque en ella se presentaron ofertas inadmisibles ¿sobre qué pliegos de condiciones debe hacerse la licitación privada? Va de suyo que los pliegos a utilizar en la licitación privada han de ser los mismos que se utilizaron en la fracasada licitación pública; de lo contrario, en lugar de recurrirse a la licitación privada para concretar la operación que fracasó en el procedimiento de la licitación pública, se trataría de una contratación "distinta", lo cual impediría que se recurra entonces a la licitación privada como procedimiento subsidiario de solución; en este supuesto -es decir, utilización de pliegos distintos a los considerados en la licitación pública fracasada- correspondería llamar a una nueva licitación "pública", pues en realidad trataríase no de llevar a cabo la contratación que fracasó, sino de efectuar una contratación nueva o diferente (429) . Si en hipótesis como las mencionadas se recurriere a la licitación privada o a la contratación directa utilizando pliegos de condiciones distintos a los utilizados en la licitación fracasada, la contratación sería nula, porque en la especie habríase seguido un procedimiento distinto al requerido por la ley, incurriéndose así en un vicio de "forma". 681. C. "Contratación directa" Teóricamente, contratación directa es la que la Administración Pública realiza con una firma, entidad o persona determinada, tratando de llegar con ella a un acuerdo conveniente, en trato directo, con exclusión de puja o concurrencia (430) . En tal orden de ideas, la Administración Pública tiene gran margen de libertad para seleccionar a su cocontratante (431) ; por de pronto, en este ámbito, como principio general, queda excluida la atribución "automática" del contrato al cocontratante, como ocurre, por ejemplo, en los supuestos de licitación (432) . Pero no debe confundirse, y menos asimilarse, el sistema de contratación directa con el sistema de "libre elección". La "contratación directa" no implica lo que en derecho se denomina sistema de "libre elección". Este último, como sistema es "originario" y "genérico": comprende todo tipo de contrato; en cambio, la "contratación directa" es un sistema "específico": procede para casos determinados, y además muchas veces es "subsidiario", pues procede ante el fracaso de una licitación. Por esto alguien pudo decir que la contratación directa constituye un procedimiento especial para casos determinados (433) . Precedentemente, nº 627, in fine, me ocupé de las diferencias entre el sistema de "libre elección" y el de "contratación directa"; me remito a lo expuesto en ese lugar. 682. Esta forma de contratación suele expresársela a través de diversas locuciones, todas equivalentes entre sí. Dichas expresiones son "contratación directa" (434) ; "trato directo"; "trato privado"; "concierto directo" (435) .
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Las expresiones de referencia tienen su equivalente en idiomas extranjeros, y como tales son usadas por los respectivos autores. Así, en Francia a las contrataciones celebradas mediante dicho procedimiento denomínaselas "marchés de gré … gré" (436) ; en Italia " trattativa privata" (437) ; "ajuste directo" o "direto" para los tratadistas de habla portuguesa (438) . 683. El hecho de que para denominar a este tipo de contratación se utilice, entre otras expresiones, la de "trato privado", es al solo efecto de distinguirlo de la selección "pública" del cocontratante, mediante "concurrencia" entre oferentes, derivada de una licitación pública, de un remate, etc. Pero que la selección de referencia se efectúe por trato directo o privado no significa que el respectivo contrato sea de "derecho común" o "privado" de la Administración, pues, a pesar del medio de selección elegido, el contrato tanto puede ser "administrativo" propiamente dicho, como de derecho común o privado. Todo depende del objeto del contrato o de que sus otras características permitan calificarlo como "administrativo" o de "derecho común" de la Administración. Tanto es así que a veces se recurre al "trato directo" o "privado" cuando fracasó una licitación pública respecto a un contrato típicamente "administrativo" (vgr. construcción de obra pública: ver artículo 9º , inciso f] de la ley 13064), mientras que otras veces la Administración contrata en forma "directa" o mediante "trato privado" en supuestos que evidentemente constituyen un contrato de "derecho común" de la Administración. En síntesis: las expresiones "trato directo" o "trato privado" no prejuzgan sobre la naturaleza "administrativa" o de "derecho común" del contrato celebrado o a celebrar por dicho medio de contratación. La naturaleza "administrativa" o de "derecho común" de un contrato de la Administración Pública no depende del medio a través del cual fue seleccionado el cocontratante -licitación pública, trato directo o privado, etc.-, sino del "objeto" del contrato o de que el mismo contenga cláusulas exorbitantes "expresas" del derecho común. 684. ¿Cuándo procede el sistema del "trato directo" o "trato privado"? Muchas veces su procedencia coincide con los supuestos en que se admite la licitación privada (439) ; en nuestro país así ocurre en materia de construcción de obras públicas en el orden nacional (440) . En general, las normas "especifican" los casos en que procede la contratación directa, al extremo de que, debido a esto, para algunos autores constituye un procedimiento excepcional (441) . Desde el punto de vista legal, en nuestro orden nacional, la contratación directa procede en los siguientes casos mencionados por las normas positivas: a) Cuando el costo de la obra no exceda de tres millones de pesos, tratándose de la construcción de una obra pública, o cuando la operación no exceda de cien mil pesos, tratándose de los contratos que prevé el decreto-ley de contabilidad (442) . b) Cuando se trate de ciertos trabajos suplementarios en una obra en curso.
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c) Tratándose de reconocida urgencia o de circunstancias imprevistas. d) Cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o gran reserva. e) Cuando resulte determinante la capacidad científica, artística, la destreza, o cuando el ejecutor del trabajo se halle amparado por patente o los conocimientos para la ejecución sean poseídos por una sola persona. f) Cuando realizada una subasta (licitación pública), no haya habido proponente o no se hubiere hecho oferta admisible. g) Cuando se trate de la compra de inmuebles en remate público. h) Las compras y locaciones que sea menester efectuar en países extranjeros, siempre que no sea posible realizar en ellos una licitación. i) Las contrataciones entre reparticiones públicas. j) Cuando exista notoria escasez en el mercado local de los bienes a adquirir, circunstancia que deberá ser acreditada, en cada caso, por las oficinas técnicas competentes. k) La venta de productos perecederos y de elementos destinados al fomento de las actividades económicas del país o para satisfacer necesidades de orden sanitario. l) La reparación de vehículos y motores. ll) La compra de semovientes por selección (443) . m) En cuanto a las Universidades nacionales, la ley orgánica de las mismas, 17245, del año 1967, establece que aquéllas "podrán contratar en forma directa" las adquisiciones de material docente, científico y bibliográfico, hasta las sumas, en los casos y con las formalidades dispuestas en dicha ley (artículo 110 ). Como admite este último precepto -parte final-, las expresadas constituyen "excepciones" al régimen general de contrataciones del Estado (444) . Si bien los que anteceden constituyen los casos autorizados por nuestro derecho positivo para recurrir a la contratación directa o trato privado, salvo los supuestos, por ejemplo, de licitación "desierta", que no admiten duda alguna, en general para recurrir a dicho sistema de contratación, debe procederse con harta prudencia a fin de evitar que ello derive en una práctica viciosa, en una corruptela o inmoralidad administrativa. De ahí que sólo deba hacerse uso de la contratación directa cuando su procedencia esté debidamente justificada, avalada por los hechos. En estas condiciones, dicho tipo de contratación utilizado por la Administración Pública es plausible; como bien se dijo, lo condenable no es su uso oportuno, sino su "abuso" (445) , lo que ocurriría cuando se utilice ese sistema de contratación en circunstancias que no lo justifiquen. Por esto, y a fin de mantener los criterios de moralidad y de eficiencia, el uso de dicho sistema de contratación es conveniente someterlo a dos tipos de control preventivo: uno a priori, vgr., dictamen de un
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órgano consultivo, que aconsejaría acerca de la oportunidad y procedencia de ese sistema de contratación en el caso concreto, y otro a posteriori, vgr., necesidad de que el contrato sea "aprobado" por un órgano superior de la Administración (presidente de la República, ministro, etc.) (446) . Va de suyo que, cuando legalmente sea posible recurrir a la contratación privada o trato directo, la Administración Pública podrá sin duda alguna recurrir válidamente a la licitación privada, porque ésta, en cuanto a las garantías del procedimiento, apareja obvias ventajas respecto a aquélla. Esto es tanto más comprensible si se tiene en cuenta que el "trato privado" o "directo", como forma de contratación, no es un deber de la Administración Pública, sino una "facultad" asignada a la misma, aparte de que, como lo expresé precedentemente, muchas veces los supuestos para los cuales se autoriza la contratación directa coinciden con los supuestos para los cuales se autoriza la licitación privada (ver texto y notas 396 y 397). 685. La "contratación directa" tiene rasgos que se perfilan como "caracteres" de la misma ¿Cuáles son esos caracteres? a) En primer lugar, dada su índole, o sea falta de "concurrencia" u "oposición" entre varios oferentes, la contratación directa o trato privado, como principio, carece del "automatismo" que caracteriza a la licitación (447) , automatismo del cual me ocupé en parágrafos precedentes, y que da como resultado el "deber" de adjudicar el contrato al licitador que haya formulado la oferta más conveniente. Tal es el principio, que tiene su excepción. En los sistemas jurídicos legales, como el de nuestro Reglamento de las Contrataciones del Estado, que, para ciertos casos de contrataciones directas, exigen que se les solicite ofertas a tres casas del ramo (448) , el principio del "automatismo" -característico de la licitaciónrenace en su plenitud, siempre y cuando, respondiendo a la solicitud de la Administración Pública, presenta oferta más de una casa del ramo: en tal supuesto el contrato "debe" serle adjudicado al oferente que hizo la mejor oferta. Aquí la "contratación directa" queda condicionada por la obligación de pedirles ofertas a tres casas del ramo, y si dos de éstas se presentaren, entra entonces en juego el carácter "automático" propio del régimen jurídico de la licitación, sea ésta pública o privada (449) . El criterio expuesto se impone por exigencias lógicas; si así no fuere, carecería de sentido la exigencia de solicitarle oferta a tres casas del ramo. b) Salvo el caso excepcional mencionado en el párrafo anterior, otro carácter del sistema de "contratación directa" o de "trato privado" o "directo", es el de la "libertad" de la Administración Pública para dirigirse a quien considere oportuno solicitándole una oferta para contratar y para luego, si al respecto se llegare a un acuerdo, celebrar con dicha persona o entidad el respectivo contrato (450) . c) Otro carácter trascendente de la contratación directa o privada es el de constituir un procedimiento "renunciable" por parte de la Administración Pública, ya que para ésta no constituye una "obligación" o "imposición", sino una mera "atribución" o "facultad" que puede o no ejercitar, pues para la celebración del contrato puede recurrir válidamente a la
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"licitación privada" (451) que, como sistema de contratación, ofrece mayores garantías. Ver precedentemente, nº 684, in fine. 686. La contratación directa o trato privado debe ajustarse a un procedimiento que trasunte "juridicidad" (moralidad y eficiencia), pues no ha de olvidarse que en este caso, como en todos los que dan lugar a la actividad de la Administración Pública, está de por medio el interés general, cuyo respeto debe quedar de manifiesto en el acto realizado. Dicho procedimiento comprende dos especies: 1º cuando el derecho positivo se limita a autorizar en tal o cuales casos la contratación directa; 2º cuando ese derecho -como ocurre entre nosotros en el orden nacional- supedita la facultad de la Administración Pública al requerimiento de ofertas a tres casas del ramo, debiéndose dejar constancia, en caso contrario, de las razones que impidieren proceder así (452) . En el primer supuesto corresponde que la Administración previamente requiera el dictamen de un organismo estatal acerca de la conveniencia de utilizar, en el caso concreto, el sistema de contratación directa (ver nº 684); aparte de ello, ese dictamen ha de extenderse a la conveniencia de contratar o no con la persona o entidad que haya indicado la Administración Pública. Sólo cumpliendo con estos recaudos esenciales quedará excluida toda duda sobre la moral administrativa y, subsidiariamente, se habrá tratado de lograr la celebración de un contrato sobre la base de la mayor conveniencia para el Estado. En lo atinente al aspecto "moral", no debe olvidarse que el comportamiento del Estado -a través de sus órganos- ha de ser de tal jerarquía que pueda servir de constante ejemplo o guía para que los administrados, inspirándose en ese comportamiento, ajusten su conducta al mismo, y actúen siempre en armonía con normas de dignidad. El comportamiento del Estado debe ser "ejemplarizador" y en todo momento "educador": de ahí lo indispensable de su acomodamiento a las más severas exigencias morales. El Estado no sólo debe "crear" el derecho: debe practicarlo viviendo constantemente dentro de él. Así lo exige el concepto integral de "Estado de Derecho", pues no se concibe un Estado de Derecho con "derecho" pero sin "moral", ya que ésta debe ser el substrato de aquél. En el segundo supuesto, o sea el que prevé el inciso 10 de la reglamentación al artículo 62 de la ley nacional de contabilidad -transcripto en la precedente nota 403- que, en los casos de contratación directa ahí previstos, requiere que se le solicite oferta a tres casas del ramo, dejándose constancia, en caso contrario, de las razones que impidieren proceder así, el procedimiento de la contratación privada o directa debe ajustarse a los siguientes criterios: a) Si el pedido de ofertas a las tres "casas del ramo" no diere resultado -por ejemplo, por no comparecer a efectuar propuestas dichas casas-, la Administración Pública quedará en libertad de acción para contratar en forma directa con quien considere pertinente, pero ajustándose, aun aquí, al temperamento ya indicado para el primer supuesto. Este criterio encuentra apoyo no sólo en el texto mismo del citado inciso 10, in fine, de la reglamentación -según el cual deberá dejarse constancia de las razones que impidieren pedir esas ofertas a las tres casas del ramo-, sino también en los principios generales sobre licitación "desierta" a la que puede asimilarse racionalmente la incomparecencia de las personas o entidades requeridas.
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b) Si las tres casas del ramo contestaren y formularen sus ofertas, deberá contratarse con la que ofreció el mejor precio por identidad de razón, aquí recobra imperio el "automatismo" que preside a la licitación, del cual me he ocupado precedentemente (ver números 637, punto 1º, y 661). Si sólo se presentaren dos casas del ramo, sea porque la tercera que se invitó no compareció, o porque sólo se haya podido invitar dos casas, el referido "automatismo" imperará igualmente (véase el nº 681, texto y nota 389). c) Si las personas o entidades requeridas contestaren, pero el "precio" que indicaren fuere manifiestamente superior al de plaza, o las "condiciones" pretendidas por ellas no fueren satisfactorias, ese pedido de ofertas, que en substancia trasunta una licitación "privada", deberá declararse fracasado por "inadmisibilidad" de las ofertas, aplicando para ello los principios generales sobre licitación. Producida esta situación y "aprobado" por el órgano superior ese rechazo de las propuestas (ver nº 684), podrá entonces contratarse directamente por falta de ofertas "admisibles" (ver nº 666). 687. Cuando una licitación pública haya fracasado -sea por haber resultado "desierta" o por no haberse presentado en ella ofertas "admisibles"- y se contrata luego en forma "directa", esta contratación debe serlo sobre la base de los mismos pliegos de condiciones de la licitación fracasada. Las razones de esto son las mismas que expuse precedentemente al referirme a qué pliegos de condiciones deben utilizarse cuando se recurra a la licitación "privada" por fracaso de la licitación pública que resultó desierta o donde no se hicieron ofertas admisibles (nº 680). Me remito a lo expuesto en dicho lugar. 688. D. "Remate público" Otro medio de que el Estado suele valerse para realizar sus contrataciones es el "remate público", figura ésta que, si bien tiene vigencia en derecho público ("administrativo", en la especie), tuvo más desarrollo en el derecho privado, especialmente "comercial", cuyo Código la contempla (453) y cuyos expositores la tratan (454) . El "remate" -lato sensu- consiste en la venta de bienes, en público, al mejor postor. En ese acto no hay selección de concurrentes: concurre quien desee hacerlo; lo contrario acaece en materia de licitación, siendo ésta una de las fundamentales diferencias entre "remate" y "licitación" (455) . Desde el punto de vista técnico jurídico, "remate" es sinónimo de "subasta" (456) . No obstante, nuestras leyes administrativas suelen emplear esos vocablos en forma harto imprecisa, con gran impropiedad, pues incluso les asignan carácter de sinónimos de "licitación pública", lo que es un error dadas las notorias diferencias entre dichas figuras. Así, si bien la ley de obras públicas, 13064, emplea las voces "remate público" y "subasta", como sinónimos entre sí, comete el error de asimilar ambas a "licitación pública" (artículo 9º ) (457) . La ley de contabilidad (decreto-ley 23354/56) distingue adecuadamente "remate público" de "licitación pública" (artículos 55 y 56, incisos 2º y 3º, apartado b]). El Reglamento de las Contrataciones del Estado da correctamente como sinónimos "remate público" y "subasta" (inciso 49 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad).
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689. Según resulta de los parágrafos que anteceden, tratándose de contratos del Estado, el "remate público" está expresamente autorizado por textos del derecho positivo en el orden nacional (458) . En el orden provincial son varias las provincias que no sólo "autorizan" el remate público, sino que lo imponen y exigen para ciertos supuestos; verbigracia, enajenaciones de bienes municipales (459) . 690. La Administración Pública puede intervenir en un remate público "vendiendo" bienes suyos, es decir actuando como "vendedora", o "comprando" bienes, es decir actuando como "compradora" (decreto-ley de contabilidad, 23354/56, artículo 56, incisos 2º y 3º, apartado b]). Cuando la Administración Pública actúa como "vendedora" en un remate público, éste debe ser efectuado por oficinas estatales especializadas en la materia; cuando actúa como "compradora", el remate público lo realiza cualquier entidad, sea pública estatal o una persona particular, individual o jurídica (ver textos precedentemente citados del decreto-ley de contabilidad). 691. ¿Existe algún "procedimiento" especial cuando la Administración Pública recurre al "remate público" para celebrar sus contrataciones? Sí existen algunas disposiciones específicas, que entonces deben observarse escrupulosamente en dichos casos. Su infracción implica un vicio de "forma", determinante de una nulidad que, según el grado del vicio, puede ser "absoluta" o "relativa". Para todo lo no previsto expresamente en las normas administrativas, o no contemplado por los "principios" del derecho administrativo, debe recurrirse a las respectivas normas y principios del derecho privado (comercial, en la especie), en tanto ellos sean compatibles con las modalidades propias del derecho administrativo. Rigen aquí los criterios generales sobre el derecho aplicable en materia de contratos administrativos (ver nº 612). Entre las disposiciones específicas de derecho administrativo que han de aplicarse inexcusablemente, en el orden nacional, en materia de remates públicos donde actúe la Administración Pública, deben mencionarse: a) Caso en que la Administración (Estado) actúe como vendedora. 1º El remate debe efectuarse por intermedio de las oficinas del Estado nacional, provincial o de la municipalidad especializadas en la materia (460) ; 2º la venta debe haber sido autorizada por el Poder Ejecutivo o la autoridad que sea competente en los poderes Legislativo y Judicial, en el Tribunal de Cuentas y en las entidades descentralizadas, de acuerdo con las reglamentaciones jurisdiccionales que se dicten al efecto; 3º los postores que concurran a esos remates no necesitan estar inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado (461) . b) Caso en que la Administración Pública acuda al remate público de inmuebles como compradora o postora. En este supuesto el funcionario que comparezca al remate no puede
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ofrecer un precio que exceda al que se haya autorizado para ello (decreto-ley de contabilidad, 23354/56, artículo 56, inciso 3º, apartado b]). En el orden provincial, suele exigirse que, tratándose de inmuebles municipales, el remate público debe a su vez hallarse autorizado por el Consejo Deliberante, contando para ello con un quórum determinado (Constituciones de Chubut, artículo 209 , inciso i]; de Misiones, artículo 171 , inciso 7º); otras provincias requieren que el remate sea anunciado con determinada anticipación (Constituciones de Mendoza, artículo 202 , inciso 5º; de Neuquén, artículo 204 , inciso e]; u otra provincia exige que el remate sea autorizado por la Legislatura cuando se trate de bienes del dominio público (Constitución de Río Negro, artículo 174 , inciso e]) (462) . 692. E. "Concurso" En un parágrafo precedente me ocupé de la noción conceptual de "concurso" y de su diferencia con "licitación". Véase el nº 635, al cual me remito. Pero estimo necesario reiterar y precisar esas nociones en el presente parágrafo. "Concurso" es algo totalmente distinto a "licitación" e incluso a "remate". El substrato común que trasuntan todos esos conceptos (concurso, licitación y remate) consiste en que, en todos ellos, aparece el factor "concurrencia", en el sentido de "oposición" entre los diversos candidatos (463) ; en cambio, difieren en el aspecto sobre el cual incide esa oposición: en un caso ("concurso") se tiene principalmente en vista el factor "personal", y en otros casos ("licitación" y "remate") se consideran las condiciones técnicas y financieras o estas últimas exclusivamente, referidas entonces al "precio". Las figuras mencionadas difieren no sólo en el procedimiento, sino también en los supuestos que justifican cada uno de estos sistemas de contratación. "Concurso" es la oposición que se realiza para determinar la mayor capacidad técnica, científica, cultural o artística entre dos o más personas. Es un concepto "específico" que rige en el ámbito jurídico. Desde el punto de vista "jurídico", hablar, por ejemplo, de "concurso" de "precios" no es recomendable, aunque gramaticalmente se extienda el significado de "concurso" al llamamiento que se hace a quienes deseen encargarse de ejecutar una obra o prestar un servicio bajo determinadas condiciones, a fin de elegir la propuesta que ofrezca mayores ventajas. Para esto último, el término o vocablo jurídico es "licitación", no concurso. En derecho administrativo, la palabra "licitación" tiene un significado propio (464) , debiéndosele asignar un ámbito también propio. El vocablo "concurso" -y el correlativo "procedimiento" de selección del cocontratante-, pese a su extensión gramatical, debe reservarse para determinar la mayor capacidad técnica, científica, cultural o artística, entre dos o más personas: es un medio de selección de la "persona" más autorizada para el cumplimiento de una tarea, y tiene en cuenta preferentemente las condiciones personales del candidato (465) . "Licitación", en cambio, es un medio de selección del cocontratante en supuestos donde el factor "personal" no es
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decisivo, por tratarse de prestaciones que, pudiendo ser cumplidas por cualquier persona que posea los respectivos conocimientos técnicos básicos, tiene particularmente en cuenta la solvencia financiera de aquél y las ventajas económicas resultantes para la Administración. La propia ley de obras públicas, 13064, corrobora lo que dejo expuesto, por cuanto, no obstante hablar de "remate público", "subasta" y "licitación" para la adjudicación de obras, al referirse al "concurso", dice que se podrá llamar a concurso para la elaboración de proyectos y acordar premios que se consideren justos y estimulantes (artículo 4º , párrafo 3º), es decir, se llamaría a concurso para determinar la mayor capacidad técnica, científica, cultural o artística del candidato que elaborará el proyecto. Igualmente se llama a "concurso", y no a "licitación", para proveer el cargo de profesor universitario titular, por ejemplo, donde corresponderá designar a quien acredite condiciones más estimables. De manera que "concurso" es un medio de selección del cocontratante que tiene fundamental y esencialmente en cuenta las condiciones "personales" del candidato (técnicas, artísticas, científicas, culturales). De ello resulta que la aplicación o uso de ese sistema de selección se reduce -o debe reducirse- a los supuestos en que la contratación tenga esencialmente en cuenta las condiciones personales del candidato: condiciones técnicas especiales, artísticas, científicas o culturales. Se llamará, entonces, a "concurso" para proveer un cargo de profesor titular en una Universidad, o para realizar una obra de arte (escultura, pintura), o para hacerse cargo de la dirección técnica de una planta industrial donde se utilicen complicadas máquinas que requieren conocimientos especiales que exceden a los conocimientos comunes. En cambio, chocaría al buen sentido si, para cubrir esos cargos, se llamase a "licitación". El "concurso" se vincula más a lo intelectual, científico o artístico, a la alta técnica, mientras que la "licitación" se aviene mejor con lo material, comercial o industrial. En los contratos estrictamente intuitu personae -donde las calidades artísticas, científicas, culturales o de técnica especial son esenciales- el "concurso" reemplaza, pues, a la "licitación", que suele utilizarse para la celebración de otros contratos. Tal es el concepto de "concurso" considerado como medio de selección del cocontratante de la Administración Pública, debiéndose recurrir al procedimiento del "concurso" cuando la selección de dicho cocontratante tienda a establecer cuál de los candidatos ofrece calidades "personales" más meritorias, sea en el orden científico, artístico, cultural o técnico especializado. No obstante, como ya lo expresé, suele hablarse de "concurso de precios". Trátase, como también lo manifesté, de una expresión impropia que, lejos de referirse a una categoría jurídica específica, involucra caracteres entremezclados de dos figuras jurídicas perfectamente diferenciadas entre sí: la licitación y el concurso. Consiste en un llamado o invitación para que se indiquen "precios" respecto a la provisión de tal o cual producto o para la realización de tal o cual trabajo u obra. Se relaciona simultáneamente con la licitación y con el "concurso" en cuanto al factor "concurrencia" u "oposición", entre los diversos candidatos, que aparece en ambas formas de selección del cocontratante. Pero en
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realidad trátase de una "licitación". El "concurso", propiamente dicho, nada tiene que ver con el "precio", pues consiste en la oposición que se realiza para determinar la mayor capacidad técnica, científica, cultural o artística entre dos o más personas: es un medio de selección de la "persona" más autorizada para el cumplimiento de una tarea, y tiene en cuenta preferentemente las condiciones personales del candidato. Por tanto, no es plausible ni recomendable hablar de "concurso de precios" cuando lo que en realidad se desea nada tiene que ver con las condiciones personales (técnicas especializadas, científicas, culturales o artísticas) del eventual cocontratante, sino establecer el precio mejor o más conveniente para una determinada contratación, lo cual constituye el objetivo propio de la licitación. 693. A veces el "concurso" no es utilizado directamente para seleccionar el cocontratante definitivo de la Administración Pública, es decir, al que construirá o llevará a cabo la obra que desea realizarse, sino para seleccionar el "proyecto" cuya realización se le confiará ulteriormente a un tercero, quien a su vez será seleccionado por el sistema que corresponda. Otras veces, dada la índole de la obra, el resultado del "concurso" puede determinar concretamente a quien se le atribuirá la realización de dicha obra (466) . Los más frecuentes de tales concursos son los realizados entre ingenieros o arquitectos para la confección de proyectos de obras (467) ; pero también pueden referirse a la construcción de monumentos, estatuas y esculturas, o a la realización de obras pictóricas. El primero de los criterios mencionados es seguido por la ley nacional de obras públicas, la cual, respecto a la obra a realizar, dice que "se podrá llamar a concurso para la elaboración de proyectos y acordar premios que se consideren justos y estimulantes, así como contratar los proyectos directamente en casos especiales" (ley 13064, artículo 4º , tercer párrafo). ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este "concurso"? ¿Cuáles son los derechos de las partes, Administración y concurrentes? ¿Qué criterios jurídicos deben aplicarse para solucionar las cuestiones que surjan en estos supuestos? Ante todo, habrá que tener presente las bases del llamado a concurso, cuyas cláusulas son obligatorias para la Administración Pública (468) , pues va de suyo que tales cláusulas integran el bloque de la legalidad y limitan la actividad de la Administración. Desde luego, dichas bases también son obligatorias para los que acuden al concurso, al propio tiempo que delimitan el alcance de los eventuales derechos de estas personas. La "elección" -es decir, "aceptación"- de un candidato por "concurso", que puede asimilarse a la "adjudicación" en la licitación, sea al aceptar el "proyecto" del plano de una obra cuya realización después dará lugar a la selección del respectivo constructor; sea al aceptar la maqueta de un monumento, estatua o escultura, que serán realizados por el autor de la expresada maqueta, o por un tercero que después será a su vez seleccionado; sea, en fin, al aceptar un "esbozo" o "bosquejo" de un cuadro -alegórico, evocativo, etc.- que realizaría o no el autor del esbozo o bosquejo, da lugar a un "contrato" entre la Administración Pública y la persona así seleccionada, contrato que participa en gran medida de los caracteres de una "locación de obra". Como lo expresé, la elección o aceptación del respectivo concurrente al concurso, cuyo plano, proyecto, maqueta, esbozo o
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bosquejo, fue preferido por la Administración Pública, trasunta un contrato entre ésta y el concurrente así preferido, del mismo modo que la "adjudicación" trasunta y generalmente perfecciona un contrato en los supuestos de licitación. La selección del autor del respectivo mejor "proyecto", "maqueta", "esbozo" o "bosquejo" es "discrecional" para la Administración Pública (469) . Tal es el "principio" en la materia. De ahí resulta que, contra lo decidido por la Administración Pública acerca de la elección del que considere autor del mejor de esos trabajos presentados, no se admita impugnación jurisdiccional ante la justicia (470) , pues no se trata de una cuestión de legitimidad, sino sólo de un juicio administrativo de "oportunidad", "mérito" o "conveniencia", cuyo conocimiento hállase exento de la autoridad de los jueces del Poder Judicial (471) . Si las bases del llamado a "concurso" no establecieren otra cosa, es de doctrina o principio que sólo el autor del plano, proyecto, maqueta, esbozo o bosquejo seleccionado o elegido como el mejor por la Administración Pública, tiene derecho al estipendio o distinción establecidos. Los demás concurrentes carecen de todo derecho de esa índole (472) . ¿En qué se basan tales soluciones? Aparte del expresado principio de que hace mérito la doctrina, y sin perjuicio -según lo expresaré de inmediato- del fundamento "jurídico" de tal solución, en esos supuestos, ante el silencio de las normas, impera ante todo una regla moral, en cuyo mérito queda sobreentendido que los técnicos, artistas, científicos, etc., autores de trabajos no seleccionados, carecen de acción para requerir que el trabajo que realizaron, pero que no fue aceptado o preferido por la Administración, sea remunerado. Esta regla, que es de alta moral y que armoniza con la jerarquía superior de los candidatos, tiene, como dije, sus fundamentos jurídicos: 1º es un corolario o reflejo del principio que impera en materia de locación de obra, en cuyo mérito el autor del respectivo esfuerzo o trabajo no tiene derecho a estipendio si dichos trabajos no se concretaron en una "obra útil" para quien la encargó. Pero ha de entenderse que aquí "utilidad" es la que resulta, precisamente, de que el trabajo (plano, proyecto, maqueta, esbozo, bosquejo) haya sido aceptado por la Administración Pública para llevarlo a cabo, y no sólo de la circunstancia de haber servido o contribuido como elemento de comparación para la selección definitiva del plano, proyecto, etc.; 2º el llamado a "concurso" -tal como ocurre en la "licitación"- no es una "oferta" de contrato por parte de la Administración Pública, sino un "pedido de ofertas". Siendo así, resulta claro que la no aceptación de los demás planos, proyectos, maquetas, esbozos o bosquejos -y lo mismo ocurriría en el supuesto de rechazo de todosno puede atribuirle a sus respectivos autores derecho alguno a resarcimiento, porque, importando ello el simple rechazo de "ofertas" (realizadas por los concurrentes), la eventual pretensión de resarcimiento carecería de base jurídica que la sustente. Puede verse, además, el nº 636, texto y nota 236. Va de suyo que, dada la naturaleza del vínculo que se crea entre la Administración Pública y el autor del proyecto, maqueta, bosquejo o esbozo, seleccionado por la Administración, si ésta no cumpliere la obligación que asumió en el llamado a concurso podrá ser requerida jurisdiccionalmente para que haga efectiva la obligación incumplida (473) .
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694. El Estado, en cumplimiento de su alta misión de fomentar las ciencias, las artes, las letras, etc., elevando así la cultura general del país, suele instituir "concursos" para el otorgamiento de premios o distinciones que se entregarán a los científicos, artistas, cultores de las letras, etc., cuyos trabajos hayan merecido la preferencia de las respectivas comisiones asesoras. Trátase de "concursos- estímulo", que traducen una plausible manera de "promover el bienestar general" y de contribuir al "progreso de la ilustración", de que habla la Constitución Nacional en su preámbulo y en el artículo 67 , inciso 16. Dichos "concursos-estímulo" son de una naturaleza jurídica totalmente distinta a la del "concurso" mencionado en el parágrafo anterior; éste coloca las relaciones de las partes ("Estado" y concurrentes) en el plano contractual, e incluso puede determinar un "contrato" entre la Administración Pública ("Estado") -que llamó expresamente a concurso- y el concurrente cuyo trabajo, obra o esfuerzo fuese aceptado por la Administración. El "concurso- estímulo", en cambio, no coloca las relaciones de las partes intervinientes (Estado y concurrentes) en el plano contractual, sino en el exclusivamente "legal" o "reglamentario". De ahí que el derecho de los concurrentes se concrete a exigir que el Estado, en el desarrollo del concurso, cumpla estrictamente las normas que rigen a éste, pues tales normas -ya se trate de leyes formales o materiales- integran indudablemente el bloque de la legalidad, implicando, entonces, un límite a la actividad de la Administración Pública (sobre límites a la actividad de la Administración Pública, véase el tomo 1º, nº 9). Tales "concursos-estímulo" no constituyen ni determinan contratos, pues, en ellos, entre el Estado y el concurrente no se produce ni existe acuerdo alguno de voluntades, generador de obligaciones: sólo existe, de parte del concurrente, la invocación de una norma legal -objetiva, abstracta y, en principio, de carácter permanente- y su encuadramiento dentro de ésta. Es una norma legal que integra el derecho objetivo del Estado. Tampoco hay aquí un "llamado" específico a concurso, como ocurre en el supuesto del parágrafo anterior (474) . No habiendo acuerdo de voluntades no hay contrato, ya que éste presupone tal acuerdo. El resultado del "concurso-estímulo" no trasunta otra cosa que la ejecución y aplicación -"cumplimiento", en suma- de la norma legal que le rige: por eso, en dichas hipótesis, la situación del concurrente frente al Estado es "reglamentaria" o "legal", mas no contractual (475) . Como consecuencia de lo expuesto acerca de la naturaleza del "concurso-estímulo", resulta: 1º En el supuesto de inobservancia de las reglas que le rigen, quien pretenda responsabilizar al Estado por violación o por el incumplimiento de tales reglas sólo puede invocar la responsabilidad extracontractual, derivada de la violación de la "ley", pero no la responsabilidad contractual. 2º Tratándose de una relación ubicada en el derecho público, en caso de contienda deberá recurrirse a la jurisdicción contencioso-administrativa, pues el derecho a que correspondería la acción ejercida es de origen "administrativo". En cambio, tratándose del "concurso" realizado para la selección de un "cocontratante" de la Administración Pública,
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la jurisdicción, en caso de contienda, puede ser la "contencioso-administrativa" o la "ordinaria" -lo cual dependerá de que el contrato sea "administrativo" o de "derecho común"-, ya que este tipo de concurso puede tener lugar con relación a un contrato "administrativo" o a uno de "derecho común" de la Administración Pública (ver nº 624). 695. Cuando objetivamente sea procedente o recomendable recurrir al "concurso", a efectos de seleccionar la "persona" que ofrezca mejores aptitudes para el desempeño o cumplimiento de una tarea, ¿es "indispensable" efectuar un "concurso" para lograr tal selección? En esos supuestos, ¿el "concurso" constituye un requisito "esencial"? El solo hecho de que, desde el punto de vista "objetivo", sea procedente o recomendable utilizar el "concurso" como medio de selección del cocontratante de la Administración Pública, no convierte en obligatorio y, menos aún, en esencial ese procedimiento. El "concurso" sólo será obligatorio o esencial en los supuestos en que la norma lo requiera. Esto último es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una regla válida exija que la provisión de los cargos públicos se efectúe previo concurso de oposición (476) . Si en casos como éstos se omitiere el "concurso", el acto que se dictare sería nulo por vicio de "forma". Cuando la norma aplicable no exigiere el "concurso" para acreditar la idoneidad de una persona, dicha idoneidad podrá ser válidamente acreditada por otros medios racionales. No obstante, salvo el caso de tratarse de personas de notorias condiciones o aptitudes para el desempeño de determinado cargo, y ser este cargo de alta jerarquía, el "concurso" siempre es aconsejable para la provisión de puestos públicos, sea o no exigido por la regla de derecho. Un principio de ética administrativa justifica semejante temperamento: con éste se excluye toda sospecha de favoritismo y a la vez se comprueban condiciones de idoneidad. La Administración Pública, aun sin norma que se lo imponga, es libre de utilizar el concurso como procedimiento de selección de funcionarios y empleados; más aún: la juridicidad de semejante procedimiento es obvia, pues implica un plausible criterio tendiente a cumplir estrictamente el precepto constitucional que establece que la "idoneidad" es la única condición para el desempeño de cargos públicos. Pero no sería sensato llamar a "concurso" para proveer un cargo de ministro de Estado, como tampoco lo sería para la designación de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; esas altas jerarquías -que más se vinculan al "gobierno" que a la "administración", y que más que un mero "funcionario" o "empleado" presuponen un "hombre de Estado", un "estadista"- no se avienen con el procedimiento del "concurso": sólo exigen en el candidato una vida inmaculada dedicada por entero al estudio y a trabajos de investigación en la respectiva disciplina. 696. El "concurso", como procedimiento de selección del cocontratante de la Administración Pública, debe sujetarse a determinadas reglas o criterios. ¿Cuáles son éstos? Ante todo, deben tenerse presentes las bases o condiciones del "llamado a concurso". Tales bases, como quedó dicho en un parágrafo precedente (nº 693, texto y nota 423), son obligatorias para la Administración Pública y para quienes acudan a ese llamado.
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Aparte de esas bases, deberán tenerse en cuenta las disposiciones concretas que al respecto contuviere el ordenamiento jurídico vigente en el lugar respectivo. Si el ordenamiento jurídico nada dispusiere sobre esta materia, deberán aplicarse las reglas y principios sobre "licitación pública", pues entre ésta y el "concurso" existen analogías en mucho aspectos. Si aun con el auxilio de esos elementos la cuestión no pudiere ser resuelta, deberá recurrirse entonces a otras normas y principios del derecho administrativo, en cuanto los mismos sean atinentes al punto controvertido. En última instancia corresponderá utilizar las normas y principios del derecho privado, siempre que tales normas y principios no contradigan lo que es substancia propia de este sector del derecho administrativo. CAPÍTULO V - "CARACTERES" DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SUMARIO: 697. El contrato "administrativo" tiene caracteres específicos. Razón de éstos. 698. Consecuencias que derivan de esos caracteres. Principio general. 699. De las consecuencias en particular: a) La obligación o el derecho del cocontratante son "personales" suyos. Contratos de colaboración y contratos de atribución, intuitu personae e intuito rei. 700. Continuación. "Cesión" de contrato y "subcontratación". Noción conceptual. Régimen jurídico. La doctrina. Legislación nacional argentina. 701. Continuación. "Contrataciones" que técnicamente no implican "cesión" de contrato ni "subcontratación". 702. Continuación. Ratio iuris en cuyo mérito, por "principio", el contrato administrativo excluye su "cesión" o "transferencia" y la "subcontratación". 703. b) La Administración Pública no siempre tiene libertad en el procedimiento para elegir a su cocontratante. 704. c) Desigualdad jurídica de las partes. La "subordinación" del cocontratante a la Administración Pública. 705. d) Posible extensión de los efectos del contrato. Lo atinente a los "terceros". 697. Los contratos "administrativos", propiamente dichos, tienen caracteres específicos que se traducen en prerrogativas especiales en favor de la Administración Pública. Esto se explica porque tales contratos tienden a facilitar el cumplimiento de funciones esenciales de Estado, es decir, de fines públicos propios del mismo. Los tratadistas franceses, dada la íntima relación que para ellos existe entre el contrato administrativo y el servicio público, consideran que los caracteres propios de dichos contratos responden a que los contratos de referencia tienen por fin permitir o facilitar el funcionamiento de un "servicio público" (477) . Pero ya en parágrafos precedentes quedó expresado que la noción de servicio público es harto restringida para servir de criterio de distinción entre el contrato "administrativo", stricto sensu, y el contrato de derecho común de la Administración (véase los números 595-597). 698. De esos "caracteres" específicos de los contratos administrativos derivan, como dije, una serie de "prerrogativas" especiales o exorbitantes en favor de la Administración Pública, al extremo de que en esa clase de vinculaciones contractuales el cocontratante queda en una verdadera situación de subordinación respecto de la Administración. Es así
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como ésta, dentro de ciertos límites, puede ejercer sobre su cocontratante un control de alcance excepcional; puede modificar unilateralmente las cláusulas del contrato; puede dar directivas a la otra parte; puede, incluso, por sí y ante sí, declarar extinguido el contrato; etc. Trátase de reglas generales aplicables a todo contrato "administrativo", por ser ellas inherentes a la naturaleza de tales contratos, en los cuales pierde gran parte de su imperio el viejo principio, tan invocado en derecho privado, de que el contrato constituye la ley inmutable de las partes (478) . 699. Un carácter típico del contrato "administrativo" es que el mismo crea, según los casos, ya sea una obligación "personal" o ya un derecho "personal" a cargo o a favor del cocontratante, según se esté en presencia de un contrato de "colaboración" o de "atribución", respectivamente. En los contratos de "colaboración", donde la prestación básica hallábase a cargo del cocontratante, la obligación asumida por éste es "personal" suya. El mismo criterio anterior rige respecto a los contratos de "atribución", donde la prestación substancial está a cargo de la Administración Pública: en tales contratos el derecho del cocontratante es "personal" de éste, es decir que en el otorgamiento o asignación de tal derecho en modo alguno son ajenas las consideraciones que hacen a la persona del cocontratante, aun cuando se tratare de un contrato intuitu rei, como en las concesiones de uso del agua pública para irrigación, que sólo y únicamente se otorgan si el eventual concesionario, además de reunir ciertas condiciones personales -por ejemplo no poseer malos antecedentes policiales-, es titular de un derecho de dominio sobre un inmueble apto para la agricultura a base de riego. Pero esto nada tiene que ver con que el derecho que el contrato administrativo le cree al cocontratante tenga o participe de un naturaleza "personal" o "real". Aquí sólo se hace referencia a quién o cómo debe ejercer el derecho nacido a su favor a raíz de un contrato administrativo, stricto sensu. La doctrina, en general, al referirse a esta cuestión, no distingue entre contratos de "colaboración" y contratos de "atribución", y tampoco advierte que no todos los contratos administrativos, propiamente dichos, se celebran intuitu personae, pues los hay que se celebran intuitu rei, todo esto sin perjuicio de que, en todos los casos -es decir, ya se trate de un contrato intuitu personae o intuitu rei-, el cocontratante no debe poseer malos antecedentes "personales", pues la Administración Pública -que directa o indirectamente persigue el bienestar general- sólo puede contratar con personas no afectadas de tachas éticas. Más aún: dentro mismo de la categoría de contratos de "colaboración" los hay que no revisten carácter intuitu personae, vgr., ciertos tipos de suministro, donde las condiciones "personales" del cocontratante carecen de trascendencia. Debido a esa unilateral o incompleta posición doctrinaria, destacados tratadistas sólo dicen que los contratos administrativos traducen una "obligación" personal del cocontratante. No se ocupan del posible "derecho" de éste (479) . De ahí que, con referencia a la ejecución o cumplimiento de los contratos administrativos, se haya escrito lo siguiente, que revela la forma restringida o limitada en que fueron considerados dichos contratos: "Esta obligación es personal. Es éste un principio general, válido para todos los contratos administrativos;
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todos son concluidos intuitu personae, aun los que se llevan a cabo mediante licitación" (480) . 700. Como corolario o reflejo de que tanto la "obligación" o el "derecho" del cocontratante derivados de un contrato administrativo, les corresponden "personalmente" a él, cuadra afirmar: 1º Salvo el supuesto de que el contrato lo autorice ab initio, sin autorización expresa de la Administración Pública el cocontratante no puede "ceder" o "transferir" el contrato, introduciendo o locando a un "tercero" en lugar suyo (481) . En el derecho privado, con relación a la transmisión o cesión de deudas, se acepta la vigencia de "principios" concordantes con lo expuesto (482) . 2º Igual prohibición rige para el cocontratante respecto a la "subcontratación", pues, sin autorización expresa de la Administración Pública, no puede subcontratar recibiendo la colaboración de un tercero (483) . Las expresadas limitaciones o prohibiciones a la actividad del cocontratante -prohibición de "ceder" y de "subcontratar"- se imponen como "principio" en la materia: corresponden a la naturaleza de los contratos administrativos. Existen por sí mismas, sin que para ello sea necesario incluirlas en el contrato (484) . No obstante, hay quien considera que la imposibilidad de transferir el contrato administrativo debe pactarse expresamente, y que recién en este supuesto la cesión o transferencia del contrato -realizada sin la previa conformidad de la Administración- autoriza la aplicación de sanciones (485) . No comparto esta última posición, pues si la imposibilidad de transferir o ceder el contrato pertenece a la naturaleza del contrato administrativo, va de suyo que tal imposibilidad existirá mientras no se la derogue a texto expreso, derogación posible porque sólo se trata de un carácter atinente a la "naturaleza" del contrato; en cambio, si tal prohibición se relacionase con la "esencia" del mismo, la referida derogación no procedería ni a texto expreso, porque ello implicaría desvirtuar la substancia misma del contrato en cuestión. La "cesión" autorizada en el contrato, o posteriormente por la Administración Pública, coloca al cesionario en el lugar del cedente, desvinculando a éste del contrato, incluso librándolo de toda responsabilidad, salvo estipulación expresa en contrario (486) . El cocontratante que "ceda" el contrato sin estar autorizado para ello incurre en grave responsabilidad: su actitud implica "incumplimiento" del contrato; de ahí que esa cesión ilícita no resulte oponible a la Administración Pública y que el contrato originario celebrado entre el cocontratante y la Administración Pública pueda ser extinguido por "caducidad" (487) . La "subcontratación", para ser tenida como lícita, debe ser autorizada por la Administración Pública, sea en el o en los documentos que constituyan el texto del contrato o posteriormente por acto especial. Es frecuente que se autorice la subcontratación, pues suele ser indispensable para que el cocontratante cumpla su obligación, ya que resulta difícil que una misma persona disponga de todos los elementos requeridos para el cumplimiento íntegro o total del contrato (488) . Pero debe distinguirse "subcontrato" de
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"cesión" del contrato, pues ambos difieren fundamentalmente en su alcance. Cuando exista substitución total en la ejecución del contrato, no habrá subcontrato, sino cesión del contrato. Cuando sólo exista "subcontrato", el cocontratante de la Administración Pública sigue siendo el director responsable de la empresa, quedando en pleno vigor su vinculación contractual con la Administración. El "subcontratista" -aun cuando haya sido autorizado por la Administración- no se convierte en "parte" del contrato principal, ni substituye al cocontratante de la Administración, El "subcontrato" sólo y únicamente tiene en cuenta la ejecución, por el subcontratista, de una fracción o de un elemento del contrato (como ejemplo de esto se ha indicado el equipamiento eléctrico en un contrato de construcción de aviones). Por tanto, se ha dicho, es el carácter de total substitución o de parcial colaboración lo que distingue la "cesión" del contrato de la "subcontratación". A veces la determinación de si se está en presencia de un "subcontrato" o de una "cesión" del contrato constituye una cuestión de hecho (489) . El cocontratante que "subcontrata" sin autorización incurre en incumplimiento del contrato, asumiendo las consecuencias y haciéndose pasible de las sanciones correspondientes a tal conducta ilícita (490) . En nuestro país, en el orden nacional, la legislación establece expresamente que tanto la "cesión" del contrato (491) , como la "subcontratación" (492) , sólo pueden efectuarse previa autorización de la Administración Pública. Si bien tanto el cesionario como el subcontratista no autorizados por el contrato o por la Administración Pública, por carecer entonces de vínculo contractual alguno con ésta, no pueden pretender ningún derecho contra la misma, excepcionalmente se aceptó que el cesionario no autorizado -lo mismo que cabría decir del "subcontratista"- que ejecutó satisfactoriamente las obligaciones previstas en el contrato, invocando la noción del "cuasi contrato", le reclame a la Administración Pública la respectiva indemnización (493) . Para aceptar la aplicación extensiva de este criterio al "subcontratista", téngase presente que la "subcontratación", autorizada por la Administración Pública, le otorga al subcontratista acción directa contra la misma (494) . 701. No todo convenio celebrado por el cocontratante con un tercero, respecto al cumplimiento del contrato que aquél celebró con la Administración Pública, implica técnicamente un "subcontrato" -y menos una "cesión" del contrato-, por lo que entonces podrá realizar libremente tal convenio sin necesidad de requerir el previo asentimiento de la Administración Pública. Así, no serían "subcontratos", en el sentido técnico, los acuerdos o convenios que el "cocontratante" realice con terceros para proveerse de fondos que faciliten la ejecución del contrato; tampoco serían "subcontratos" los acuerdos celebrados con "destajistas", es decir con personas que trabajen a "destajo"; del mismo modo, técnicamente no implicarían "subcontratos" los convenios que el cocontratante efectúe con terceros para proveerse de productos o efectos que le permitirán ejecutar o cumplir el contrato (495) . 702. Contrariamente a lo afirmado por la doctrina en general, la prohibición de ceder o transferir el contrato administrativo, o de subcontratar, no obedece, como se cree, a que dicho tipo de contratos requiera, por parte del cocontratante, el cumplimiento o ejecución
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"personal" de la "obligación" respectiva, debido -se agrega- a que dichos contratos se celebran intuitu personae. Tal planteamiento no es aceptable, y el fundamento que en base a él se le atribuye a las referidas prohibiciones no es exacto. Como ya lo expresé precedentemente (nº 699), el contrato administrativo, propiamente dicho, no sólo puede crearle al cocontratante obligaciones, lo que así ocurriría en los contratos llamados de "colaboración", sino también "derechos", lo que se produciría en los contratos denominados de "atribución". De modo que no sólo hay que hacer referencia al cumplimiento de "obligaciones" a cargo del cocontratante, sino también al ejercicio de "derechos" atribuidos al mismo. Tampoco es exacto que todo contrato administrativo, propiamente dicho, se celebre intuitu personae: puede serlo intuitu rei, como acaece, por ejemplo, en las concesiones de uso de agua pública para irrigación, en las que, además, la generalidad de los legislaciones sobre aguas sólo admite que el traspaso o transferencia del derecho de agua concedido se efectúe conjuntamente con el inmueble para el cual fue otorgado; de no ser así, el concesionario lucraría con un valor o derecho que sólo se le atribuyó para ser utilizado en una labor considerada de utilidad general: el cultivo de una tierra determinada, lucro que entonces desvirtuaría la finalidad de la concesión otorgada. El "fundamento" de la originaria prohibición de "ceder" o "transferir" el contrato, o de "subcontratar", ya se esté en presencia de un contrato celebrado intuitu personae, o de un contrato celebrado intuitu rei, o ya se esté en presencia de un contrato que ponga a cargo del cocontratante "obligaciones", o que le otorgue a éste "derechos", consiste en que, aun cuando lo intuitu personae no fuere decisivo, siempre la "persona" del cocontratante es de fundamental importancia, en el sentido de que debe tratarse de una persona de "buenos" antecedentes, o por lo menos que no los tenga "malos". La "persona" del cocontratante es siempre de importancia para la Administración Pública, quien no puede contratar con "malas" personas ni aun tratándose de contratos de "atribución" o en los celebrados intuitu rei. Y como la actividad que despliega la Administración Pública debe tender al "bienestar general", se estima que para lograr éste el colaborador voluntario de la Administración Pública debe ser persona "buena" o, por lo menos, "no mala". Razonablemente, el bienestar general sólo puede lograrse con la actuación de personas buenas. De las personas "malas" poco puede esperarse. De ahí que, habiéndose aceptado como cocontratante a una persona "determinada", de antecedentes satisfactorios, dicha persona no pueda transferir su contrato, en todo o en parte, "cediéndolo" o "subcontratando", sin la anuencia de la Administración Pública, pues ésta tiene el indiscutible derecho -e incluso "obligación"- de saber quién será su colaborador y si los antecedentes personales de éste aconsejan o no relacionarse con él. Aquí no está precisamente en juego la idoneidad técnica o financiera del eventual cesionario o del subcontratista -lo que vincularíase al carácter intuitu personae del contrato-, sino la simple estructura moral de éstos. Va de suyo que, aparte del aspecto ético, el cesionario o el subcontratista, para ser aceptados por la Administración, han de reunir condiciones de capacidad técnica y financiera. Pero el fundamente "inmediato" y "directo" de la originaria prohibición de ceder
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el contrato o de subcontratar es la indispensable calidad "moral" -condición de ser "buena persona"- que debe reunir todo aquel que colabore en la actividad que la Administración Pública despliega procurando satisfacer el "bienestar general", pudiendo presumirse que éste sólo se logrará si los respectivos colaboradores fueren personas "buenas". De ahí que la Administración Pública, en los supuestos de cesionarios de un contrato administrativo, o de subcontratistas, necesite saber de antemano quiénes actuarán como colaboradores suyos, siendo esto lo que obsta a la cesión del contrato o a la subcontratación sin que tales actos sean autorizados por la Administración Pública. Una cosa es la idoneidad que ha de reunirse y acreditarse para ser cocontratante de la Administración Pública (idoneidad moral, técnica y financiera) y otra distinta el fundamento que, como "principio", justifica la prohibición de ceder el contrato administrativo o de subcontratar (necesidad de ser "buena persona"). 703. La Administración Pública no siempre tiene libertad en el procedimiento para elegir a su cocontratante, pues, al respecto, muchas veces debe cumplir con determinadas "formas" ("formalidades"); por ejemplo, cuando corresponda recurrir a la "licitación" (496) . Esto determina cierto "automatismo" en la elección del cocontratante cuando se utilice el procedimiento de la licitación (ver nº 637, punto 1º). La necesidad de cumplir con esas "formalidades" se traduce en una limitación a la actividad administrativa. Pero adviértase que esa limitación refiérese a la observancia del "elemento" "forma" del acto administrativo, no a la observancia del aspecto "competencia" del "elemento" "sujeto" de dicho acto (ver nº 636, B.). 704. Como consecuencia del ámbito jurídico donde se desenvuelve el contrato "administrativo" -derecho público, caracterizado por normas de "subordinación"- y de las cláusulas exorbitantes, implícitas o expresas, que existan en dicho contrato, hay una obvia desigualdad jurídica entre las partes, concretada en una "subordinación" del cocontratante a la Administración Pública. No debe olvidarse que las cláusulas exorbitantes -"implícitas" en el contrato administrativo por razón de su objeto y "expresas" en el contrato que es administrativo por razón de dichas cláusulas exorbitantes expresas- implican prerrogativas de poder reconocidas o atribuidas a la Administración Pública (ver números 600 y 601); además, tampoco debe olvidarse que, como se ha dicho, si bien el Estado no impone como "poder" el contrato, impone al que quiere contratar con él condiciones que dejan a salvo ese "poder" (ver nº 602, texto y nota 74 bis). Lo expuesto explica la "subordinación" en que se encuentra el cocontratante frente a la Administración Pública en los contratos administrativos. 705. En derecho privado los contratos no pueden ser opuestos a terceros, ni invocados por éstos. Tal es el principio (Código Civil, artículo 1199 ). En derecho público, "administrativo" en la especie, las cosas no ocurren así.
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El contrato "administrativo", en ciertos casos, puede serle opuesto a terceros. Así, por ejemplo: a) en la concesión de obra pública, el concesionario tiene el derecho de exigirles a ciertos terceros el pago proporcional de la obra; b) en las concesiones de servicio público, el concesionario puede adquirir atribuciones de carácter policial, derecho de expropiar, de imponer servidumbres administrativas, etc., todo lo cual incide, o puede incidir, en la esfera jurídica de "terceros". Pero el contrato "administrativo", en ciertos casos, puede ser invocado por terceros; vgr., la concesión de servicio público, donde el público -conjunto de "terceros"- puede exigir que el concesionario preste el servicio correspondiente. Ver el tomo 2º, nº 356, in fine, y nº 360. Trátase de caracteres propios del contrato administrativo. Más adelante, al referirme a los "efectos" de esos contratos, volveré sobre esta cuestión (nº 712). CAPÍTULO VI - "ELEMENTOS" DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SUMARIO: 706. Principio general. Rigen los mismos elementos del acto administrativo. Lo atinente a la "expresión de voluntad". Algunas observaciones especiales. 707. "Competencia" para celebrar contratos "administrativos". Poder Ejecutivo, Parlamento y Poder Judicial. El Poder Ejecutivo ¿necesita proveerse de una autorización especial para celebrar contratos de esa índole? 708. "Formas". Cuestiones de interés relacionadas con las mismas: a) Principio general: libertad "formal". 709. Continuación. b) El "perfeccionamiento" del contrato administrativo. ¿Cuándo se produce? Remisión. 710. Continuación. c) Supuesto de forma "escrita". ¿Se requiere "escritura pública", otorgada ante escribano? 706. Todo contrato "administrativo" es substancial y esencialmente un acto administrativo bilateral. De ahí que las reglas fundamentales que constituyen el régimen de los actos administrativos sean, por principio, aplicables a los contratos administrativos (véase el nº 593) (497) . Como consecuencia de lo que antecede, los dos "aspectos" jurídicos que ofrecen los actos administrativos tienen vigencia en materia de contratos administrativos; vale decir, inciden en el régimen de éstos no sólo lo atinente a los "elementos" del acto administrativo, sino también lo relacionado con la "expresión de voluntad" para la formación de dichos actos. Véase el tomo 2º, nº 397 y siguientes. Incluso hay quienes consideran aplicables a la contratación administrativa las bases de la contratación "civil" (498) . Salvo texto expreso en contrario, serán pues aplicables a los contratos "administrativos" las reglas expuestas para los actos administrativos. No obstante, cuadra insistir -poniéndolos de relieve- sobre ciertos aspectos que, en materia de contratos administrativos, adquieren expresiones propias; es lo que ocurre con la "competencia", la "forma", etc. 707. Como ya lo advertí en otro lugar de esta obra, en nuestro ordenamiento jurídico, como principio general, la potestad para celebrar contratos "administrativos" -y lo mismo
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corresponde decir de los contratos de derecho "común" de la Administración- le compete al Poder Ejecutivo, a cuyo cargo hállase la "administración general del país" (Constitución Nacional, artículo 86 , inciso 1º). La atribución de celebrar contratos "administrativos" pertenece a la "zona de reserva de la Administración", integrándola. La facultad de celebrar ese tipo de contratos es una de las tantas maneras en que se manifiesta la actividad administrativa. Excepcionalmente, la atribución para celebrar esos contratos le compete al Congreso o al Poder Judicial. Pero el gran residuo de atribuciones para celebrar contratos "administrativos" le corresponde al Poder Ejecutivo, como encargado por la Constitución de la administración general del país. Todos los contratos cuya celebración no esté expresamente atribuida por la Constitución al Congreso, o que no sean de la obvia competencia del Poder Judicial, deben ser celebrados por el Poder Ejecutivo, quien, en consecuencia, no necesita requerir "aprobación" -y menos "autorización"- al Congreso. Véase lo que sobre estas cuestiones expuse en el nº 615. 708. En lo relacionado con las "formas" de los contratos, en los supuestos de silencio de las normas rigen los criterios aplicables a los actos administrativos. Por tanto, a falta de texto expreso que exija una forma determinada, en materia de contratos administrativos rige el principio de libertad formal, tal como respecto a los actos administrativos (véase el tomo 2º, números 409 y 412) (499) . De ahí que puedan haber contratos "administrativos" verbales (500) , todo ello, desde luego, sin perjuicio de las dificultades que en tal caso puedan suscitarse respecto a la "prueba" de la existencia del contrato (501) . 709. Vinculado al aspecto "formal" del contrato administrativo aparece lo atinente al "perfeccionamiento" de éste. ¿Cuándo queda "perfeccionado" dicho contrato? De esta trascendente cuestión me ocupé en un parágrafo anterior, nº 619. Me remito a lo manifestado en ese lugar. 710. A veces es requerida la forma escrita para la celebración de contratos administrativos. Entre nosotros no existe una reglamentación orgánica que establezca cuándo, en esos supuestos, la forma escrita consistirá en una escritura pública, propiamente dicha, y cuándo bastará con que el contrato sea extendido sin intervención notarial, con la mera actuación del funcionario administrativo competente. Lo mismo acaece en otros países, como Francia (502) . Lo cierto es que la "escritura pública" sólo es necesaria cuando un texto expreso así lo disponga. De no existir tal texto, el contrato se otorga con la mera intervención del respectivo funcionario público, en cuyo caso el acto se reputa "auténtico" (503) , tal como surge del "principio" establecido por el Código Civil, en su artículo 979 , inciso 2º, que dice así: "Son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos: 1º... 2º Cualquier otro
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instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado". Algunos de nuestros textos legales se ocupan expresamente de lo relacionado con la escritura pública en su vinculación con los contratos administrativos. A veces dichas normas establecen que la intervención notarial es improcedente en la especie (504) . Otras veces la norma exige expresamente el requisito de la escritura pública (decreto-ley de contabilidad 23354/56, artículo 64, incisos a], b], c] y d], y reglamentación a ese artículo contenida en el Reglamento de las Contrataciones del Estado). Finalmente, la legislación, si bien en ocasiones requiere la forma escrita, guarda silencio acerca de si esa forma ha de expresarse o no a través de una escritura pública: es lo que ocurre en la ley nacional de obras públicas 13064 (505) , circunstancia que entonces exime del acto notarial. CAPÍTULO VII - "EFECTOS" DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SUMARIO: 711. Entre quiénes surte efectos el contrato administrativo. Principio fundamental. Ley de las partes. 712. "Extensión" de los efectos del contrato administrativo. Los "terceros". ¿Por qué razón ciertos contratos administrativos pueden serles opuestos a los terceros y pueden ser invocados por éstos? Fundamento jurídico. Distintos casos a considerar. Diferencia con los supuestos de "estipulación por otro". 711. Los contratos "administrativos", como todo contrato, surten efectos, en especial, entre las partes que los celebran. A ellas las obliga esencialmente. Tal es el principio fundamental. Si así no fuere mal podría hablarse de "contrato" (506) . Por más características propias que tengan los contratos "administrativos", características que se traducen en prerrogativas especiales en favor de la Administración Pública (ver números 697-698), ellos no dejan de ser "acuerdos" entre partes. Más aún: si bien a raíz de esas prerrogativas especiales existentes a favor de la Administración Pública, en el contrato administrativo pierde imperio el carácter absoluto del viejo principio de derecho privado de que el contrato constituye la ley "inmutable" de las partes, dicho contrato, en lo fundamental, sigue siendo, no obstante, la "ley de las partes", en el sentido de que él constituye y traduce la "substancia" misma de lo que éstas han querido regular. Como lo expresé en otro lugar (nº 612), el carácter "administrativo" de un contrato, si bien requiere inexcusablemente que éste se ajuste a determinados criterios compatibles con su índole, en modo alguno podrá desnaturalizar el "objeto" o "contenido" del acuerdo, transformando tal objeto o contenido en algo distinto a lo previsto y querido por los contratantes. Estos hállanse recíprocamente obligados a respetar lo "esencial" de lo estipulado. Es en este sentido que el contrato administrativo sigue siendo la "ley de las partes" (507) del acto. 712. Sin perjuicio del principio básico de que el contrato "administrativo" rige entre las partes -Administración Pública y cocontratante-, dicho contrato, contrariamente a lo que acaece en derecho privado, puede serle opuesto a ciertos terceros e invocado por éstos (ver nº 705). De modo que determinados contratos "administrativos" surten efectos, o pueden surtirlos, con relación a "terceros". Es lo que ocurre en las concesiones de servicios públicos, en las concesiones de obras públicas y también en las concesiones de uso del
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dominio público, ya que éstas llevan implícita la cláusula de que no pueden perjudicar a terceros (508) . ¿Cuál es el fundamento jurídico de que ciertos contratos administrativos surten efectos con relación a terceros? Hay que distinguir dos casos fundamentalmente distintos: a) supuesto donde el objeto o contenido del contrato repercute principal y esencialmente en la esfera jurídica de terceros; b) supuesto donde el objeto o contenido del contrato nada tiene que ver, en su esencia, con terceros. a) En el primer caso, es decir donde el objeto o contenido del contrato repercute principal y esencialmente en la esfera jurídica de terceros, cuadra mencionar a la concesión de servicio público, que puede ser invocada por terceros, y a la concesión de obra pública, que puede ser opuesta a terceros. Ante la opinión de algunos tratadistas que creyeron hallar el fundamento de esto en la "estipulación por otro", este argumento fue desestimado con éxito, aduciéndose que en dichos supuestos no se dan las condiciones básicas requeridas para la admisión o procedencia de la "estipulación por otro". En tal orden de ideas, se pone énfasis en que si la "estipulación por otro" puede llegar a constituir "derechos" a favor de terceros, ella no puede servir para crear cargas sobre aquéllos, siendo entonces de advertir que los contratos administrativos no sólo crean derechos a favor de terceros, sino también, frecuentemente, obligaciones (509) . Dado el rechazo general, en los supuestos indicados, de la teoría de la "estipulación por otro", para servir como fundamento o explicación de que los contratos administrativos puedan ser invocados por terceros u opuestos a éstos, se adujeron otros dos argumentos para fundar tales posibilidades. Esos argumentos son: 1º Que en el supuesto de la concesión de servicios públicos, debe tenerse en cuenta que las cláusulas de éstas, en todo lo atinente a la organización y funcionamiento del servicio, no son cláusulas contractuales, sino "reglamentarias" y que, por tanto, los derechos de los usuarios ("terceros") a la correcta aplicación de esas cláusulas no son derechos contractuales nacidos de una "estipulación por otro", sino derechos que posee todo interesado a la aplicación de disposiciones reglamentarias (510) . No comparto el fundamento que esta tesis invoca para justificar la extensión de un contrato administrativo a terceros. En primer lugar, porque sólo habla de "derechos" a favor de dichos terceros; nada dice de las posibles "obligaciones" a cargo de ellos, como ocurriría, por ejemplo, en la concesión de obras públicas. En segundo lugar, porque, como lo advertiré más adelante al ocuparme de los contratos administrativos en particular, y al referirme entonces a la concesión de servicios públicos, dicho contrato no implica -como lo ha sostenido la generalidad de la doctrina- un acto mixto, contractual en un aspecto y reglamentario en otro. Estimo que se trata de un acto único, contractual exclusivamente, y que las consecuencias que se pretenden derivar de la parte llamada "reglamentaria" no son otra cosa que corolarios lógicos del carácter "administrativo" de dicha concesión que, por ser un contrato administrativo, apareja consecuencias no concebibles en un contrato de derecho privado celebrado entre particulares.
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2º Que los derechos y las obligaciones que de un contrato administrativo fluyen para los terceros tienen su fuente exclusiva en la voluntad de la Administración contratante (511) . Tampoco comparto este fundamento atribuido a la posible extensión del contrato administrativo con relación a terceros. Tal argumento no es jurídicamente satisfactorio, pues no aclara de dónde resulta, en estos casos, la "obligatoriedad" de la voluntad de la Administración Pública. A mi criterio, el fundamento que justifica jurídicamente extender a terceros los efectos de contratos administrativos como los mencionados (concesión de servicios públicos y de obras públicas), consiste en que esas concesiones las conviene u otorga la Administración Pública -"Estado", lato sensu- en beneficio público, en interés público, para el "pueblo". Pero como este último no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución (Ley Suprema, artículo 22 ), va de suyo que a los "terceros" -integrantes del "pueblo" y pertenecientes a él- les son imputables las consecuencias de tales contratos, pudiendo entonces invocarlos a su favor, a la vez que pueden serles opuestos. Tal es el verdadero fundamento de la posibilidad de que dichos contratos administrativos, cuyo objeto o contenido repercute principal y esencialmente en la esfera jurídica de "terceros", puedan ser invocados por éstos u opuestos a éstos. Por cierto, cuando aquí hablo de "terceros", integrantes del "pueblo", no sólo entiendo referirme a los "ciudadanos" (argentinos nativos), sino también a los "extranjeros" (a los "habitantes", en suma), dado que respecto al goce de los derechos civiles -por oposición a los derechos "políticos" -los extranjeros están asimilados a los ciudadanos (Constitución Nacional, artículo 20 ). Si a los "ciudadanos" les es imputable lo dispuesto por las autoridades, con mayor razón ello será así respecto a los "extranjeros". b) En el segundo caso -aun cuando el objeto o contenido del contrato administrativo nada tenga que ver, principal y esencialmente, con terceros-, no existirá impedimento jurídico alguno para que, entre las cláusulas del referido contrato, se incluya algo que implique una "estipulación por otro", es decir que se pacte o acuerde un beneficio a favor de terceros. Nada hay que se oponga a ello. En este supuesto la invocación de ese contrato por los respectivos "terceros" hallaría fundamento en la "estipulación por otro". Esta última institución también tiene vigencia en derecho administrativo (512) , pudiendo entonces hacerse aplicación de los principios generales vigentes en el derecho privado (513) . Como ejemplo de tal "estipulación por otro" o "a favor de terceros" puede mencionarse la cláusula frecuente en los contratos de construcción de obra pública, en cuyo mérito el cocontratante, en beneficio del personal que contrate, se obliga a cumplir con las disposiciones de las leyes sociales y, especialmente, a abonarles jornales cuyo monto sea el legal (514) ; otro ejemplo de cláusula que, en estos casos, constituye una "estipulación por otro" es la que, para el supuesto de cesión, establezca que el cocontratante originario quedará personalmente responsable tanto hacia la Administración como respecto a los obreros o terceros, quienes entonces tendrían una acción directa contra el expresado cocontratante (515) . Estas estipulaciones, dentro de la teoría de los actos administrativos, pueden, a veces, hallar vinculación con los elementos accesorios, accidentales o eventuales
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de los mismos, siempre y cuando se trate efectivamente de una "obligación" a cargo del cocontratante y no de una simple "recomendación" o "sugerencia" que le fuese formulada, y siempre que la respectiva obligación no estuviere ya establecida por la legislación para esa clase de actos (516) ; por ello la referencia hecha en un contrato administrativo a que el cocontratante debe abonarles a sus empleados y obreros el sueldo o jornal legales, si bien traduce una "estipulación por otro", no implica un elemento accesorio, accidental o eventual -"modo", en la especie- del respectivo contrato, pues esa obligación ya la establece el derecho objetivo. CAPÍTULO VIII - "EJECUCIÓN" DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SUMARIO: 713. Derechos y deberes de las partes. Principio general. I. Derechos, prerrogativas especiales y deberes de la Administración Pública 714. Fundamento u origen de esos derechos, prerrogativas especiales y deberes de la Administración Pública. Contratos administrativos por razón de su "objeto" y por razón de cláusulas exorbitantes "expresas". Contratos de "colaboración" y de "atribución". 715. A. Derecho a exigir del cocontratante el cumplimiento de lo convenido, ajustándose al contrato. 716. B. Derecho a exigir que el cumplimiento se efectúe dentro de los plazos correspondientes. Sanciones por retardo imputable: a) supuesto de sanciones establecidas en el contrato; b) supuesto de silencio del contrato acerca de tales sanciones; fundamento de éstas. Requisito para la aplicación de sanciones. 717. Continuación. La "teoría de las astreintes" es inaplicable para establecer sanciones por retardo en contratos administrativos. 718. Causas que eximen al cocontratante de sus obligaciones respecto al cumplimiento del contrato: 1º fuerza mayor; 2º hecho de la Administración Pública. 719. 1º Fuerza mayor. Concepto. Su equivalencia con "caso fortuito". Elementos que la integran. La cuestión en derecho administrativo. 720. Las partes contratantes pueden restringir o ampliar su responsabilidad en lo atinente a la "fuerza mayor". 721. Las partes contratantes pueden establecer lo que ha de entenderse por fuerza mayor. 722. Noción especial de "fuerza mayor" en los contratos administrativos. Doble modalidad de la fuerza mayor en dichos contratos: trascendencia de esto. 723. Supuestos a considerar: hechos naturales; hechos del hombre. a) Hechos naturales: inundaciones; temporales; tempestades; tormentas de mar; lluvias; neblina; vientos; sequía; temperaturas extremas (frío y calor); terremotos o temblores de tierra; aludes o deshielos; plagas agrícolas; epidemias y pestes (enfermedades); muerte. b) Hechos humanos o del hombre: guerra; revolución; hecho de terceros; actos del soberano; órdenes judiciales; huelga; lock- out. 724. Efectos de la "fuerza mayor". Efectos "definitivos" y "provisionales" (inejecución y mero retardo). Consecuencias de esos efectos. La exención de responsabilidad. La cuestión en derecho administrativo. 725. La fuerza mayor también puede ser invocada por la Administración Pública. 726. 2º Hecho de la Administración Pública. Noción conceptual. Consecuencias en lo atinente al cumplimiento del contrato por parte del cocontratante. 727. En ciertos supuestos, la "fuerza mayor" y el "hecho de la Administración Pública" se asimilan jurídicamente. 728. Efectos que pueden derivar de la "fuerza mayor" y del "hecho de la Administración". Efecto "definitivo" y efecto "provisional" o "transitorio". Código Civil y
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normas específicas sobre contratos "administrativos". 729. El "hecho de la Administración" no es indispensable que constituya un "impedimiento absoluto" que obste a que el cocontratante cumpla en término sus obligaciones: basta con que implique una "razonable imposibilidad". 730. "Exceptio non adimpleti contractus". ¿Puede ésta ser invocada por el cocontratante de la Administración Pública? 731. Supuestos que excluyen el ejercicio de la exceptio non adimpleti contractus. 732. Lapso que ha de considerarse que excede lo "prudente" en la actitud morosa de la Administración Pública, para entonces dejar expedita la exceptio non adimpleti contractus. 733. La exceptio non adimpleti contractus procede incluso en los contratos de construcción de obras públicas. Ley nacional 13064. Lo atinente al artículo 48 de ésta. 734. Plazo dentro del cual deben hacerse valer la "fuerza mayor" y el "hecho de la Administración". 735. C. Derecho a exigir del cocontratante la "continuación", en toda circunstancia, de la ejecución del contrato. Supuestos que eximen al cocontratante de tal deber: la fuerza mayor" y el "hecho de la Administración". 736. D. Derecho de dirección y de control. Fundamento del mismo. Forma de manifestarse en los distintos contratos administrativos. 737. E. Potestad de "modificar" los contratos administrativos. Fundamento jurídico y racional. Lo atinente a la "mutabilidad" del contrato administrativo. Cualquier contrato administrativo puede ser objeto de modificación. Supuesto de modificación previsto contractualmente. La prerrogativa de modificar el contrato no puede ser renunciada. En qué pueden consistir las modificaciones. Límite del poder de modificar los contratos administrativos. Legislación nacional. 738. F. Poder de "rescindir" el contrato administrativo. Trátase de la rescisión "unilateral". Potestad prevista en el contrato y potestad no prevista en él. Sólo procede por "culpa" o "falta" del cocontratante. No existe poder de rescisión para satisfacer el "interés público". Requisito y procedimiento para disponer la "rescisión"; autoridad competente para esto. 739. G. Poder de aplicar "sanciones". Fundamento racional y jurídico. Objeto y finalidad de las mismas. Los principales tipos o categorías de sanciones. 740. 1º Sanciones pecuniarias. Pueden consistir en cláusulas penales, multas y daños y perjuicios. Análisis y régimen de cada una de estas sanciones pecuniarias. 741. 2º Medidas coercitivas provisionales. Finalidad esencial de ellas. La terminología. "Ejecución directa"; "compra o fabricación por cuenta del cocontratante". Carácter de esas medidas. Reglas fundamentales de cada una de ellas con relación a los diferentes contratos: a) grado del incumplimiento; b) medida provisional; c) intimación previa al cocontratante; d) por cuenta de quién se efectúa la sustitución del cocontratante; distinción a efectuar; e) lo atinente a la intervención judicial previa; f) la "motivación" del acto. 742. "Naturaleza jurídica" de las mediadas coercitivas provisionales. 743. 3º Medidas represivas definitivas. La rescisión unilateral y la caducidad. Remisión. 744. Autoridad competente para disponer "sanciones" y hacerlas efectivas. La Administración Pública y el Poder Judicial. Distinciones a efectuar. 745. La aplicación de "sanciones" es susceptible de impugnación jurisdiccional. Alcance de este control: en qué puede consistir. El "contenido" del fallo judicial. Distinción a efectuar. 746. Continuación. En qué puede basarse o a qué puede referirse la impugnación jurisdiccional que se formulare a la "sanción" que imponga la Administración Pública. Investigación sobre la existencia material de los hechos. 747. El "poder de policía" y su ejercicio como medio de "sanción" en materia de contratos administrativos. Reglas a considerar. El "principio"; la "excepción".
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II. Derechos del cocontratante 748. En qué consisten. Contratos de "colaboración" y de "atribución". Lo atinente a la "buena fe". Mención de esos derechos: los dos grupos que comprenden. 749. A. Derecho a que la Administración Pública cumpla sus obligaciones. Principio general. (Pacta sunt servanda). Consecuencias en el supuesto de que la Administración no cumpla. La Administración Pública debe darle oportuno curso al contrato, facilitando la actividad del cocontratante. 750. La Administración Pública puede invocar la exceptio non adimpleti contractus. 751. Caso en que la Administración Pública haya incurrido en "error" de hecho. 752. B. Derecho a percibir el "precio" correspondiente. Concepto de "precio"; las distintas maneras en que éste encuentra expresión. 753. "Tiempo" u "oportunidad" y "lugar" en que debe efectuarse el pago del precio. 754. Lo atinente a los "intereses" moratorios; problemas que plantea. "Mora" de la Administración Pública: cómo se produce; cuestiones a su respecto. Requisito que debe reunir la tardanza o demora de la Administración para dar lugar al curso de intereses. 755. Principio fundamental de derecho público respecto a la oportunidad en que debe efectuársele el pago al cocontratante de la Administración. Atenuaciones al "principio": pago a "cuenta"; pago por "adelantado"; pago del "saldo definitivo". 756. Recibos otorgados por el cocontratante correspondiente a pagos parciales y por saldo definitivo. Incidencia de que en los recibos se incluya u omita la reserva sobre el derecho a percibir intereses. 757. Gastos de entrega de la cosa. Quién debe afrontarlos ¿el cocontratante o la Administración Pública? Incidencia de ello sobre el "precio" correspondiente al cocontratante. Cosas muebles e inmuebles. 758. C. Derecho a "suspender" la ejecución del contrato. Exceptio non adimpleti contractus. 759. D. Derecho a pedir la "rescisión" del contrato. 760. E. Derecho a ser resarcido cuando la extinción del contrato obedezca a razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 761. F. Derecho al mantenimiento del equilibrio o ecuación económico-financiera del contrato. En qué consiste esto. Alcance del "principio": álea normal y álea anormal. Fundamento positivo de la obligación estatal de respetar la expresada vigencia de la ecuación financiera. El mantenimiento del equilibrio financiero comprende a todo tipo de contrato administrativo. 762. Causas que pueden alterar o quebrar la ecuación o equilibrio económico financiero del contrato. Enumeración de ellas. 763. 1º a) Incumplimiento contractual. b) Ejercicio de la prerrogativa de "modificar" el contrato. 764. 2º Causas imputables al "Estado" -lato sensu-, inclusive a la Administración Pública ("hecho del príncipe"). "Álea administrativa". ¿Qué se entiende por "hecho del príncipe"? ¿Cuál es su alcance? Diferencia esencial con la "teoría de la imprevisión". 765. Diversas denominaciones de que es objeto la teoría del "hecho del príncipe". El llamado "hecho del príncipe negativo". 766. En qué puede consistir el "hecho del príncipe" (acto del soberano). 767. La teoría del "hecho del príncipe" tiene vigencia respecto a cualquier contrato "administrativo". 768. Origen de la teoría del "hecho del príncipe". En la actualidad su concepción continúa imprecisa e inorgánica. 769. Sólo los actos estatales de contenido "general" pueden dar lugar a la aplicación de la teoría del "hecho del príncipe". La responsabilidad del Estado en esos supuestos. Lo atinente a los actos estatales de contenido "particular". Reponsabilidad por "hecho del príncipe" y responsabilidad "contractual" del Estado. 770. Dentro de la teoría del "hecho del príncipe", el acto estatal lesivo del derecho del cocontratante tanto puede emanar de la "misma" autoridad pública que celebró el contrato como de "otra" autoridad.
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La cuestión en la República Argentina: contratos administrativos celebrados por la Nación, por provincias, por municipalidades y por entidades autárquicas institucionales; lesión a los derechos del cocontratante por actos o conductas de una autoridad distinta a la que celebró el contrato. 771. El "álea administrativa" y el "álea económica". La diferencia entre ellas existe efectivamente. Fundamento invocado por quienes niegan la distinción entre ambos tipos de áleas, y requieren para la admisión del "hecho del príncipe" que el acto o hecho perturbador del contrato provenga de la "misma" autoridad que lo celebró. 772. "Efectos" o "consecuencias" de la aplicación de la teoría del "hecho del príncipe". Obligación de indemnizar al cocontratante: el principio y la excepción. Cláusulas limitativas o excluyentes de la responsabilidad del Estado: cuestión sobre su validez. Disposición contenida en el Reglamento de las Contrataciones del Estado. El "hecho del príncipe" y la "fuerza mayor": íntima relación entre ambos. 773. Requisitos que deben concurrir para que proceda la indemnización basada en la teoría del "hecho del príncipe". 774. Fundamento del derecho del cocontratante a ser indemnizado por el Estado a raíz del llamado "hecho del príncipe". La doctrina. La cuestión en el sistema jurídico argentino. 775. 3º Causas ajenas a la voluntad del Estado que trastornan la economía general del contrato: "teoría de la imprevisión". Noción conceptual. La doctrina. "Álea económica": su caracterización. Diferencia fundamental para el cocontratante según se aplique la "teoría de la imprevisión" o la del "hecho del príncipe". 776. Analogías y diferencias con otras figuras jurídicas: "fuerza mayor", "lesión" y "hecho del príncipe". 777. Doctrinas que trataron de explicar el "fundamento" de la teoría de la imprevisión. Derecho privado y derecho público. La cuestión en la República Argentina. 778. La "teoría de la imprevisión" y su aplicación a los contratos "administrativos" stricto sensu. Origen y nacimiento de dicha teoría en el derecho administrativo. 779. Fundamento jurídico-positivo de la teoría de la imprevisión en el derecho público. La cuestión en el derecho argentino. 780. En nuestro país, para la aplicación de la teoría de la imprevisión en el ámbito del derecho público, no se requiere la existencia de ley formal alguna que expresamente declare su vigencia. La cuestión en la legislación y jurisprudencia argentinas. Derecho extranjero. 781. Requisitos que deben concurrir para que puede aplicarse la "teoría de la imprevisión". 782. 1º Ha de tratarse del álea "económica", no del álea "administrativa". 783. 2º Naturaleza de la relación jurídica que une a las partes. 784. 3º El cocontratante no debe suspender la ejecución del contrato. 785. 4º El acontecimiento perturbador debe ser extraño a la voluntad de las partes. 786. 5º El hecho o acto que provoca el trastorno del contrato debe ser de efectos transitorios. 787. 6º Ha de tratarse de un contrato en curso al tiempo de producirse el acontecimiento perturbador. 788. 7º El quebrantamiento de la ecuación económico-financiera del contrato debe ser consecuencia del hecho determinante del álea "económica". Cargo de la prueba. 789. 8º El deterioro ocasionado por el hecho o acto perturbador debe superar el álea "normal", constituyendo un álea "anormal" o "extraordinaria". 790. 9º El acontecimiento perturbador debe ser normal o razonablemente imprevisible. Alcance de esto: las "consecuencias" del expresado acontecimiento. Ejemplos de casos que justifican la aplicación de la teoría de la imprevisión. Contrato de "suministro" donde, al tiempo de la formalización del mismo, el cocontratante no tenía en su poder la cosa o producto objeto del contrato, produciéndose después un alza del precio de dicho producto. ¿En qué puede consistir el "acontecimiento imprevisible"? 791. 10º Lo atinente a la "duración" del contrato y al carácter "sucesivo" o "múltiple" de las prestaciones. Contratos de
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cumplimiento "inmediato", pero no "instantáneo". "Suministros" de pago al contado pero de entrega diferida. 792. La teoría de la imprevisión tiene vigencia respecto a todos los contratos administrativos stricto sensu. 793. ¿Quiénes pueden invocar la teoría de la imprevisión? Lo atinente a la Administración Pública y a las "empresas del Estado". Las sociedades de economía mixta. 794. Caracteres de la teoría de la imprevisión: consecuencias. Importancia fundamental de esos caracteres. 795. Consecuencias o efectos de la "teoría de la imprevisión". "Estado de imprevisión" y "período extracontractual". La "revisión" del contrato. La "indemnización": régimen o principios que la gobiernan; análisis de éstos. 796. a) Determinación de la existencia del "estado de imprevisión". 797. b) Quién fija el monto de la indemnización. 798. c) Criterio para fijar el resarcimiento. 799. d) Monto de la indemnización. 800. e) División o reparto del quebranto entre las partes. Criterio a seguir. 801. f) Determinación del monto del perjuicio: medios de prueba. 802. Fin (conclusión o terminación) del estado de imprevisión. Circunstancias a que ello puede responder. Situación de las partes. Comprobación de que ha cesado el estado de imprevisión. 803. "Prescripción" de las acciones que puedan corresponderle al cocontratante. Principio general. Silencio de las normas administrativas. "Interrupción" de la prescripción: advertencia al respecto. Acciones contra el Estado que estuvieren prescriptas: disposición de la ley de contabilidad. Acciones entre organismos estatales. 713. Va de suyo que los derechos y prerrogativas de una de las partes constituyen deberes de la otra, y recíprocamente. I. Derechos, prerrogativas especiales y deberes de la Administración Pública 714. Como consecuencia de un contrato administrativo, la Administración Pública tiene a su favor no sólo "derechos", sino también "prerrogativas" especiales. Aparte de ello tiene, desde luego, "obligaciones" a su cargo. Tratándose de un contrato administrativo por razón de su "objeto", los derechos de la Administración Pública derivan de lo que constituya el "objeto" o "contenido" del contrato ("ley de las partes"; véase el nº 711). Así, en un contrato de construcción de obra pública, el derecho consiste en exigir la respectiva construcción; en un contrato de suministro, el derecho de la Administración Pública consiste en exigir la entrega de la cosa convenida; etc. En dicho tipo de contratos -es decir, "administrativos" por razón de su objeto- las "prerrogativas" de la Administración Pública derivan de la existencia de cláusulas exorbitantes del derecho común "virtuales". Todas estas "prerrogativas" de la Administración resultantes de cláusulas exorbitantes "virtuales", existen de pleno derecho, por "principio", no siendo necesario mencionarlas expresamente en el contrato, al que son ínsitas, por lo que entonces no se requiere norma expresa que las consagre o establezca (517) . En los supuestos de contratos que son administrativos por contener cláusulas exorbitantes "expresas", los derechos y las prerrogativas de la Administración Pública derivan,
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respectivamente, del "objeto" o "contenido" del contrato y de las referidas cláusulas exorbitantes "expresas" (518) . Los "deberes" u "obligaciones" de la Administración Pública para con el cocontratante derivan del "objeto" del contrato administrativo, el cual, a su vez, depende de que el contrato sea de "colaboración" o de "atribución". En los contratos de colaboración el "deber" básico de la Administración Pública generalmente consistirá en el pago de un "precio" (suma de dinero) al cocontratante; en los contratos de atribución el "deber" de la Administración Pública generalmente consistirá en poner alguna cosa a disposición del cocontratante (vgr.: en la concesión de uso de dominio público, poner a disposición del cocontratante la cosa cuyo uso le fue concedido). 715. A. El derecho primario y esencial de la Administración Pública consiste en poder exigirle a su cocontratante el cumplimiento de lo convenido, conforme a lo estipulado en el contrato. Diríase que todas las "prerrogativas" de que dispone la Administración como inherentes a un contrato administrativo tienden, precisamente, a lograr que el cocontratante cumpla en forma adecuada su obligación esencial. Así, si se trata de un servicio público, la Administración podrá requerir que sea prestado en la forma establecida en la concesión; si el contrato fuere de suministro, la Administración podrá exigir la entrega de la cosa de acuerdo a la calidad convenida y en el tiempo establecido; etc. Todo dependerá de la índole del contrato de que se trate. Como los contratos "administrativos" siguen siendo o constituyendo la "ley de las partes" (ver lo dicho en el nº 711), va de suyo que éstas tienen el derecho recíproco de exigirse las prestaciones a que se han obligado. Como bien se dijo, también en este ámbito del derecho "debe respetarse la convención de las partes" (519) , cualquiera sea la especie del contrato administrativo que se considere. 716. B. En la generalidad de los contratos se estipulan los plazos dentro de los cuales deben dárseles cumplimiento (520) . Si tal estipulación faltare, podrá recurrirse supletoriamente, en primer término, a lo establecido por otra norma o principio administrativos -que preceptúen sobre casos análogos o semejantes- y, en último supuesto, a las normas o principios del derecho privado, teniendo en cuenta la índole del contrato (521) . La debida observancia de los plazos figura entre las obligaciones esenciales de ambas partes contratantes (522) , ya se trate de la obligación principal o de obligaciones parciales o accesorias que, a su vez, permitirán el cumplimiento de la obligación principal. La inobservancia de los plazos por circunstancias jurídicamente no imputables a las partes exime a éstas de responsabilidad. La "fuerza mayor", el "hecho de la Administración" y el "hecho del cocontratante" pueden actuar como causa justificativa de incumplimiento dentro de los plazos, que eximirá de responsabilidad a quien haya incurrido en retardo, en tanto tales hechos entrañen una imposibilidad material de ejecución dentro de los lapsos fijados, debiendo existir una relación estrecha y directa de causa a efecto entre el hecho alegado como justificación y el retardo de ejecución. No debe confundirse el hecho que haga más onerosa una obligación, con el que impida materialmente el puntual
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cumplimiento de la obligación: sólo este último justificaría el retardo, eximiendo de responsabilidad (523) . El retardo imputable apareja sanciones, o pude aparejarlas. Ellas pueden haber sido convenidas por las partes, es decir pueden ser "contractuales"; por ejemplo, puede haberse convenido para esas situaciones la aplicación de "penalidades", la "prestación directa" por la Administración, la "rescisión" del contrato, etc. (524) . Si en el contrato nada se hubiere establecido, el retardo podrá igualmente sancionarse, pues, como bien se ha dicho, al respecto la regla es que toda obligación contractual tiene una sanción (525) . En tal supuesto la sanción halla fundamento en las prerrogativas correspondientes a la Administración Pública -inherentes a todo contrato administrativo- de adoptar, de oficio, a costa y riesgo del cocontratante, las medidas indispensables para el cumplimiento del contrato o para el cumplimiento de la respectiva actividad estatal. Más adelante (nº 739 y siguientes), al referirme en particular al régimen de las "sanciones" de que puede disponer la Administración Pública por inadecuado cumplimiento del contrato por parte del cocontratante, volveré sobre esta cuestión. Si el contrato prevé la sanción para el supuesto de retardo, deberá aplicarse esa sanción y no las emergentes de los principios generales Salvo el caso de haberse pactado, o dispuesto legalmente, una "mora automática" por el sólo hecho del transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato (526) , o que se hubiere convenido la improcedencia de alguna constitución en mora, va de suyo que la aplicación de las sanciones que deriven de los principios generales, está supeditada a un "requerimiento" previo, a una "intimación" al cocontratante que dejó pasar los plazos sin cumplir sus obligaciones (527) ; así lo exige la garantía del "debido proceso" (528) . 717. La teoría de las "astreintes" (suma de dinero calculada a razón de tanto por día de retardo) es inaplicable en los contratos administrativos (529) . Dicha improcedencia obedece a lo siguiente: a) Si la demanda de "astreinte" la promoviere el cocontratante contra la Administración Pública, la prohibición se basa en el respeto al principio de separación de los poderes, en cuyo mérito resultaría inadmisible que el órgano judicial intime a la Administración Pública a que, en tales casos, ésta actúe de determinada manera, tanto más cuanto si la Administración Pública, por sí misma, no soluciona las cosas, en definitiva podría ser condenada al pago de daños y perjuicios. Trátase, pues, de una improcedencia que tiene un fundamento "jurídico". b) Si la demanda de "astreinte" la promoviese la Administración contra el cocontratante, su improcedencia obedece a que los amplios poderes que posee la Administración respecto al cocontratante en los contratos "administrativos", propiamente dichos, son suficientes para poner orden en las cosas sin necesidad de recurrir al procedimiento de las "astreintes" (530) . El rechazo de éstas, en este caso, tiene, pues, un fundamento "racional".
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718. Hay situaciones que eximen de responsabilidad al cocontratante de la Administración Pública, sea por incumplimiento (inejecución) del contrato -total o parcial, definitivo o provisional- o por retardo en el cumplimiento del mismo. En tales supuestos el incumplimiento no apareja responsabilidad alguna. Los casos de exención de esa responsabilidad son dos: "fuerza mayor" y el "hecho de la Administración Pública" (531) . 719. 1º Fuerza mayor En derecho, con referencia a ciertos acontecimientos que eximen de responsabilidad, y que son ajenos a las personas obligadas y a la voluntad de éstas, se habla de "fuerza mayor" y de "caso fortuito". En el supuesto de un contrato, por ejemplo, la parte que deba efectuar una prestación puede quedar liberada de su cumplimiento, o quedar exenta de su cumplimiento dentro del plazo fijado, si la imposibilidad de cumplir, o de cumplir en término, obedece a caso fortuito o a fuerza mayor. Si bien hay legislaciones y autores que distinguen entre caso fortuito y fuerza mayor, en el derecho argentino ambas expresiones son equivalentes: tienen el mismo significado. Así se deduce del artículo 513 del Código Civil, que pone a ambas en idéntico pie, y de la nota al artículo 514 del mismo, que también habla de ellas como de figuras jurídicamente iguales, tanto más en lo atinente a sus consecuencias (532) . Como acertadamente se ha dicho, "la diferencia entre caso fortuito y la fuerza mayor carece de influencia en los sistemas legales que, como el derecho civil argentino, fundan la responsabilidad del deudor en una situación de imputabilidad"... "Pero no ocurre lo mismo en los sistemas que asientan la responsabilidad en el riesgo. Para ellos sí interesa la teoría dual y la caracterización de ambos conceptos" (533) . Fundamentalmente, la fuerza mayor se concreta en un acontecimiento ajeno a la persona que la invoca y ajeno asimismo a la voluntad de tal persona. Dicho acontecimiento implica un obstáculo para que el obligado cumpla sus obligaciones. A los efectos de liberar de responsabilidad al obligado, el referido "acontecimiento" debe reunir ciertos caracteres. Debe ser: a) "exterior" (ajeno a la persona obligada y a la voluntad de ésta); b) "imprevisible" (es decir que no pudo razonablemente ser considerado por el contratante en el momento de celebrar el contrato). Algunos expositores dicen que el suceso en cuestión debe ser "extraordinario", presentándose como "anormal"; c) "inevitable" ("irresistible", según algunos, o "insuperable") por el contratante (534) . Tal es la noción de "fuerza mayor" en derecho privado. En derecho administrativo tiene los mismos elementos que en aquél (535) , aunque alguno de esos elementos ofrece características particulares en derecho administrativo, según lo pondré de manifiesto más adelante, nº 722. 720. Si bien la legislación y la doctrina permiten establecer qué se entenderá por fuerza mayor, y cuáles son sus efectos, es de advertir que las partes contratantes no sólo pueden
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librarse de responsabilidad en los supuestos de "fuerza mayor", entendida ésta en el concepto legal y científico general, sino que pueden liberar su responsabilidad en forma más amplia, incluyendo en el concepto de fuerza mayor accidentes o circunstancias que, sin una estipulación semejante, no hubiesen debido considerarse como casos fortuitos o de fuerza mayor. En doctrina se entiende que tal tipo de exención de responsabilidad puede surgir del mero hecho de que las partes contratantes digan en forma "expresa" que no responden por las consecuencias del caso fortuito o de fuerza mayor (536) . A la inversa, las partes contratantes pueden convenir que no rijan las causas de exención previstas por la ley, y se imponga al obligado una responsabilidad más amplia por la falta de cumplimiento o ejecución. Se ha dicho que el orden público no aparece comprometido a raíz de esa cláusula, la que entonces resulta amparada por el principio de libertad contractual (537) . 721. Las partes contratantes no sólo pueden limitar o ampliar su responsabilidad o irresponsabilidad frente a la "fuerza mayor" (ver nº 720), sino que pueden convenir lo que, en lo atinente a sus relaciones contractuales, ha de entenderse por fuerza mayor. En tal supuesto, las cuestiones que se susciten deben resolverse aplicando las disposiciones convenidas por las partes. El temperamento mencionado tiene plena vigencia en materia de contratos administrativos"" (538) . En nuestro país, con relación al contrato de construcción de obra pública, la ley 13064 , para ciertas situaciones le atribuye a la "fuerza mayor" un concepto específico distinto al de la legislación general y al de la doctrina. Si bien, como ya quedó expuesto precedentemente (nº 719), la fuerza mayor consiste en un hecho o acontecimiento extraño o ajeno a la persona de las partes contratantes y a la voluntad de éstas, la ley de referencia, para ciertos supuestos, considera casos de "fuerza mayor" los que tengan causa directa en actos de la Administración Pública, no previstos en los pliegos de licitación (artículo 39 , segundo párrafo, inciso a]). Hay ahí un concepto específico de lo que ha de entenderse por fuerza mayor en las relaciones originadas en el contrato de construcción de obra pública, pues el texto transcripto considera "fuerza mayor" a casos que "no" son extraños a la voluntad de una de las partes: la Administración Pública. 722. En un parágrafo precedente (nº 719) quedó dicho qué se entiende, en general, por "fuerza mayor", y cuáles son los elementos que la constituyen; también quedó expresado que todas esas nociones, suministradas por el derecho privado -más concretamente "civil"-, como así los "elementos" que constituían la noción de fuerza mayor, tienen vigencia en derecho administrativo, aunque alguno de esos elementos ofrece características singulares en este último derecho. En el nº 719 dije que uno de los caracteres que el respectivo hecho o acontecimiento debe reunir para considerársele como "fuerza mayor", consiste en que sea "inevitable" (irresistible) por el contratante. Es con relación a este aspecto que la fuerza mayor ofrece una característica propia en derecho administrativo, que entonces permite diferenciarla de la noción de ella en derecho privado.
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En derecho administrativo la noción de "inevitable" ("irresistible"), referida a la fuerza mayor, no siempre es indispensable actualmente. Fue el Consejo de Estado de Francia quien estableció, en el año 1932, la nueva noción de "fuerza mayor". Puede existir esta última sin que el hecho o acontecimiento deba ser inexcusablemente "irresistible" o "insuperable" por el cocontratante. Habrá o puede haber "fuerza mayor" cuando un acontecimiento exterior e imprevisible trastorne o altere de una manera "definitiva" el equilibrio del contrato administrativo; pero sin que sea necesario que dicho acontecimiento torne "absolutamente imposible la ejecución" del contrato. Lo "insuperable" queda reemplazado por lo "definitivo". Esta noción de fuerza mayor tendió a evitar que en esos casos entrare en funcionamiento la teoría de la imprevisión, que sólo debe aplicarse en supuestos que originen dificultades "temporarias". En cambio, cuando la alteración del equilibrio contractual se presenta como "definitivo", pero sin aparejar una imposibilidad "absoluta" de cumplir o ejecutar el contrato, no es aplicable la teoría de la imprevisión, sino la de la fuerza mayor, lo cual permite que el cocontratante solicite la rescisión del contrato. En derecho administrativo hay, entonces, dos modalidades de fuerza mayor: la "insuperable" por el cocontratante, la cual por sí justifica la inejecución del contrato; la que sin ser irresistible o insuperable por el cocontratante, trastorna "definitivamente" el equilibrio del contrato, lo cual autoriza que se solicite la rescisión del mismo (539) . 723. Los hechos o acontecimientos que pueden determinar la "fuerza mayor" tienen orígenes diferentes: pueden ser hechos de la "naturaleza" o responder a una acción "humana"; de ahí la clasificación de ellos en "hechos naturales" y en "hechos del hombre". Me ocuparé de ambas categorías. a) Hechos naturales Comprenden numerosas especies posibles. Entre éstas corresponde mencionar: las inundaciones (540) ; la sequía (541) ; las lluvias (542) ; la neblina; el viento (543) ; los temporales, tempestades y tormentas de mar (544) ; los terremotos o temblores de tierra (545) ; los aludes o deshielos (546) ; las temperaturas extremas (frío y calor) (547) ; las epidemias y pestes (enfermedades) (548) ; las plagas agrícolas (549) - (550) ; la muerte. Los referidos hechos naturales constituyen el caso típico de acontecimiento "exterior", que caracteriza a la fuerza mayor (551) . Pero esos hechos naturales no constituirán "fuerza mayor" si por lo extraordinario de su producción o aparición, y por su intensidad o gravedad, no salen del orden de lo común de las cosas, y fueren en cambio el resultado del curso ordinario y regular de la naturaleza. La aparición o producción del hecho en cuestión deben ser contrarias a lo normal, contrarias a lo que comúnmente acaece en esa época del año, en ese lugar o con relación a la generalidad de las personas (552) . La "sequía" -que provoca escasez de pastos y eventualmente de aguas- puede influir, por ejemplo, en los contratos de suministro de carne que fueren celebrados para abastecer a un regimiento, a un establecimiento carcelario, etc. Ella puede haber determinado que los respectivos animales se encuentren en un estado de flacura que obste a la entrega de carne del tipo o calidad estipulado en el contrato.
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La "epidemias" y "pestes" ("enfermedades") tanto pueden afectar al hombre como a los animales. Las "plagas agrícolas", especialmente la langosta, pueden constituir un supuesto de fuerza mayor cuando se produzcan con carácter extraordinario, vale decir en zonas y épocas en que normalmente ese acontecimiento no tiene lugar. Lo mismo puede decirse de las "bajas temperaturas" ("heladas") y de la "neblina" intensa. El "viento", tanto más si es de gran potencia y duración, puede constituir un caso de fuerza mayor si él se produce con carácter extraordinario con relación a su habitual potencia, en zonas y épocas en que normalmente no hay viento. Los posibles perjuicios de un viento fuerte y prolongado son obvios: a) en materia de navegación, puede impedir u obstaculizar la carga o descarga de cosas y el embarque o desembarque de pasajeros, en zonas donde no se han construido puertos y aquellas operaciones deban efectuarse mediante trasbordo desde el vapor -que permanece alejado de la costa- a pequeñas embarcaciones auxiliares; b) puede impedir el arreo de ganado -especialmente lanar- en zonas rurales; c) puede obstaculizar la realización de los trabajos de construcción de obras públicas. Todos esos efectos del viento pueden incidir en la ejecución de contratos "administrativos", impidiendo o retardando su cumplimiento. En cuanto a las tormentas o temporales que se produzcan en el mar, debe admitirse que constituirán "fuerza mayor" cuando "los elementos desatan su furia con caracteres suficientemente graves para poner en peligro la seguridad y la integridad de un buque debidamente construido y conservado, de manera tal que razonablemente debe presumirse que un barco de esas condiciones sea incapaz de resistir con éxito" (553) . Debe advertirse que las tormentas marinas se producen en cualquier época, bastando, entonces, para considerarlas como caso de "fuerza mayor", que produzcan los efectos mencionados en un buque de las condiciones indicadas. Si la navegación se efectúa en un vapor de esas características, queda excluida la negligencia o culpa del navegante. Los "temporales" que producen sus efectos en tierra -es decir, no precisamente en el marpueden constituir un caso de "fuerza mayor" cuando tengan carácter extraordinario, en virtud de la zona y época del año en que se produzcan, de su duración y de su intensidad. Dichos temporales -revelados por un conjunto simultáneo de circunstancias: muy bajas temperaturas, fuertes nevadas o lloviznas y a veces viento- cuando han tenido lugar en zonas rurales (verbigracia Patagonia) causaron graves daños (554) . La "muerte" de las personas, si se produjere en forma contraria a lo que comúnmente debe acaecer, puede constituir un supuesto de "fuerza mayor". Las muy variadas situaciones que ofrece el mundo real deberán analizarse en cada caso particular, conectando cada una de esas situaciones con los requerimientos del orden jurídico para tener por configurada la fuerza mayor; así, al suicidio del cocontratante, al menos como principio general, no debe tenérselo como constitutivo de fuerza mayor que exima de responsabilidad a sus sucesores; en cambio, el suicidio de un tercero podría constituir un caso de fuerza mayor. Véase el autor citado en la nota 504. Desde luego, la muerte por suicidio deja de pertenecer a los "hechos naturales" para constituir un "hecho del hombre".
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b) Hechos del hombre Los llamados "hechos del hombre", por oposición a los "hechos naturales", pueden también constituir casos de "fuerza mayor" en las relaciones contractuales cuando reúnan determinados caracteres: han de ser extraños a la persona y voluntad de las partes contratantes, es decir deben ser hechos "exteriores"; deben ser "imprevisibles", o sea que no podían razonablemente ser considerados por el contratante en el momento de celebrar el contrato (suceso "extraordinario" y "anormal"); han de ser "inevitables" ("irresistibles" o "insuperables") por el contratante. Concurriendo esos requisitos, el "hecho del hombre" puede constituir un caso de "fuerza mayor", con todas sus consecuencias jurídicas. Entre tales "hechos" corresponde mencionar los siguientes: a) Guerra. Si bien, por principio, la guerra, por sí sola, no constituye un caso de fuerza mayor, puede llegar a constituirlo cuando ella hace materialmente imposible el cumplimiento de la obligación. Desde luego, para que la guerra pueda implicar un caso de fuerza mayor debe ser "posterior" al contrato (555) . Establecer, pues, si la guerra constituye un caso de fuerza mayor es una cuestión de hecho, que debe ser considerada en cada caso particular. b) Revolución. Puede constituir un supuesto de "fuerza mayor" si en la especie concurrieren los requisitos que la caracterizan, dando como resultado la imposibilidad de que el contratante cumpla su obligación (556) . c) Hecho de tercero. Con acierto se dijo que el hecho de tercero -por el cual el deudor no fuera responsable-, cuando hace imposible la ejecución de la obligación, debe considerarse como un caso de fuerza mayor, tal como si se tratara de un fenómeno natural (557) . d) Actos del soberano (fait du prince). Estos involucran todos los impedimentos que resultan de órdenes o de prohibiciones emanadas del poder público, incluyendo entre éstas a las nuevas normas de derecho objetivo (ley "formal" y ley "material") (558) . Si tales actos implicasen efectivamente un obstáculo para que el contratante cumpla su obligación, podrán constituir un caso de fuerza mayor que entonces eximirá de responsabilidad al obligado (559) . e) Órdenes o decisiones judiciales. Éstas pueden constituir, asimismo, casos de fuerza mayor si reúnen los requisitos necesarios para que ésta quede configurada; así, la orden o decisión judicial debe ser ajena a la voluntad del deudor y éste no ha de encontrarse en situación de imputabilidad (560) . f) Huelga. Puede constituir un caso de "fuerza mayor" si fuere totalmente exterior o ajena al contratante, es decir si éste no sólo no dio lugar o no la facilitó, sino, además, si efectuó todos los esfuerzos conciliatorios que razonablemente puedan exigírsele; además, debe constituir un impedimento insuperable para el obligado, siendo por esto que la huelga debe tener carácter "general", abarcando todo un gremio, produciendo en la rama de la respectiva industria un paralización total; finalmente, requiérese que se trate de una huelga
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imposible de prever o de resistir, como ocurriría, por ejemplo, con las huelgas de carácter subversivo o revolucionario, o las que asuman cierto carácter de gravedad. Pero no comparto la idea de que, con referencia a si la huelga es o no determinante de "fuerza mayor", deba distinguirse entre obligaciones de dar (entregar cosas) y obligaciones de hacer: respecto a las primeras las huelgas no constituirían fuerza mayor, pero sí podrían constituirla respecto a las segundas. Estimo que cualquiera sea el tipo de obligación a cumplir, deben aplicarse en el caso concreto los principios generales, pues aun con relación a las obligaciones de "dar" o "entregar" cosas las huelgas pueden constituir un supuesto de fuerza mayor (561) . g) "Lock-out" (paro patronal). ¿Puede determinar la configuración de un caso de "fuerza mayor"? Para que el lock-out pueda ser invocado eficazmente como supuesto de "fuerza mayor" se requiere la concurrencia de datos precisos y graves que pongan de relieve lo extraordinario y objetivo de la situación: pretensiones excesivas de los obreros, conductas reprensibles de éstos, etc. (562) . 724. La "fuerza mayor" produce dos tipos de efectos: definitivos y provisionales, que algunos tratadistas llaman resolutorios y dilatorios, respectivamente. El efecto "definitivo" se concreta en la "rescisión" del contrato. Tiene lugar cuando la imposibilidad de cumplirlo es insuperable para el contratante que invoca esa circunstancia (563) . El efecto "provisional" o "transitorio" consiste en la "paralización" o "suspensión" de la ejecución o cumplimiento del contrato. Tiene lugar cuando el obstáculo constitutivo de la fuerza mayor es transitorio: desaparecido dicho obstáculo, renace la obligación de ejecutar o cumplir el contrato (564) . El "retardo" en que se habría incurrido no sería imputable. Cualquiera sea el efecto de la fuerza mayor, sus "consecuencias" consisten en liberar de responsabilidad al respectivo obligado o deudor. Trátase de un supuesto donde el incumplimiento no apareja responsabilidad. La exención de ésta, según que los efectos sean definitivos o sólo provisionales, tanto se refiere a la "inejecución definitiva" -total o parcial (565) - del contrato, como al mero "retardo" en el cumplimiento de las respectivas obligaciones (566) . En derecho administrativo rigen los principios expuesto que, si bien hállanse contemplados en la legislación civil, pertenecen a la teoría general del derecho. Aparte de ello, en nuestro país normas "administrativas" contemplan expresamente esos supuestos, corroborando lo dicho acerca de que las respectivas soluciones contenidas en la legislación civil constituyen principios pertenecientes a la teoría general del derecho (véase más adelante nº 728). 725. Aunque la "fuerza mayor" generalmente es invocada por el cocontratante de la Administración Pública, nada absolutamente obsta a que sea invocada por esta última como descargo por el incumplimiento de sus obligaciones o de alguna de ellas (567) . 726. 2º Hecho de la Administración Pública
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El "hecho de la Administración" es susceptible de excusar la inejecución del contrato por el cocontratante -o la ejecución fuera de término-, en condiciones análogas a la de la "fuerza mayor" (ver más adelante nº 727). Por "hecho de la Administración" entiéndese todo comportamiento o toda conducta de ésta que den por resultado la imposibilidad, para el cocontratante, de cumplir el contrato. Ejemplo típico de esto son los "retardos" en los pagos en que incurra la Administración Pública, en tanto tales retardos reúnan ciertas características (ver nº 729 y siguientes). Los "retardos" en los pagos por parte de la Administración Pública pueden, entonces, justificar la inejecución de las obligaciones del cocontratante (568) . Va de suyo que la excusa que en tal caso alegare el cocontratante para justificar el incumplimiento de la obligación puede comprender tanto el supuesto de inejecución definitiva -total o parcial- del contrato, como el caso de mera paralización -"retardo"- de dicho cumplimiento por imposibilidad de cumplir dentro de los términos o plazos convenidos. 727. En ciertos supuestos, el "hecho de la Administración" se asimile a la "fuerza mayor", lo cual tiene importancia por las consecuencias que se pueden derivar de esas situaciones. Es lo que ocurre cuando el "hecho de la Administración" le "impida" al cocontratante la ejecución del contrato, o el cumplimiento del mismo dentro del término convenido. En tal caso el "hecho de la Administración" se asimila jurídicamente a la "fuerza mayor" (569) , con la advertencia de que la imposibilidad de cumplir proviene directamente de la actitud de la Administración Pública y no de hechos extraños o ajenos a ella. En el orden de ideas mencionado, la "fuerza mayor" y el "hecho de la Administración" están colocados en el mismo plano. 728. En el parágrafo precedente quedó dicho cuándo la fuerza mayor y el hecho de la Administración se asimilan jurídicamente, y en el nº 724 quedó aclarado qué efectos produce la "fuerza mayor". Corresponde establecer ahora qué efectos pueden derivar de ambas situaciones: de la fuerza mayor y del hecho de la Administración. Si nuestro derecho positivo (en la especie, ley de obras públicas 13064, artículo 53 , incisod]) dispone que la fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato autoriza que el cocontratante pida su "rescisión", por lógica consecuencia éste también podrá pedir o promover la mera "suspensión" ("paralización") del cumplimiento o ejecución del contrato: quien puede lo más, puede lo menos (570) . Esta "suspensión" es, precisamente, el efecto esencial o principal de la exceptio non adimpleti contractus, que entonces, en materia de contratos administrativos, quedaría virtualmente aceptada por nuestro orden jurídico (571) . Por tanto, la "fuerza mayor" y el "hecho de la Administración", en cuanto éste sea asimilable a aquélla, producen o pueden producir dos efectos distintos (572) :
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a) Autorizar al cocontratante a pedir la "rescisión" del contrato. Trataríase de un efecto definitivo. b) Autorizar al cocontratante a "suspender" o "paralizar" la ejecución o cumplimiento del contrato. Trataríase de un efecto transitorio o provisional. Aparte de los efectos que el Código Civil le atribuye a la "fuerza mayor" -de los cuales me ha ocupado en el nº 724-, normas específicas de nuestro derecho relacionadas con contratos administrativos, propiamente dichos, preceptúan concretamente al respecto. Así, el Reglamento de las Contrataciones del Estado dispone que las penalidades establecidas en el mismo no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, cuya existencia debe ser puesta en conocimiento de la Administración dentro del lapso ahí indicado (573) ; la ley nacional de obras públicas 13064, en su artículo 53 , inciso d], autoriza al cocontratante a solicitar la "rescisión" del contrato por caso fortuito o de fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato. Pero en este último supuesto, como quedó dicho al comienzo de este parágrafo, el cocontratante puede limitarse a obtener la mera "suspensión" o "paralización" del cumplimiento o ejecución del contrato. 729. Algunos tratadistas -Jèze entre ellos-, al referirse al "hecho de la Administración" como eximente de responsabilidad del cocontratante por retardo o incumplimiento, requieren que ese hecho de la Administración impida "absolutamente" el puntual cumplimiento por parte del cocontratante (574) . En modo alguno me es posible compartir una afirmación tan terminante (575) . Supóngase que el "hecho de la Administración" consista en el atraso del pago al cocontratante, por parte de ella, de una considerable suma de dinero durante un extenso período (se han dado casos donde ese atraso fue de casi un año), lo que da, o puede dar, como resultado que el cocontratante haya invertido en los trabajos o prestaciones a favor de la Administración Pública todo o gran parte de su capital disponible y previsto al tiempo de contratar, del que ahora se ve impedido de reintegrarse dado el atraso en los pagos por parte de la Administración. Esto puede colocar al cocontratante en la imposibilidad de cumplir en término con las obligaciones asumidas. Pero aún en semejante grave supuesto difícilmente podrá afirmarse que exista una "imposibilidad absoluta", por parte del cocontratante, para cumplir su contrato dentro de los lapsos fijados. Desde el punto de vista "material" nada hay enteramente imposible de ser cumplido, aun cuando ello sea a costa de enormes sacrificios, que generalmente "excederán" a los deberes de todo diligente cocontratante de la Administración. Por esto, entonces, no es lícito exigirle al cocontratante esfuerzos de tal índole, ya que semejantes esfuerzos no integran las obligaciones contractuales del cocontratante. Así, aunque el atraso en los pagos en que haya incurrido la Administración sea considerable en cuanto al monto de lo adeudado y en cuanto al tiempo transcurrido desde que el pago debió ser hecho, siempre existiría la "posibilidad material" de que el cocontratante obtenga un préstamo que le permita continuar financiando las obligaciones que le crea el contrato y
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cumplir éste dentro de los plazos estipulados. Pero exigirle esto al cocontratante sería deshonesto, vacuo de ética y de fundamento legal, pues la mala situación financiera a que lo había conducido el hecho de la Administración no le es imputable, ya que en los cálculos lógicos que se habrá formulado al contratar no tenía porqué considerar semejante conducta culposa de la Administración, quien, con tal comportamiento, ha trastornado la situación del sistema económico del cocontratante, sistema o situación en base a la cual dicho cocontratante tenía sobrados fundamentos para considerar que cumpliría sus obligaciones contractuales dentro de los plazos estipulados. La expresada negligencia de la Administración habría alterado los razonables planes del cocontratante, creándole una situación financiera que le impide cumplir sus obligaciones dentro de los plazos convenidos. De esto no pude responsabilizarse al cocontratante; de lo contrario se le estaría haciendo soportar a él las consecuencias de la culpa o negligencia de la Administración Pública, desvirtuando así el elemental principio de derecho según el cual cada uno, y no los terceros dañados, debe soportar las consecuencias de su propia culpa o negligencia (principio contenido en el artículo 1109 del Código Civil). Más aún: el Estado, órgano creador del derecho y encargado de asegurar su imperio, no puede basarse en las consecuencias de su propio comportamiento irregular para obtener ventajas de tal situación en contra de su cocontratante inocente y damnificado. Esto en modo alguno sería plausible. No debe exigirse, entonces, que para eximir de responsabilidad al cocontratante, ya sea por retardo de éste en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o por incumplimiento del contrato, el hecho de la Administración "impida absolutamente" que el cocontratante cumpla en término sus obligaciones. En la especie, no corresponde exigir una "imposibilidad absoluta", pues ésta materialmente nunca existe; sólo cuadra exigir una "razonable imposibilidad", requisito que queda cumplido cuando la Administración deja de pagarle a su cocontratante una suma apreciable durante un lapso que exceda toda prudencia (576) , y cuyo atraso, de acuerdo a la índole del contrato y a la capacidad económica del cocontratante, haya podido implicar un trastorno en las finanzas de este último. En situaciones como las mencionadas, la Administración Pública -causante de lo ocurridodebe soportar las consecuencias de su propia negligencia o culpa, debiendo entonces aceptarse que el cocontratante sea liberado de responsabilidad cuando, a raíz de situaciones semejantes, no haya podido cumplir en término sus obligaciones. Lo contrario iría contra la razón misma del Derecho, cuya vigencia exige fórmulas que, para llevar armonía a las relaciones de los interesados, se hallen influidas por principios de "equidad", o sea por el complejo de ideas morales, sociales y económicas que en un pueblo dado y en una época determinada se consideren como las mejores para regular las relaciones humanas (véase el tomo 1º, nº 78). Nuestro tipo de cultura repele la idea de que el causante de una situación anormal prescinda de esa situación y le exija a su cocontratante el cumplimiento riguroso de las obligaciones a su cargo, a pesar de que aquella anormalidad le haya creado una muy "razonable imposibilidad" de cumplir lo convenido dentro de los términos previstos. Lo que verdaderamente le da fuerza al derecho objetivo es la base moral y la razonabilidad de sus preceptos.
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730. En derecho privado, en los contratos bilaterales, una de las partes no puede exigir el cumplimiento de las obligaciones que pesan sobre la otra, si ella, a su vez, no hubiere cumplido las que el contrato puso a su cargo. Las obligaciones de ambas partes son correlativas, siendo por ello que se consideró "injusto" que una de las partes pretenda que la otra parte cumpla sus obligaciones si ella, a su vez, no hubiere cumplido las que le corresponden. En el derecho romano, para evitar esa injusticia, la parte a quien, en esas condiciones, se demandaba el cumplimiento del contrato podía obtener el rechazo de la demanda por medio de una excepción de dolo, que posteriormente fue conocida con el nombre de exceptio non adimpleti contractus. De manera que esta excepción permite mantener el principio de que cada contratante sólo está obligado a cumplir su obligación cuando también el otro contratante cumple la suya (577) . En nuestro derecho privado la excepción de referencia está expresamente consagrada (Código Civil, artículo 1201 ). La exceptio non adimpleti contractus tiene, pues, como razón de ser la necesidad de evitar una "injusticia". Esto es fundamental y jamás deber se olvidado, porque la idea de "justicia" debe presidir toda solución jurídica, ya se trate de una relación perteneciente al derecho privado o al derecho público. Aparte de ello, adviértase que en los contratos administrativos bilaterales, las obligaciones de ambas partes son asimismo "correlativas" o "interdependientes", pues tales contratos también constituyen la "ley de las partes" (véase el nº 711). ¿Tiene aplicación la exceptio non adimpleti contractus en materia de contratos administrativos, stricto sensu? ¿Puede el cocontratante invocar dicha excepción en el supuesto de que la Administración Pública, a pesar de no haber cumplido ella con sus obligaciones -por ejemplo, efectuar en su oportunidad los pagos que le correspondan de acuerdo al contrato-, pretenda que el cocontratante cumpla sus obligaciones e incluso que las cumpla dentro de los plazos respectivos? Mi respuesta a este interrogante quedó anticipada con lo expresado en el nº 729. En lo que a esta cuestión respecta, la doctrina está dividida. La generalidad de los autores olvidó qué se quiso obtener concretamente al excluir de los contratos "administrativos" la excepción de referencia y a cuál de los contratos "administrativos" se refería particularmente esa exclusión. El olvido de todo esto hizo que el rechazo de la exceptio non adimpleti contractus se pretenda extenderlo a todos los contratos administrativos. Mientras unos tratadistas rechazan, lisa y llanamente, la aplicación de la exceptio non adimpleti contractus en materia de contratos administrativos, cualquiera sea el incumplimiento en que haya incurrido la Administración Pública (578) , aceptando sólo que en tales supuestos al cocontratante le corresponda el derecho de pedir judicialmente la condena al pago de daños y perjuicios -y, en caso de falta muy grave, la rescisión del contrato-, otros expositores, concretándose a los servicios públicos, sostienen que la exceptio non adimpleti contractus no es aplicable porque afectaría la "continuidad" de tales servicios (579) . Pero la generalidad de la doctrina hállase conteste en que el incumplimiento de sus obligaciones por parte de la Administración Pública -vgr.,
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obligación de efectuar los respectivos pagos en los plazos convenidos- autoriza, en ciertos supuestos, al cocontratante a invocar la exceptio non adimpleti contractus (580) . Como fundamento de la imposibilidad de que el cocontratante haga uso de la exceptio non adimpleti contractus, se han invocado dos argumentos: a) Que el servicio público no debe ser interrumpido (Péquignot, Lentini, Cretella Júnior). Laubadère considera que el "principio de la continuidad del servicio público impide normalmente aplicarla a favor del cocontratante"; como excepción admite su procedencia a favor de este último cuando el "hecho de la Administración" (retardo en los pagos, por ejemplo) torne imposible que el cocontratante cumpla sus obligaciones ("Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 133 y 194). b) Que el cocontratante tomó a su cargo satisfacer una necesidad pública y debe hacerlo de cualquier manera y a costa de cualquier sacrificio, sea cual fuere el cumplimiento o incumplimiento de la Administración Pública respecto a sus obligaciones de orden económico (Berçaitz). No comparto esos argumentos, sin perjuicio de lo que digo más adelante acerca de la concesión de servicios públicos (nº 1173). Respecto al obstáculo que, para la procedencia de la exceptio non adimpleti contractus, se hallaría en la noción de servicio público, cuadra advertir: 1º Cuando no se trate precisamente de un servicio público, dicha prohibición pierde su rigidez conceptual y su razón de ser, tanto más cuanto el contrato administrativo no sólo tiene o puede tener como objeto el servicio público, sino fundamentalmente las "funciones" esenciales o específicas del Estado, los "fines" públicos propios de éste (conceptos más amplios que el de "servicio público"). 2º Aun tratándose de un servicio público "concedido", la exceptio non adimpleti contractus será procedente a favor del cocontratante cuando el hecho de la Administración se traduzca en una "razonable imposibilidad" para que aquél cumpla sus obligaciones, pues este supuesto se asimila jurídicamente a la "fuerza mayor", que releva de responsabilidad al cocontratante que no pudo cumplir sus obligaciones por esa fuerza mayor (581) . La "fuerza mayor" también exime de responsabilidad al concesionario de servicio público en el supuesto de incumplimiento de sus obligaciones (582) . 3º El incumplimiento de la Administración Pública, consistente, por ejemplo, en su falta de pago al cocontratante, que es la principal y más frecuente causa de incumplimiento que da lugar a la invocación de la exceptio non adimpleti contractus, no ocurre -o difícilmente se produce- en la concesión de servicio público, pues en ésta el pago principal no lo hace precisamente la Administración Pública, sino un tercero: el público, el usuario (a la Administración podrá corresponderle efectuar el pago de alguna "subvención", por ejemplo). De manera que la imposibilidad de hacer valer la exceptio non adimpleti contractus por chocar ésta con los principios atinentes al servicio público resulta infundada. La prohibición de que el cocontratante haga uso de la exceptio non adimpleti contractus, basada tal prohibición en que aquél tomó a su cargo satisfacer una necesidad pública y que debe hacerlo de cualquier manera y a costa de cualquier sacrificio, sea cual fuere el
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cumplimiento o incumplimiento de la Administración Pública, considero que se halla fuera del orden jurídico (583) . En el nº 729 me ocupé con detenimiento de las razones que, ante un prolongado atraso en los pagos por parte del Estado, de sumas que pueden resultar considerables en relación a la índole del contrato, justificaban que el cocontratante hiciere mérito de la exceptio non adimpleti contractus; me remito a lo dicho en ese lugar. Cuando el incumplimiento en que incurra el Estado fuere de tal magnitud que práctica y razonablemente imposibilite a su cocontratante el cumplimiento de sus obligaciones, el incumplimiento del contrato por parte del cocontratante debe considerarse como un "derecho" de éste: ese "hecho de la Administración" se asimila en este caso a la "fuerza mayor", y ésta le sirve al cocontratante de título idóneo para ser relevado de la obligación de cumplir lo convenido. En estos supuestos la obligación del cocontratante de cumplir el contrato aunque la Administración Pública no lo cumpla, jurídicamente cesa. La exigencia de que, en homenaje a la satisfacción de necesidades o intereses públicos, el cocontratante, en todos los casos de incumplimiento de sus obligaciones por parte de la Administración Pública, deba igualmente cumplir y ejecutar el contrato, puede colocar al cocontratante en una situación de gravedad tal que implicaría una virtual violación a principios esenciales de derecho, pues ello se traduciría en el sacrificio de los intereses de una persona determinada -el cocontratante- en beneficio de todos, lo cual no es admisible, porque en homenaje a la satisfacción del interés público no puede pretenderse el sacrificio de una sola persona, ni aceptarse, entonces, la ruina económica del cocontratante, situación en la que éste podría verse colocado ante una prolongada falta de pago por parte de la Administración Pública, de sumas considerables en relación a la índole del contrato y al capital del cocontratante. Este último -en el supuesto de una larga morosidad administrativa- no puede ser constreñido a cumplir igualmente el contrato, por cuanto ello implicaría obligarlo a que actúe como financiador de las obras estatales, lo cual no se habría convenido expresa ni implícitamente en parte alguna del contrato; obligarlo a ello significaría poner a su cargo o exigirle el cumplimiento de obligaciones que él no asumió, exigencia que entonces carecería de todo fundamento jurídico y de toda base ética. Los deberes de un cocontratante diligente no incluyen el asumir las consecuencias del prolongado incumplimiento de los pagos por parte de la Administración Pública: la absorción de esas consecuencias exceden los deberes de todo diligente cocontratante de la Administración Pública, resultando ilícito entonces exigirle al cocontratante esfuerzos de tal índole. La mala situación financiera a que lo habría llevado el expresado "hecho de la Administración" no le es imputable, ya que en los cálculos lógicos que se habrá formulado al contratar no tenía por qué considerar o incluir semejante conducta culposa de la Administración. Como lo expresé en otro parágrafo (nº 729), el Estado, órgano creador del derecho y encargado de asegurar su imperio, no puede basarse en las consecuencias de su propio comportamiento irregular para obtener ventajas de tal situación en contra de su cocontratante inocente y damnificado. El carácter "culposo" del expresado "hecho de la Administración" es obvio, y tanto más objetable cuando se trate de contrataciones -vgr., construcción de obras públicas- donde, de acuerdo no sólo al orden jurídico vigente, sino también de acuerdo a las previsiones que
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debe adoptar toda persona sensata que contrae un compromiso, no se debe contratar obra alguna sin contar con la respectiva asignación presupuestaria (ley 13064, artículos 4º y 7º ; decreto-ley de contabilidad 23354/56, artículo 10). Quien toma contractualmente a su cargo la obligación, debe haber adoptado las medidas necesarias para cumplirla; así, quien tome a su cargo la obligación de pagar sumas de dinero en fechas o épocas determinadas, debe adoptar con anticipación las medidas que le permitan entregar en tiempo oportuno esas sumas de dinero. Si al llegar las fechas de vencimiento no cumple su compromiso por no disponer de los fondos necesarios, la actitud de tal deudor es evidentemente culposa. Pero ello no sólo ocurriría respecto al contrato de construcción de obra pública, sino también respecto a cualquier otro contrato, pues "todo" contratante tiene el deber de contar con las posibilidades de cumplir las obligaciones que asuma: de lo contrario incurre en negligencia. Adviértase bien que el "hecho de la Administración" que determina la imposibilidad de que el cocontratante cumpla o ejecute el contrato, responde exclusivamente a un acto culposo de la Administración Pública, a la que, por tanto, le son plenamente "imputables" las consecuencias derivadas de ese acto. El cocontratante es en todo ajeno a ese hecho culposo de la Administración, pues en nada contribuyó a crear el "riesgo" pertinente que ahora le coloca en la imposibilidad de cumplir o ejecutar el contrato, lo cual justifica la procedencia de la exención de responsabilidad del cocontratante que, por las razones dadas, se ve impedido de cumplir dentro del término respectivo o de ejecutar el contrato (584) . La exceptio non adimpleti contractus podrá, pues, alegarse por el cocontratante de la Administración Pública cuando el comportamiento o actitud de ésta le cree una "situación de hecho" que prácticamente le impida cumplir el contrato. Así podría ocurrir, por ejemplo, ante la falta de pago en tiempo oportuno por parte del Estado. Para resolver si en el caso concreto existe o no esa "situación de hecho", debe establecerse una simultánea correlación entre el monto de lo adeudado, la naturaleza y el valor de la obra o prestación, el capital del cocontratante y, muy especialmente, el lapso transcurrido desde que el Estado debió cumplir su obligación de pagar. Si el monto de lo adeudado es considerable en relación a la naturaleza y valor de la obra o prestación y al capital del cocontratante, y hubiere transcurrido un lapso que exceda lo prudente, ello configuraría la "situación de hecho" que le impide al cocontratante el cumplimiento del contrato y que, por tanto, le habilita a invocar la exceptio non adimpleti contractus. De manera que cuando la Administración Pública incurra en incumplimiento de sus obligaciones -vgr., atraso en los pagos con las características ya señaladas-, se justifica que el cocontratante haga valer la exceptio non adimpleti contractus. Tal como lo advertí al comienzo de esta parágrafo, la posibilidad de que el cocontratante haga valer la exceptio non adimpleti contractus tiende a evitar una injusticia, lo que debe ser tenido bien presente, por cuanto la idea de "justicia" debe presidir toda solución jurídica. 731. No cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte de la Administración Pública dará lugar a que el cocontratante pueda invocar la "excepción" de referencia. Si el cocontratante puede hacer mérito de dicha defensa cuando el "hecho de la Administración" le haya creado una "razonable imposibilidad" de cumplir con las
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obligaciones emergentes del contrato, no podrá, en cambio, alegarla o invocarla cuando se trate de una "simple dificultad" (585) , o de una "mera desinteligencia" entre él y la Administración, cuyos resultados no tengan como razonable consecuencia impedirle el cumplimiento de sus propios deberes u obligaciones. Además, va de suyo que la procedencia de la exceptio non adimpleti contractus requiere que el incumplimiento de las obligaciones por parte de la Administración le sea jurídicamente "imputable" a esta última; en caso contrario tal defensa no sería admisible. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el incumplimiento obedezca a "fuerza mayor", o cuando sea consecuencia del hecho del propio cocontratante, etc. 732. ¿Cuál es el lapso que ha de considerarse que excede lo "prudente" en la actitud morosa de la Administración Pública, para dar lugar al ejercicio de la exceptio non adimpleti contractus? La ya mencionada "situación de hecho" que le impide al cocontratante el cumplimiento del contrato no quedaría configurada ante el mero atraso "tolerable", que entra dentro del giro normal de las transacciones, pero sí daría lugar a esa "situación de derecho" el atraso "grosero", de elevado monto y de largo tiempo, que aparece así fuera del curso normal de los negocios entre personas respetuosas del derecho ajeno y de la responsabilidad empeñada a través de un contrato. Concretamente, puede afirmarse que la morosidad de la Administración Pública excederá toda noción de prudencia cuando la demora o atraso en el pago supere los lapsos o plazos requeridos al efecto por el trámite burocrático normal (586) , y con mayor razón si dichos lapsos fueren excedidos con amplitud. Esto configuraría un comportamiento ajurídico del Estado. Debe aceptarse que un atraso semejante en el pago por parte de la Administración Pública le crea al cocontratante una "razonable imposibilidad" de cumplir el contrato. 733. En parágrafos precedentes puse de manifiesto que, desde el punto de vista de los "principios", nada hay que obste a la vigencia de la exceptio non adimpleti contractus en los contratos administrativos, propiamente dichos. Todo está en que, en el caso concreto, concurran los requisitos necesarios para tal procedencia, y que, con relación a un determinado contrato, no concurran circunstancias específicas que obsten a la procedencia de dicha excepción. No obstante, con referencia particular al contrato de construcción de obra pública, interpretando literalmente el artículo 48 de la ley nacional 13064, se ha considerado que en dicho contrato no procede la exceptio non adimpleti contractus. Tal interpretación, como así el alcance atribuido al citado artículo 48 , son equivocados. Dicho precepto no tiene el significado que se le atribuye. Según ese texto, "si los pagos al contratistas se retardasen por más de treinta días a partir de la fecha en que, según el contrato, deban hacerse, éste tendrá derecho únicamente a reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina, para los descuentos sobre certificados de obra" (587) .
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Basándose en el vocablo "únicamente" incluido en ese precepto legal, se ha creído que en el supuesto de atraso en los pagos por más de treinta días, por parte de la Administración, lo "único" que pude obtener el cocontratante como satisfacción a su derecho es el pago de los intereses que menciona ese artículo 48 de la ley 13064. De ahí se pretende que, en tales supuestos, el cocontratante no puede hacer mérito de la exceptio non adimpleti contractus. Disiento con semejante criterio. El referido artículo 48 sólo establece lo que el "cocontratante" podrá reclamarle a la Administración en el caso ahí previsto, pero no dice -y no podía haberlo dicho sin agraviar principios jurídicos esenciales- que el cocontratante deba cumplir sus obligaciones aunque la Administración Pública, de una manera considerable en "monto" y "tiempo" -configurando así la "razonable imposibilidad"-, dejase de cumplir el fundamental deber suyo, o sea el de pagar el precio de la obra dentro de los plazos convenidos. En dos palabras: el citado artículo 48 en parte alguna dice que el cocontratante no pueda negarse a cumplir una obligación de la que él, por las circunstancias del caso concreto, esté exento. No se trata, aquí, de que el cocontratante le exija algo a la Administración, sino de que aquél se niegue a una exigencia indebida de la Administración Pública. El vocablo "únicamente" utilizado en el artículo 48 de la ley 13064 no excluye, pues, el ejercicio de un derecho de "defensa" por parte del cocontratante (588) , siendo por esto que el citado texto de la ley de obras públicas no impide la posible invocación de la exceptio non adimpleti contractus en los contratos administrativos, propiamente dichos. Sigue rigiendo, entonces, el principio general de derecho en cuyo mérito la "exceptio non adimpleti contractus" procede en dichos acuerdos contractuales. Aparte de ello, es de advertir que el mencionado artículo 48 , al referirse al "pago de intereses" como única sanción, sólo contempla un atraso "tolerable", que entra dentro del giro normal de las transacciones; pero no contempla ni auspicia un atraso "grosero", de elevado monto y de larga duración, que está fuera del curso normal de los negocios entre personas respetuosas del derecho ajeno y de la responsabilidad comprometida a través de un contrato. El atraso de la Administración en el pago al cocontratante, en forma tal que ese atraso le cree a ésta una "razonable imposiblidad" de cumplir el contrato, exime al cocontratante de tal cumplimiento, porque de lo contrario ese esfuerzo que se le exigiría hallaríase fuera de sus obligaciones contractuales; exigírselo carecería entonces de fundamento jurídico. Semejante pesado esfuerzo no integra las consecuencias que puedan considerarse virtualmente comprendidas en el contrato administrativo. No se invoque en contra el "interés público", pues éste no es título hábil para espoliar a alguien, ni para poner a cargo de una persona obligaciones carentes de base positiva. El incumplimiento a que en tal supuesto recurriera el cocontratante, no le aparejaría a éste responsabilidad alguna: trataríase de un incumplimiento sin responsabilidad. Finalmente, ya en el nº 728 puse de manifiesto por qué otra razón la exceptio non adimpleti contractus, a través precisamente de la ley de obras públicas 13064, aparece virtualmente aceptada por nuestro orden jurídico en materia de contratos administrativos, tanto más
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cuanto dicha ley, artículo 39 , inciso a), considera supuestos de "fuerza mayor" los que tengan causa directa en actos de la Administración Pública, no previstos en los pliegos de licitación. El incumplimiento o tardanza en el cumplimiento de sus obligaciones por parte del cocontratante, cuando ello obedezca a la falta de pago en que haya incurrido la Administración, podría mencionarse como ejemplo típico de uno de esos casos de fuerza mayor. 734. Los textos integrantes del contrato suelen establecer los plazos dentro de los cuales el cocontratante puede invocar la "fuerza mayor" o el "hecho de la Administración" para justificar el incumplimiento de un contrato, o el retardo en dicho cumplimiento. Esto tiene por objeto permitirle al Estado la comprobación de las circunstancias alegadas. Si dichos plazos estuvieren establecidos, el cocontratante deberá atenerse a ellos (589) , pues esa estipulación, como todas las estipulaciones válidas que contenga un contrato, debe ser cumplida. Si los documentos constitutivos del contrato no prevén plazo alguno al respecto, la fuerza mayor y el hecho de la Administración podrán ser alegados en cualquier momento dentro del lapso en que, según el derecho vigente, se mantenga expedita la respectiva acción (590) ; esto es así porque toda restricción al ejercicio de un derecho debe surgir de un texto expreso, legal o contractual. El lapso a que aludo precedentemente es el requerido para que se opere la prescripción de la acción. De acuerdo al Reglamento de las Contrataciones del Estado, la existencia del caso fortuito o de la fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos del cocontratante deberá ser comunicada a la Administración Pública dentro de los diez días de producida; si el vencimiento fijado para satisfacer la obligación no excediere de diez días, la comunicación referida deberá efectuarse antes de los dos días de ese vencimiento. Transcurridos dichos términos quedará extinguido todo derecho (591) . La ley de obras públicas de la Nación no se ocupa de los plazos en que el cocontratante debe comunicar la existencia de fuerza mayor como causa justificativa de inejecución o de retardo en el cumplimiento del contrato. Sólo se ocupa del derecho a indemnización en favor del cocontratante y a cargo de la Administración Pública por averías, pérdidas o perjuicios provenientes, entre otras causas, de "fuerza mayor"; para tal supuesto, la reclamación del caso debe ser efectuada dentro de los plazos que determinen los pliegos especiales de cada obra (592) . 735. C. La Administración Pública tiene el derecho de exigirle al cocontratante la "continuación", en toda circunstancia, de la ejecución del contrato (593) . Trátase de una consecuencia lógica de que el contrato "administrativo" sigue siendo la ley de las "partes", y de la finalidad propia de esa especie de contratos. Pero ese derecho tiene excepciones. Por principio, la Administración puede exigirle a su cocontratante la continuación de la ejecución del contrato. Si el cocontratante no cumpliese con este deber, la Administración Pública tiene el medio jurídico para obligarle a ello: puede recurrir a la ejecución por cuenta del cocontratante (594) . Es ésta una "prerrogativa" de la Administración Pública (ver nº 714, texto y nota 471).
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El principio de referencia tiene excepciones: el cocontratante queda liberado del cumplimiento del contrato -total o parcial- o del retardo en dicho cumplimiento, cuando ello obedezca a "fuerza mayor" o al "hecho de la Administración". Véase lo dicho en el nº 718 y siguientes (595) . Va de suyo que si los efectos de la "fuerza mayor" o del "hecho de la Administración" fuesen temporales o transitorios, la obligación de continuar la ejecución del contrato renace para el cocontratante tan pronto dichos efectos cesaren (véase lo expuesto en el nº 724, texto y nota 518, y nº 727). Por lo demás, recuérdese que, en materia de contratos administrativos, la "fuerza mayor" tiene una doble modalidad: no siempre requiere que el hecho o acontecimiento sea inexcusablemente "irresistible" o "insuperable" por el cocontratante; puede haber "fuerza mayor" cuando un acontecimiento exterior e insuperable trastorne o altere de manera "definitiva" el equilibrio del contrato administrativo, pero sin que sea necesario que dicho acontecimiento torne "absolutamente imposible la ejecución" del contrato. Lo "insuperable" queda entonces reemplazado por lo "definitivo" (véase el nº 722). 736. D. Del carácter "administrativo" de un contrato deriva una consecuencia fundamental: la Administración Pública, frente al cocontratante, tiene poderes de control y de dirección del contrato. Trátase de prerrogativas que constituyen cláusulas exorbitantes "virtuales" (596) que, por tanto, existen por "principio", sin necesidad de que un texto expreso las consagre. Como fundamento de esa prerrogativa de la Administración Pública, se aduce que ésta no puede desentenderse completamente de la manera cómo los particulares o administrados que colaboran con ella para realizar una función específica de la misma, cumplen tal misión. Como la Administración tiene el deber de asegurar la buena marcha de los asuntos públicos, le corresponde, entonces, el poder de vigilar a los particulares que en ese orden de actividades actúan contractualmente como colaboradores suyos (597) . La manifestación de ese poder de "control" y de "dirección" varía según la índole del contrato que se considere. Esto es importante advertirlo. Así, en algunos contratos, como la concesión de servicio público, ese poder es particularmente intenso; aparece menos riguroso, pero constante, en contratos como el de construcción de obra pública, donde dicha prerrogativa suele traducirse en "órdenes de servicio"; finalmente, en otro tipo de contratos, como el de suministro, dada la índole de éstos, el poder de control y de dirección aparece muy atenuado (598) . Por cierto, la manifestación mayor o menor del poder de referencia resulta influida por la duración del contrato: en los de larga duración el control y dirección aparecen agudizados; en cambio, en los contratos de cumplimiento instantáneo, o de breve término, aparece muy tenuamente expresado (599) . Aunque el poder de control y de dirección le compete a la Administración Pública sin necesidad de que cláusula alguna del contrato se lo atribuya expresamente, pues se trata de una prerrogativa ínsita a todo contrato administrativo, las normas reguladoras de tales contratos suelen disciplinar el ejercicio de esas potestades de "control" y de "dirección" (600) .
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737. E. Otra prerrogativa propia de la Administración Pública es la de "modificar" el contrato administrativo. Trátase de una prerrogativa también ínsita a todo este tipo de contratos: en tal orden de ideas, constituye una cláusula exorbitante del derecho común "virtual". Por ello su existencia no requiere texto expreso que la consagre; existe por sí como "principio" (601) . Algunos autores, al referirse a la posibilidad de que la Administración Pública "modifique" los contratos administrativos, sostienen que ello es consecuencia de la "mutabilidad" de los mismos. Ciertamente, la posibilidad de modificar estos contratos incide sobre el principio de "inmutabilidad"; pero la posibilidad de "modificar" el contrato administrativo no es consecuencia de la "mutabilidad" de los mismos, sino que la mutabilidad es consecuencia del carácter administrativo del contrato, carácter del que deriva una serie de cláusulas exorbitantes del derecho común "virtuales" o "implícitas", que son las que convierten en "mutable" a dichas relaciones contractuales. Si bien el principio de la "inmutabilidad" tiene imperio en derecho privado, no ocurre lo mismo en derecho público, donde la necesidad de adaptar el contrato a las conveniencias generales produce un quebrantamiento del principio de "inmutabilidad", permitiendo esa "modificación" (602) . En derecho privado no se concibe que una sola de la partes introduzca modificaciones en el contrato; en derecho administrativo, por la razón expresada, sí se concibe que la Administración Pública modifique el contrato. Todo esto pone de manifiesto la desigualdad de las partes en esta esfera contractual (603) . Precedentemente quedó dicho que, en este orden de relaciones, las cláusulas exorbitantes "implícitas" -entre éstas la que autoriza "modificar" el contrato- implicaban una serie de "prerrogativas" de la Administración Pública sobre su cocontratante (604) . De modo que el fundamento del poder de la Administración Pública para modificar los contratos administrativos no es otro que el de atender o satisfacer en la mejor forma las pertinentes necesidades públicas (605) . Se dijo con acierto que la Administración no puede quedar indefinidamente ligada por contratos que se han convertido en inútiles, o por estipulaciones contractuales que actualmente resultan inadecuadas para satisfacer las necesidades originariamente tenidas en cuenta (606) . Del mismo modo, la Administración Pública -en general- debe poder alterar los contratos administrativos cuando, aun sin tratarse de contratos convertidos en inútiles o de estipulaciones que hoy resulten inadecuadas para satisfacer las respectivas necesidades, convenga modificarlos o alterarlos para que, desde un principio, se adapten más convenientemente a la satisfacción del interés público; así, por ejemplo, en un contrato de construcción de obra pública el cocontratante está obligado a aceptar ciertas modificaciones al proyecto originario. La posibilidad de que la Administración Pública modifique o altere los contratos administrativos rige para "todos" esos contratos, cualquiera sea su especie, y no sólo para la concesión de servicio público (607) . Lo que ocurre es que, de acuerdo a la "índole" del contrato, las modificaciones o alteraciones resultan más intensas o frecuentes en unos contratos que en otros (608) , lo cual es fácilmente comprensible, por cuanto las "modificaciones" dependerán del objeto del contrato, y éste varía de un contrato a otro.
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La posibilidad de "modificar" el contrato puede haber sido prevista por las partes. Si bien la prerrogativa de la Administración Pública para modificar los contratos administrativos es ínsita a éstos, al extremo de que la existencia de tal prerrogativa no depende ni necesita texto expreso que la establezca, en los casos en que el contrato prevé expresamente la facultad de la Administración para modificarlo, ello sólo tiene el alcance de reglar, en ese caso, las condiciones de ejercicio de tal prerrogativa (609) . La atribución para modificar el contrato administrativo no constituye, precisamente, un "derecho" de la Administración Pública, sino una "potestad" o "prerrogativa" de la misma. De ahí surge una consecuencia fundamental: la Administración no puede renunciar, en forma alguna, al ejercicio de dicha prerrogativa (610) , pues las "potestades", contrariamente a lo que ocurre con los "derechos", no son renunciables (611) . La "modificación" que la Administración Pública le imponga a un contrato administrativo, tanto puede consistir en un aumento como en una disminución de la respectiva prestación (612) . Diversas disposiciones legales así lo corroboran (613) . Dichas modificaciones pueden incidir sobre diversos aspectos del contrato: a) sobre la "duración" del mismo (por ejemplo, en una concesión de servicio público, haciendo uso del "rescate"); b) sobre el volumen o cantidad de la prestación (así, ante la expansión de una ciudad, el concesionario de un línea de transporte puede ser obligado a extender dicha línea a un radio mayor del previsto en la concesión); c) sobre las condiciones de ejecución del contrato (vgr., sustituyendo una técnica por otra nueva, como ocurrió con los concesionarios de alumbrado a gas que, después de haberse comenzado a utilizar la electricidad en la industria, fueron constreñidos a adoptarla en reemplazo de aquel primitivo alumbrado a base de gas) (614) . Va de suyo que la potestad de modificar un contrato administrativo no es "ilimitada"; al contrario, tiene sus límites y sus eventuales consecuencias. Si así no fuere quedaría desvirtuada la noción misma de "contrato", que aún en el campo del derecho administrativo sigue siendo la "ley de las partes". La Administración -"Estado"- tiene la indiscutible prerrogativa de modificar esos contratos, y el cocontratante tiene el obvio deber de aceptar esas modificaciones; pero como en lo substancial se trata de la alteración de un "contrato" -del cual han nacido derechos subjetivos para el cocontratante-, el sacrificio de esos derechos, que en la especie tendría lugar por razones de interés público, requiere el inexcusable respeto a principios básicos de nuestro orden jurídico, siendo por eso: 1º que los quebrantos que ello le ocasione al cocontratante, cuando sean viables las modificaciones introducidas (por ejemplo, aumento -dentro de ciertos límites o porcentajes- de las prestaciones convenidas), deben serle resarcidos (615) ; 2º que en ciertos supuestos de modificaciones introducidas o pretendidas por la Administración, el cocontratante tiene derecho a la "rescisión" del contrato, pues -como corolario del artículo 19 de la Constitución Nacional- nadie puede ser obligado a contratar sobre bases totalmente diferentes a las que se tuvieron en vista (616) : quien contrató la construcción de un edificio en madera, no puede ser obligado -en virtud del poder de modificar el contrato- a construirlo en cemento armado; quien se comprometió a suministrar alumbrado a base de gas, no puede ser obligado a prestarlo a base de electricidad, pues ambos sistemas difieren fundamentalmente desde el punto de vista técnico; igualmente, si alguien se comprometió a
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determinada prestación, no puede ser obligado -a título de modificación del contrato- a una prestación que exceda a la convenida en un porcentaje apreciable, que lo torne irrazonable; del mismo modo, si alguien se comprometió a suministrar forraje para la caballada de un regimiento, si éste después fuere "motorizado", no estará obligado a suministrar gasolina o nafta en lugar del forraje; etc. Como bien se dijo, la "modificación" del contrato no puede referirse a su propia "substancia" (617) . En los supuestos mencionados la potestad de la Administración Pública para modificar el respectivo contrato está fuera de toda duda, pero también está el derecho del cocontratante a "rescindir" el contrato y a que se le paguen los perjuicios que -por razones de interés público- ello le ocasione (618) . De manera que la potestad de modificar el contrato encuentra lógicos límites: 1º en la necesidad de mantener el equilibrio financiero en favor del cocontratante; 2º en la ineludible obligación estatal de respetar las garantías constitucionales que pudieren resultar afectadas por la "modificación" introducida o pretendida (en general, los "textos" constitucionales que podrían resultar vulnerados son los artículos 17 y 19 , y, en especial, los "principios" emergentes de estos preceptos). Estimo que, además, debe tenerse presente una tercera limitación a la potestad de modificar los contratos administrativos: que la "finalidad" alegada para introducir la modificación sea cierta, sincera, verdadera, y no encubra una traición al fin legal, determinante de una "desviación de poder", lo que así ocurriría cuando, so pretexto de esa modificación, lo que en realidad se persiguiere es obligar a que, por esa vía entonces ilícita, el cocontratante rescinda el contrato. Es lo que sucedería cuando, persiguiéndose en realidad la expresada extinción del contrato administrativo, la Administración Pública, invocando su potestad de modificar el contrato, exija que el cocontratante realice una prestación de naturaleza substancial o técnicamente distinta a la convenida ab initio, o realice un aumento de la prestación pactada, en proporción tal que dicho aumento resulte al margen de las posibilidades económicas del cocontratante, posibilidades que si bien fueron suficientes para cubrir la prestación originaria, no lo son para hacer frente a la posteriormente exigida. La "desviación de poder" resultaría patente si, por haberse alegado ese modificación del contrato, el cocontratante obtiene judicialmente la "rescisión" del mismo, y la Administración Pública no realiza las nuevas obras o el nuevo contrato cuyas prestaciones determinaron el pedido de rescisión del anterior. La ilicitud de tal comportamiento de la Administración Pública sería evidente, como así su responsabilidad (619) . Refiriéndose a los límites del poder de la Administración Pública para modificar los contratos administrativos, Laubadère sostiene que la actividad administrativa no debe basarse en un poder discrecional, porque un poder semejante implicaría la libertad pura y simple de la Administración de sustraerse a sus compromisos contractuales invocando esas modificaciones (620) . Si bien la "desviación de poder" constituye un vicio genérico de todo acto o contrato administrativo, por sus características propias bien merece mencionarla como límite específico de la potestad de la Administración Pública para modificar los contratos "administrativos". En nuestro país, en el orden nacional, la legislación se ocupa de lo atinente a las modificaciones a introducir en determinados contratos administrativos. Véase la ley 13064,
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sobre obras públicas, artículos 29 , 30 y 53 , inciso a], Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 84 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. 738. F. Otra prerrogativa de la Administración Pública es la de "rescindir" el contrato administrativo. Desde luego, trátase de la rescisión "unilateral", dispuesta por ella, no de la rescisión bilateral dispuesta por acuerdo entre la Administración Pública y el cocontratante. Trátase, en suma, de la rescisión que puede decretar la Administración en ejercicio de sus prerrogativas públicas, pues esa potestad constituye una cláusula exorbitante "virtual" del derecho privado (621) . El poder de la Administración Pública para "rescindir" el contrato administrativo, presenta dos modalidades: a) cuando dicho poder no está expresamente previsto en el contrato; b) cuando dicho poder está previsto en el contrato. En ambos supuestos la rescisión implicará una sanción por "culpa" o "falta" cometidas por el cocontratante (622) . Jamás procederá la rescisión "unilateral" de un contrato, dispuesto por la Administración Pública, sino ante la existencia de "culpa" o "falta" del cocontratante en el cumplimiento de sus obligaciones. Los autores que hablan de "rescisión unilateral" del contrato cuando en la especie no mediare culpa o falta del cocontratante, sino razones de interés general, confunden "rescisión unilateral" con "renovación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia". "Rescisión unilateral" y "renovación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia" son expresiones técnicas específicas que contemplan supuestos particulares y diferentes entre sí; por tanto, no pueden utilizarse en forma indistinta, refiriendo una a las situaciones contempladas por la otra y viceversa; el jurista debe expresarse con propiedad y precisión: de lo contrario provoca incertidumbre. Desde luego, la rescisión unilateral también puede proceder a pedido del cocontratante a raíz de actos o comportamientos de la Administración Pública; por ejemplo: modificaciones al contrato que excedan de cierto porcentaje; prolongada tardanza en los pagos al cocontratante por parte de la Administración; etc. Pero mientras la rescisión unilateral por culpa del cocontratante la dispone directamente la Administración Pública, cuando se trata de la rescisión unilateral por culpa de esta última, dicha rescisión deber ser pedida por el cocontratante a la autoridad jurisdiccional judicial competente. Y si bien, como acertadamente se dijo, la rescisión que disponga la Administración Pública es "ejecutoria", no produce "cosa juzgada", por cuanto puede ser impugnada por el cocontratante ante el Poder Judicial (623) . No obstante la afirmación de algunos autores (624) , el poder de "rescisión" unilateral de la Administración no se vincula a razones de oportunidad", "mérito" o "conveniencia", es decir no se pone en ejercicio para satisfacer el interés público o general. La rescisión unilateral no procede por razones de "oportunidad", "mérito" o "conveniencia" -como estiman los tratadistas citados en la nota 574-, sino única y exclusivamente como sanción por "culpa" o "falta" cometidas por el cocontratante. Cuando el contrato, para satisfacer exigencias de interés público, deba se extinguido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, la vía jurídica para lograr tal extinción no es la "rescisión unilateral", sino la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, con todas las consecuencias
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derivadas de ello, entre las cuales, precisamente, aparte del derecho del cocontratante a ser resarcido, figura la "extinción" del respectivo acto o contrato (625) . Cuando el poder de rescisión no está expresamente establecido en el contrato, la Administración Pública posee igualmente esa prerrogativa, por ser ésta ínsita a todo contrato administrativo, no necesitándose entonces texto expreso que la consagre o establezca. Como lo manifesté al comienzo del este parágrafo, trátase de una cláusula, "virtual" o "implícita", exorbitante del derecho común (626) . Pero ¿cómo hace efectiva esa potestad la Administración Pública? Esto se vincula íntimamente a la declaración de "caducidad" de un contrato, cuyas reglas son también aplicables en materia de "rescisión" unilateral. Así, tal como lo expresé en otras oportunidades (627) , si la causal de caducidad (o de "rescisión" unilateral) está prevista o pactada en el contrato, su declaración le corresponde a la autoridad administrativa contratante. Rige aquí el principio del "paralelismo de las competencias", según el cual el retiro del acto del campo jurídico debe efectuarlo la misma autoridad que intervino en su emanación. Tal es el principio general, que ciertamente puede ceder ante un texto expreso que disponga otra cosa. Si la causal de caducidad (o de "rescisión" unilateral) no hubiere sido prevista o pactada en el contrato -supuesto poco probable, porque si la causal no estuviere establecida en forma expresa, generalmente surgiría entonces en forma "implícita"-, la caducidad debe ser declarada por el órgano jurisdiccional competente, en virtud de demanda judicial o contencioso-administrativa. Tal es asimismo el principio, que desde luego también puede variar ante un texto que disponga lo contrario (628) . ¿Por qué la caducidad (o "rescisión" unilateral) pactada o prevista puede ser declarada por la Administración Pública contratante? Dos razones se han dado en apoyo de tal solución: 1º que en dicho supuesto ninguna discusión puede haber sobre la apreciación o la justificación de ella; 2º que el hecho de haber establecido la causal de caducidad permite reputar que el cocontratante ha renunciado a la discusión judicial sobre esa causal (629) . Pero la causal de caducidad no sólo puede estar expresamente prevista o pactada: puede resultar implícitamente convenida. En tal caso, ocurrido el respectivo acontecimiento, la caducidad puede asimismo ser declarada por la Administración Pública contratante. Se aplican iguales principios que en el caso de caducidad expresamente pactada. Eadem ratio, idem ius. Es lo que ocurriría en los casos de incumplimiento de condiciones esenciales relacionadas con el respectivo contrato (630) . La determinación de si el incumplimiento u omisión afecta o no a una condición esencial del acuerdo contractual, constituye una cuestión de hecho que deberá ser resuelta en cada caso concreto. ¿Cuál es la razón en cuyo mérito la caducidad cuya causal no fue pactada o prevista en forma alguna, debe ser declarada por el Poder Judicial? Como razón de ello se dijo que el hecho respectivo debe probarse (631) . A este argumento debe agregarse el siguiente: que no debe presumirse la renuncia a ser juzgado por los correspondientes órganos jurisdiccionales establecidos por el derecho positivo (632) . Cuando, a pesar de esa potestad de la Administración Pública, inherente a todo contrato administrativo, en éste se establezca que la Administración podrá rescindir el contrato en tales o cuales supuestos, tal estipulación no resulta enteramente superabundante: significa
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que en tales casos la rescisión estará sujeta a lo estipulado en el contrato y se regirá por lo establecido en éste (633) . Va de suyo que cuando en el contrato se hayan establecido los supuestos que autorizan a la Administración Pública a rescindirlo, ello no significa que no pueda rescindírsele por otros supuestos distintos a los expresamente contemplados (634) ; si así no fuere, se estaría en presencia de una renuncia de la Administración a rescindir el contrato, lo cual carecería de validez, por cuanto esta prerrogativa -como todas las que impliquen cláusulas exorbitantes "virtuales" o "implícitas" del derecho privado- son irrenunciables (635) , pues no se trata de "derechos" de la Administración Pública, sino de "potestades" de ésa (636) . La "rescisión" no prevista en el contrato sólo procede por causas "graves" (637) , temperamento aceptable porque tiende a la conservación de los valores jurídicos. La determinación de esa "gravedad" implica una cuestión de hecho, que ha de resolverse en cada caso particular, teniéndose en cuenta la índole del contrato que se considere. Ha de tratarse del incumplimiento de una obligación esencial. Por otra parte, la rescisión, sea por causales previstas en el contrato, o por faltas no previstas en éste, sólo corresponde "previa intimación" al cocontratante (638) : trátase de un procedimiento similar al vigente en materia de "caducidad" (639) , y que se impone como corolario de la garantía del "debido proceso". 739. G. Al derecho de "control" que tiene la Administración Pública corresponde, como lógica consecuencia, un derecho de "sanción": no basta darle a la Administración el medio de comprobar las faltas de su cocontratante; es indipensable darle los medios de reprimir esas faltas (640) , y esto se logra mediante las distintas "sanciones" admitidas por la ciencia jurídica. De modo que los incumplimientos del cocontratante a sus diversas obligaciones da lugar a la aplicación de sanciones (641) . A la Administración Pública le compete, pues, el derecho de sancionar a su cocontratante, pero, bien entendido, en ciertos supuestos -vgr. "multas" de substancia penal- la aplicación de la sanción debe supeditarse a ciertos principios jurídicos fundamentales. Dichas "sanciones" tienden, principalmente, a obtener la "ejecución efectiva" del contrato (642) . Sólo en los casos de obvia "gravedad" la sanción debe o puede consistir en la "extinción" del contrato, sea esto por rescisión unilateral o por caducidad (643) . El poder de aplicar sanciones existe como "principio", y no obstante el silencio del contrato a su respecto. La posibilidad de su aplicación constituye una facultad "implícita" correspondiente a la Administración Pública (644) . El poder de aplicarlas implica o representa una de las tantas cláusulas exorbitantes "virtuales" del derecho privado inherentes a los contratos administrativos. No obstante, las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando éste incurra en faltas; pero aun entonces las sanciones mencionadas en el contrato carecen de carácter limitativo o
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exclusivo: aparte de ellas, la Administración Pública puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida (645) . Las principales "sanciones" corresponden a las tres categorías siguientes: 1º sanciones pecuniarias: cláusula penal, multas, daños y perjuicios; 2º medidas coercitivas provisionales: ejecución directa, compra o fabricación por cuenta del proveedor; 3º medidas represivas definitivas: caducidad, rescisión unilateral. 740. 1º Sanciones pecuniarias Éstas pueden consistir en cláusulas penales, en multa y en daños y perjuicios. Me ocuparé de cada una de estas posibles sanciones pecuniarias. "Cláusula penal". Para el supuesto de incumplimiento de una obligación contractual, las partes pueden prever y fijar ab initio el monto de los daños y perjuicios que representará dicho incumplimiento. La estipulación pertinente constituye lo que se denomina "cláusula penal" (646) . Producido el incumplimiento, y constituido en mota el cocontratante, se aplica dicha cláusula penal. En lo fundamental tienen vigencia las normas y principios existentes en el derecho privado, con las salvedades propias requeridas por el derecho administrativo (647) . En tal forma las partes fijan de antemano la indemnización que debe pagarse a título de daños y perjuicios por el incumplimiento de una obligación contractual. Con ello el interesado se libera del cargo de probar los daños sufridos y su valor en dinero; por su parte, el infractor sabe anticipadamente a cuánto ascenderá la indemnización respectiva, sin exponerse a un cobro exagerado o superior a los recursos de que dispone (648) . Por esas razones se ha sugerido que en lugar de hablar de "cláusula penal" se hable de "indemnización convencional" (649) . "Multa". Además de la cláusula penal, en un contrato administrativo puede establecerse el derecho de la Administración Pública a aplicar una "multa" o "multas" al cocontratante a raíz de incumplimientos en que éste incurra. Dichas multa o multas sólo tienen en cuenta el acto mismo del incumplimiento, pero sin tomar en consideración lo atinente a "daños y perjuicios", los cuales se regularían por la cláusula penal. Todo lo atinente a "daños y perjuicios" queda, entonces, excluido del régimen de la "multa". De manera que las "multas", propiamente dichas, sancionan "conductas" o "comportamientos": no tienen en cuenta, en modo alguno, "daños y perjuicios" (650) . En un contrato administrativo pueden haber, entonces, dos sanciones: la multa y la cláusula penal, que contemplan supuestos distintos. Determinar si en el caso concreto se trata de una "cláusula penal" o de una "multa" constituye una cuestión de hecho, para cuya dilucidación, aparte de otras circunstancias, deberá tenerse presente la redacción misma de la cláusula y a "intensión" de las partes que pueda deducirse del texto del contrato. Tanto la "cláusula penal" como la "multa" implican sanciones "civiles" (651) , es decir no constituyen sanciones "penales" (652) .
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Las cláusulas penales que se aplicaren por incumplimientos contractuales, lógicamente han de tener por "fuente" al contrato (653) y a los textos que lo complementen, es decir han de hallar fundamento en la letra misma del contrato, o en el complejo de textos que, "indubitablemente", lo complementen (pliegos de condiciones generales o particulares, Reglamento de las Contrataciones del Estado, etc.). Pretender sancionar un incumplimiento contractual con una penalidad (cláusula penal) no integrante del contrato implica apartarse del contrato, actitud evidentemente ilícita o contraria a derecho: en la especie faltaría la causa jurídica. Del mismo modo, las "multas" que se le aplicaren al cocontratante con motivo de incumplimientos de éste ("comportamientos" o "conductas") han de estar previstas o establecidas en el contrato en los textos que lo integren, o han de ser consecuencia obvia del contrato en cuestión (cláusula exorbitante del derecho común "virtual" o "implícita"); pero aun en este último caso la norma que establezca la multa debe ser anterior al hecho que pretenda sancionarse. Vale decir, el contrato y los textos que jurídicamente lo complementen deben ser la inexcusable "fuente" -directa o indirecta- de tales "multas", las cuales, huelga decirlo, han de establecerse respetando las exigencias básicas del orden jurídico imperante en el país. Ello es así ya se trate de una multa "civil" o de una multa "penal": lo primero (multa civil), porque aplicar a título de sanción por incumplimiento contractual una multa no prevista en el contrato, implica prescindir del contrato, lo que entonces le privaría de causa jurídica a dicha sanción; lo segundo (multa penal o de "substancia" penal), porque: a) como lo haré notar en un parágrafo próximo (nº 747), las sanciones contenidas en reglamentos de policía, por principio, no pueden ser aplicadas para reprimir incumplimientos "contractuales"; no es ése el objeto ni la finalidad de tales reglamentos; b) si dichas multas "penales", o de substancia penal, no estuvieren establecidas en una norma válida dictada antes del hecho constitutivo del incumplimiento contractual su aplicación sería improcedente, pues, implicando ello una violación de principios esenciales contenidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional, traduciría un desconocimiento de la reglas del "debido proceso legal" (654) . "Daños y perjuicios". Si en el contrato no se hubieran incluido "cláusulas penales" o "multas" como posibles sanciones contractuales, la consecuencias pecuniarias del incumplimiento en que incurriere el cocontratante pueden ser sancionadas y reprimidas con la condena al pago de daños y perjuicios. Éstos no son otra cosa que una obvia consecuencia de la responsabilidad contractual en que habría incurrido el cocontratante. ¿Cómo se acredita el hecho del incumplimiento y cómo se fija el moto de daños y perjuicios? Un sector doctrinal estima que ello lo efectúa "unilateralmente" la Administración Pública, por sí y ante sí, si bien supeditándose ulteriormente al control judicial (655) . En cuanto al modo de hacer efectivos esos daños y perjuicios, hay quien, basado en textos positivos vigentes en su país, afirma que tal cobro puede efectuarlo directamente la propia Administración Pública (656) . Disiento con ambas conclusiones: tanto la fijación del monto de los daños y perjuicios, como el cobro de su importe, debe obtenerlo la Administración Pública mediante decisión judicial, ante la cual deberá promover la respectiva acción. Esto es así porque ambas cosas -fijación del monto de daños y perjuicios y cobro de ellos- trasuntan ejercicio de funciones judiciales, lo cual, en nuestro
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país, le está vedado a la Administración Pública por el artículo 95 de la Constitución Nacional. El acto administrativo que declarase la existencia y el monto de los daños y perjuicios, cuyo pago deba efectuar el cocontratante, carecería, pues, de "ejecutoriedad propia" (véase el tomo 2º, nº 438): dicho acto sería inocuo, tanto en lo que respecta a la declaración del hecho constitutivo del incumplimiento, como en lo atinente al monto de los daños y perjuicios correlativos. En síntesis: la existencia del daño, la fijación de su monto y su cobro sólo puede acreditarlas y efectuarlo la Administración Pública mediante acción ejercida ante la autoridad jurisdiccional judicial. 741. 2º Medidas coercitivas provisionales Otro grupo o categoría de "sanciones" es el de las "medidas coercitivas provisionales". Aunque la finalidad a que tienden dichas medidas es siempre la misma: lograr el efectivo cumplimiento del contrato, el objeto de ellas varía según el contrato que las requiera. Así, por ejemplo, no es lo mismo el "objeto" de ese tipo de sanción en un contrato de concesión de servicio público, que en uno de suministro. La terminología para designarlas varía de acuerdo al contrato que se considere. Jèze, Vedel, Rivero, Laubadère, Waline, etc., emplean las expresiones "séquestre" para la concesión de construcción de obra pública; "exécution temporaire", para los suministros múltiples o continuados; y "achat par défaut" para los suministros simples (657) . Ello determinó que dicha terminología fuese tildada de "imprecisa" (658) . "Secuestro" es una expresión genérica: comprende la "mise en régie" (ejecución por administración, es decir que la Administración Pública toma directamente a su cargo la ejecución del contrato), que equivale a la "ejecución directa". Todas ellas, como así la "execution par défaut", o "achat par défaut" o "exécution temporaire" (compra o fabricación por cuenta del proveedor), trasuntan la idea de "medidas necesarias para asegurar provisionalmente el servicio" o el cumplimiento del contrato (659) . De manera que, tratándose de un contrato "administrativo", en el caso de que el cocontratante no cumpla sus obligaciones, a la Administración Pública le corresponden el derecho virtual, tácito o implícito de evitar las consecuencias de esa inejecución y de asumir ella -por sí o a través de un tercero- el cumplimiento de las pertinentes prestaciones, ejecutando así el contrato. Esa prerrogativa de la Administración Pública de asumir directamente la ejecución del contrato es, por principio, de tipo meramente "provisional", es decir transitoria. Excepcionalmente, en ciertos supuestos esa actitud de la Administración Pública adquiere carácter definitivo, lo que resultará de la índole misma del contrato en cuestión; es lo que ocurriría en un contrato de suministro de prestación única, en el cual, si el cocontratante no cumple su obligación, la Administración puede procurarse la prestación a costa del cocontratante, y como esa prestación era lo único que constituía el objeto del suministro, la ejecución de este contrato resultaría entonces, por la fuerza misma de las cosas, "definitivamente" asumida por la Administración Pública. Distinto es lo que ocurriría con un contrato de concesión de servicio público, o de construcción de obra pública, o de suministro de entregas sucesivas, donde en presencia del incumplimiento actual del cocontratante, la Administración Pública puede hacerse cargo de la ejecución del
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contrato, pero no con carácter "definitivo", sino meramente "provisional", al solo efecto de poner al día y en orden la ejecución del contrato, logrado lo cual el cocontratante sería reintegrado al ejercicio pleno de sus ulteriores derechos y cumplimiento de sus obligaciones. El régimen de las expresadas sanciones es, fundamentalmente, el mismo para todos los contratos administrativos. Las variantes obedecen a la índole del contrato -a su contenido y finalidad-, a la que debe adecuarse la aplicación de las sanciones. Pero trataríase de diferencias más de "hecho" que de "derecho". Pueden mencionarse las siguientes reglas como integrantes de ese régimen, las cuales serían aplicables a todo tipo de contrato administrativo -con las salvedades propias del "contenido" de cada uno de ellos-, aunque para fijar el criterio general sólo corresponde tomar en consideración tres de los más típicos de esos contratos: concesión de servicio público, construcción de obra pública y suministro. Cuando se trate de los otros contratos, corresponderá aplicar, adecuadamente, los principios que expondré respecto a los tres mencionados contratos típicos. A. Grado del incumplimiento Concesión de servicio público. La ejecución directa que disponga la Administración no siempre requiere culpa o negligencia del concesionario. La deficiencia en la prestación del servicio puede obedecer a causas ajenas a la voluntad del cocontratante (660) . Pero ha de tratarse de algo que afecte gravemente la ejecución del servicio, tanto más si esto obedece a una falta del propio concesionario (661) , susceptible de afectar la continuidad y regularidad del servicio público (662) . La circunstancia de que la "ejecución directa" responda o no a culpa o negligencia del concesionario incide en lo atinente a quién debe satisfacer los respectivos gastos originados por esa ejecución directa; de ello me ocuparé más adelante al considerar por cuenta y riesgo de quién se efectúa la ejecución directa. Construcción de obra pública. En este contrato la ejecución directa requiere, asimismo, la existencia de una "falta" cometida por el cocontratante, la cual quedará perfilada cuando "el empresario no se ajusta a las disposiciones del contrato, o a las órdenes de servicio escritas que le imparte la Administración" (663) . Contrato de suministro. En caso de incumplimiento del cocontratante, las sanciones ordinarias, normales, consisten en el pago de daños y perjuicios y en la rescisión por culpa (664) . Pero la Administración Pública puede también proveerse la cosa o artículo objeto del suministro, comprándolo o haciéndole fabricar por cuenta del cocontratante (665) . El mero retardo, salvo estipulación expresa en contrario, no justifica que la Administración Pública se sustituya a su proveedor: tratándose de "retardo" es menester que éste se traduzca en un incumplimiento de la prestación, previa intimación (666) . En general, ha de tratarse de faltas de cierta gravedad, verbigracia, defectos o fallos en los artículos o cosas suministrados (667) . B. Medida provisional
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La sustitución del cocontratante por la Administración Pública trasunta una medida "provisional": superado el inconveniente que la determinó, el cocontratante reasume el pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Véase lo dicho al respecto precedentemente, en este último parágrafo. La expresada sustitución no "extingue", pues, el contrato, aunque en algunos supuestos, como en los de suministro de prestación única, la sustitución de referencia puede coincidir con el "cumplimiento" del contrato, que entonces se habría extinguido por cumplimiento de su objeto (668) . Tal carácter provisional rige tanto con relación a la concesión de servicio público (669) , como a la construcción de obra pública (670) y al contrato de suministro (671) . C. Intimación previa al cocontratante Salvo estipulación expresa contenida en algún texto del contrato, para que la Administración Pública sustituya válidamente al cocontratante se requiere que éste, previamente, sea intimado o requerido para que, dentro de breve lapso, se ponga al día, o en debida forma, en lo atinente al cumplimiento de la respectiva obligación. Esto se impone como evidente corolario del "debido proceso legal" (ver precedentemente, texto y nota 482). Tal exigencia rige incluso respecto al concesionario del servicio público (672) , aunque anteriormente se pensó lo contrario (673) : las garantías jurídicas esenciales amparan por igual a todos los cocontratantes. El requisito mencionado se extiende asimismo a los contratos de construcción de obra pública (674) y de suministro (675) . D. Por cuenta de quién se efectúa la sustitución La sustitución del cocontratante por la Administración en la ejecución o cumplimiento del contrato, como "principio", se efectúa por cuenta y riesgo de aquél (676) , pues trataríase de la consecuencia de una "falta" del mismo. Por excepción, y esto va de suyo, cuando el incumplimiento no sea imputable jurídicamente al cocontratante, la sustitución que efectúe la Administración Pública lo será por cuenta y riesgo de "ella" misma (677) . En este último supuesto la Administración podrá, asimismo, hacer uso de los respectivos bienes del cocontratante -verbigracia, en la concesión de servicio público-, que le serán devueltos a éste tan pronto las necesidades generales a cuya atención tendía el contrato hayan quedado satisfechas o regularizadas. Hay quien sostiene que, en este caso, dicho uso de los bienes del cocontratante por la Administración Pública, puede ésta realizarlo "gratuitamente" (678) ; tal solución es inaceptable: contraviene el principio esencial en cuyo mérito todo sacrificio de un derecho privado por razones de conveniencia pública debe ser resarcido ("principio" emergente del artículo 17 de la Constitución Nacional), tanto más cuanto en estos casos la explicación se efectúa por cuenta y riesgo del "concedente", y máxime entendiéndose que si la explicación del servicio arrojare un saldo favorable, el beneficio respectivo le correspondería al "concedente". Con referencia especial a los contratos de construcción de obras públicas y de suministros, en los casos de sustitución por la Administración Pública por culpa de los cocontratantes, éstos se exponen a una consecuencia particularmente grave: si la Administración debe adquirir materiales para la construcción de la obra o artículos para atender el suministro comprometido, y esas adquisiciones debieran serlo a precios mayores que los considerados
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en los respectivos contratos, el cocontratante que dio lugar a la ejecución directa o a la compra o fabricación por incumplimiento debe absorber la diferencia de precio (679) . Igual cosa corresponde decir respecto a cualquier diferencia en el costo de la mano de obra. Esta imputación de la diferencia de precio del producto, material o mano de obra al cocontratante que, por su culpa o negligencia, dio lugar a semejante estado de cosas, es lo que se impone en mérito de los principios sobre responsabilidad contractual en derecho administrativo, en cuyo ámbito sigue imperando el criterio de que cada cual debe responder de su propia culpa, y donde los contratos "administrativos", propiamente dichos, aparejan una serie de cláusulas exorbitantes "virtuales" del derecho privado, entre éstas la que, en determinadas condiciones, autoriza a la Administración Pública a la ejecución directa del contrato de obra pública o a la compra o fabricación por incumplimiento del cocontratante en el contrato de suministro. E. No se requiere la "previa" intervención judicial Cualquiera sea el contrato que se considere, cuando sea procedente o admisible la sustitución del cocontratante por la Administración Pública en la ejecución o cumplimiento del contrato, ello no requiere ser previamente autorizado por la justicia judicial (680) . Trátase de una prerrogativa de la Administración Pública, de la que ésta puede disponer con carácter "ejecutorio", pues tal prerrogativa, al integrar la categoría de cláusulas exorbitantes del derecho común, "virtuales", propias de los contratos administrativos, le correponde a la Administración Pública para el afianzamiento de ciertas potestades y para la protección del interés general. La prerrogativa de referencia es la expresión concreta de uno de los caracteres del acto administrativo: la "ejecutoriedad propia" del mismo, que se distingue de la ejecutoriedad "impropia" (681) . Es lo que la doctrina francesa denomina "action d ´office" o "préalable", o simplemente "privilège du préalable" (682) . F. Las sanciones de referencia requieren "motivación" Dada la naturaleza de las sanciones en cuestión, cuya posible gravedad respecto al cocontratante es obvia, se ha requerido no sólo que ellas tengan efectivamente un "motivo" o "causa" (683) -cosa harto comprensible, pues se trata de un elemento esencial de todo acto administrativo-, sino que el acto que disponga la sanción (verbigracia, ejecución directa, compra o fabricación por incumplimiento, etc.) aparezca "motivado" (684) , vale decir que dicho acto contenga la exposición de los motivos que indujeron a la Administración Pública a emitirlo, pues, como lo expresé en otra oportunidad, "motivación" es la expresión o constancia de que el motivo existe o concurre en el caso concreto (685) . Ciertamente, dada la profunda incidencia que la sustitución del cocontratante por la Administración Pública en la ejecución y cumplimiento del contrato puede tener en la esfera jurídica del cocontratante, la exigencia de que tales actos sean "motivados" resulta justificada: es de doctrina que han de motivarse todos los actos que impliquen una limitación a la esfera de libertad, que es lo que en concreto ocurre en estos casos, donde el conjunto de derechos adquiridos por el cocontratante sufre restricción a raíz de la sanción aplicada (véase el tomo 2º, nº 411). La "motivación" tiende a poner de
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manifiesto la juridicidad del acto respectivo. La falta de tal motivación vicia el acto pertinente. 742. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la prerrogativa de la Administración Pública para ejercitar, respecto a su cocontratante, las medidas coercitivas provisionales a que hice mención en el parágrafo precedente, o sea la ejecución directa de la concesión o contrato y la compra o fabricación del producto por cuenta del proveedor? La cuestión consiste en determinar si esa prerrogativa de la Administración es de naturaleza "contractual" o "reglamentaria". Según Jèze -quien se refiere particularmente a la concesión de servicio público-, si la facultad de la Administración es contractual, sólo existe cuando se ha inscripto en el contrato, no pudiendo ejercerse sino en las hipótesis y en las condiciones previstas en el contrato; en cambio, si dicha facultad fuere de naturaleza reglamentaria, existiría aun cuando el contrato no se haya referido a ella, bastando con que surja del reglamento. Dicho maestro concluye afirmando que se trata de una regla esencial, de orden público, cuya naturaleza es reglamentaria y no contractual (686) . Si bien es cierto que ese trata de una regla esencial, de orden público, disiento con el criterio de Jèze: la naturaleza jurídica de la prerrogativa de referencia no es "reglamentaria", sino terminantemente "contractual". Trátase de una cláusula exorbitante del derecho privado "virtual" o "tácita", inherente a todo contrato administrativo, propiamente tal. De modo que dicha prerrogativa existirá siempre, aun cuando ningún reglamento se refiera a ella y aun cuando el contrato tampoco la mencione (687) . La prerrogativa de referencia integre el contrato, forma parte "virtual" del mismo a título de cláusula exorbitante de derecho común "implícita". 743. 3º Medidas represivas definitivas Este grupo o categoría de "sanciones" comprende la "rescisión" unilateral y la "caducidad". De estas cuestiones me he ocupado en el nº 738, al cual me remito. Ahí quedó analizado todo lo atinente al régimen jurídico de esas medidas represivas definitivas. 744. El ejercicio de la prerrogativas"" de la Administración Pública para aplicar "sanciones" ¿corresponde a la exclusiva actividad de la Administración o requiere la intervención de los órganos jurisdiccionales judiciales? Debe distinguirse según la índole o especie de "sanción" que se considere. Además, ha de tenerse presente que las respectivas decisiones de la Administración Pública son susceptibles -con un alcance mayor o menor- de ser sometidas al control judicial. Diversos tratadistas -quizá desorientados o influidos por lo que ocurre en sus países-, al ocuparse de esta delicada cuestión, no hacen las distinciones técnicas necesarias, siendo así que la potestad de aplicar sanciones se la atribuyen íntegramente, y con una extensión inadmisible, a la Administración Pública, lo que no es exacto y puede llevar a graves errores.
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Sanciones pecuniarias La Administración Pública puede decidir la aplicación de las "cláusulas penales" y "multas" estipuladas en el contrato. Pero tal decisión es susceptible de ulterior impugnación ante la jurisdicción judicial. Desde luego, si el cocontratante se negare a pagar el importe fijado en la cláusula penal o en la multa, la Administración Pública carece de imperio para obligar a que el cocontratante le efectúe el pago, pues, careciendo esa decisión administrativa de ejecutoriedad "propia" (688) , dicho pago debe reclamarlo la Administración por intermedio de la autoridad judicial. Asimismo, la Administración puede decidir que su cocontratante le es deudor de daños y perjuicios; pero tal decisión no es ejecutoria: carece de ejecutoriedad "propia", es susceptible de impugnación ante la autoridad judicial, siendo ésta la única competente para resolver, en definitiva, si los daños y perjuicios existen, como también para fijar el monto de tales daños y disponer su eventual pago compulsivo. Véase lo que expuse en el nº 740, última parte. Sanciones coercitivas provisionales Tanto la "ejecución directa" del contrato, como la "compra o fabricación del producto por incumplimiento del proveedor", puede disponerlas directamente la Administración Pública, con carácter "ejecutorio", pero su decisión es susceptible de impugnación ulterior ante los órganos jurisdiccionales judiciales. Medidas represivas definitivas Trátase de la "caducidad" o de la "rescisión unilateral", aplicada como "sanción". Es fundamental tener presente si la causal de rescisión ("caducidad", en la especie) ha sido o no pactada, es decir incluida o no en el contrato, pues ello incide en la autoridad competente para disponer tan grave medida. De esto me he ocupado en un parágrafo anterior. Véase el nº 738, texto y nota 577 y siguientes. 745. Todos los autores están de acuerdo en que, contra la decisión por la que la Administración Pública le aplique una "sanción" a su cocontratante, éste puede ocurrir ante la autoridad judicial correspondiente impugnando esa decisión administrativa. En cambio, no hay acuerdo respecto al alcance o contenido del fallo que debe dictar la justicia en estos supuestos. Tal disensión toma en cuenta tanto la especie de contrato que se considere como la índole de la sanción aplicada. Sanciones pecuniarias En los que a éstas respecta, el fallo judicial no sólo puede reducir o disminuir el monto de la sanción administrativa recurrida: también puede dejar sin efecto dicha sanción (689) . Sobre estos posibles alcances de la decisión judicial no hay discrepancias en la doctrina. Sanciones coercitivas provisionales
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Si la "ejecución directa" o la "compra o fabricación del producto por cuenta del proveedor", dispuestas por a la Administración Pública, no correspondieren, hay uniformidad doctrinaria acerca de que el respectivo cocontratante tiene derecho a ser "indemnizado" por la Administración, limitándose entonces el fallo a disponer dicho resarcimiento (690) . Pero esa uniformidad doctrinal desaparece cuando se trata de establecer si, en presencia de una improcedente sanción de ese tipo, el juez puede "anular" la decisión administrativa que la dispuso. Al respecto se hacen distinciones: a) Si se tratare de una "concesión de servicio público", ante una improcedente decisión administrativa que disponga la ejecución directa de la concesión, se acepta que el juez "anule" la decisión administrativa impugnada (691) . Comparto tal solución. No obstante, cabe advertir que, en nuestro país, la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 1936, dispuso que si el concesionario considera arbitraria o inmotivada la substitución directa, "puede demandar el pago de daños y perjuicios" (692) : no contempla el derecho a la "anulación" de ese acto administrativo. b) Tratándose del contrato de "construcción de obra pública" o del de "suministro", se sostiene que si fuere impugnada por improcedente la decisión administrativa que disponga la ejecución directa o la compra o fabricación del producto por cuenta del proveedor, respectivamente, el juez no podría "anular" esa decisión, debiendo limitarse al reconocimiento de una indemnización pecuniaria (693) . No comparto tal posición. ¿En qué se basan quienes sostienen tal criterio? Jèze afirma que el cocontratante sólo tiene derecho a una "indemnización", y ello en base al principio general de "equidad" (694) . Este argumento no es convincente: en primer lugar, porque si se hace lugar a una indemnización es porque se acepta que se trata de un acto irregular, lo que de por sí debe obstar a mantenerlo en vigencia; en segundo lugar, porque la equidad no en todos los ordenamientos legales actúa como fuente jurídica: es lo que ocurre en nuestro derecho (695) . Otros tratadistas, como Laubadère, haciéndose eco de la jurisprudencia de su país, consideran que en estos casos la improcedencia de la "anulación" de la decisión administrativa obedece a que "tales medidas se consideran como definitivas" (696) . Si este argumento se interpretase en el sentido de que, tratándose de contratos de construcción de obra pública o de suministro, las decisiones que dispongan la ejecución directa o la compra o fabricación del producto por cuenta del proveedor, tienen carácter de actos "instantáneos", cuyos efectos se agotan en el acto mismo, el argumento sería inaceptable como "principio". En efecto, muchas veces la "anulación" de esas decisiones será práctica y materialmente posible, porque la realización o cumplimiento de ellas puede requerir el transcurso de un determinado lapso, que entonces permitía su "anulación", pues el acto no sería "instantáneo". Por lo demás, y esto es fundamental, desde el punto de vista jurídico, esas decisiones nada contienen que permita considerarlas como medidas "definitivas". Finalmente, entre la ejecución directa dispuesta con relación a una concesión de servicio público y la que se dispusiere con relación a un contrato de construcción de obra pública
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no se advierte ni existe diferencia "substancial" alguna en cuyo mérito, cuando esas decisiones sean improcedentes, la relacionada con el servicio público pueda ser anulada, no así con la construcción de una obra pública. Habría en tales decisiones una notoria inconsecuencia, por cuanto para situaciones similares se adoptarían soluciones diferentes. La expresada distinción entre concesión de servicio público, por un lado, y construcción de obra pública y contrato de suministro, por otro lado, para admitir la "anulación" de una indebida decisión que disponga la ejecución directa en la concesión de servicio público y no admitir la "anulación" de la ejecución directa dispuesta indebidamente respecto al contrato de construcción de obra pública, o con respecto a la compra o fabricación del producto por cuenta del proveedor, en el contrato de suministro, no se justifica, al menos como "principio": en determinados casos -es decir, cuando ello sea material y prácticamente posible- debe advertirse que la justicia "anule" tanto la decisión administrativa que haya dispuesto indebidamente la "ejecución directa" en una concesión de servicio público, como en un contrato de construcción de obra pública. Igual razonamiento cabe hacer respecto a la compra o fabricación del producto por cuenta del proveedor dispuesta en un contrato de suministro. Sanciones represivas definitivas En el supuesto de que la autoridad contratante disponga indebidamente la "rescisión" unilateral o la "caducidad" del contrato, y contra tales decisiones se ocurriere ante la autoridad judicial ¿qué alcance ha de tener el fallo que dicte ésta? La acción que en tal sentido promueva el cocontratante puede responder a un doble fin: obtener que el tribunal declare la nulidad del acto administrativo de rescisión unilateral o de caducidad y condene al Estado al pago de una reparación. Por cierto, la acción también puede perseguir uno solo de esos objetos, es decir la nulidad o el resarcimiento. Si la acción promovida fuese admisible, la autoridad a quien le esté confiada la jurisdicción contencioso administrativa deberá hacer lugar a la "nulidad" del acto de rescisión unilateral o de caducidad impugnado, de suerte que el contrato ilícitamente extinguido por una de esas vías recobre su vigencia. La protección del derecho del cocontratante debe traducirse, entonces, en el "reconocimiento" y "reintegración" del mismo, o sea en el restablecimiento del imperio del contrato, salvo que el cocontratante se límite a exigir el pago de daños y perjuicios derivados de la responsabilidad contractual del Estado. Si bien el criterio expuesto lo comparten distinguidos escritores (697) , como así diversas normas sobre procedimiento en lo contencioso administrativo (698) y no pocas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reconocieron la amplia facultad de los jueces para examinar la validez o la nulidad de los actos administrativos sometidos a su juzgamiento (699) , otros tratadistas no admiten que el tribunal judicial declare la nulidad del acto de rescisión unilateral o de caducidad, y sólo aceptan la condena al Estado al pago de daños y perjuicios (700) . La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un juicio sobre caducidad de una concesión de servicio público, si bien obiter dictum -es decir, en forma ajena o extraña a la cuestión
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debatida, pues en el pleito sólo se pidió el pago de daños y perjuicios y no la "nulidad" del acto administrativo que declaró caduca la concesión-, sostuvo que el restablecimiento del derecho objeto de la caducidad era improcedente "porque el servicio público se concede pero no se enajena" (701) . Esta imprudente e innecesaria declaración de la Corte Suprema fue justamente objetada (702) . Pero con posterioridad, en un fallo erudito, el alto tribunal retomó la buena doctrina: declaró la "nulidad" de un acto administrativo por el que indebidamente se había dispuesto la "caducidad" de un contrato administrativo de compraventa de tierra fiscal (703) . Esta última constituye la posición de la doctrina general (704) . ¿En qué se basan los que niegan la posibilidad de que los tribunales judiciales, con jurisdicción en lo contencioso administrativo, "anulen" -dejen sin efecto- el acto administrativo que "ilícitamente" declara extinguido el contrato administrativo, sea por caducidad o por rescisión unilateral? Esos argumentos pueden clasificarse así: a) que tales medidas se consideran "definitivas"; b) aplicación del principio de separación de los poderes; c) rechazo del principio pacta sunt servanda; d) además, con relación a la concesión de servicio público, dicen que éste se concede pero que no se enajena. Ninguno de estos argumentos resulta idóneo para la defensa de dicha tesis. a) Lo atinente a que esas medidas se consideran "definitivas" lo he analizado precedentemente, al referirme a sanciones coercitivas provisionales, punto b. Me remito a lo dicho en ese lugar. b) Hay quienes pretenden que si el tribunal judicial "anula" -o declara ineficaz, o deja sin efecto, que prácticamente es lo mismo- el acto administrativo que dispone la caducidad o la rescisión unilateral, ello implica una intromisión del Poder Judicial en la esfera propia del Poder Ejecutivo, con el consiguiente agravio al principio de separación de los poderes. En todo esto hay un error de concepto. Es necesario no olvidar que de acuerdo a muestra organización institucional, entre nosotros la justicia administrativa -la jurisdicción contencioso administrativa- es de tipo o sistema "judicialista", por cuanto tal competencia les está atribuida a tribunales "judiciales" (integrantes del Poder Judicial). Cuando estos tribunales dirimen contiendas administrativas no lo hacen como tribunales judiciales ordinarios, sino como tribunales en lo contencioso administrativo. De esto resulta que al resolver controversias administrativas, y desde que actúan como tribunales en lo contencioso administrativo, no incurren en violación alguna al principio de separación de poderes, pues el órgano jurisdiccional judicial que se pronunciará al respecto es el establecido para el caso por el régimen institucional-constitucional del país. La jurisdicción de los tribunales ordinarios para dirimir las causas contencioso administrativas, surge de la propia Constitución Nacional y leyes especiales dictadas en su consecuencia (705) . No hay, entonces, agravio alguno al principio de separación de los poderes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en varias oportunidades donde discutíase el valor o eficacia de actos administrativos, emitió conceptos que desvirtúan que, en tales casos, puede hablarse de violación del principio de separación de los poderes (706) .
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c) Otro argumento de quienes sostienen que los tribunales no pueden "anular", o dejar sin efecto, el acto administrativo que ilícitamente caduque o rescinda unilateralmente un contrato administrativo, consiste en que el principio pacta sunt servanda (los contratos deben cumplirse) no es de esencia de los contratos administrativos. Disiento con tal criterio. En primer lugar porque es inexacto que el principio pacta sunt servanda no sea de la esencia de esos contratos. Tal principio no sólo es de la "naturaleza" de éstos, sino también de su "esencia", pues ellos, no obstante su carácter "administrativo", como todo contrato constituyen fundamentalmente la "ley de las partes". Si así no fuere mal podría hablarse de "contrato". Véase lo que al respecto expuse en el nº 711. Los contratos se celebran, fundamentalmente, para ser "cumplidos". En segundo lugar, porque el rechazo de tal principio sólo es procedente respecto de una "lícita" revocación por razones de oportunidad o de mérito, pues va de suyo que en tal hipótesis el principio pacta sunt servanda no es eficiente para impedir la extinción del contrato, ya que ello equivale substancialmente a una "expropiación", pues ese tipo de revocación tiende exclusivamente a satisfacer exigencias del interés público; pero el referido principio es en un todo pertinente y aplicable tratándose de supuestos en que median una "ilícita" declaración de caducidad o una improcedente rescisión unilateral. En estos últimos casos no existe razón jurídica alguna que impida la rigurosa aplicación del principio pacta sunt servanda, ya que en tales supuestos la extinción del contrato carecería de causa jurídica, de causa lícita. Aceptar que ante una ilícita caducidad, o ante una ilícita rescisión unilateral, el cocontratante sólo tenga acción para declarar daños y perjuicios, mas no para exigir el restablecimiento del imperio del acto ilegalmente extinguido, equivale a reconocerle eficacia a un acto ilegal. Si así fuere, habría que admitir el extraño criterio de que la Administración Pública -no obstante constituir un órgano esencial del Estado, órgano a su vez de derecho- vive al margen del derecho, y que las normas legales y los principios jurídicos sólo obligan a los particulares o administrados. Pero este criterio sería indefendible, porque está en contra de toda idea de justicia, base entera del derecho. d) Como argumento final -pero referido en particular a la concesión de servicio públicoaducido al efecto de negarles facultades a los tribunales judiciales para anular, o dejar sin efecto, el acto administrativo que "ilícitamente" caduque o rescinda unilateralmente la concesión, se dijo que el servicio público se concede pero no se enajena. Así lo expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación (707) . Precedentemente hice referencia a esta sentencia del alto tribunal (ver texto y notas 648-651). La referida declaración de la Corte Suprema sólo resultaría comprensible respecto a una "lícita" revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, ya que con ésta tiéndese a satisfacer directamente exigencias de interés público. En tal supuesto sí podría decirse que, no existiendo enajenación, la concesión -sea de servicio, de uso o de obrapodrá siempre ser revocada por esa causa, sin perjuicio, claro está, de la reparación a que hubiere lugar. Pero que la concesión no implique enajenación en modo alguno significa que deba tenerse por subsistente el acto administrativo que "ilícitamente" caduque o rescinda unilateralmente
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la concesión, pues ello no implicaría otra cosa que aceptar que una sola de las partes, cuando así lo desee, tenga facultad para dejar sin efecto el convenio. Mas tal solución carece de base jurídica y de base ética. El hecho de que la concesión no implique enajenamiento tiene, pues, consecuencias "limitadas" dentro del orden jurídico; y así tales consecuencias en modo alguno se extienden a autorizar que el Estado prescinde de lo convenido y deje impunemente sin efecto lo estipulado, rompiendo en forma arbitraria el vínculo jurídico que lo unía al concesionario. Es inconcebible que el Estado, órgano creador del derecho, pretenda imponer semejante conclusión. El hecho de que la concesión no se enajene sólo significa que, si las exigencias del interés público así lo requieren, la concesión puede ser revocada en cualquier momento por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sin perjuicio de la indemnización que correspondiere. Pero el interés público debe satisfacerse por procedimientos lícitos, encuadrados en el orden jurídico, y de ningún modo a través de actos arbitrarios o ilícitos (708) . El referido argumento de la Corte Suprema es, pues, inadecuado e inhábil para fundar la incompetencia de los tribunales judiciales para anular, o dejar sin efecto, un acto administrativo que ilegalmente caduque o rescinda en forma unilateral una concesión, sea ésta de servicio público, de uso de dominio público o de obra pública. En síntesis: tratándose de una caducidad o de una rescisión unilateral ilícitamente dispuestas, los tribunales judiciales con jurisdicción en lo contencioso administrativo, a petición de parte, podrán declarar la nulidad del acto administrativo impugnado, sin perjuicio de ordenar también el resarcimiento que correspondiere y fuere solicitado. Como consecuencia de la declaración de nulidad del acto de caducidad o de rescisión unilateral, la concesión -el "contrato administrativo" en general- recobrará su vigencia o imperio (709) . El fallo judicial, pues, debe tener como alcance el restablecimiento del derecho ilegalmente extinguido por caducidad o por rescisión unilateral, y no la mera reparación o pago de daños y perjuicios. Dicho fallo debe "anular" el ilegal acto administrativo de caducidad o de rescisión unilateral y restablecer la vigencia del respectivo contrato. Lo contrario implica un resabio de épocas feudales, propias del Estado Policía, donde los tribunales territoriales no tenían competencia para "anular" decisiones de la autoridad en "asuntos gubernativos", pudiendo sólo, y ello en virtud de la entonces naciente "teoría del Fisco", condenar al Fisco al pago de una suma como indemnización a favor del súbdito cuyo derecho había sido lesionado por una decisión de la autoridad (710) . Pero esto, que sólo marca la etapa hasta la cual se llegó en aquel entonces en el deseo de proteger al ciudadano contra actos ilegales del poder público, es inconcebible en el actual "Estado de Derecho", donde aquella etapa se encuentra superada, pues hoy el Estado hállase integralmente sometido al orden jurídico como pudiera estarlo cualquier habitante o ciudadano. Hoy no sólo procede que la justicia disponga la "nulidad" de los actos administrativos ilegales, sino que incluso está aceptada la amplia responsabilidad del Estado, sea que ésta derive de la actuación del mismo en la esfera del derecho público o en la esfera del derecho privado.
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Para finalizar con estas cuestiones, adviértase la manifiesta contradicción entre lo resuelto al respecto en Francia y en nuestro país. Mientras en Francia el único contrato administrativo a cuyo respecto se admite que la justicia "anule" una ilícita declaración de caducidad o una ilícita rescisión unilateral es la concesión de servicio público (711) , en nuestro país la Corte Suprema, si bien a través de la declaración obiter dictum a que hice referencia precedentemente -pero que después fue superada por el propio tribunal- (texto y notas 648-651 y 654), en el único caso donde declaró improcedente disponer la "nulidad" del acto administrativo que ilegalmente dispuso la extinción de un contrato, es con relación a la concesión de servicio público. Trátase de dos posiciones absolutamente contrapuestas. Pero como lo puse de manifiesto en párrafos anteriores, tanto la jurisprudencia francesa que limita a la concesión de servicio público la "posibilidad" de "anular" los actos administrativos ilegales de caducidad o de rescisión unilateral, como la mencionada decisión de nuestra Corte Suprema que concretó a la concesión de servicio público la "imposibilidad" de extinguir esos actos administrativos ilegales, son jurídicamente inaceptables. 746. Va de suyo que la impugnación que se formulare judicialmente a la sanción dispuesta por la Administración Pública puede basarse en cualesquiera de los posibles vicios que afecten a un acto administrativo. Así, dicha impugnación podría consistir: a) En que la sanción es infundada; vgr., cuando la falta imputada no corresponda a obligación alguna del cocontratante (vicio en la "causa"). b) En que emana de autoridad "incompetente" (vicio en el elemento "sujeto"). c) En que fue dispuesta sin observar el procedimiento debido; vgr., sin haberle intimado previamente al cocontratante el cumplimiento de su obligación (vicio en el elemento "forma"). d) En que se ha violado la ley o algún principio general de derecho; por ejemplo, aplicación, desconociendo la autoridad de la cosa juzgada, de penalidades posteriores a una sentencia arbitral que puso fin a todas las cuestiones pendientes (vicio en el elemento "contenido" u "objeto", uno de cuyos atributos o caracteres es la "licitud". Véase el tomo 2º de la presente obra, nº 404). e) En que se ha incurrido en "desviación de poder"; vgr., caducidad de un contrato dispuesta con el solo y verdadero propósito de darle curso a un nuevo contrato similar celebrado con un tercero (vicio en la "finalidad") (712) . El control jurisdiccional se extiende a la investigación de la efectiva existencia material de los hechos que determinaron la sanción, lo que así ocurriría incluso cuando la Administración desarrolle su actividad discrecional (713) . Corresponde tener presentes las reglas sobre control jurisdiccional de la discrecionalidad (714) . 747. No es posible dar por terminado lo atinente a las "sanciones" de que puede hacer uso la Administración Pública respecto a su cocontratante, sin referir la aplicación de esas
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sanciones al ejercicio del "poder de policía", en cuyo mérito, en general, el Estado hállase facultado para aplicar sanciones. Varias reglas pueden sentarse en este orden de ideas, debiéndose tener presentes para ello las modalidades propias de nuestro derecho público, con las cuales deben armonizar dichas reglas, y también debe tenerse presente la diferencia -en cuanto a su alcance- entre "poder de policía" para la concepción continental europea y para la concepción norteamericana (es decir, concepto "restringido" -"narrow"- y "amplio" -"broad and plenary"-, respectivamente): A. El reglamento de policía -que contiene normas que deben observarse por todos los habitantes o administrados-, le será aplicable al cocontratante en tanto no se trate de sanciones a hechos u omisiones realizados por el cocontratante precisamente en su específica calidad de tal (715) . Las sanciones contenidas en los reglamentos de policía no pueden ser aplicadas para reprimir incumplimientos "contractuales"; no es éste el objeto ni la finalidad de tales reglamentos. Su indebida aplicación traduciría, entonces, una "desviación de poder": se estaría aplicando una norma para un fin distinto al que ella responde (716) . Va de suyo que este principio sufre excepción cuando se tratare de un reglamento de policía o de una ley que formen parte o integren el respectivo contrato (717) . B. Ante el silencio del contrato administrativo, la Administración Pública podrá hacer válidamente ejercicio del "poder de policía" para sancionar a su cocontratante, en tanto dicho ejercicio no exceda el alcance de las respectivas cláusulas exorbitantes del derecho privado "implícitas" o "virtuales" en todo contrato administrativo (718) . C. Si el hecho o la omisión para los cuales el contrato administrativo prevé una sanción también estuvieren previstos y sancionados en un reglamento de policía, producido ese hecho o esa omisión el cocontratante no podría ser sancionado simultáneamente de acuerdo a lo dispuesto en el contrato y en el reglamento de policía (719) : a ello se opondría evidentemente el principio general de derecho que prohíbe sancionar dos veces el mismo hecho (non bis in idem), pues, ya sea considerándolos como infracción "contractual" o como infracción "policial", a ese hecho o a esa omisión se les estaría aplicando entonces dos sanciones de obvia substancia represiva. Pero cuál de las sanciones se aplicaría ¿la establecida en el contrato administrativo o en el reglamento de policía? Debe aplicarse la establecida en el contrato, que es "especial" para esa falta cometida por ese cocontratante, en tanto que la contenida en el reglamento de policía es "general", objetiva, de aplicación a cualquiera que cometa ese infracción, siendo entonces aplicable el principio en cuyo mérito la norma especial prevalece sobre la general en cuanto hubiere incompatibilidad entre ambas (720) . En general, respecto al régimen de la "multas", sean éstas de tipo civil o penal, aplicables como sanción al cocontratante, véase lo dicho en el nº 740.
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II. Derechos del cocontratante 748. Respecto a la Administración Pública, los derechos del cocontratante se relacionan íntimamente con el carácter del contrato, es decir si éste es de "colaboración" o de "atribución" (721) . Aparte de ello, esos "derechos" responden a dos grandes grupos: 1º lo que el cocontratante puede exigirle a la Administración; 2º lo que el cocontratante tiene derecho a "no hacer". Con relación al primero de estos grupos, los derechos del cocontratante consisten fundamentalmente: a) en que la Administración Pública le haga entrega de aquello a que expresa o implícitamente se obligó; vgr., pago del precio de las cosas o productos objeto de un contrato de suministro; en que la Administración ponga a su disposición los terrenos, materiales, planos, moldes o diseños, etc., correspondientes a un contrato de construcción de obra pública, para lo cual, si así estuviere previsto, incluso deberá efectuar las expropiaciones por causa de utilidad pública que correspondieren; derecho al "sueldo", y demás ventajas (vgr., derecho a la jubilación; a recibir los beneficios de obras sociales), en un contrato de función o empleo público (contratos todos ellos de "colaboración"); en que la Administración ponga a disposición del cocontratante la cosa objeto de una concesión de uso de dominio público (contrato de "atribución"); b) en que la Administración Pública le facilite el "apoyo" requerido por la índole del contrato; vgr., en la concesión de servicio público, proporcionarle al concesionario los medios materiales de protección indispensables para asegurar el continuo y regular funcionamiento del servicio, que podría verse afectado por una huelga o por una amenaza de huelga; c) en realizar todos aquellos trabajos, o efectuar todas aquellas prestaciones, previstos en el contrato -y normas que le complementen-, de los cuales el cocontratante podría obtener un beneficio. Con relación al segundo de los grupos mencionados, los derechos del cocontratante se concretan en no cumplir el contrato dentro del término fijado (derecho al "retardo") o en no ejecutar el contrato (derecho al "incumplimiento"). Para que el "retardo" o el "incumplimiento" justifiquen la actuación del cocontratante y le eximan de responsabilidad, deben obedecer a "fuerza mayor" o al "hecho de la Administración". Los mencionados "derechos" del cocontratante -y correlativas obligaciones de la Administración- son susceptibles de mayor expansión según los supuestos. Así, por ejemplo, ante el atraso en los pagos por parte de la Administración, el cocontratante podría tener derecho a percibir "intereses", y, en ocaciones, a dejar de cumplir las obligaciones a su cargo (caso de procedencia de la exceptio non adimpleti contractus); en una concesión de servicio público, si como consecuencia de algún trastorno económico extraordinario, transitorio e imprevisto, los precios que deban abonar los usuarios, según la tarifa vigente, le produjeren quebrantos al concesionario, la Administración Pública debe acudir en ayuda del mismo, para que cese dicho quebranto y no se interrumpa la prestación del servicio (situación esta última que haría aplicable la teoría de la imprevisión). Nada corresponde decir acerca de que el cocontratante tenga derecho a que la Administración Pública cumpla sus obligaciones de "buena fe". Decir esto sería incurrir en
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una redundancia, porque va de suyo que la buena fe es el alma de todo contrato (722) , por lo que va ínsita en éstos. Quienes carezcan de buena fe, sea el Estado o los particulares, no pueden ni deben contratar: para ellos el ámbito convencional está vedado. Mencionados precedentemente, en sus caracteres generales, los derechos del cocontratante frente a la Administración Pública, correponde ahora referir específicamente esos derechos. Así lo haré en los parágrafos que siguen. 749. A. El primer derecho del cocontratante consiste, y esto va de suyo, en que la Administración Pública cumpla el contrato. No ha de olvidarse que, como ya lo expresé precedentemente, el contrato "administrativo", no obstante este Reglamento de las Contrataciones del Estado, sigue siendo la "ley de las partes" (nº 711). Es comprensible, entonces, que una parte tenga el derecho de exigirle a la otra el cumplimiento de aquello que el contrato pone a su cargo. Sigue vigente, pues, el principio pacta sunt servanda (los contratos deben cumplirse); véase el nº 745, punto c. Si la Administración Pública no cumple con esa obligación puede hacerse pasible de diversas medidas cuya índole dependerá de la infracción cometida. Así, el incumplimiento de la Administración puede autorizar a que el cocontratante no cumpla las obligaciones suyas, haciendo mérito, en tal caso, de la "exceptio non adimpleti contractus" (ver nº 730); del mismo modo, si la Administración no cumple las obligaciones que el contrato pone a su cargo, podrá hacerse pasible de una condena judicial al pago de daños y perjuicios; etc. La Administración está obligada a darle oportuno curso a la ejecución o realización del contrato, llevando a cabo los hechos o actos requeridos por la índole de la contratación. Así, en un contrato de construcción de obra pública, deberá poner a disposición del cocontratante el terreno, planos, efectuar en su caso el replanteo, etc. (ley 13064, artículo 53 , inciso e]) (723) ; en un contrato de suministro, deberá entregarle al cocontratante la respectiva orden de compra (Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 81-82 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad); en una concesión de uso del dominio público, deberá poner a disposición del concesionario el bien o cosa dominical objeto de la concesión, etc. 750. Claro está que así como en determinadas circunstancias, el cocontratante puede hacer mérito de la exceptio non adimpleti contractus, del mismo modo, en el supuesto de incumplimiento por parte del cocontratante, la Administración Pública puede -si lo estima pertinente- invocar y poner en juego dicha excepción (724) . No hay razón que se oponga a ello. Trátase de una obvia facultad correspondiente a todo contratante, entre los que corresponde incluir a la Administración Pública. 751. La Administración Pública, al contratar, puede haber incurrido en "error" de hecho. Como principio general, cabe sentar que dicho error será o no causa eximente de responsabilidad para la Administración por incumplimiento del contrato, y que incluso le dará o no derecho a solicitar la nulidad del contrato, según que ese error sea o no excusable. En este orden de ideas, rigen criterios similares a los expuestos acerca del error en que
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pueda incurrir el cocontratante, a lo cual me he referido al considerar la oferta o propuesta que éste formulare (ver nº 653). Por lo demás, y dada la esencia de todo contrato administrativo (ver nº 593), son de aplicación a su respecto los principios expuestos acerca del "error" como vicio en la expresión de la voluntad en los "actos administrativos" (ver tomo 2º, nº 485). Tales son los principios que regulan lo atinente al "error" en que hubiere incurrido la Administración Pública al contratar, y que eventualmente puede autorizarla a no cumplir el contrato. 752. B. Un derecho que generalmente le corresponde al cocontratante en los contratos de "colaboración", es el de percibir el "precio" correspondiente (725) , o sea una suma de dinero estipulada a su favor. Dicho "precio" puede configurarse de diversas maneras. Así, en los contratos de suministro y en los de construcción de obra pública, el cocontratante percibirá en tal carácter la suma convenida; en el de empréstito público, el "precio" está representado por los "intereses" del capital dado en préstamo; en la concesión de servicio público, el concesionario puede tener derecho a percibir del Estado el importe de "subvenciones" que se hubieren establecido a su favor, lo cual integra en estos casos el concepto de precio; en la relación de función o empleo público (contrato de empleo público), el empleado o funcionario tiene derecho a percibir el sueldo o emolumentos correspondientes; etc. (726) . En todos esos casos el cocontratante percibe el "precio" respectivo, que, según quedó de manifiesto y según sea el contrato que se considere, puede hallar expresión de diversas maneras. En los supuestos mencionados en el párrafo anterior, el "precio" es abonado directamente por la Administración Pública. Pero en materia de contratos administrativos el concepto de "precio" es más amplio. No sólo comprende la suma de dinero que deba abonar directamente la Administración Pública -"parte" en la relación contractual-, sino también la que deban satisfacer las personas a quienes se extienden los "efectos" de tales contratos: es lo que ocurre, por ejemplo, en la concesión de servicio público, donde el concesionario tiene derecho a percibir del usuario la contraprestación respectiva (727) ; igual cosa ocurre en la concesión de obra pública, donde el concesionario tiene derecho a percibir de las personas legalmente imputables (es decir, de las que considera directamente favorecidas por la obra) el importe correspondiente (728) . 753. El pago del expresado "precio" cualquiera sea la manera en que éste se manifieste o exprese, debe percibirlo el cocontratante en el tiempo u oportunidad establecido en el respectivo contrato, por lo que deben tenerse presentes las disposiciones de cada uno de éstos (729) . Asimismo, dicho pago ha de efectuarse en el lugar que determine el contrato (730) . En el supuesto de que el contrato silencie lo atinente al "tiempo" u "oportunidad" o al "lugar" en que debe efectuarse el pago de lo que jurídicamente implique "precio", ha de
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estarse a lo que, en esos órdenes de ideas, surja de los principios generales de la legislación del país (véase Código Civil, artículos 618 , 747 , 749 y 751 ). 754. Si la Administración Pública no pagare en término el "precio" que le corresponda al cocontratante, aquélla deberá abonar "intereses" moratorios sobre la suma respectiva, siempre que ella estuviere en "mora". La "mora" de referencia puede resultar de varios supuestos o circunstancias: 1º cuando mediare requerimiento judicial o extrajudicial por parte del acreedor; 2º cuando las normas legales o contractuales establezcan expresamente una mora automática; 3º cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación del tiempo en que debía cumplírsela fue un motivo determinante por parte del acreedor (mora "ex re"). Esos tres supuestos ya surgían del originario artículo 509 del Código Civil (redacción del Dr. Vélez Sarsfield), que contiene un criterio válido tanto para el derecho privado como para el derecho público, pues trasunta un conjunto de preceptos de derecho general. En la actualidad debe tenerse presente la reforma introducida por la ley 17711 , en vigor desde el 1º de julio de 1968, pues esta ley, con referencia a la tercera de la hipótesis mencionadas precedentemente -cuya redacción fue ahora modificada-, exige expresa constitución en "mora" (731) . Cuando media requerimiento "judicial" no existe, ni ha existido, duda alguna acerca de que la Administración Pública está en mora, con todas sus consecuencias. El requerimiento "extrajudicial", en este ámbito de actividades, vincúlase al "reclamo administrativo" que se formulare. En tal orden de ideas, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha orientado firmemente hacia la buena solución. Si bien con anterioridad -año 1919- el tribunal había declarado que "la gestión administrativa no constituye en mora a la Nación, dado que ella sólo significa el cumplimiento del precedente indispensable para la acción judicial a efecto de que se declare el reconocimiento del derecho que se pretende" (732) , posteriormente consideró que "el reclamo administrativo deducido por la actora importa un requerimiento extrajudicial que, conforme a lo dispuesto en el artículo 509 del Código Civil, constituye en mora al deudor y le impone la obligación de pagar desde entonces intereses moratorios" (733) . Claro está que la pertinente gestión administrativa debe traducir o importar efectivamente una reclamación de pago, no siendo suficiente para que en la especie se produzca la mora extrajudicial de la Administración una simple presentación inexpresiva que no aclare el objeto de la misma (734) . De modo que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, el "reclamo" administrativo surte efectos de requerimiento extrajudicial y es idóneo para constituir en "mora" a la Administración Pública, con la lógica consecuencia de que ésta deberá intereses computados a partir de la expresada reclamación (735) . Otras veces, de las normas vigentes -sean éstas "legales", de tipo formal o material, o "contractuales"- surge que en determinados supuestos de incumplimiento por parte de la Administración Pública, ésta queda "automáticamente" en mora, devengándose desde entonces los intereses respectivos (736) .
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Finalmente, en otros ocasiones los tribunales, haciendo aplicación del inciso 2º del artículo 509 del Código Civil (redacción originaria), consideraron "automáticamente" en mora -mora ex re- a la Administración Pública, admitiendo entonces el consiguiente curso de intereses, "cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resulte que la designación del tiempo en que debía cumplirse la obligación fue un motivo determinante por parte del acreedor". Determinar si un caso dado encuadra o no en esa norma constituye una "cuestión de hecho", para cuya dilucidación es decisiva la circunstancia de que esté determinada o sea determinable la fecha en que debe efectuarse el pago. Un sinnúmero de supuestos puede quedar amparado por esa disociación legal: todo dependerá de las circunstancias y de lo establecido en cada contrato -cualquiera que éste sea-, cuyas disposiciones deben interpretarse racionalmente; así, si el contrato fue cumplido por el cocontratante, y estuviere establecido que las sumas depositadas por ésta, para garantizarlo debían serle devueltas al quedar cumplido el mismo, no existiría razón alguna que obste a que el atraso de la Administración en devolver esas sumas dé lugar, automáticamente, al curso de intereses desde que el contrato quedó cumplido por el cocontratante, salvo, claro está, que la Administración Pública pusiere los fondos a disposición del cocontratante y éste fuere remiso en retirarlos (737) . En diversas ocasiones, particularmente en materia de construcción de obras públicas, se hizo mérito de este criterio para considerar en mora a la Administración Pública; pero tal temperamento es igualmente aplicable a toda otra clase de contratos administrativos. De lo dicho surge, no obstante, que, como consecuencia de lo dispuesto en el transcripto párrafo 2º del artículo 509 del Código Civil (redacción originaria), no habrá mora "automática" si no hubiere fecha para el pago, determinada o determinable. De modo que por imperio del expresado texto del artículo 509 del Código Civil -inciso 2º del mismo-, puede haber mora "automática" de la Administración, aun cuando tal tipo de mora no se hubiere estipulado expresamente (738) . Huelga decir que si la demora en el pago obedeciere a causas imputables al cocontratante, éste, en tal caso, no tendrá derecho alguno a reclamarle el pago de intereses a la Administración Pública. Esto, que es de principio, constituye el criterio vigente en nuestro derecho (739) . No podría ser de otra suerte: no es lícito que alguien pretenda un beneficio (los "intereses" en este caso) sobre la base de su propia negligencia o torpeza. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido el derecho del cocontratante a percibir "intereses" cuando la demora en el pago sea imputable a la Administración Pública (740) ; del mismo modo, reconoció el derecho del cocontratante a percibir "intereses" cuando la demora en el pago, por parte de la Administración Pública, obedeció a "bien fundadas" reglamentaciones de aquél (741) . 755. En el ámbito administrativo rige como principio general el de que todo pago debe efectuarse después de realizado el servicio o entregada la cosa. Algunos tratadistas dicen que este principio es propio de la "contabilidad pública" (742) . Ello obedece a que los fondos o dineros respectivos no le pertenecen a personas particulares, sino al pueblo representado en el Estado, lo cual, para mantener el criterio del que toda actividad estatal debe responder al interés público, obliga a que la disposición de tales valores sólo se efectúe en casos especiales y bajo severos controles o garantías.
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Pero en materia contractual ese principio recibe atenuaciones; de lo contrario la generalidad de las veces el Estado no hallaría quién quisiera o pudiera contratar con él, pues difícilmente la situación financiera del cocontratante le permitiría a éste aguardar hasta el cumplimiento total del contrato, para recién entonces percibir el "precio" correspondiente. La mayoría de las veces, el cocontratante de la Administración sólo dispone de un capital limitado, que por regla general es inferior al valor total de las inversiones requeridas por el contrato; la ejecución de éste puede exigir inversiones de tal magnitud que si el cocontratante sólo pudiere percibir el precio una vez cumplido el contrato, podría darse el caso de que, a raíz de los desembolsos que debió realizar, quede sin dinero efectivo, lo cual sería tan perjudicial para él como para la Administración Pública, ya que el cocontratante podría verse obligado ya sea a disminuir el ritmo de su actividad o a paralizar las obras o la entrega de cosas por falta de capital. Para evitar todo esto se aceptan las "atenuaciones" a que hice alusión, en cuyo mérito, sin que el Estado pague "todo" el precio antes del cumplimiento total del contrato, se utilizan otras modalidades de pago que, respetando en lo esencial el referido principio de que todo pago debe efectuarse después de realizado el servicio o entregada la cosa, permita la financiación de los contratos administrativos. Se concilia, así, el "principio" de referencia con las "necesidades prácticas" atinentes al cumplimiento de los expresados contratos. En mérito a ello, el cocontratante puede recibir el "precio" de acuerdo a tres modalidades distintas: 1º Por entregas a cuenta de trabajos o abastecimientos en curso. Trátase, en definitiva, de pagos "parciales". 2º Por entrega "anticipadas", es decir que correspondan todavía a trabajo o cosa alguna, realizado o entregada por el cocontratante. Este temperamento es poco utilizado, e incluso poco recomendable, pues en realidad conspira contra la idoneidad "financiera" que debe poseer, al menos en una mínima proporción, el cocontratante. 3º Por saldo definitivo al terminar completamente el contrato, correspondiente a trabajos realizados o a cosas entregadas por el cocontratante (743) . Este pago presupone un ajuste de cuentas, efectuado sobre las siguientes bases: trabajo realizado y cosas entregadas por el cocontratante; sumas ya percibidas por éste; cantidades que el cocontratante hubiere depositado en garantía del cumplimiento del contrato, las que, una vez cumplido éste, deben serle devueltas. 756. Cuando los pagos al cocontratante no se efectúan en forma total y en una sola vez, sino en forma parcial supeditada a un reajuste final definitivo, se plantea el problema de si el recibo que aquél otorgue respecto al capital, pero sin efectuar reserva alguna a "intereses", extingue o no el derecho a cobrar éstos. Dicha cuestión se suscita a raíz de lo preceptuado por el artículo 624 del Código Civil, que dice así: "El recibo del capital por el acreedor sin reserva alguna sobre los intereses, extingue la obligación del deudor respecto de ellos". Todo esto tiene importancia especial en materia de contratos "administrativos" stricto sensu, donde los pagos al cocontratante, por regla general, no se le efectúan en una sola vez y en forma definitiva, sino provisionalmente, mediante entregas a cuenta -"pagos parciales"- sujetas a un reajuste final al concluirse el contrato por cumplimiento del mismo.
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Este punto debe examinarse desde dos aspectos: 1º respecto a los pagos parciales, sujetos a un reajuste, y que por tanto revisten carácter "provisional"; 2º respecto al pago definitivo que se le efectúe al cocontratante, una vez cumplido el contrato. Entre nosotros esta cuestión fue particularmente examinada con relación a los pagos que la Administración Pública le efectúa al cocontratante en los contratos de construcción de obra pública. De dichos pagos unos son "parciales", sujetos a reajuste final; después, al terminar el contrato, se efectúa un pago "definitivo" sobre la base de un reajuste de cuentas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que el recibo de los referidos pagos parciales, aunque no contenga "reserva" alguna respecto a los intereses, no obsta a que éstos sean reclamados y cobrados al hacerse la liquidación "definitiva" (744) ; pero agregó que el recibo que se otorgue con motivo de la liquidación "definitiva", si no incluye los intereses devengados y no se hiciere en él reserva alguna respecto a dichos intereses, extingue el derecho a percibirlos (745) . La doctrina hállase de acuerdo con tales soluciones (746) . Pero cuadra advertir que idéntica solución corresponde adoptar respecto a cualquier otro contrato "administrativo" donde los pagos que se efectúen al cocontratante presenten las características mencionadas. Ninguna razón de principio se opone a ello: "eadem ratio, idem ius". Todo lo que "integre" el concepto jurídico de "precio" -verbigracia, "mayores costos"queda comprendido en las reglas precedentes. Finalmente, cabe agregar que, aun cuando el cocontratante hubiere efectuado la "reserva" respecto de intereses en los recibos por pagos parciales o provisionales que se efectuaron, sino efectuó tal "reserva" al recibir el pago "definitivo" pierde el derecho al cobro de intereses (747) . 757. Lo atinente al pago de los gastos de entrega de la cosa objeto del contrato (contrato de "colaboración") tiene obvia incidencia en el "precio" que recibirá el cocontratante: si dichos gastos estuvieren a cargo de la Administración, no repercutirían en el patrimonio del cocontratante; en cambio, si estuvieren a cargo de éste, incidirían en el precio que éste debe percibir, reduciéndolo proporcionalmente. De ahí la importancia en aclarar a cargo de cuál de las partes están dichos gastos. Por los gastos de entrega, tratándose de cosas "muebles", se entiende los requisitos para trasladar la cosa al lugar en que sería recibida por el comprador (flete, acarreo, embalaje, descarga, trabajo de contar la mercadería, pesarla, medirla, controlar si lo entregado correponde a lo adquirido, etc.) (748) . ¿Quién debe abonar esos gastos de entrega? En derecho privado, ya se trate de derecho civil o del derecho comercial, esos gastos, por principio, deben ser satisfechos por el vendedor (Código Civil, artículo 1415 ; Código de Comercio, artículo 460 ). Va de suyo que ello puede variar mediante estipulación contraria establecida por las partes (textos citados de los códigos civil y comercial), pues tal convenio en modo alguno afectaría al orden público.
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En materia de contratación administrativa, la legislación de nuestro país sigue exactamente el mismo criterio del derecho privado. Los gastos de entrega de la cosa (flete, acarreo, descarga y estiba) son a cargo del adjudicatario, o más bien dicho del "cocontratante" (Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 45, 71, segundo párrafo, y 145 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad) (749) . Excepcionalmente, dichos gastos -en todo o en parte- podrían estar a cargo de la Administración Pública (Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 45, 71, último párrafo, de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). En materia de "cosas inmuebles", salvo los principios particulares establecidos en derecho administrativo acerca de la procedencia o improcedencia de la escritura pública (ver nº 710), son aplicables los principios de derecho general ya vigentes en el derecho privado, de los cuales se han ocupado los expositores de esa rama jurídica. 758. C. Otro derecho del cocontratante, reunidos que sean los requisitos pertinentes, consiste en "suspender" el cumplimiento del contrato, haciendo mérito de la exceptio non adimpleti contractus. De esto me ocupé precedentemente, nº 730, al cual me remito. 759. D. Asimismo, integra la serie de derechos del cocontratante el de pedir, en determinadas circunstancias, que la autoridad jurisdiccional judicial declare la rescisión del contrato administrativo. Esto procederá por las causas que autorice el derecho vigente y por las que acepte la doctrina científica. En materia de contrato de construcción de obra pública, la ley nacional 13064, artículo 53 , en sus cinco incisos, establece los supuestos en que el cocontratante puede pedir la rescisión. Respecto a los contratos que prevé la ley de contabilidad en su artículo 55, el Reglamento de las Contrataciones del Estado, para el supuesto de que la Administración Pública no cumpla en término los requisitos a su cargo, autoriza que el adjudicatario pida la rescisión del contrato (inciso 97, párrafo b], de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). Va de suyo que si bien la Administración Pública, dado el carácter ejecutorio de sus actos dotado de ejecutoriedad "propia", puede rescindir por sí y ante sí el contrato administrativo, el cocontratante sólo puede "pedir" que la autoridad jurisdiccional judicial declare tal rescisión (750) . 760. E. Otro derecho del cocontratante es el de ser "resarcido" cuando su contrato es extinguido por la Administración Pública invocando razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Trátase de un supuesto de "revocación". Aunque por impropiedad de lenguaje, en la especie suele hablarse de "rescisión" unilateral del contrato, no se trata de tal, sino de revocación por razones de oportunidad (751) . El derecho del cocontratante a ser resarcido en esto supuestos halla directo fundamento en el "principio" emergente del artículo 17 de la Constitución Nacional, en cuyo mérito el sacrificio de un derecho individual por razones de interés público apareja el correlativo resarcimiento.
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En cuanto a la "indemnización" correspondiente al cocontratante, téngase presente lo dispuesto por el Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 88 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad (752) . Ver dicho inciso en el decreto 5720/72. 761. E. El cocontratante, al celebrar su contrato con la Administración Pública, lo hace con el propósito de obtener un beneficio, que generalmente resulta calculado no sólo sobre la índole de la prestación que realizará (servicio público, obra pública, suministro, transporte, etc.), sino también sobre el capital a invertir en maquinarias, útiles, combustibles, jornales, etc. No ha de olvidarse, como bien se ha dicho, que el cocontratante es un particular que busca en el contrato administrativo su interés financiero, que a su vez se concreta en la "remuneración" que le reconoce el contrato (753) . El contrato, celebrado con el compromiso recíproco de ambas partes, le "asegura" al cocontratante la obtención de ese beneficio. Precisamente, ése es el motivo que determinó al cocontratante a contratar. Cuando ese "beneficio", sea por causas imputable a la Administración Pública o por causa no imputables a ésta, sobrevinientes e imprevisibles en el momento de contratar -y que reúnan determinadas características-, sufra un menoscabo, el cocontratante tiene derecho a que el beneficio previsto sea restablecido (754) , o a que los perjuicios ocasionados sean atenuados. Esto es lo que se llama "derecho al mantenimiento del equilibrio financiero del contrato, o restablecimiento de la ecuación financiera" (755) . Así, pues, el equilibrio financiero, o la ecuación financiera del contrato, es una relación establecida por las partes contratantes en el momento de celebrar el contrato, entre un conjunto de derechos del cocontratante y un conjunto de obligaciones de éste, considerados equivalentes: de ahí el nombre de "ecuación" (equivalencia-igualdad); esta última no puede ser alterada (756) . Como en todo contrato, el cocontratante en un contrato administrativo debe soportar, a su propio costo y riesgo, el álea "normal" de toda negociación, no así el álea "anormal" (757) , cuyas consecuencias deben serle resarcidas o atenuadas. Sobre eso volveré más adelante (véase nº 789, texto y notas 793 y 794). Lo cierto es que la situación del cocontratante debe ser finalmente tal que pueda lograr las ganancias razonables que habría obtenido de cumplirse el contrato en las condiciones originarias (758) . Ya cuando en otro lugar de esta obra se habló del derecho de la Administración Pública a "modificar" el contrato administrativo, quedó establecido que esa potestad administrativa no era ilimitada, sino, por el contrario, "limitada", y que aun cuando fuera ejercida dentro de lo jurídicamente admisible, ello podría generar, en beneficio del cocontratante, un derecho a resarcimiento (ver nº 737). No se avienen con el contenido ético-jurídico de las relaciones entre el Estado y sus cocontratante el quebrantamiento de la ecuación financiera, constituida ésta por la común y lícita intención de las partes (759) . Acertadamente se dijo que si para la Administración es vital la satisfacción de los intereses públicos, para el particular cocontratante el móvil del contrato es el interés financiero (760) .
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¿Pero cuál es el fundamento jurídico positivo de la obligación del Estado de respetar el mantenimiento de esa ecuación económico-financiera? Para algunos, dicho fundamento es el contrato, "ley de las partes". En realidad este fundamento es harto idóneo para ello. ¿Qué obligación o vínculo más directo puede existir ente las partes que el propio contrato que ellas mismas celebraron? Así ocurre en Francia (761) , donde la cuestión fue planteada ante el Consejo de Estado. Éste, en el conocido fallo del 21 de marzo de 1910 ("Ministre des Travaux Publics c/Compagnie Générale Française des Tranways"), aceptó la tesis del egregio comisario de gobierno Léon Blum, quien, en síntesis, poniendo en juego la idea de "justicia conmutativa", sostuvo que entre las obligaciones y los derechos del cocontratante debe existir una "equivalencia honesta". Dijo Blum en su dictamen: "Es de la esencia misma de todo contrato de concesión hallar y realizar, en la medida de lo posible, un equilibrio entre las ventajas acordadas al concesionario y las cargas que le son impuestas. La explotación de un servicio público puede ser concebida a priori como onerosa o como remunerativa. Las ventajas acordadas al concesionario y las cargas que le son impuestas, deben balancearse de manera que formen la contrapartida de los beneficios probables y de las pérdidas previstas. En todo contrato de concesión hállase también implícita, como un cálculo, la equivalencia honrada ("équivalence honnˆte") entre lo que se otorga al concesionario y lo que se le exige. Y este cálculo de equivalencia es esencial al contrato..." (762) . Algo similar acaece en Brasil, según referencias de Caio Tácito (763) . En nuestro país, el fundamento del deber ético-jurídico del Estado de mantener incólume el equilibrio financiero, la ecuación económico-financiera, del contrato en beneficio del cocontratante -indemnizando adecuadamente a éste-, tanto más cuando tal alteración responda a razones de "oportunidad" o de "interés público", no es otro que el "principio" constitucional emergente del artículo 17 de la Ley Suprema, en cuyo mérito a nadie puede imponérsele el sacrificio de sus intereses particulares en beneficio público sin el respectivo resarcimiento. Va de suyo que el derecho al mantenimiento del equilibrio financiero del contrato -"ecuación financiera del mismo"- existe con relación a cualquier tipo de contrato, ya se trate de una concesión de servicio o de obra, de un contrato de construcción de obra pública, de un contrato de suministro, de un contrato de transporte, etc. La razón que justifica esa exigencia es esencialmente igual para todos los contratos administrativos (764) . El respectivo principio inminente de justicia que justifica tal solución es de vigencia para toda especie de contratación. 762. El "equilibrio económico financiero" del contrato puede sufrir menoscabo por tres circunstancias fundamentales: a) Causas imputables a la Administración en cuanto ésta no cumpla con las obligaciones específicas que el contrato pone a su cargo, sea ello por dejar de hacer lo que le correponde o introduciendo "modificaciones" al contrato, sean éstas abusivas o no.
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b) Por causas imputables al "Estado", inclusive, desde luego, a la Administración Pública, sea ésta o no la misma repartición que intervino en la celebración del contrato. Los efectos de estas causas inciden, o pueden incidir, por vía refleja en el contrato administrativo. c) Por trastornos de la economía general del contrato, debidos a circunstancias extremas, no imputables al Estado, y que inciden en el contrato por vía refleja. En la primera hipótesis se estará en presencia de un supuesto común de reponsabilidad contractual del Estado; en la segunda hipótesis aparece el denominado "hecho del príncipe" (fait du prince); en el tercer supuesto surge la llamada "teoría de la imprevisión". De las tres especies mencionadas me ocuparé en los parágrafos siguientes. 763. a) Cuando la Administración Pública no cumple con las obligaciones que el contrato pone a su cargo, alterando por esa vía el equilibrio económico financiero del mismo, ello determina un supuesto de responsabilidad contractual del Estado (765) . El "incumplimiento" determinante de esa responsabilidad depende de las características del contrato y de las normas a considerar. La existencia de la responsabilidad contractual del Estado -como asimismo el "monto" a que ella asciende- debe hacerla declarar el cocontratante por la autoridad jurisdiccional judicial, a la que debe acudir, salvo el supuesto de que, en instancia administrativa, la Administración reconozca y haga efectiva su responsabilidad por la violación a sus deberes contractuales. Como criterio general, los principios de la responsabilidad contractual en derecho administrativo son los mismos que rigen en el derecho civil (766) . Sería contrario a toda "lógica" y a toda "moral" no responsabilizar al Estado por el incumplimiento de un contrato. Una "irresponsabilidad" semejante chocaría con el concepto mismo de "derecho". Los contratos -a través de los cuales las partes establecen y limitan recíprocamente sus derechos y obligaciones- se hacen para ser cumplidos y respetados: el quebrantamiento de esta norma esencial de conducta determina responsabilidad. b) En otro lugar de esta obra quedó dicho que una prerrogativa propia de la Administración Pública es la de "modificar" el contrato administrativo. Pero también quedó aclarado que la potestad de efectuar esas modificaciones tiene sus límites y sus eventuales consecuencias. Como en lo substancial se trata de la alteración de un "contrato" -del cual han nacido derechos para el cocontratante-, el sacrificio de esos derechos, que en la especie tendría
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lugar por razones de interés público, requiere el inexcusable respeto a principios básicos de nuestro orden jurídico, siendo por eso que los quebrantos que ello le ocasione al cocontratante, cuando sean viables las modificaciones introducidas, deben serle resarcidos: así lo impone la necesidad de mantener el equilibrio financiero en favor del cocontratante (véase el nº 737) (767) . Si las expresadas "modificaciones" fueren abusivas, o excedieren los márgenes autorizados por las normas, el cocontratante podría incluso solicitar que se declare la rescisión del contrato. 764. La ecuación o equilibrio económico financiero del contrato "administrativo" puede sufrir alteración por un acto imputable al "Estado". Es lo que en doctrina denomínase "hecho del príncipe", determinante de la llamada "álea administrativa", por oposición al álea "económica" propia de la llamada "teoría de la imprevisión", álea ésta "ajena" a la voluntad estatal (768) . ¿Qué se entiende, concretamente, por "hecho del príncipe"? Ya nuestro codificador, doctor Vélez Sarsfield, se ocupó de la cuestión. Dijo que se "entienden por hechos del soberano (o del "príncipe"), los actos emanados de su autoridad, tendiendo a disminuir los derechos de los ciudadanos" (769) . Waline vincula el "hecho del príncipe" a la "autoridad pública" (770) . ¿Pero qué ha de entenderse, a estos efectos, por "autoridad pública"? Laubadère da dos significados: uno amplio y otro restringido. En un concepto amplio, la expresión "hecho del príncipe" significa toda intervención de los poderes públicos que tenga por resultado afectar de una manera cualquiera las condiciones jurídicas o sólo las condiciones de hecho de acuerdo a las cuales un cocontratante de la Administración ejecuta su contrato. Tales actos de los poderes públicos pueden ser de carácter "general" o de carácter "particular". Pero en un sentido restringido afirma que, para ser aplicable la teoría del "hecho del príncipe", el acto o hecho dañoso debe emanar de la propia autoridad pública con la cual se celebró el contrato (771) . No comparto estas últimas conclusiones: hállanse vacuas de sentido lógico, máxime ante el derecho público argentino, según lo advertiré en el parágrafo próximo. La responsabilidad estatal por "hecho del príncipe", que encuentra fundamento en el "álea administrativa", puede resultar de hecho o acto de "cualquier" órgano esencial del Estado o de cualquiera de sus reparticiones; del mismo modo, la responsabilidad estatal que se hace efectiva mediante la "teoría de la imprevisión" halla fundamento en la llamada "álea económica", cuya creación "no" depende de actos o hechos concretos del Estado. A raíz del acto lesivo emanado de cualquier órgano o repartición estatal perteneciente a un mismo orden jurídico (es decir, al orden nacional o al orden provincial), se trate o no de la autoridad pública que intervino en la celebración del contrato, el cocontratante puede requerir una reparación integral, invocando para ello al teoría del "hecho del soberano" ("hecho del príncipe", "fait du prince"). Esto no coloca frente a la llamada "álea administrativa". En la "teoría de la imprevisión", en cambio, la reparación que recibe el cocontratante no es integral, sino parcial, y se vincula a la llamada "álea económica", que no es imputable específicamente al Estado. Más adelante expondré los fundamentos de tales afirmaciones (nº 771, in fine).
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Tampoco cuadra hacer distinción alguna entre actos estatales de carácter o alcance "general" o "particular", pues la teoría del "hecho del príncipe" sólo se aplica tratándose de actos de carácter o alcance "general". Los actos de alcance "particular" dan lugar a la "responsabilidad contractual" del Estado. 765.La teoría del "hecho del príncipe" es conocida a través de diversas denominaciones, que vale la pena tener presente para saber que se refieren a lo mismo. Nuestro codificador, doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, le llama "hecho del soberano" o "fuerza del príncipe" (772) . La generalidad de la doctrina la denomina "hecho del príncipe" ("fait du prince", en Francia) (773) . Otros, para distinguir adecuadamente esa situación, que es debida a un hecho o a un acto estatal, de la situación que cae bajo el ámbito de la teoría de la imprevisión, le denominan "álea administrativa" o "fait de l ´Administration" (774) . Finalmente, como el agravio al derecho del cocontratante puede resultar de una medida o actitud estatal negativa, por ejemplo, derogación o no aplicación de un texto legislativo o reglamento con cuya vigencia el cocontratante pudo contar, algunos tratadistas hablan entonces de "hecho del príncipe negativo" ("fait du prince négatif") (775) . 766. El "hecho del príncipe", acto del soberano o acto de la autoridad pública, puede concretarse en medidas muy diversas. Sería imposible agotar la enumeración de tales medidas. Así, ellas pueden manifestarse a través de decisiones jurídicas o de acciones materiales; a través de actos que impliquen modificaciones de las cláusulas del contrato, o que sólo modifiquen las condiciones exteriores de ejecución de éste, influyendo entonces en el contrato por vía refleja o incidental, pero siempre causando lesión en el derecho del cocontratante (776) . Todo dependerá de cómo se produzcan las circunstancias en el caso concreto. Además, hay autores que hablan de medidas "generales" y de medidas "particulares"; pero como lo expresé precedentemente e insistiré más adelante en otro parágrafo, el "hecho del príncipe", propiamente tal, sólo puede consistir en medidas "generales". Las medidas "particulares" no encuadran en el "hecho del príncipe", sino en los principios comunes de responsabilidad contractual del Estado. 767. La teoría del "hecho del príncipe" tiene o puede tener vigencia respecto a todos o a cualquier contrato administrativo, propiamente dicho. Así, podrá aplicarse tanto en un contrato de suministro, como en uno de construcción de obra pública, de concesión de servicio público, de transporte, etc. Como bien se dijo, hay una teoría del "hecho del príncipe" común a todos los contratos administrativos (777) . 768. La teoría del "hecho del príncipe" nació en Francia, cuna de tantas concepciones luminosas. Pero nunca fue sistematizada. Su mecanismo y contenido es confuso, incierto, vacilante, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Más aún: advierto que la doctrina,
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en lugar de colaborar con la jurisprudencia orientándola técnicamente y haciéndole notar las deficiencias teóricas, se ha limitado a "sistematizar" lo establecido por el Consejo de Estado. Posiblemente lo expuesto sea lo que determinó a que un tratadista francés dijera que la "teoría del hecho del príncipe es una de las más confusas del derecho de los contratos administrativos, por más que ciertos trabajos recientes hayan contribuido notablemente a esclarecerla" (778) , y que otro expositor de ese país, al encontrar que tal teoría carecía de "principios", consideró oportuno tratarla recurriendo a la "causística" (779) : una vez más el científico método jurídico es reemplazado por el empírico método "realista". Se dio preferencia a los "hechos" con relación a los "principios". No comparto este criterio. La teoría del hecho del príncipe debe ser estudiada, y así lo haré, sobre la base de "principios", no de "casos" y, sobre todo, teniendo fundamentalmente presentes los principios del derecho público argentino, que algunos de nuestros autores olvidan para seguir a tratadistas foráneos. 769. Para la existencia jurídica del llamado "hecho del príncipe", la resolución o disposición del Estado debe ser de carácter "general", objetivo, incidiendo en los efectos económicos de un contrato administrativo existente, con menoscabo de dichos efectos en contra del cocontratante. Como lo advertiré en un parágrafo próximo, poco importa de qué órgano estatal provenga dicha resolución o disposición "general", siempre y cuando se trate de un órgano o repartición estatal perteneciente a la misma esfera jurídica a que pertenece el órgano o autoridad que celebró el contrato. Siendo de carácter "general" esa resolución o disposición de las autoridades públicas, e incidiendo ella en la economía del contrato, alterando la ecuación económico-financiera del mismo considerada ab initio -en el momento de celebrar el contrato-, la teoría del "hecho del príncipe" (fait du prince o "acto del soberano") es de plena aplicación. Trátase de una consecuencia del álea "administrativa", por oposición al álea "económica", base ésta de la "teoría de la imprevisión". Va de suyo que el álea "normal" -determinante de perjuicios "comunes" u "ordinarios"-, aun tratándose de resoluciones o disposiciones "generales", queda a cargo exclusivo del cocontratante, quien debe absorber sus consecuencias; tal ocurriría con una resolución de la autoridad pública que únicamente torne algo más oneroso o difícil el cumplimiento de las obligaciones del contrato (780) . Sólo el álea "anormal", extraordinaria, que afecte la economía del contrato queda a cargo del Estado. En este orden de ideas, en Francia se ha resuelto que tales disposiciones generales pueden dar lugar a indemnización en base a la teoría del "hecho del príncipe" cuando ellas causen una verdadera "alteración" o "trastorno" en el contenido del contrato, o cuando la ley o el reglamento afecten alguna circunstancia que pueda considerarse que fue esencial, determinante, en la contratación y que en ese sentido fue decisiva para el cocontratante (781) . Es lo que suele o puede ocurrir con la sanción de nuevos impuestos, leyes sociales, mediadas económicas o monetarias, autorización para exportar productos de la índole de los que deben ser proveídos al Estado según el contrato, etc. Todo esto constituye cuestiones de hecho, cuya solución depende de
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cada caso concreto, al que deberá aplicársele los "principios" pertinentes. No pueden darse soluciones fijas: sólo pueden exponerse criterios generales. El fundamento de tal responsabilidad del Estado hacia su cocontratante, basada en el "hecho del príncipe", radica en los "principios" de los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional, pues, so pretexto de que cumpla el contrato administrativo (de obvio interés general o público), al cocontratante se le estaría dando un trato desigual respecto a los demás habitantes, y que, aparte de que la norma "general" dictada afecta los derechos individuales de tal cocontratante, al exigirle el cumplimiento del expresado contrato haríase incidir sobre él una carga que no pesa sobre las demás personas, cuyo derecho, en la especie, no experimenta desmedro específico alguno por razones de interés público. No es concebible que un individuo en especial, a través del cumplimiento de un contrato administrativo, sufra detrimento en su patrimonio obedeciendo esto a razones de interés público. Tampoco es concebible que, en beneficio público, a raíz de la norma "general" dictada que trastorna o altera la economía o ecuación financiera de su contrato, el administrado reciba menoscabo patrimonial, sin indemnización, como ocurriría si, en las circunstancias expuestas, se pretendiera que el cocontratante cumpla igualmente sus obligaciones, cargando con una lesiva situación que excede todas la previsiones del contrato: habría ahí un menoscabo de la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad (artículo 17 de la Ley Suprema) -de la que forma parte el derecho nacido de un contrato-, ya que en beneficio del interés general se lesionaría el patrimonio del cocontratante. A las demás personas o habitantes a quienes afecte la expresada medida "general", no les corresponde, en este supuesto, indemnización alguna, por cuanto la situación de tales personas, al no hallarse éstas vinculadas al Estado por un contrato, no es "diferencial", no pudiendo entonces invocar a su favor la existencia de un perjuicio específico y particular derivado de esa norma "general". En tales casos, la obligación del Estado de indemnizar al cocontratante es una obvia consecuencia del "principio" también contenido en el expresado artículo 17 de la Constitución, conforme al cual todo menoscabo patrimonial o individual ocasionado por razones de interés público o general debe ser resarcido: trátase de un principio general de derecho aplicable en todos los supuestos de lesión patrimonial particular por razones de interés público y no sólo en los casos de expropiación por causa de utilidad pública (782) . En cambio, si la resolución o disposición del Estado fuesen de carácter "individual" o "particular" respecto al cocontratante, la responsabilidad estatal -a pesar de la casi general afirmación contraria de la doctrina- nada tendría que ver con el "hecho del príncipe" ("acto del soberano"), no se regiría por él, sino por los principios de responsabilidad "contractual" del mismo. En la especie se estaría en presencia de la violación de un contrato por parte del "Estado", en cuyo nombre se habría celebrado el contrato administrativo, ya que la Administración Pública, carente de personalidad, es un mero órgano de la persona jurídica Estado. El responsable es este último: tanto la Administración Pública, como el Legislativo y el Judicial son simples "órganos" suyos (783) . En estos casos nada tiene que ver la teoría del "hecho del príncipe". No es posible considerar, como sujetos distintos, al Estado y a los órganos esenciales que lo integran.
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De lo expuesto dedúcese la diferencia existente entre la responsabilidad por "hecho del príncipe" y la responsabilidad "contractual" del Estado: el "hecho del príncipe" presupone una norma "general" emanada de la autoridad pública, en tanto que la responsabilidad "contractual" del Estado presupone una norma "específica" relacionada con el contrato administrativo en cuestión; la responsabilidad por "hecho del príncipe" no es "directa", sino "refleja": incide en el ámbito jurídico del cocontratante, causándole un daño resarcible por ser éste "diferencial" respecto a los demás habitantes. 770. La generalidad de la doctrina sostiene que para tener por configurado el "hecho del príncipe", la resolución o disposición lesiva del derecho del cocontratante debe emanar de la "misma" autoridad pública que celebró el contrato (784) . En modo alguno comparto tal criterio. Dicha medida pude proceder de cualquier autoridad pública, siempre que ésta corresponda al mismo orden jurídico a que pertenece la autoridad que celebró el contrato. Ningún principio de derecho se opone a ello; más aún: los "principios" constitucionales que sirven de apoyo a lo que se ha dado en llamar "teoría del hecho del príncipe" (en cuyo mérito, en los casos ocurrentes, nace la obligación de indemnizar al cocontratante), no hacen ni permiten hacer distinción alguna entre hechos y actos procedentes de la propia autoridad pública que intervino en la celebración del contrato o de otra autoridad estatal. Así, tratándose de un contrato celebrado por la Nación, la expresada medida lesiva puede emanar de cualquier órgano o repartición integrante o dependiente de ella; lo mismo cuadra decir de los contratos celebrados por provincias. Luego me referiré a los contratos que celebre una municipalidad o una entidad autárquica institucional, y la medida que altere la ecuación económico-financiera de ellos proviene de la Nación o de la respectiva provincia (véase nota 729). La Administración Pública centralizada, sea ella nacional o provincial, al celebrar un contrato administrativo lo hace en nombre del Estado (nacional o provincial), pues ella carece de personalidad (ver tomo 1º, nº 97). De ahí que el llamado "hecho del príncipe" pueda provenir de cualquier autoridad pública perteneciente al Estado nacional o provincial, según cuál sea la esfera política jurídica donde se celebre el contrato. No hay por qué limitar y circunscribir ese acto o hecho a la "propia" autoridad administrativa con quien el contrato se efectuó. El contrato administrativo es siempre celebrado por el Estado, no por el órgano Ejecutivo -o sus reparticiones-, ni por el órgano Legislativo, ni por el órgano Judicial, ya que éstos carecen de personalidad y al intervenir en el contrato no lo hacen a nombre propio, sino a nombre del "Estado", ejercitando en la especie la dosis o porción de competencia que les atribuye la Constitución (véase el tomo 1º). Carece de toda trascendencia, entonces, que la medida perturbadora del equilibrio o ecuación económico-financiera del contrato provenga o no de la misma autoridad pública que celebró dicho contrato. Tal medida perturbadora, en todos los casos, será imputable al "Estado", cualquiera sea el órgano o repartición de éste de que provenga la medida lesiva.
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Pero el contrato administrativo puede resultar alterado o vulnerado por una resolución o disposición emitida por una autoridad perteneciente a un poder jurídico distinto del que corresponde o comprende a la autoridad que celebró el contrato. Así, un contrato celebrado por la Nación puede verse afectado por una resolución o disposición emitida por una provincia, y viceversa; un contrato celebrado por una municipalidad (entidad autárquica territorial) o por una entidad autárquica institucional, sea ésta nacional o provincial, puede verse afectado por una resolución o disposición emitida por la Nación o por la provincia. ¿Cuál es la figura jurídica aplicable para reglar los efectos de tal alteración del contrato? En los supuestos mencionados, cuando el respectivo contrato resulte afectado o vulnerado por un hecho o acto "ajeno" o "extraño" a la autoridad estatal que lo celebró, es aplicable la "teoría de la imprevisión" (álea "económica"), quedando regido por ésta el acto lesivo del contrato (785) . Tratándose de esferas jurídicas distintas, la situación mencionada es enteramente asimilable a la del acontecimiento perturbador "extraño" o "ajeno" a la voluntad estatal (álea "económica"), quedando por ello encuadrado en la "teoría de la imprevisión" y no en la del "hecho del príncipe" (álea "administrativa"). Esta hipótesis es similar a la que se produciría si la medida o hecho perturbador provinieren de un Estado extranjero. Dentro, pues, del orden "nacional" y del "orden provincial", lo resuelto por las respectivas autoridades de la Administración Pública -sean éstas centralizadas o descentralizadas autárquicamente- debe considerarse como resuelto por la Nación o por la pertinente provincia, aplicándose la teoría del "hecho del príncipe" aunque el acto lesivo no provenga de la misma autoridad que celebró el contrato (786) . 771. Quienes no admiten la distinción entre álea "económica" (fundamento de la "teoría de la imprevisión"), procedente de acontecimientos extraños o ajenos a la voluntad del Estado, y álea "administrativa" (fundamento de la teoría del "hecho del príncipe"), procedente de un acto o hecho del Estado, y hacen funcionar el "hecho del príncipe" únicamente cuando el hecho o acto estatal lesivo proviene de la "misma" autoridad que celebró el contrato, y la "teoría de la imprevisión" cuando ese hecho o acto estatal proviene de una autoridad distinta de la que intervino en la celebración del contrato, fundan su opinión esencialmente en lo que denominan "desarrollo de la economía dirigida". En períodos de economía dirigida, dicen, resulta claro que las fluctuaciones económicas y la acción de los poderes públicos hállanse tan íntimamente ligadas que resulta inútil pretender una separación entre las dos áleas referidas (787) . Aparte de que ninguna razón de "principio" obsta a la tipificación de esas dos especies de áleas -álea "administrativa" y álea "económica"-, el referido fundamento de "hecho" utilizado por los adversarios de la tesis que auspicio -o sea las consecuencias de la "economía dirigida"- en modo alguno puede ser invocado como base permanente de un solución jurídica, por cuanto la economía dirigida trasunta un aspecto del totalitarismo, negación de la libertad, por lo que en un Estado de Derecho -cabalmente tal- no es posible fundar teorías jurídicas permanentes sobre bases semejantes, máxime, como digo, cuando no existe "principio" jurídico alguno que obste a la solución que propugno, que tiene, además, la ventaja de su precisión y claridad: 1º si, dentro de una misma esfera jurídica, el
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hecho o acto emana directa y concretamente del Estado -cualquiera sea el órgano o repartición del mismo-, tendrá aplicación la teoría del "hecho del príncipe" (fait du prince). Trátase del álea "administrativa", emergente de un acto o hecho del Estado e imputable al mismo; 2º si las consecuencias dañosas para el cocontratante provienen de acontecimientos imprevisibles y extraordinarios, "ajenos" o "extraños" a la voluntad del Estado, o de cualquiera de sus órganos o reparticiones, tendrá vigencia la "teoría de la imprevisión". Trátase del álea "económica", no imputable al Estado. Como consecuencia de su distinto fundamento, los efectos de la aplicación de una y otra teoría difieren: en el primer caso -fait du prince- la reparación al cocontratante es "integral" (el Estado repara los efectos de "su" conducta); en el segundo caso -"teoría de la imprevisión"- la reparación al cocontratante en modo alguno será integral: sólo consiste en una "ayuda" del Estado para contribuir a que se restablezca el equilibrio económico financiero del contrato, afectado por el aludido acontecimiento extraordinario (aquí el Estado, en cuyo interés se desenvuelve la actividad del cocontratante, sólo contribuye a "atenuar" las consecuencias perjudiciales de un acontecimiento "ajeno" o "extraño" a su voluntad. Por lo demás, como lo diré más adelante, nº 794, esa "ayuda" que realiza el Estado en favor del cocontratante es de "interés público", siendo por ello que la teoría de la imprevisión es de "orden público"). 772. La aplicación de la teoría del "hecho del príncipe" (acto del soberano) produce los siguientes efectos o consecuencias: 1º Obliga a la Administración Pública -"Estado"- a indemnizar integralmente al cocontratante de los perjuicios que el hecho o acto estatal le haya causado al vulnerar o alterar el contrato (788) . Tal es el "principio"; pero éste, dado el fundamento de esa obligación de indemnizar, tiene o puede tener un límite. ¿Cuál es este límite? Como ya lo advertí en el nº 769, al cual me remito (ver, además, nº 774), uno de los fundamentos de la responsabilidad del Estado hacia su cocontratante, basada en el "hecho del príncipe", de acuerdo al cual el Estado debe indemnizar a su cocontratante, radica en los "principios" del artículo 17 de la Constitución Nacional sobre "expropiación" por causa de utilidad pública, en cuyo mérito todo sacrificio del interés particular o privado en beneficio público debe se resarcido. Pero este derecho, como todos los que reconoce la Constitución, debe ejercerse conforme a las leyes que lo reglamenten (artículo 14 de la Ley Suprema). Siendo así, si bien el cocontratante tendrá siempre derecho a que se le restituya el valor del "daño emergente", no ocurre lo mismo con la reparación del "lucro cesante", pues el pago de éste no siempre es reconocido por las leyes que rigen la expropiación: así ocurre en nuestro país en el orden nacional (ley 13064, artículo 11 ). De manera que para establecer cuál es el alcance o límite del deber del Estado de indemnizar integralmente a su cocontratante como consecuencia del "hecho del príncipe", el intérprete deberá tener presente la ley sobre expropiación aplicable en el lugar correspondiente, pues tal ley puede excluir de la indemnización lo relacionado con el "lucro cesante" (789) .
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2º A veces lo atinente a la responsabilidad del Estado por "hecho del príncipe" puede hallarse contemplado en una cláusula expresa del contrato, que excluye o limita dicha responsabilidad, ¿Son válidas tales estipulaciones? Para determinar la validez de semejantes normas debe seguirse el mismo criterio establecido para determinar la validez de una cláusula exorbitante "expresa" del derecho privado incluida en el contrato administrativo. De esto me he ocupado en un parágrafo precedente (nº 602). La doctrina, con acierto, sostiene que sería nula la cláusula en cuyo mérito el cocontratante renuncie, o aparezca renunciando, de manera general, a reclamar indemnización por los perjuicios que le origine el "hecho del príncipe". Trataríase de un cláusula de las llamadas "ilegales" (véase precedentemente, nº 643, texto y notas 272-274). En cambio, sería válida la cláusula por la que el cocontratante renuncie a reclamar indemnización respecto a una medida deteminada que adoptase la Administración (790) . De acuerdo a lo expresado, la disposición del Reglamento de las Contrataciones del Estado, relacionada con el reajuste de precios, podría ser inválida si en el caso concreto resultare en contradicción con los principios expuestos. En lo pertinente, dicho reglamento dice así: "Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables cualquiera fuere la causal que modifique la economía del contrato. Sólo podrá admitirse el reajuste de precios cuando exista autorización otorgada por el Poder Ejecutivo, y se lo hubiere previsto expresamente en las cláusulas particulares. La omisión de este último requisito significará que el organismo licitante no hace uso de la facultad acordada y, por lo tanto, no se reconocerá derecho alguno al proveedor" (inciso 59 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). La ley de contabilidad (decreto-ley 23354/56), a que se refiere la reglamentación transcripta, en parte alguna autoriza expresa y concretamente semejante disposición que, como dejo dicho, en ciertos casos podría carecer de validez, por constituir entonces una cláusula "ilegal" del pliego de condiciones, carácter éste que reviste el Reglamento de las Contrataciones del Estado, según surge de los principios doctrinarios aplicables y de lo expresamente establecido por el propio inciso 83 de la reglamentación al artículo 61 (791) . Siendo así, considerado como "reglamento de ejecución", el Reglamento de las Contrataciones del Estado podría ser objetado, por cuanto altera el espíritu de la ley reglamentada (792) . 3º Como también lo expresé en un parágrafo precedente (nº 727), en ciertos supuestos el "hecho de la Administración" (fait du prince) se asimila a la "fuerza mayor", quedando convocados en el mismo plano, asimismo, en un parágrafo anterior expresé que los "actos del soberano" (fait du prince) pueden constituir un caso de fuerza mayor (ver nº 723, texto y nota 513 y 514). De lo expuesto resulta que el "acto del soberano" (fait du prince) puede producir los efectos propios de la fuerza mayor, o sea consecuencias que pueden ser definitivas o provisionales (resolutorias o dilatorias, respectivamente), dando lugar ello, según el caso, a la "rescisión" del contrato o a que se gradúen o determinen las consecuencias del "retardo" en la ejecución o cumplimiento del mismo (ver números 724 y 728) (793) .
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773. ¿Cuáles son los requisitos que deben concurrir para la procedencia de la indemnización basada en la teoría del "hecho del príncipe"? Al respecto corresponde advertir: 1º Desde que dicha indemnización tiende a reparar "perjuicios", va de suyo que el primer requisito consiste en que tales perjuicios existen efectivamente. Esto es de sentido común. Por lo demás, quien alegue el perjuicio debe probar su existencia (794) . 2º El perjuicio -daño- producido debe ser "resarcible" (795) . En su mérito: a) El hecho o acto generador del daño debe haber sido imprevisto en el momento de celebrar el contrato; de lo contrario, como razonablemente se dijo y se resolvió, el cocontratante lo habría tenido en consideración, haciéndole influir en el precio (796) . b) De acuerdo a lo que he sostenido en un parágrafo precedente, la medida estatal productora del daño debe tener carácter "general", no refiriéndose en forma especial, concreta, particular o directa, al contrato en cuestión (nº 769). Si la medida dictada por el Estado se refiere en forma especial, concreta o particular, al contrato de referencia, la indemnización por los perjuicios ocasionados al cocontratante no tendría por base la teoría del "hecho del príncipe", sino los principios sobre "responsabilidad contractual" del Estado. La responsabilidad por "hecho del príncipe" es "extracontractual". c) Igualmente, conforme a lo que sostuve en un parágrafo anterior, la medida estatal productora del daño puede proceder de "cualquier" órgano, repartición o autoridad pública, perteneciente a la misma esfera jurídica a que corresponde el órgano o autoridad que celebró el contrato, no siendo necesario entonces que la medida cuestionada proceda específicamente de la "misma" autoridad o del "mismo" órgano que intervino en la celebración del contrato (ver nº 770). 774. ¿Cuál es el "fundamento" de la obligación del Estado de indemnizar al cocontratante por los perjuicios que le ocasione el llamado "hecho del príncipe"? Para explicar ese fundamento se utilizaron diversos argumentos. Lo cierto es que tal fundamento depende de lo que se entienda por "hecho del príncipe", es decir de lo que se considere requisitos necesarios para que éste quede configurado. Tal es el punto de partida. Jèze sostiene que "el hecho del príncipe es una aplicación de la teoría general de la reparación equitativa del daño causado por el hecho ajeno" (797) . No comparto esta afirmación del ilustre maestro: adolece de una inaceptable generalidad y amplitud. Aquí no puede hablarse, simplemente, de daño causado por el hecho "ajeno", lo que sería aceptable si el perjuicio proviniese de un tercero, en tanto que en el supuesto de "hecho del príncipe" el daño proviene de una medida dictada por quien hállase ligado jurídicamente al contrato, sea en forma directa o indirecta (de ahí que la teoría del fait du prince -ver nº 770- sea aplicable cuando una medida del Estado altere o vulnere un contrato celebrado por una entidad autárquica, territorial o institucional, correspondiente a su esfera jurídica).
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Waline estima que en estos casos la indemnización no se basa, en modo alguno, en la culpa (798) . Esto es exacto, pero incompleto, pues no aclara cuál es el fundamento de tal obligación de indemnizar. Si no se basa en la "culpa" ¿en qué se basa? Laubadère afirma que el "hecho del príncipe" constituye un caso de "responsabilidad contractual" de la Administración, por cuanto el "fait du prince" procede del mismo órgano o autoridad pública que intervino en la celebración del contrato. Trataríase, dice, de una responsabilidad contractual "sin culpa". Según dicho tratadista, la responsabilidad contractual sin culpa explica el por qué de la indemnización, en tanto que el principio del equilibrio económico-financiero del contrato justifica esa responsabilidad sin culpa. La "responsabilidad contractual de la Administración" y lo atinente al "equilibrio económico financiero" del contrato se complementan entre sí. Sostiene que existe una gran vinculación o relación de lo expuesto con lo que sucede en materia de responsabilidad "extracontractual": en ésta también hay casos de responsabilidad sin culpa, que se justifica por el principio de igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas; puede afirmarse, concluye, que el principio del equilibrio del contrato administrativo cumple, respecto a la responsabilidad contractual sin culpa, un papel análogo al que desempeña el principio de igualdad ante las cargas públicas respecto a la responsabilidad extracontractual sin culpa (799) . La opinión de este destacado expositor es, por cierto, constructiva, y resulta lógica con su concepto acerca de lo que ha de entenderse por "hecho del príncipe". Pero no comparto su criterio, pues hállase elaborado sobre una base respecto de la cual disiento totalmente: mientras Laubadère sostiene que el "hecho del príncipe" procede de la "misma" autoridad que intervino en la celebración del contrato (de ahí lo de "responsabilidad contractual"), yo afirmo que el fait du prince puede provenir de "cualquier" órgano o autoridad estatal perteneciente a la misma esfera jurídica a que corresponde el órgano o autoridad estatal que intervino en la celebración del contrato. Son dos puntos de partida absolutamente distintos. ¿Cuál es, pues, el fundamento de la responsabilidad del Estado por el llamado "hecho del príncipe", en cuyo mérito correponde indemnizar al cocontratante? Como lo he manifestado en parágrafos precedentes, considero que sólo puede hablarse de "hecho del príncipe" cuando la medida estatal lesiva de los derechos del cocontratante sea de carácter "general", y que sólo hay "responsabilidad contractual" del Estado cuando la medida dañosa sea de carácter individual, particular o concreta, con relación al cocontratante cuyos derechos resultan así específicamente alterados o vulnerados. De manera que tratándose del "hecho del príncipe" la responsabilidad del Estado es "extracontractual". El derecho subjetivo que el contrato administrativo le reconoce o crea al cocontratante es, por cierto, una "propiedad" del mismo, en el sentido constitucional del término. Por lo demás, las disposiciones de alcance "general" emitidas por el Estado -leyes formales o materiales- llevan la obvia presunción de que fueron dictadas por que el interés "público" lo requería, presunción tanto más comprensible si se tiene en cuenta que toda la actividad estatal debe tender a la satisfacción de dicho interés. Estas dos premisas son de fundamental
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importancia para resolver la cuestión planteada. Como lo expresaré de inmediato, el fundamento del derecho del cocontratante a ser indemnizado en este supuesto no es otro que el respeto debido a la Constitución Nacional, ya que dicha indemnización se impone como garantía de la inviolabilidad de la propiedad y como mantenimiento del principio de igualdad de los habitantes en las cargas públicas. Según lo adelanté en un parágrafo anterior (nº 769), el fundamento de la expresada responsabilidad del Estado hacia su cocontratante, basada en el "hecho del príncipe", radica en los "principios" de los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional (800) , pues, so pretexto de que cumpla el contrato administrativo (de evidente interés general o público), al cocontratante se le estaría dando un trato desigual respecto a los demás habitantes, ya que, aparte de que la norma "general" dictada afecta los derecho individuales de tal cocontratante, al exigirle el cumplimiento del expresado contrato haríase incidir sobre él una carga que no pesa sobre las demás personas, cuyo derecho, en la especie, no experimenta desmedro alguno por razones de interés público. No es concebible que un individuo en especial, a través del cumplimiento de un contrato administrativo, sufra detrimento en su patrimonio obedeciendo esto a razones de interés público: ello implicaría un olvido del "principio" constitucional de que la igualdad es la base de las cargas públicas (Ley Suprema, artículo 16 , in fine). Tampoco es concebible que, en beneficio público, a raíz de la norma "general" dictada que trasunta o altera la economía o ecuación financiera de su contrato, el administrado reciba menoscabo patrimonial, sin indemnización, como ocurriría si, en las circunstancias expuestas, se pretendiera que el cocontratante cumpla igualmente sus obligaciones, cargando con una lesiva situación que excede todas las previsiones del contrato: habría ahí un menoscabo de la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad (artículo 17 de la Ley Suprema), ya que en beneficio del interés general se lesionaría el patrimonio del cocontratante. A las demás personas o habitantes a quienes afecte la expresada medida "general", en este supuesto no les corresponde indemnización alguna, por cuanto la situación de tales personas, al no hallarse ellas vinculadas al Estado por un contrato, no es "diferencial", no pudiendo entonces invocar a su favor la existencia de un perjuicio específico y particular derivado de esa norma "general". En tales casos, la obligación del Estado de indemnizar al cocontratante es una obvia consecuencia del "principio" también contenido en el expresado artículo 17 de la Constitución, conforme al cual todo menoscabo patrimonial o individual por razones de interés público o general, debe ser resarcido: trátase de un principio general de derecho aplicable en todos los supuestos de lesión patrimonial particular por razones de interés público y no sólo en los casos de expropiación por causa de utilidad pública (801) . Tal es el fundamento del derecho que, de acuerdo a nuestro orden jurídico, tiene el cocontratante a ser indemnizado por los perjuicios que experimente a raíz de los denominados "hechos del príncipe". La expresada obligación estatal de indemnizar al cocontratante tiene, además, un fundamento de orden "moral", porque si el Estado se negase a cumplir ese deber suyo, ello implicaría soslayar las consecuencias dañosas derivadas de sus propios actos o conductas,
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con menosprecio de los referidos criterios constitucionales a que inexcusablemente debe ajustar su actividad (802) . 775. La economía general del contrato administrativo también puede resultar alterada o trastornada por causa "ajenas" o "extrañas" a la voluntad del Estado. Esto es lo que crea la llamada "álea económica", por oposición al "álea administrativa" que es creada por hechos o actos imputables al Estado (lato sensu). El álea administrativa dio lugar al llamado "hecho del príncipe" o del "soberano" (fait du prince), cuyo estudio efectué en los parágrafos que anteceden. El álea económica ha dado lugar a la llamada "teoría de la imprevisión", cuyo estudio realizaré ahora. ¿Qué se entiende por "teoría de la imprevisión"? Esta teoría, también llamada del "riesgo imprevisible", o de "lesión sobreviviente", es el medio que la ciencia jurídica proporciona para que, ante circunstancias extraordinarias o anormales e imprevisibles -posteriores a la celebración de un contrato administrativo-, pero temporarias o transitorias, que alteran la ecuación económico-financiera de tal contrato, deteriorando dicha ecuación en perjuicio del cocontratante, éste pueda requerir la ayuda pecuniaria del Estado para obviar esa crítica situación y poder, así, cumplir o seguir cumpliendo el contrato. Desde luego, tales circunstancias han de ser ajenas a la voluntad del cocontratante. El mencionado es el concepto fundamental de lo que ha de entenderse por "teoría de la imprevisión", a cuyo respecto hay uniformidad en doctrina (803) . Pero la discrepancia aparece cuando se trata de establecer cuál debe ser el origen o la procedencia del hecho o acto determinante del deterioro económico que recibe el cocontratante. Aparte de la controversia sobre si los fenómenos o hechos naturales (es decir, procedentes de la "naturaleza" misma) pueden ser admitidos como causantes del desequilibrio económico que da lugar a que se aplique la teoría de la imprevisión, en particular dicha discrepancia se refiere a los hechos o actos que proceden de autoridades públicas (804) . ¿De qué autoridades públicas deben proceder tales hechos o actos? ¿Ha de tratarse, en fin, de un hecho o acto imputable al Estado? He ahí la cuestión. Para un sector doctrinal, cuando el quebrantamiento de la ecuación económica-financiera que afecta al cocontratante provenga de una actitud del Estado, el hecho o acto respectivo debe proceder de una autoridad estatal distinta de la que intervino en la celebración del contrato; para otro sector de la doctrina ese hecho o acto tanto puede provenir de la misma autoridad pública que intervino en la celebración del contrato, como de una autoridad pública diferente a ésa (805) . Pero siempre se trataría de un hecho o acto procedente del Estado o imputable a éste. Ya precedentemente sostuve que cuando la medida que causa el desequilibrio económico financiero del contrato, lesionando así al cocontratante, proviene de un autoridad estatal,
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"cualquiera" fuese dicha autoridad, la situación creada encuadra en la teoría del "hecho del príncipe" (álea "administrativa"), salvo que la autoridad pública emisora de dicha medida pertenezca a una esfera u orden jurídico distinto del correspondiente a la autoridad que intervino en la celebración del contrato (verbigracia, contrato celebrado por una provincia que resulta alterado por una medida dictada por la Nación), en cuyo supuesto, tratándose de esferas jurídicas distintas, la situación mencionada es enteramente asimilable a la del acontecimiento perturbador "extraño" o "ajeno" a la voluntad estatal (álea "económica"), quedando por ello encuadrado en la "teoría de la imprevisión". Véase lo que expuse en el nº 770. Por tanto, para que sea procedente y aplicable la "teoría de la imprevisión", el acontecimiento causante del desequilibrio económico financiero del contrato no debe serle imputable al Estado: si lo fuere, tendría vigencia el "hecho del príncipe", salvo -como ya lo expresé- que el referido acontecimiento provenga de una autoridad pública perteneciente a una esfera u orden jurídico distinto del que corresponde a la autoridad que intervino en la celebración del contrato, en cuyo caso -por la razón ya dada- la situación creada es enteramente asimilable a la del acontecimiento perturbador "extraño" o "ajeno" a la voluntad estatal. Esta hipótesis resulta similar a la que se produciría si la medida o hecho perturbador provinieren de un Estado extranjero. De modo que el origen del álea "económica", que hace aplicable la "teoría de la imprevisión", no radica en decisiones o actitudes concretas del Estado: dicha álea no le es imputable a éste. La existencia de tal álea no obedece a conductas o comportamientos específicos de la autoridad pública, sino a una serie de imponderables -que actúan o se manifiestan por vía refleja-, tanto de carácter interno como internacional o externo, y que, al unirse, dan como resultado ese llamada álea "económica" que se especifica en fluctuaciones del mercado, con las consiguientes alzas en los precios de costo de los productos y de la mano de obra, desocupación, desvalorización de la moneda, restricción de los gastos o consumo por parte de los administrados o particulares, etc. El álea "económica", lejos de serle imputable al Estado, constituye un fin no querido por éste, al cual en definitiva perjudica. Tal es la situación que hace aplicable la "teoría de la imprevisión". En cuanto a sus consecuencias, la diferencia esencial entre la "teoría de la imprevisión" y el "hecho del príncipe" radica en la extensión del resarcimiento que recibe el cocontratante. Si se aplica la "teoría de la imprevisión", el cocontratante sólo tendrá derecho a una "ayuda" estatal (resarcimiento "parcial"); si se aplican las reglas del "hecho del príncipe", el cocontratante tendrá derecho a una indemnización "integral". Desde luego, la posibilidad de aplicar unas u otras reglas no depende de la voluntad del cocontratante, sino de las circunstancias que hayan determinado el quebrantamiento de la ecuación o equilibrio económico-financiero del contrato administrativo. En concreto: la teoría de la imprevisión sólo tiende a evitar o disminuir perjuicios. Pero no tiende a asegurar ganancias o beneficios. De ahí que dicha teoría únicamente tome en cuenta el daño emergente y en modo alguno el lucro cesante (806) . Precisamente, el "origen" o "nacimiento" de la teoría de la
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imprevisión respondió a "evitar pérdidas" que trastocaban esencialmente la economía del contrato (véase más adelante nº 778). Resulta, entonces, de fundamental importancia distinguir debidamente entre "teoría de la imprevisión", caracterizada por el álea "económica" no creada por el Estado, y "hecho del príncipe" ("acto del soberano"), caracterizado por un álea "administrativa" creada por un comportamiento de la autoridad pública. 776. La "imprevisión", que dio lugar a la "teoría de la imprevisión", relaciónase con ciertas figuras jurídicas de las que, no obstante presentar algún aspecto análogo, se diferencia netamente. Tales figuras son la "fuerza mayor", la "lesión" y el "hecho del príncipe". Por separado me referiré a cada una de ellas. a) Fuerza mayor Si bien existe una evidente correlación ente "imprevisión" y "fuerza mayor", las diferencias entre ellas son fundamentales. Ambas figuras reposan sobre la misma noción básica: los acontecimientos que respectivamente las determinan deben ser ajenos o extraños a la voluntad de las partes. Además, tanto la "fuerza mayor" como la "imprevisión" deben responder a acontecimientos "imprevisibles". Tales son las semejanzas. Pero difieren fundamentalmente: a) En lo que respecta a la "ejecución" del contrato. La fuerza mayor torna imposible tal ejecución; la imprevisión sólo la hace más onerosa (807) . b) Mientras la fuerza mayor altera el equilibrio contractual de manera "definitiva", la "teoría de la imprevisión" sólo es explicable cuando tal trastorno es "temporario" o "transitorio". Ver nº 722. Con acierto, un autor dijo que la teoría de la imprevisión es una teoría administrativa de la fuerza mayor (808) . b) Lesión Tanto en la "lesión" como en la "imprevisión" aparece un desequilibrio económico que perjudica a una de las partes contratantes. Pero mientras en la "lesión" ese desequilibrio es concomitante con la celebración del contrato, en la "imprevisión" tal estado de cosas se produce a posteriori (809) . Por lo demás, la "lesión" tiene como consecuencia la extinción del contrato, en tanto que la "teoría de la imprevisión" tiende a todo lo contrario, es decir tiende a mantener la vigencia del mismo y a lograr su cumplimiento (810) . No obstante, cabe advertir que no todas las legislaciones admiten expresamente la "lesión" como vicio de los actos contractuales; pero los tribunales, a través de sus fallos, para salvar el vacío legislativo y evitar obvias violaciones a la justicia conmutativa, interpretando con plausible sentido los textos a su alcance, suelen aceptarla como causal de nulidad del respectivo contrato (811) .
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c) Hecho del príncipe Entre la "imprevisión" y el "hecho del príncipe" hay un aspecto común: ambos tienden a indemnizar al cocontratante. Pero aun en ese orden de ideas se disocian por completo: mientras la indemnización que corresponde de acuerdo a las reglas del "hecho del príncipe" es "integral", de acuerdo a la "teoría de la imprevisión" dicho resarcimiento es sólo "parcial", porque únicamente implica una "ayuda", una "colaboración" del Estado para que su cocontratante salve el momento crítico y pueda cumplir y seguir cumpliendo el contrato. Sin embargo, la diferencia fundamental entre "imprevisión" y "hecho del príncipe" radica en el origen del acontecimiento productor del desequilibrio económico-financiero del contrato. Mientras que en el "hecho del príncipe" dicho acontecimiento obedece a un hecho o acto imputable al Estado, en los términos a que ya me he referido en la "imprevisión" ese acontecimiento perturbador no obedece a hecho o acto alguno imputable al Estado, también en los términos a que me he referido. En el "hecho del príncipe" juega el álea "administrativa", en tanto que en la "imprevisión" actúa el álea "económica". Ver los números 770 y 775. 777. Mucho se ha escrito acerca del fundamento jurídico de la "teoría de la imprevisión". Así, un grupo de tratadistas sostiene opiniones o teorías en cuyo mérito dicho fundamento radica en la "voluntad" de los contratantes. Por no todos coinciden en qué forma actúe en esto la "voluntad"; de ahí que tal grupo de opiniones se subdivida a su vez (teorías de la "presuposición", de la "superveniencia", del "error", de la "base del negocio", etc.). Otro sector doctrinal tiene en consideración, no esa voluntad, sino factores extraños a ella (buena fe, moral, noción misma de derecho, principios puros de éste, enriquecimiento sin causa, abuso del derecho, etc.) (812) . En realidad, todas esa teorías y opiniones fueron expuestas con relación al derecho privado, en el cual, cuando no exista una norma que incorpore la "teoría de la imprevisión" al orden jurídico, es difícil hallarle un fundamento que obligue a su aplicación. No ocurre lo mismo con el derecho "público", "administrativo" en este caso. El derecho público no ha menester de las expresadas teorías para justificar, en su ámbito, la vigencia plena de la "teoría de la imprevisión". Principios más trascendentes justifican en tal derecho el imperio de ella. La teoría de referencia ofrece caracteres distintos según se la refiera al derecho privado o al derecho público. En el ámbito del derecho privado pone frente a frente intereses "particulares"; en cambio, en el derecho público, "administrativo" en la especie, se ponen frente a frente el interés particular del cocontratante con el interés "general", con el interés "público" representado por la Administración. Por eso se ha dicho que la teoría de la imprevisión es propia del derecho público -"administrativo"-, y de difícil aplicación en derecho privado, donde las relaciones contractuales se traban entre "particulares" (813) . Precisamente, la presencia de ese interés "general", de ese interés "público", propio del derecho público, en cuyo ámbito se desenvuelve el contrato "administrativo" propiamente dicho, es el que proporciona la solución cuando se trata de dar el fundamento de la teoría de la imprevisión y del derecho del cocontratante a ser indemnizado.
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Aun con relación al derecho administrativo, los autores se esfuerzan en buscar un fundamento jurídico a la teoría de la imprevisión (814) . En nuestro derecho ese fundamento surge con claridad de "principios" constitucionales, por lo que entonces no es necesario buscar para ello el apoyo de teorías cuya admisión o procedencia es susceptible de objeciones. Como lo expresaré más adelante, el fundamento jurídico-positivo de la teoría de la imprevisión en el derecho "público" argentino está constituido por "principios" que emanan de los artículos 16 , in fine, y 17 de la Constitución Nacional. 778. En su aplicación a los contratos administrativos, la teoría de la imprevisión es de origen estrictamente "jurisdiccional". El mérito de eso le corresponde al Consejo de Estado francés, que, si bien ya había hecho aplicación de ella en pronunciamientos anteriores (815) , la elaboró e introdujo orgánicamente por vez primera en el fallo, hoy famoso, del 24 de marzo de 1916 (816) , conocido bajo el nombre de "Compagnie du Gaz Bordeaux". Tratábase de una compañía distribuidora de gas, vinculada a la Municipalidad de Bordeaux por una concesión de servicio público. Durante la guerra de 1914 dicha compañía se encontró en la imposibilidad de seguir suministrando gas al precio fijado en el pliego de condiciones, pues el costo del carbón -materia prima utilizada para producir gas- había experimentado un enorme aumento a causa de la situación bélica. Por ello la compañía concesionaria solicitó a la Municipalidad de Bordeaux que autorizara un aumento en el precio de suministro de gas, pues así podría compensar parte de las pérdidas, ya que de lo contrario, a causa de éstas, a breve plazo se vería obligada a cesar en sus actividades. La Municipalidad se negó a tal requerimiento, como también se negó a indemnizar directamente a la compañía para que ésta cubriese al menos una parte de sus quebrantos. En tal situación, la concesionaria demandó a la Municipalidad de Bordeaux ante el Consejo de Prefectura de La Gironde, el cual rechazó la demanda. Por apelación, ésta llegó hasta el Consejo de Estado. El famoso fallo de éste fue emitido en base a las conclusiones del comisario de gobierno Chardenet. En síntesis, el Consejo de Estado estableció que si bien la Municipalidad no podía ser obligada a consentir un aumento en el precio del gas suministrado, declaró, en cambio, que la Municipalidad debía cubrir parte del quebranto de la compañía. Posteriormente el Consejo de Estado de Francia tuvo oportunidad de aplicar en reiteradas ocasiones la teoría en cuestión, completándola y perfeccionándola en cuanto a los requisitos necesarios para su procedencia, incluso aplicándola a contratos administrativos distintos de la concesión de servicio público, respecto a la cual se la aplicó en el fallo de la "Compagnie du Gaz de Bordeaux" (817) . Tal es el origen de la teoría de la imprevisión en el ámbito del derecho administrativo. Posteriormente, tanto en Francia mismo como en otros países, sea a través de la labor jurisprudencial como de la labor legislativa, el contenido de esa teoría se fue consolidando y completando. Pero insisto en que el mérito de haber intuido y advertido sus principios como inherentes a la noción misma de derecho, y de haberlos concretado en un criterio obligatorio de conducta, le corresponde al Consejo de Estado francés, quien le dio vigencia a través de sus fallos.
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779. ¿Cuál es el fundamento jurídico-positivo en cuyo mérito la teoría de la imprevisión es aplicable en los casos ocurrentes, dando como resultado la respectiva indemnización a favor del cocontratante? Péquignot dijo al respecto: "La indemnización se funda en el contrato mismo, considerado desde el punto de vista de la equidad y del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas" (818) . En lo esencial este argumento es exacto: como lo advertiré enseguida, "uno" de los fundamentos positivos de la teoría de la imprevisión es, en efecto, el principio constitucional de igualdad de todos los habitantes ante las cargas públicas. Desde luego, la invocación a la "equidad" como fundamento de la teoría de la imprevisión, al menos en ordenamientos jurídicos como el argentino, es improcedente, pues ella, en nuestro derecho, no es fuente jurídica (819) . Como lo expresé en otra oportunidad (820) , entre nosotros la teoría de la imprevisión y la correlativa obligación del Estado de indemnizar a su cocontratante halla fundamento positivo en los "principios" de los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional (821) , pues, so pretexto de que cumpla el contrato administrativo (de evidente interés general o público), al cocontratante se le estaría dando un trato desigual respecto a los demás habitantes, ya que al exigirle el cumplimiento del expresado contrato haríase incidir sobre él una carga -creada por el álea "económica"- que no pesa sobre las demás personas, cuyo derecho, en la especie, no experimenta desmedro alguno por razones de interés público. No es concebible que un individuo en especial, al exigírsele el cumplimiento de un contrato administrativo, sufra detrimento en su patrimonio obedeciendo esto, en tal caso, a razones de interés público: ello implicaría un olvido del "principio" constitucional de que la igualdad es la base de las cargas públicas (Ley Suprema, artículo 16 , in fine). En el supuesto indicado, las consecuencias de la expresada álea económica se las habría particularizado en el cocontratante de la Administración, causándole una lesión patrimonial. Tampoco es concebible que en beneficio público, a raíz del álea "económica" que trastorna o altera la ecuación económica-financiera de su contrato, el administrado reciba menoscabo patrimonial, sin indemnización, como ocurriría si, en las circunstancias expuestas, se pretendiera que el cocontratante cumpla igualmente sus obligaciones, cargando con una lesiva situación que excede todas las presiones del contrato: habría ahí un menoscabo de la garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad (artículo 17 de la Ley Suprema), ya que en beneficio del interés general se lesionaría el patrimonio del cocontratante. A las demás personas o habitantes a quienes afecte la situación general imperante, creada como consecuencia de los respectivos acontecimientos extraordinarios e imprevisibles constitutivos del álea "económica", no les corresponde indemnización alguna, por cuanto la situación de tales personas, al no hallarse ellas vinculadas al Estado por un contrato, no es "diferencial", no pudiendo entonces invocar a su favor la existencia de un perjuicio específico y particular derivado de la referida álea "económica". De manera que la "teoría de la imprevisión" encuentra fundamento jurídico positivo en los expresados "principios" constitucionales contenidos en los artículo 16 y 17. A su vez, en tales casos, la obligación del Estado de indemnizar al cocontratante surge como obvia consecuencia del "principio" también contenido en el expresado artículo 17 de la Constitución, conforme al
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cual todo menoscabo patrimonial o individual por razones de interés público o general debe ser resarcido: trátase de un principio general de derecho aplicable en todos los supuestos de lesión patrimonial particular por razones de interés público y no sólo en los casos de expropiación por causa de utilidad pública (822) . Tal es el fundamento jurídico positivo que, de acuerdo a nuestro orden legal, tiene entre nosotros la teoría de la imprevisión en el ámbito del derecho público ("administrativo", en la especie), y tal es también el fundamento del derecho que, en los supuestos de álea "económica", tiene el cocontratante a recibir una indemnización por los perjuicios que entonces experimente. Pero cabe insistir en que lo expuesto se refiere expresamente al derecho público, pues la teoría de la imprevisión ofrece caracteres distintos según se la relacione a esa rama del derecho o al derecho privado. En el ámbito de este último pone frente a frente intereses "particulares"; en cambio, en el terreno del derecho público, "administrativo" en este caso, se ponen frente a frente el interés particular del cocontratante con el interés general, con el interés público representado por la Administración. Por eso -y sin perjuicio de las autorizada opiniones de quienes sostienen que su aplicación también es procedente en derecho privado- se ha dicho que la teoría de la imprevisión es propia del derecho público, y de difícil aplicación en el derecho privado, donde las relaciones contractuales se traban entre particulares (823) . Como ya lo dije en un parágrafo anterior (nº 777), es precisamente la presencia de ese interés "general", de ese interés "público", propio del derecho público, en cuyo ámbito se desenvuelve el contrato "administrativo" propiamente dicho, el que proporciona la solución cuando se trata de dar el fundamento de la teoría de la imprevisión respecto a ese tipo de contratos y del derecho del cocontratante a ser indemnizado. 780. En nuestro país habíase sostenido que, no habiendo una ley formal que la declare vigente, la teoría de la imprevisión era inaplicable en derecho administrativo. Se dijo así: "En la República Argentina, donde no existe, por principio, la jurisdicción administrativa sino solamente tribunales judiciales, si bien con cierta competencia en materia contenciosoadministrativa, sería legalmente imposible la aplicación de esa teoría, ya que los tribunales fallan según el derecho positivo (iure condito, no iure condendo)" (824) . Otros escritores, influidos por tal criterio, hicieron similar afirmación (825) . Oportunamente expresé mi opinión contraria a la transcripta, sosteniendo, como quedó de manifiesto en el parágrafo precedente, que en nuestro orden jurídico la teoría de la imprevisión, en el ámbito del derecho público, tenía nada menos que fundamento constitucional: los citados "principios" emergentes de los artículos 16 y 17 de la Ley Suprema, por lo que dicha teoría tiene plena vigencia entre nosotros (826) . Va de suyo que las "normas" y los "principios" constitucionales rigen aun a falta de cualquier ley formal que los reglamente, porque esas normas y principios tienen, por sí mismos, plena operatividad (827) . Mi criterio fue compartido por otros escritores (828) ; es también la tesis de otros juristas (829) . La Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 1936, en sus conclusiones sobre el régimen jurídico de las concesiones de
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servicios públicos, siguiendo literalmente a Gastón Jèze, auspició la aplicación de la teoría de la imprevisión (830) . De manera que los jueces argentinos, al aplicar la "teoría de la imprevisión" en materia de contrato administrativo, lejos de proceder -como se pretendió- iure condendo, procederían iure condito, vale decir procederían conforme al derecho vigente, por cuanto la aplicación de dicha teoría es la forma práctica de hacer efectivos, en estos casos, los expresados "principios" contenidos en los artículos 16 y 17 de la Ley Suprema. La teoría de la imprevisión tiene, pues, base y apoyo constitucional. Los jueces que la apliquen fallarían, entonces, de conformidad con el derecho positivo (iure condito), porque la primera norma que debe aplicar todo magistrado es la Constitución, en su letra y en su espíritu. Aparte de su fundamento constitucional, en nuestro país, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, existen normas legales -formales y materiales- que se refieren, aunque a ciertos contratos en particular, a la teoría de la imprevisión. Así, en el orden nacional la ley 12910 , de diciembre de 1946, acepta expresamente la teoría de la imprevisión y la del hecho del príncipe con relación al contrato de construcción de obra pública. La ley 15285 , de julio de 1960, amplió el contenido de la anterior (831) . En el orden provincial existen normas similares; así, en la provincia de Buenos Aires, a través de la ley de obras públicas 7201 , promulgada el 23 de diciembre de 1965, publicada en abril de 1966, acepta la teoría de la imprevisión respecto al contrato de construcción de obra pública (832) . Con relación al contrato de "suministro", en el orden nacional existe el decreto del Poder Ejecutivo 23428/48, que prohíbe extender o aplicar la ley 12910 a dicho contrato (833) . Va de suyo que el decreto de referencia es írrito, dado el fundamento "constitucional" de la teoría de la imprevisión y el consiguiente carácter de "orden público" de la misma; nuestros tribunales, a pesar de tal decreto, aplicaron la teoría de la imprevisión con relación a contratos de suministro (834) . Los "derechos" del Poder Ejecutivo no pueden alterar los principios de la Constitución Nacional. Desde años atrás y hasta el presente, la teoría de la imprevisión fue tenida en cuenta por nuestros tribunales, quienes, en unas oportunidades, hicieron lugar a su aplicación (835) ; otras veces no la admitieron porque no concurrían los "hechos" necesarios para ello (836) , o por no haberse aportado la prueba pertinente (837) . Pero, al considerar estas situaciones, nuestros jueces no siempre alcanzaron a distinguir cuándo estaban frente a un supuesto de "hecho del príncipe" y cuándo frente a uno que caía dentro de la "teoría de la imprevisión"; esto determinó que muchas veces aplicaron la "teoría de la imprevisión" cuando en realidad debieron aplicar las reglas del "hecho del príncipe". En el derecho comparado no es homogénea la vigencia de la "teoría de la imprevisión" dentro del derecho administrativo. Así, en Francia, cuna de ella en el campo del derecho público, su aplicación es evidente. La doctrina francesa actual es uniforme al respecto (838) . Se la aplica en Brasil (839) . En Uruguay, en las pocas veces que se trató el punto, los pronunciamientos de los tribunales fueron en principio favorables a la admisibilidad de la teoría (840) . En España la jurisprudencia sólo "ofrece alguna tímida declaración que pueda
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servir de base a la entrada de la `teoría de la imprevisión´ (841) . En Venezuela la jurisprudencia administrativa no se ha pronunciado concretamente sobre la aplicación de dicha teoría; pero la doctrina de ese país estima que puede ser aplicada en el mismo (842) . 781. Para que la teoría de la imprevisión sea aplicada en un caso concreto deben concurrir simultáneamente diversos requisitos. Son los que indico en los parágrafos siguientes. 782. 1º Ante todo, el hecho o acto determinante del deterioro o quebrantamiento de la ecuación económico-financiera del contrato, que lesiona la esfera jurídica del cocontratante, debe responder a un álea "económica" y no a un álea "administrativa", todo ello en los términos ya mencionados. Ver los números 770, 771 y 775. De lo contrario estaríase en un supuesto de "hecho del príncipe" que excluiría la aplicación de la teoría de la imprevisión. 783. 2º La relación jurídica que une a las partes -Estado y cocontratante- debe consistir en un contrato administrativo stricto sensu, cuya noción conceptual quedó expresada en parágrafos precedentes (véase nº 594 y siguientes). Los contratos de derecho "privado" de la Administración Pública quedan al margen de la teoría de la imprevisión. Esta última, también en el ámbito de la Administración Pública, excluye a los contratos de derecho privado celebrados por la Administración. En doctrina hay uniformidad al respecto (843) . La razón de todo esto radica, precisamente, en que es en los contratos administrativos stricto sensu, donde aparece el interés "general" o "público" que hace procedente la teoría de la imprevisión (véase el nº 779, in fine), interés éste que no caracteriza a los contratos de derecho privado o común (844) . 784. 3º El cocontratante no debe haber suspendido, por sí, la ejecución del contrato (845) . Esto es así porque, precisamente, la teoría de la imprevisión tiende a "ayudar" económicamente al cocontratante, evitando que éste suspenda la ejecución del contrato y facilitando, en cambio, el cumplimiento del mismo, cualquiera sea su especie (concesión de servicio público, construcción de obra pública, suministro, etc.). En esto hay una fundamental diferencia entre teoría de la imprevisión y fuerza mayor (ver nº 776, punto a.). 785. 4º El acontecimiento que causa el deterioro económico del contrato, lesionando los derechos del cocontratante, debe ser extraño o ajeno a la voluntad de las partes, pues, como ya lo expresé en un parágrafo anterior, dicho acontecimiento es consecuencia del álea "económica", cuya noción conceptual puse de manifiesto. Cualquiera sea la posición doctrinaria que se adopte, es decir ya sea que se vincule o no la teoría de la imprevisión al álea "económica" y el hecho del príncipe al álea "administrativa", lo cierto es que la generalidad de la doctrina requiere que el referido acontecimiento perturbador sea "ajeno" o "extraño" a la voluntad de las partes que figuren en el contrato (846) . Desde luego, la teoría de la imprevisión no tiene por objeto cubrir los quebrantos que resulten de la mala administración que efectúe el cocontratante (847) , o, en general, los que sean consecuencia de hechos imputables al mismo (848) .
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786. 5º El acontecimiento que provoca el trastorno del contrato debe ser de efectos "temporarios" o "transitorios" y en modo alguno "definitivos" (849) . Si así no fuere se estaría frente a la fuerza mayor, con todas las consecuencias atribuidas a ésta (ver números 722 y 724). Por lo demás, ha de tenerse presente que implicando una mera "ayuda" la indemnización que, en estos casos, la Administración Pública le efectúa al cocontratante, a fin de que éste pueda obviar las consecuencias de la crítica situación en que se encuentra, tal mera "ayuda" mal se avendría con el carácter "definitivo" de los efectos del hecho o acto perturbador del contrato. 787. 6º Debe tratarse de un contrato que ya esté en curso. El acontecimiento perturbador debe surgir y producir efectos "después" de la celebración del contrato, hallándose éste pendiente de ejecución o cumplimiento. Por lo demás, el contrato no debe estar concluido antes de que surja el acontecimiento perturbador, pues entonces el contrato ya no estaría en curso y el acontecimiento en cuestión carecería de importancia a su respecto (850) . Pero las reglas de la teoría de la imprevisión serán asimismo aplicables cuando, producido el acontecimiento perturbador, el cocontratante cumple el contrato afrontando los riesgos o perjuicios que ello le ocasionaba. Esto último autoriza al cocontratante a requerir la indemnización respectiva (851) . 788. 7º La ecuación económico-financiera del contrato debe haber sufrido un trastorno o quebranto con motivo del hecho o acto determinante del álea "económica". Entre el referido "trastorno" y el hecho o acto "perturbador" debe existir una íntima correlación. La prueba de tal quebranto, incluso su vinculación con el hecho o acto perturbador, debe ser aportada por el cocontratante (852) . No sería concebible que el cocontratante pretenda una indemnización en base a la teoría de la imprevisión, si la ejecución del contrato le deja un beneficio (853) , o si no ha sufrido perjuicio alguno. 789. 8º El quebranto, trastorno o deterioro ocasionado por el hecho o acto perturbador debe superar el álea "normal". Véanse los números 761 y 798. Sólo el álea "anormal" puede dar lugar al resarcimiento (854) . Álea "extraordinaria" o "anormal" es el acontecimiento que frustra o excede de todos los cálculos que las partes pudieron hacer en el momento de formalizar el contrato. Las variaciones de precios que provengan de fluctuaciones económicas corrientes constituyen áleas ordinarias; en cambio, pueden constituir áleas anormales o extraordinarias cuando provengan de acontecimientos anormales, excepcionales y que, por tanto, no pudieron entrar en las previsiones de las partes en el momento de contratar. Como ejemplo de estos últimos pueden mencionarse las guerras, las depreciaciones monetarias, las crisis económicas, etc. (855) . Recuérdese, por lo demás, que, como ya lo expresé, la teoría de la imprevisión no tiene por objeto cubrir los quebrantos que resulten de la mala administración que efectúe el cocontratante, ni los que sean consecuencia de hechos imputable al mismo (ver precedentemente, texto y notas 786 y 787).
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790. 9º El acontecimiento perturbador que determina los aumentos de costos o de precios no debe ser normalmente previsible. En otras palabras, el acontecimiento de referencia debe ser razonablemente imprevisible (856) . Para que la teoría de la imprevisión pueda ser aplicada no es indispensable que el "acontecimiento" mismo haya sido imprevisible; basta con que lo sean las "consecuencias" de un acontecimiento ya producido en el momento de celebrarse el contrato (857) . Determinar todo esto constituye una cuestión de hecho, que ha de resolverse en cada caso concreto sobre la base del buen sentido. Así, en un contrato de "suministro", para que el alza inesperada del precio del producto contratado pueda invocarse por el cocontratante, no es necesario que éste -en la fecha de la adjudicación o de la formalización del contrato- tenga en su poder el producto objeto de la contratación. Al contrario: estimo que el hecho mismo de tener el producto en su poder impide que el cocontratante invoque a su favor la teoría de la imprevisión, pues en tales condiciones las alteraciones que pueda sufrir el precio de aquél no producen una lesión resarcible de acuerdo a la teoría de la imprevisión. Esto es de lógica elemental. Por otra parte, pretender que si al tiempo de la adjudicación el cocontratante no tuviese ya en su poder el producto objeto del "suministro", no puede invocar la teoría de la imprevisión porque entonces habría negligencia suya, además de implicar una idea arbitraria de lo que ha de tenerse por "imprevisible" a los efectos de la teoría en cuestión, va en contra de la idea misma de "acto de comercio": adquisición a título oneroso de una cosa mueble para lucrar con su enajenación. El mundo de los negocios no excluye la contratación de un producto cuya entrega requiera su previa adquisición. La teoría de la imprevisión se aplica en ese mundo normal de los negocios, y tiende a facilitar éstos. Por tanto, el no tener en esa oportunidad o fecha el producto, no obsta a que, ante un alza inesperada del precio del mismo, el adjudicatario o cocontratante invoque en su favor, como hecho imprevisible, ese aumento o alza del precio del producto que debió adquirir para cumplir el contrato. Dicho producto, incluso, puede requerir su previa "fabricación", circunstancia que corrobora la afirmación de que no es necesario que aquél se halle en poder de quien resulte adjudicatario o cocontratante: en tales supuestos, la elevación del costo de la mano de obra y de los elementos requeridos para la fabricación pueden producir un quebranto que integre el concepto jurídico de "imprevisión" (858) . Un autor dijo que el requisito del "acontecimiento imprevisible" es, posiblemente, el más importante en este orden de ideas, al extremo de que la respectiva teoría tomó de él su denominación (859) . ¿En qué puede consistir el "acontecimiento imprevisible" que trastorna la economía del contrato, alternando la ecuación financiera del mismo? El deterioro de la ecuación económica del contrato no es indispensable que sea específicamente determinado por un trastorno o acontecimiento económico. Pero sí es indispensable que dicho acontecimiento -cualquiera sea éste- tenga "consecuencias" económicas y que éstas sean lesivas para el derecho del cocontratante en las condiciones requeridas para la procedencia de la teoría de la imprevisión. Así, dicho "acontecimiento",
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aunque frecuentemente es de tipo u orden económico, puede consistir en las "consecuencias" de cualquier otro acontecimiento extraordinario e imprevisible; por ejemplo: disminución de las entradas de dinero debida a la reducción del recorrido de vehículos afectados al servicio público de transporte, determinado esto por las hostilidades bélicas ("guerra"); etc. (860) . Esas consecuencias económicas pueden obedecer a causas diversas: a) Ante todo, dichos acontecimientos han de responder a hechos o circunstancias constitutivos del álea "económica", en los términos ya analizados (ver nº 775). Los hechos o actos determinantes del álea "económica" son o pueden ser muy variados (861) . b) Pueden responder, asimismo, a acontecimientos de orden "natural", verbigracia un temblor de tierra de gran violencia. Así, el Consejo de Estado de Francia consideró aplicables los principios de la teoría de la imprevisión cuando, a causa de un temblor de tierra de violencia excepcional, una compañía, titular del servicio de comunicaciones a través de cables telegráficos, debió efectuar trabajos de reparación de éstos, de importancia tal que sobrepasaban en mucho lo que las partes pudieron considerar en el momento de formalizar el contrato (862) . En este supuesto era evidente que los hechos ocurridos excedían del álea "normal", constituyendo, en cambio, un álea "extraordinaria" o "anormal". Para determinar cuándo a un acontecimiento de orden "natural" debe tenérsele como supuesto de "fuerza mayor" y cuándo debe considerársele como comprendido en la "teoría de la imprevisión", téngase presente lo dicho en un parágrafo anterior acerca del criterio distintivo entre ambas figuras jurídicas (véase el nº 776, punto a.). 791. 10º Para que sea aplicable la teoría de la imprevisión ¿se requiere que el respectivo contrato tenga determinada duración o que sean varias y sucesivas las prestaciones del cocontratante? La generalidad de la doctrina sostiene que la expresada teoría sólo es aplicable a contratos de vigencia prolongada, de larga duración, o de cierta duración, que comportan obligaciones con prestaciones sucesivas o múltiples, u obligaciones a término, siendo, por consiguiente -agrega un escritor- inaplicable a la compraventa al contado (863) . En modo alguno comparto tales afirmaciones. La teoría de la imprevisión no sólo es aplicable tratándose de contratos de vigencia prolongada o de tracto sucesivo, sino también en aquellos donde la prestación del cocontratante es única; es también aplicable tratándose de contratos de cumplimiento inmediato, aunque no "instantáneo" con referencia al momento de su formalización. Todo depende de las circunstancias del caso concreto (864) ; esto es fundamental. Aparte de ello, adviértase que una compraventa -"suministro", en estos casos-, si bien puede ser al "contado", la entrega de la cosa o producto puede ser "diferida", lo cual abre claramente la posibilidad de que entren en juego las reglas sobre "imprevisión" (865) . Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital, declararon aplicable la teoría de la imprevisión en contratos que respectivamente implicaban un "suministro único", de cumplimiento inmediato (866) .
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La cuestión planteada se concreta preferentemente al contrato de suministro de prestación única. Pero igualmente puede suscitarse en cualquier otro contrato de prestación similar. En este tipo de contratos, en el orden de ideas que aquí contemplo, lo único cierto es que la teoría de la imprevisión no sería aplicable si el acontecimiento perturbador se produjere después de "cumplido" el contrato, pues precedentemente quedó dicho que, para la procedencia de dicha teoría, ha de tratarse de contratos en curso y no de contratos ya cumplidos (ver nº 787). De ahí que resultaría ilógico pretender que se apliquen las reglas de la teoría de la imprevisión a contratos de cumplimiento instantáneo, es decir a contratos cuyo cumplimiento fue simultáneo o concomitante con relación al momento de su formalización. No hay razón alguna que obste a la aplicación de la teoría de la imprevisión en contratos de prestación única -ya se trate de un contrato de "suministro" o de otro tipo de contrato-, máxime cuando en los contratos de suministro, por ejemplo, el cocontratante no tiene porqué tener en su poder la cosa o producto objeto del contrato en el momento de serle éste adjudicado, o en el momento de haber quedado perfeccionado por otro medio dispuesto por la legislación vigente (ver texto y nota 797). 792. La "teoría de la imprevisión" tiene vigencia respecto a cualquier contrato "administrativo" propiamente dicho. Si bien, en el orden jurídico, la relación definitiva de tal teoría relaciónase a la "concesión de servicio público", lo cual tuvo lugar por vía jurisprudencial (ver nº 778), lo cierto es que ella y sus "principios" son igualmente aplicables a cualquier otro contrato administrativo stricto sensu. La doctrina está de acuerdo en ello (867) . Todo depende de que, en el caso concreto, concurran los requisitos que hacen aplicable la teoría en cuestión (ver números 781-791). Si dichos requisitos no concurrieren, la teoría de referencia no sería aplicable, ya se trate de la concesión de servicio público, o de cualquier otro contrato administrativo. En consecuencia, la "teoría de la imprevisión" tiene vigencia en todos los contratos "administrativos", en tanto concurran los requisitos necesarios para ello. Así, entre otros, es aplicable a los siguientes contratos: a) "Concesión de servicio público" (868) . Es de advertir que acerca de este contrato nunca hubo cuestión en cuanto a si procedía o no aplicar la teoría de la imprevisión, pues, precisamente, la aplicación de dicha teoría en el campo del derecho público tuvo originariamente en cuenta a la concesión de servicio público (ver nº 778). b) "Construcción de obra pública" (869) . Precisamente, en nuestro país es respecto a este contrato donde existen normas legales formales -de la Nación y de las provincias- que regulan la aplicación de la "teoría de la imprevisión". Cronológicamente es de importancia la ley nacional 12910 , que prevé la aplicación de la "teoría de la imprevisión" y la del "hecho del príncipe" en el contrato de construcción de obra pública. Téngase presente la ley nº 21392 .
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c) "Suministro" (870) . Aunque entre nosotros, en el orden nacional, existió el decreto 23428/48, que prohibía extender o aplicar la ley 12910 a dicho contrato, va de suyo que tal decreto era írrito, según lo expresé precedentemente (nº 780, texto y notas 773-774).En cuanto a las disposiciones del Reglamento de las Contrataciones del Estado sobre reajuste de precios, véanse el nº 772, punto 2º, texto y nota 733 bis, y nº 794, punto 1º, letra d., texto y nota 816. Actualmente téngase presente la ley 21391 . d) "Transporte" (871) En cuanto a la aplicación de la teoría de la imprevisión a los demás contratos "administrativos", corresponde advertir que ningún "principio" jurídico se opone a ello. Sólo será menester que en el caso concreto concurran, como dije, los "requisitos" necesarios para que la teoría de referencia sea aplicable (números 781-791). 793. ¿Quiénes pueden invocar la teoría de la imprevisión? Desde luego, puede invocarla todo cocontratante de la Administración en un contrato "administrativo", siempre que concurran los requisitos exigidos para la procedencia de dicha teoría. Esto no ofrece dificultad alguna. Pero si el cocontratante puede invocar la imprevisión ¿podrá también invocarla la "Administración Pública" (Estado) que es la otra parte en tales contratos? Dado el "fundamento" y la "ratio iuris" de la teoría de la imprevisión en derecho administrativo (ver nº 779), va de suyo que la Administración Pública no puede invocar a su favor la teoría de referencia. Esto es así: a) Porque, precisamente, tal teoría tiende a lograr que el "cocontratante" no sufra lesión patrimonial por razones de "interés público" o "general", y pueda entonces cumplir el contrato. A esto tiende fundamentalmente dicha teoría. Ese interés público o general hállase representado por la "Administración Pública" ("Estado") y está compenetrado con ella. En tales condiciones, la Administración Pública no podría sostener que ha sufrido lesión por razones de interés público o general, pues ésta y ella, en este orden de ideas, se identifican. b) El "interés público" o "general" constituye la razón esencial de la actividad del Estado, al propio tiempo que la satisfacción de ese interés constituye la razón de la existencia del Estado, quien, por tanto, debe absorber todos los costos necesarios para lograr tal satisfacción. Con el objeto de que todo esto funcione o resulte así y el Estado pueda desenvolver su actividad, el deber primario de los administrados consiste en satisfacer las cargas impositivas que el Estado les imponga. Va de suyo, entonces, que la Administración Pública ("Estado") no puede invocar a su favor la teoría de la imprevisión, ya que todo lo atinente a la satisfacción del interés público o general está, por principio, a cargo de ella. c) Adviértase, por lo demás, que, siendo en definitiva el "Estado" la contraparte de los contratos administrativos -pues la Administración Pública interviene como "órgano" del Estado y en nombre de éste-, si la Administración reclamase una indemnización en base a la teoría de la imprevisión, y ésta fuese otorgada, resultaría que el Estado se indemnizaría a
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sí mismo, lo que es insensato suponer. Los administrados, sean o no cocontratante de la Administración Pública, nada tienen que abonarle a la Administración Pública ("Estado") para que se reintegren quebrantos que haya experimentado al satisfacer exigencias del interés público o general, pues los administrados -incluso los cocontratante- cumplen al respecto su deber jurídico abonando los impuestos existentes. d) Por último, cuadra advertir que en el orden de ideas que aquí considero, la distinción entre contratos administrativos de "colaboración" y contrato administrativo de "atribución" es intrascendente, pues en ambos supuestos el interés público está representado por la Administración (872) . En los contratos administrativos de "colaboración" la prestación esencial no está a cargo de la Administración, sino del cocontratante, por lo que en dicho tipo de contratos la Administración Pública no podrá invocar quebrantos resarcibles a través de la teoría de la imprevisión. En lo que respecta a los contratos administrativos de "atribución", donde la prestación principal está a cargo de la Administración Pública, ésta difícilmente recibirá quebranto alguno que pueda ser cubierto recurriendo a los principios de la teoría de la imprevisión, todo ello sin perjuicio de que, como ya lo expresé, también en este tipo de contratos el interés público o general está representado por la Administración Pública, a cuyo cargo debe quedar el costo de la satisfacción de dicho interés. Las "empresas del Estado" ¿pueden invocar a su favor la teoría de la imprevisión? Laubadère, aunque con especial referencia a las empresas "nacionalizadas" (sobre esto ver el tomo 1º de la presente obra, nº 132), considera que en principio no hay obstáculo jurídico alguno que se oponga a ello, aunque admite que en tales casos la aplicación de esa teoría, incluso tratándose de empresas nacionalizadas, aparejaría algunas dificultades prácticas y llegaría, en ciertos aspectos, a verdaderas deformaciones de la misma (873) . No comparto tal punto de vista, aun cuando se lo particularice con empresas nacionalizadas, ya que esto último en modo alguno decide la cuestión, pues los problemas jurídicos que plantean las empresas nacionalizadas son exactamente iguales a los que suscitan las empresas creadas directamente por el Estado, correspondiendo en ambos supuestos idénticas soluciones (ver tomo 1º). Estimo que las empresas del Estado, ya sea que estén constituidas como entidades autárquicas institucionales o como meras personas jurídicas, o como personas jurídicas públicas no estatales, técnicamente no pueden invocar en su favor la teoría de la imprevisión. Si estuvieren constituidas como entidades autárquicas, la razón de esa imposibilidad es substancialmente la misma que obsta a que la Administración Pública se ampare en la teoría de referencia, pues ha de recordarse que la entidad autárquica integra los cuadros de la Administración y pertenece a ésta. Si la empresa del Estado fuese una simple persona jurídica o una persona jurídica pública no estatal, dicha imposibilidad derivaría de que es inconcebible que la empresa del Estado demande al "Estado", que fue su fundador y es su "exclusivo" propietario. El buen sentido excluye la posibilidad de que dichas empresas pretendan ampararse en la teoría de la imprevisión. Si efectivamente hubiesen sufrido un quebranto por hechos o actos no imputables específicamente a ellas, la situación así creada podría hallar solución recurriendo a otras vías jurídicas compatibles con la índole o carácter de esas empresas: el Estado podría darles una "subvención", podría autorizar un aumento de los precios, podría hacerse cargo del quebranto de la empresa, etc.
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En definitiva se lograría lo mismo, pero haciendo uso de una figura jurídica idónea, es decir, se lograría lo mismo sobre la base del respeto a los "principios" de derecho. Las sociedades de economía mixta ¿pueden invocar en su apoyo la teoría de la imprevisión? Desde que dichas sociedades no pertenecen a los cuadros de la Administración, pues constituyen meras personas jurídicas -privadas o públicas no estatales (ver tomo 1º, nº 153)-, y desde que el Estado no es el único integrante de esas sociedades, es obvio que no existe razón alguna que obste a que invoquen en su favor la teoría de la imprevisión. En este orden de ideas, la situación de las sociedades de economía mixta es la misma que la de cualquier administrado que actúe como cocontratante. 794. La teoría de la imprevisión tiene "caracteres" que la manifiestan claramente, y de los cuales dedúcense consecuencias fundamentales. Dichos caracteres son: 1º Es de "orden público" (874) , pues la teoría de la imprevisión no representa únicamente una ventaja económica para el cocontratante, sino, ante todo, un medio de asegurar, en beneficio del interés público o general, el cumplimiento de los contratos administrativos (875) . Por tanto: a) Existe como principio esencial (876) . En nuestro país la existencia de la teoría de la imprevisión halla fundamento en la Constitución ("principios" de los artículos 16 y 17). b) Es implícita. No requiere ser pactada por las partes. Se aplica de pleno derecho (877) . c) Su existencia en el orden jurídico no requiere norma expresa que la consagre o establezca. d) No puede ser objeto de "renuncia" por parte del cocontratante. En consecuencia, el derecho a invocarla no puede ser válidamente excluido de un contrato, pues, implicando esto la renuncia a invocarla, o la imposición de tal renuncia, ello sería írrito dado el carácter de "orden público" que reviste la teoría de la imprevisión (878) . 2º No apareja una indemnización "integral", sino una mera "ayuda" del Estado para que se restablezca el equilibrio económico financiero del contrato, quebrado o alterado como consecuencia del acontecimiento extraordinario e imprevisible en cuestión (álea "económica"). En este aspecto se distingue claramente el "hecho del príncipe" de la "teoría de la imprevisión", pues en aquél la indemnización es "integral". 795. La incidencia del acontecimiento perturbador (álea "económica"), al trastornar o alterar la ecuación económico-financiera del contrato administrativo, da lugar al "estado de imprevisión", que a su vez abre el "período extracontractual", así llamado porque la situación creada hállase "fuera" de lo convenido; precisamente, se trata de cargas imprevisibles que las partes no pudieron tener presentes en el momento de celebrar el contrato, siendo, en consecuencia, ajenas a éste (879) , todo ello sin perjuicio de la subsistencia del vínculo contractual originario (880) .
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El "estado de imprevisión", pues, no exime al cocontratante de su obligación de ejecutar o cumplir el contrato. De ahí que si dicho cocontratante, en lugar de requerir el resarcimiento por "imprevisión", abandona la ejecución o cumplimiento del contrato, incurriría en falta, haciéndose pasible entonces de las sanciones correlativas (881) . Si producido el trastorno económico-financiero del contrato, el cocontratante invocare en su favor la teoría de la imprevisión, y ésta fuere aplicable, ello daría como resultado o consecuencia la "revisión" del contrato para comprobar si efectivamente se produjo el trastorno o alteración alegado y en qué medida. En caso afirmativo, el cocontratante tendrá derecho a la correspondiente "indemnización". ¿Cuál es el "régimen", cuáles los "principios" que gobiernan a esta última? A continuación me referiré al criterio a seguir para establecer la indemnización a favor del cocontratante. 796. a) Desde luego, si entre las partes hubiere discrepancia acerca de si se produjo o no el "estado de imprevisión", esto deberá ser resuelto por la autoridad judicial. Trátase, ciertamente, de un conflicto de intereses -determinante de una contienda entre partes-, cuya solución integra las atribuciones del Poder Judicial. 797. b) El "monto" de la indemnización o resarcimiento, por principio, lo fijan las partes; a falta de acuerdo entre ellas lo establece la autoridad judicial (882) . Aunque lo expuesto constituye el "principio", a texto expreso pueden presentarse modalidades distintas para fijar dicho "monto": así ocurre entre nosotros con referencia al contrato de construcción de obra pública, pues la ley 12910, artículo 7º , segunda parte, establece que los contratistas que se acojan a los beneficios de dicha norma, se entiende que en lo pertinente renuncian a toda acción judicial; el decreto reglamentario de la mencionada ley -decreto 11511/47, artículo 8º- crea una "Comisión Arbitral" encargada de estas cuestiones. En el lugar oportuno, al referirme en especial al contrato de construcción de obra pública, volveré a ocuparme de esa Comisión Arbitral. 798. c) Para fijar la indemnización sólo se tienen en cuenta las "pérdidas" sufridas por el cocontratante. Sobre esa base se fija la indemnización. Las "ganancias" dejadas de percibir no se tienen en cuenta a estos efectos (883) ; ello es así porque en estos supuestos la indemnización sólo tiene carácter de "ayuda" para que el cocontratante supere el momento crítico en que se encuentra, y pueda entonces seguir cumpliendo el contrato. En estos casos la indemnización, no siendo "integral", no tiene alcance de "reparación": implica, como dije, una mera "ayuda". Lo expuesto explica y justifica la improcedencia del "lucro cesante" como rubro resarcible o indemnizable en materia de teoría de la imprevisión, pues ésta sólo toma en cuenta la reparación de parte de las "pérdidas" sufridas por el cocontratante, y en modo alguno el reconocimiento de "ganancias" no percibidas. Pero tampoco toda "pérdida" o quebranto del cocontratante es indemnizable o resarcible de acuerdo a la "teoría de la imprevisión": a los efectos del resarcimiento sólo se consideran las pérdidas o deterioros que exceden o sobrepasen el álea "normal" u "ordinaria"; vale decir, sólo son resarcibles las pérdidas o quebrantos "extraordinarios" o "anormales". Los quebrantos o pérdidas integrantes del álea "normal" quedan a cargo exclusivo del cocontratante, constituyendo un fondo mínimo no resarcible. Determinar cuándo se está en
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presencia de una pérdida "normal" u "ordinaria" constituye una cuestión de hecho, que debe resolverse en cada caso concreto. Como criterio general puede decirse que la pérdida o quebranto "muy pequeño" no es indemnizable en mérito a la "teoría de la imprevisión"; un menoscabo de esa índole integra el álea "normal" u "ordinaria", cuya absorción queda a cargo del cocontratante (884) . 799. d) Por principio, de acuerdo a la "teoría de la imprevisión", y contrariamente a lo que acaece con el "hecho del príncipe", el resarcimiento no cubre "todo" el quebranto experimentado por el cocontratante. Esto es así porque prevalece el principio de que dicha indemnización sólo implica una "ayuda" de parte del Estado, idea que armoniza con el "fundamento" de la teoría de la imprevisión (ver números 777 y 779), con la razón que le asigna a la misma carácter de "orden público" (ver nº 794, punto 1º) y con la circunstancia de tratarse de cargas "extracontractuales", es decir "ajenas" al contrato y no imputables específicamente al Estado. Dicho quebranto se divide entre el cocontratante y el Estado. Tal es el "principio" (885) que, desde luego, puede variar a texto expreso. Así, mientras en Francia -cuna de la teoría de la imprevisión en su aplicación en el derecho administrativo- el quebranto generalmente es absorbido en su "mayor" parte por el Estado, nuestra ley 12910, artículo 1º , si bien con particular referencia al contrato de construcción de obra pública, dice que tal quebranto puede quedar a cargo del Estado en su totalidad o sólo parcialmente, según los casos. De modo que, en nuestro país, en ciertos supuestos la indemnización por "imprevisión", si fuere "total", resultaría de mayor amplitud que la admitida por el Consejo de Estado francés. Como criterio "general", debe quedar a cargo del cocontratante el quebranto que no exceda del álea "normal" u "ordinaria" (886) , quebranto que entonces queda como un fondo mínimo no resarcible. Con relación a Francia, refiriéndose a la afirmación de que la carga extracontractual se "divide" ente la Administración Pública y el cocontratante, un autor dijo que ello tiene un mero valor simbólico, porque es raro que un porcentaje superior al cinco por ciento (5%) sea impuesto al cocontratante. La Administración, dice dicho expositor, soporta en general del noventa al noventa y cinco por ciento de la carga extracontractual (887) . Se ha considerado que esta criterio trasunta una sana política: mantine la confianza en la Administración Pública de parte de los cocontratantes y permite, así, que dicha Administración cuente con eventuales colaboradores idóneos (888) . 800. e) Para determinar el porcentaje en que debe dividirse la carga extracontractual entre las partes, el juez -como lo expresó oportunamente el Consejo de Estado de Francia- debe realizar una "interpretación razonable del contrato", para lo cual han de considerarse diversos factores: los esfuerzos realizados por el cocontratante para superar las dificultades aparecidas o, por el contrario, sus negligencias a esos efectos; la situación general de la empresa; la estabilización económica; la buena o mala voluntad que haya demostrado la Administración Pública, ya que a veces ésta se opone sistemáticamente a los
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requerimientos del cocontratante; si antes de aparecer el álea económica la empresa produjo o no beneficios; etc. (889) . 801. f) Conocido el criterio para determinar el porcentaje en que las partes participarán de la carga extracontractual, cuadra ahora establecer qué medios probatorios podrán utilizarse para determinar el "monto" del perjuicio o quebranto sufrido por el cocontratante. Por principio, en el ámbito jurisdiccional judicial puede utilizarse cualquier medio de prueba admitido por el ordenamiento jurídico. En particular tendrá gran importancia la prueba "pericial" (890) . Cuando la cuestión se debata en el ámbito exclusivamente "administrativo" -lo que puede resultar de una opción hecha por el cocontratante-, suelen existir normas aplicables al respecto. Así ocurre en nuestro país tratándose del contrato de construcción de obra pública y de los contratos a que se refiere el artículo 55 de la ley de contabilidad de la Nación (decreto-ley 23354/56). En materia de contratos de obra pública, tanto la ley 12910, artículo 2º , y su decreto reglamentario 11511/47, artículo 7º, como la ley 15285 y sus decretos reglamentarios 14304/60 y 6927/61, señalan los medios para acreditar los quebrantos sufridos por el cocontratante. En lo que respecta a los contratos que considera el artículo 55 de la ley de contabilidad de la Nación (compraventa, locación, arrendamiento, trabajos o suministros), el Reglamento de las Contrataciones del Estado prevé la manera de acreditar el monto de tal perjuicio (inciso 60 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad) (891) . Ver incisos 56 y 57 del decreto 5720/72. 802. El "estado de imprevisión", que hace aplicable al "teoría de la imprevisión", es meramente "transitorio" (nº 786). De ahí que la teoría de referencia, con sus correspondientes efectos, deje de aplicarse tan pronto como el estado de imprevisión concluya o deba dársele por concluido. Esto puede responder a dos diferentes circunstancias: 1º que el hecho perturbador del contrato desaparezca, consolidándose entonces la originaria situación del cocontratante (cesación de "hecho" del estado de imprevisión); 2º que el trastorno contractual adquiera carácter de "permanencia", determinando un déficit definitivo para el cocontratante (cesación "jurídica" del estado de imprevisión) (892) . En este último supuesto -carácter definitivo del trastorno contractual- las partes tienen la alternativa de celebrar un nuevo contrato que contemple las actuales circunstancias, o de rescindir el contrato (893) , pues en esta hipótesis la situación adquiere caracteres de "fuerza mayor" (894) . Si el "estado de imprevisión" hubiere cesado, cesa también el derecho a exigir que la Administración Pública haga efectiva, o continúe haciendo, la indemnización pertinente. En tal supuesto el contrato originario recobra su total imperio.
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La comprobación de que el "estado de imprevisión" ha cesado se rige por las mismas reglas y criterios seguidos para comprobar la aparición de tal estado (895) . 803. Antes de dar por finalizado lo atinente a los derechos del cocontratante de la Administración Pública, corresponde considerar lo vinculado a la prescripción de las acciones que al mismo puedan corresponderle para obtener que la Administración Pública cumpla sus deberes contractuales (verbigracia: pago el precio -ya sea capital o intereses-, entrega de la cosa para su uso, suscripción del contrato, etc.). ¿Qué normas han de aplicarse al respecto? Tratándose de contratos "administrativos" propiamente dichos, deben aplicarse, ante todo, las normas "administrativas" que contemplen la cuestión. Si no hubiere una "norma" administrativa expresa, ni "principios" de derecho administrativo aplicables en la especie, corresponderá recurrir a las normas y principios del derecho privado, "civil" en primer término. Tales son los principios fundamentales en materia de derecho aplicable en derecho administrativo (tanto respecto a "actos" como a "contratos"), a la vez que ésos son los principios que concretan las relaciones del derecho administrativo con el derecho civil. Véanse el tomo 1º, nº 43; el tomo 2º, nº 395, y el presente tomo, nº 612 (896) . El indicado es el criterio seguido sistemáticamente por nuestros tribunales. Así lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a un contrato de concesión de obras públicas (897) ; así también procedió la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital respecto a contratos de obras públicas (898) y de suministro (899) . Vale decir, el criterio de nuestros tribunales, en cuanto a la norma aplicable en materia de prescripción de la acción del cocontratante, es el auspiciado al respecto por la doctrina. En cierta oportunidad, con relación a un contrato de empleo público, el procurador general de la Nación, doctor José Nicolás Matienzo, en base al artículo 4023 del Código Civil, sostuvo la prescripción del derecho al cobro de los haberes que había devengado un sargento mayor de la Guardia Nacional (900) . En materia de "prescripción" de las acciones para obtener la nulidad de "actos administrativos", véase el tomo 2º, nº 500. En cuanto a la "interrupción" de la prescripción por "gestiones" o "reclamaciones" administrativas que realicen los administrados ante la Administración Pública, pidiendo el reconocimiento de un derecho, véase el tomo 2º, nº 375, punto c., donde, por las razones ahí expuestas, he sostenido que a las referidas "reclamaciones" administrativas debe reconocérseles efecto interruptivo de la prescripción, cuando la respectiva actividad de la Administración Pública sea de tipo "jurisdiccional", o cuando concluya y se concrete en un acto de substancia "jurisdiccional". Aparte de esto, recuérdese que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente, admite la idoneidad del reclamo administrativo para constituir en "mora" a la Administración Pública (ver precedentemente, nº 754, texto y notas 678-681). Por último, cuadra recordar dos disposiciones fundamentales contenidas en este orden de ideas en la ley de contabilidad de la Nación (decreto-ley 23354/56, artículo 142):
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a) "Las dependencias y las entidades descentralizadas del Estado no harán lugar por sí a las reclamaciones en que la acción de los recurrentes se hallare prescripta. El Poder Ejecutivo podrá, no obstante, teniendo en cuenta la modalidad de cada caso, por previo y especial pronunciamiento reconocer esos derechos". b) "Son imprescriptibles las obligaciones entre organismos del Estado nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires". CAPÍTULO IX - VICIOS ADMINISTRATIVOS
O
DEFECTOS
DE
LOS
CONTRATOS
SUMARIO: 804. Cuándo un contrato administrativo debe considerarse viciado o defectuoso. 805. Los vicios o defectos del contrato administrativo. Principio general. 806. "Saneamiento" de los contratos administrativos. 804. Tal como ocurre con el "acto administrativo", un "contrato administrativo" debe considerarse viciado o defectuoso cuando aparezca en el mundo jurídico sin haber satisfecho los requisitos para su "validez" o para su "eficacia" (901) . 805. Precedentemente, nº 593, sostuve que todo contrato administrativo es, substancial y esencialmente, un acto administrativo bilateral. Esto -agregué- es trascendente, pues de ello resulta que las reglas fundamentales que constituyen el régimen de los actos administrativos (atinentes a los "elementos" y a la "expresión de la voluntad") son, por principio, aplicables a los contratos administrativos (902) . De lo expuesto resulta que los posibles vicios o defectos de los "contratos" administrativos son los mismos que pueden afectar a los "actos" administrativos. De esto me he ocupado en el tomo 2º de la presente obra (903) . Sobre tal base, la solución concreta dependerá del caso particular que se considere (904) . La teoría de los "actos" administrativos, con relación a los "contratos" administrativos, tiene la misma importancia que la teoría de los "actos jurídicos" respecto a los contratos de derecho privado (905) . 806. Desde que los posibles vicios de los "contratos" administrativos son los mismos que pueden afectar a los "actos" administrativos, lógicamente el "sanemiento" de los contratos administrativos rígese, en lo fundamental, por criterios similares a los que rigen el saneamiento de los "actos administrativos" (906) . En todo aquello que no halle solución en normas o principios "administrativos", se aplicarán las normas y principios del derecho privado en cuanto éstos resulten compatibles con las modalidades propias del derecho administrativo. CAPÍTULO X - TERMINACIÓN O FINALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ("EXTINCIÓN" DE ELLOS Y "CESACIÓN DE SUS EFECTOS")
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SUMARIO: 807. "Extinción" del contrato y "cesación de sus efectos". Concepto. Diferencias. Supuestos de "extinción" y supuestos de "cesación de los efectos". Consecuencias. 808. Medios de terminación de los contratos administrativos. 809. a) Cumplimiento del objeto. 810. b) Vencimiento del término. Destino de los bienes pertenecientes al cocontratante utilizados por éste para la ejecución del contrato: lo atinente a su transferencia al Estado. 811. c) Revocación. Remisión. 812. d) Anulación. Remisión. 813. e) Caducidad. Noción conceptual; criterio básico. Requisitos para su procedencia y para disponerla. Autoridad competente para decretarla. Vinculación entre "caducidad" y "rescisión unilateral" dispuesta por la Administración Pública. Remisión. 814. Diferencias con la "nulidad" y con la "revocación". 815. La "muerte" y la "quiebra" del cocontratante ¿constituyen causas de caducidad del contrato administrativo? Supuestos a considerar. 816. Fundamento jurídico de la caducidad. 817. Efectos o consecuencias de la caducidad. 818. f) Renuncia. Supuestos en que es procedente. Distinción entre contratos de "atribución" y de "colaboración". Cómo se opera la "extinción" del contrato por renuncia. 819. g) Rescate. Noción conceptual. Su limitado campo de aplicación. Acto unilateral del Estado. Fundamento jurídico; motivos o razones que justifican su procedencia. El rescate debe ser "total" y no "parcial". Cuándo puede efectuársele. No requiere "preaviso". Tampoco requiere texto expreso que lo autorice. "Motivación" del acto de rescate. Indemnización. 820. El "rescate" frente a institutos afines: a) la "revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia"; b) la "ejecución directa". Analogías y diferencias. 821. h) Rescisión. Noción conceptual. Especies de ella (bilateral y unilateral). Lo atinente a la "fuerza mayor". Los dos tipos de rescisión unilateral: principios fundamentales que los rigen. Legislación argentina. 822. "Revocación", "caducidad" o "rescisión unilateral" dispuestas por la Administración Pública contraviniendo el orden jurídico. Impugnación jurisdiccional deducida por el cocontratante contra el pertinente acto administrativo. ¿Qué alcance o contenido ha de tener el fallo que entonces dicte la autoridad judicial? Remisión. 823. Un contrato administrativo ya disuelto o finalizado por una causal determinada ¿puede ser posteriormente disuelto en base a otra causal de disolución? ¿Puede hacerse uso -sucesivamente- de dos o más causales de disolución de un contrato administrativo? 824. Diversas y fundamentales cuestiones vinculadas a la terminación o finalización de los contratos administrativos. Enumeración de dichas cuestiones. 825. A. Contienda judicial entre las partes del contrato. Jurisdicción ante la cual debe tramitarse la litis. 826. B. El "arbitraje" en la contratación administrativa. Jurisprudencia y doctrina. Contratos de "derecho común" de la Administración y contratos "administrativos" propiamente dichos. Para recurrir al arbitraje ¿la Administración Pública necesita ser autorizada por ley? El arbitraje y la Administración Pública en el derecho positivo argentino. Contratos administrativos internos e internacionales. La cuestión en los "tratados". 827. C. ¿Puede el Estado "transar" respecto a cuestiones surgidas con motivo de contratos "administrativos", propiamente dichos? 828. D. Lo atinente a la "mora" de la Administración Pública. Supuestos en que se produce. Lo relacionado con las reclamaciones o gestiones administrativas: cambio operado en la jurisprudencia acerca de esto. 829. E. Interpretación de los contratos "administrativos". Noción conceptual. Autoridad competente para efectuarla. Criterios y reglas aplicables. Contratos de "colaboración" y contratos de "atribución". Interpretación "textual" y "extratextual".
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807. Los contratos "administrativos" pueden terminar o hallar fin por dos distintas razones: 1º por "cesación de sus efectos"; 2º por su "extinción". De modo que una cosa es que el contrato "cese en sus efectos", y otra diferente que dicho contrato sea "extinguido". En el primer supuesto el contrato termina "normalmente"; en el segundo concluye en forma "anormal". Como lo expresé en otros lugares de esta obra, refiriéndome a los "actos" administrativos (907) -y lo mismo corresponde decir respecto a los "contratos" administrativos-, la "cesación" de los efectos del acto o del contrato apareja la idea de algo que ocurre normalmente, de acuerdo a lo previsto de antemano, pues el acto o el contrato administrativo que cesa de producir efectos se considera que hasta ese momento ha existido legalmente. En cambio, la "extinción" del acto o contrato por lo general se produce por causas no precisamente queridas ab initio, sino que son resultado de hechos o circunstancias advertidos o surgidos con posterioridad. La "cesación de los efectos" del acto o del contrato se opera, por ejemplo, por expiración del término establecido o por cumplimiento del objeto. Trataríase de contratos que entonces quedan "ejecutados" o "cumplidos", pero no de contratos "extinguidos". En cambio, la "extinción" del acto o del contrato se produce, verbigracia, por caducidad, revocación, anulación, renuncia, rescisión, rescate. Aquí no se trataría de contratos "cumplidos" o "ejecutados", sino de contratos ejecutivos, activos o en curso, que hallan fin, no merced a causas normales, queridas inicialmente, sino a raíz de hechos o circunstancias advertidos o surgidos con posterioridad. Ciertamente, las "consecuencias" que derivan de la cesación de los efectos del acto o del contrato y de la extinción de éstos son distintas, y pueden variar de acuerdo al ordenamiento jurídico que se considere. Esa diferencial en las consecuencias resulta fácilmente comprensible, ya que las "causas" que las generan son también diferentes. Pero tanto la "cesación de los efectos" del contrato, como la "extinción" de éste, constituyen expresiones de la "terminación" del mismo, o sea de la conclusión o agotamiento de su ciclo jurídico. 808. Son varios los medios por los que un contrato "administrativo" puede hallar fin, sea que esto ocurra por "cesación de los efectos" del contrato o por "extinción" del mismo. En los parágrafos que siguen me ocuparé de tales medios. 809. a) Cumplimiento del objeto Cuando se ha celebrado un contrato para un objeto determinado y este objetos se ha logrado, va de suyo que el contrato termina normalmente por "cesación de sus efectos". Así, si el contrato tiene por objeto la construcción de una obra, y ésta se lleva a cabo, el contrato concluye tan pronto como la obra a que él se refiere esté concluida. 810. b) Vencimiento del término
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Cuando un contrato se formaliza por un término fijo, verbigracia treinta años, es obvio que, cumplido dicho lapso, el contrato concluye normalmente por "cesación de sus efectos". Así si una concesión de servicio público o de uso del dominio público se hubiere otorgado por un término determinado, resulta claro que, vencido este lapso, el contrato concluye. Tal fue, por lo demás, la intención de las partes. Pero esta sencilla y natural manera de finalizar un contrato administrativo requiere el análisis de una cuestión que puede ser fundamental para el derecho de las partes, especialmente para el cocontratante: me refiero al destino de los bienes de propiedad particular suya que el cocontratante haya vinculado a la ejecución o cumplimiento del contrato. La cuestión puede o no haber sido contemplada en éste, ya sea para el supuesto de disolución por vencimiento de su término, para el supuesto de extinción por caducidad, etc. Si las partes nada estipularon acerca del destino de tales fines, es evidente que éstos, al disolverse o extinguirse el vínculo contractual, seguirán perteneciendo a su dueño, es decir al cocontratante. El derecho de propiedad es, por principio, "perpetuo", carácter que sólo cede por las causas que establezca el derecho objetivo o que las partes señalen en sus convenios. En cambio, si en el contrato se hubiere pactado algo acerca del destino de los bienes de referencia, habrá que atenerse al texto o redacción de la cláusula pertinente (908) . En caso de duda, la interpretación de tal cláusula ha de ser a favor de la conservación del derecho de propiedad del cocontratante respecto a esos bienes, pues todo aquello que implique la pérdida de un derecho, sea de propiedad o de otra índole, es de interpretación estricta, restringida. Además, es regla jurídica que la renuncia de derechos no se presume y que tal renuncia es de interpretación restringida ("principio" contenido en el artículo 874 del Código Civil). Para lo relacionado con el destino de los referidos bienes en el supuesto de extinción del contrato por "caducidad", véase más adelante nº 817, punto c., donde hago referencia a decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tienen todo el valor de "principios" aplicables al caso. Respecto a las cosas o bienes del cocontratante que, en virtud de lo convenido, al finalizar el contrato pasarán al dominio del Estado, es común que se hable de "reversión" de cosas o bienes del cocontratante al Estado. Esta expresión, aunque gramaticalmente se la acepte como correcta en este sentido, en realidad no es de uso recomendable, por cuanto si los bienes aludidos nunca fueron del Estado, se presta a confusión decir que ellos "revertirán" a él. En estos casos es más propio hablar de "transferencia" de bienes del cocontratante al Estado, pues tal expresión aleja la duda a que me he referido. 811. c) Revocación Ésta constituye un medio de "extinción" del contrato. Puede ser de dos especies: por razones de "oportunidad", mérito o conveniencia, o por razones de "ilegitimidad".
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En otra parte de esta obra, al referirme a la extinción de los "actos" administrativos, me ocupé con detenimiento de la "revocación" (909) . Lo dicho entonces es de entera aplicación en materia de "contratos" administrativos. En consecuencia, me remito a lo manifestado en ese lugar. 812. d) Anulación También éste es un medio de "extinción" del contrato administrativo. Al tratar en otro lugar de esta obra la extinción de los "actos"" administrativos, me he referido a todo lo relacionado con la "anulación", incluso a sus diferencias con la "revocación" (910) . Siendo ello aplicable a la extinción de los "contratos" administrativos, me remito a lo expuesto en esos lugares, donde también analicé lo atinente a si la Administración Pública puede comparecer ante la autoridad judicial gestionando la declaración de nulidad de sus propios actos (véase el tomo 2º, nº 534). 813. e) Caducidad Ciertamente, es un medio de "extinción" del contrato administrativo. Pero su naturaleza propia no es otra que la de una de las medidas represivas ("sanciones") de carácter definitivo utilizables por la Administración Pública respecto a su cocontratante (véase el nº 743). Algunos expositores le llaman "rescisión unilateral" (ver el nº 738). Precedentemente hice referencia a los principios fundamentales que rigen el instituto de la "caducidad" (ver el citado nº 738). Me remito a lo dicho en ese lugar, en el cual me ocupé de cuándo procede la caducidad de un contrato administrativo, qué autoridad es competente para decretarla, qué requisitos deben observarse para ello, qué vinculación existe entre la "caducidad" y la "rescisión unilateral" dispuesta por la Administración Pública. Aparte de las nociones básicas expuestas en el mencionado nº 738, cabe advertir que la caducidad procede cuando el cocontratante incurre en incumplimiento de las obligaciones a su cargo, siempre que dicho incumplimiento le sea imputable. Puede afirmarse que éste constituye un principio generalmente aceptado por los autores (911) . Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien en algunas oportunidades calificó como caducidad lo que en el caso era revocación (912) , en general ha vinculado la caducidad al incumplimiento de las obligaciones del cocontratante; así se observa en los considerandos de varias de sus sentencias (913) . También la legislación sigue en general idéntico criterio, ya se trate de leyes argentinas -nacionales o provinciales- o de leyes extranjeras (914) . Los proyectos de códigos de aguas para Buenos Aires y para Mendoza siguieron esa orientación (915) . De manera que el incumplimiento de las obligaciones del cocontratante, como causal justificativa de la caducidad, tiene la fuerza de un principio ya incorporado a las prácticas jurídicas y de constante aplicación actual. 814. No debe confundirse la nulidad con la caducidad. La primera se vincula al acto administrativo "creador" del derecho, mientras que la caducidad extingue el derecho "nacido" del contrato administrativo.
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Tampoco es posible confundir revocación con caducidad. Tal confusión es común entre los tratadistas. La caducidad y la revocación constituyen medios extensivos de la concesión. Pero se trata de cosas distintas: la caducidad procede en unos casos y la revocación en otros casos. La semejanza o analogía entre ambas consiste en que extinguen la concesión, y ése es su rasgo característico común. Sin embargo un tratadista creyó que la revocación es el "género", y que la caducidad es una especie de revocación; pero ya en otra oportunidad expresé mi disensión con semejante criterio (916) . La caducidad y la revocación son medios de extinción de un contrato administrativo; pero los supuestos en que proceden una y otra difieren fundamentalmente: la caducidad está determinada por un incumplimiento del contrato imputable al cocontratante; en cambio, la revocación reconoce como causa determinante de la extinción del acto, la ilegitimidad de éste o el interés público. Tal profunda diferencia entre las causas que autorizan la caducidad y las que autorizan la revocación justifica la afirmación de que ellas son cosas distintas, que constituyen conceptos diferentes entre sí, y rechaza la idea de que una de ellas sea el género y la otra la especie. La marcada diferencia que hay entre las mismas excede a las que median entre género y especie. La revocación y la caducidad no son género y especie, sino especies de un mismo género: ambas son medios extintivos del contrato, pero actúan en supuestos distintos según quedó dicho. Por otra parte, el ámbito de aplicación de la revocación es más amplio que el de la caducidad: mientras aquélla extingue "actos jurídico- administrativos" en general, la caducidad sólo extingue "relaciones" o "vínculos" jurídicos (917) . La procedencia de la caducidad y de la revocación responde a principios o supuestos que la ciencia jurídica acepta y disciplina. Cuando sea procedente la caducidad no será admisible disponer la revocación, y viceversa. La procedencia de la caducidad y de la revocación aparece, entonces, regulada por normas o principios jurídicos. Por eso resulta objetable el descuido en la pureza terminológica en que suelen incurrir tratadistas, legisladores, funcionarios de la Administración Pública y tribunales, que designan equivocadamente como caducidad lo que es revocación y recíprocamente. En unos casos será procedente la caducidad y en otros supuestos la revocación, con sus respectivas consecuencias: todo depende de los hechos o motivos que lleven al Estado a la extinción del contrato. 815. En general, establecer cuándo el incumplimiento de un contrato administrativo debe serle imputado al cocontratante constituye una cuestión de hecho que ha de resolverse en cada caso concreto. Pero hay supuestos especiales que requieren una mención también especial. Me refiero a la "muerte" y a la "quiebra" del cocontratante. ¿Deben en tal caso la muerte y la quiebra, en cuanto obstan al cumplimiento del contrato, ser consideradas como causales de incumplimiento imputables al cocontratante? (918) . Hay que distinguir entre muerte natural y muerte provocada, y quiebra casual, culposa o dolosa. Lo que se diga respecto a la quiebra es extensivo al "concurso civil". Tratándose de muerte "natural" del cocontratante, va de suyo que, por principio, el contrato se extingue, pero no por "caducidad", sino por revocación por razones de oportunidad,
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mas sin derecho a indenmización en favor del cocontratante o de sus causahabientes (919) . En los casos donde la extinción del acto se opera como consecuencia de la pérdida de las condiciones físicas del cocontratante, un sector doctrinal habla de "decaimiento", expresión que no comparto, pues estimo que lo que los autores agrupan bajo el rubro "decaimiento" queda involucrado en el concepto lato de acto "inoportuno" (inoportunidad sobreviniente), pues con la muerte del cocontratante desaparece definitivamente un presupuesto de hecho o elemento físico cuya existencia fue esencial para la celebración del contrato (920) . Eventualmente, pero con iguales efectos que los indicados, podría hablarse de una "rescisión" automática o de pleno derecho (921) . Va de suyo que la muerte natural del cocontratante, si bien, por principio, da lugar a la extinción del contrato, ello en modo alguno podrá serlo por "caducidad", pues a nadie puede responsabilizarse de su propio fallecimiento. En estos casos de muerte sería insensato decretar la "caducidad" y no la revocación por razones de oportunidad -en las condiciones y con el alcance mencionadoso la "rescisión" automática del contrato. La caducidad, sanción punitiva, no cuadra aplicarla a un supuesto en que sólo concurre la extinción física del sujeto, con exclusión de toda idea de incumplimiento de parte del cocontratante. Algo distinto corresponde decir acerca de la muerte por suicidio, o en general respecto a la muerte provocada por el cocontratante (verbigracia, por "imprudencia"). En estos supuestos el fallecimiento es imputable al cocontratante y, por tanto, a los efectos del contrato, debe equiparársele a un "incumplimiento" que hace procedente la caducidad, con todas sus consecuencias. Lo mismo corresponde decir respecto a la quiebra del cocontratante. Si aquélla fuere "casual", la extinción del contrato -por identidad de motivos que en los supuestos de muerte natural- se producirá por "revocación por razones de oportunidad", pero sin derecho a indemnización en favor del cocontratante quebrado; eventualmente la extinción del contrato se operaría por "rescisión" automática. Si la quiebra fuere "culposa" o "dolosa" la extinción del contrato se produciría por "caducidad", pues la culpa o el dolo determinantes de la quiebra permiten equiparar la situación a la de un "incumplimiento" imputable al cocontratante. 816. La "caducidad" reposa en un acuerdo de voluntades; la revocación, en cambio, es acto unilateral del Estado. De modo que el fundamento jurídico de la caducidad radica en el pacto, es decir, en lo estipulado por las partes. Pero el pacto de referencia puede ser expreso o implícito. Es expreso cuando en el texto mismo del contrato, o en los documentos que lo integren (vgr., pliego de condiciones), se establecen concretamente las causales en cuyo mérito el Estado podrá caducar el contrato. Es "implícito" o "virtual" cuando, por tratarse de un contrato "administrativo" por razón de su "objeto", la potestad de "caducar" existe como obvia consecuencia de las cláusulas exorbitantes virtuales del derecho privado, inherentes a todo contrato de ese tipo (922) , en cuyo supuesto la caducidad se impondrá como razonable consecuencia derivada de la naturaleza del asunto, lo cual constituye una cuestión de hecho a resolver en cada caso concreto; así, por ejemplo, en el supuesto de una concesión de uso, será causal implícita de
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caducidad el comportamiento o conducta del concesionario incompatibles con el destino o afectación de la cosa dominical. De manera que aun en los contratos administrativos por razón de su "objeto", la "caducidad" reposa en el pacto o acuerdo de voluntad de las partes, pues también en ese supuesto su fundamento no es otro que el "contrato" administrativo, del que ella es una virtual consecuencia en su calidad de cláusula exorbitante "implícita" del derecho privado. No debe confundirse el fundamento de la caducidad y de la revocación -acto bilateral y unilateral, respectivamente-, con la forma o modo de declararlas, pues esto último es siempre acto unilateral del Estado; es decir, no debe confundirse el fundamento de la caducidad y de la revocación, con la forma de declararlas en los casos ocurrentes. 817. Una vez declarada, la caducidad produce efectos jurídicos que deben estudiarse con relación a los siguientes aspectos: a) al tiempo; b) al ejercicio o ejecución del contrato; c) a los bienes del cocontratante; d) a la procedencia o improcedencia de una indemnización al cocontratante; e) al derecho del Estado a un resarcimiento. a) Con relación al tiempo, la caducidad produce efectos "ex nunc", vale decir para el futuro y a partir de la fecha en que el acto de caducidad le sea notificado al cocontratante; se la hará efectiva una vez que la notificación quede firme. b) Siendo la caducidad un medio de extinción del contrato administrativo, su primer efecto consiste en impedir que el cocontratante siga ejercitando o ejecutando el contrato. La caducidad le pone fin a éste. Así, por ejemplo, si se tratare de una concesión de uso sobre el dominio público, la caducidad produce la extinción del derecho a seguir ejercitando el uso pertinente; lo mismo corresponde decir de una concesión de servicio público, cuya caducidad tendrá por efecto inmediato privar al concesionario del derecho a seguir ejercitando la concesión (923) . c) Con relación a los bienes del cocontratante, la caducidad, en principio, no tiene efecto alguno. Ellos siguen perteneciéndole al cocontratante. Pero puede ocurrir que en una concesión, por ejemplo, sea ésta de uso o de servicio, se haya estipulado que, a su vencimiento o si se produjere su caducidad, los bienes del cocontratante destinados por éste al ejercicio de la respectiva concesión pasen a poder del Estado sin indemnización alguna a favor del cocontratante. En tal caso, de acuerdo a esa estipulación, los bienes pasarán al Estado sin cargo alguno para éste (924) . En sentido concordante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo: "Del hecho de que por la caducidad haya desaparecido la posibilidad de que el concesionario emplee los medios delegados por el concedente para que aquél obtenga la compensación pecuniaria que fue para él la causa determinante de la aceptación de la concesión, no fluye necesariamente la consecuencia de que las obras realizadas por él y que pueden representar un valor estimable, hayan de quedar en beneficio del concedente, cuando éste las aprovecha, sin ninguna indemnización"... "La caducidad, pues, no puede tener otro efecto esencial que el de cercenar al concesionario lo que la concesión le atribuía, como privilegio,
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sin afectar su patrimonio, sino en la medida de las sanciones o cláusulas penales expresamente establecidas" (925) . Pero si no obstante no haberse previsto algo en la concesión, al declararse su caducidad el Estado se apodera de los expresados bienes del cocontratante (vgr., concesionarios), aquél entonces deberá indemnizar a éste, abonándole el valor de los bienes. De lo contrario se estaría frente a un despojo (926) . La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en sentido concordante; dijo así: "La declaración de caducidad no autoriza de por sí la ocupación por parte de la autoridad concedente de los bienes propios del concesionario afectados a la prestación de los servicios que constituyen el objeto de la concesión. Una cosa es la concesión, otra los bienes del concesionario por más que estén afectados del modo que se acaba de indicar. A estos últimos los ampara la inviolabilidad de la propiedad que, en principio, sólo cede ante la expropiación por causa de utilidad pública formalmente declarada y previa indemnización (artículo 17 de la Constitución Nacional)" (927) . Ciertamente, la protección de los bienes del cocontratante se extiende a todo aquello que integre el concepto constitucional de "propiedad". Por eso no sólo se han amparado las cosas que un concesionario destinó a la prestación del servicio público (928) , sino también el trabajo -obras en el caso- realizado por él y de que se apropió el Estado (929) . d) La declaración de caducidad ¿crea para el cocontratante el derecho a ser indemnizado a raíz de que, en lo sucesivo, no podrá ejercitar o ejecutar el contrato? Precedentemente dije que la caducidad procedía cuando el cocontratante incurre en incumplimiento de obligaciones a su cargo, y siempre que dicho incumplimiento le sea imputable. En semejantes condiciones, va de suyo que la caducidad, por sí, no constituye título para que el cocontratante obtenga indemnización alguna, pues la extinción del contrato, en definitiva, se deberá a un hecho del que el cocontratante es responsable. El daño o perjuicio que en ese supuesto reciba no es indemnizable o resarcible, porque no cae bajo la protección del derecho. Aquí también es aplicable el viejo principio concebido por los romanos: "no se entiende que el que sufre daño por su culpa sufre daño" (930) . Más aún: el incumplimiento de un contrato -sea éste de derecho privado o de derecho público-, en vez de dar derecho a una indemnización en favor del que dejó de actuar de acuerdo al pacto, sólo haría nacer la obligación de indemnizar a la otra parte, tal como lo expreso a continuación (letra e.). De modo que la caducidad de un contrato administrativo no crea, por sí, el derecho a una indemnización en favor del cocontratante y a cargo del Estado. e) El Estado ¿tine derecho a ser indemnizado por el cocontratante cuando las circunstancias hayan determinado la caducidad del contrato? Como la procedencia de la caducidad responde al incumplimiento de las obligaciones del cocontratante del Estado, y siempre que dicho incumplimiento le sea imputable al mismo, por aplicación de principios generales resulta claro que el Estado tendrá derecho a ser
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indemnizado, en tanto y en cuanto la actitud del cocontratante le haya efectivamente ocasionado un "perjuicio". No habiendo perjuicio no habrá lugar a indemnización (931) . 818. f) Renuncia La renuncia del cocontratante es otro medio de extinción de los contratos administrativos. Pero no procede con relación a "todos" éstos, sino únicamente respecto a "algunos" de ellos. Procede con relación a los contratos administrativos de "atribución", no así respecto a los contratos administrativos de "colaboración" (sobre la noción conceptual y caracteres de estos tipos de contratos, véase precedentemente nº 611). La razón de lo que antecede radica en que los contratos de "atribución" se celebran principal y directamente en el interés "privado" o "particular" del cocontratante, en tanto que los contratos de "colaboración" se llevan a cabo para atender en forma directa e inmediata las exigencias del "interés público". Por ello en otra oportunidad sostuve que la concesión de uso sobre el dominio público (contrato de "atribución") podía hallar fin por renuncia del concesionario (932) , pues en este supuesto el interés "público" sólo resulta considerado en la misma forma y medida en que pueda serlo respecto a cualquier otro derecho de que el hombre sea titular. El "principio" general o regla jurídica -aplicable aquíes que cada cual puede renunciar a sus derechos patrimoniales (933) . Tratándose de contratos de "colaboración" la renuncia del cocontratante, por principio general, no puede ponerle fin al contrato, pues el directa y principalmente interesado en que el contrato se ejecute y cumpla no es él, sino el Estado, de cuyos derechos y prerrogativas no puede disponer el cocontratante. Tal renuncia sólo sería eficaz si fuere "aceptada" por el Estado, pero entonces ya no se trataría precisamente de una "renuncia" (medio unilateral de extinción del contrato) sino de una "rescisión" bilateral, es decir lograda por acuerdo de partes. Excepcionalmente, la renuncia procede en alguno de esos contratos; verbigracia, en el de función o empleo público (véase el nº 1078). Como acto jurídico, la renuncia idónea para extinguir por sí el contrato es "unilateral". Por sí misma produce efectos extintivos (934) . No requiere aceptación por parte del Estado, el que, no obstante, para la "eficacia" del acto de renuncia, debe ser fehacientemente advertido o notificado del mismo. 819. g) Rescate Con referencia a los contratos administrativos, entiéndese por "rescate" la decisión unilateral del Estado, en cuyo mérito éste, por razones de interés público o general, pone fin al contrato antes de la fecha fijada para ello, asumiendo entonces en forma directa la ejecución o cumplimiento del objeto de ese contrato (935) . De modo que el "rescate" es también un medio de extinción de los contratos "administrativos", y tal es su efecto típico; pero no comprende a todos esos contratos, sino a algunos de ellos. Así, el rescate está racionalmente excluido de los contratos de "atribución", hallándose limitado sólo a ciertos contratos de "colaboración": aquellos que,
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por la índole de su objeto, trasuntan actividades cuyo ejercicio -que originariamente le compete al Estado- puede ser "reasumido" por la Administración Pública. Esto explica que el rescate, como medio de extinción del contrato administrativo, sólo tenga vigencia en la concesión de servicio público y en la de obra pública, no así en la de uso del dominio público (contrato, este último, de "atribución"), pues va de suyo que, dado el contenido u objeto de la concesión de uso del dominio público, como así la finalidad a que la misma responde, no sería racionalmente concebible su ulterior ejercicio por el Estado concedente, como debe ocurrir en el supuesto de "rescate" (936) . En este orden de ideas, el "rescate" es una medida administrativa de reorganización del servicio, destinada, por ejemplo, a sustituir la concesión por la prestación o ejecución directa. Si en lugar de esto lo que se desea es "suprimir" el respectivo servicio, el medio jurídico adecuado para extinguir el contrato no es el "rescate", sino la "revocación por razones de oportunidad". Esta distinción es de fundamental importancia para delimitar el campo de aplicación del "rescate", del de la "revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia". El "rescate", tanto en lo que atañe a su fundamento jurídico como respecto al acto que lo dispone, es una medida "unilateral" del Estado. Algunos tratadistas, en cuanto al fundamento jurídico, hablan de "rescate contractual", entendiendo por éste el previsto y organizado en las cláusulas de la concesión (937) . Estimo que semejante rescate no es tal, sino una "rescisión" prevista en el contrato. El fundamento jurídico del rescate es análogo al de la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Sólo se justifica el "rescate" por razones de interés público, procediendo entonces la indemnización correspondiente. En todos los casos en que sea procedente la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, también lo será el rescate en los contratos cuya índole lo admitan. El "rescate" y la "revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia" son institutos análogos, sin perjuicio de las diferencias existentes entre ambos, a lo cual me referiré más adelante. Por cierto que el "rescate" que se dispusiere con relación a un contrato debe ser total y no parcial. Así, el rescate de una concesión de servicio público debe, en principio, comprender todo el servicio público concedido. Como bien lo expresó Jèze, "la concesión representa un conjunto, en el que se ha tenido en cuenta a todas las partes, al fijarse la remuneración del concesionario. No es posible privar al concesionario de una parte de la concesión, que puede ser la más ventajosa, y dejarle la parte más onerosa. El equilibrio financiero de la concesión se rompería. Sin duda, se pagaría una indemnización al concesionario, pero la ecuación financiera no se restablecería fácilmente por el pago de una indemnización (anualidad o suma entregada de una sola vez). Todo el mecanismo de la concesión se alteraría con un rescate parcial" (938) . Dado el "fundamento" jurídico del rescate y los "principios" que en definitiva lo regulan, aquí son de entera vigencia los principios aplicables en materia de expropiación parcial. Lo mismo que la expresada revocación, el "rescate" puede efectuarse en cualquier momento en que el interés general así lo requiera. Tal es el "principio" que no es posible desconocer o desvirtuar válidamente por convención alguna, sea que tal convención surja
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de términos expresos o resulte implícitamente de las palabras utilizadas al efecto (939) . Cuando el contrato contenga alguna cláusula relacionada con este aspecto del "rescate", y la redacción de tal cláusula no fuere lo suficientemente clara, la determinación de si ella es o no válida por cercenar la potestad de realizar el "rescate" constituye una cuestión de hecho que debe resolverse en cada caso particular (940) . Así como no existe concesión que no sea susceptible de ser revocada por razones de "oportunidad", del mismo modo no existe concesión alguna de servicio público que no sea susceptible de ser "rescatada" por el Estado cuando para ello concurra la causa jurídica pertinente. El Estado hará uso de la "revocación por razones de oportunidad" o del "rescate" según lo aconsejen las circunstancias del caso concreto, teniendo particularmente en cuenta el "objeto" y el "fin" que se persiga (941) . El ejercicio de la potestad del "rescate" no requiere "preaviso" al cocontratante (942) , como tampoco lo requiere el ejercicio de la potestad de revocar un contrato por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Desde luego, una cosa es al ulterior notificación al interesado del "rescate" dispuesto, y otra cosa distinta es el "preaviso" anterior al acto que dispondrá el rescate: la notificación es siempre indispensable, pues, de lo contrario, el acto que dispuso el rescate carecería de "eficacia" y en consecuencia no sería ejecutorio (véase el tomo 2º, números 413, 428, 436 y 470). En nuestro país, la posibilidad de que la Administración Pública "rescate" una concesión es de "principio" y va "sobreentendida", no siendo menester la existencia de texto alguno que autorice dicha posibilidad. Esto no podría ser de otra manera, dado que la causa jurídica del rescate es similar a la de la revocación por razones de oportunidad, o sea la satisfacción del interés público. Así como la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, puede efectuarse en cualquier momento, y sin necesidad de un texto expreso que le confiera esa facultad a la Administración Pública (ver tomo 2º), del mismo modo el "rescate" -instituto análogo a aquélla- también puede efectuarse en cualquier momento y sin necesidad de texto alguno que autorice a la Administración Pública a proceder en esa forma. Lo expuesto, que es lo que ocurre en el orden jurídico argentino, en el terreno doctrinario es objeto de disensiones: mientras en la doctrina italiana se afirma que el rescate sólo procede en base a un texto legal o contractual que lo autorice (943) , en la doctrina francesa se afirma lo contrario, o sea que la procedencia del rescate no requiere texto expreso que la establezca (944) . El sistema imperante en Francia es, pues, similar al que impera en nuestro país. ¿Debe contener "motivación" el acto administrativo que disponga el "rescate"? Jèze y Silvestri se pronuncian por la negativa (945) . No comparto tal criterio. Tratándose de un acto que "extingue" un derecho, la motivación del mismo es de "principio". Véase el tomo 2º de la presente obra, nº 411. El "rescate" de un contrato ("concesión", en la especie) requiere que el cocontratante sea "indemnizado" (946) . El fundamento de tal derecho del concesionario es el mismo que justifica el resarcimiento del cocontratante en los casos de revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, de lo cual ya me he ocupado en otro lugar de esta obra
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(tomo 2º, nº 526). La "liquidación" de la indemnización correspondiente al "rescate" suele crear complejas situaciones (947) . De lo expuesto dedúcese que el rescate debe responder a razones de interés público o general; de lo contrario trataríase de un rescate "arbitrario", viciado como acto jurídico. Si bien Alessi, Zanobini y otros autores italianos estiman que el rescate puede obedecer a razones ajenas al estricto interés público, por ejemplo razones o fines "fiscales" o "financieros" (948) , Jèze, Laubadère y otros tratadistas franceses consideran que el rescate sólo puede responder a motivos de interés general, y que el rescate que obedezca a motivos de interés financiero no se justifica y resultaría viciado de desviación de poder (949) . Comparto plenamente la posición de Jèze, Laubadère y otros que piensan como ellos. No concuerda con los principios ético-jurídicos que han de considerarse ínsitos a toda relación contractual, que el Estado, por razones de conveniencia pecuniaria o fiscal, y no en base a requerimientos de interés público o general, extinga un contrato ("concesión", en la especie), haciendo valer su derecho al "rescate" del mismo. Esto es aún más exacto si se tiene en cuenta que se trata de un contrato celebrado por el Estado, órgano del derecho, creador de éste y encargado de velar por su imperio. 820. El "rescate" debe ser cuidadosamente distinguido de otros institutos con los que guarda cierta afinidad. Tal es lo que ocurre con la "revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia" y con la "ejecución directa", con las que, si bien tiene analogías, presenta marcadas diferencias. a) Respecto al expresado tipo o especie de "revocación", entre las analogías cuadra señalar: 1º tanto la revocación por razones de oportunidad como el rescate extinguen el respectivo acto; 2º ambos institutos sólo actúan y proceden por razones de interés público; 3º en ambos casos el cocontratante tiene derecho a ser indemnizado; 4º tanto la referida revocación como el rescate son medidas "definitivas"; 5º la expresada revocación y el rescate actúan con relación al futuro, "ex nunc": no tienen efecto retroactivo (950) . Entre las diferencias cabe destacar: 1º la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, tanto puede referirse a actos administrativos simplemente, como a contratos administrativos; el rescate, en cambio, sólo se refiere a contratos administrativos, y no a cualquiera de éstos, sino a algunos de ellos, verbigracia "concesión de servicio público"; 2º si bien tratándose, por ejemplo, de una "concesión de servicio público", en el supuesto de revocación de ella por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, la respectiva actividad cesa, en el supuesto de rescate la actividad cesa a cargo del concesionario, pero continúa a cargo del Estado, pues el rescate es una medida de reorganización del servicio mediante la cual la Administración Pública extingue la concesión y se hace cargo directo de la respectiva prestación; 3º el "rescate" puede involucrar o alcanzar a los bienes particulares del concesionario que éste utilizare en la prestación del servicio; la "revocación", en cambio, sólo tiene por objeto extinguir el "derecho" del concesionario a la prestación del servicio. Véase la nota 875 (951) . b) Entre el "rescate" y la "ejecución directa" existen también analogías y diferencias.
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Entre las analogías cuadra destacar: 1º ambos institutos vincúlanse al "ejercicio" o "ejecución" del contrato; en ambos casos el cocontratante o concesionario es privado de ese ejercicio o ejecución, pero mientras esa privación es "definitiva" en el rescate, en la "ejecución directa" es tan sólo "provisional"; 2º la procedencia de las expresadas medidas no presupone indefectiblemente la existencia de una "falta" o "culpa" de parte del cocontratante. Entre las diferencias cabe mencionar: 1º el rescate extingue el contrato; la ejecución directa no lo extingue; 2º el rescate es una medida definitiva, en tanto que la ejecución directa es simplemente temporaria; 3º el rescate apareja para el cocontratante el derecho a ser indemnizado; la ejecución directa no apareja ese derecho, pues el contrato lo lleva a cabo o cumple la Administración Pública, en unos casos, por cuenta y riesgo del concesionario, y en otros casos por cuenta y riesgo de ella misma. Sobre "ejecución directa", véase el nº 741. 821. h) Rescisión También ésta constituye un medio de "extinción" del contrato administrativo. Entiéndese por "rescisión" tanto el acto emitido por acuerdo de partes poniendo fin al contrato (rescisión bilateral), como el acto que se emita por una de las partes o se dicte a pedido de una de éstas, a raíz de "hechos" o de comportamientos o conductas de la otra ("actos") que por disposición del derecho aplicable autoricen la finalización o terminación del contrato (rescisión unilateral). Para la "fuerza mayor" en su relación con la posible "rescisión" del contrato, véase precedentemente nº 724. Hay, pues, dos especies de rescisión: la bilateral (que se produce por acuerdo de partes) y la unilateral (que se produce por voluntad de una de las partes, pero a mérito de ciertos "hechos" o de comportamientos o conductas de la otra). La rescisión unilateral puede responder a una decisión de la Administración Pública contra su cocontratante, o a una acción de éste contra aquélla; el régimen de ambos tipos de rescisión unilateral es distinto, según así lo pondré de manifiesto. Lo atinente a la rescisión bilateral -por acuerdo de partes- no ofrece dificultad alguna, pues así como los interesados pudieron celebrar el contrato, del mismo modo pueden extinguirlo. Otra cosa ocurre con la rescisión unilateral, que debe analizarse cuidadosamente. Rescisión unilateral ejercida por la Administración Pública Dicha potestad de la Administración puede o no haberse previsto expresamente en el contrato. Pero en ambos supuestos la prerrogativa de la Administración para rescindir unilateralmente el contrato existe por igual. El interés de la distinción radica en que, en uno de esos casos, la declaración la hace la Administración Pública, por sí y ante sí, y en que en
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el otro de dichos supuestos la rescisión debe ser declarada por el órgano jurisdiccional correspondiente (ver nº 738). Este tipo de rescisión "unilateral", es decir la dispuesta por la Administración, presenta una modalidad que es propia del contrato administrativo: cuando la causal de rescisión está prevista en el contrato, la Administración Pública la declara y hace valer por sí y ante sí (ver nº 738), todo ello sin perjuicio del derecho del cocontratante para impugnar ese acto o decisión ante la autoridad jurisdiccional judicial. Trátase de una de las prerrogativas de la Administración Pública integrantes de las cláusulas exorbitantes virtuales del derecho privado, propias de todo contrato administrativo por razón de su "objeto". Pero si la causal de rescisión no estuviere prevista en el contrato, la rescisión debe ser declarada por el órgano jurisdiccional competente (ver nº 738). Sin perjuicio del procedimiento para declarar la rescisión, según que la causal pertinente esté o no prevista en el contrato, la potestad de la Administración Pública para rescindir -con causa justa, se entiende- el contrato administrativo no requiere texto expreso que la consagre. Dicha potestad existe por principio, implícita, pues integra el conjunto de prerrogativas de la Administración Pública en materia de contratos administrativos por razón de su "objeto" (ver nº 599). Esta potestad trasunta una de las tantas cláusulas exorbitantes virtuales del derecho privado, inherentes a tales contratos. Ver el nº 738. Pero todo esto, como dije, es sin perjuicio del procedimiento a seguir para declarar la rescisión unilateral, según que la respectiva causal esté o no prevista en el contrato o instrumentos que le integren. ¿Cuándo procede que la Administración Pública haga uso de su potestad de rescindir unilateralmente el contrato administrativo? ¿A qué finalidad debe responder el ejercicio de esa atribución? La aclaración de esto es trascendente. Como lo dije en otro lugar de esta obra (nº 738, texto y nota 574), no obstante la afirmación de algunos autores, el poder de "rescisión" unilateral de la Administración no se vincula -en caso alguno- a razones de "oportunidad", "mérito" o "conveniencia", es decir no se pone en ejercicio para satisfacer el interés público o general. La rescisión unilateral no procede por razones de "oportunidad", "mérito" o "conveniencia" -como estiman los tratadistas que menciono en la referida nota 574-, sino única y exclusivamente como sanción por "falta" o "culpa" cometidas por el cocontratante. En este orden de ideas, la "rescisión unilateral" dispuesta por la Administración y la "caducidad" se rigen por idénticos principios. Cuando el contrato, para satisfacer el interés público, deba ser extinguido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, la vía jurídica para lograr tal extinción no es la "rescisión unilateral", sino la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, con todas las consecuencias derivadas de ello, entre las cuales, precisamente, aparte del derecho del cocontratante a ser resarcido, figura la "extinción" del respectivo acto o contrato. Como asimismo lo manifesté en otro lugar de esta obra (nº 738), jamás procederá la rescisión "unilateral" de un contrato, dispuesta por la Administración Pública, sino ante la existencia de "culpa" o "falta" del cocontratante en el cumplimiento de sus obligaciones.
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Los autores que hablan de "rescisión unilateral" del contrato cuando en la especie no mediare culpa o falta del cocontratante, sino razones de interés general, confunden "rescisión unilateral" con "revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia". "Rescisión unilateral" y "revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia" son expresiones técnicas específicas que contemplan supuestos particulares y diferentes entre sí; por tanto, no pueden utilizarse en forma indistinta, refiriendo una a las situaciones contempladas por la otra y viceversa; el jurista debe expresarse con propiedad y precisión: de lo contrario provoca incertidumbre. Entre "rescisión unilateral" dispuesta por la Administración Pública y la "caducidad" existe una íntima relación que en lo substancial las identifica. Diríase que se trata de dos denominaciones distintas de la misma cosa. De ahí que las reglas básicas de la caducidad sean aplicables a la rescisión unilateral dispuesta por la Administración. Con referencia a la construcción de obra pública, la ley nacional 13064, en los diversos incisos del artículo 50 , establece los supuestos en que la Administración Pública tendrá derecho a la rescisión del contrato. Con relación a los contratos que prevé el artículo 55 de la ley de contabilidad de la Nación, el Reglamento de las Contrataciones del Estado menciona diversos casos donde el incumplimiento del contrato por parte del cocontratante autoriza a la Administración Pública a rescindir el contrato (incisos 86-88, 92, 116, 119, 141, 152 y 155 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). Rescisión unilateral ejercida por el cocontratante Cuando el orden jurídico -legislación, contrato y eventualmente doctrina científica- faculte al cocontratante para rescindir el contrato, contrariamente a lo que ocurre con la Administración Pública, el cocontratante en caso alguno puede declarar y hacer valer la rescisión, por sí y ante sí: deber pedir su declaración al órgano jurisdiccional judicial competente. Esto es así porque, mientras el respectivo acto de la Administración Pública es "ejecutorio" y tiene "ejecutoriedad propia" (952) , la decisión del cocontratante carece de esa característica. Esta posibilidad de solicitar, en determinadas circunstancias, la rescisión del contrato integra la serie de derechos correspondientes a todo cocontratante en un contrato administrativo (ver nº 759). Respecto a los contratos de construcción de obra pública, la ley nacional 13064, artículo 53 , en sus cinco incisos, establece los supuestos en que el cocontratante puede pedir la rescisión del contrato. Con referencia a los contratos que prevé la ley de contabilidad de la Nación en su artículo 55, el Reglamento de las Contrataciones del Estado, para el supuesto de que la Administración Pública no cumpla en término los requisitos a su cargo, autoriza que el adjudicatario pida la rescisión del contrato (inciso 97, párrafo b], de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). Asimismo, esta última reglamentación establece que los contratos de locación de inmuebles de particulares celebrados por el Estado, quedarán rescindidos cuando el inmueble sea desocupado por la dependencia respectiva a mérito de haberse suprimido o refundido el servicio prestado por
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ella, o cuando hubiere instado el mismo en un edificio del Estado o cedido gratuitamente por éste (inciso 131 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). 822. Puede ocurrir que la Administración Pública, al "revocar", "caducar" o "rescindir unilateralmente" un acto o contrato haya procedido contraviniendo el orden jurídico. Contra el respectivo acto administrativo ilícito, es obvio que el cocontratante puede recurrir o accionar impugnándolo ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. En tal supuesto ¿qué alcance o contenido ha de tener el fallo que dicte la autoridad judicial, si la acción promovida fuese admisible? De esto me he ocupado con detenimiento en un parágrafo precedente (nº 745, respecto a "Sanciones represivas definitivas", texto y nota 644 y siguientes). Me remito a lo expuesto en dicho lugar. Cabe advertir que si bien en el lugar indicado sólo me refería a la "rescisión unilateral" y a la "caducidad" ilícitamente dispuestas, lo dicho ahí es también de estricta aplicación a la "revocación" ilícitamente decretada. 823. Un contrato administrativo ya disuelto, terminado o finalizado por una causa o medio jurídico ¿puede luego ser nuevamente disuelto y dado por concluido aplicando otra causa o medio jurídico? ¿Puede hacerse uso -sucesivamente- de dos o más causales de disolución de un contrato administrativo? Para responder a esto debe tenerse muy presente la diferencia entre "extinción" del contrato administrativo y "cesación de los efectos" de dicho contrato (véase el nº 807), pues éste puede concluir o hallar fin por cualquiera de esos dos medios. Tal distinción es fundamental para el análisis de la cuestión planteada. Partiendo de esa base, corresponde preguntar: 1º un contrato "extinguido" por una vía jurídica (vgr., revocación, caducidad, nulidad, rescisión, renuncia, rescate) ¿puede ser nuevamente extinguido haciendo uso de una vía jurídica distinta de la utilizada anteriormente?; 2º un contrato disuelto, terminado o finalizado por "cesación de sus efectos" (vgr., cumplimiento de su objeto, expiración del término de duración establecido) ¿puede ser disuelto nuevamente aplicando para ello uno de los medios de "extinción" del contrato, vgr. caducidad o revocación? En otra oportunidad estudié este problema con referencia particular a la concesión de uso de dominio público, donde planteé el interrogante de si podía hacerse uso -sucesivamentede dos o más causas de disolución o terminación de una concesión de ese tipo (953) ; ahí puse de manifiesto que la dilucidación de ello es trascendente, dadas las graves consecuencias que podrían derivarse de la aplicación sucesiva de dos causales de disolución, terminación o finalización del contrato. En efecto, no es lo mismo que un contrato concluya por cumplimiento de su objeto, que por caducidad. Un contrato correctamente "extinguido" por una vía jurídica -vgr., revocación- no puede luego ser nuevamente "extinguido" por otra vía o medio jurídico, vgr. caducidad, porque si
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técnicamente pudo ser extinguido mediante revocación, esto indica que no podría serlo luego por caducidad, pues ésta procede en supuestos totalmente distintos a los que justifican la procedencia de la revocación. Lo mismo cuadra decir de los demás medios técnicamente idóneos para "extinguir" -propiamente tal- un contrato administrativo, pues esos medios proceden unos en defecto de los otros, pero no proceden simultáneamente. La cuestión de más interés se refiere a los contratos que fueren disueltos, o que hallaron fin o que terminaron por "cesación de sus efectos", es decir por haberse logrado su objeto o por haber vencido el término de su vigencia. ¿Con relación a un contrato que concluyó por "cesación de sus efectos", puede después declararse su "caducidad" o su "revocación por razones de ilegitimidad"? Nada de esto es posible. La caducidad y la revocación suponen un contrato ejecutivo, es decir en "curso", y de ningún modo un contrato ejecutado, cumplido, disuelto o finalizado (954) . Después de su ejecución total o del vencimiento del plazo estipulado para su vigencia, jurídicamente no hay más "contrato"; correlativamente, en tales casos no puede hablarse de caducidad o de revocación, institutos cuyo fundamento o ejercicio presupone la "existencia" del contrato que se pretende extinguir por esa vía. Se requiere, entonces, un contrato "vigente". Por lo demás, mal podría declararse la "caducidad" de un contrato ya disuelto, terminado o finalizado por otra causa legal, puesto que, por principio, la caducidad no tiene efecto retroactivo; rige con relación al futuro; no actúa "ex tunc", sino "ex nunc". Si el contrato ya concluyó o finalizó por cumplimiento de su objeto, o por vencimiento de su término, sería insensato pretender dejarle sin efecto por "caducidad" o mediante "revocación por razones de ilegitimidad", ya que un mismo acto no puede ser eliminado del campo jurídico dos veces sucesivas. Si el contrato salió de ese ámbito por una causal legal que le puso fin, después no puede serlo nuevamente por otra causa. No puede extinguirse lo que no existe. Este tema fue estudiado por un tratadista chileno, Arturo Alessandri Besa, quien lo hizo con relación a los contratos de derecho privado, pero sus conclusiones son de estricta relación en materia de contratos administrativos. Dicho autor afirma "que un contrato, una vez disuelto, no puede serlo nuevamente por otra causa, aunque ésta tenga efecto retroactivo del que la otra carecía, porque un vínculo jurídico que ha dejado de ligar a dos o más partes no puede ser nuevamente deshecho por otro motivo, que no tendría en qué hacerse efectivo, porque nada existiría"... "Por tal motivo -agrega-, un contrato ya disuelto por una causal de disolución, no puede serlo por otra, aun cuando ésta produzca otros efectos que favorezcan más a la persona que la invoca" (955) . No obstante, dicho autor sostiene que la "nulidad" hace excepción a los principios expuestos, en el sentido de que es posible declarar nulo un contrato ya disuelto o un contrato ya cumplido. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción?, se pregunta. Contesta así: "La nulidad actúa en su carácter de sanción legal, destinada a impedir la subsistencia de un contrato nulo, o de los efectos que éste haya generado y que aún subsistan, a pesar de la disolución de su fuente"... "Éste es, dice, el único caso en que procede aplicar a un contrato dos causales de disolución, en forma sucesiva; y cabe advertir nuevamente que la nulidad
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no tiene por objeto disolverlo nuevamente, ya que no existe, sino impedir que los efectos de ese contrato nulo subsistan" (956) . La nulidad de referencia sería viable, entonces, cuando se pusiere de manifiesto o se descubriere la existencia de un hecho o acto violatorio de la legalidad. Pero va de suyo que la declaración de dicha nulidad -por referirse a un acto administrativo o contrato aparentemente legítimo y que produjo efectos jurídicos- es actividad jurisdiccional judicial y no administrativa. Tal es el "principio" (957) . Los jueces declararán dicha nulidad siempre que el cocontratante no invoque el transcurso de la "prescripción" que establezca el derecho positivo. 824. Diversas cuestiones vincúlanse a la terminación o finalización del contrato administrativo, y, en general, a su ejecución o cumplimiento. Así: 1º En el supuesto de un litigio entre partes del mismo ¿ante qué jurisdicción debe tramitarse dicho pleito? 2º ¿Pueden someterse a la decisión de "árbitros" las cuestiones suscitadas a mérito de un contrato "administrativo", propiamente dicho? 3º ¿ Pueden ser objeto de "transacción" las cuestiones surgidas a raíz de la ejecución de un contrato "administrativo", stricto sensu? 4º La "mora" de la Administración Pública ¿se produce en virtud de reclamaciones o gestiones administrativas efectuadas por el cocontratante? 5º ¿Qué reglas deben aplicarse para "interpretar" los contratos administrativos? Separadamente me referiré a cada una de esas cuestiones. 825. A. En caso de controversia o contienda, la jurisdicción ante la cual debe recurrirse es la que el ordenamiento jurídico imperante haya establecido para entender en lo contencioso-administrativo. Precisamente, ésta es una de las consecuencias derivadas de la distinción entre contrato "administrativo", propiamente dicho, y contrato de derecho "común" de la Administración: este último, en el supuesto de un litigio, debe radicarse y tramitarse ante la jurisdicción civil o comercial atribuida a los tribunales pertinentes (véase nº 603, punto c.). La expresada consecuencia de la distinción entre contratos "administrativos" y contratos de derecho "común" de la Administración Pública, es correlativa a la existente entre acto "administrativo" y acto "civil" de la Administración (véase el tomo 2º, nº 393). En concordancia con las conclusiones precedentes, el artículo 55 de la ley nacional de obras públicas, 13064, al referirse al contrato de construcción de obra pública -típico contrato "administrativo" en la doctrina y legislación predominantes- establece, como principio, que todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación e interpretación de tales contratos deberán debatirse ante la jurisdicción contencioso- administrativa, etc. 826. B. A raíz o como consecuencia de un contrato "administrativo", stricto sensu, pueden surgir desavenencias o controversias entre la Administración Pública y el cocontratante. Ante tal posibilidad corresponde preguntar si dichas desavenencias pueden o no ser resueltas por vía de "arbitraje", evitando acudir ante la jurisdicción judicial.
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Teóricamente la sujeción al "arbitraje" puede resultar: 1º de un "compromiso arbitral", ad hoc; 2º insertando ab initio en el contrato una "cláusula compromisoria o arbitral". Si bien esta materia fue muy controvertida, actualmente las posiciones están definidas tanto por la jurisprudencia como por la doctrina. Además, véase lo que dispone la ley 23982, artículo 18 , segundo párrafo, en cuanto faculta al Poder Ejecutivo para someter a arbitraje las cuestiones que ahí se mencionan. Se acepta que el arbitraje procede respecto a contratos donde el Estado actúa en el ámbito del derecho privado, lo que equivale a admitir su procedencia respecto a los contratos de "derecho común" de la Administración Pública. Es lo resuelto por la jurisprudencia (958) y aceptado por la doctrina (959) . En cambio, no se acepta la procedencia del arbitraje en los contratos donde el Estado actúa en el ámbito del derecho público, lo que implica su rechazo respecto a los contratos "administrativos" propiamente dichos. Es ésta la posición de la jurisprudencia (960) y de la doctrina (961) . Tal es el "principio"; pero cabe observar que aun tratándose de contratos "administrativos", propiamente dichos, ese principio tiene su excepción, según así lo advertiré más adelante en este mismo parágrafo. No obstante, es de advertir que si bien la jurisprudencia y la doctrina han sentado esos principios fundamentales -que en abstracto son correctos-, en los casos concretos no siempre distinguieron con precisión si el respectivo contrato era efectivamente "administrativo" o de "derecho común" de la Administración Pública; de ahí que, en ocasiones, sin perjuicio del "principio" general aceptado para establecer la procedencia o improcedencia del "arbitraje", se confundiera la naturaleza del contrato, dando como "administrativo" lo que en realidad era de "derecho común" y a la inversa, de donde resulta que la regla fundamental elaborada para admitir o desechar el arbitraje no siempre fue acertadamente aplicada. La procedencia de la vía arbitral tratándose de contratos de la Administración Pública, no sólo fue aceptada por la jurisprudencia para los supuestos en que el Estado actuase en el campo del derecho privado -como "persona jurídica", según la objetable expresión generalizada-, sino también cuando tal vía esté autorizada por "ley" (962) . Esto último requiere dos fundamentales aclaraciones: 1º para recurrir al arbitraje ¿necesita el Poder Ejecutivo ser autorizado por ley?; 2º la ley que se dictare al efecto ¿es suficiente, de suyo, para eliminar todos los obstáculos jurídicos que le impedían a la Administración Pública recurrir al arbitraje? Se ha sostenido que, para comprometer en árbitros una cuestión, la Administración Pública necesita ser expresamente autorizada por el legislador. Para ello se invocan dos tipos de argumentos: 1º el artículo 1881 , inciso 3º del Código Civil, según el cual se requiere poder especial para comprometer en árbitros (963) ; 2º que la expresión de voluntad del Estado, para ser válida, debe ser manifestada por sus órganos competentes; y siendo el Congreso la única autoridad que puede prescribir excepciones al fuero federal, es decir, quien tiene la facultad de declinar la jurisdicción, son nulos de nulidad absoluta los actos del Poder
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Ejecutivo que la establezcan sin autorización legislativa (964) . Disiento con tales puntos de vista. La Administración Pública no necesita autorización alguna del legislador para recurrir al arbitraje cuando éste sea jurídicamente admisible; y cuando el arbitraje sea improcedente, el legislador carece de atribuciones para autorizarlo. La facultad de recurrir al arbitraje le corresponde directa y originariamente al Poder Ejecutivo, por implicar el ejercicio de una atribución de administración general, que constitucionalmente le compete a dicho poder (Constitución, artículo 86 , inciso 1º); el ejercicio de la facultad de comprometer en árbitros en modo alguno significa, pues, establecer excepciones al fuero federal: sólo significa el ejercicio de una atribución de "administración general" (965) . Al efecto no se requiere, entonces, ley autorizativa alguna, que en el caso se la haría valer como el "mandato especial" a que se refiere el citado artículo 1881 , inciso 3º, del Código Civil. Este precepto legal no tiene aplicación en este caso, por cuanto la Administración Pública no es "representante" ni es "mandataria" del Poder Legislativo, ni actúa como tales: la Administración Pública, en el ejercicio de sus potestades y atribuciones constitucionales propias, es el Estado mismo y como tal debe tenérsele, pues mediante ella y a través de ella el Estado expresa constitucionalmente su respectiva voluntad. Lejos de ser una "representante" o una "mandataria" del Congreso, la Administración Pública (Poder Ejecutivo) es un "órgano" esencial del propio Estado, órgano cuyo rango constitucional es igual al del legislador. Los "órganos" no representan al ente o persona jurídica a que pertenecen: forman parte integrante y esencial de los mismos, y en tal sentido son cabalmente el ente mismo o persona del que forman parte. Precisamente esto constituyó el mérito y la trascendencia de la "teoría del órgano", concebida por la ciencia jurídica para explicar por qué los hechos y actos de las personas físicas que integran la entidad son imputables a ésta. Como ya lo dije en otra oportunidad, entre la noción de "órgano" y las de "representante" o "mandatario" hay una diferencia esencial. La calidad de "representante" o de "mandatario" puede derivar de la ley o de un acto jurídico; en cambio, la calidad de "órgano" deriva de la propia "constitución" de la persona moral: integra la estructura de ésta y forma parte de ella. El "órgano" nace con la persona jurídica, consubstanciado con ésta. En la representación y en el mandato hay un vínculo jurídico entre dos sujetos de derecho, donde uno actúa en nombre del otro; en cambio, tratándose del "órgano" hay un sólo sujeto de derecho: la persona jurídica actúa ella misma, porque el "órgano" forma parte de ella e integra su estructura; la persona jurídica se sirve del órgano como la persona física se sirve de la boca o de la mano. Cuando el alcalde de una ciudad le otorga poder a un procurador para que actúe ante los tribunales de justicia, el alcalde es un órgano, el procurador un representante (véase tomo 1º de la presente obra, nº 169). Por eso dije que cuando la Administración Pública (Poder Ejecutivo) ejercita potestades y atribuciones constitucionales propias -como ocurriría en el supuesto de que comprometa en árbitros una cuestión, siendo ello jurídicamente admisible- debe considerársela como el Estado mismo, siendo por esto que dichos actos de la Administración Pública son imputables al Estado, sin necesidad de recurrir para ello a las inadecuadas e improcedentes figuras del mandato o de la representación. La Administración Pública, pues, para comprometer en árbitros no requiere ser autorizada por el legislador; ella puede actuar por sí, ejercitando sus propias y originarias atribuciones constitucionales.
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Por otra parte, correponde advertir que aun cuando una ley fuere necesaria o idónea para que la Administración Pública pueda comprometer en árbitros un cuestión, dicha ley puede no ser suficiente para eliminar todos los obstáculos jurídicos que le impedían a la Administración Pública recurrir al arbitraje. Así, si el arbitraje autorizado por la ley implicase un rozamiento o violación de algún precepto o principio de la Constitución, la ley de referencia sería írrita, por ser inconstitucional. De ahí que, aun cuando el arbitraje esté autorizado o instituido mediante una ley, debe analizarse cada caso concreto para determinar si el mismo vulnera o no la Constitución. Por eso es que la fórmula genérica -que no contiene limitación alguna- utilizada en ciertas leyes y contratos diciendo que "todas las cuestiones que puedan surgir entre el Estado y el cocontratante" quedarán libradas a la decisión arbitral, es de relativa trascendencia y validez (966) . Precedentemente, después de haber manifestado que tanto la jurisprudencia como la doctrina, si bien aceptan la posibilidad del arbitraje tratándose de contratos de "derecho común" de la Administración, no la aceptan respecto a los contratos "administrativos", stricto sensu, expresé que éste constituía el "principio", pero que el mismo admitía una excepción. Así es en efecto. Dicha excepción consiste en que, aun tratándose de contratos "administrativos", stricto sensu, la Administración Pública (Poder Ejecutivo), desde luego sin necesidad de "ley" alguna que la autorice, puede igualmente recurrir al arbitraje para dilucidar cuestiones que no afecten al orden público, ni al orden o sistema constitucional, no impliquen un agravio o rozamiento a la autoridad del Estado, ni a su soberanía. Así, aun tratándose de un contrato "administrativo", la Administración Pública podrá recurrir al arbitraje para dilucidar cuestiones de carácter técnico, cuyo conocimiento generalmente es extraño a la competencia profesional de los jueces del Poder Judicial, o para dilucidar cuestiones de "hecho" (967) , o cuestiones de tipo financiero-patrimonial (vgr., indemnizaciones). Desde luego, el arbitraje comprenderá la aplicación de los criterios jurídicos que fueren necesarios para la adecuada solución de las cuestiones mencionadas: quien puede lo más, puede lo menos. Pero si el arbitraje le fuese confiado a árbitros iuris, y no a meros "arbitradores", aquél podrá implicar o comprender directamente la solución de cuestiones de "derecho" -cuestiones jurídicas-, pues los árbitros iuris; a diferencia de los arbitradores, proceden -según expresión de la Corte Suprema de Justicia de la Nacióncomo los jueces ordinarios (968) . Mas esta posible solución de cuestiones "jurídicas", o de "derecho", tiene como necesario límite, según ya quedó expresado, el de que ellas no afecten al orden público, ni al orden o sistema constitucional, no impliquen un agravio o rozamiento a la autoridad del Estado, ni a su soberanía. Ningún principio imperante en derecho administrativo obsta a que los "árbitros iuris" se pronuncien sobre cuestiones "jurídicas" o de "derecho", con las limitaciones indicadas (969) . En tal orden de ideas, va de suyo que los árbitros juris no pueden emitir decisiones que impliquen el ejercicio de potestades o atribuciones propias de la Administración Pública, o que trasunten el ejercicio de funciones especiales del Estado (970) . El derecho positivo argentino no es homogéneo en lo atinente a la admisión del arbitraje en materia de contratos "administrativos". Prescindiendo de las normas particulares o especiales emitidas para un determinado contrato -cualquiera sea la especie a que el mismo pertenezca-, corresponde considerar las disposiciones "genéricas", es decir las que
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contemplen todos los contratos de la categoría a que se refiera la norma. En tal sentido deben mencionarse: 1º la ley nacional de obras públicas, 13064, artículo 55 , que admite el arbitraje (971) ; 2º el Reglamento de las Contrataciones del Estado, con referencia a los contratos contemplados por el artículo 55 de la ley de contabilidad, rechaza el arbitraje en los siguiente términos: "En las cláusulas particulares no podrá estipularse el juicio de árbitros o amigables componedores para dirimir las divergencias que se produjeren con motivo de la interpretación o ejecución del contrato" (972) ; 3º existe, además, un antiguo decreto del Poder Ejecutivo, del 15 de diciembre de 1933, según el cual las reparticiones nacionales no concertarán contratos con los particulares en los cuales se estipule el juicio de árbitros o de amigables componedores, para dirimir las divergencias que se susciten con motivo de la interpretación o ejecución de los mismos (973) ; 4º también existe un texto legal que establece el "arbitraje" en un contrato donde es parte la Administración Pública ("Estado"), pero se trata de un contrato de "derecho común" o "derecho privado" de la Administración Pública (974) . Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes acerca de la procedencia del juicio arbitral cuando la Nación fuese parte, lo cual puede considerarse como expresión del estado en que actualmente se encuentra dicha cuestión, es de advertir, sin embargo, que entre nosotros anteriormente se había sostenido la total improcedencia del juicio arbitral cuando fuere parte la Nación. Se consideró que tal juicio estaba excluido por el artículo 100 de la Constitución Nacional, en cuanto dispone que "corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión... de los asuntos en que la Nación sea parte". Se estimó que la Nación no tiene otros jueces para ventilar sus diferencias con los particulares que los creados por la Constitución. Siendo así, se decía, someter al juicio arbitral los asuntos en que la Nación fuese parte, sacándolos del conocimiento y decisión de la Corte Suprema y demás tribunales federales inferiores, implicaba apartarse del citado artículo 100 , por lo que ello importaba un acto inconstitucional. En tal sentido se pronunció la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital (975) . También calificados juristas se inclinaron a esa posición, admitiendo, a lo sumo, la procedencia del arbitraje cuando la Nación hubiese actuado en el campo del derecho privado, es decir cuando se tratase de contratos de derecho "común" de la Administración Pública (976) . Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó el artículo 100 de la Constitución en el sentido de que dicho texto no obsta a que los asuntos en que la Nación es parte sean sometidos a la jurisdicción arbitral, cuando así se haya pactado de acuerdo con las leyes del Congreso, o cuando la Nación actuare como persona jurídica (977) . Por su parte, la doctrina predominante siempre consideró que el artículo 100 de la Constitución en modo alguno obstaba a la procedencia del juicio arbitral cuando una de las partes fuese la Nación (978) . No obstante, insisto en lo que ya he manifestado: el juicio arbitral, cuando la Nación es parte, es admisible no sólo cuando aquélla actúe en el campo del derecho privado (en la especie, mediante contratos de derecho común de la Administración Pública), sino también cuando actúe en el campo del derecho público (en la especie, mediante contratos "administrativos" propiamente dichos), con las limitaciones, en este último supuesto, a que ya hice referencia.
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Lo dicho acerca de la admisibilidad del arbitraje en los contratos administrativos internos es aplicable a los contratos administrativos internacionales, es decir celebrados por nuestro país y un Estado extranjero. La imposibilidad jurídico-constitucional que obsta al arbitraje sobre ciertas cuestiones en el orden interno tiene asimismo vigencia respecto a los contratos internacionales, pues, en Argentina, ninguna autoridad puede hacer algo que vulnere la Constitución; además, incluso los "tratados" internacionales deben respetar la Constitución (véase el tomo 1º, nº 72) (979) . Desde luego, me estoy refiriendo a los "contratos administrativos", propiamente dichos, no a las cuestiones específicamente "institucionales" -que trascienden el ámbito específico de un "contrato"- que sean objeto de un tratado internacional: vgr., un tratado sobre límites, el cual, no obstante su índole, puede válidamente someter la fijación de tales límites a "arbitraje", lo que se explica y justifica ante la falta de un tribunal internacional con jurisdicción "obligatoria". El "arbitraje" internacional tiene como fundamento una práctica histórica ininterrumpida entre pueblos civilizados (980) . 827. C. ¿Puede la Administración Pública -Estado- "transar" respecto a cuestiones surgidas con motivo de contratos "administrativos", propiamente dichos, es decir de contratos donde el Estado actúa en el ámbito del derecho público? Ante todo, adviértase que esta materia no se rige por el derecho privado -civil, en la especie-, sino por el derecho público (constitucional y administrativo). Maestros de derecho privado, como Salvat y Lafaille, invocando equivocadamente el artículo 841 , incisos 1º y 2º, del Código Civil (981) , sostuvieron que el Estado no puede transar cuando actúa en el campo del derecho público. Según Salvat esos dos incisos se relacionan con la capacidad del Estado para celebrar transacciones. En el ámbito del derecho público (como "poder público", expresa del Dr. Salvat utilizando una poco alabable terminología), la Nación, provincias y municipalidades, en principio están inhabilitadas para celebrar transacciones, "porque por lo mismo que ellas gestionan en este carácter bienes y asuntos de interés colectivo y que están fuera del comercio, toda transacción sería imposible, de acuerdo con la regla general establecida en el artículo 844 , salvo autorización legal (982) . Lafaille, compartiendo la opinión de Salvat, afirma que "en el orden del derecho público, la Nación, las provincias y los municipios, estarían inhabilitados para transigir, siendo también aplicable el artículo 844 844" (983) . No comparto las opiniones precedentes. a) No es exacto que el artículo 841 , incisos 1º y 2º, del Código Civil se relacione con la capacidad del Estado para transigir. La capacidad del Poder Ejecutivo -"Estado"- para celebrar transacciones no está regida por el Código Civil (derecho privado), ni surge de éste. Tal capacidad -"competencia"- resulta de la Constitución Nacional (derecho público), en cuyo mérito, como consecuencia de las amplias potestades de administración general que la Ley Suprema pone a su cargo en el
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artículo 86 , inciso 1º, es atribución del Poder Ejecutivo realizar y autorizar transacciones relacionadas con el ejercicio de tal actividad. La competencia del Poder Ejecutivo -"Estado"- para transar no se rige, pues, por el Código Civil, no deriva de éste, sino de la Constitución Nacional. En el Código Civil no se trata sino del derecho privado, según claramente lo advirtió el propio codificador (nota al artículo 31 ). Las atribuciones del Poder Ejecutivo, en su calidad de "órgano" esencial en la estructura del Estado, no derivan del Código Civil, sino de la Ley Suprema, la cual hállase siempre en más alto y preeminente nivel normativo que el Código Civil (artículo 31 de aquélla). La "ley" formal carece de aptitud -y es innecesaria- para conferirle al Poder Ejecutivo ("Estado") atribuciones para transigir. Son aplicables a la "transacción" que celebre el Estado respecto a cuestiones vinculadas a contratos "administrativos", propiamente dichos, los principios sobre actos administrativos y sobre contratos administrativos. En tal orden de ideas, la aplicación del derecho civil sólo procederá en los casos y en la medida en que sólo sea en materia de actos y contratos administrativos, de lo cual me he ocupado en otros lugares de esta obra. El único límite positivo que tiene el Poder Ejecutivo ("Estado") para transar -sea que actúe en el campo del derecho privado (contratos de derecho "común") o en el ámbito del derecho público (contratos "administrativos", propiamente dichos)- es el respeto a las normas y principios de la Constitución Nacional (984) . El artículo 841 , incisos 1º y 2º, del Código Civil, contrariamente a lo que manifiestan los autores citados, no se refiere a la competencia del "Estado" para transar: sólo se refiere a la competencia de los funcionarios y personas que específicamente menciona. No es posible asimilar el "Estado" a algunos de sus meros "representantes" o "mandatarios". b) Tampoco es exacto que el objeto de los contratos "administrativos" stricto sensu, consista en bienes y asuntos de interés colectivo que están fuera del comercio, lo que entonces -se dice- excluiría la posibilidad de una transacción. En la generalidad de los casos no ocurre esto. Pero aun en el supuesto de que se tratare de bienes o asuntos que están fuera del comercio, ello los sería respecto al comercio del derecho privado, mas no respecto al comercio del derecho público: prueba de esto último es que habrían sido objeto de un "contrato" (negocio jurídico), por más que éste tenga el carácter de "administrativo". Y va de suyo que el derecho público también admite "transacciones" compatibles con su índole. Sobre las bases que anteceden, resulta evidente que el Poder Ejecutivo ("Estado") tiene competencia para transar libremente -sin necesidad de ley formal alguna que le faculte a ello-, pues queda sobreentendido que al ejercitar su atribución constitucional de transar lo hará en concordancia con los requisitos de interés público y ejerciendo atribuciones propias pertenecientes a la "zona de reserva de la Administración". Pero si se demostrare que la "transacción" efectuada no responde al interés público, sino a un deliberado y subalterno interés de otra índole, la transacción, como acto administrativo, sería nula, por resultar viciada en el elemento "finalidad", vicio que en este caso se concretaría en una "desviación de poder" (ver el tomo 2º, números 414 y 495).
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En concordancia con las ideas que dejo expuestas, Enrique V. Galli, actualizador de una parte de la obra de Salvat, critica la posición asumida por el codificador Vélez Sarsfield a redactar el artículo 841 del Código Civil, tomado despreocupadamente del "Esboço" de Freitas. Galli -con todo acierto- sostiene la posibilidad de que el Estado transe aun cuando actúe en el campo del derecho público. Concreta su opinión en los siguientes términos: "No debe olvidarse que el Código Civil se ocupa de materia exclusivamente de derecho privado. García Goyena señala que los ayuntamientos y demás corporaciones públicas, pueden transigir sobre los derechos y bienes que administran, observando las leyes y reglamentos que les conciernen" (985) . A mayor abundamiento, la expresada atribución del Poder Ejecutivo para transar aparece oficiosamente reconocida en el artículo 55 de la ley de presupuesto general de la Nación, 16432 (986) . En lo que respecta a la facultad de las "entidades autárquicas institucionales" y de las "empresas del Estado" para transar, véase el tomo 1º, números 125 bis y 143, como así lo que dispone al respecto la ley 23982, artículo 18 . 828. D. Con motivo de la finalización o terminación de un contrato administrativo, pueden producirse situaciones relacionadas con la "mora" en que podría verse colocada la Administración Pública ("Estado"). Es conveniente, entonces, aclarar cuándo y en qué casos puede producirse esa "mora". Todo ello, y, además, lo atinente a si las reclamaciones o gestiones administrativos realizadas por el cocontratante son o no idóneas para colocar en "mora" a la Administración Pública, lo he analizado en un lugar precedente, donde asimismo hice notar el cambio que, respecto a esta última cuestión, se operó en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Véase el nº 754. 829. E. Si los términos o expresiones empleados en un contrato administrativo no son claros, o resultan incompletos, pueden surgir dudas acerca de su alcance o sentido, apareciendo entonces la necesidad de "interpretar" el contrato para determinar con precisión su contenido y los consiguientes derechos y obligaciones de los contratantes (987) . Si las dudas que surjan acerca del alcance o sentido del contrato no fueren o no pudieren ser solucionadas por los propios interesados, ello dará lugar a una "controversia" entre estos últimos. En tal caso, "interpretar" el contrato significaría "dirimir" dicha controversia. ¿Qué autoridad es la habilitada para actuar en la especie? ¿La propia Administración Pública o el Poder Judicial? ¿Qué principios o reglas deben utilizarse como criterios para interpretar los contratos administrativos? Respecto a la "interpretación" de tales contratos, en lo fundamental es aplicable lo dicho acerca de la interpretación de los "actos" administrativos. De esto último me he ocupado en otro lugar de esta obra (tomo 2º, nº 396), al cual me remito.
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Por tanto, y tal como lo expresé al referirme a los "actos" administrativos, en el caso de "controversia", la autoridad habilitada para "interpretar" un contrato administrativo es el Poder Judicial, no la Administración Pública, pues tratándose de una controversia entre partes sobre una cuestión no contemplada expresamente en lo convenido, ella constituye una materia perteneciente a la competencia funcional de la Justicia (988) . Algo similar ocurre respecto a la autoridad competente -Justicia o Administración- para declarar la caducidad de un contrato por una causal no prevista "expresamente" por las partes (véanse precedentemente, nº 738, texto y notas 581-582 y nº 813). ¿Cómo se interpretan los "contratos" administrativos? Un autor dijo que el carácter "administrativo" del contrato incluye en los criterios aplicable para interpretarlo (989) . Así es efectivamente. La doctrina tradicional y la actual han sugerido algunos puntos de vista en esta materia; pero no procedió con criterio sistemático y menos aún integral. Así, en este orden de ideas, la doctrina no hizo distinción alguna entre contratos administrativos de "colaboración" y de "atribución"; de ahí que en materia de "interpretación" el contrato le dio preferencia a la solución que favorezca el funcionamiento del servicio público (990) o el "interés público" (991) , que precisamente es lo que predomina en los contratos de "colaboración". Y cuando algún expositor advierte que en la "interpretación" del contrato también ha de tenerse en cuenta la protección que merezca el interés privado del cocontratante (992) -que es lo que predomina en los contratos de "atribución"-, ello responde más a un delicado sentido de "equidad" -a una intuitiva idea de justicia conmutativa- que a la solución reclamada por al técnica jurídica aplicable, lo cual, además, tiene el grave inconveniente de olvidar que la equidad no en todos los ordenamientos legales es fuente jurídica, debiéndose insistir, por otra parte, en que si bien el "interés público", e incluso el "servicio público", predomina en los contratos de colaboración, no ocurre lo mismo en los de atribución, donde prevalece el "interés privado". De esto se deduce que no todo contrato "administrativo" puede ser interpretado en el sentido de favorecer al "interés público", como lo estableció la doctrina tradicional. Pero cualesquiera sean los criterios que se acepten para interpretar los contratos administrativos, hay una primera regla que domina toda la materia, regla que es esencial y que jamás debe ser olvidada: el contrato administrativo, a pesar de este carácter, es siempre la "ley de las partes", en el sentido de que él constituye y traduce la "substancia" misma de lo que éstas han querido reglar, y de que el expresado carácter "administrativo" en modo alguno podrá desnaturalizar el "objeto" o "contenido" del acuerdo, al extremo de transformar tal objeto o contenido en algo distinto a lo previsto y querido por los contratantes. Éstos hállanse recíprocamente obligados a respetar lo "esencial" de lo estipulado (ver precedentemente, nº 711) (993) . Esta primera y fundamental regla, que nunca podrá desnaturalizarse por vía de "interpretación", tiene vigencia respecto a todo y cualquier tipo de contrato administrativo. "Interpretar" un contrato significa aclarar su texto cuando resulte obscuro, pero en modo alguno significa "desviar" dicho texto haciéndoles decir a las partes intervinientes algo en que ésta jamás pensaron. ¿Cómo debe interpretarse un contrato de esa especie? ¿Cuál es el criterio básico que debe prevalecer al respecto?
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Para ello hay que distinguir entre contratos de "colaboración" y contratos de "atribución" (994) . En los primeros -contratos de "colaboración"-, donde el cocontratante, el administrado, contribuye con su actividad a que la Administración Pública cumpla funciones específicas o satisfaga fines públicos propios del Estado, en los casos de duda -de justificada duda- la interpretación ha de ser en favor de los intereses públicos por los que debe velar la Administración. Es razonable que así sea, pues tales contratos se llevan a cabo en "interés público", cuya idea los domina y preside. La doctrina clásica y la actual -aunque sin hacer todavía la distinción sistemática entre contratos administrativos de colaboración y de atribución- se pronuncian en ese sentido, sea diciendo que la interpretación debe efectuarse de manera que ella favorezca el funcionamiento del "servicio público" (995) o el "interés público" (996) . En los contratos de "atribución", donde la prestación principal está a cargo de la Administración Pública, y cuyos contratos no se celebran teniendo por mira directa e inmediata la satisfacción del interés público, sino la del interés privado del cocontratante -vgr., concesión de uso del dominio público-, en los casos de duda, de razonable duda, la interpretación debe ser en favor del referido "interés privado" del cocontratante. También esta solución es razonable, pues en tales contratos preside la idea de satisfacer inmediata y directamente dicho "interés privado". ¿Sobre qué bases debe efectuarse la interpretación del contrato administrativo? En esto debe aplicarse idéntico criterio que respecto a la interpretación del "acto" administrativo. Así: 1º Ante todo, la interpretación debe ser "textual", es decir utilizando el texto mismo de lo convenido -y preceptos que lo integren o complementen, vgr., pliego de condiciones, etc.- (997) . Esto es una consecuencia lógica de que el contrato administrativo sigue siendo la ley de las partes. 2º En segundo lugar, en algunos casos particulares, si la letra del contrato fuere insuficiente para obtener la correcta significación del mismo, puede recurrirse a la interpretación "extratextual", que tiende a prevalecer en los ordenamientos modernos, en cuyo mérito, para lograr el sentido y el alcance del contrato, se recurre a la serie de hechos y aun de actos preliminares que, unidos, constituyen los antecedentes del contrato administrativo en cuestión (véase el tomo 2º de la presente obra, nº 396). Si a pesar de las bases o elementos mencionados precedentemente para interpretar el contrato persistiese la incertidumbre, la interpretación debe haberse aplicando los "principios" jurídicos reconocidos por la jurisprudencia y la doctrina (véase el tomo 2º). Así, por ejemplo, en la duda, la existencia de "privilegios" en favor del cocontratante debe ser interpretada restrictivamente, o sea en contra de la existencia del privilegio: un temperamento distinto implicaría un agravio al "principio" de igualdad ante la ley (998)
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(1) Marcello Caetano: "Manual de direito administrativo", página 302, Lisboa 1965. (2) En igual sentido: Caetano: op. y loc. cit. (3) En sentido concordante: G. Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 500, página 3, Paris 1953; André de Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 519, página 281, Paris 1963, y "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, páginas 8-9, Paris 1956; José Cretella Junior: "Direito administrativo do Brasil", tomo 3º, páginas 282-283, Sän Paulo 1961; Marcel Waline: "Droit Administratif", nº 953, página 564, Paris 1963; Jean Rivero: "Droit Administratif", páginas 98-99, Paris 1962; Manoel de Oliveira Franco Sobrinho: "Estudos de direito público", página 43, Brasilia 1977. (4) Oreste Ranelletti: "Teoria degli atti amministrativi speciali", páginas 144-145; Renato Alessi: "Sistema istituzionale del diritto amministrativo italiano", páginas 292-296, y "Diritto Amministrativo", páginas 217-223; Francesco D´Alessio: "Istituzioni di diritto amministrativo italiano", tomo 2º, páginas 153-154; Santi Romano: "Corso di diritto amministrativo", páginas 234-238; Recaredo Fernández de Velasco: "Los contratos administrativos", página 43 y siguientes, y "El acto administrativo", página 128 y siguientes. En este grupo de expositores puede incluirse al escritor brasileño Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, quien sostiene que no existe el contrato administrativo; según dicho autor, algunos actos administrativos son complementados por contratos sobre la ecuación económico-financiera respectiva (vgr., concesión de obra pública o de servicio público). Los otros pretendidos contratos administrativos -dice- no pasan de contratos de derecho privado, con régimen especial... ("Princípios gerais de direito administrativo", tomo 1º, páginas 611-612, Rio de Janeiro 1969). (5) Gastón Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 3º, páginas 313-315, edición española, Buenos Aires 1949; Jean Rouvière: "Les contrats administratifs", páginas 23-24 y 174; Tito Prates da Fonseca: "Direito Adminstrativo", páginas 420-421 y 425; Gabino Fraga: "Derecho Administrativo", páginas 724-730; Rafael Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 295-297, Buenos Aires 1947; Péquignot: op. cit., página 3, fascículo 500; Sabino A. Gendín: "Los contratos públicos", páginas 17 y 19; Guillermo Varas C.: "Derecho Administrativo", páginas 265-266; Guido Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 1º, páginas 211-217; Cino Vitta: "Diritto Amministrativo", tomo 1º, páginas 362 y 367; Miguel Ángel Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", páginas 136-138; Jesús Gonzáles Pérez: "Derecho Procesal Administrativo", tomo 2º, páginas 50-55; Arnaldo de Valles: "Elementi di diritto amministrativo", páginas 196-198; Aldo M. Sandulli: "Manuale di diritto amministrativo", páginas 234-235; Sebastián M. Retortillo Baquer: "El derecho civil en la génesis del derecho administrativo y de sus instituciones", páginas 151-154 y 173-174; Antonio Lancís y Sánchez: "Derecho Administrativo", páginas 419-422; Ruy Cirne Lima: "Contratos administrativos e atos de comércio", en "Revista de Direito Administrativo", volumen 32, Rio de Janeiro, abril-junio de 1953, páginas 19-21, edición Fundación Getúlio Vargas; André de Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 516, página
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279; George Vedel: "Droit Administratif", páginas 640-646; Fernando Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 30-33; Enrique Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 529-530; Julio Alberto D´Avis S.: "Curso de Derecho Administrativo", páginas 370-371; Félix Sarría: "Derecho Administrativo", páginas 288-289; José Cretella Júnior: op. cit., tomo 3º, páginas 274, 279 y 281-283; Jean Rivero: "Droit Administratif", páginas 98-99; Eduardo García de Enterría: "La figura del contrato administrativo", en "Revista de Administración Pública", nº 41, mayo-agosto, Madrid 1963, páginas 112, 115 y 128; Marcello Caetano: op. cit., páginas 298-302; Manuel María Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 440. (6) Léon Duguit: "Traité de droit constitutionnel", tomo 3º, páginas 434-435, Paris 1930. (7) André de Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 520, páginas 281-282, y "Droit Administratif Spécial", páginas 34-35, Paris 1958. En igual sentido: Jean Rouvière: op. cit., página 23. (8) Jèze: op. cit., tomo 3º, páginas 313-315. (9) Mário Masagäo: "Naturaleza jurídica da concessäo de servico público", páginas 95-100; Zanobini: "Corso etc.", tomo 1º, páginas 211-212; Caetano: op. cit., páginas 299-302; Berçaitz, op. cit., páginas 107-108; Cirne Lima: "Contratos administrativos e atos de comércio", en "Revista de Direito Administrativo", nº 32, Rio de Janeiro 1953, páginas 19-21; Cretella Júnior, op. cit., tomo 3º, página 272; Eduardo García de Enterría: "La figura del contrato administrativo", en "Revista de Administración Pública", nº 41, Madrid 1963, página 115. (10) Jèze, op. cit., tomo 3º, páginas 314-315. (11) Acertadamente se dijo que existe una teoría iusadministrativa del contrato, caracterizada por las modulaciones o variantes que introduce la presencia subjetiva de la Administración Pública en la institución contractual (García de Enterría: "La figura del contrato administrativo", en "Revista de Administración Pública", nº 41, Madrid 1963, páginas 112, 115 y 128). (12) Para "referencias" a dicho argumento, véanse: Zanobini: "Corso etc.", tomo 1º página 213; Caetano: "Manual de direito administrativo", páginas 298 y 300, Lisboa 1965; Alessi: "Sistema istituzionales del diritto amministrativo italiano", página 293, Milano 1960. (13) Véase el tomo 5º, nº 1825. (14) Vitta: "Diritto Amministrativo", tomo 1º, página 362, Torino 1948. (15) Ranelletti: "Teoría degli atti amministrativi speciali", páginas 144-145. (16) Después de aparecida la presente obra, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido y aceptado la existencia de actos administrativos "bilaterales". Véase la sentencia del 23 de diciembre de 1976, in re "Metalmecánica S. A. c/Gobierno Nacional" ,
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considerandos 6, 7, 8 y 13, aparecida en "El Derecho", 18 de marzo de 1977; "Jurisprudencia Argentina", 1977-III, página 9, y "Fallos de la Corte Suprema", t. 296, página 672 y siguientes. (17) Vitta, op. y loc. cit. en la precedente nota 14. (18) Para "referencias" a dicho argumento, véanse: Zanobini: "Corso etc.", tomo 1º, página 214; Vitta, op. cit., tomo 1º, páginas 362-363; Ranelletti: "Teoría etc.", páginas 143-144; Sandulli: "Manuale di diritto amministrativo", página 234; Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 28 y 32-33. (19) Llama la atención que Gastón Jèze, al negar el carácter contractual de la concesión de uso del dominio público, sostenga que "la competencia de policía no puede quedar trabada por un contrato" ("Principios generales del derecho administrativo", tomo 3º, página 515, edición española, Buenos Aires 1949, y "Les contrats administratifs de l´État, des départements, des communes et des établissements publics", página 214, Paris 1927, éditeur Marcel Giard). Aparte de que la doctrina predominante, en contra de lo que sostuvo Jèze, reconoce que la concesión de uso sobre bienes del dominio público constituye un contrato administrativo (véase el tomo 5º de la presente obra, nº 1822), la tesis de Jèze es inaceptable, porque -con referencia a una concesión de uso del dominio público- el poder de policía se manifiesta o relaciona con la "forma de ejercer" el derecho concedido, ejercicio que siempre podrá ser modificado por la Administración Pública cuando lo juzgue oportuno, por ser ello inherente a la esencia de todo contrato administrativo, según lo expreso en el texto. Anteriormente también disentí con esa afirmación de Jèze (véase mi "Régimen y Legislación de las Aguas Públicas y Privadas", nº 419, páginas 735-736, nota 9, Buenos Aires 1939). (20) En sentido concordante: Caetano: "Manual etc.", página 300; Berçaitz: "Teoría general etc.", páginas 137-138. (21) Tito Prates da Fonseca: "Direito Administrativo", páginas 420-421. (22) Mário Masagäo: "Naturaleza jurídica da concessäo de servico público", páginas 69-70, Säo Paulo, 1933. (23) Zanobini: "Corso etc.", tomo 1º, páginas 215-217; Vitta: "Diritto Amministrativo", tomo 1º, páginas 362 y 367; Sandulli: "Manuale di diritto amministrativo", página 235; Cesare Cammeo: "I contratti della pubblica amministrazione", página 34. (24) Véase el tomo 5º de la presente obra, números 1822 y 1825. Con referencia a lo expresado en el texto, dije en otra oportunidad: "Es un error pensar que todo acto administrativo, creador de derechos públicos subjetivos, deba tener como causa jurídica el interés público directo o inmediato; dicha causa puede ser válidamente el interés público mediato o indirecto, logrado a través de los intereses particulares de los sujetos de derechos nacidos al amparo de aquellos actos. Sólo se requerirá que los derechos así nacidos guarden concordancia con los fines de la ley, que en los supuestos de concesiones
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de uso del dominio público requerirán armonía con el fin para el cual el bien fue puesto fuera del comercio". "En una concesión de agua para irrigación, por ejemplo, el directamente beneficiado es el titular del inmueble, es decir el concesionario, en tanto que la sociedad, la colectividad, sólo se beneficia indirectamente, mediatamente, a raíz del aumento de la riqueza general obtenido a través del beneficio del concesionario" (tomo 5º, nº 1825). (25) Entre otras definiciones, véanse las que proponen los siguientes tratadistas: Félix Sarría: "Derecho Administrativo", página 289; José Cretella Júnior: "Direito administrativo do Brasil", tomo 3º, páginas 293-294; Marcello Caetano: "Manual de direito administrativo", página 307, Lisboa 1965. Además pueden verse las definiciones de Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, página 295, Buenos Aires 1947, y Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", páginas 213-214. (26) Hay quienes consideran que puede haber contrato administrativo (vgr., contrato de obra pública) no sólo cuando una de las partes fuere una persona pública estatal, sino también cuando se trate de un contrato celebrado con particulares por entidades no estatales (públicas o privadas) -incluso empresas, sociedades estatales-, esto en la medida en que el contrato traduzca el ejercicio de una función propiamente administrativa que le hubiere sido asignada a la entidad no estatal. En tal sentido se cita la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 15 de abril de 1982, in re "Schirato Gino c/Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación) y Cooperadora Escolar de la Escuela nº 14, Distrito Escolar nº 15" , publicado en "Fallos", tomo 304, página 490 y siguientes (véase: Juan Carlos Cassagne: "La extensión del régimen del contrato de obra pública a las empresas y sociedades del Estado", en revista "Régimen de la Administración Pública", año 11, nº 125, página 7 y siguientes). Trátase de un caso muy especial o particular, por cuanto en el contrato que dio lugar a dicho juicio también había intervenido como parte el "Estado", quien en definitiva fue condenado al pago de daños y perjuicios a raíz de la rescisión del contrato. Por eso el caso en cuestión resulta por demás especial o particular, no sirviendo como regla para modificar lo dicho en el texto acerca del elemento subjetivo propio del contrato administrativo. Aparte de ello, mal puede decirse que ahí se tratara de un contrato administrativo celebrado por una entidad no estatal, pues la actuación de ésta no habría sido en interés propio, sino en representación del Estado. (27) Raymundo M. Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Fuentes de las Obligaciones. Contratos", tomo 1º, nº 13, página 12, Buenos Aires 1946. En igual sentido se pronuncia Bielsa, para quien la palabra "convención" en sentido jurídico denota género. Un contrato -dice- es convención, y un distracto es también convención. El contrato crea una obligación; el distracto extingue una obligación ("Los conceptos jurídicos y su terminología", página 22, tercera edición, Buenos Aires 1961). (28) André de Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 7, Paris 1956. En sentido concordante, Bielsa, citado en la nota anterior. (29) Enrique Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 31, Montevideo, 1953.
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(30) Héctor Lafaille: "Derecho Civil. Contratos", tomo 1º, página 11, Buenos Aires 1953. (31) Marcel Waline: "Droit Administratif", nº 980, página 583, Paris 1963. (32) Antonio Cianflone: "L´appalto di opere pubbliche", nº 92, página 105; nº 97, páginas 111-113 y nº 125, página 167; Guglielmo Roehrssen: "Lavori Pubblici", Estratto dal Novissimo Digesto Italiano, nº 26, páginas 19-20, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese. (33) Véase el art. 7º in fine del decreto-ley 19549/72. (34) "Los contratos son siempre actos jurídicos bilaterales desde que no existen sin el concurso de voluntades" (Guillermo A. Borda: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte General", tomo 2º, nº 836, página 77, Buenos Aires 1955). En sentido concordante: Raymundo M. Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte General", nº 1627, página 732, Buenos Aires 1931; Héctor Lafaille: "Derecho Civil. Contratos", tomo 1º, nº 24 in fine, página 32, Buenos Aires 1953. (35) "Los contratos de la Administración constituyen, pues, una variedad importante de actos administrativos que merecen un estudio particular" (André de Laubadère: "Droit Administratif Spécial", página 34, Paris 1958). En el tomo 2º de esta obra, números 383-387, página 226 y siguientes, sostuve -y ahora lo reitero- que el acto administrativo no sólo puede ser unilateral, sino también "bilateral", sea esto en su formación o en sus efectos o consecuencias. Pero en una publicación reciente, Manuel María Diez insiste en que no hay actos administrativos "bilaterales", manteniendo, por ello, su anterior afirmación (véase su "Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 205-206) de que los "contratos" administrativos no son "actos" administrativos (op. cit., tomo 3º, páginas 17-22). En consecuencia, Diez (tomo 3º, página 21, nota 8) dice que disiente con mi expresada conclusión. Debo advertir que, al insistir en su criterio y disentir con el mío, Diez en modo alguno ha desvirtuado el valor lógico-jurídico de mi extensa exposición sobre esta materia, la mayoría de cuyos argumentos no ha considerado, pues soslayó las cuestiones fundamentales. Muy difícil -si no imposible- resultará que alguien logre convencer que, tal como ocurre en derecho privado con los actos jurídicos y los contratos, en derecho administrativo los contratos administrativos no tengan también por base, por substrato, un acto administrativo bilateral y no sean, en su esencia, un acto administrativo de esta índole. (36) Véase la precedente nota 15 bis. (37) Véase: Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 1º, página 234. (38) Esta naturaleza jurídica de la concesión de servicios públicos es la predominante incluso en Italia, donde un sector doctrinal, pequeño y aislado, pretende que aun ese tipo de contrato de la Administración es de derecho privado. (39) Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 354, página 538.
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(40) Es lo que ocurre en Portugal, cuyo Código Administrativo, artículo 815, inciso 2º, establece: "Considéranse contratos administrativos únicamente los contratos de construcción y concesión de obras públicas, los de concesión de servicios públicos y los de suministro continuo y de prestación de servicios celebrados entre la Administración y los particulares para fines de inmediata utilidad pública" ("Código Administrativo de Portugal", Coimbra Editora Limitada, 1964). (41) Vedel: "Droit Administratif", página 645; además: Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 522, página 283. Entre nosotros así ocurre con el contrato de obras públicas, pues la ley 13064, en su artículo 55 dice así: "Todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación e interpretación de los contratos de obras públicas, derivadas de los mismos, deberán debatirse ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, renunciando expresamente los contratistas a toda otra jurisdicción. La exigencia de este artículo será voluntaria para el contratista hasta tanto no se dicte la ley que rija el trámite en lo contenciosoadministrativo. En caso de someterse el contratista al actual trámite podrá convenir con la autoridad administrativa un tribunal arbitral que decida en única instancia". Sin perjuicio de lo que resulta de ese texto de la ley 13064, cabe advertir que el carácter "administrativo" del contrato de obra pública lo establece concretamente esa ley en el artículo 21 ; mas esta disposición de la ley de obras públicas, 13064 , requiere cierta aclaración (véase el nº 1114). (42) Véase el tomo 5º de la presente obra, nº 1773, donde hago referencia a la equivocada calificación que, entre nosotros, se le asigna a la ocupación de tierras del dominio público por los particulares (tierras pastoriles ubicadas dentro de los parques nacionales). Además, véase a Péquignot quien, citando un fallo del Consejo de Estado de Francia, advierte que a pesar de que numerosas concesiones de uso del dominio público aparecen calificadas como contratos de arrendamiento, no por ello dejan de ser contratos administrativos ("Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, página 15, nº 92, fascículo 500, Paris 1953). (43) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 3º, páginas 322-323, edición española, Buenos Aires 1949. (44) Gabino Fraga: "Derecho Administrativo", páginas 727-728; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 536. (45) Así lo intentó en cierta oportunidad el ex Procurador General de la Nación, doctor Sabiniano Kier, quien, para sustraer del conocimiento de los tribunales de justicia una litis promovida por dos administrados o particulares contra la Nación sobre nulidad de la venta de unos campos fiscales, dijo así: "Por otra parte, no procediendo el Gobierno en el carácter de persona jurídica, sino en el de administrador general de los bienes de la Nación, que vende en el caso, en ejecución y cumplimiento de un mandato legislativo, cual es la ley del Congreso, están sus actos fuera del alcance de la jurisdicción contenciosa de los Tribunales de Justicia, como V.E. mismo se ha servido declararlo en casos semejantes" (ver ese dictamen en "Fallos" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tomo 100, páginas
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333-334, in re "Proggio José y otro contra el Gobierno Nacional sobre rescisión de contrato"). (46) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 100, página 334, considerandos 1º y 2º, in re "Proggio José y otro contra el Gobierno Nacional sobre rescisión de contrato". (47) Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 523, página 284; Waline: "Droit Administratif", nº 954, página 565, y nº 962, página 571; Vedel: "Droit Administratif", páginas 641-642; Rivero: "Droit Administratif", nº 110, página 101. (48) Entre otros sostenedores de este punto de vista: Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, página 295, Buenos Aires 1947. (49) Acerca de que la concesión de uso del dominio público se otorga en el interés particular o privado del concesionario, véase el tomo 5º, nº 1825. (50) De acuerdo a lo expresado en el texto, la específica actividad que el Estado desarrolla al administrar "justicia" (acto del magistrado) no puede constituir un contrato entre el Estado y el administrado a quien le interese el respectivo acto jurisdiccional. Trátase de una función del Estado que éste no puede vincular o limitar contractualmente, pues ello implicaría abdicar -sea en todo o en parte- a una de las funciones que la Constitución pone a cargo de uno de los órganos esenciales que integran la estructura estatal y que caracterizan a la forma republicana de gobierno. Cuando el Estado administra "justicia", o cuando "legisla", ejecuta ciertamente funciones esenciales, fines propios del mismo, pero lo hace en ejercicio pleno de sus poderes como soberano, lo cual excluye que en esos órdenes de ideas aparezca relación contractual alguna entre el Estado y el administrado. (51) La naturaleza jurídica del contrato que la Administración Pública (Estado) celebre con un particular para que éste transporte correspondencia, es totalmente distinta de la naturaleza del contrato que se celebra entre el Estado y el usuario cuando este último utiliza el servicio postal (servicio público) establecido a cargo del Estado y prestado directamente por éste. En el primer caso, por las razones dadas en el texto, la relación determina un "contrato administrativo"; en el segundo caso un contrato de "derecho privado" entre la Administración Pública y el usuario del servicio público postal: trátase de un servicio público "uti singuli" de utilización "facultativa" o "voluntaria" para el usuario (véase el tomo 2º, páginas 167-168). Acerca de la naturaleza jurídica de la relación entre el Estado y el particular o administrado, respecto al servicio de correos a cargo del Estado, puede verse: Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 544-547, Buenos Aires 1947. Aunque Bielsa se decidió claramente por la tesis "contractual", no precisó si el contrato es "administrativo" o de "derecho privado"; pero del conjunto de sus expresiones se deduce su inclinación por el carácter de contrato de derecho privado, pues dice que "el transporte de la correspondencia es efectuado por la Administración en las condiciones generales de todo otro transporte" (op. cit., página 546). En materia de servicio "telegráfico" a cargo del Estado -que en lo pertinente tiene igual substancia que el servicio "postal" a cargo del mismo-, nuestro derecho positivo corrobora expresamente lo manifestado acerca de la
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naturaleza contractual de derecho privado de la relación que se establece entre el Estado que presta el servicio de correos y el usuario que lo utiliza; en efecto, la ley 7501/2, sobre telégrafos nacionales, dice al respecto: "El contrato celebrado entre el expedidor de un telegrama y una administración telegráfica, será considerado como una locación de servicios, y será regido en sus consecuencias por los principios establecidos por las leyes generales para la reglamentación de este contrato, salvo las disposiciones especiales contenidas en la presente ley" (artículo 33). En igual sentido, véase dicha ley 7501/2, artículos 141-155, donde se establece que las líneas telegráficas de la Nación podrán ser "alquiladas" al público para usarlas en conversación y donde se regla todo lo atinente a esa "locación". (52) Antaño hubo entre nosotros un jurista que, con notable intuición de la verdad científica -escribió en el año 1870-, sostuvo el carácter "administrativo", propiamente dicho, de los contratos de obras públicas atinentes a "funciones públicas" del Estado y a "servicios públicos" relacionados con fines esenciales del mismo. Me refiero al doctor José María Moreno que, con referencia a un contrato celebrado por la Municipalidad de la ciudad de Mercedes con dos particulares, para la construcción de la cárcel, casa municipal y juzgados de paz y del crimen, dijo lo siguiente: "Puede afirmarse sin vacilación que todo contrato celebrado por la Administración en general con particulares, sobre servicios u obras públicas, es un contrato administrativo sujeto en su celebración, ejecución y efectos, a la jurisdicción contencioso-administrativa" (José María Moreno: en "Obras Jurídicas del doctor José María Moreno", tomo 1º, páginas 365 y 375, edición Félix Lajouane, Buenos Aires 1883, reunidas y publicadas por los doctores Antonio E. Malaver y Juan José Montes de Oca). (53) Habrá contrato administrativo, dice Cirne Lima, "cuando al menos una de las prestaciones del contrato se encuentre, legalmente, obligatoriamente vinculada a la finalidad característica de la Administración Pública" ("Contratos administrativos e atos de comércio", en "Revista de Direito Administrativo", volumen 32, página 23, Rio de Janeiro 1953, edición Fundación Getúlio Vargas). Va de suyo que las finalidades que "no" sean características de la Administración Pública, no corresponden a los fines específicos del Estado. (54) "Cuando el objeto o la finalidad del contrato estén íntimamente vinculados al cumplimiento de las atribuciones estatales de tal manera que la satisfacción de las necesidades colectivas no sea indiferente a la forma de ejecución de las obligaciones contractuales, entonces se entrará en el dominio del contrato administrativo" (Fraga: "Derecho Administrativo", página 730). (55) "Al hablar del servicio público como objeto de contrato administrativo lo hacemos dando a esta expresión el sentido más amplio posible, esto es, entendiendo que es contrato administrativo todo aquel en el que el interés público esté, en cierta manera, directamente implicado". "Puede decirse que está en juego el interés público siempre que la Administración contrata sobre un objeto que le está atribuido como competencia propia
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por el ordenamiento vigente, que le concede simultáneamente poderes de ejecución" (Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 42-43). (56) "...el que determinadas exigencias derivadas del giro o tráfico propio y particular de la Administración determinen una modulación específica de los contratos en que ésta interviene, es justamente lo propio de los llamados stricto sensu contratos administrativos, y se manifiesta sobre todo en las reglas de ejecución, cumplimiento y extinción de los contratos. Aquí está especialmente el campo de las llamadas en Francia "cláusulas exorbitantes" (Eduardo García de Enterría: "La figura del contrato administrativo", en "Revista de Administración Pública", nº 41, mayo-agosto, Madrid 1963, página 117). (57) Este autor considera que "todo contrato realizado por la Administración Pública con finalidad de servicio público es un contrato administrativo". Para Brewer Carías la noción de "finalidad de servicio público" es amplísima. Dice al respecto: "una actividad es realizada con finalidad de servicio público cuando, realizada por una autoridad pública como gestión de intereses públicos y en ejecución de la ley, tiende a mantener y hacer mantener incólumes las garantías constitucionales de los ciudadanos; a respetar y hacer respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos; a hacer cumplir los deberes constitucionales de los ciudadanos; o a cumplir las obligaciones del Estado venezolano con miras a obtener el bienestar general y la seguridad social" (Allan Randolph Brewer Carías: "Las instituciones fundamentales del derecho administrativo y la jurisprudencia venezolana", páginas 161-162, además páginas 113-114, Caracas 1964). La frase que he subrayado resulta elocuente en este orden de ideas. No dudo, entonces, en incluir a dicho autor entre quienes comparten substancialmente la tesis que sostengo en el texto para calificar como "administrativo", propiamente dicho, a un contrato de la Administración Pública. (58) Waline: "Droit Administratif", nº 957, páginas 567-568, Paris 1963; Vedel: "Droit Administratif", página 643, Paris 1961. (59) Vedel: "Droit Administratif", páginas 641-642; Laubadère: "Traité élémentaire de droit adminstratif", tomo 1º, nº 523, página 284, y nº 526, páginas 285-287. (60) Véase: Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 42-43 y 50. (61) Vedel: "Droit Administratif", página 642; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 523, página 284, y nº 526, página 287, y "Droit Administratif Spécial", páginas 39-40; Rivero: "Droit Administratif", nº 110, página 101; Waline: "Droit Administratif", nº 962, página 571, y nº 963, página 572; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 500, páginas 20-21, números 137-139, Paris 1953. (62) El servicio de transporte aéreo a cargo de la Nación, debe considerársele virtualmente comprendido en el artículo 67 , inciso 16, de la Constitución Nacional, por cuanto, en la actualidad, ese sistema de transporte, en muchos aspectos, reemplaza con amplitud al
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ferroviario o por canales navegables a que hace referencia dicho precepto constitucional. Si la Constitución no menciona al transporte "aéreo" es porque, en la época de su sanción, tal sistema no se conocía. Correlativamente, el transporte aéreo debe ser considerado como uno de los fines esenciales del Estado, por cuanto tal actividad encuadra razonablemente en el espíritu del citado artículo 67 , inciso 16, de la Constitución Nacional. Véase: Corte Suprema "Fallos", tomo 279, página 33 y sgts. , considerando 8º. Dado que lo expresado en el texto implica una cuestión de hecho que debe dilucidarse en cada caso concreto, en materia de provisión de alimentos para los pasajeros de una línea aérea quizá deba distinguirse entre vuelos de cabotaje, internos dentro de un mismo país, donde el tiempo de vuelo de un punto a otro es relativamente breve, de los vuelos internacionales, donde el viaje desde el punto de origen hasta el país de destino, sin escalas, es de larga duración, y donde, en consecuencia, la provisión de alimentos para los pasajeros deja de ser una simple "comodidad", para convertirse en una verdadera "necesidad" de ese servicio público de transporte. (63) Véase: Vedel: "Droit Administratif", página 643, punto 2º. Por las razones expresadas en el texto, son "administrativos", propiamente dichos, los contratos de préstamo con garantía hipotecaria que efectúe el Banco Hipotecario Nacional, en los cuales va incluida la cláusula que, en los supuestos de falta de pago, autoriza al Banco a realizar por sí y ante sí la venta del inmueble, sin previa intervención de la justicia. Véase el nº 598, texto y notas 65-69. Además: Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 538-539, texto y nota 1. (64) Véase la ley de Correos 20216 , de marzo de 1973, que derogó la ley 816 e implantó un monopolio estatal más riguroso en lo que respecta a transporte de correspondencia. (65) En idéntico sentido: Laubadère: "Droit Administratif Spécial", página 38; Rivero: "Droit Administratif", nº 111, página 102. (66) Vedel: "Droit Administratif", página 643. (67) Waline: "Droit Administratif", nº 963, página 572, Paris 1963. (68) Vedel: "Droit Administratif", página 643; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 286, y "Droit Administratif Spécial", página 38. (69) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 500, página 29, números 219 y 220, Paris 1953. (70) Waline: "Droit Administratif", página 574, Paris 1963, y Laubadère: "Traité élementaire de droit administratif", tomo 1º, página 286, Paris 1963, quienes citan jurisprudencia de su país. Incluso en Italia, donde el contrato para la construcción de obras públicas se efectúa de acuerdo al "derecho privado" (contratto di appalto), para la selección del cocontratante también se utiliza el procedimiento de la "licitación" en sus diversas especies (véase: Cianflone: "L´appalto di opere pubbliche", números 97, 121 y 190 y siguientes).
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(71) Waline: "Droit Administratif", página 573. (72) Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 286. (73) Acerca de la "ilicitud" de semejante cláusula en la esfera del derecho privado, en contratos entre particulares: Héctor Lafaille: "Derecho Civil. Tratado de los Derechos Reales", tomo 3º, páginas 12, letra e, 104-105 y 118-120. (74) Véanse los artículos 22 y 29 del decreto-ley 13128, del 22 de octubre de 1957 (estatuto orgánico del Banco Hipotecario Nacional), que a su vez fue reglamentado por otro decreto-ley, el 6393, el 29 de abril de 1958. Pero aun en derecho público la validez de dicha cláusula sólo se justifica por los siguientes motivos: a) porque mediante ella se tiende a la mejor defensa del interés general, tratando que el capital del Estado, que éste afecta a créditos hipotecarios de fomento, sea recuperado son dilaciones, lo cual permitirá favorecer a otras personas que necesiten de ese crédito otorgado en condiciones generosas. Esto concuerda con la opinión de Waline acerca de la noción de "cláusula exorbitante", o sea la incluida en el contrato por la Administración "en función de preocupaciones de interés público", preocupaciones ajenas a las personas de derecho privado cuando éstas contratan entre sí ("Droit Administratif", nº 963, página 572, Paris 1963). b) Porque la cláusula hállase establecida a priori, como inherente al régimen jurídico de esa institución bancaria y es aceptada por el cocontratante, quien, al solicitar el préstamo, sabe que la cláusula de referencia integrará el contrato de préstamo hipotecario. Véase la nueva ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional, 22232 . De no ser así, la validez de semejante cláusula aparecería fulminada por el artículo 95 de la Constitución Nacional, en cuanto le prohíbe al Presidente de la República -y por obvia consecuencia a los órganos administrativos inferiores, sean éstos centralizados o descentralizados autárquicamente- el ejercicio de funciones judiciales, carácter que sin duda reviste la facultad atribuida para proceder a la venta de la cosa gravada en los supuestos de falta de pago. Siempre ha de tenerse presente que la satisfacción del interés general o público, sólo puede lograrse válidamente a través de medios armónicos con los preceptos de la Constitución. La expresada cláusula contenida en la ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional podrá o no ser objeto de críticas desde el punto de vista de su "conveniencia" o "inconveniencia" (cuestión de "política legislativa", en suma), pero no podrá ser objetada desde el punto de vista "jurídico". La Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente declaró la validez de la expresada cláusula contenida en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria otorgados por el Banco Hipotecario Nacional ("Fallos", tomo 184, página 490 y siguientes, especialmente páginas 505-506, in re "Lucadamo Alejandro c/Banco Hipotecario Nacional y otro" ; tomo 249, página 393 y siguientes, especialmente página 398, in re "Banco Hipotecario Nacional s/se ordene al Registro General el levantamiento de interdicciones". Además, reconociendo la validez de tal prerrogativa del Banco Hipotecario Nacional, como así del Banco de la Nación Argentina, véanse las sentencias de dicho Tribunal publicadas en "Fallos", tomo 268, página 171 y siguientes, y página 213 y siguientes).
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(75) Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 286, y "Droit Administratif Spécial", página 38. Asimismo: véase Rivero: "Droit Administratif", nº 111, página 102. (76) Para ejecutoriedad "propia" e "impropia", véase el tomo 2º, números 433, 435 y 438. (77) Véase, asimismo, el tomo 2º, nº 433. (78) Rivero: "Droit Administratif", nº 111, página 102. (79) Puede verse: Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 500, páginas 27-28, números 192, 196, 197, 198 y 200, Paris 1953. (80) Ver precedente nº 598, texto y notas 65-69. (81) Véase: Vedel: "Droit Administratif", páginas 643, punto 2º, y 653, Paris 1961. (82) Véase: Fraga: "Derecho Administrativo", páginas 735-736; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 286; Waline: "Droit Administratif", nº 963, página 572. (83) Fraga: "Derecho Administrativo", página 736. (84) Jèze, refiriéndose, en general, a las cláusulas que la Administración Pública incluyese en un contrato administrativo, pero que sean o resulten contrarias al orden público o la legislación imperante, afirma que ellas serían nulas ("Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 178). (85) Entre otros: Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 500, página 3, nº 5 y página 5, nº 17, Paris 1953. (86) En sentido concordante: Vedel: "Droit Administratif", página 646; Laubadère: "Droit Administratif Spécial", página 36, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 281, nº 519; Fleiner: "Instituciones de derecho administrativo", página 280. (87) Vedel: op. cit., página 646; Laubadère: "Droit Administratif Spécial", página 36, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 519, página 281. (88) Véase el tomo 2º de la presente obra, nº 393, texto y nota 111. Además: Jorge M. Gondra: "Jurisdicción Federal", números 125 y 127, Buenos Aires 1944. (89) Vedel: "Droit Administratif", página 645, Paris 1961. (90) En el tomo 2º de la presente obra, nº 393, recordando a Ranelletti, dije: "La actividad pública de la Administración Pública es lo principal para ésta, en tanto que la actividad privada de la Administración Pública es sólo `subsidiaria´".
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(91) La presunción de que en los casos de actividad "industrial" o "comercial" de la Administración Pública los contratos que ésta celebre deben reputarse de "derecho común", es también sostenida por Vedel (op. y loc. cit.). (92) Ver las referencias de Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 111, Paris 1956. (93) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 111. En sentido concordante respecto al contrato de "suministro": Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 500, página 20, nº 138, punto 1º, Paris 1953; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 122. En cambio, Garrido Falla estima que lo que le atribuye carácter "administrativo" al contrato de "suministro" son las entregas sucesivas a cargo del cocontratante, y agrega que dicha entrega diferida es la que justifica el carácter "administrativo" del contrato, frente al civil de toda compraventa ("Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 54). Por razones que doy en el texto, disiento con la opinión de este tratadista: el tracto instantáneo o sucesivo de la prestación a cargo del cocontratante nada tiene que ver con la índole "administrativa" o de "derecho común" de los contratos de la Administración Pública. En cambio, Vedel, refiriéndose al contrato de "suministro", al efecto de considerarlo "administrativo", propiamente dicho, para nada se refiere a que las prestaciones del cocontratante sean de tracto instantáneo o de tracto sucesivo; para dicho jurista el carácter "administrativo" del contrato de "suministro" sólo depende de que su "objeto" lo vincule a la ejecución de un servicio público o de que contenga "cláusulas exorbitantes" del derecho común ("Droit Administratif", página 661). Tampoco Jèze ("Principios generales del derecho administrativo", tomo 3º, páginas 348-350, edición española, Buenos Aires 1949) y Bielsa ("Derecho Administrativo", tomo 1º, página 517, Buenos Aires 1947), hacen diferencia alguna en el carácter "administrativo" del contrato de "suministro" sobre la base de que la prestación del cocontratante consista en una entrega única o que éstas sean múltiples o continuadas. Más aún: Jèze dice categóricamente: "De ordinario, el contrato de suministros tiene por objeto una prestación única; los contratos de prestaciones múltiples -sin ser raros- son prácticamente la excepción. La duración del contrato de suministros es por lo general corta: algunos meses. Los contratos de suministros múltiples escalonados en un período de varios años son la excepción" (op. cit., tomo 6º, página 236, Buenos Aires 1950). (94) Mediante una acertada aplicación de ideas concordantes con las que doy en el texto, la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital declaró que el contrato de "suministro" no se caracteriza por las entregas múltiples y continuadas, pues puede consistir en un abastecimiento único. Dijo el tribunal: "El contrato de suministros no se caracteriza por las entregas múltiples y continuadas, como se pretende, pues puede consistir en un abastecimiento único" (Cámara Federal de Apelaciones de la Capital, en "La Ley", Buenos Aires, 18 de julio de 1966, página 11, in re "Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino c/Industrias Manufactureras de Abrasivos Ltda.", sentencia del 30 de marzo de 1966). En la especie tratábase de la provisión de elementos para uso del ferrocarril, servicio público que, por disposición de la Constitución Nacional (artículo 67 , inciso 16), corresponde a las
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funciones esenciales y específicas del Estado. El referido contrato de "suministro" era "administrativo", propiamente dicho, por razón de su "objeto". (95) Lo mismo ocurre en Italia, cuyo artículo 1559 del Código Civil caracteriza al contrato de suministro por prestaciones "periódicas o continuas" de cosas. Véase a Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 4º, página 369, Milano 1945. (96) Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, reunida en Tucumán en el año 1936, "Régimen de concesión de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, página 90 y siguientes, sección doctrina; "Código Administrativo de Portugal", artículo 815, párrafo 2º, Coimbra Editora Limitada, 1964; Rivero: "Droit Administratif", nº 107, página 99; Vedel: "Droit Administratif", página 660; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 280, Paris 1963; Waline: "Droit Administratif", nº 969, página 577, Paris 1963; Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 52. (97) Véase nuestra ley nacional de obras públicas, 13064, artículos 21 y 55 ; "Código Administrativo de Portugal", artículo 815, párrafo 2º, Coimbra Editora Limitada, 1964; Caetano: "Manual de dereito administrativo", página 303, Lisboa 1965; Waline: op. cit., nº 964, página 575; Laubadère: op. cit., tomo 1º, página 279; Vedel: op. cit., páginas 660-661; Rivero: "Droit Administratif", nº 107, página 99; Garrido Falla: op. cit., tomo 2º, páginas 61-62; Fernando F. Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", páginas 22-23. (98) "Código Administrativo de Portugal", artículo 815, párrafo 2º, Coimbra Editora Limitada, 1964; Waline: "Droit Administratif", nº 965, página 575, Paris 1963; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 517, página 279, y tomo 2º, números 530-535, páginas 273-275, Paris 1963; Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 358-361, Buenos Aires 1947; Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 62-63. (99) Véase el tomo 5º de la presente obra, nº 1822. (100) En sentido concordante, entre otros: Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, página 493, Buenos Aires 1947; Laband: "Le droit public de l´empire allemand", tomo 2º, páginas 119-137; Jellinek: "Sistema dei diritti pubblici subbiettivi", traducción del alemán, páginas 194-198, Milano 1912; Cretella Júnior: "Tratado de dereito administrativo", tomo 3º, páginas 185 y 206, y tomo 4º, páginas 162-165; etc. Véase el nº 913, texto y nota 1212. (101) Véase el nº 597, texto y nota 55. Además: Lancis: "Derecho Administrativo", nº 220, página 444. (102) Para la diferencia, en lo atinente a su naturaleza jurídica, entre el contrato en cuyo mérito un particular o administrado se obliga a transportar correspondencia postal, y la relación que se produce entre el Estado y el particular o administrado cuando este último hace uso del servicio público de correos (transporte de correspondencia a cargo del Estado), véase precedentemente nota 45 ter y nº 597, letra B.
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(103) Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 55-56. (104) Laubadère: "Droit Administratif Spécial", página 40; además: Ribero: "Droit Administratif", nº 107, página 99. (105) Sostienen el carácter contractual del empréstito público: Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 3º, páginas 432-435, edición española, Buenos Aires 1949; Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 4º, página 363; Bonnard: "Précis de droi public", páginas 359-360; Waline: "Droit Administratif", nº 119, página 77, Paris 1963; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, números 92 y 93, páginas 121-122, Paris 1956 y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 280, Paris 1963; Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, página 523, Buenos Aires 1947; Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 57-58; Rivero: "Droit Administratif", nº 107, página 99; Brewer Carías: "Las instituciones fundamentales del derecho administrativo y la jurisprudencia venezolana", página 163, Caracas 1964; Cretella Júnior: "Tratado de Direito Administrativo", tomo 3º, página 97, Rio de Janeiro 1967. Niegan el carácter contractual del empréstito público: Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 126-128; Giuliani Fonrouge: "Derecho Financiero", tomo 2º, páginas 876 y 888-891. (106) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 500, página 13, nº 73, Paris 1953; Waline: "Droit Administratif", nº 978, página 581, Paris 1963. (107) Péquignot: op. cit., página 19, nº 121. (108) Dichos contratos -sin perjuicio de su carácter "administrativo"- generalmente configurarán una "locación de servicios", porque el que toma a su cargo el trabajo de capturar los perros errantes y de levantar y trasladar los animales muertos, actúa bajo el control de la municipalidad; excepcionalmente podrían constituir una "locación de obra", lo que así ocurriría si el encargado de capturar los perros o de levantar y trasladar los restos de los animales muertos sólo percibiese una remuneración por "cada perro capturado" o por "cada animal muerto" que levante y traslade. Para la distinción entre locación de servicios y de obra, puede verse: Luis María Rezzónico: "Estudio de los contratos en nuestro derecho civil (locación de cosas; locación de servicios; locación de obra)", páginas 337-345, Buenos Aires 1952; Guillermo A. Borda: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Contratos", tomo 2º, páginas 13-15, Buenos Aires 1962. (109) Cámara Civil de la Capital, en "Jurisprudencia Argentina", 1964-III, páginas 554-560, in re "Somoza c/Municipalidad de la Capital". (110) Waline: "Droit Administratif", nº 978, página 581, Paris 1963. Además: E. Perriquet: "Les contrats de l´État", página 435, Paris 1884. (111) Puede verse: Perriquet: "Les contrats de l´État", página 430. Además, ver ley 20548, art. 7º (presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 1973), que
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admite avales de la Nación sin restricciones. Asimismo, véase "Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación", nº 9, página 150 y siguientes, Buenos Aires marzo de 1982. (112) Puede verse: Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 551-553, Buenos Aires 1947. "Las disposiciones de derecho privado no son aplicables cuando a ello se opone la razón jurídica especial del depósito, o cuando éste se regula de acuerdo con un ius singulare" (autor citado, página 552). (113) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: "Que las Ordenanzas de Aduana, artículo 267, autorizan a celebrar contrato de depósito por tiempo más o menos largo sobre las mercaderías que los importadores quisieran dejar para su guarda, el que se rige por las prescripciones de la misma ley. Que del conjunto de éstas se desprende que entre la Aduana y el depositante se establece una vinculación jurídica que reviste todos los caracteres de un depósito regular, por la cual la primera responde de la guarda y conservación de las cosas, bajo severas responsabilidades, y el segundo se obliga a pagar los derechos de almacenaje y eslingaje correspondientes" ("Fallos", tomo 169, página 282 y siguientes, especialmente página 285, in re "The American Express Company Incorporated c/Fisco Nacional s/devolución de una suma de dinero" ). Dicho fallo puede verse también en "Jurisprudencia Argentina", tomo 44, páginas 16-17. Véase el artículo 267 y siguientes de las ordenanzas de Aduana. (114) Para lo referente al carácter "administrativo" de ese contrato de préstamo hipotecario, véase el nº 598, texto y notas 65, 66, 68 y 69. Además, puede verse: Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 538-539, texto y nota 1. (115) Véase el nº 613, punto b. En tal sentido, la derogada ley nacional de tierras públicas, 4167, del año 1903, decía en su artículo 10 : "Todo arrendamiento de tierra fiscal, concesión o venta de solares o lotes en que no se cumplan las obligaciones de esta ley y las que el Poder Ejecutivo establezca, podrá ser declarada caduca, quedando las mejoras y sumas abonadas a beneficio del Estado". Dicha facultad para extinguir el respectivo contrato, dio lugar a controversias cuando la Administración Pública pretendió ejercer esa atribución por sí y ante sí, sin recurrir a la Justicia. Ello determinó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara en qué casos la Administración Pública podía hacer uso de su facultad para declarar, por sí y ante sí, extinguido uno de esos contratos, y cuándo para lograr tal extinción debía ocurrir ante el Poder Judicial ("Fallos", tomo 241, página 384 y siguientes, especialmente página 395, in re "Román María José de Sèze c/Nación Argentina" ). Lo cierto es que la cláusula exorbitante del derecho privado, contenida en el transcripto artículo 10 de la ley 4167, le atribuía carácter "administrativo" al pertinente contrato de locación o de compraventa de tierra fiscal. Nuestros tratadistas y nuestros tribunales no repararon en la influencia que semejante cláusula exorbitante ejercía en la naturaleza "administrativa" o de "derecho común" de esos contratos. Esto determinó que el tratamiento jurídico de esos actos no siempre haya sido el que realmente correspondía a su
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naturaleza. Puede verse: Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 244, página 252 , y tomo 296, página 699 . (116) Para los antecedentes de ese texto, puede verse: Raymundo L. Fernández: "Prenda con Registro. Ley 12962", páginas 132-134, Buenos Aires 1948. (117) Lafaille: "Curso de contratos", tomo 2º, números 680 y 681, páginas 454 y 456, Buenos Aires 1928; Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Fuentes de las Obligaciones. Contratos", tomo 2º, nº 2114 a); Borda: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Contratos", tomo 2º, nº 1925, páginas 565-566. (118) La "ruleta" es un juego de azar (Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 168, página 90; Borda: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Contratos", tomo 2º, páginas 567 y 570). Lo mismo ocurre con la "lotería" (Lafaille, op. cit., tomo 2º, página 454; Borda: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Contratos", tomo 2º, páginas 567 y 570). Es oportuno recordar que, en nuestro orden jurídico, la "apuesta" y el "juego" hállanse colocados en el mismo plano (Lafaille, op. cit. nº 681; Borda: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Contratos", página 566). (119) Por ley 23775 , del año 1990, se declaró "provincia" al Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (120) En igual sentido: Arturo M. Bas: "El derecho federal argentino. Nación y provincias", tomo 2º, páginas 337-338, Buenos Aires 1927. Villegas Basavilbaso advierte que, en nuestro país, salvo el lapso de vigencia de la Constitución de 1949, el poder de policía en materia de juegos de azar fue y es privativo de las provincias ("Derecho Administrativo", tomo 5º, página 653, nº 729). (121) Arturo M. Bas: op. cit., tomo 2º, página 338. (122) En idéntico sentido: Fernández de Velasco: "Los contratos administrativos", páginas 332-333; Borda: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Contratos", tomo 2º, nº 1930, página 570. Algo distinto ocurre cuando el "juego" se realiza directamente "entre" particulares o administrados, pues en tal caso se aplican todas las normas del Código Civil que niegan acción para exigir el cumplimiento de obligaciones nacidas en ese ámbito (Código Civil, artículos 515 , inciso 5º, y 2055 ). Estimo que es en este sentido, y con tal alcance, que debe ser interpretado el confuso fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, publicado en el tomo 168, página 83 y siguientes de su colección (sentencia del 5 de mayo de 1933, in re "Faustino Da Rosa c/Provincia de Tucumán" ). (123) En idéntico sentido: Supremo Tribunal de Santa Fe, en "Jurisprudencia Argentina", 1960-III, páginas 451-453. Si bien Fernández de Velasco ("Los contratos administrativos", página 330) y Bielsa ("Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 553-554, Buenos Aires 1947) reconocen el carácter "contractual" del vínculo entre el Estado y el jugador, no
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aclaran si el contrato es de "derecho común" o si constituye un contrato "administrativo" propiamente dicho. (124) Véase el tomo 2º de la presente obra, nº 295, texto y notas 37 y 38. (125) Véase las consideraciones de Borda sobre esta cuestión ("Tratado de Derecho Civil Argentino. Contratos", tomo 2º, nº 1926, página 567, texto y nota). Bielsa, bajo el seudónimo de "Nerva", refiriéndose a la "lotería" estatal escribe: "Por otra parte, es discutible este monopolio financiero (de moral no puede hablarse) de la lotería local. Lo mejor -y es nuestra opinión desde hace muchos años- es suprimir totalmente el juego o los juegos de azar de esta clase, que además de corromper al pueblo corrompen parcialmente a la Administración Pública" ("La Ley", tomo 95, página 442). Asimismo, véanse: Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 4º, página 206, Buenos Aires 1947; Villegas Basavilbaso: "Derecho Administrativo", tomo 5º, páginas 645-646, Buenos Aires 1954. Ya antaño, J. Burlamaqui, con palabras severas, enjuició el "juego" cuando era convertido por las personas particulares en una ocupación ordinaria, en especie de profesión y de comercio ("Elementos del Derecho Natural", páginas 301-302, segunda edición, Madrid 1837). Con mayor razón ha de ser criticable la explotación organizada del "juego" por el propio Estado, ya que éste es quien en realidad debía encargarse de prohibirlo. (126) Vedel: "Droit Administratif", páginas 660 y 662; Rivero: "Droit Administratif", nº 107, página 99; Waline: "Droit Administratif", nº 978, página 581, Paris 1963; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 517, página 279, Paris 1963. (127) Téngase presente la ley 21778 , sobre contratos "de riesgo" en materia de hidrocarburos. Ver tomo III-B, nº 1235. (128) En sentido concordante, véase a Waline: "Droit Administratif", nº 978, página 581, Paris 1963, quien da un ejemplo semejante -aunque no igual- al que doy en el texto. En lugar de referirse a una escuela donde se capacita a un futuro oficial de las fuerzas armadas, Waline -citando jurisprudencia de su país- se refiere a una escuela donde se capacita a un futuro "ingeniero" que se compromete a prestar sus servicios al Estado, después de haberse graduado. (129) Vedel: "Droit Administratif", página 662. (130) Ver Caetano: "Manual de direito administrativo", páginas 304 y 458, Lisboa 1965. (131) Véase: Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino", Obligaciones en General, actualizado por el doctor Enrique V. Galli, tomo 1º, números 26 y 27, Buenos Aires 1952; Borda: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Contratos", tomo 2º, nº 1802, página 494, Buenos Aires 1962. (132) Jean Rouvière: "Les contrats administratifs", páginas 87-88; Zanobini: "Corso di dirito amministrativo", tomo 1º, páginas 217-220; Lentini: "Istituzioni di dirito amministrativo", tomo 1º, página 612, párrafo 4º, nº 2; Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, página 566, Buenos Aires 1947; Waline: "Droit Administratif", páginas 632-636,
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Paris 1963; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 579-581; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 15-18; Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 7-13; Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 459. (133) Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 1º, páginas 217-218. En sentido concordante, Enrique V. Galli recuerda que, según la noción tradicional, los cuasicontratos serían ciertos hechos voluntarios, lícitos, en los cuales faltaría el acuerdo de la voluntad de las partes, por ejemplo, las obligaciones que nacen de la gestión de negocios (Galli, en la obra de Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", tomo 1º, página 38). (134) Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 8. (135) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 1047, páginas 179-180, y nº 1014, página 142; Waline: "Droit Administratif", nº 1069, página 636. (136) Ver las referencias de Garrido Falla, quien cita al respecto al jurista suizo Zwahlen ("Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 51). (H. Zwahlen: "Le contrat de droit administratif", en "Rapport et comunications de la Société Suisse des Juristes", año 1958). (137) Sobre esto último, véase el tomo 5º de la presente obra, nº 1825. (138) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 13-15. Además: Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 458-459. (139) En sentido concordante: Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 500, página 4, nº 9, Paris 1953. (140) Acerca de los "contratos" que entre nosotros suelen celebrar los poderes "Legislativo" y "Judicial" -e incluso el "Ejecutivo"-, no obstante que ninguno de ellos tiene personalidad jurídica, y a pesar de la falta de un texto constitucional que faculte expresamente tales contratos, véase el tomo 1º de la presente obra, nº 97. (141) Así, la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, reunida en Tucumán, en el año 1936, aprobó un interesante trabajo sobre "régimen de concesiones de servicios públicos", despacho que lleva la firma de ilustres maestros argentinos ("Jurisprudencia Argentina", tomo 61, página 90 y siguientes, sección doctrina). (142) Rivero: "Droit Administratif", páginas 98-99. (143) Este decreto fue publicado en el "Boletín Oficial" el 28 de agosto de 1963. Téngase presente la ley 18875 , del 23 de diciembre de 1970, publicada el 5 de enero de 1971, y su decreto reglamentario 2930/70, sobre contrataciones del Estado, como así el
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nuevo decreto sobre contrataciones del Estado, 5720/72, publicado el 31 de agosto de dicho año. Véase el decreto 383/73 que introdujo modificaciones al 5720/72. (144) El "Reglamento" de referencia se aplicaba a todos los organismos de la Administración Pública, ya se trate de bancos oficiales, entidades descentralizadas y empresas del Estado (artículo 2º del decreto 6900/63), y comprende las locaciones, trabajos, suministros y servicios destinados a obras públicas nacionales (artículo 55 del decreto-ley 23354/56, y decreto 6900/63, artículo 3º). Véase la precedente nota 124 y subnota (a). (145) La ley 20654 , de 1974, derogó la anterior ley universitaria. La actual ley universitaria es la 23068 del año 1984. (146) Véase el tomo 5º de la presente obra, nº 1715. (147) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 100, página 326, especialmente página 334; tomo 106, página 355, especialmente página 367; tomo 109, página 431, especialmente página 438; tomo 129, página 120, especialmente página 128; tomo 259, páginas 343-346. Además: Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 500, página 14, nº 83 a, Paris 1953; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif" tomo 1º, página 285, Paris 1963. (148) Véase el tomo 2º de la presente obra, nº 358, texto y nota 220. Para la diferencia, en lo atinente a su naturaleza jurídica, entre el contrato en cuyo mérito un particular o administrado se obliga a transportar correspondencia postal, y la relación que se produce entre el Estado y el particular o administrado cuando este último hace uso del servicio público de correos (transporte de correspondencia a cargo del Estado), véase precedentemente nota 45 ter. Ídem para servicio público telegráfico a cargo del Estado. (149) Ver el tomo 2º, nº 550, punto 1º. (150) Péquignot: op. cit., fascículo 500, página 14, números 81-82. Ver, además, Rivero: "Droit Administratif", página 98. (151) Péquignot: op. cit., fascículo 500, página 14, nº 83. Asimismo: Rivero, "Droit Administratif", página 98. (152) Incluso si los edificios destinados a sede de la Dirección de Tierras Fiscales o a sede de la Administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, fuesen propiedad del Estado, tales edificios serían bienes "privados" del mismo (véase el tomo 5º, nº 1908). (153) Waline: "Droit Administratif", nº 958, página 569, Paris 1963. (154) Rivero: "Droit Administratif", página 98. (155) Sobre sociedades de economía mixta véase el tomo 1º de la presente obra, nº 145 y siguientes.
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(156) Péquignot: op. cit., fascículo 500, página 3, nº 5; Vedel op. cit., página 646; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 9; Rivero: "Droit Administratif", página 98. (157) Péquignot, op. cit., fascículo 500, página 3, nº 5; Vedel: op. cit., página 646; Laubadère: op. cit., tomo 1º, página 9; Rivero: "Droit Administratif", página 98. (158) Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para conocer, en instancia originaria, de una demanda contra la provincia de Buenos Aires por daños y perjuicios por falta de oportuno pago de títulos correspondientes a un empréstito público ("Fallos", tomo 178, página 418 y siguientes, in re "Compañía de Seguros La Minerva de Paris c/Provincia de Buenos Aires sobre cobro de pesos" ), siendo de advertir que los "empréstitos públicos", por principio, son contratos "administrativos" (ver nº 606, letra h, y nº 1212). En otra ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires declaró que la acción de daños y perjuicios motivada por la anulación de una concesión de obra pública (contrato "administrativo"), era "civil" y no administrativa, por lo que su conocimiento le correspondía a la justicia ordinaria ("Jurisprudencia Argentina", 1965-VI, páginas 216-217, in re "Jaccuzzi, Arbide & Cía. S.R.L. c/Municipalidad de San Martín"). (159) En ese orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró, acertadamente, que la acción de daños y perjuicios promovida por una provincia contra un particular por no haber cumplido éste con un contrato de suministro de carne a establecimientos carcelarios (típico contrato "administrativo"), no era una acción "civil". El tribunal rehusó entender "originariamente" en dicha litis por considerar que ésta no constituía una "causa civil" ("Fallos", tomo 209, página 514 y siguientes, in re "Provincia de Buenos Aires c/S.A. Frigorífico Anglo" ). Además, véase: Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 13 de octubre de 1988, in re "Coupitel Catamarca S.A. c/Provincia de Salta" , en "El Derecho", 12 de abril de 1989, y sentencia del 18 de junio de 1991, in re "Sideco Americana S.A. c/Provincia de Chubut" , en "Jurisprudencia Argentina", 13 de noviembre de 1991. (160) "Fallos", tomo 236, página 559 y siguientes, in re "Luciana Bianchi de Quintans c/Provincia de Córdoba" , sentencia del 21 de diciembre de 1956. (161) "Jurisprudencia Argentina", 1968-I, páginas 554-556, in re "Hers, Jaime y otro c/Municipalidad de Avellaneda". (162) Llama entonces la atención que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijera en una de sus sentencias: "Que si bien es verdad que las relaciones entre el Estado y sus funcionarios son del dominio del derecho administrativo, también lo es que desde el instante en que ellas hacen surgir un derecho crediticio entre una y otra parte, como en el caso de autos, se crea una relación jurídica que cae bajo el dominio de la ley civil, cuyas disposiciones le son, pues, aplicables" ("Fallos", tomo 179, página 305 y siguientes, especialmente página 307). En el caso el actor reclamaba el pago de sueldos como funcionario público, materia, ésta, exclusivamente regida por el derecho administrativo, derecho público.
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(163) Tomás Jofré: "Manual de Procedimiento (Civil y Penal)", tomo 3º, página 23, punto 6º, Buenos Aires 1922. (164) José Chiovenda: "Principios de Derecho Procesal Civil", tomo 1º, página 76, traducción de la tercera edición italiana, Madrid 1922, Editorial Reus. (165) Lino Enrique Palacio: "Manual de Derecho Procesal Civil", tomo 1º, página 89, Buenos Aires 1965. En lo atinente a la identificación de la acción con el derecho material, ténganse presentes, además, las consideraciones de dicho autor, en "Derecho Procesal Civil", tomo 1º, páginas 390-391, Buenos Aires 1967. (166) Es de lamentar la inconsecuencia que en este orden de ideas -calificación de las acciones-, pero con referencia concreta al instituto "expropiatorio", se observa en últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Anteriormente, el alto tribunal consideraba que la naturaleza jurídica de la expropiación era mixta: de derecho público en la primera etapa, o sea en la que se dispone la expropiación y se hace la clasificación de utilidad pública, y de derecho privado ("civil") en la segunda etapa, o sea en la atinente a la indemnización al expropiado, lo cual tuvo como lógica consecuencia que las respectivas demandas por "indemnización" promovidas por los administrados o particulares contra provincias, fuesen administradas directamente en la Corte Suprema en mérito a la jurisdicción "originaria" de ella, por considerar que en tales casos se trataba de una "causa civil". Si bien tal solución armonizaba con el criterio que hasta entonces tuvo el tribunal respecto a la naturaleza de la expropiación, en realidad a dicha acción resarcitoria se le estaba atribuyendo o reconociendo una naturaleza jurídica distinta de la del instituto de derecho público que la generaba ("expropiación" por causa de utilidad pública), produciéndose, así, una disociación entre la acción y el derecho substancial. Posteriormente la Corte Suprema cambió de criterio acerca de la naturaleza jurídica de la expropiación: considera ahora que ésta pertenece totalmente al derecho público, incluida la etapa concerniente al régimen de las indemnizaciones (Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 238, página 335 y siguientes, especialmente página 352, in re "Esquivillon de Igon e Igon de Almeyra c/Nación Argentina" ; tomo 241, página 13 y siguientes, especialmente páginas 81-82, in re "Administración General de Obras Sanitarias de la Nación c/Ernesto Torquinst y Bernal y otros" . En idéntico sentido: Julio Oyhanarte: "La expropiación y los servicios públicos", páginas 24-33, Buenos Aires 1957; Villegas Basavilbaso: "Derecho Administrativo", tomo 6º, nº 855, páginas 332-341). Esto último hizo pensar que las "consecuencias" de ese cambio conceptual armonizarían con la nueva orientación, y que, así como anteriormente, por considerarse que lo atinente a la "indemnización" constituía una cuestión civil, el tribunal se declaraba competente para entender "originariamente" en demandas de administrados o particulares relativas a indemnizaciones por actos expropiatorios dispuestos por las provincias, en lo sucesivo, es decir después del cambio del criterio jurisprudencial sobre la naturaleza de la expropiación -que de instituto mixto pasó a ser íntegra y exclusivamente considerado como instituto de derecho público, regido por el derecho administrativo-, el tribunal excusaría su intervención "originaria" en esa clase de causas, invocando precisamente el carácter público reconocido con acierto a la expropiación. Pero no ocurrió así. En el fallo que se registra en el tomo 250,
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página 269, in re "Provincia de Entre Ríos c/Ralicha Talagañis de Talaselis" , sentencia del 26 de julio de 1961, con razonamientos carentes de fuerza de convicción, la Corte Suprema de Justicia echó por tierra los efectos de su expresado cambio de jurisprudencia, pues no obstante haber declarado el carácter exclusivamente de derecho "público" del instituto expropiatorio, admitió intervenir en el expresado juicio donde una vez más se invocó la jurisdicción "originaria" del tribunal con motivo de la indemnización reclamada a raíz de una expropiación, demanda a la que la Corte Suprema nuevamente le atribuyó carácter de "causa civil". La contradicción del tribunal la juzgo evidente: si, como correspondía, aceptó que la expropiación es un instituto exclusivamente de derecho público en todas sus etapas, sujeto al derecho administrativo ¿cómo vuelve a admitir su intervención originaria en una demanda relativa a indemnización por expropiación, dándole a tal demanda el carácter de "causa civil"? La explicación de esto en modo alguno surge de los términos empleados por los redactores del fallo, ni de la argumentación hecha por uno de los miembros del tribunal al emitir su voto con fundamentos propios; y lo más sensible es que, en el campo teórico y desde el libro, dos de los entonces integrantes del tribunal fueron, precisamente, ardientes defensores de la buena doctrina, o sea la que considera a la expropiación como un instituto jurídicamente homogéneo, como un instituto de derecho público en todas sus etapas. Para ser consecuente con su nueva posición, la Corte Suprema debió excusar su intervención "originaria", porque la causa no era "civil", sino de derecho público, administrativo. La expresada sentencia de la Corte Suprema, "Fallos", tomo 250, página 269 , hállase vacua de fundamento de razonabilidad: el consecuente de esa sentencia (carácter "civil" o "privado" atribuido a la acción donde se reclama la indemnización por expropiación) no está de acuerdo con el "antecedente" de la misma: carácter exclusivamente "público", en todas sus etapas, del instituto expropiatorio. Con posterioridad, el alto tribunal ha continuado con la mala doctrina en cuyo mérito el cobro de la indemnización por expropiación constituye una causa civil determinante de la jurisdicción originaria del tribunal ("Fallos", tomo 252, página 39 ; tomo 254, página 441 ). (167) Actualmente, la Corte Suprema ha adoptado la buena doctrina, declarando la "incompetencia" del tribunal para entender "originariamente" en juicios de expropiación promovidos por provincias, incluso cuando en ellos sólo se debata lo atinente a la "indemnización" (sentencia del 31 de marzo de 1975, in re "Gobierno de La Rioja c/Azzalini, Luis, sucesión, s/expropiación" ). Ver dicho fallo en "Jurisprudencia Argentina", 27-1975, página 20 y siguientes, con nota del autor de la presente obra. Pero véase otro fallo de la Corte Suprema citado en el tomo IV, tercera edición, nº 1395, nota a., páginas 330-331, que desvirtúa el anterior. Véase el tomo 4º de esta obra, quinta edición, nº 1395, texto y notas. (168) Igual criterio debe aplicarse para establecer qué órgano del Estado -Congreso o Ejecutivo- es el facultado para celebrar contratos de "derecho privado" de la Administración. (169) Transcribo a continuación el considerando de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recaído en un juicio donde el Congreso Nacional, mediante la "ley" 3344 , de enero de 1896, le acordó a la Empresa del Ferrocarril del Sud una concesión para
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prestar el servicio público de transporte ferroviario y, simultáneamente, el servicio telegráfico en el curso del recorrido de la línea férrea. De más estará decir que esa ley pudo ser válidamente dictada por el Congreso en mérito al artículo 67 , inciso 16, de la Ley Suprema. En el considerando que transcribiré queda claramente establecido el procedimiento o trámite mediante el cual el Congreso hizo efectiva su atribución constitucional de contratar; dice así dicho considerando: "Que la aludida ley tuvo como antecedente inmediato el contrato ad referendum celebrado el 16 de agosto de 1895 entre el ministro del Interior don Benjamín Zorrilla y el presidente del directorio local del F. C. del Sud don Guillermo White. Aprobado por decreto del P. E. de 19 de agosto de 1895 fue enviado al Congreso, que con algunas modificaciones lo convirtió en la ley 3344 a principios del año 1896. Por último, el 6 de abril siguiente fue otorgada la escritura definitiva del contrato que firmaron el Dr. José E. Uriburu en su calidad de Presidente de la República y don Guillermo White como representante del F. C. del Sud" ("Fallos", tomo 183, página 122, in re "F. C. del Sud c/Nación s/inconstitucionalidad de decreto e indemnización" ). (170) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 183, página 116 y siguientes, especialmente páginas 121-135, in re "F. C. del Sud c/Nación s/inconstitucionalidad del decreto e indemnización" ). (171) En igual sentido: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 345. (172) En igual sentido: Caetano: "Manual de direito administrativo", página 300, punto b, Lisboa 1965; Rouvière: Les contrats administratifs", páginas 16-19; Masagäo: "Natureza jurídica da concessäo de serviço público", páginas 79-82; Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", páginas 23-24; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 505, página 5, nº 17; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 345-346, y "Traité élémentaire de droit adminstratif", tomo 1º, página 297; Rivero: "Droit Administratif", página 106; Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 73-74. (173) Masagäo: op. cit., página 79. (174) Péquignot: op. y loc. cit. (175) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 345. (176) Rivero: "Droit Adminsitratif", página 106. (177) En tal sentido: Léon Duguit: "Traité de droit constitutionnel", tomo 1º, página 371; Fernández de Velasco: "Los contratos administrativos", páginas 42-43. (178) Véanse los autores citados en la nota 145.
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(179) Los afamados civilistas franceses Colin et Capitant han escrito páginas que deben considerarse definitivas en pro de la idoneidad de la "adhesión" para los fines mencionados en el texto ("Cours élémentaire de droit civil français", tomo 2º, páginas 10-11, Paris 1932). El profesor Raymond Saleilles considera que los llamados "contratos de adhesión" no son en el fondo sino manifestaciones unilaterales de voluntades paralelas ("De la déclaration de volonté", páginas 229-230, números 89 y 91, Paris 1929). Disiento con el ilustre maestro, pues habiendo conformidad de una de las partes con la voluntad expresada -no importa en qué forma- por la otra, significa que hay un "acuerdo" de voluntades sobre el punto en cuestión, lo que evidentemente importa un "entrelazamiento" de voluntades que, por sí solo, aleja toda posibilidad de paralelismo. Como dijo un autor citado en el texto, "la falta de discusión de las cláusulas del contrato no impide que éste exista" (Masagäo, texto y precedente nota 146). (180) En tal orden de ideas, dije en otra oportunidad: "La aparición del acto administrativo suele responder a una gestación laboriosa. No siempre es un producto súbito dentro de la actividad de la Administración Pública. Su existencia generalmente obedece a una conjunción de comportamientos o actitudes preliminares, cuyo resultado es la "decisión" o "declaración" que lo concreta y evidencia. Se ha dicho, con razón, que muchas veces los antecedentes de un acto administrativo determinado aparecen dispersos en una verdadera constelación de actos" "...De modo que la aparición del `acto administrativo´ en el mundo jurídico, generalmente responde a una serie de hechos y aun de actos preliminares que, unidos, constituyen sus antecedentes, o sea la expresión de su proceso de emanación" (tomo 2º de la presente obra, nº 392). Pero, como quedó dicho en el texto, no siempre las cosas suceden así. En efecto, puede ocurrir que, con relación a un asunto o negocio determinado, la Administración Pública -"Estado"- tenga expresada a priori su voluntad abstracta en una norma, o en un complejo de normas, en cuyo supuesto la voluntad del administrado o particular se manifiesta y expresa por "adhesión" a esa voluntad abstracta de la Administración Pública. Y cuando ésta, mediante la respectiva resolución, acepta el pedido o manifestación del administrado, esto importa la expresión concreta de la voluntad del Estado en lo referente a la formación del respectivo contrato, el cual queda formalizado por "adhesión". Este procedimiento de expresión de las voluntades es totalmente idóneo para la formación de contratos "administrativos". Más aún: estimo que es el que más se adapta a las modalidades del derecho público y a las finalidades de los contratos administrativos, los cuales, si bien no siempre se celebran para satisfacer directa e inmediatamente el interés público, jamás deben aparecer contrariando dicho interés. Para la obtención de este fundamental propósito la Administración Pública está en mejores condiciones que los administrados o particulares; de ahí la conveniencia de que, en determinados supuestos, las bases contractuales estén dadas de antemano por el Estado, limitándose el particular o administrado a aceptar dichas bases, a "adherirse" a ellas en suma. Por eso, hace algunos años, dije al respecto: "La adhesión es una forma de expresar el consentimiento que bien se amolda a las particularidades del derecho público, en el cual, antes que el interés individual y privado, se tiene en vista el interés colectivo o general. A eso responde que, en esta esfera legal, no sea admisible la discusión directa y concreta de cada una de las distintas cláusulas por parte de la Administración Pública y el particular interesado. Es el Estado, intérprete de
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las necesidades y conveniencias colectivas, el que, cumpliendo su misión tutelar, fija las condiciones o normas que deben regir en las diferentes hipótesis; el particular interesado no está en condiciones de apreciar cuáles son, en el caso, las conveniencias colectivas, pues él persigue -en forma inmediata y directa- su propio beneficio. Por tal razón, en estas cuestiones, la esfera en que puede moverse el "consentimiento" del particular queda reducida a su "adhesión" a la voluntad expresada por el Estado" (véase mi "Régimen y Legislación de las Aguas Públicas y Privadas", páginas 738-739, nota, Buenos Aires 1939). (181) En igual sentido: Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 297. (182) Véanse: Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 550-551; Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, página 312, Buenos Aires 1947; Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", páginas 224-225. En cuanto a la "interpretación" del "acto administrativo", cuyos conceptos son extensivos a los "contratos administrativos", véase el tomo 2º de la presente obra, nº 396, página 265 y siguientes. Con relación al "empréstito", aunque Giuliani Fonrouge niegue su carácter contractual, puede verse lo que dicho autor escribe en cuanto al "trámite" de la emisión del mismo ("Derecho Financiero", tomo 2º páginas 899-900). (183) Berçaitz: op. cit., página 224. (184) Péquignot: "Des contrats arministratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 505, página 43, nº 381; Vedel: "Droit Administratif", página 647. Asimismo: Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 57-76; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 548-549. Además: Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 80 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, o sea del decreto-ley 23354/56. (185) Ley 13064, artículos 14 , in fine, 21 , 22, 23, 24 y, en especial, artículo 25. Además, en sentido concordante: Péquignot: op. cit., fascículo 505, página 43, nº 384; Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 323-325, Buenos Aires 1947. (186) En sentido concordante: Vedel: "Droit Administratif", página 647, punto 3º; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 549-550. La Constitución de la provincia de Salta dispone que las municipalidades pueden acordar concesiones de uso de bienes públicos, previa "autorización" legislativa (artículo 173, inciso 6º); la Constitución de la provincia de Formosa establece que el Poder Ejecutivo puede celebrar contratos con empresas particulares o personas para objetos de utilidad pública, ad referendum de la legislatura (artículo 100 , inciso 12), lo que implica exigir la "aprobación" de este órgano. La Constitución de Río Negro dispone que "toda concesión de servicio público debe ser aprobada por ley u ordenanza, según el ámbito jurisdiccional que corresponda" (artículo 36 ). De acuerdo a la Constitución de Santa Fe "el Gobernador de la provincia celebra contratos con autorización o ad referendum de la legislatura" (artículo 72 , inciso 11).
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(187) Según el artículo 57 del decreto-ley 23354/56 (ley de contabilidad de la Nación), reformado por el decreto 6449, del 7 de septiembre de 1967 (publicado en el Boletín Oficial el 13 de dichos mes y año), "el Poder Ejecutivo aprobará las contrataciones que excedan de cien millones de pesos y el respectivo ministro o secretario de Estado, dentro de su jurisdicción, las que superen los veinte millones". Además, véase la reglamentación al artículo 55 de dicho decreto-ley, contenida en el Reglamento de las Contrataciones del Estado. Sobre "autorización" y "aprobación" de contratos, véanse, asimismo, los artículos 58, 59 y 60, del decreto-ley sobre contabilidad, 23354/56. Téngase presente que los "montos" mencionados en los artículos 56, 57, 58, y 62 del decreto-ley sobre contabilidad 23354/56, fueron modificados por el citado decreto 6449/67. Véase el decreto 1791/74, que elevó los montos mencionados, como así el decreto 1421/78. Téngase presente el nuevo y actual Reglamento de Contrataciones del Estado, decreto 5720/72. (188) El Reglamento de las Contrataciones del Estado, en el inciso 83 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad de la Nación (decreto-ley 23354/56), dice así en lo pertinente: "Forman parte integrante del contrato: a) Las disposiciones de este reglamento y las cláusulas particulares de la contratación. b) La oferta adjudicada. c) Las muestras correspondientes. d) La adjudicación. e) La orden de compra, provisión o venta". En sentido concordante: Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, páginas 155-156, Buenos Aires 1950; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, páginas 349 y 364; Waline: "Droit Administratif", páginas 599-601. Véase el tomo 2º de la presente obra, números 392 y 396, donde hago referencia a los hechos y actos preliminares que, unidos, constituyen los antecedentes del acto administrativo, o sea la expresión de su proceso de formación, todo lo cual puede ser de gran interés para aclarar el sentido y alcance del acto dictado, es decir pueden ser de interés para la eventual "interpretación" del acto administrativo. El actual Reglamento de Contrataciones del Estado, decreto 5720/72, reitera la transcripta disposición del anterior reglamento. (189) Con relación al derecho privado, véase: Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Fuentes de las Obligaciones. Contratos", tomo 1º, nº 204, página 100, Buenos Aires 1946. (190) Así, la ley de contabilidad de la Nación (decreto-ley 23354/56), en su artículo 56, inciso 3º, apartado f, autoriza la contratación directa de las obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución debe confiarse a empresas, personas o artistas especializados. (191) En cuanto a la obligación de "motivar" la decisión: inciso 8º de la reglamentación al artículo 56 de la ley de contabilidad. Acerca de la necesidad de la "publicidad" aun en estos casos: Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 289, nº 530, punto 2º. último párrafo, Paris 1963; además, Waline: "Droit Administratif", nº 1000, página 595, Paris 1963. En cuanto a controles de que, a un en estas hipótesis, son
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susceptibles los actos de la Administración: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, páginas 308-309, Paris 1956; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 505, página 16, nº 131. En cuanto a "motivación", ver, además decreto-ley 19549/72, art. 7º e). (192) Ver el tomo 2º, nº 408, y el tomo 1º, nº 237. (193) En sentido concordante: Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 549, nº 369. Por cierto -y como lo advertiré más adelante, nº 627, in fine-, "contratación directa" y "libre elección" no implican sistemas equivalentes: constituyen criterios diferentes de selección del cocontratante de la Administración Pública. (194) La legislación de los diversos países, sea a través de leyes formales o de reglamentos administrativos, suele disciplinar y regular todas esas cuestiones. En el orden nacional argentino, véase: ley de contabilidad (decreto-ley 23354/56), en cuanto en el artículo 56, inciso 3º, apartado f., habla de "empresas", "personas" o "artistas" especializados, e inciso h. que habla de compras y locaciones a efectuar en "países extranjeros". Además: Reglamento de las Contrataciones del Estado, aprobado por el decreto 6900/63 que admite la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado a representantes con poder de firmas establecidas en el extranjero (inciso 2º, apartado c] de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad); inciso 51, apartado f) de la reglamentación al citado artículo 61 que, aun sin estar inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado, admite las ofertas formuladas por firmas establecidas en el extranjero sin sucursal ni representación en el país; inciso 6º de la reglamentación al artículo 62 de la ley de contabilidad, que establece que cuando se trate de contrataciones en que se presuma existan interesados en el exterior, podrá disponerse publicaciones por intermedio de los respectivos representantes diplomáticos. En sentido concordante: Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, artículos 1º, 16 y 27. Téngase presente el actual Reglamento de Contrataciones (decreto 5720/72, incisos 2º y 49). (195) Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 76-77. (196) En sentido concordante: Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, páginas 72, 76 y 81, edición española, Buenos Aires 1950; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 505, página 15, nº 125; Sayagués Laso: "La licitación pública", página 55, Montevideo 1940, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 377, página 557; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, números 326-327, páginas 316-317; Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 487. Véase: Quancard: "L´adjudication des marchés publics etc.", páginas 260 y siguientes y 337 y siguientes. (197) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 77; en igual sentido: Péquignot: op. cit., fascículo 505, página 15, nº 125.
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(198) Incluso en las contrataciones directas que suelen autorizar las leyes, existe en grado mayor o menor esa restricción a la libertad de elección del cocontratante. Así, si bien la ley de contabilidad de la Nación (decreto-ley 23354/56, artículo 56, inciso 3º), reformado por el decreto 6449/67, autoriza la contratación directa en los casos que indica, el Reglamento de Contrataciones del Estado exige, para el ejercicio de esa atribución, el cumplimiento de ciertos requisitos o la concurrencia de determinadas circunstancias que, ciertamente, configuran restricciones a la libre elección del cocontratante (ver reglamentación a los artículos 56 y 62 de la ley de contabilidad). Téngase presente el actual reglamento de contrataciones (decreto 5720/72). (199) Caetano: "Manual de direito administrativo", página 312, Lisboa 1965. (200) Rivero: "Droit Administratif", nº 115, página 104, Paris 1962; Waline: "Droit Administratif", nº 982, páginas 583-584, y nº 1178, página 700, Paris 1963. (201) Caetano: op. cit., páginas 312-313; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 505, página 16, nº 131; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, nº 328, página 317; Rivero: "Droit Administratif", nº 115, página 104; Vedel: "Droit Administratif", páginas 647-648; Waline: op. cit., nº 982, páginas 583-584, y nº 1178, página 700. Este último tratadista, después de sostener que el procedimiento de la licitación no es menester para la elección del concesionario de servicio público y que, incluso, sería contradictorio, funda así su opinión: 1º ante todo, porque respecto a los grandes servicios públicos los capitales a utilizar son tan importantes que pocos grupos capitalistas podrían intervenir, por lo que la licitación carecería de sentido; 2º porque no reclamando precio alguno el concesionario, como en cambio lo hace el empresario o el proveedor, pues se cobra de los propios usuarios, la licitación carecería de utilidad alguna para las finanzas públicas; y si se admite que una excesiva reducción en el monto de la tarifa aplicable a los usuarios, puede afectar la estabilidad económica del concesionario, esto atentaría contra la continuidad del servicio, por lo cual no sería deseable; 3º finalmente y sobre todo, siendo evidente que la buena y regular ejecución del servicio presenta un interés público mayor, la elección del concesionario que haga la autoridad concedente debe referirse a un concesionario cuya competencia técnica, y su situación financiera, garanticen la mejor ejecución del servicio, por lo que las consideraciones financieras en sí mismas pasan a segundo orden (op. cit., página 700, nº 1178). Caetano utiliza argumentos similares, aunque insiste en el factor "confianza" que, por sus antecedentes, le merezca una empresa a la Administración Pública y en la conveniencia, en tales casos, de utilizar la experiencia, maquinarias y mano de obra especializadas y ya conocidas (op. cit., páginas 312-313). (202) Si bien el Reglamento de las Contrataciones del Estado (inciso 148 y siguientes de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad) se refiere a "concesiones", cabe advertir que ahí no se trata precisamente de "servicios públicos", sino de meras "locaciones" de bienes del Estado para que, en base a éstos, el adjudicatario desempeñe la respectiva actividad (por ejemplo, servicio de hotel, confitería, bar, etc.); eventualmente, dichas disposiciones podrían implicar una concesión de uso sobre el dominio público.
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(203) Constitución de Corrientes, artículo 163 , inciso 5º; de La Pampa, artículo 34 ; de Neuquén, artículo 224 y de Río Negro, artículo 63 . La incorrección de algunos funcionarios no debería invocarse para alterar los criterios de solución de los negocios públicos -en tanto dichos criterios sean plausibles-, pues lo natural o habitual no es que el funcionario sea incorrecto, sino, por el contrario, que sea "correcto". (204) Caetano: op. cit., página 313, quien expresa que "en los contratos de mínima importancia no vale la pena demorar y complicar el respectivo proceso" Así ocurriría, por ejemplo, en una pequeña compra de útiles de escritorio, o de elementos para la limpieza de oficinas; etc. (205) "Reglamento de las Contrataciones del Estado", apartado 3 de la reglamentación al artículo 56 de la ley de contabilidad: El régimen de las "cajas chicas" surge del artículo 48 de la ley de contabilidad (decreto-ley 23354/56), y la reglamentación al mismo. Adviértase que la citada ley de contabilidad hace expresa referencia a dicha "reglamentación". Téngase presente el inciso 3º de la nueva reglamentación del artículo 56 de la ley de contabilidad, contenida en el decreto 5720/72. (206) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 4, página 76. En un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo suyos los conceptos expresados en el texto (sentencia del 24 de abril de 1979, in re "Meridiano S.C.A. c/Administración General de Puertos" , publicada en "Fallos", tomo 301, página 292 y siguientes). Dijo el tribunal: "Podrá discutirse en doctrina si el principio que debe regir las contrataciones del Estado es la licitación pública o la libre contratación; pero en función jurisdiccional, ante la tacha de nulidad del acto administrativo por vicio de forma, a falta de una norma expresa que exija la licitación pública para elegir al cocontratante, o sea, ante la ausencia de fundamento legal, debe estarse por la validez del acto" (considerando 9º, in fine). En igual sentido: Corte Suprema, "Fallos", tomo 311, páginas 2392-93; además, sentencia del 2-IX-1989, in re "Cía. Argentina de Estiba y Almacenaje S.A. c/Administración General de Puertos" , considerandos 7º y 8º, en "El Derecho", 30 de abril de 1990. (207) El Reglamento de las Contrataciones del Estado fue emitido en base al artículo 61 del decreto-ley sobre contabilidad, 23354/56. Fue aprobado por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 6900, del 19 de agosto de 1963. Pero téngase presente que dicho "reglamento" fue reemplazado por el que aprobó el decreto del P.E.N. 5720/72. Véase la precedente nota 124 y la subnota. (208) Reglamento de las Contrataciones del Estado, reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, incisos 1º, 4, 50, 51 y 67 apartados c. y d.; ley de obras públicas 13064, artículo 13 y Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, artículos 1º, 13, 16 y 27. El Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas fue dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en base al artículo 13 de la ley 13064. El decreto pertinente -pues hubo otros anteriores- lleva el número 6808 del 8 de agosto de 1961. Puede vérsele en el "Anuario de Legislación Nacional y Provincial" de "Jurisprudencia Argentina", año
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1961, página 413 y siguientes. Hoy rige el decreto del P.E.N. 756/81, que es una nueva reglamentación que actualiza disposiciones anteriores. (209) Refiriéndose a la ley nacional de obras públicas, un autor pudo decir acertadamente: "en nuestra ley, la inscripción del contratista constituye una suerte de capacitación específica que se debe ostentar a los fines de constituirse en posible adjudicatario" (Fernando F. Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", página 132). La Corte Suprema de Justicia de la Nación, refiriéndose a una empresa que hallábase inscripta en el Registro de Proveedores, dijo: "lo que supone haber acreditado requisitos de idoneidad moral, económica y técnica, y otorga el derecho a un trato igualitario respecto de los restantes inscriptos" (fallo del 27 de febrero de 1986, in re "Zubdesa S.A. c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" ). (210) En tal sentido: Reglamento de las Contrataciones del Estado, reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, incisos 70, 76, 139 y 150. (211) En idéntico sentido: Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 67, quien se expresa así: "La subasta (licitación pública) es un procedimiento automático mediante el cual una entidad administrativa elige como contratista al particular que ofrece las condiciones económicas más ventajosas, sin tener en cuenta consideraciones de otro tipo". Zanobini sostiene que en estos casos la única base de la puja es el "precio" ("Corso di diritto amministrativo", tomo 4º, página 347). En sentido similar: Rivero: "Droit Administratif", nº 116, página 104; Vedel: "Droit Administratif", página 648; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 505, página 21, nº 180; Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 72, Buenos Aires 1950; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, nº 264, página 263; Sandulli: "Manuale di diritto amministrativo", página 290. En cuanto al carácter "automático" de la licitación: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, páginas 263-264, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 289, nº 530, punto 1º; Rivero: "Droit Administratif", nº 116, página 105; Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 67; Waline: "Droit Administratif", nº 982, páginas 583-584; Fernández de Velasco: "Los contratos administrativos", página 109. (212) Reglamento de las Contrataciones del Estado, reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, incisos 49 y 64; Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, artículos 1º y 27. (213) Si los funcionarios públicos a cuyo cargo hállase la aplicación de las normas reguladoras de las contrataciones del Estado cumpliesen adecuadamente su deber, no se repetirían las ingratas situaciones de importantes obras públicas, por ejemplo, que, con grandes pérdidas para la Nación, quedaron paralizadas por insolvencia económica de las empresas que resultaron adjudicatarias. Ello dio margen a que distinguidos técnicos hiciesen oír su voz de alarma al respecto (véanse las palabras del ingeniero Luis De Carli, transcriptas por el Dr. Fernando F. Mó en su libro "Régimen de las Obras Públicas", páginas 155-156, texto y nota 149).
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Las leyes -formales y materiales- vigentes en nuestro país contemplan adecuadamente el problema a que estoy refiriéndome: todo está en que se ponga extremado y digno celo al dar por existente o acreditada la idoneidad -financiera, técnica y moral- de los eventuales cocontratantes del Estado. Lo atinente a la idoneidad financiera debe ser "actualizado" periódicamente, pues una persona o entidad que en el momento de su inscripción en el registro respectivo es o aparece como solvente, puede dejar de serlo después de un tiempo. Si las leyes formales o materiales que contemplan todo lo atinente a la justificación de la solvencia moral, financiera y técnica, de los eventuales licitadores, fuesen honrada y escrupulosamente cumplidas, el Estado no se vería dañado en sus intereses por la falta de solvencia financiera de sus cocontratantes. El cumplimiento de dichas leyes es tanto más necesario si se tiene en cuenta que, precisamente, dada la existencia de los registros donde, cumplidos ciertos recaudos -consistentes en la "previa" justificación de la solvencia moral, financiera y técnica-, se acepta la inscripción de eventuales cocontratantes del Estado, la licitación se circunscribe a determinar el mejor "precio" con relación a un determinado contrato. Todo esto hace pensar que aún tienen actualidad las siguientes palabras pronunciadas a principios de siglo por un gran jurista y hombre público argentino: las leyes buenas abundan en nuestro país; lo que falta son los hombres que las apliquen y vigilen su cumplimiento. (214) Si no obstante la insuficiencia económica de un licitador se le adjudicase el contrato, ello podría constituir un hecho "ilícito" que viciaría el acto, pues éste hallaríase en desacuerdo con el orden jurídico vigente, de cuyas normas positivas surge que, para ser cocontratante del Estado, el adjudicatario debe tener solvencia económica suficiente para afrontar las particulares y concretas consecuencias del contrato a celebrar. Todo el régimen de los "registros" -tanto de proveedores como de constructores- tiende, precisamente, a acreditar, en todos sus aspectos, la pertinente idoneidad de los futuros licitadores o contratistas (ver precedentemente, texto y nota 181). Recuérdese que entre los atributos o caracteres del elemento "objeto" o "contenido" del acto administrativo, aparte de la certeza, posibilidad física y moralidad, figura la "licitud". La ausencia de cualquiera de estos atributos afecta la validez del acto por vicio en su "objeto" o "contenido". Véase el tomo 2º, nº 404 y nº 493. (215) Respecto a la licitación en materia de concesiones de servicios públicos, en nuestro orden provincial, véase precedentemente texto y nota 176. (216) En igual sentido: Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", páginas 260 y 261. (217) Ver precedentemente, texto y nota 169. (218) Alcides Greca: "La licitación y el privilegio de los contratos administrativos", página 9, Santa Fe 1941. (219) Antonio Lancís y Sánchez: "Derecho Administrativo", página 428, La Habana 1952; Themistocles Brandao Cavalcanti: "Tratado de direito administrativo", tomo 2º, página 404, Rio de Janeiro 1942.
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(220) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 77, Buenos Aires 1950. En igual sentido: Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 505, página 15, nº 125. (221) En igual sentido, Péquignot: op. y loc. cit. en la nota anterior. (222) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 81. En idéntico sentido: Sayagués Laso: "La licitación pública", página 57, quien dice que "los textos legales prescribiendo el llamado a licitación en tales o cuales casos, se interpretarán en forma escrita, es decir, que no podrá limitarse la facultad de libre contratación de la Administración por simples analogías". (223) Decreto-ley sobre contabilidad 23354/56, artículo 55. Pero véase, asimismo, el decreto 6449/67, que introdujo diversas modificaciones al capítulo de la ley de contabilidad referente a "contrataciones". (224) Véanse las siguientes constituciones provinciales: Buenos Aires, artículo 184 , inciso 7º; Catamarca, artículo 55 ; Córdoba, artículo 32 ; Corrientes, artículos 22 y 163 , inciso 5º; Chaco, artículo 63 ; Chubut, artículos 73 y 209 , inciso j); Entre Ríos, artículo 44 ; Jujuy, artículo 38 ; La Pampa, artículo 35 ; La Rioja, artículos 13 y 144 ; Mendoza, artículos 37 y 202 , inciso 7º; Misiones, artículos 70 y 171 , inciso 10; Neuquén, artículo 224 ; Río Negro, artículo 63 ; San Luis, artículo 13 ; Santa Cruz, artículo 41 ; Santiago del Estero, artículos 32 y 156 bis, inciso 9º; Tucumán, artículo 10 . (225) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, nº 327, página 317; Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", página 261. (226) Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 1º y 50 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. Además, en sentido concordante: artículo 27 del Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Sobre esto último, puede verse a Fernando F. Mó: "Régimen legal de las obras públicas", páginas 132-133. Respecto al reglamento de contrataciones del Estado, véase la precedente nota 124 y la subnota. Asimismo, véase nota 181 in fine. (227) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 51 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, que decía así: "Sin el requisito de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado serán admitidas las ofertas formuladas por: (véase la nota anterior, in fine). "a) Propietarios de la mercadería, cuando se trate de personas que no se dedican habitualmente a la venta de la misma. "b) Artistas o profesionales. "c) Oferentes en concesiones estatales. d) Transportistas y distribuidores de correspondencia y encomiendas postales. "e) Postores en pública subasta u oferentes en ventas de bienes del Estado. "f) Firmas establecidas en el extranjero sin sucursal ni representación en el país. "g) Locadores y locatarios de inmuebles. En sentido concordante: artículo 27 del Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas".
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(228) La ley de contabilidad de la Nación -para los contratos que ella prevé- establece ese valor, como máximo, en dos millones de pesos (artículo 56, inciso 1º, reformado por el decreto 6449/67), en tanto que la ley de obras públicas, para la construcción de éstas, lo fija actualmente en tres millones de pesos (ley 16798 , del año 1965, que reformó el artículo 9º , inciso a] de la ley 13064). (229) Ley de obras públicas 13064, artículo 9º . (230) Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 8º y 9º de la reglamentación al artículo 62 de la ley de contabilidad. Como lo advertiré más adelante, al referirme a la licitación "privada" (nº 675), en situaciones especiales también podrá invitarse a personas o entidades no inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado, e incluso la invitación de referencia podría reducirse a menos de seis personas o entidades. (231) Entre esos autores: Rivero: "Droit Administratif", nº 116, página 105, Paris 1962, según el cual la licitación "es restringida cuando la Administración sólo invita a cierto número de empresas nominalmente mencionadas"; Vedel: "Droit Administratif", página 649, Paris 1961, para quien la "licitación restringida supone en contrato cuya ejecución requiere una competencia especial. En tal caso, dice, la Administración establece una lista de empresarios o proveedores que invita a licitar, pudiendo sólo ellos actuar como licitadores". En análogo sentido: Waline: "Droit Administratif", nº 995, página 592, Paris 1963. Entre nosotros, Diez trata la licitación "privada" como equivalente de la "restringida" ("Derecho Administrativo", tomo 2º, página 485). Véase el decreto 1791/74 que elevó los montos mencionados. Además, ver resolución del Ministerio de Economía 479/79, que actualiza montos y condiciones de los artículos 9º , 10, 14 y 21 de la ley 13064. (232) Caetano: "Manual de direito administrativo", página 314, Lisboa 1965. (233) Si bien Sayagués Laso dice que en algunos países las licitaciones "restringidas" se denominan "privadas" ("Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 553, nota 2, y página 563, nota 2), lo cierto es que ello, como surge de lo que expongo en el texto, implica un error de concepto, pues es imposible asimilar la licitación "privada" a la licitación "restringida": contemplan situaciones distintas y la presentación de los licitadores responde a procedimientos distintos: en un caso hay "invitación" personal y en el otro hay un "llamado a licitación" mediante la publicidad habitual. (234) Decreto-ley de contabilidad, 23354/56, artículo 56, inciso 3º, apartado f); ley 13064, artículo 9º , inciso e). (235) Sobre esto, véase a Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 70-71. (236) En sentido concordante: Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 4º, página 347; Sepe: "Contratto della Pubblica Amministrazione", página 140, en "Enciclopedia del Diritto", edición especial para los estudiantes de la Universidad de Roma, Milano 1960;
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Vedel: "Droit Administratif", página 648; Waline: "Droit Administratif", números 984 y 985, página 586; Sayagués Laso: "La licitación pública", página 111, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 553 y 563. (237) Véase precedentemente, texto y nota 197. (238) Véase el decreto del P.E.N. 1791/74, que elevó los montos. (239) Véase el decreto del P.E.N. 160/73 que elevó los montos establecidos en la ley 13064 , y el decreto 3558/77, que volvió a elevarlos. Asimismo, ver decreto 2517/78 sobre esa materia. Periódicamente las normas modifican esos montos, adaptándolos a las circunstancias económicas del momento. (240) Reglamento de las Contrataciones del Estado, reglamentación al artículo 55 de la ley de contabilidad, inciso único, que dice así: "A los efectos de la determinación del procedimiento a seguir para las contrataciones se considera el importe total en que se estimen las adjudicaciones, incluidas las opciones de prórroga previstas". Reglamentación al artículo 56 de la ley mencionada: "1) Será válido el procedimiento licitario seguido de acuerdo con la estimación a que se refiere el inciso 1º de la ley, cuando el importe de la preadjudicación no supere el 20 (veinte) por ciento del importe máximo fijado en dicha disposición". (241) "Aclaramos que el monto a que se refiere la ley es el que resulta de la licitación y por el que en definitiva se hace el contratamiento, y no a aquel monto que provisionalmente se presupuesta antes del llamado. Una interpretación distinta puede conducir a la violación de la ley" (Fernando F. Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", página 105, Buenos Aires 1966). En este mismo sentido se expidió el autor del presente "Tratado de Derecho Administrativo", en su calidad de procurador del tesoro de la Nación (dictamen del 30 de mayo de 1963, "Expediente nº 15950/63. Secretaría de Estado de Guerra"). (242) En sentido concordante: Greca: "La licitación y el privilegio en los contratos administrativos", páginas 7 y 9. (243) Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", página 262. (244) Sayagués Laso: "La licitación pública", páginas 7, 8 y 9, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 553; Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", página 262. (245) Ley 13064, artículos 4º , 9º -preámbulo e incisos c) y f)-, 11, 15, 16, 17 y 20. En sentido concordante al expresado en el texto: Fernando F. Mó: "Régimen legal de las obras públicas", nº 46, página 102, y nº 58, páginas 115-116. (246) Acerca de la noción conceptual de "remate", véase a Malagarriga: "Tratado elemental de derecho comercial", tomo 2º, página 161 y siguientes, Buenos Aires 1963. Por lo demás,
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"remate" y "subasta" en la actualidad son términos equivalentes (ver Malagarriga: op. cit., página 161). (247) Sin embargo, algunas legislaciones extranjeras extienden exageradamente los supuestos en que procede el "concurso". Respecto a España, véase a Garrido Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 69. En Portugal, Caetano le llama "concurso" a la licitación ("Manual de direito administrativo", nº 160, páginas 312-314, Lisboa 1965). (248) Recaredo Fernández de Velasco: "Los contratos administrativos", página 109. (249) Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 4º, página 346. (250) Fernández de Velasco: "Los contratos administrativos", página 109; Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 67-68. (251) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 263 y siguientes. (252) Sayagués Laso: "La licitación pública", página 46, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 555; Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 109, Buenos Aires 1950; Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, página 318, Buenos Aires 1947; Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", página 261; Sandulli: "Manuale di diritto amministrativo", página 290; Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 484. (253) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 116-117. Greca comparte la opinión de Jèze ("La licitación y el privilegio de los contratos administrativos", páginas 16, 18 y 19. En igual sentido: Cretella Júnior: "Tratado de Direito Administrativo", tomo 3º, página 113, Rio de Janeiro 1967. (254) En sentido concordante: Sayagués Laso: "La licitación pública", nº 35, página 45, y nº 37, página 46. (255) Diez comparte la opinión de que la licitación pública no es un "acto condición". "La licitación pública, dice, no puede considerarse un acto condición, ya que consiste, como hemos visto, en una serie de actos... Como que es un conjunto de actos, en realidad es un procedimiento" ("Derecho Administrativo", tomo 2º, página 484). (256) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 72 y 116. En igual sentido: Greca: op. cit., páginas 16-17; Berçaitz: op. cit., página 261; Cretella Júnior: "Tratado etc.", tomo 3º, página 113. (257) Sayagués Laso: "La licitación pública", nº 38, página 47, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 555 y 557; Hauriou: "Précis de droit administratif et de droit public", página 931, Paris 1933; Fernández de Velasco: "Los contratos administrativos", páginas 105 y siguientes y 109; Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo
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1º, páginas 316 y 319, Buenos Aires 1947; Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 484. (258) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 72 y 116. (259) Berçaitz: op. cit., página 261. (260) El acto administrativo es esencialmente "voluntario". Pero la "voluntad" no es precisamente un elemento de dicho acto, sino algo más que eso: constituye un presupuesto sine qua non de su existencia. Sin la correspondiente expresión de voluntad no se concibe la existencia de un acto administrativo. Precisamente, los "elementos" del acto -sujeto, causa, objeto, forma, finalidad y moralidad- son los medios que estructuran y condicionan la "voluntad", adecuándola para su eficacia jurídica (ver tomo 2º, nº 399). De ahí, entonces, que "todos" y "cada uno" de los elementos del acto administrativo conlleven la respectiva dosis de voluntad de la Administración Pública. Mas esto en modo alguno permite afirmar que las fallas en la expresión de la voluntad deban imputarse siempre al elemento "competencia", puesto que pueden relacionarse a cualquiera de los otros elementos del acto, vgr., la "forma" del mismo. La "voluntad" del órgano es la que pone en movimiento no sólo la "competencia", sino a todos los elementos del acto administrativo. Por eso, pues, no debe confundirse el vicio de "incompetencia" con el vicio de "forma", aunque cada uno de ellos le sea imputable a la Administración Pública por haber ésta expresado su voluntad contraviniendo el orden jurídico positivo a que debió atenerse. (261) En otro lugar de esta obra quedó dicho que el concepto de "forma" del acto administrativo tiene una doble aceptación: a) en primer lugar, una aceptación restringida, que considera "forma" la que debe observarse al emitir el acto, exteriorizando concreta y definitivamente la voluntad de la Administración Pública; b) en segundo lugar, una aceptación amplia, que no sólo comprende la anterior, sino también el conjunto de formalidades o requisitos que deben observarse o respetarse para llegar a emitir el acto. Se distingue, así, la "forma" del acto administrativo, de las "formalidades" de dicho acto, que respectivamente comprenden los requisitos a cumplir en el proceso de "expresión" o exteriorización de la voluntad administrativa y en el proceso de "formación" de la misma. La generalidad de la doctrina acepta el expresado concepto amplio de "forma". Las "formalidades" -requisitos que han de observarse para dictar el acto- pueden ser anteriores, concomitantes o posteriores al mismo. Las "formalidades" anteriores al acto constituyen una parte del "procedimiento administrativo" (ver tomo 2º, nº 405). (262) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 179, páginas 273, 273-274, 274 y 276, in re "S.A. Empresa Constructora F. H. Schmidt c/Provincia de Mendoza s/cobro de pesos" . (263) Caetano: "Manual de direito administrativo", página 312, Lisboa 1965. (264) Sepe: "Contratto della Pubblica Amministrazione", página 142, en "Enciclopedia del Diritto", edición especial para los estudiantes de la Universidad de Roma, Milano 1960.
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(265) El Reglamento de Contrataciones del Estado establece que en cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, se podrá dejar sin efecto la licitación (inciso 77 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). El Reglamento de referencia forma parte de los contratos respectivos (incisos 44 y 83, inciso a] de la reglamentación al citado artículo 61 de la ley de contabilidad). (266) Por razón dada en el texto, disiento con la opinión del siempre recordado maestro de derecho civil, doctor Héctor Lafaille, en cuanto considera pertinente que quien haya efectuado trabajos para presentarse a una licitación para la confección de planos y la construcción de obras destinadas a un gran "servicio público" (lo que significa que el doctor Lafaille se ubicó en el derecho público y excedió los límites del derecho civil, donde la cuestión en ciertos casos podría tener una solución distinta a la que corresponde en derecho administrativo), sea resarcido de los perjuicios que experimente por haberse dejado sin efecto la licitación. El doctor Lafaille utiliza indistintamente los términos "concurso" y "licitación", lo cual no es procedente, según quedó expresado en el nº 635; pero el léxico del maestro se explica por la época en que apareció su meritoria obra (año 1927). Aunque el profesor Lafaille se refirió preferentemente al derecho privado, es evidente que su concepto lo extendió al derecho administrativo (derecho público), pues habla concretamente de "servicio público", instituto exclusivo del derecho administrativo y ajeno al derecho privado. Textualmente dice así el mencionado jurista: "En los concursos propiamente dichos, que son aquellos que se realizan con la intervención de un jurado, puede decirse que existe un triple momento. En primer término, el preparatorio, en que se hace el llamamiento, que ya crea responsabilidades". ..."Estos tres momentos presentan caracteres interesantes que en el derecho moderno comienzan a distinguirse. En el primero, aunque no exista más que un oferta, es posible que varias personas, ante la simple perspectiva declarada en el anuncio, hayan realizado trabajos. Supóngase que se trata de un gran servicio público y que se llama a licitación para los planos y la construcción de obras. Cualquier arquitecto ha podido ponerse a la obra, en la inteligencia de que le sería dado presentarse al concurso. De modo que por el solo hecho del anuncio ya se ha creado una responsabilidad para quien lo promueve, según vimos en el Curso de Obligaciones, al ocuparnos de la voluntad unilateral, considerándola como un caso de oferta a persona indeterminada. Nadie podría sostener que exista contrato por el solo hecho de llamar a un concurso en estas condiciones; pero ello no impide el nacimiento de obligaciones surgidas de otra fuente cuando se hubiere irrogado algún perjuicio a tercero con el retiro de la oferta" (Héctor Lafaille: "Curso de Contratos", dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tomo 1º, números 225 y 226, página 136, Buenos Aires 1927). Para todo lo vinculado al resarcimiento de quienes, habiendo concurrido a un "concurso" -propiamente dicho- para la presentación de planos arquitectónicos, maquetas de monumentos y esculturas, esbozos o bosquejos de obras pictóricas, etc., no hayan sido favorecidos con la elección de su trabajo para servir de base a la obra proyectada, véase más adelante, nº 693. (267) Véase la precedente nota 183, segundo párrafo.
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(268) Véase: Reglamento de Contrataciones del Estado, reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, incisos 70, 76, 139 y 150. (269) Walme: "Droit Administratif", nº 1014, página 603; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 554, página 294. Para el derecho argentino, véase: Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 45 b), 64, 80 y 81 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (270) Autores citados en la nota precedente, obras y lugares ahí mencionados. Para el derecho argentino, véase Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 80 y 81 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (271) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 77 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. Además: Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 543, página 294. Incluso la Administración Pública puede modificar los pliego de condiciones, antes de la adjudicación y aun después de presentadas las ofertas (ver más adelante, nº 643, texto y notas 269-270). (272) Código civil, artículo 1150. Sobre dicha cuestión: Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Fuentes de las Obligaciones. Contratos", tomo 1º, página 34, números 54-55, Buenos Aires 1946; Lafaille: "Derecho Civil. Contratos", tomo 1º, números 70-71, páginas 83-85, Buenos Aires 1953. Además: Waline: "Droit Administratif", nº 1014, página 603. (273) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 89, Buenos Aires 1950; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 505, página 20, números 172 y 173; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, páginas 263-280. (274) Péquignot: op. cit., fascículo 505, página 20, número 172. (275) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 90. (276) Péquignot: op. cit., fascículo 505, página 21, nº 179; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, números 266 y 267, página 265; Wainer: "Contratos Administrativos", página 160, Buenos Aires 1939. (277) Sayagués Laso: "La licitación pública", páginas 107-108; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, páginas 266-267, nº 270. (278) En sentido concordante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo en cierta oportunidad: "No hay disposición legal de carácter local que establezca los requisitos esenciales que ha de llenar una licitación. Pero la doctrina, la jurisprudencia y la ley nacional de obras públicas 775, que puede aplicarse por analogía, autorizan a decir que es requisito fundamental que en la licitación ha de colocarse a todos los proponentes en un pie de perfecta igualdad, siendo las cláusulas generales en que se fijan las condiciones, derechos y deberes del contratista de obligada observancia para ellos, a fin de que sobre esta base se den precios y se establezca la subasta que ha de permitir decir en el momento
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oportuno cuál es la propuesta menos onerosa y más conveniente para el fisco. De ahí se deduce lógicamente que las propuestas deben coincidir con los pliegos de condiciones que la Administración hace saber al formular su llamado a los interesados" ("Fallos", tomo 179, página 272, in re "Sociedad Anónima Empresa Constructora F. H. Schmidt c/Provincia de Mendoza s/cobro de pesos" ). (279) Nada que quebrante el principio de "igualdad" es lícito. Así, por ejemplo, sería inaceptable la oferta donde, respecto al precio, se diga que se ofrece el 1% más bajo que la más baja oferta válida. Tal ofrecimiento, aparte de revelar mala fe, vulnera el principio de que el precio debe ser "cierto" y "concreto". En sentido concordante: Caetano: "Manual de direito administrativo", página 316, Lisboa 1965; Bandeira de Mello: "Licitaçä", página 316, Säo Paulo, 1980; Sayagués Laso: "La licitación pública", nº 88, página 126, Montevideo 1940. (280) En este orden de ideas, según que el precio deba ser satisfecho por el licitador o por la Administración, respectivamente, la doctrina distingue entre contrato "activo" (donde el mejor precio es el más alto, como ocurre en los supuestos de ventas de cosas dispuestas por el Estado) y contrato "pasivo" (donde el mejor precio es el más bajo, como ocurriría en los contratos de suministros de alimentos para el ejército, por ejemplo). Véase a Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 4º, página 347. (281) En cierta oportunidad, después de haberle adjudicado la concesión a uno de los oferentes, la autoridad contratante ("concedente", en la especie) rebajó los precios originariamente propuestos por el adjudicatario, hasta nivelarlos con los del otro proponente. Esto se consideró ilegal "porque destruiría el principio de perfecta igualdad en que deben estar colocados todos los proponentes, y se haría ilusoria la garantía de la licitación" (Superior Tribunal de Santa Fe, en "Jurisprudencia Argentina", tomo 75, páginas 289, 290 y 291). (282) En tal sentido, se ha dicho acertadamente que la Administración Pública no puede adoptar medidas discriminatorias; por ejemplo, dispensar a un concurrente del depósito de garantía exigido a los otros; excluir de la licitación a ciertos oferentes por causas no contempladas en la legislación; etc. (Jèze: op. cit., tomo 4º, página 100, letras a. y c.; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, nº 276, página 279). (283) En cierta oportunidad, la Cámara Federal de Córdoba rechazó la demanda por reajuste de precio presentada por un contratista que debía suministrar determinados productos alimenticios. El rechazo de la acción se basó en que en parte alguna se había convenido la posibilidad de dicho reajuste ("Jurisprudencia Argentina", 1959-V, página 608 y siguientes. Juzgo equivocada dicha sentencia, pues la "teoría de la imprevisión" -que debió tenerse presente en la especie- es de orden público, por lo que sus principios son aplicables siempre que concurran las situaciones pertinentes. Más adelante, al tratar lo relacionado con el cumplimiento de los contratos administrativos, me ocuparé de la expresada teoría del riesgo imprevisible.
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(284) Sayagués Laso: "La licitación pública", páginas 100-101; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 280, nº 277; Jèze: op. cit., tomo 4º, página 100. No obstante lo expresado en el texto, cabe advertir, como lo hace Sayagués Laso, que sería ilegal una cláusula que sólo permitiera la presentación de ofertas a aquello que por lo menos hubieran ganado una licitación en los últimos tres años, pues ello iría contra el principio de concurrencia y libertad de trabajo, estableciendo una injustificada preferencia y hasta monopolio en favor de unos pocos. Recuerda que por tales razones la intendencia de Buenos Aires vetó una ordenanza del Consejo Deliberante que imponía tal exigencia ("La licitación pública", página 100, nota 2). (285) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 280, nº 277; Jèze: op. cit., tomo 4º, página 100, letra c). (286) Acerca de la facultad de la Administración Pública para concurrir ante los tribunales de justicia impugnando sus propios actos, véase el tomo 2º, nº 534. (287) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 179, página 249 y siguientes, especialmente páginas 273-274 y 276-277, in re "Sociedad Anónima Empresa Constructora F. H. Schmidt c/Provincia de Mendoza s/cobro de pesos" ; Superior Tribunal de Santa Fe, en "Jurisprudencia Argentina", tomo 75, página 285 y siguientes, especialmente páginas 289, 290 y 291. (288) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 179, página 249 y siguientes, especialmente páginas 273-274 y 276-277; Superior Tribunal de Santa Fe, en "Jurisprudencia Argentina", tomo 75, página 285 y siguientes, especialmente páginas 290, 291 y 292-293; Spota: "La aprobación y la autorización en materia de contratos administrativos. Nulidad de adjudicación por alteración de las bases de la licitación. Las costas en los recursos contencioso-administrativos", nota en "Jurisprudencia Argentina", tomo 75, páginas 292-293. Sobre los vicios del acto administrativo relacionados con el elemento "forma", véase el tomo 2º, nº 494. (289) En términos generales, en sentido concordante, véanse: Greca: "La licitación y el privilegio en los contratos administrativos", página 21 y siguientes; Sayagués Laso: "La licitación pública", página 33 y siguientes; Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", páginas 262-264. Para lo atinente al momento de "perfeccionamiento" o "formalización" del contrato, véase el precedente nº 619. (290) Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 380, página 560, y "La licitación pública", página 97. (291) Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 296, nº 550, Paris 1963. (292) "Las contrataciones se regirán por las disposiciones de este reglamento y por las contenidas en las respectivas cláusulas particulares. Los organismos licitantes establecerán las cláusulas particulares que correspondan respecto de la prestación que se ha de contratar,
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y no podrán incluir en ellas requisitos o condiciones que se aparten de lo determinado en este reglamento" (Reglamento de las Contrataciones del Estado, reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, incisos 44 y 83). (293) Wainer: "Contratos Administrativos", página 162. (294) Vedel: "Droit Administratif", página 650; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 550, página 296; Waline: "Droit Administratif", números 1005 y 1006, página 600; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 561. (295) Véase el texto transcripto en la precedente nota 261. (296) Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º páginas 296-297; Wainer: "Contratos Administrativos", página 163; Waline: "Droit Administratif", nº 1006, página 600; Greca: "La licitación y el privilegio en los contratos administrativos", página 22; Sayagués Laso: "La licitación pública", números 71 y 72, página 98, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 380, página 560; Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 490. (297) Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 490. (298) Véase Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 97, página 20 y siguientes, especialmente páginas 31-34, in re "Arrol Brothers Limited y otro c/Provincia de Buenos Aires s/cumplimiento de contrato". (299) En sentido concordante: Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 297. Además: Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 490. (300) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 77 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. Además: Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 543, página 294. (301) Acerca de dicha regla o principio, véase más adelante, nota 523 bis. (302) No obstante, véase lo que sobre estas cuestiones escriben Sayagués Laso: "La licitación pública", nº 78, páginas 106-107, texto y notas; Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", página 265, y Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 489 y 490. (303) En sentido concordante: Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 490-491. (304) Vedel: "Droit Administratif", página 650; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 296, punto 3º. Además, véase: Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 489-490. (305) Véase: Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 44, in fine, de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad.
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(306) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du "Juris-classeur Administratif", fascículo 505, página 25, nº 221; Sayagués Laso: "La licitación pública", páginas 105-106, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 561; Waline: "Droit Administratif", nº 989, página 590. (307) La ley nacional de obras públicas, 13064, artículos 16 y 17, y el Reglamento de las Contrataciones del Estado (inciso 62 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad) corroboran lo dicho en el texto. Lo preceptuado por estas normas debe considerarse como expresiones conexas o interdependientes, aplicables, como criterio general, en todas las licitaciones. (308) Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 4º, página 347. Asimismo: Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 505, página 21, nº 178; Waline: "Droit Administratif", nº 988, páginas 589-590; Sayagués Laso: "La licitación pública", página 107. (309) Puede verse: Sepe: "Contratto della pubblica amministrazione", página 141, extraído de la "Enciclopedia del Diritto", edición especial para los estudiantes de la universidad de Roma, Milano 1960, quien cita un fallo del Consejo del Estado atinente a esta cuestión. (310) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 1º de la reglamentación al artículo 62 del decreto-ley 23354/56. (311) Ley de obras públicas, 13064, artículo 10 ; decreto-ley de contabilidad 23354/56, artículo 62; Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 2º, 3º y 5º de la reglamentación al artículo 62 del decreto-ley 23354/56. (312) Reglamento de las Contrataciones del Estado, reglamentación al artículo 62 del decreto-ley 23354/56, inciso 7º, que dice así: "Sin perjuicio de las publicaciones establecidas, en las licitaciones públicas podrá invitarse a concurrir a firmas comerciales del rubro, inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado". (313) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 6º de la reglamentación al artículo 62 del decreto-ley 23354/56. También la ley de obras públicas, 13064, artículo 10 , habla de publicaciones a efectuarse en el "extranjero". (314) Ley 13064, artículo 10 ; Reglamento de las Contrataciones del Estado, reglamentación al artículo 62 del decreto-ley 23354/56, inciso 2º. (315) Ley 13064, artículo 10 , in fine, reformado por la ley 16798 , del año 1965; decreto-ley 23354/56, artículo 62, segunda parte, reformado por el decreto 6449/67; Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 3º, 4º y 5º de la reglamentación al expresado artículo 62 del decreto-ley 23354/56. (316) En igual sentido: Sepe: "Contratto della pubblica amministrazione", página 141, extraído de la "Enciclopedia del Diritto", edición especial para los alumnos de la Universidad de Roma, Milano 1960. Este autor insiste en la importancia del llamado a
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licitación, que debe redactarse en la forma legal pertinente para evitar la nulidad del procedimiento. Asimismo: Sayagués Laso: "La licitación pública", páginas 107-108. (317) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 49 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad; Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, artículos 1º y 27. En cuanto al fundamento jurídico positivo del Reglamento de las Contrataciones del Estado y del Reglamento de Registro de Constructores de Obras Públicas, véase precedentemente notas 180 y 181. Respecto a la "inscripción" que deben efectuar los eventuales oferentes, el anterior Reglamento de las Contrataciones del Estado, con relación a los contratos que prevé el artículo 55 del decreto-ley de contabilidad 23354/56, "centralizó" y "unificó" esa inscripción en el "Registro de Proveedores del Estado" que está a cargo de la Dirección General de Suministros del Estado, ante cuyo organismo deben presentarse las respectivas solicitudes. "Las que ocasionalmente se interpusieran ante otros organismos se girarán de inmediato a la citada repartición" (incisos 1º y 5º de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). Con referencia a la expresada inscripción, se ha dicho que ella "es la única exigible para poder participar en las licitaciones que efectúa cualquier organismo, terminando con el problema que se les creaba a los oferentes, que debían inscribirse, en la mayoría de los casos, en cada repartición en que deseaban actuar" (Horacio Darío Hojman: "El nuevo Reglamento de las Contrataciones del Estado", en el diario "La Nación", Buenos Aires, domingo 1º de diciembre de 1963). Actualmente el decreto 5720/72, inciso 1º de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, pone esa función a cargo de la Contaduría General de la Nación. El Reglamento de las Contrataciones del Estado ha tenido modificaciones. Ver: Eduardo Mertehikian: "Modificación al régimen de contrataciones del Estado. El decreto 825/88", en revista "Régimen de la Administración Pública", nº 129, página 18 y siguientes; Guido Santiago Tawil: "Las modificaciones en el régimen de contrataciones del Estado", en "La Ley", del 11 de octubre de 1988. (318) Brandƒo Cavalcanti: "Tratado de Direito Administrativo", tomo 2º, páginas 414-415. (319) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 10, página 338 y siguientes, especialmente páginas 341-342, in re "Tristán Brocate s/hurto", sentencia del 24 de agosto de 1871. (320) Bandƒo Cavalcanti: op. cit., tomo 2º, página 415. (321) Véase el Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 7º de la reglamentación al artículo 61 del decreto-ley de contabilidad. (322) Puede verse: Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 505, páginas 22-23, números 197, 199, 200 y 201. (323) Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, artículo 13, segunda parte.
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(324) Actualmente véase el decreto 5720/72, reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, inciso 7º. (325) Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 563, y jurisprudencia de la Suprema Corte uruguaya citada por dicho tratadista. Del mismo autor: "La licitación pública", páginas 114-119. Sayagués Laso, para fundamentar su solución de que las exclusiones en una licitación ya abierta, cuando en su pliego de condiciones o en alguna norma obligatoria nada se diga sobre el punto, sólo pueden referirse a licitaciones futuras y no a la presente, sostiene que ése es el criterio sustentado para las causales de exclusión que no figuran en el pliego o en los reglamentos ("La licitación pública", página 116, nota 2). Sin perjuicio de lo que digo en el texto, no creo aceptable dicho argumento, pues las situaciones son absolutamente distintas. En el caso contemplado en el texto, se parte de que nada dicen el pliego de condiciones ni las normas vigentes acerca de la previa justificación de la idoneidad de los licitadores; en cambio, cuando las normas vigentes incluyan unas causales de exclusión, y omitan otras, cuadra suponer que el legislador sólo quiso referirse a las causales de exclusión incluidas en las normas, siéndole indiferentes otras posibles causales de ese tipo. Véase: Quancard: "L´adjudication des marchés publics de travaux et de fournitures", páginas 84-85. (326) Sepe: "Contratto della pubblica amministrazione", extraído de la "Enciclopedia del Diritto", página 144, edición especial para los estudiantes de la Universidad de Roma, Milano 1960. (327) En sentido concordante: Quancard: "L´adjudication etc.", página 89 y siguientes. (328) En tal sentido, el inciso 76 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad (decreto-ley 23354/56), dice así: "La preadjudicación deberá recaer en la propuesta que sea la demás bajo precio, salvo la excepción dispuesta en el apartado e) del inciso 84". (329) Ley de obras públicas, 13064, artículo 18 , segunda parte, que dice: "La presentación de propuestas no da derecho alguno a los proponentres para la aceptación de aquéllas". El anterior Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 77 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad (decreto-ley 23354/56), expresaba lo siguiente: "En cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación se podrá dejar sin efecto la licitación, rechazar todas o parte de las propuestas, así como pre-adjudicar todos o alguno de los renglones licitados. Para pre-adjudicar parte de un renglón deberá requerirse la previa conformidad del oferente, salvo que la diferencia no exceda del 10 (diez) por ciento". Concuerda con lo dispuesto en el decreto 5720/72, reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, inciso 77. (330) Joaquín Escriche: "Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia", tomo 3º, página 936, Madrid 1875, vocablo "licitador o licitante". (331) Ver argumento del inciso 49 de la actual reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad de la Nación (decreto 5720/72).
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(332) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 505, página 23, números 199, 200 y 201; Sepe: "Contratto della pubblica amministrazione", extraído de la "Enciclopedia del Direitto", páginas 143-144, edición especial para los estudiantes de la Universidad de Roma, Milano 1960; Caetano: "Manual de Direito Administrativo", páginas 317-318, Lisboa 1965. (333) Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 64 y 67 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (334) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 68 de la anterior reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad que dice así: "No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, como ser: falta de precio unitario o de totalización de la propuesta, error en el monto de la garantía cuando correspondiere su presentación, omisión del duplicado de la oferta u otros defectos que no impidan su exacta comparación con las demás presentadas". En igual sentido, incisos 65 y 66 de la reglamentación del decreto 5720/72, a la ley de contabilidad, artículo 61. En Francia, la jurisprudencia se ha mostrado muy estricta en este orden de ideas: así, cuando el pliego de condiciones exige que las propuestas se hagan en papel timbrado, la omisión de esta formalidad invalida la oferta, sin que pueda subsanársela posteriormente (jurisprudencia del Consejo de Estado, citada por Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, nº 279, página 282). (335) En igual sentido: Sayagués Laso: "La licitación pública", nº 27, páginas 35-36, y nº 90, páginas 128-131, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 564. (336) Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 4º, página 348, punto 2. (337) En lo pertinente, dice así la ley 13064: "Las propuestas cerradas se presentarán hasta la fecha y hora señaladas para el acto de la licitación y serán hechas en pliegos firmados por el proponente y acompañadas por el documento en que conste haberse efectuado el depósito previo, exigido por el artículo anterior" (artículo 15 ). El artículo 16 confirma el carácter escrito de la propuesta. El anterior Reglamento de las Contrataciones del Estado decía así: "Las propuestas, que serán presentadas siempre en sobre cerrado y por duplicado cuando así lo requieran las cláusulas particulares, se admitirán hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. El sobre no deberá contener inscripción alguna, salvo la indicación de la contratación a que corresponde y el día y hora de apertura. La propuesta deberá consignar el número de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado y estar firmada por el oferente o su representante legal. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta deberán estar debidamente salvadas por el oferente. A cada oferta deberá acompañarse la constancia de la constitución de la garantía cuando correspondiere" (inciso 52 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). El decreto 5720/72, sigue igual criterio. Ver incisos 50 y 64 de la reglamentación al citado artículo 61.
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(338) Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 64 y 67 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (339) En tal sentido: Sayagués Laso: "La licitación pública", páginas 126-127, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 564. (340) Sayagués Laso: "La licitación pública", páginas 127-128. (341) Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 65 y 66 de la reglamentación del artículo 61 de la ley de contabilidad. (342) Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Fuentes de las Obligaciones. Contratos", tomo 1º, números 75, 76 y 77, Buenos Aires 1946; Llambías: "Tratado de Derecho Civil. Parte General", tomo 2º, nº 1736, páginas 492-493. (343) Así, en cierta oportunidad, la Cámara Federal de la Capital declaró que no es excusable el error en las especificaciones del precio de la mercadería en una licitación pública ("Jurisprudencia Argentina", 1966-III, páginas 451-453). El demandado pretendía haber sufrido error al intervenir en una licitación para proveer clavos "punta parís" y "patente" de distintas medidas, pues "cotizó por los items 33 al 42 punta parís los precios normales de plaza, y que por un error de interpretación cotizó por los items 51 al 53 como si fueran puntas patente y no clavos patente". En definitiva, el demandado sostuvo que el precio cotizado resultaba inferior al real. El tribunal consideró que ese presunto error no era excusable, por responder a una negligencia culpable. En otra oportunidad, la Cámara Federal de Tucumán declaró que no había error excusable, tratándose "de la contratación de una obra consistente en la ejecución de trabajos que son de la profesión u oficio habitual del proponente adjudicatario, y que después de transcurrido bastante tiempo hasta comenzar la ejecución de la obra, recién una vez que ésta se está realizando, declara conocer que su calidad y valor representa el doble de su cálculo. Estas circunstancias revelan que no se está en presencia de error excusable, de la naturaleza y caracteres previstos por el Código Civil" ("Jurisprudencia Argentina", 1958-II, página 111 y siguientes, especialmente página 117). En sentido concordante: Cámara Federal de Córdoba, en "jurisprudencia Argentina", 1948-I, página 242 y siguientes, especialmente páginas 247-248. Además: Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 505, página 21, nº 184. En otra ocasión, la Cámara Civil 2ª de la Capital, en base al error de hecho alegado por la parte demandada, hizo lugar a la nulidad de un contrato de suministro. El tribunal entendió que, en efecto, existía el error invocado; dijo así: "de autos resulta plenamente acreditada la existencia de un error sobre el objeto del contrato, puesto que la licitación que se realizaba era para el racionamiento del personal de tropa de bomberos, en tanto que los demandados entendían hacer su propuesta para el racionamiento de detenidos. El error queda demostrado con los siguiente antecedentes: a) el informe de fs. 9, emanado del empleado que presidió el acto de licitación; b) el pliego de fs. 8; c) la diferencia enorme entre el precio que regía para igual servicio de 1919 y el ofrecido por los demandados para el año 1920; esta diferencia es tan grande, que en el informe antes citado se dice que el precio ofrecido por los demandados es realmente bajo y posiblemente no alcanza a cubrir el costo
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de los artículos que la componen, es decir, el precio de los artículos que componen la ración diaria de la tropa. En presencia de estos antecedentes y teniendo en cuenta que según resulta del mismo informe ya citado, el mismo día y a la misma hora se realizaba también la de tropa de bomberos, considero que el error de los demandados es excusable y que, en consecuencia, el acto debe ser anulado de conformidad a lo dispuesto en los artículos 927 , primera parte, y 929 del Código Civil" ("Jurisprudencia Argentina", tomo 38, página 309 y siguientes, especialmente páginas 312-313). Siendo el autor de la presente obra Procurador del Tesoro de la Nación, aconsejó que se dejara sin efecto la adjudicación de un contrato de suministro donde el adjudicatario, persona modesta en sus recursos y en su condición social, había ofrecido el más bajo precio para proveer cierto artículo destinado a una repartición estatal. Resultó que dicha persona, en lugar de licitar para el artículo que ella tenía en vista y que podía producir en su pequeño taller o fábrica, licitó otro artículo de caracteres muy similares, incluido en el mismo llamado a licitación, pero que, aparte de que ella carecía de elementos para producirlo, su precio era superior al del artículo por el que entendió licitar. Como por el artículo de precio superior se ofreció el precio que correspondía al artículo de precio inferior, el oferente resultó adjudicatario del contrato. Pero habiéndose acreditado que la persona de referencia sólo tenía elementos para fabricar el artículo por el que en realidad entendió licitar; acreditadas, además, las modestas condiciones del proponente, y dado el reducido monto del contrato, se aconsejó dejar sin efecto la adjudicación, sin perjuicio de que el licitador abonase los gastos que realizó el Estado en el trámite de esa contratación. El dictamen, en lo pertinente, dice así: "Cuando el error, si bien no excusable en estricto derecho, se produce por un actuar con `negligente buena fe´, o aun con torpeza, el Estado, `buen padre de familia´, órgano creador y regulador del derecho, no debe ampararse en él para exigir el fiel cumplimiento de obligaciones; pero, como tampoco sería equitativo que el Estado se perjudique perdiendo los importes que haya desembolsado para obtener las ofertas, el empresario debe reintegrar los gastos producidos" ("Dictámenes", tomo 83, página 180). (344) Llambías hace notar, con acierto, que en esos casos quien invoca su propio yerro para invalidar el acto, debe resarcir los daños que la otra parte -de buena fe- no habría sufrido si el acto no se hubiera celebrado (op. cit., tomo 2º, página 493). Este último criterio es el mismo seguido por el autor de la presente obra en uno de sus dictámenes como Procurador del Tesoro de la Nación (ver nota 309, último párrafo), donde la Administración Pública dejó sin efecto el contrato ante un "error" denunciado después de la adjudicación. (345) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 110, Buenos Aires 1950; Waline: "Droit Administratif", nº 1014, página 603; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 537, página 292, y "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, páginas 285-286. (346) Dice así dicho texto, en su primera parte: "Los proponentes deben mantener las ofertas durante el plazo fijado en las bases de la licitación". (347) El anterior Reglamento de las Contrataciones del Estado establecía al respecto: "En las cláusulas particulares deberán indicarse los requisitos esenciales de la contratación, y en
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especial: a) Lugar, día y hora donde se presentarán y abrirán las ofertas; b) Plazo de mantenimiento de las mismas, cuando sea distinto al determinado en el inciso 64" (inciso 45, apartados a] y b]). "Los proponentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de 30 (treinta) días a contar de la fecha del acto de apertura. Cuando por la urgencia, naturaleza o importancia de la contratación -circunstancias éstas que deberán estar justificadas en las actuaciones respectivas- fuere necesario fijar un término distinto del indicado, regirá el plazo que a tal efecto se establezca en las cláusulas particulares. Si en la contratación respectiva se formulara impugnación de acuerdo con lo previsto en el inciso 79, el plazo de mantenimiento de las propuestas presentadas en la misma se considerará automáticamente ampliado en 5 (cinco) días. Vencido el lapso fijado sin haberse efectuado adjudicación, la oferta caducará, salvo que se obtuviere prórroga del proponente" (inciso 64). "El contrato se perfecciona con la adjudicación efectuada por la autoridad competente dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta según lo dispuesto en el inciso 64 y la comunicación que se refiere el inciso 81 (inciso 80). "La adjudicación será comunicada al interesado por carta certificada con aviso de retorno, remitida dentro de los 7 (siete) días de acordada, mediante orden de compra, provisión o venta y excepcionalmente en cualquier otra forma documentada, constituyendo esa comunicación -cualquiera fuere la fecha de su recepción- la orden para cumplimentar el compromiso en las condiciones estipuladas. Vencido dicho plazo sin que se hubiere efectuado la comunicación, el interesado podrá requerirla por cualquier medio fehaciente. Si dentro de los 3 (tres) días siguientes el organismo licitante no remitiere la comunicación al recurrente, la oferta caducará automáticamente" (inciso 81). Ver incisos 45, 61, 80 y 81 del decreto 5720/72, reglamentario del artículo 61 de la ley de contabilidad. (348) Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 61 y 81 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad; Jèze: op. cit., tomo 4º, página 110; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, páginas 286-287. (349) El licitador que después resulte "adjudicatario" deberá otorgar otra fianza, de mayor monto, para responder a sus obligaciones como "cocontratante". (350) Ver el decreto 1421/78. (351) Waline manifiesta que al licitador que resulta adjudicatario no se le debe devolver la garantía de oferta, sino que debe ser invitado a completar esa fianza para constituir la "garantía de adjudicación" o "garantía definitiva" ("Droit Administratif", nº 986, página 588, Paris 1963). (352) Waline: "Droit Administratif", nº 987, página 589, Paris 1963. (353) Véanse las referencias de Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", páginas 137-138. (354) Mó: op. cit., páginas 140-141.
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(355) Ver Mó: op. cit., página 175. Puede verse el trabajo de Marcelo Ovejero G ﾁemes: "Garantía por póliza de seguro", en "Jurisprudencia Argentina", 1967-VI, página 816 y siguientes, sección doctrina. (356) Véase dicha ley 17804 en "Revista de Legislación Argentina", de "Jurisprudencia Argentina", nº 22, julio de 1968, página 56 (a). Asimismo, véase el trabajo de Ariel Fernández Dirube: "Seguro de caución y la ley de obras públicas", en el diario "La Nación", 28 de agosto de 1968, página 21. Asimismo, véase el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 7712, del 6 de diciembre de 1968, que, en los casos que menciona, autoriza apartarse en los pliegos de condiciones y contrataciones, de los montos y formas de constituir las garantías de "oferta" y de "adjudicación". Dicho decreto 7712 puede vérsele en "Revista de Legislación Argentina", de "Jurisprudencia Argentina", nº 27, diciembre de 1968, página 60. (357) Sayagués Laso: "La licitación pública", nº 94, páginas 135-136, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º página 564. (a) Véase el decreto 411/69, reglamentario de la ley 17804 . Además, sobre seguro de caución en el contrato de obra pública, véase: Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 30-6-92, in re "Gobierno Nacional (Secretaría de Intereses Marítimos) c/Prudencia Cía. Argentina de Seguros Generales S.A." , en "Jurisprudencia Argentina", 2 de diciembre de 1992. (358) Sayagués Laso: obras y lugares citados en la nota precedente. (359) Sayagués Laso: "La licitación pública", página 136, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 564. (360) Ley 13064, artículo 18 , primera parte: "La circunstancia de no haberse presentado más de una propuesta no impide la adjudicación". (361) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 74 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad: "La preadjudicación podrá efectuarse aun cuando se hubiere obtenido una sola oferta". (362) Sobre lo que ha de entenderse por "forma" en materia de actos administrativos, y sobre las "formas" en su función de garantía, véase el tomo 2º de la presente obra, números 405, 407 y 408. (363) Ley nacional de obras públicas, 13064, artículo 16 ; Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 62 y 63 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (364) En sentido concordante: Greca: "La licitación y los privilegios en los contratos administrativos", página 25, Santa Fe 1941. (365) En sentido concordante: Sayagués Laso: "La licitación pública", nº 26, página 35; nº 41, páginas 50-51, y nº 96, página 139.
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(366) Greca: op. cit., página 25. (367) Puede verse: Sayagués Laso: "La licitación pública", nº 26, página 35; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 542, página 294. (368) Decreto-ley de contabilidad 23354/56, artículos 57 a 60; Reglamento de las Contrataciones del Estado, reglamentación al artículo 57 de la ley de contabilidad e incisos 72, 79 -segundo párrafo- y 80 de la reglamentación al artículo 61 de dicha ley. (369) Véanse: Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 68-69; Caetano: "Manual de Direito Administrativo", página 319, Lisboa 1965. (370) Decreto-ley de contabilidad 23354/56, artículos 57 a 60, y decreto 6449/67; Reglamento de las Contrataciones del Estado, reglamentación al artículo 57 de dicho decreto-ley, e incisos 10 a 79, 80, 139 y 150 de la reglamentación al artículo 61 del expresado decreto-ley; ley de obras públicas 13064, artículo 19 , y decreto 19324/49, artículo 3º. (371) Acerca de la "aprobación", véase el tomo 1º de la presente obra, nº 230. (372) Véase: Sayagués Laso: "La licitación pública", página 42-43. (373) Jèze: "Principios generales de derecho administrativo", tomo 4º, páginas 114-115, Buenos Aires 1950; Caetano: "Manual de Direito Administrativo", página 319, Lisboa 1965. (374) Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 541, página 293. (375) Laubadère: op. cit., tomo 1º, nº 543, página 294, Además: Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 114-115. (376) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 77 de la reglamentación del artículo 61 de la ley de contabilidad. Asimismo, véase el artículo 18 , segunda parte, de la ley 13064. (377) Greca: op. cit., página 17. (378) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 80 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (379) En sentido concordante: Sayagués Laso: "La licitación pública", página 144. (380) Véanse: Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 544, página 294; Greca: op. cit., página 17; Sayagués Laso: "La licitación pública", páginas 143-144.
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(381) Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 33, 39, apartado b), 116 y 117 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad; ley de obras públicas 13064, artículo 21 . (382) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que el importe del depósito de garantía sólo responde al fin específico que lo motiva, con relación a determinado contrato, no pudiéndole utilizar para cuestiones ajenas a ello ("Fallos", tomo 186, página 108 ). (383) Ver Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 1º y siguientes de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (384) Véase la nota (a) del nº 641. (385) Reglamento de las Contrataciones del Estado, reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, incisos 70, 76, 139 y 150. (386) Bien entendido que el "llamado a licitación" no es una "oferta" de parte de la Administración Pública (ver el nº 636, punto C.). (387) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 80 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, que dice así: "El contrato se perfecciona con la adjudicación efectuada por la autoridad competente dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta según lo dispuesto en el inciso 61 y la comunicación a que se refiere el inciso 81". (388) Es el criterio seguido en nuestro país, en el orden nacional, para los contratos contemplados por el artículo 55 de la ley de contabilidad (Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 83 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). Otras legislaciones requieren, además de la notificación de la adjudicación, la formalización del contrato en un documento ad hoc, especial: es el criterio que entre nosotros se sigue, en el orden nacional, en materia de contratos de construcción de obras públicas (ley 13064, artículos 14 , 21 , 22 y 24 ). (389) En sentido concordante al que dejo expresado, Sayagués Laso, refiriéndose a la "adjudicación", dijo: "Se trata, pues, de una declaración de voluntad administrativa que cierra el vínculo jurídico con el oferente" ("La licitación pública", página 51, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 565-566). Además: Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 544, página 294. (390) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 115, Buenos Aires 1950; Sayagués Laso: "La licitación pública", páginas 144-145. Además: Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, números 543 y 544, página 294. (391) Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 45, apartado b), 61, 80 y 81 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad.
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(392) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 81, in fine, de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. En idéntico sentido el texto del decreto 5720/72. (393) Téngase presente la ley 16986 , sobre acción de amparo, publicada el 20 de octubre de 1966, la cual, si bien admite dicha acción respecto a actitudes "omisivas" de la Administración Pública, circunscribió las condiciones de su ejercicio. Asimismo, téngase presente la ley 19549/72, artículo 28 , acerca del amparo por mora de la Administración. (394) Greca: "La licitación y el privilegio en los contratos administrativos", página 27; Sayagués Laso: "La licitación pública", nº 28, página 36. En realidad, el verdadero concepto de "mejora de precio" es otro, según lo advertiré luego en este mismo parágrafo. (395) Greca: op. cit., página 27. En igual sentido: Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", páginas 161-162; Superior Tribunal de Santa Fe, en "Jurisprudencia Argentina", tomo 75, página 285 y siguientes, especialmente páginas 289-291. (396) Greca: op. cit., página 27. (397) Greca: op. cit., página 28. (398) En sentido concordante al del texto: Superior Tribunal de Santa Fe, en "Jurisprudencia Argentina", tomo 75, página 285 y siguientes, especialmente 289-291. (399) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 103, Buenos Aires 1950; Vedel: "Droit Administratif", página 649; Waline: "Droit Administratif", nº 993, página 591. (400) El inciso 73 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, dice así: "En caso de igualdad de precios la preadjudicación recaerá en la propuesta que ofrezca elementos de mejor calidad, si ello surgiera de las características especificadas en la oferta. De lo contrario se solicitará de los respectivos proponentes que, por escrito y dentro del término de 3 (tres) días, formulen una mejora de precios. "Las propuestas que en su consecuencia se presenten serán abiertas en el lugar, día y hora establecidos en el requerimiento, labrándose el acta pertinente. "De subsitir el empate, por no lograrse la modificación de los precios o por resultar éstos nuevamente iguales, se dará preferencia en la preadjudicación a la propuesta que originariamente hubiere acordado descuento por pago en el plazo fijado en el inciso 111. "De mantenerse la igualdad se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas, salvo cuando se trate de efectos nacionales y extranjeros, en cuyo caso la preadjudicación recaerá en los primeros y, en segundo término, en los introducidos al país con anterioridad a la contratación. "No se solicitará mejora de precios y se seguirá el procedimiento indicado en los párrafos tercero y cuarto cuando el renglón empatado no exceda de $ 5.000 m/n (cinco mil pesos moneda nacional). "Los sorteos se efectuarán por la comisión de preadjudicación en presencia de los
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interesados que concurriesen, labrándose el acta pertinente". El decreto 5720/72, artículo 73, concuerda con el transcripto texto del anterior reglamento. (401) Ver en la nota precedente el Reglamento de las Contrataciones del Estado. (402) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 103; Waline: "Droit Administratif", nº 993, página 591; Vedel: "Droit Administratif", página 649. (403) En igual sentido: Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", página 109. (404) Compárese el decreto 5720/72, inciso 7º, reglamentario del artículo 56 de la ley de contabilidad. (405) En tal orden de ideas, se ha escrito: "Las ofertas inadmisibles se presentan cuando no se ajustan a las bases respectivas: cuando contienen deficiencias insalvables, de carácter técnico; cuando se advierten estimaciones irrisorias que hagan prever el incumplimiento; cuando se proponen precios elevadísimos que los hagan inaceptables; cuando se advierte falta de solvencia económica o moral de los empresarios debidamente justificada, etc. En esto casos debe dejarse sin efecto la licitación..." (Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", página 109). (406) Véase: Sayagués Laso: "La licitación pública", páginas 148-149, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 566-567. Respecto a los límites a la actividad de la Administración Pública, véase el tomo 1º de la presente obra, nº 9. (407) En igual sentido: Sayagués Laso: "La licitación pública", páginas 149-150, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 566-567. (408) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 79 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. Dicho inciso 79 tiene, además, el siguiente párrafo final: "Sin perjuicio de las acciones legales a que pudieran dar lugar las impugnaciones totalmente infundadas, éstas podrán ser consideradas como infracción y harán pasible al responsable de las sanciones establecidas en los incisos 8º y siguientes". Acerca del verdadero valor y alcance que pueda tener semejante disposición reglamentaria, en su parte final, véase lo que para una hipótesis substancialmente similar expuse en el tomo 1º, nº 283. Ver el actual inciso 79 del decreto 5720/72. (409) Asimismo, puede verse a Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 567. Véase el tomo 2º de la presente obra, números 453-468, y el precedente nº 603. (410) Puede verse el tomo 5º de la presente obra, nº 1862, sobre el alcance del fallo que recaiga en acciones de la índole de la considerada en el texto; véanse también el nº 499, tomo 2º, de la presente obra, y el nº 745 del presente tomo 3º, donde se analizan diversas cuestiones relacionadas con el posible alcance del fallo que dicte entonces la autoridad jurisdiccional. Además: Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 567; Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 500-501.
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(411) Decía así el inciso 80 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad: "El contrato se perfecciona con la adjudicación efectuada por la autoridad competente dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta según lo dispuesto en el inciso 64 y la comunicación a que se refiere el inciso 81". Concuerda con el actual inciso 80 del decreto 5720/72. (412) "Entre la Administración Pública y el adjudicatario se firmará el contrato administrativo de obra pública... Formarán parte del contrato que se suscriba, las bases de licitación, el pliego de condiciones, las especificidades técnicas y demás documentos de la licitación" (artículo 21 de la ley 13064). "Los contratos quedarán perfeccionados con el cumplimiento de los preceptos enunciados en los precedentes artículos, sin necesidad de otros trámites" (artículo 24 de la ley citada). Como acertadamente lo pone de manifiesto Mó, ante el silencio de la ley 13064 en cuanto al término o plazo dentro del cual debe ser formalizado el contrato, "la interpretación del pensamiento del legislador debe ser rigurosa, es decir, que practicada la adjudicación, la firma del contrato podrá solicitarse inmediatamente sin que ninguna de las partes pueda aducir espera, salvo que en las bases de la licitación o pliegos de condiciones, se haya contemplado alguna situación referente al aspecto que nos ocupa" ("Régimen Legal de las Obras Públicas", página 174). Así es en efecto, pues es principio de derecho general que las modalidades de las obligaciones -entre ellas el plazo- no se presumen, y que tratándose de obligaciones puras su cumplimiento puede ser exigido de inmediato, tanto más cuando, como en este caso, no cuadre hablar de una modalidad "presunta" -y menos aún "tácita"- (Código Civil, artículo 527 ; Alfredo Colmo: "De las Obligaciones en General", números 190-191, páginas 149-150; Eduardo B. Busso: "Código Civil Anotado", tomo 3º, página 448, nº 16; Héctor Lafaille: "Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones", tomo 2º, nº 887, página 29, texto y notas, Buenos Aires 1950). (413) En igual sentido: Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 565-566. (414) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 179, página 249 y siguientes, especialmente páginas 276-277, in re "S.A. Empresa Constructora F. H. Schmidt c/Provincia de Mendoza s/cobro de pesos" . En igual sentido: Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 144, página 255 y siguientes (esta sentencia véasela, además en "Jurisprudencia Argentina", tomo 17, página 18); Cámara Federal de Paraná, en "Jurisprudencia Argentina", tomo 2º, página 392 y siguientes; Cámara Federal de Mendoza, en "Jurisprudencia Argentina", 1957-III, página 517 y siguientes. Además, véase Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 294, página 69 y siguientes; tomo 310, página 2278 y siguientes; tomo 311, página 2831 y siguientes. (415) "...siendo indiferente que el contrato haya tenido principio de ejecución, porque al ser la licitación un procedimiento de orden público no puede omitirse el cumplimiento de las normas que la reglamentan" (Corte Suprema, "Fallos", tomo 294, página 69 y siguientes).
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(416) Sayagués Laso: "La licitación pública", páginas 59-60, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 557-558; Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 319 y 322, Buenos Aires 1947. (417) En igual sentido: Sayagués Laso: "La licitación pública", página 61; Bielsa: op. cit., tomo 1º, página 322. (418) Ver precedentemente, nº 636, punto B. (419) La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en sentido concordante con el expuesto en el texto. Véase la precedente nota 248. (420) Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 4º, página 348; Sayagués Laso: "La licitación pública", página 119, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 563; Sepe: "Contratto della pubblica amministrazione", extraído de la "Enciclopedia del Diritto", edición especial para los estudiantes de la Universidad de Roma, página 150; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, nº 284, páginas 287-288; Waline: "Droit Administratif", nº 995, página 592; Vedel: "Droit Administratif", página 649. (421) En igual sentido: Sayagués Laso: "La licitación pública", páginas 119-120, y "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 563. (422) La ley nacional de obras públicas, 13064, en su artículo 9º , admite la licitación privada en los siguientes supuestos: a) cuando el costo de la obra -según la reforma introducida por la ley 16798 , del año 1965 y el decreto del P.E.N. 3039/72 dictado en su mérito-, no exceda de trescientos mil pesos "o lo que se fije en el futuro"(a); b) cuando los trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de ejecución, no hubieren sido previstos en el proyecto ni pudieran incluirse en el contrato respectivo. El importe de tales trabajos complementarios no excederá de los límites consignados en la escala que incluye la ley; c) cuando los trabajos de urgencia reconocida o las circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los trámites de la licitación pública; d) cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o gran reserva; e) cuando para la adjudicación resulte determinante la capacidad artística o técnico-científica, la destreza o habilidad o la experiencia particular del ejecutor del trabajo o cuando éste se halle amparado por patente o privilegios o los conocimientos para la ejecución sean poseídos por una sola persona o entidad; f) cuando realizada una subasta, no hubiere habido proponente o no se hubiere hecho oferta admisible. (a) El decreto 3558/77 elevó los montos. (423) De acuerdo al decreto-ley 23354/56, artículo 56, inciso 1º, modificado por el decreto 6449/67, procede la licitación privada cuando el valor estimado para la operación no exceda de dos millones de pesos. El decreto 1791/74 elevó dicho monto a $ 770.000. El decreto 1421/78 elevó ese monto.
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(424) En idéntico sentido: Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 563. (425) Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 8º y 9º de la reglamentación al artículo 62 de la ley de contabilidad. (426) Ley de obras públicas, 13064, artículo 9º , inciso f); decreto-ley de contabilidad 23354/56, artículo 56, inciso 3º, apartado e). (427) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, números 292 y 293, páginas 293-294, Paris 1956; Waline: "Droit Administratif", nº 987, página 589, Paris 1963. (428) Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 4º, página 348, nº 7; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, nº 284, página 288; Sayagués Laso: "La licitación pública", página 120, y "Tratado de Derecho Administrativo", página 563, nº 383. Además, puede verse a Waline: "Droit Administratif", página 592, nº 995, in fine. (429) Las oficinas administrativas. se pronunciaron en idéntico sentido. Véase la referencia que hace Horacio A. Oliveros: "Ley de contabilidad pública", página 144, Buenos Aires 1963. (430) Zanobini: "Corso di diritto amministrativo, tomo 4º, página 349. La circunstancia de que, en algunos ordenamientos jurídicos -como en el reglamento nacional de las contrataciones del Estado, vigente en nuestro país- se exija que en los casos de contrataciones directas se les solicite oferta a algunas casas del ramo (tres en el citado Reglamento de las Contrataciones del Estado), esto, desde el punto de vista técnico, no apareja ni determina precisamente una "puja" o "concurrencia" entre dichas casas: 1º porque éstas no comparecen motu proprio, espontáneamente, haciendo su oferta en pugna con otros oferentes, sino que se ponen en contacto con la Administración Pública respondiendo a una "solicitud" directa que ésta les hace; 2º a parte de ello, la propia "contratación directa" -sin necesidad de recurrir a otro medio subsidiario- también puede llevarse a cabo sin la comparecencia de esas tres casas del ramo, cuando circunstancias particulares obstaren a tal comparecencia; en este último caso simplemente "deberá dejarse constancia de las razones que impidieren proceder así" (inciso 10 de la reglamentación al artículo 62 de la ley de contabilidad). (431) Vedel: "Droit Administratif", página 650. (432) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, nº 316, página 308. No obstante, en los ordenamientos jurídicos que, como el Reglamento Nacional de las Contrataciones del Estado vigente en nuestro país, requieren que en los supuestos de contrataciones directas se les solicite ofertas a determinado número de casas del ramo, el "automatismo" de referencia recobra imperio cuando efectivamente, respondiendo a la
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solicitud que se les formuló, comparece más de una casa del ramo haciendo oferta (ver más adelante, nº 685, punto a]). (433) Vedel: op. cit., página 650. (434) Es la denominación utilizada por la ley nacional de obras públicas, 13064, artículo 9º ; por el decreto-ley de contabilidad 23354/56, artículo 56, inciso 3º, y por el Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 10 de la reglamentación al artículo 62 de la ley de contabilidad. (435) Esta última ("concierto directo") es una denominación de uso en España (Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 71). (436) Rivero: "Droit Administratif", página 105. (437) Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 4º, página 349; Sepe: "Contratto della pubblica amministrazione", extraído de "Enciclopedia del Diritto", página 153, edición especial para los estudiantes de la Universidad de Roma, Milano 1960. (438) Caetano: "Manual de direito administrativo", página 312, Lisboa 1965; José Cretella Júnior: "Tratado de Direito Administrativo", tomo 3º, página 106, Rio de Janeiro-Säo Paulo 1967. (439) Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 4º, página 349. (440) Ley de obras públicas, 13064, artículo 9º . (441) Vedel: "Droit Administratif", página 650; Sepe: "Contratto della pubblica amministrazione", página 153, extraído de la "Enciclopedia del Diritto", edición especial para los estudiantes de la Universidad de Roma, Milano 1960. (442) Los montos de referencia fueron respectivamente modificados por los decretos 3558/77 y 1791/74. (443) Ley nacional de obras públicas, 13064, artículo 9º , modificada por la ley 16798 ; decreto-ley de contabilidad, 23354/56, artículo 56, inciso 3º, modificado por los decretos 6449/67, 1791/74 y 1421/78. (444) Téngase presente la ley universitaria 23068 , del año 1984. (445) Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 71. (446) En igual sentido: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 308. En sentido concordante: Caetano: "Manual de direito administrativo", página 312; Wainer: "Contratos Administrativos", página 202; Cretella Júnior: "Tratado de Direito Administrativo", tomo 3º, página 106; Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", página 111.
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(447) Laubadère: "Droit Adminsitratif Spécial", página 43, y "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 308. Véase precedentemente, nº 681, texto y notas 387-389. (448) El inciso 10 de la reglamentación al artículo 62 de la ley de contabilidad de la Nación, dice así: "En las contrataciones directas autorizadas por el inciso 3º del artículo 56 de la ley, apartados a), d) y e) -este último sólo para el caso de licitaciones desiertas-, se solicitará oferta a 3 (tres) casas del ramo, dejándose constancia, en caso contrario, de las razones que impidieren proceder así". (449) Véase "el principio" que expone Waline: "Droit Administratif", nº 995, in fine, página 592, Paris 1963. (450) Véanse Vedel: "Droit Administratif", página 650; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 308. (451) Waline: "Droit Administratif", nº 999, página 595, Paris 1963. (452) En la precedente nota 403 está transcripto el respectivo texto del Reglamento de las Contrataciones del Estado. (453) Ver Código de Comercio, artículos 113-122 . (454) Malagarriga: "Tratado Elemental de Derecho Comercial", tomo 2º, página 161 y siguientes, Buenos Aires 1963. (455) Véase Wainer: "Contratos Administrativos", página 159. (456) Malagarriga: op. cit., tomo 2º, página 161. (457) Además, ver los artículos 4º , 11 , 16 y 17 de dicha ley. (458) Decreto-ley de contabilidad 23354/56, artículo 56, incisos 2º y 3º, apartado b); Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 49, apartado e., de la reglamentación al artículo 62 de la ley de contabilidad. Prescindo, a estos efectos, de la ley de obras públicas 13064 , pues ésta no es que "autorice" el "remate público", o "subasta", sino que al referirse a éstos los confunde o asimila con la "licitación pública", a la que en realidad ha querido referirse dicha ley. (459) Constituciones de Buenos Aires, artículo 184 , inciso 5º; Chubut, artículo 209 , inciso i); Mendoza, artículo 202 , inciso 5º; Misiones, artículo 171 , inciso 7º; Neuquén, artículo 204 , inciso e]; Río Negro, artículo 174 , inciso e). (460) En el orden nacional, tratándose de "muebles", la oficina especializada es el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, y tratándose de "inmuebles", el Banco Hipotecario Nacional. Ambas reparticiones, en este orden de ideas, gozan de gran y muy merecido prestigio. A raíz de una consulta formulada por la Dirección General de Suministro del Estado al
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Tribunal de Cuentas de la Nación, acerca de si podía realizar por sí remates públicos de los bienes respectivos, se ha dicho, con acierto, que si la Dirección General de Suministros del Estado "ponderando la frecuencia, periodicidad y características de las ventas que deben efectuarse por su intermedio, estima necesario hacerlo, debería proyectar una reglamentación orgánica del servicio de ventas para someterla a la consideración del Poder Ejecutivo" (resolución del Tribunal de Cuentas de la Nación, transcripta por Horacio A. Oliveros, en "Ley de Contabilidad Pública", páginas 142-143, Buenos Aires 1963). (461) Decreto-ley de contabilidad, 23354/56, artículo 56, inciso 2º, y Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 49, apartado e), de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (462) Va de suyo que en este último caso ha de tratarse de bienes públicos de origen "artificial", o sea creados por el hombre (vgr., una calle), pues los bienes públicos declarados tales en el estado en que la naturaleza los presenta u ofrece (vgr., un río, un lago) no pueden ser vendidos por las provincias. Véase el tomo 5º de la presente obra. (463) De ahí que algunos autores hayan podido decir que el concurso equivale, en cierto modo, a la licitación (Greca: "La licitación y el privilegio de los contratos administrativos", página 13). Pero, como lo digo en el texto, trátase de una mera equivalencia "aparente", desvirtuada por la substancia misma de los respectivos actos, sin perjuicio, claro está, de la analogía existente entre ambas figuras en diversos aspectos. (464) Algunas legislaciones extranjeras extienden exageradamente los supuestos en que procede el "concurso". Respecto a España, véase Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 69. En Portugal, Caetano le llama "concurso" a la "licitación" ("Manual de direito administrativo", nº 160, páginas 312-314, Lisboa 1965). (465) En sentido concordante: Sepe: "Contratto della pubblica amministrazione", extraído de "Enciclopedia del Diritto", página 155, edición especial para los estudiantes de la Universidad de Roma, Milano 1960. (466) Es lo que ocurriría con el concurso para el esbozo o bosquejo de una obra pictórica -alegórica, evocativa, etc.-, conde la realización del cuadro podría encomendársele al autor del esbozo o bosquejo que resulte preferido por la Administración Pública. Aunque Greca sostiene que en las obras pictóricas no es posible el "concurso", porque el mérito se aprecia recién después de su realización total ("La licitación y el privilegio en los contratos administrativos", página 13), pienso que tal afirmación no es aceptable: 1º ante todo, porque el concurso puede limitarse a artistas de reconocido prestigio, expresamente invitados por la Administración Pública; 2º porque, sobre la base precedente, el esbozo o bosquejo del cuadro a realizar es antecedente suficiente para hacer uso del "concurso" como medio de selección del cocontratante en estos casos, ya que el esbozo o bosquejo, unido al reconocido prestigio del artista, constituye un elemento suficiente para que el concurso sea tenido como medio idóneo de contratación en estos casos.
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(467) Puede verse: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 313. (468) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, páginas 314-315. (469) Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 4º, página 351; Sepe: "Contratto della pubblica amministrazione", página 155. (470) Autores citados en la nota precedente, obras y lugares ahí mencionados. (471) Acerca de la impugnación o enjuiciamiento de los actos discrecionales véase el tomo 2º de la presente obra, nº 468. (472) Zanobini: "Corso etc.", tomo 4º, página 351; Sepe: "Contratto etc.", páginas 155-156. (473) En igual sentido: Sepe: op. cit., página 156. (474) El "concurso-estímulo" se rige, en principio, por normas de carácter permanente, que admiten la sucesiva presentación a ese concurso de las obras o trabajos realizados cada trienio, quinquenio, etc. (475) La Corte Suprema de Justicia se expidió acerca de la naturaleza del derecho resultante de tal concurso ("Fallos", tomo 307, página 493 y siguientes, in re "Alfredo Natalio de Vincenzo c/Nación Argentina" ). (476) La Constitución de Formosa, verbigracia, en sus artículos 22 y 81 , inciso 17, exige que la provisión de los cargo públicos se efectúe previo concurso de oposición. Del mismo modo, en los estatutos universitarios suelen existir disposiciones en cuyo mérito la provisión de cargos de profesor debe efectuarse mediante concurso. (477) Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 553, página 299. (478) Laubadère: op. y loc. cit., en la nota anterior; Rivero: "Droit Administratif", números 119 y 120, páginas 107-108. Asimismo: Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", nº 146, páginas 279-281. (479) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, páginas 202-203, Buenos Aires 1950; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 103, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 554, página 299; Rivero: "Droit Administratif", nº 120, página 107; Caetano: "Manual de direito administrativo", nº 164, página 324. (480) Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 554, página 299, y "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 521, página 103. (481) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 204-209; Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 429-430, Buenos Aires 1947; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats
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administratifs", tomo 2º, números 523-528, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 554, página 300; Caetano: op. cit., nº 164, página 324. (482) Véase: Raymundo M. Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino", Obligaciones en General, actualizado por Enrique V. Galli, tomo 3º, nº 2339 a., Buenos Aires 1956. (483) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 209-213; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 524, páginas 104-105, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 554, página 300; Rivero: "Droit Administratif", nº 120, página 107; Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", página 329. (484) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 204 y 212-213; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 526, páginas 105-106, y nº 528, páginas 109-110. (485) Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", páginas 259-260 (a). (486) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 205-206; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, números 534-535, páginas 112-113. (487) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 206-209; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 108-110; Mó: op. cit., páginas 183-184. (a) En la segunda edición de su mencionada obra, el doctor Berçaitz, compartiendo la opinión mía, rectificó la suya (página 354, edición de 1980). (488) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 211; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 106-107; Mó: op. cit., página 328. (489) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 211-212; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 527, páginas 106-107, y nº 536, página 113. (490) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 214-217; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 108-110; Mó: op. cit., página 329. (491) Ley de obras públicas, 13064, artículos 23 y 50 , inciso d). Esta ley no sólo establece esa prohibición respecto a la cesión del "contrato", sino también respecto a los "derechos" del licitador en general (artículo 19 ). Además: Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 86 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (492) Ley de obras públicas, 13064, artículo 50 , inciso d). (493) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 109, quien cita al respecto jurisprudencia del Consejo de Estado de Francia. Asimismo: Waline: "Droit Administratif", nº 1069, página 636. (494) Respecto a la acción directa correspondiente al subcontratista contra la Administración, véase a Mó: op. cit., páginas 230-231 y 329.
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(495) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 212; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 107-108. (496) Laubadère: "Droit Administratif Spécial", páginas 41-42. (497) En sentido concordante: Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 357, página 540; Caetano: "Manual de direito administrativo", nº 158, páginas 308-309. Véase el decreto-ley 19549/72, artículo 7º f. (498) Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 46; Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 461. (499) En sentido concordante: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, números 229 y 232, páginas 239-240, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 549, página 295. (500) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 150; Vedel: "Droit Administratif", página 650; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 549, página 295. (501) Para "prueba" de la existencia de un contrato administrativo, véase el nº 620. (502) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, nº 235, página 242. (503) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 154; Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, página 323, Buenos Aires 1947; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 367, página 548; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, nº 236, página 242; Vedel: "Droit Administratif", página 650; Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 467-468; Mó: "Régimen legal de las obras públicas", páginas 173-174. (504) Es lo que ocurre en materia de compraventa de tierras fiscales, donde el decreto-ley 14577/56, dice así: "El cumplimiento de las obligaciones emergentes de la adjudicación dará derecho a los adjudicatarios a que se les otorgue el título de propiedad, el que será extendido por el Poder Ejecutivo, sin intervención notarial" (artículo 11). Igualmente, la ley de contabilidad de la Nación (decreto-ley 23354/56) excluye del requisito de la escritura pública las donaciones a favor del Estado y las transferencias de inmuebles destinados a caminos nacionales (artículo 64, in fine). (505) Mó: "Régimen legal de las obras públicas", página 173-174. (506) En sentido concordante: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 86-87; Brewer Carías: "Las instituciones fundamentales del derecho administrativo y la jurisprudencia venezolana", páginas 191-192.
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(507) Lo dicho en el texto es sin perjuicio de que, en materia de "actos administrativos", se sostenga que la cualidad de ""parte" corresponda extenderla a quienes participen en los "efectos". Véase el tomo 2º, nº 447, texto y notas. En concordancia con lo expresado, un autor dijo: "De una parte, el contrato administrativo es un verdadero contrato, y, en cuanto tal, la situación jurídica individualizada que de él surge se asemeja a las situaciones nacidas de los contratos civiles. Por otra parte, la especial finalidad que el contrato administrativo satisface determina una posición también especial de las partes contratantes, así como una dinámica especial de la relación entre ellas, que viene a corregir típicamente la rigurosa inflexibilidad de los contratos civiles" (Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 83). (508) Sobre la cláusula "sin perjuicio de terceros" en las concesiones de uso del dominio público, véase el tomo 5º de la presente obra, nº 1830, y mi trabajo "Legislación de Aguas. La cláusula sin perjuicio de terceros en las concesiones de uso del agua pública", Buenos Aires 1942, edición Valerio Abeledo. (509) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, páginas 46-47, números 523-528, Paris 1953. Para la "estipulación por otro" en nuestro derecho, véase: Código Civil, artículo 504 ; Lafaille: "Derecho Civil", Contratos, tomo 1º, páginas 365-367, Buenos Aires 1953; Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Fuentes de las Obligaciones", actualizado por el doctor Arturo Acuña Anzorena, tomo 1º, páginas 240-241, Buenos Aires 1950. (510) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 94-95. (511) Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 46, nº 531. (512) En igual sentido: Waline: "Droit Administratif", nº 1015, página 604; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 511, páginas 90-91. (513) En sentido concordante: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 512, páginas 91-92. (514) Waline: op. cit., nº 1008, página 601, y nº 1015, página 604; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 513, páginas 92-93. (515) Laubadère: op. cit., tomo 2º, páginas 93-94. (516) Véase el tomo 2º de la presente obra, nº 419. (517) Ver el nº 599. Además: Vedel: "Droit Administratif", página 653; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 516, página 99; nº 796, página 319, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 553, página 299. (518) Ver los números 599 y 600, y Vedel: "Droit Administratif", páginas 643 y 653.
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(519) Jèze: Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 345, Buenos Aires 1950. Además: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 519, página 101. (520) En materia de construcción de obras públicas, el plazo dentro del cual deberán ejecutarse las obras se estipula en los pliegos de condiciones o en el contrato que se firme (ley 13064, artículos 35 , segundo párrafo, y 50 , inciso b]); además: Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", página 217. De acuerdo al Reglamento de las Contrataciones del Estado, los adjudicatarios cumplirán la prestación a que se hubieren obligado, ajustándose a los plazos establecidos en el contrato (inciso 89 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad). (521) En Francia, ante el silencia del contrato, la jurisprudencia considera que existe una "duración normal" de ejecución, apreciada según las circunstancias, la capacidad del cocontratante, la práctica observada en contratos análogos, la intención probable de las partes, etc. (véase a Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 125-126, quien cita un fallo del Consejo de Estado). Para el contrato de construcción de obra pública, puede verse: Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", páginas 218-219. (522) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 278; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 556, página 127. (523) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 285-290 y 301-306; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 129; además, nº 476, páginas 58-59. Respecto a la "fuerza mayor" como eximente de responsabilidad, véase el Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 121-122 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad además, ley de obras públicas, 13064, artículo 53 , inciso d). (524) La ley de obras públicas, 13064, establece sanciones por inobservancia de los plazos correspondientes (artículo 35 , segundo párrafo, y 50 , incisos b] y c]). El Reglamento de las Contrataciones del Estado también establece sanciones para esos supuestos: reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, incisos 92, 118 y 119. (525) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 330. En sentido concordante: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 556, página 127; nº 561, página 132; nº 564, página 134; números 566, 567, 570 y 571, páginas 136-138. (526) Ver en ese sentido la ley de obras públicas de la Nación, 13064, artículo 35 , segundo párrafo; Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", página 225; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", nº 573, página 140. (527) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 331-339; Laubadère: op. cit., tomo 2º, página 135, y nº 572, página 139. (528) Para Jèze la necesidad de ese requerimiento previo derivaría de un principio general del derecho francés -principio que también existe en el derecho argentino-, en cuyo mérito
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la no reclamación, en la fecha establecida, del cumplimiento de la obligación del deudor, debe interpretarse como una prórroga del plazo, concedida graciosamente por el acreedor (op. cit., tomo 4º, página 318). Entre nosotros estimo que el fundamento de ello no es el "principio" a que hace referencia Jèze, sino la expresada garantía del "debido proceso", tanto más si se tienen en cuenta las posibles graves sanciones de que es susceptible el cocontratante por incumplimiento en término de sus obligaciones (véase precedentemente, texto y nota 478). (529) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 339 y siguientes; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 560, página 131; nº 582, página 145, y nº 651, página 195. Además: Blondeau: "La concession de service public", páginas 258-261, quien, basándose en las ideas predominantes en la época en que publicó su obra (año 1933), sostiene un criterio que en parte difiere del expresado en el texto. (530) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 339-342; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 582, página 145, y nº 651, página 195. (531) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 286, 290 y 305; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 42-43 y 58-60. (532) Colmo: "De las obligaciones en general", nº 117, páginas 91-92; Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", actualizado por el Dr. Enrique V. Galli, tomo 1º, nº 143, página 151, Buenos Aires 1952; Lafaille: "Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones", tomo 1º, nº 189, páginas 180-181; Busso: "Código Civil Anotado", tomo 3º, números 28-31, páginas 304-305, y nº 35, página 306. (533) Enrique V. Galli, en su actualización a la obra de Salvat, citada en la nota anterior, nº 144 a., página 154. (534) Código Civil, artículo 514 ; Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 190, página 181; Busso: op. cit., tomo 3º, números 38-40, 48 y 70, páginas 306, 307 y 310; Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 291; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 459, páginas 43-44, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, números 579-580, páginas 310-311. (535) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 44. (536) Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", tomo 1º, nº 162, página 173, Buenos Aires 1952; Lafaille: "Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones", tomo 1º, nº 196, página 185, Buenos Aires 1947; Busso: "Código Civil Anotado", tomo 3º, nº 225 y siguientes, páginas 328-329. (537) Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 198, página 185; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 194, página 324. Además: véase a Guastavino: "Notas al Código Civil Argentino", tomo 4º, nº 355, páginas 265-266, Buenos Aires 1900.
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(538) Jèze:"Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 291. (539) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, números 464 y 479, páginas 47-48 y 60; tomo 3º, números 1005-1006, páginas 130-133. (540) Nota del codificador al artículo 514 del Código Civil; Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", tomo 1º, números 143 y 146, páginas 151 y 158, Buenos Aires 1952; Lafaille: "Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones", tomo 1º, nº 190, página 181, Buenos Aires 1947; Busso: "Código Civil Anotado", tomo 3º, nº 83, página 312; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 465, página 49. (541) Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 190, página 181; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 84, página 312; Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 465, página 49. (542) Salvat: op. cit., tomo 1º, nº 146, página 158; Busso: op. cit., tomo 3º, números 79-80, página 311; Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 465, página 49; Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", página 222. (543) Busso: op. cit., tomo 3º, nº 81, página 312; Mó: op. cit., páginas 221-222. (544) Nota del codificador al artículo 514 del Código Civil; Salvat: op. cit., tomo 1º, números 143 y 146, páginas 151 y 158; Busso: op. cit., tomo 3º, números 82 y 89, página 312. (545) Nota del codificador al artículo 514 del Código Civil; Salvat: op. cit., tomo 1º, números 143 y 146, páginas 151 y 158; Caetano: "Manual de direito administrativo", página 332. (546) Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 190, página 181. (547) Busso: op. cit., tomo 3º, nº 88, página 312; Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 465, páginas 49. (548) Nota del codificador al artículo 514 del Código Civil; Salvat: op. cit., tomo 1º, números 143 y 146, páginas 151 y 159. (549) Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 190, página 181. (550) Enrique V. Galli, actualizando el tratado de Salvat: op. cit., tomo 1º, página 168, letra e). (551) Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 465, página 49. (552) Véase nota del codificador al artículo 514 del Código Civil. Además: Busso: op. cit., tomo 3º, números 77-78, página 311.
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(553) Ver fallo de la Cámara Federal de la Capital, transcripto por Busso: "Código Civil Anotado", tomo 3º, nº 82, página 312. (554) El autor de esta obra recuerda que un "temporal" de esas características, producido en la zona de San Julián, provincia de Santa Cruz, en un mes de abril, causó muy graves daños en un arreo de lanares en marcha: produjo la muerte de los arrieros, de algunos de sus caballos, de sus perros ovejeros y de gran cantidad de los lanares integrantes del arreo. Ese "temporal" revistió carácter "extraordinario", pues no es normal que se produjera en el mes de abril, sino estando más avanzada la estación invernal. El tránsito de arreos en épocas propicias excluye toda negligencia o culpa del arreador por el hecho de efectuarlo en esas épocas. (555) Salvat: op. cit., tomo 1º, números 150 y 150 a., páginas 162-163; Busso: op. cit., tomo 3º, números 93 y 96, página 313; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 471, páginas 53-54; Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 294-295. Además, véase: nota del codificador al artículo 514 del Código Civil; Caetano: "Manual de direito administrativo", página 332. (556) Para algunos supuestos de "revolución" en su vinculación con la "fuerza mayor", véase: Busso: op. cit., tomo 3º, números 99-100, página 314. Además: Caetano: op. cit., página 332. (557) Busso: op. cit., tomo 3º, números 101-106, páginas 314-315; Salvat: op. cit., tomo 1º, números 143 y 151, páginas 151 y 164. (558) Nota del codificador al artículo 514 del Código Civil; Salvat: op. cit., tomo 1º, nº 148, páginas 159-161; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 107 y siguientes, páginas 315-318; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 469, página 51. (559) En las obras de los autores citados en la nota precedente, véanse diversas aplicaciones del expresado principio. (560) Salvat: op. cit., tomo 1º, números 149 y 149 a., páginas 161-162; Busso: op. cit., tomo 3º, números 112-113, página 316. (561) Acerca de la huelga como supuesto de "fuerza mayor", véanse: Colmo: "De las obligaciones en general", números 125-126, páginas 101-103; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 470, página 52, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 580, página 311; Salvat: op. cit., tomo 1º, nº 152, páginas 165-166; Busso: op. cit., tomo 3º, páginas 318-319. Además, véase: Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 194, páginas 183-184; Villegas Basavilbaso: "Cuestiones de Derecho Administrativo", páginas 64-67, Buenos Aires 1937, edición Ministerio de Marina; Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 292, 296 y 297; Caetano: op. cit., página 332; Mó: op. cit., página 221.
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(562) Colmo: op. cit., nº 127, página 103. Además, puede verse: Busso: op. cit., tomo 3º, nº 136, página 318; Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 194, página 184. (563) Busso: op. cit., tomo 3º, números 172 y 173, página 322; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 458, página 43, y nº 476, páginas 58-59, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 581, página 311. (564) Jèze: op. cit., tomo 5º, páginas 24-25; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 476, páginas 58-59, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 581, in fine, página 311; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 189, página 324. (565) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 458, página 43, y nº 476, páginas 58-59; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 175, página 322. (566) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 476, página 58-59, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 581, página 311; Busso: op. cit., tomo 3º, nº 189, página 324; Lafaille: op. cit., tomo 1º, nº 195, página 184; Salvat: op. cit., tomo 1º, números 154-156, página 168; Caetano: op. cit., nº 166, página 332. (567) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 286, punto III; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 479, página 60, punto 2º. (568) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, números 473 y 475 bis, páginas 55-57. (569) En igual sentido: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 472, página 55, y nº 650 bis, página 194. La ley nacional de obras públicas, 13064, artículo 39 , inciso a), concuerda con lo dicho en el texto, pues considera casos fortuitos o de fuerza mayor los que tengan causa directa en actos de la Administración Pública, no previstos en los pliegos de licitación. (570) La regla mencionada en el texto constituye un viejo principio -atribuido a Ulpiano- ya contenido en el derecho romano: "Non debet, cui plus licet, quod minus est, non licere" (Digesto, libro L., título XVII, ley 21; en sentido concordante, ver ley 110). "Al que le es lícito lo más no debe serle ilícito lo que es menos". La versión española corresponde a la obra de Ildefonso L. García del Corral: "Cuerpo del Derecho Civil Romano a doble texto, traducido al castellano del latino publicado por los hermanos Kriegel, Hermann y Osenbrﾁggen", tomo 3º, página 946, Barcelona 1897. (571) En forma expresa, la ley de obras públicas de la provincia de Buenos Aires 6021 del año 1959, autorizaba que el cocontratante pidiera la "rescisión" del contrato cuando la Administración demorara la emisión o pago de algún certificado por más de ciento treinta y cinco días (artículos 43 , 45 y 63 , inciso d]). Véase esa ley en el "Anuario de Legislación Nacional y Provincial", de "Jurisprudencia Argentina", año 1959, página 624 y siguientes. Una posterior ley de obras públicas de dicha provincia, autorizó que el cocontratante pida la
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"rescisión" del contrato cuando la referida demora excediere de ciento cincuenta días (ley 7201, promulgada el 23 de diciembre de 1965 y publicada en el "Boletín Oficial" el 26 de abril de 1966, artículos 44 , 46 y 67 , inciso d]). Pero la ley 7482 puso nuevamente en vigencia a la ley 6021 . (572) Ver nº 724. (573) Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 121-122 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (574) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 287-288 y 301. (575) Ni siquiera respecto a la "fuerza mayor", propiamente dicha -y no con referencia al "hecho de la Administración Pública"-, se exige actualmente que el respectivo acontecimiento torne "absolutamente" imposible la ejecución del contrato. Basta con que los efectos de ese acontecimiento sean "definitivos" (ver el nº 722, y Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 464, páginas 47-48, y nº 479, página 60). El "hecho de la Administración", considerado como causa que justifica el incumplimiento del contrato, se asimila a la "fuerza mayor". (576) Acerca de lo que ha de entenderse por "lapso que exceda toda prudencia", véase el nº 732, texto y nota 538. (577) Véase: Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Fuentes de las Obligaciones Contratos", tomo 1º, nº 246, página 200, texto y nota, actualizado por el doctor Arturo Acuña Anzorena, Buenos Aires 1950. (578) Rivero: "Droit Administratif", nº 121, página 109; Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", páginas 291-292 (primera edición), quien, en la segunda edición de su obra (año 1980), compartiendo mi opinión, cambió de criterio (páginas 370-373). (579) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 505, nº 375, página 42; Lentini: "Istituzioni di diritto amministrativo", tomo 1º, nº 5, páginas 599-600; Cretella Júnior: "Tratado de direito administrativo", tomo 3º, páginas 66-69. (580) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 6º, página 4, texto y nota; Presutti: "Istituzioni di diritto amministrativo italiano", tomo 1º, página 433, texto y nota, tercera edición; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 568-569, texto y nota; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 473, páginas 55-56, nº 475 bis, página 57, nº 562, página 133, y especialmente nº 650 bis, página 194; Cianflone: "L´appalto di opere pubbliche", página 143; Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 535-536; Brewer Carías: "Las instituciones fundamentales del derecho administrativo y la jurisprudencia venezolana", nº 183, página 215; Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", páginas 220-221 y 349-352; Aníbal Eugenio Sorçaburu: "La cláusula non adimpleti contractus y los contratos de obra celebrados por las empresas del Estado", en "La Ley", Buenos Aires, 15 de junio de 1967;
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Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", páginas 370-373, segunda edición, Buenos Aires 1980. En sentido concordante: Cámara Federal de la Capital en lo contenciosoadministrativo, Sala III, sentencia del 4 de mayo de 1989, in re, "Bricons S.A. c/Estado Nacional" , en "La Ley", 18 de agosto de 1989. (581) Debe distinguirse claramente la "fuerza mayor" y el "hecho de la Administración Pública", asimilable a aquélla, de la mera situación de "mayor onerosidad" para el cumplimiento de las obligaciones del cocontratante. Este último supuesto puede dar lugar a la aplicación de la "teoría de la imprevisión", cuya procedencia requiere que el cocontratante no suspenda el cumplimiento de sus obligaciones. (582) En idéntico sentido: Jèze: op. cit., tomo 4º, página 298, y tomo 5º, página 24-25; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, nº 521, páginas 81-82; Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, reunida en Tucumán en 1936, "Régimen de concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, páginas 93 y 109-110, sección doctrina; Vedel: "Droit Administratif", página 625. Pero tratándose de la exceptio non adimpleti contractus, que presupone incumplimiento de las obligaciones contractuales por las partes intervinientes, debiéndose el incumplimiento en que ha incurrido una de ellas al incumplimiento de la otra por un hecho imputable a ésta, va de suyo que el análisis de la situación para resolver la posición de ambas partes debe hacerse sobre la base de los principios que rigen las consecuencias del "hecho propio de las partes" (de la "Administración" o del "cocontratante", según los casos), y no sobre la base de la "teoría de la fuerza mayor" (que regula las consecuencias de hechos ajenos a la voluntad de las partes), de la cual sólo corresponde hacer mérito por vía analógica, cuando las circunstancias así lo requieran. (583) El argumento que impugno en el texto es también concretamente rechazado por Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", páginas 350-351. (584) Como lo advierte Enrique V. Galli, actualizando la obra de Salvat, en el derecho civil argentino la responsabilidad del deudor fúndase en una situación de "imputabilidad", contrariamente a otros sistemas que asientan la responsabilidad en el "riesgo" creado por el deudor en su interés; en estos últimos sistemas, el deudor debe afrontar los perjuicios producidos en ocasión de ese riesgo creado por él (Raymundo M. Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", actualizado por Enrique V. Galli, tomo 1º, página 154, nº 144 a., Buenos Aires 1952). En el supuesto considerado en el texto, el cocontratante -cualquiera sea la teoría o sistema que se invoque como fundamento de la responsabilidad del deudor- está exento de toda responsabilidad por las consecuencias derivadas del incumplimiento de su obligación de pagar en que haya incurrido la Administración Pública, consecuencia que a su vez le impiden a él el cumplimiento de sus propias obligaciones contractuales: esas consecuencias no le son imputables al cocontratante, ni él ha creado el peligro o riesgo de que se produzcan. (585) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 6º, página 4, nota.
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(586) Aunque en las especies tratábase de contratos que fueron considerados como de derecho común de la Administración Pública, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aplicando por analogía los lapsos que contempla la ley sobre demandas contra la Nación, 3952, estableció que el transcurso de seis meses puede considerarse suficiente para el cumplimiento de ese trámite administrativo ("Fallos", tomo 179, página 195 ; tomo 181, página 196 ; tomo 182, página 145 ). Si bien en los mencionados fallos se dice -o se da a entender- que los respectivos contratos eran de derecho común de la Administración, no existe razón alguna de principio que obste a que el criterio expuesto en dichos pronunciamientos sea extendido a contratos "administrativos" propiamente dichos. Además, véase la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 9 de diciembre de 1968, donde declaró que los atrasos en los pagos, de ocho y de nueve meses, en que había incurrido la Administración Pública, justificaba la actitud del cocontratante al no cumplir las obligaciones a su cargo (in re "Dirección General de Fabricaciones Militares c/Oliver S.R.L.", publicada en "La Ley", 27 de marzo de 1969, y en "Jurisprudencia Argentina", 1969-IV, página 230. Tratábase de un contrato de suministro). Con referencia a estas cuestiones, Jèze sostiene que los retardos de la Administración Pública no deben exceder los plazos ordinarios de la práctica, y que "únicamente cuando los atrasos sean anormales o voluntarios" aparece la responsabilidad de la Administración ("Principios generales del derecho administrativo", tomo 6º, página 4). La ley de obras públicas de la provincia de Buenos Aires, 6021 del año 1959 (artículos 43 , 45 y 63 , inciso d]), autorizaba que el cocontratante pidiese la "rescisión" del contrato cuando la Administración Pública demorara la emisión o pago de algún certificado por más de ciento treinta y cinco días. Dicha ley de la provincia de Buenos Aires puede vérsele en "Anuario de Legislación Nacional y Provincial", de "Jurisprudencia Argentina", año 1959, página 624 y siguientes. La posterior ley de obras públicas de dicha provincia, autorizó que el cocontratante pidiere la "rescisión" del contrato cuando la referida demora excediere de ciento cincuenta días (ley 7201, promulgada el 23 de diciembre de 1965 y publicada en el "Boletín Oficial" el 26 de abril de 1966, artículos 44 , 46 y 67 , inciso d]). La ley de dicha provincia, 7482 , puso nuevamente en vigencia a la ley 6021 . (587) El texto de referencia ha sido modificado por el art. 8º de la ley 21392, del año 1976; ésta suprimió el controvertido vocablo "únicamente" y modificó el plazo de comienzo de la mora. Véase: Osvaldo M. Bezzi: "El contrato de obra pública", tomo 1º, VIII-7 y 8, La Plata 1977. (588) En sentido concordante: Fernando F. Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", páginas 297-299; Aníbal Eugenio Sorçaburu: "La cláusula non adimpleti contractus y los contratos de obra celebrados por las empresas del Estado", en "La Ley", Buenos Aires, 15 de junio de 1967, quien, con acierto, advierte que el artículo 48 de la ley 13064 no se vincula con el artículo 1201 del Código Civil que introduce la exceptio non adimpleti contractus, sino con el artículo 508 de dicho Código, según el cual el deudor es responsable por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor. En su citada obra, Mó llega a una conclusión concordante con la de Sorçaburu, diferenciándose sólo en que en lugar del artículo 508 del Código Civil, vincula la cuestión al artículo 622 de éste (páginas 298-299).
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(589) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 305-306. (590) Jèze: op. cit., tomo 4º, página 306, concuerda con lo expresado en el texto, pues sostiene que si el contrato no prevé plazo alguno, la fuerza mayor y el hecho de la Administración "pueden invocarse el día del ajuste de cuentas". (591) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 122 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (592) Ley 13064, artículo 39 . Sobre este punto, puede verse: Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", página 259. (593) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 3 y siguientes, Buenos Aires 1950. (594) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 34 y siguientes; 136 y siguientes; 242 y siguientes. (595) Véase: Jèze: op. cit., tomo 4º, página 286 y siguientes; tomo 5º, página 20 y siguientes. (596) Ver el nº 599, texto y nota 71, y nº 714, texto y nota 471. Además: Vedel: "Droit Administratif", página 654; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 796, página 319, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 553, página 299. (597) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 510, números 82-83, página 17. (598) Péquignot: op. cit., fascículo 510, números 104-108, páginas 20-21; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 389, página 569; Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 90-91; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 319-320; Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", páginas 288-289. (599) Ver lo que escribe Sayagués Laso: op. cit., tomo 1º, páginas 569-570, quien en particular se refiere al poder de introducir "modificaciones" en el contrato. Lo dicho en el texto tiene, no obstante, plena vigencia con relación al poder de "control" y de "dirección". (600) Ver ley 13064, sobre obras públicas, artículo 28 ; Reglamento de las Contrataciones del Estado, incisos 99 y 154 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (601) Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 9, nº 225; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 807, páginas 331-335. (602) Rivero: "Droit Administratif", página 108; Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 7, números 213-214; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 331-332, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 565, página 305, y, además, "Droit Administratif Spécial", página 49.
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(603) Waline: "Droit Administratif", nº 1017, página 606. (604) Ver nº 599. (605) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 808, página 335, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 562, página 303; además: "Droit Administratif Spécial", página 49. (606) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 808, página 335. Además: Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 18, nº 85; Rivero: "Droit Administratif", página 108; Jèze: "Principios generales de derecho administrativo", tomo 4º, página 233. (607) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, páginas 231-232 y 236-275; Péquignot: op. cit., fascículo 511, páginas 9-10, números 224-232; Caetano: "Manual de Direito Administrativo", páginas 328-329; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 809, páginas 335-338, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 563, página 304. (608) Caetano: op. cit., páginas 328-329. Además; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 809, páginas 336-338; Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 236-237. (609) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 807, página 331; Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 12, números 244-249. Además: Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 570, nota 2. (610) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 4º, página 235; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 562, página 303. Además: Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 8, nº 220. (611) Véase el tomo 1º, nº 206. (612) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 233, 235 y 236; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 389, página 570; Rivera: "Droit Administratif", página 108; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 561, página 303. (613) Ley nacional de obras públicas, 13064, artículo 30 y 53 , inciso a); Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 84 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (614) Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 233 y 235-275; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 804, página 329; Rivero: "Droit Administratif", página 108. (615) Rivero: "Droit Administratif", páginas 108-109; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 811, página 340.
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(616) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 234-235 y 242; Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 18, nº 290, punto 2º, y páginas 20-21, números 307-315; Rivero: "Droit Administratif", página 108; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 563, página 304, punto 3º, y "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 340, nº 811; Vedel: "Droit Administratif", página 655; Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", página 203. (617) Véanse los autores citados en la nota 567. Con todo acierto, Jèze afirma que el cocontratante, a título de modificaciones a introducir en el contrato, no puede ser obligado por la Administración Pública a realizar una prestación que exceda de su capacidad técnica y de sus recursos financieros ("Principios del derecho administrativo", tomo 4º, páginas 234, punto III, y 242, punto V). En igual sentido; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 339, punto 3º. (618) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 4º, páginas 234-235. (619) Para lo referente a la "desviación del poder" como vicio de los actos administrativos, véase el tomo 2º, nº 495. (620) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 336. No obstante, como ya lo he sostenido en otra oportunidad, la "desviación de poder", la traición al fin legal, es posible aun en materia de actos "reglados" (véase el tomo 2º de la presente obra, nº 495). (621) Véase precedentemente, nº 599. (622) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 6º, páginas 183 y 187-188; Vedel: "Droit Administratif", páginas 654-656; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º nº 567, página 306; Brewer Carías: "Las instituciones fundamentales del derecho administrativo y la jurisprudencia venezolana", página 202. (623) Cámara Federal de Apelaciones de la Capital, en "Jurisprudencia Argentina", 1967-V, página 238 y siguientes, especialmente página 240. (624) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 175; Vedel: "Droit Administratif", páginas 655-656; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 566, páginas 305-306, y "Droit Administratif Spécial", páginas 48-49; Brewer Carías: op. cit., páginas 202-203. (625) En el tomo 2º de la presente obra me he referido a la revocación de los actos administrativos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia (nº 507, y en especial nº 526). Me remito a lo expuesto en ese lugar. Aun cuando equivocadamente hablen de "rescisión unilateral" por razones de "oportunidad", los que así proceden reconocen en tal "rescisión" los dos efectos fundamentales de la "revocación" por razones de "oportunidad": extinción del acto respectivo y derecho del administrado a un resarcimiento.
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(626) Véase Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 620, páginas 169-170, y nº 571, páginas 137-138. (627) Véanse mis trabajos: "Caducidad y revocación de la concesión de servicios públicos", páginas 48-51, y el tomo 5º de la presente obra, nº 1836. (628) En igual sentido: Waline: "Droit Administratif", nº 1018, páginas 606-607. Pero la fundamental distinción hecha en el texto, entre caducidad cuyas causales hayan sido pactadas o previstas y caducidad cuyas causales no fueron previstas o pactadas, no siempre fue tenida en cuenta por los autores al considerar esta cuestión (vgr., Presutti: "Istituzioni di diritto amministrativo italiano", tomo 1º, páginas 382-383); tampoco fue tenida en cuenta por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues, refiréndose a una concesión de servicio público, se limitó a afirmar que "es el poder concedente el facultado para cancelarla o declararla caduca y no el Poder Judicial, como ocurre en contratos de derecho común" ("Fallos", tomo 204, página 626 y siguientes, especialmente página 642, in re "Juan A. Bracamonte c/Provincia de Tucumán" ), pronunciamiento que, por ese motivo, fue justamente criticado (Alberto G. Spota: "La caducidad de la concesión de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", 1946-III, páginas 764 y 780-781; Villegas Basavilbaso: "Derecho Administrativo", tomo 4º, páginas 269-270). No obstante, es de advertir que en Francia suele distinguirse entre la caducidad (o rescisión unilateral) de la concesión de servicio público, de la caducidad de otros contratos administrativos (por ejemplo, construcción de obra pública, suministro, etc.). Respecto a la primera, salvo estipulación expresa en el contrato, dicha medida debe ser dispuesta por el órgano jurisdiccional a pedido de la Administración; en cambio, en los demás contratos, la caducidad (rescisión unilateral) la decreta la Administración Pública (véanse: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, números 615 y 622, páginas 167 y 171; Waline: "Droit Administratif", números 1018, 1019 y 1199). Desde el punto de vista teórico, no existe razón alguna de "principio" que justifique semejante discriminación. (629) Bielsa, en "Investigación a la Compañía Hidro Eléctrica de Tucumán S.A.", página 89, publicada por la Honorable Cámara de Senadores, Tucumán 1942, edición oficial. (630) Así, por ejemplo, en una concesión de sepultura, ésta podrá ser caducada directamente por la Administración concedente, si el concesionario, aun después de transcurridos más de veinte años, no construye el mausoleo o sepulcro correspondiente, construcción que debió haberse hecho tan pronto se otorgó la concesión. En este caso se trata, sin duda alguna, de una caducidad cuya causal resultaba pactada "implícitamente", pues referíase al incumplimiento de una condición esencial vinculada al uso de la dependencia pública: la construcción del expresado sepulcro, cuyo plazo de tolerancia para llevarla a cabo había transcurrido con exceso. (631) Bielsa, en "Investigación a la Compañía Hidro Eléctrica de Tucumán S.A.", página 91.
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(632) Tal argumento, que fue expuesto por mí en otra publicación ("Caducidad y revocación de la concesión de servicios públicos", páginas 50-51), fue expresamente compartido por Villegas Basavilbaso: "Derecho Administrativo", tomo 4º, página 270. (633) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 176. Además: véase el nº 599 y siguientes de la presente obra. (634) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 6º, página 187, punto V, párrafo 3º. (635) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 187, punto V, párrafo 1º, y página 188. (636) Véase el tomo 1º de la presente obra, nº 206. (637) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 187 y 194; Waline: "Droit Administratif", nº 1018, páginas 606-607. Además, ver Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 621, páginas 170-171. (638) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 188 y 199, y además página 90 y siguientes; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 510, página 23, números 122-123; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 623, página 171. (639) Véanse mis obras: "Caducidad y revocación de la concesión de servicios públicos", página 38, Buenos Aires 1947, edición Valerio Abeledo, y el tomo 5º de la presente obra, nº 1834. (640) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 510, página 18, nº 85. (641) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 560, página 131. (642) Rivero: "Droit Administratif", página 109. (643) Acerca de esa "extinción" del contrato administrativo, véase el precedente nº 738. (644) Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, reunida en Tucumán, en 1936, "Régimen de concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, página 107, sección doctrina; Rivero: "Droit Administratif", página 109, nº 121; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 564, página 134, números 570-571, páginas 137-139, y nº 599, página 155. (645) Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 21, nº 110; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 564, página 134, y números 570-571, página 137. (646) Código Civil, artículos 652 , 654 , 655, 656, 658 y 659; Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 21, nº 111; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats
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administratifs", tomo 2º, nº 590, página 149, y nº 595, páginas 151-152; Brewer Carías: "Las instituciones fundamentales del derecho administrativo y la jurisprudencia venezolana", página 213. Además: Aída Rosa Kemelmajer de Carlucci; "La cláusula penal", página 485 y siguientes, Buenos Aires 1981, donde la autora hace referencia a la cláusula penal en la contratación administrativa. (647) Véanse: Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 21, nº 111; Kemelmajer de Carlucci: página 485 y siguientes. (648) Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 21, nº 112; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 595, páginas 151-152; Brewer Carías: op. cit., página 213; Colmo: "De las obligaciones en general", números 163-164, páginas 132-133; Busso: "Código Civil Anotado", tomo 4º, página 452, nº 5. (649) Lafaille: "Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones", tomo 1º, números 236-237, páginas 219-220. (650) Estimo que la mencionada diferencia entre "multa" y "cláusula penal" halla fundamento positivo en el artículo 659 del Código Civil, que dice así: "Pero el acreedor no podrá pedir el cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas, a su arbitrio, a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal". Si este precepto establece que el acreedor podrá pedir el "cumplimiento de la obligación" y, además, el pago de la "pena" (multa), cuando aparezca estipulada la "pena" por el simple "retardo", o se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal, de hecho está admitiendo la diferencia entre "pena" (multa) y "cláusula penal", pues la "pena" la reserva para un comportamiento del deudor (retardo), en tanto que la cláusula penal contemplaría los respectivos "daños y perjuicios". Lafaille, refiriéndose al expresado artículo 659 , afirma que no hay dificultad en que existan dos penalidades: una para el supuesto de inejecución y otra para el de simple mora ("Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones", tomo 1º, nº 239, página 222, Buenos Aires 1947). En igual sentido: Busso: "Código Civil Anotado", tomo 4º, página 495, nº 16. Colmo sostuvo que el Código Civil no legisla sobre multa penitencial ("De las obligaciones en general", nº 183, página 144). Sin embargo, por la razón dada precedentemente, estimo que dentro del artículo 659 del Código cabe ubicar la mera "multa" como figura jurídica distinta de la "cláusula penal". (651) Colmo: op. cit., nº 183, página 143. Refiriéndose a una "multa" que, en base a una ley integrante del contrato, le fue aplicada a una empresa concesionaria del servicio público de transporte tranviario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo: "Que es de observar asimismo, que dichas cláusulas legales no constituyen penas propiamente dichas, en el concepto del derecho criminal y cuya aplicación sólo es del resorte exclusivo de los jueces. Ellas tienen el concepto de garantías establecidas para asegurar el cumplimiento de obligaciones establecidas en las leyes, de modo que su aplicación por el poder administrador no vulnera garantía alguna constitucional, desde que, como se ha dicho en el considerando anterior, la jurisdicción administrativa no es excluyente del Poder Judicial, en
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el modo y forma que corresponda" ("Fallos", tomo 167, página 145 y siguientes, especialmente página 157, in re "S.A. Buenos Aires Town and Docks Tranways Ltda. c/Dirección General de Ferrocarriles s/devolución del importe de una multa" ). (652) "Deben estimarse penales las multas aplicables cuando ellas en vez de poseer carácter retributivo del daño causado, tienden a prevenir y reprimir la violación de las pertinentes disposiciones legales" (Corte Suprema, "Fallos", tomo 302, página 130 ). (653) En idéntico sentido: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 590, página 149, y nº 595, páginas 151-152. (654) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido el derecho -en realidad "potestad"- de la Administración Pública de aplicarle "multas" a su cocontratante (en la especie tratábase de una sociedad concesionaria del servicio público de electricidad); hace derivar esa atribución del "poder de policía" ("Fallos", tomo 202, página 97 y siguientes, especialmente página 102, in re "S.A. Cía. Central Argentina de Electricidad c/Municipalidad de Santa Fe" ). También el Procurador General de la Nación admitió en esa oportunidad el derecho de la Administración Pública a imponerle multas a su cocontratante (página 99). (655) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 485, página 68; nº 587, páguna 147; nº 587, páginas 147-148 y nº 591, página 149; Vedel: "Droit Administratif", páginas 654-655; Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 520. (656) Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 587, páginas 147-148. (657) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 6º, páginas 34-35, 136 y 244-245, Buenos Aires 1950; Vedel: "Droit Administratif", página 654; Rivero: "Droit Administratif", nº 121, página 110; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 561, página 132, y "Droit Administratif Spécial", página 48; Waline: "Droit Administratif", números 1021-1022, página 608. (658) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 510, página 21, nº 110. (659) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 34-35; Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 22, nº 116; Vedel: "Droit Administratif", página 654; Rivero: "Droit Administratif", páginas 109 y 110; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, página 132 y 153, y "Droit Administratif Spécial", página 48. (660) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 42; Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 1936, "Régimen de concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, páginas 92 y 107, sección doctrina; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 602, páginas 156-157. (661) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 37 y 42-48; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 602, página 156.
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(662) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 37 y 44. (663) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 140 y siguientes. (664) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 242. (665) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 244 y siguientes y 250; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 602, página 158, y nº 609, página 163. (666) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 250. (667) Así, en un contrato de suministro de productos alimenticios para un regimiento, se consideró que el deficiente cumplimiento de sus obligaciones por parte del cocontratante, al extremo de dificultar la alimentación de la tropa, justificaba que la Administración Pública se proveyera directamente de esos productos (Consejo de Estado de Francia, fallo mencionado por Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 602, página 158). (668) Con relación a lo expresado en el texto, corresponde tener presente la diferencia entre "extinción" de un acto administrativo (y correlativamente de "un contrato") y "cesación" de sus efectos (véase el tomo 2º, nº 448). (669) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 37 y 57 y siguientes; Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 22, nº 117; Cuarta Conferencia Nacional de Abogados, reunida en Tucumán, en 1936, "Régimen de concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, páginas 91 y 99, sección doctrina; Waline: "Droit Administratif", nº 1022, página 608; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 561, página 132; nº 597, página 154, y nº 607, página 160. (670) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 137 y 159; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 608, páginas 161-162. (671) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 243 y 244 y siguientes; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 609, página 163. (672) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 564, página 135; nº 572, página 139, y nº 604, páginas 158-159. Además: Rivero: "Droit Administratif", página 109. (673) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 37 y 49 y siguientes. (674) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 137 y 155 y siguientes; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 604, página 159. (675) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 242 y 255 y siguientes. (676) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 37, 61 y siguientes, 137, 163 y siguientes y 257 y siguientes; Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 22, nº 117; Cuarta Conferencia
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Nacional de Abogados, reunida en Tucumán, en 1936, "Régimen de concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, páginas 92 y 107, sección doctrina; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 597, página 154; nº 607, páginas 160-161; nº 608, página 162, y nº 609, página 163; Waline: "Droit Administratif", nº 1021, página 608; Rivero: "Droit Administratif", nº 121, página 110, punto b. (677) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 43-44; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 602, página 157, y nº 607, página 161. Además, puede verse: Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 1936, "Régimen de concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, páginas 92 y 107, sección doctrina. (678) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 43. (679) Waline: "Droit Administratif", números 1020-1021, páginas 607-608. (680) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 37 y 54 y siguientes (servicios públicos); páginas 137 y 147 y siguientes (obras públicas); páginas 241 y 253 y siguientes (suministros); Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 603, página 158. (681) Para ejecutoriedad "propia" e "impropia", véase el tomo 2º de la presente obra, números 433, 435 y 439. (682) Véase, asimismo, el tomo 2º, nº 433. (683) Véase: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 579, página 142. (684) Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 1936, "Régimen de concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, páginas 92 y 107, sección doctrina. (685) Véase el tomo 2º, nº 411. (686) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 37-40. (687) En concordancia con lo que expongo en el texto: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 599, página 155; Vedel: "Droit Administratif", página 654, quienes consideran que esas prerrogativas de la Administración Pública existen de pleno derecho en los contratos administrativos, aun ante el silencio de los mismos. (688) Para lo relacionado con la ejecutoriedad "propia" e "impropia", véase el tomo 2º, nº 438.
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(689) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 580, páginas 142-143. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido el derecho del cocontratante de ocurrir ante la justicia accionando contra la imposición de una multa ("Fallos", tomo 167, página 145 y siguientes, especialmente páginas 156-157, in re "S.A. Buenos Aires Town and Docks Tranways Ltda. c/Dirección General de Ferrocarriles por devolución del importe de una multa" ). (690) Jèze: op. cit., tomo 6º páginas 57, 138, 242 y 259; Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 24, nº 132; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 564, página 135, nº 580, página 143; nº 605, página 159. Además: Rivero: "Droit Administratif", nº 121, página 109. (691) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 57; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 580, página 143, y nº 605, página 159. (692) Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 1936, "Régimen de concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, páginas 92 y 106, sección doctrina. (693) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 169 y 170, 242 y 259; Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 24, nº 133; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 580, página 143, y nº 605, página 159. (694) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 172, párrafo IV. (695) Véase el tomo 1º de la presente obra, nº 78. (696) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 580, página 143. (697) Hauriou: "Précis de droit administratif et de droit public", página 1025, Paris 1933; González Pérez: "La sentencia administrativa. Su impugnación y efectos", páginas 199-200, Madrid 1954; Fiorini: "Teoría de la justicia administrativa", página 271, Buenos Aires 1944; Juan F. Linares: "Cosa juzgada administrativa en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", páginas 67-68, 71-72 y 134-135, Buenos Aires 1946; Spota: "La caducidad de la concesión de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", 1946-III, páginas 780 y 781. Además: "Jurisprudencia Argentina", tomo 3º, páginas 857-859. (698) Entre otras: Código de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, artículo 5º; ley de la jurisdicción contencioso administrativa de España, del 27 de diciembre de 1956, artículo 84. (699) "Fallos", tomo 148, páginas 115-117; tomo 158, página 319 y siguientes, especialmente página 331; tomo 190, página 142 y siguientes, especialmente 151 y 158; tomo 201, página 432 y siguientes, y muy especialmente página 448; tomo 241, página 384
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y siguientes, especialmente 394 y siguientes. Véase, además, "Fallos", tomo 185, página 160, donde el tribunal hizo una interesante declaración de orden general. (700) Bielsa: "Ideas generales sobre lo contencioso administrativo", páginas 51-52, Buenos Aires 1936, y "Derecho Administrativo", tomo 4º, página 329, Buenos Aires 1947; Pareja, Carlos H.: "Curso de derecho administrativo teórico y práctico", tomo 1º, página 422, punto c., Bogotá 1939; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 625, página 172, y además nº 580, página 143. (701) "Fallos", tomo 204, página 626 y siguientes, especialmente páginas 644-645, in re "Juan A. Bracamonte c/Provincia de Tucumán" , sentencia del 24 de mayo de 1946. Dicho fallo puede vérsele, asimismo, en "Jurisprudencia Argentina", 1946-III, página 764 y siguientes. (702) Véase la crítica de Spota a dicho fallo, en "Jurisprudencia Argentina", 1946-III, páginas 780-781. (703) "Fallos", tomo 241, página 384 y siguientes, especialmente página 394 y siguientes, in re "Román María José de Sèze c/Nación Argentina s/nulidad de decreto" . En este trascendente fallo, la Corte Suprema restableció y reiteró en su totalidad la jurisprudencia que había sentado en el leading case "Sociedad Anónima Ganadera Los Lagos c/Nación s/nulidad de decreto" (tomo 190, página 142 y siguientes), que contempló un caso idéntico al mencionado de Román María José de Sèze. Digo que la Corte Suprema "restableció" la jurisprudencia de "S.A. Ganadera de Los Lagos c/Nación" , porque la misma había sido dejada sin efecto con la sentencia dictada en "Fallos", tomo 224, página 488 y siguientes, in re "Antonio M. J. Becquerel c/Nación Argentina" . El carácter "administrativo", propiamente dicho, del contrato a que se refirió el fallo de la Corte Suprema en el juicio "Román María José de Sèze c/Nación" , surgía del hecho de que el mismo contenía una cláusula exorbitante "expresa" del derecho privado (ver artículo 19 de la ley de tierras fiscales 4167). Además, véase precedentemente números 598-602, nº 606, texto y nota 100 bis, y nº 613, punto b. (704) Jesús González Pérez: "Derecho Procesal Administrativo", tomo 2º, páginas 727-728, Madrid 1957. Además, véanse los autores mencionados en la nota 644. (705) Constitución Nacional, artículos 100 y 101; leyes federales 27 y 48 ; decreto-ley 1285 , del año 1958. (706) En el sentido indicado, la Corte Suprema se pronunció en términos categóricos y elocuentes. En cierta ocasión dijo que el respeto al principio de separación de los poderes quedaba salvado si la intervención del tribunal no se operaba de oficio, sino a petición de parte ("Fallos", tomo 190, página 142 y siguientes, especialmente páginas 155-156, in re "S.A. Ganadera Los Lagos c/Nación Argentina s/nulidad de decreto" ). En otro caso, donde se demandó a la provincia de Corrientes con motivo de un decreto del Poder Ejecutivo que lesionó derechos de la parte actora, el tribunal dijo lo siguiente, que tiene valor de "principio": "lo que los particulares invocan como derecho propio debe tener un juez que no
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sea la autoridad ejecutora de los actos cuestionados" ("Fallos", tomo 201, página 432 y siguientes, especialmente página 448, in re "Compañía de Electricidad de Corrientes c/Provincia de Corrientes" ). (707) "Fallos", tomo 204, página 626 y siguientes, especialmente páginas 644-645, in re "Juan A. Bracamonte c/Provincia de Tucumán" . (708) "La justicia, dice Merkl, al realizar el orden jurídico, sirve a los intereses públicos, y la realización de los intereses públicos por parte de la administración, no excluye que ello se lleve a cabo por medio del orden jurídico" ("Teoría general del derecho administrativo", página 37, Madrid 1935). (709) Puede verse lo que sobre estas cuestiones he escrito en mi "Caducidad y revocación de la concesión de servicios públicos", página 93 y siguiente. Además, véase el tomo 5º, nº 1862. (710) Véase el tomo 1º de la presente obra, nº 8. (711) Véanse texto y notas 638 y 643. (712) Para los distintos supuestos mencionados en el texto, como posibles vicios atribuibles a una "sanción" aplicada por la Administración Pública a su cocontratante, véanse: Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 56 y 170; Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 23, números 125-128, y página 24, números 129-130; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 578, páginas 141-142. (713) Véase el tomo 2º de la presente obra, páginas 446-447. Asimismo, véanse: Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 579, página 142; Péquignot: op. cit., fascículo 510, páginas 23 y 24, números 127 y 129. (714) Véase el tomo 2º, nº 468. (715) En idéntico sentido; Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 28, nº 161. El Consejo de Estado de Francia pudo así declarar que al cocontratante, encargado del levantamiento de líneas telefónicas, que omitió el cumplimiento de algunas de sus obligaciones contractuales, no podía responsabilizársele por una contravención castigada por los reglamentos de policía de las calles o vías públicas (contravention de voire), por cuanto el cocontratante no cometió ese infracción o contravención como habitante o administrado común, sino en su calidad de cocontratante (Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 28, nº 163). En sentido concordante: Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 121 y 127; Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 798, páginas 322-323. (716) Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 119-120; Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 634, página 176. (717) En el sentido del texto, véase Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 167, página 145 y siguientes, especialmente páginas 153-157, in re "S.A. Buenos Aires
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Town and Docks Tranways Ltda. c/Dirección General de Ferrocarriles s/devolución del importe de una multa" , donde -porque así resultaba del acuerdo celebrado entre las partes-, en una concesión de servicio público de transporte tranviario se declaró aplicable la ley de ferrocarriles 2873, que establece "multas" para diversos supuestos. (718) En sentido concordante: Laubadère: op. cit., tomo 2º, nº 634, página 177, y nº 798, páginas 322-323. En este orden de ideas, Jèze advirtió que "la Administración no puede usar su poder general de policía contra el proveedor para transformar, mediante un reglamento policial, sus obligaciones contractuales en obligaciones de policía con sanciones penales" (op. cit., tomo 6º, página 242, párrafo VII, punto 7º). Además: Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 28, nº 162; Waline: "Droit Administratif", nº 1026, página 611. (719) En igual sentido: Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 28, nº 163, quien cita un fallo del Consejo de Estado de Francia. (720) El principio mencionado en el texto, atribuido a Papiniano, lo preconizó el antiguo derecho romano: "In toto iure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur, quod ad speciem directum est" (Digesto, Libro L., título XVII, ley 80). "En todo derecho el género es derogado por la especie, y se considera principalmente lo que se refiere a la especie". (La versión española corresponde a la obra de Ildeolfo L. García del Corral: "Cuerpo de Derecho Civil Romano, a doble texto, traducido al castellano del latino publicado por los hermanos Kriegel, Hermann y Osenbr ﾁ ggen", tomo 3º, página 951, Barcelona 1897). (721) Acerca de lo que se entiende por esos tipos de contratos, véase precedentemente nº 611, punto 2º. (722) Véase el tomo 2º de la presente obra, nº 415. (723) Ver Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", páginas 348-349. (724) En sentido concordante: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 472, página 55. (725) En igual sentido: Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 89 y siguientes; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 657, página 203, y nº 667 y siguientes, página 211 y siguientes, y "Droit Administratif Spécial", página 49. (726) En sentido concordante: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 658, páginas 203-204. (727) Como ya lo expresé en otra oportunidad, en materia de servicios públicos, lo que los usuarios pagan por su utilización a veces recibe la denominación de "precio" y otras veces la de "tasa", dependiendo ello de la índole del servicio (véase tomo 2º de la presente obra, nº 346).
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(728) En sentido concordante, pueden verse: Jèze: op. cit., tomo 5º, página 90; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, nº 658, página 204. (729) A título de ejemplos, pueden verse: ley de obras públicas, 13064, artículos 45 y 48 ; Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 111 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. Además, Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", páginas 284-285. (730) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 108 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (731) Acerca de la reforma introducida al artículo 509 , segundo párrafo, del Código Civil, puede verse el trabajo de Luis Moisset de Espanés: "La mora y la reforma al artículo 509 del Código Civil argentino", en "Jurisprudencia Argentina", 1968-V, página 799, sección doctrina, capítulo VI. (732) "Fallos", tomo 130, página 77 y siguientes, especialmente páginas 85-86. (733) "Fallos", tomo 189, página 422 y siguientes, especialmente páginas 425-426; tomo 255, página 371 y siguientes, especialmente página 374, considerando 4º. Además, en sentido concordante, véase: "Fallos", tomo 153, página 410; tomo 154, página 185; tomo 165, página 187; tomo 260, página 91 y siguientes. Asimismo, véase lo que se dice en "Fallos", tomo 201, páginas 303-306 . (734) Así, la Corte Suprema consideró que la presentación de una factura y el simple pedido de que a la misma se le dé curso, no constituye interpelación extrajudicial en los términos del artículo 509 del Código Civil; sí lo constituye, en cambio -dijo-, el pedido de pago correctamente efectuado ("Fallos", tomo 255, página 371 y siguientes, especialmente página 374, considerando 4º; además, véase el voto del Dr. Boffi Boggero, páginas 377-378, considerandos 13-14). (735) De acuerdo al Reglamento de las Contrataciones del Estado, la reclamación administrativa del cocontratante, documentada en la forma que ahí se indica, constituye en mora a la Administración, devengándose desde entonces los respectivos intereses hasta el día en que se le comunique al cocontratante que los fondos se encuentran a su disposición. Al respecto, el inciso 113 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, dice así: "A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago, el acreedor podrá reclamarlo en la tesorería respectiva, la cual, en caso de no poder satisfacerlo, entregará en el acto al interesado una certificación en la que conste esa circunstancia. En este caso el adjudicatario sólo tendrá derecho a reclamar intereses, a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos en general, los que correrán desde la fecha en que se otorgue la citada certificación hasta el día en que se remita la comunicación al acreedor del que los fondos se encuentran a su disposición. Efectuado el cobro, el acreedor podrá reclamar por escrito la liquidación de los intereses, dentro de los 5 (cinco) días siguientes, sin necesidad de otra reserva. Si no lo hiciere, quedará extinguido todo derecho respecto de aquéllos". Ver ese inciso en decreto 5720/72.
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(736) En este orden de ideas, respecto a los pagos en el contrato de construcción de obras públicas, hay concordancia respecto a que si la Administración deja transcurrir más de treinta días de la fecha en que, según el contrato, deba efectuarse el pago, aquélla queda automáticamente en mora, debiendo abonarle intereses al cocontratante a partir de los mencionados treinta días (ley nacional 13064, artículo 48 ). También una ley de obras públicas de la provincia de Buenos Aires establecía la mora "automática" de la Administración, corriendo desde entonces los intereses moratorios (ley 7201, artículo 460 ); dicha ley fue dejada sin efecto por la 7482 , que puso nuevamente en vigencia a la ley 6021 , que contiene un principio similar. Igual criterio sigue el Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 113 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. Idéntica solución adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 148, página 235 y siguientes, especialmente páginas 239-240, y la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital ("Jurisprudencia Argentina", tomo 27, página 688; tomo 37, página 68; tomo 39, página 695; tomo 40, página 57). En sentido concordante: Villegas Basavilbaso: "Cuestiones de Derecho Administrativo", páginas 57 y 58, Buenos Aires 1937; Gordillo: "Intereses por mora en el pago de los certificados de obra pública", en "Jurisprudencia Argentina", 1962-III, páginas 83-84, sección doctrina. (737) En el texto he considerado, no precisamente una "retención indebida" efectuada por la Administración, sino un retraso en el pago (devolución de fondos) imputable a la misma. Con referencia a una cuestión similar, aunque no idéntica a la planteada en el texto, compárese: Gordillo: trabajo citado en la nota precedente, página 84, nº 12, in fine. El caso quedaría encuadrado en el inciso 2º del artículo 509 del Código Civil. La Cámara Federal de Apelaciones de la Capital estableció que la retención indebida de la garantía más allá del plazo previsto en el contrato, da derecho al cocontratante a reclamar intereses ("Jurisprudencia Argentina", 1968-I, página 202 y siguientes, especialmente página 206, punto 10º). Es de advertir que el Reglamento de las Contrataciones del Estado, para hacer "cesar" el curso de intereses a cargo de la Administración Pública, en un supuesto en que los mismos estaban devengándose, también utiliza el criterio de que para ello hago mérito en el texto: dichos intereses correrían hasta el día en que la Administración Pública le comunique al cocontratante "que los fondos se encuentran a su disposición" (ver, en la precedente nota 681, el segundo párrafo del inciso 113 ahí transcripto): resulta así que la interpretación efectuada y auspiciada en el texto no es extraña a nuestro orden jurídico. (738) Por ello no comparto lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto dijo: "La cláusula del contrato de suministros según la cual el pago del material se realizará dentro de los 45 días a contar desde la fecha del certificado de recepción del mismo en el punto de entrega establecida y por total de cada entrega parcial convenida, no tiene otro alcance que el de establecer un plazo prudencial para la realización de los trámites administrativos necesarios para efectuar el pago, a partir del cual el acreedor queda en libertad para exigirlo si el deudor no lo hubiera hecho. Por consiguiente, no autoriza a considerar a este último en mora por el simple transcurso del término, si no ha mediado una interpelación extrajudicial o judicial" ("Fallos", tomo 192, páginas 112-113 ). En sentido concordante al que auspicio en el texto, véanse: Salvat: "Tratado de Derecho Civil
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Argentino. Obligaciones en General", tomo 1º, números 100 a 101, especialmente nota 47, páginas 111-114, Buenos Aires 1952; Busso: "Código Civil Anotado", tomo 3º, páginas 266-267, nº 97 y siguientes, especialmente nº 105. (739) Ver ley nacional de obras públicas, 13064, artículo 48 , segunda parte; Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 114 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad/ Ver dicho inciso en decreto 5720/72. (740) "Fallos", tomo 117, página 304 y siguientes, especialmente páginas 315-316, considerandos 23 y 24; tomo 182, página 502 y siguientes, especialmente páginas 554-555, considerando 22º. (741) "Fallos", tomo 183, página 19 y siguientes, especialmente página 22. (742) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, páginas 276-277; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 572, página 308; Waline: "Droit Administratif", nº 1032, página 614. (743) Véanse: Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, páginas 276-297; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 572, páginas 308-309; Waline: "Droit Administratif", números 1032-1034, páginas 614-616. (744) "Fallos", tomo 178, páginas 196-198, sentencia del 21 de julio de 1937, in re "Ways y Freytag S.A. c/Nación s/cobro de pesos" , tomo 194, páginas 24-28, sentencia del 5 de octubre de 1942, in re "Medici Hnos. c/Nación Argentina" . (745) "Fallos", tomo 145, página 28 y siguientes, especialmente página 35, sentencia del 21 de octubre de 1925, in re "Zacarías Marioni y Hermano c/Gobierno de la Nación s/cobro de pesos", tomo 194, páginas 24-28, ya citado en la nota anterior, especialmente página 26. (746) Busso: "Código Civil Anotado", tomo 4º, página 335, números 12 a 14; Gordillo: "Intereses por mora en el pago de los certificados de obra pública", en "Jurisprudencia Argentina", 1962-III, páginas 84-85, sección doctrina; Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", páginas 307-308; Diez: "Derecho Administrativo", tomo 3º, nº 19, página 74. No obstante, véase el Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 113, in fine, de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, el cual establece una excepción a dicha regla. Ver nota 681. (747) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 194, página 24 y siguientes, especialmente página 27, in re "Medici Hnos. c/Nación Argentina" . Además, en igual sentido: vénase Gordillo y Mó, obras y lugares citados en la nota 692. (748) Malagarriga: "Tratado Elemental de Derecho Comercial", tomo 2º, páginas 241-242, Buenos Aires 1963; Rezzónico: "Estudio de los contratos en nuestro derecho civil", tomo 1º, página 253, Buenos Aires 1958; Borda: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Contratos", tomo 1º, nº 136, página 106, Buenos Aires 1961; Reglamento de las
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Contrataciones del Estado, inciso 45 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (749) Además, véase: Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 53, párrafo b), de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad. (750) Acerca de lo expresado en el texto, véase, no obstante, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en "Fallos", tomo 300, página 183 y siguientes, especialmente considerandos 5º, 10º y 11º. (751) Ver precedentemente, nº 738, texto y notas 574 y 575, y tomo 2º, nº 507, y en especial nº 526. (752) Dice así dicho texto: "Cuando el Estado rescinda un contrato por una causa no prevista en este reglamento, el adjudicatario tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos directos e improductivos en que probare haber incurrido con posterioridad a la adjudicación y con motivo del contrato, pero no se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiaciones". (753) Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 568, página 306; Cretella Júnior: "Tratado de Direito Administrativo", tomo 3º, página 53. (754) En sentido concordante: Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, página 10, nº 233, y página 11, nº 235; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º nº 569, páginas 306-307; Vedel: "Droit Administratif", páginas 656-657. (755) Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 390, página 570. (756) Waline: "Droit Administratif", nº 1037, página 618; Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 11, nº 236, in fine. (757) Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de Direito Administrativo", volumen 63, página 2, Rio de Janeiro 1961, edición de la Fundación Getúlio Vargas. (758) Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 390, página 571. (759) Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de Direito Administrativo", volumen 63, página 15, y volumen 65, páginas 19-20; Rio de Janeiro 1961, edición de la Fundación Getúlio Vargas. (760) Cretella Júnior: "Tratado de Direito Administrativo", tomo 3º, página 53. (761) Entre otros ver: Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 11, números 238-241; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 568, in fine, página 306, y nº 569, páginas 306-307.
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(762) "Revue du droit public et de la science politique en France et a l´étranger", tomo 27, página 274, en nota, Paris 1910. Se trataba de una concesión para el servicio público de transporte de pasajeros a base de tranvías. La autoridad administrativa dispuso aumentar considerablemente el número de viajes que la compañía concesionaria debía efectuar durante el verano, según la concesión (de 1.547 viajes, éstos fueron aumentados a 2.657). Se le reconoció un derecho resarcitorio por el mayor trabajo y por el aumento de material rodante y puesto en movimiento. El referido fallo del Consejo de Estado, y un extracto del dictamen del comisario de gobierno Léon Blum, pueden vérseles, además, en Maurice Hauriou: "La jurisprudence administrative de 1892 … 1929", tomo 3º, página 470 y siguientes, Paris 1929. Asimismo: Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 307, nota 1. (763) Caio Tácito: "O equilibrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de Direito Administrativo", nº 65, página 19, Rio de Janeiro 1961, edición de la Fundación Getúlio Vargas. (764) En igual sentido: Waline: "Droit Administratif", nº 1037, páginas 617-618 Además, véase: Hauriou: "La jurisprudence administrative de 1892 … 1929", tomo 3º, página 477. (765) Véase: "Fallos" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tomo 251, página 68 y siguientes, in re "Administración General de Obras Sanitarias de la Nación c/Provincia de Santiago del Estero" . (766) Alessi: "La responsabilit… della pubblica amministrazione", páginas 253-256; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 2º, páginas 67-68; Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 100-101; Waline: "Droit Administratif", nº 1041, páginas 619-620. (767) Vedel: "Droit Administratif", páginas 631-632 y 657; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, nº 236, página 11. (768) Por "álea administrativa" debe entenderse el riesgo o albur creados por comportamientos del Estado; por "álea económica" debe entenderse el riesgo o albur determinados por factores económicos, pero no imputables a conductas del Estado. El vocablo "álea" vincúlase al concepto de "aleatorio". En el derecho francés se utiliza el término "aléa", y así se dice aléa administratif y aléa économique (véase: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 934, página 53; nº 965, página 91, y nº 967, página 94). (769) Nota al artículo 514 del Código Civil. En sentido concordante, Busso, para quien por actos del soberano "se entienden todos los impedimentos que resultan de órdenes o de prohibiciones emanadas del poder público" ("Código Civil Anotado", tomo 3º, página 315, nº 107). (770) Waline: "Droit Administratif", página 620, nº 1042.
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(771) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 24, 25, 32-33, 95, 103. (772) Nota al artículo 514 del Código Civil. (773) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, páginas 36-37; Vedel: "Droit Administratif", página 658. (774) Jèze; op. cit., tomo 5º, página 36; Rivero: "Droit Administratif", nº 124, página 111. (775) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, nº 280, páginas 16 y 17, y Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 931, página 50, texto y nota, quienes mencionan un caso resuelto al respecto por el Consejo de Estado de Francia. Se trató de lo siguiente: una municipalidad concedió a un particular la prestación del servicio de limpieza y recolección de residuos domiciliarios, para lo cual emitió una ordenanza imponiendo a los vecinos, cuyas casas estuvieren desprovistas de vías de desag ﾁ e, la obligación de proveerse de recipientes metálicos, que facilitarían el funcionamiento normal del servicio. El concesionario, al contratar, contó con la aplicación efectiva del expresado reglamento u ordenanza. Pero la Administración Pública no le dio cumplimiento a dicha norma, por lo cual el rendimiento de la empresa concesionaria resultó inferior a lo que había calculado o previsto el cocontratante. (776) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, números 910 y 921, páginas 24-25 y 35. (777) Waline: "Droit Administratif", nº 1042, página 621. Además: Hauriou: "La jurisprudence administrative de 1892 … 1929", tomo 3º, página 477. (778) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 909, página 24. (779) Waline: "Droit Administratif", nº 1042, página 620. (780) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 924, página 39. (781) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 36-37, 40, 41, 43 y 44; Waline: "Droit Administratif", página 621. (782) Véase el tomo 1º, nº 74, texto y nota 300, y tomo 2º, nº 526, texto y nota 880. (783) En sentido equivalente al del texto, o sea aceptando la responsabilidad del Estado en supuestos de medidas "particulares" que afecten al cocontratante: Waline: "Droit Administratif", página 621; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 52-55. Claro está que también aquí el álea "normal" u "ordinaria" queda a cargo exclusivo del cocontratante, no así el álea "extraordinaria" o
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"anormal", lo que se vincula íntimamente a los "límites" del poder de la Administración Pública para introducir "modificaciones" en el contrato administrativo. (784) Laubadère: "Droit Administratif Spécial", páginas 50-51; "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 29, 32-33, 93-96, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 586, página 313; Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de Direito Administrativo", volumen 63, páginas 8-9, Rio de Janeiro, enero-marzo 1961, edición de la Fundación Getúlio Vargas; Rivero: "Droit Administratif", páginas 111-112; Vedel: "Droit Administratif", páginas 636, 658-659; Manuel María Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, páginas 556-558. (785) En idéntico sentido: Rivero: "Droit Administratif", nº 124, punto b., página 112; Vedel: "Droit Administratif", páginas 636 y 658-659. (786) El acto o contrato de una municipalidad de provincia o de una entidad autárquica institucional provincial, como así el acto o contrato de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las entidades autárquicas institucionales de la Nación a los efectos considerados en el texto deben tenerse por actos de la Nación o de la provincia, respectivamente: 1º porque toda entidad autárquica, sea ésta territorial o institucional, es administración "indirecta" del Estado nacional o provincial (ver tomo 1º, nº 109); 2º porque los bienes de que dispone la entidad autárquica para el cumplimiento de sus fines son del respectivo "Estado" (ver tomo 1º, nº 114, texto y nota 100); 3º porque en caso de insuficiencia del activo disponible de la entidad autárquica, el Estado (Nación o provincia) responde subsidiariamente (ver tomo 1º, nº 128); 4º porque, en nuestro país, las municipalidades son "creaciones" de la Nación o de las provincias (Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias correspondientes), no teniendo otras atribuciones que las que la respectiva ley orgánica les otorgue (ver tomo 1º, nº 176). (787) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 94-95. (788) Laubadère: "Droit Administratif Spécial", página 50; "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 583, página 312, y nº 587, páginas 313-314, y "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 942, página 62, y nº 944, página 66; Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de Direito Administrativo", volumen 63, página 8, Rio de Janeiro, enero-marzo 1961, edición de la Fundación Getúlio Vargas; Rivero: "Droit Administratif", nº 124, página 111. Además, véanse: Waline: "Droit Administratif", página 621; Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 38. (789) En sentido concordante: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, números 945-946, páginas 67-68. La ley 13264 fue derogada y reemplazada por la ley 21499 , que en materia de "lucro cesante" mantiene el criterio de la ley derogada. Para lo atinente al lucro cesante como rubro a considerar en las
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indemnizaciones dispuestas a cargo del Estado, véase el tomo 4º de esta obra, nº 1647 bis, quinta edición, Buenos Aires 1992. (790) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 948, páginas 68-69. (791) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resolver un caso donde, por un acto propio del Poder Ejecutivo, el precio del producto objeto de un contrato de suministro celebrado por el Ministerio de Ejército, se elevó o aumentó, obligando esto a que el cocontratante, para cumplir sus obligaciones, adquiriese el producto a un precio mayor que el tenido en cuenta en el momento de contratar -lo cual alteró la ecuación económico-financiera del contrato-, dejó sin efecto la cláusula sobre invariabilidad de precios incluida en el contrato de referencia ("Fallos", tomo 248, página 79 y siguientes, in re "S.R.L. Carlos Reisz y Cía. c/Nación Argentina" ). (792) El nuevo Reglamento de las Contrataciones del Estado (decreto 5720/72), en su artículo 56, modificó el transcripto texto del anterior reglamento (decreto 6900/63). (793) Véase: Busso: "Código Civil Anotado", tomo 3º, página 315, nº 109; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, página 62. (794) Véase: Aguiar: "Hechos y actos jurídicos en la doctrina y en la ley", tomo 4º, páginas 199-200. Trátase de un principio general cuya aplicación debe aceptarse, asimismo, en derecho público, pues no existe razón alguna para establecer lo contrario. (795) Para lo que ha de entenderse por "daño resarcible", véase: Aguiar: op. cit., tomo 4º, páginas 75-76. (796) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 916, páginas 30-31, quien, además, cita un fallo del Consejo de Estado francés. (797) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 39. (798) Waline: "Droit Administratif", nº 1042, página 622. (799) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 64-65; además, del mismo autor: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 587, páginas 313-314. (800) Recuérdese que en materia de "fuentes" del derecho administrativo, no sólo revisten tal carácter las "normas" de la Constitución, sino también los "principios" que surgen de tales normas. Véase el tomo 1º, nº 58, texto y nota 145. (801) Véase el tomo 1º, nº 74, texto y nota 300, y tomo 2º, nº 526, texto y nota 880. (802) En concordancia con lo dicho en el texto, correponde tener presente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el tribunal declaró que el Estado nacional, que por un acto propio elevó el precio mínimo de las mercaderías cuya compra había
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contratado con un particular, no puede acogerse a la cláusula de invariabilidad de precios incorporada al contrato, debiendo entonces compensar al proveedor por el mayor costo, en la medida en que éste resulte de dicho acto administrativo ("Fallos", tomo 248, página 79 y siguientes, in re "S.R.L. Carlos Reisz y Cía. c/Nación Argentina" ). Tratábase del suministro de una partida de avena contratada por el Ministerio de Ejército con la firma actora. Por un decreto posterior al contrato, el Poder Ejecutivo aumentó el precio básico vigente hasta entonces para la avena; esto determinó que el cocontratante, para cumplir lo convenido, debió pagar por la avena un precio mayor que el tenido en cuenta al contratar. (803) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 29; Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán en 1936, "Régimen de concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, páginas 110-111, sección doctrina; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, nº 514, páginas 72-74; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 589, páginas 314-315, y nº 592, página 316; "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 950, página 72, y "Droit Administratif Spécial", páginas 54-55; Rivero: "Droit Administratif", nº 126, página 113; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, páginas 34-37. (804) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 965, páginas 91-92, y nº 966, páginas 92-93. (805) Sayagués Laso: op. cit., tomo 2º, nº 514, página 72; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 592, página 317, y "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 967, páginas 93-96; Rivero: "Droit Administratif", nº 126, página 113; Vedel: "Droit Administratif", página 657. (806) Véase G. Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, páginas 41 y 42, números 478 y 479, quien, además, cita fallos del Consejo de Estado de Francia, Librairie de la Cour de Cassation, Paris 1953). (807) Rivero: "Droit Administratif", nº 125, página 112; Guillermo Alberto Saravia: "La teoría del riesgo en la contratación administrativa", capítulo IV, páginas 11-13, Córdoba, 1957; Enrique V. Galli, en su actualización de la obra de Raymundo M. Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", tomo 1º, página 183, nº 165 n., Buenos Aires 1952. (808) Blondeau: "La concession de service public", páginas 215 y 225. (809) Enrique V. Galli, en su actualización de la obra de Raymundo M. Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", tomo 1º, página 183, nº 165 m.; Guillermo Alberto Saravia: "La teoría del riesgo en la contratación administrativa", capítulo IV, páginas 13-14. (810) Waline: "Droit Administratif", página 623, nº 1047.
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(811) Para la cuestión en nuestro derecho, véase: Llambías: "Tratado de Derecho Civil. Parte General", tomo 2º, números 1467-1474, página 338 y siguientes, Buenos Aires 1961; Borda: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte General", tomo 2º, números 865-871 bis, página 97 y siguientes, Buenos Aires 1955. Véase mi trabajo "La lesión en el derecho administrativo. Improcedencia de su alegación por el Estado. Lo atinente al administrado", en "Jurisprudencia Argentina", Doctrina 1975, página 468. (812) Para un examen de esas teorías, véanse: Arnoldo Medeiros da Fonseca: "Caso fortuito e teoria da imprevisäo", página 201 y siguientes, Rio de Janeiro 1943; Guillermo Alberto Saravia: "La teoría del riesgo en la contratación administrativa", capítulo II, página 33 y siguientes, Córdoba 1957. (813) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, página 76. Téngase presente que nuestro Código Civil, a raíz de la reforma del año 1968, actualmente acepta la teoría de la imprevisión (artículo 1198 ). (814) Véanse las referencias de Laubadère: op. cit., tomo 3º, nº 992, páginas 117-119, quien trae a colación las opiniones de quienes encuentran dicho fundamento en el "principio del equilibrio financiero del contrato" o en la "común intención de las partes". Para Laubadère, en cambio, dicho fundamento no es otro que la "regla de derecho de los contratos administrativos, declarada por la jurisprudencia al margen de toda intención de los contratantes", basada, por una parte, en consideraciones de equidad, en cuyo mérito la Administración debe compartir una pérdida de la que ella no es responsable, y, por otra parte, en la necesidad de que intervenga la Administración para permitir que continúe funcionando el servicio público (op. cit., tomo 3º, página 119). Pero todas esas consideraciones son vagas e imprecisas, no siendo idóneas para servir de fundamento a la teoría de la imprevisión; a ello agréguese que en nuestro derecho la "equidad" no es fuente jurídica (véase el tomo 1º de la presenta obra, nº 78). (815) Ver Waline: "Droit Administratif", nº 1044, página 622. Además: Blondeau: "La concession de service public", página 215. (816) En algunas obras jurídicas dicho fallo figura como del "24" de marzo de 1916, mientras que en otras aparece como del "30" de marzo de 1916. (817) Blondeau: op. cit., páginas 220-221; Laubadère: "Droit Administratif Spécial", página 54; "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 590, página 315, y "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 952, páginas 77-79; Vedel: "Droit Administratif", páginas 632-633. (818) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, página 11, nº 241. (819) Véase el tomo 1º de la presente obra, nº 78. (820) Marienhoff: "La teoría de la imprevisión y su recepción en el derecho público argentino", en "Jurisprudencia Argentina", 1959-V, páginas 106-107, sección doctrina.
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Recientemente, Diez ha compartido mis conclusiones (Manuel María Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 563, y tomo 3º, páginas 286-287). (821) Insisto en que, en materia de "fuentes" del derecho administrativo, no sólo revisten tal carácter las "normas" de la Constitución, sino también los "principios" que surgen de tales normas. Véase el tomo 1º, nº 58, texto y nota 145. (822) Véase el tomo 1º, nº 74, texto y nota 300, y tomo 2º, nº 526, texto y nota 880. (823) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, página 76, punto 4º. Sin embargo, en nuestro país, con relación al derecho privado, actualmente debe tenerse presente el artículo 1198 del Código Civil, donde, a raíz de la reforma del año 1968, se acepta la teoría de la imprevisión en ese ámbito jurídico. (824) Bielsa: "Contribución al examen de algunas instituciones jurídicas", página 30, Buenos Aires 1933, y "Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 411 y 413, Buenos Aires 1947. (825) Villegas Basavilbaso: "Cuestiones de Derecho Administrativo", páginas 84-85, Buenos Aires 1937, publicado por el Ministerio de Marina; Roberto Tello: "La teoría de la imprevisión en los contratos de servicios públicos", página 94; Héctor Pedro Fassi: "La teoría de la imprevisión. (En el derecho público)", en "La Ley", tomo 98, página 781 y siguientes. Esta último escritor, para sotener que la teoría en cuestión no es aplicable en nuestro derecho, dice, en síntesis, que los artículos 16 y 17 de la Constitución, invocados como fundamento de ella, no la mencionan. Pero a esto se le replicó diciendo que el fundamento constitucional atribuido por mí a la teoría de la imprevisión, no tenía precisamente en vista el "texto" o "letra" de esos preceptos, sino algo más relevante: los "principios" de derecho que surgen del "espíritu" de esas normas (véase: Beatriz F. Dalurzo: "La teoría de la imprevisión y la Constitución Nacional", en "Jurisprudencia Argentina", 1960-VI, páginas 101-104, sección doctrina). (826) Marienhoff: "La teoría de la imprevisión y su recepción en el derecho público argentino", en "Jurisprudencia Argentina", 1959-V, páginas 106-107, sección doctrina. (827) Véase el tomo 1º, nº 58, texto y nota 145 bis. (828) Manuel María Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 563, y tomo 3º, páginas 286-287; Beatriz F. Dalurzo: "La teoría de la imprevisión y la Constitución Nacional", en "Jurisprudencia Argentina", 1960-VI, páginas 101-104, sección doctrina. (829) Guillermo Alberto Saravia: "La teoría del riesgo en la contratación administrativa", capítulo V, página 15, nº 8, Córdoba 1959. (830) Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 1936, "Régimen de concesiones de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, páginas 110-111, sección doctrina. Además: Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 29, Buenos Aires 1950.
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(831) Puede verse dicha ley en "Anuario de Legislación (Nacional y Provincial)", de "Jurisprudencia Argentina", 1960, página 79. Ténganse presentes las leyes nacionales 21391 y 21392 , que establecen un régimen de actualización de precios y valores. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sentencia del 17 de noviembre de 1981, in re "Vialco S.A. c/Agua y Energía Eléctrica" , declaró que conforme a la ley 21392 corresponde actualizar deudas por períodos anteriores a dicha ley ("Fallos", tomo 303, página 1753 y siguientes). (832) Esta ley puede vérserla en "Anuario de Legislación (Nacional y Provincial)", de "Jurisprudencia Argentina", 1966, página 327 y siguientes. La ley mencionada en el texto fue dejada sin efecto por la ley 7482 , que puso nuevamente en vigencia a la ley de obras públicas 6021 . (833) Este decreto puede vérsele en "Jurisprudencia Argentina", 1948-IV, página 37, sección legislación. (834) Ver notas 775 y 797. (835) Cámara Federal de la Capital, en "Jurisprudencia Argentina", 1967-IV, páginas 409-410, in re "Borujovsky c/Efea". Tratábase de un contrato de "suministro". En realidad, aunque el tribunal se refirió a la teoría de la imprevisión, el caso fallado no constituía un supuesto de "imprevisión", sino de "hecho del príncipe". (836) Suprema Corte de Mendoza, en "Jurisprudencia Argentina", tomo 76, página 767 y siguientes, especialmente páginas 785-786, in re "Termas de Cacheuta (S.A.) c/Provincia de Mendoza" . (837) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 266, página 61 y siguientes, y en "Jurisprudencia Argentina", 1966-VI, página 250 y siguientes, in re "Oks Hermanos y Cía. c/Gobierno Nacional" . (838) Ver Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 952, páginas 77-81. (839) Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de Direito Administrativo", volumen 65, página 8, Rio de Janeiro, julio-septiembre de 1961, publicado por la Fundación Getúlio Vargas. (840) Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 391, página 573. (841) Garrido Falla: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 95. (842) Brewer Carías: "Las instituciones fundamentales del derecho administrativo y la jurisprudencia venezolana", página 210. (843) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, página 34, nº 423; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats
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administratifs", tomo 3º, nº 953, página 82, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 589, página 314, y nº 591, página 315; Pedro Guillermo Altamira: "El riesgo imprevisible en la contratación administrativa", en "La Ley", tomo 28, página 902 y siguientes, especialmente página 907; Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", página 333. Además, véase: Enrique V. Galli, actualizando la obra de Raymundo M. Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", tomo 1º, página 181, nº 165 g., Buenos Aires 1952. (844) Téngase presente que, a raíz de la reforma del año 1968, nuestro Código Civil, artículo 1198 , se acepta la teoría de la imprevisión. (845) Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", página 334; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, números 989-990, páginas 115-116, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 594, página 317. (846) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, páginas 35 y 42-43; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, página 37, nº 445; Rivero: "Droit Administratif", nº 126, página 113; Berçaitz: op. cit., página 333. Véase, no obstante, lo que escribe Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, números 972-974, páginas 101-105, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 316-317. (847) Jèze: op. cit., tomo 5º, página 43. (848) Jèze: op. cit., tomo 5º, páginas 42-43; Waline: "Droit Administratif", nº 1038, página 618; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 101-102. En sentido concordante: ley nacional 12910, artículo 3º , in fine. (849) Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de Direito Administrativo", volumen 63, página 10, Rio de Janeiro, enero-marzo de 1961, edición de la Fundación Getúlio Vargas; Berçaitz: op. cit., página 334; Vedel: "Droit Administratif", página 635; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 2º, página 74, texto y nota 4. (850) Roberto Tello: "La teoría de la imprevisión. Su campo de aplicación en los contratos administrativos", en "Revista de Derecho y Administración Municipal", nº 188, página 933, Buenos Aires, octubre de 1945; Enrique V. Galli, actualizando la obra de Raymundo M. Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", tomo 1º, nº 165 d´, página 189, Buenos Aires 1952. (851) Aunque en los casos que mencionaré no se trataba precisamente de supuestos donde sería aplicable la teoría de la imprevisión, sino los principios sobre hecho del príncipe, lo cierto es que esas sentencias se emitieron en sentido concordante al del texto (Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 248, página 79 y siguientes, in re "Reisz y Cía. S.R.L. c/Gobierno Nacional -Ministerio de Ejército- s/cobro de pesos" , Cámara
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Federal de la Capital, en "Jurisprudencia Argentina", 1967-IV, páginas 409-410, in re "Borujovsky c/Efea"). (852) Corte Suprema de Justicia de la Nación, en "Jurisprudencia Argentina", 1966-VI, página 251 y siguientes, considerando 4º, in re "Oks Hermanos y Cía. c/Gobierno Nacional" ; Jèze: "Principios generales de derecho administrativo", tomo 5º, páginas 36, punto 3º, y 51 y siguientes; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, páginas 34-36, números 426-427, 429 y 435; Rivero: "Droit Administratif", página 113, nº 126. (853) Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 34, nº 427. (854) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 43 y siguientes; Péquignot: op. cit., fascículo 511, páginas 34-35, números 426 y 428; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º nº 592, páginas 316 y 317, punto 3º; Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de Direito Administrativo", volumen 63, página 2, Rio de Janeiro, enero-margo de 1961, edición de la Fundación Getúlio Vargas; Vedel: "Droit Administratif", páginas 633-634. (855) Véanse las referencias jurisprudenciales que trae Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 592, página 316. En este orden de ideas, se ha dicho que la "imprevisión" implica un "déficit" (quebranto) del cocontratante, que se determina por un balance entre las entradas y las salidas relacionadas con el ejercicio de la actividad objeto del contrato. De ello resulta, se agrega, que sólo puede haber "imprevisión" cuando el objeto del contrato consista en una actividad de carácter industrial o comercial (Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 956, página 85). (856) Jèze: op. cit., tomo 5º, página 36, punto 2º y I; Péquignot: op. cit., fascículo 511, páginas 35 y 36, números 430, 431, 432, 433, 436 y 437; Berçaitz: op. cit., página 334; Rivero: "Droit Administratif", nº 126, página 113; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, números 969-970, páginas 97-99, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 592, página 316. (857) En ese sentido se pronunció el Consejo de Estado de Francia, y tal criterio es auspiciado por la doctrina autorizada (véase: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 970, páginas 98-99). (858) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fallado en el sentido que expongo en el texto: admitió que en un contrato de "suministro", donde el cocontratante se obligó a proveer una cantidad de avena, dicho cocontratante, ante un aumento inesperado del precio de ese producto -aumento que se consideró normalmente imprevisible-, tenía derecho a reclamar lo que, con relación al precio aceptado en la adjudicación, debió pagar de más para adquirir la avena y entregársela en término a la Administración, cumpliendo así el contrato ("Fallos", tomo 248, página 79 y siguientes, in re "Reisz y Cía. c/Gobierno nacional" , sentencia del 14 de octubre de 1960).
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En cambio, la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital falló en sentido contrario, pues, en un contrato de "suministro" donde el cocontratante no tenía en su poder, al tiempo de la adjudicación, el producto objeto del contrato, declaró inaplicable por ese motivo la teoría de la imprevisión ("Jurisprudencia Argentina", 1966-III, páginas 462-463, in re "Dirección General de Fabricaciones Militares c/Protón S.A.", sentencia del 30 de marzo de 1966), Por las razones que he dado en el texto, juzgo equivocado el criterio que sirvió de base a esta sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital. (859) Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, página 35, nº 430. (860) Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 35, nº 431; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 965, página 91. (861) Véase: Waline: "Droit Administratif", nº 1043, página 622. (862) Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 35, nº 432; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 965, página 92, y nº 966, páginas 92-93, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 592, página 316; Rivero: "Droit Administratif", nº 126, página 113. (863) Pedro Guillermo Altamira: "El riesgo imprevisible en la contratación administrativa", en "La Ley", tomo 28, página 907; Roberto Tello: "La teoría de la imprevisión. Su campo de aplicación en los contratos administrativos", en "Revista de Derecho y Administración Municipal", nº 188, páginas 933 y 935, Buenos Aires, octubre de 1945; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 592, página 316; Waline: "Droit Administratif", nº 1046, página 623; Cretella Júnior: "Tratado de Direito Administrativo", tomo 3º, nº 42, página 74; Vedel: "Droit Administratif", página 658. (864) En sentido concordante: Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 36, nº 437. (865) En idéntico sentido, sosteniendo que la teoría de la imprevisión es también procedente en los contratos instantáneos, de prestación única y de ejecución diferida: Francesco Messineo: "Dottrina generale del contratto", página 504, letra f., Milano 1948, editorial Giuffrè; Luigi Cariota Ferrara: "El negocio jurídico", traducción del italiano, página 229, Madrid 1956, edición Aguilar. Además, en sentido concordante, véanse las referencias de Augusto M. Morello: "Ineficiencia y frustración del contrato", páginas 220-222. (866) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 248, página 79 y siguientes, in re "Reisz y Cía. c/Gobierno Nacional" ; Cámara Federal de Apelaciones de la Capital, en "Jurisprudencia Argentina", 1967-IV, páginas 409-410, in re "Borujovsky c/Efea". En sentido concordante: véase: Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 33. (867) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, páginas 30-31; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo
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511, página 34, nº 424; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, nº 391, páginas 571-572; Waline: "Droit Administratif", nº 1046, página 623; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 954, página 83, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 591, página 315; Berçaitz: "Teoría general de los contratos administrativos", nº 181, página 337; Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de Direito Administrativo", nº 63, página 11, Rio de Janeiro, enero-margo de 1961, edición de la Fundación Getúlio Vargas; Cretella Júnior: "Tratado de Direito Administrativo", tomo 3º, nº 42, página 74. (868) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 5º, página 31; Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 33, nº 417; Waline: op. cit., nº 1046, página 623; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 955, página 83, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 591, página 315; Vedel: "Droit Administratif", página 658; Caio Tácito: "O equilíbrio financiero na concessäo de serviço público", en "Revista de Direito Administrativo", nº 63, página 11. (869) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 5º, página 34; Waline: op. cit., nº 1046, página 623; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 955, página 83, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 591, página 315; Berçaitz, op. cit., páginas 332 y 337; Vedel: op. cit., página 658; Caio Tácito: trabajo citado en "Revista de Direito Administrativo", nº 65, página 8. (870) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 5º, páginas 32-33 y 346 y siguientes; Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 33, nº 417; Waline: op. cit., nº 1046, página 623; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 955, página 83, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 591, página 315; Berçaitz: op. cit., páginas 332 y 337; Vedel: op. cit., página 658; Caio Tácito: trabajo citado, en "Revista de Direito Administrativo", nº 65, página 8. (871) En igual sentido: Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 33, nº 417; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 955, páginas 83-84; Berçaitz: op. cit., página 337; Vedel: op. cit., página 658. (872) Acerca de la noción conceptual de contratos administrativos de "colaboración" y de "atribución", véase el nº 611, punto 2º. (873) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 958, páginas 86-87. Entre nosotros, Diez, siguiendo la orientación de Laubadère, llega a igual conclusión que éste, o sea que no existe obstáculo jurídico que se oponga a que las empresas del Estado invoquen en su apoyo la teoría de la imprevisión (Manuel María Diez: "Derecho Administrativo", tomo 2º, página 565). (874) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 983 bis, página 110, y "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 590, página 315, quien al respecto cita un fallo del Consejo de Estado de Francia. En sentido concordante, véanse: Waline: "Droit Administratif", nº 1044, página 622; Guillermo Alberto Saravia:
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"La teoría del riesgo en la contratación administrativa", capítulo II, página 60, y capítulo V, página 14; Procuración del Tesoro de la Nación, "Dictámenes", tomo 119, página 8 (1º-X-1971). (875) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 983 bis, página 110. (876) Caetano: "Manual de direito administrativo", páginas 340-341, para quien constituye un "principio general de derecho administrativo". Además, véase: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 951, página 76, punto 4º, para quien la teoría de la imprevisión es propia del derecho administrativo. (877) Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 590, página 315. En igual sentido: Waline: "Droit Administratif", nº 1044, página 622, quien en tal sentido cita un fallo del Consejo de Estado francés. (878) En general, acerca de las cláusulas integrantes de un contrato administrativo que excluyan o limiten la responsabilidad de la Administración Pública ("Estado"), por hechos o actos comprendidos en el concepto jurídico de "imprevisión", véase lo que al respecto dije en el nº 772, punto 2º, texto y notas, al referirme a igual cuestión relacionada con el "hecho del príncipe". El Reglamento de las Contrataciones del Estado, en lo que respecta al reajuste de precios, dispone en el inciso 59 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad: "Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables cualquiera fuere la causal que modifique la economía del contrato. Sólo podrá admitirse el reajuste de precios cuando exista autorización otorgada por el Poder Ejecutivo, y se lo hubiere previsto expresamente en las cláusulas particulares. La omisión de este último requisito significará que el organismo licitante no hace uso de la facultad acordada y, por lo tanto, no se reconocerá derecho alguno al proveedor". Es de advertir que tal disposición podría resultar inválida si en el caso concreto apareciere en contradicción con los principios expuestos en el mencionado nº 772, punto 2º. La ley de contabilidad (decreto-ley 23354/56), a que se refiere la reglamentación transcripta, en parte alguna autoriza expresa y concretamente semejante disposición que, como lo dejo expresado, en ciertos casos podría carecer de validez, por constituir entonces un cláusula "ilegal" del pliego de condiciones, carácter ésta que reviste el Reglamento de las Contrataciones del Estado. Considerado como reglamento de ejecución, el Reglamento de las Contrataciones del Estado, en la parte transcripta, sería objetable, por cuanto altera el espíritu de la norma reglamentada. Por lo demás, va de suyo que el referido inciso 59 de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad, no puede prevalecer sobre los "principios" emergentes de los artículos 16 y 17 de la Constitución, que en nuestro país constituyen el fundamento positivo de la teoría de la imprevisión. Lo contrario implicaría admitir que el Poder Ejecutivo, por vía de reglamentación, pueda desnaturalizar el sentido y el alcance, no sólo de la ley, sino de la propia Constitución(a). En sentido concordante: Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 590, página 315, quien cita un fallo del Consejo de Estado de Francia, y "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 983 bis,
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página 110. (a) El transcripto artículo 59 fue derogado y reemplazado por el artículo 56 del decreto 5720/72, que es el nuevo Reglamento de Contrataciones. (879) Vedel: "Droit Administratif", página 634; Rivero: "Droit Administratif", nº 127, página 113-114. (880) Rivero: "Droit Administratif", nº 127, página 113; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, números 988-989, página 115; "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 594, página 317, y "Droit Administratif Spécial", página 53. (881) Waline: "Droit Administratif", nº 1048, página 624; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 990, página 116. (882) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, páginas 80-82; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 595, página 318; Rivero: "Droit Administratif", nº 127, página 113; Guillermo Alberto Saravia: "La teoría del riesgo en la contratación administrativa", capítulo IV, páginas 23-25. (883) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 38; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 511, páginas 41-42, números 479-480; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 595, página 318; Altamira, Pedro Guillermo: "El riesgo imprevisible en la contratación administrativa", en "La Ley", tomo 28, página 907. Este último autor agrega: "La mera disminución de las ganancias no justifica la aplicación de la teoría de la imprevisión, pues ello no constituye álea extraordinaria" (trabajo y lugar citados). También en materia de "hecho del príncipe", a pesar del carácter "integral" que en este caso reviste la indemnización, las "ganancias" dejadas de percibir (lucro cesante) pueden no integrar el concepto de "indemnización", lo cual depende del derecho positivo vigente en el lugar de que se trate (véase el nº 772, texto y nota 732). (884) En ese orden de ideas, cuadra advertir que, de acuerdo al decreto 11511/47, reglamentario de la ley 12910 (referente a "obras públicas"), no son indemnizables los deterioros que importen menos del dos por ciento (2%) del monto del contrato (artículo 9º ). En igual sentido, con relación a un contrato de "suministro", se pronunció la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital (sentencia del 8 de mayo de 1966, in re "Calquímica S.R.L. c/Administración de Obras Sanitarias de la Nación"); el tribunal declaró que cuando el aumento en los costos experimentados por la empresa adjudicataria no alcanza al dos por ciento (2%) del valor de la provisión, no cabe reconocerlo, desde que se trata de una diferencia tan insignificante que no puede haber producido un verdadero quebranto (ese fallo puede vérsele en "El Derecho", 28 de enero de 1967, y en "La Ley", 15 de agosto de 1966). La Corte Suprema de Justicia de la Nación sustenta idéntico criterio general. Con referencia a un contrato de "suministro", dijo: "La teoría de la imprevisión no puede, en
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todo caso, hacerse jugar para corregir agravaciones no substanciales de las obligaciones contraídas; el principio sigue siendo el cumplimiento estricto de lo pactado, aun a costa de sacrificios: pacta sunt servanda. Sólo cuando se ha alterado la base del negocio jurídico y de ello deriva un perjuicio grave y esencial, esta doctrina propugna la intervención de los jueces para impedir que se consume una injusticia que hiere el sentimiento jurídico" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, en "Fallos", tomo 266, página 61 y siguientes, especialmente páginas 71-72, y en "Jurisprudencia Argentina", 1966-VI, páginas 251-253, sentencia del 19 de octubre de 1966, in re "Oks Hermanos y Cía. c/Gobierno Nacional" ). (885) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, páginas 76-77; Péquignot: op. cit., fascículo 511, páginas 41-42, números 478-484; Vedel: "Droit Administratif", página 634; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 318, y "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 1002, páginas 127-128. (886) Vedel: op. cit., página 634; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, página 318. (887) Péquignot: op. cit., fascículo 511, página 42, nº 483. Otro autor francés, Vedel, estima que la autoridad judicial generalmente deja a cargo del cocontratante del cinco al quince por ciento de las pérdidas, quedando el resto a cargo de la Administración Pública ("Droit Administratif", página 634). En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 5º, páginas 79-80; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, página 128, y "Droit Administratif Spécial", página 53; Tello: "La teoría de la imprevisión en los contratos de servicios públicos", página 40. (888) Jèze: "Principios generales de derecho administrativo", tomo 5º, páginas 79-80. (889) Jèze: "Principios generales de derecho administrativo", tomo 5º, páginas 77-79; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 128-129. Además: Tello: "La teoría de la imprevisión en los contratos de servicios públicos", páginas 39-40. (890) En sentido concordante: Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 996, página 121. (891) Decía así el expresado inciso 60: "Cuando no se dicten otras normas sobre el particular, el reajuste de precios se hará en función de las variaciones establecidas en sus tablas por la Dirección General de Estadística y Censos de la Nación, con referencia al precio del producto contratado. Si el producto no figurase en dichas tablas, se solicitará la información necesaria al organismo oficial competente. A los efectos de los reconocimientos se computarán las variaciones producidas en el período comprendido entre la fecha de la adjudicación y la fijada para el cumplimiento del contrato, sin considerar las prórrogas que se acordaran en virtud de lo autorizado por el inciso 91".
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(892) Rivero: "Droit Administratif", nº 128, página 114; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 1003, páginas 129-130; "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 596, página 319, y "Droit Administratif Spécial", páginas 54-55. (893) Rivero: "Droit Administratif", nº 128, página 114; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 1003, páginas 129-130; nº 1004, página 130; nº 1005, páginas 130-131; "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 596, página 319, y "Droit Administratif Spécial", páginas 54-55. (894) En idéntico sentido: Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, nº 596, página 319. (895) Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 1004, página 130. (896) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso donde la parte actora sostuvo que en materia de derecho público son inaplicables las disposiciones del Código Civil sobre prescripción, se pronunció en sentido concordante al que dejo expresado en el texto. Dijo el tribunal: "Esta Corte ha resuelto en diversas oportunidades que la Nación, aun en su carácter de persona del derecho público puede oponer la prescripción, y que por fundarse ésta en razones de interés y de orden público, su aplicación a las relaciones de derecho tanto privado como público, se presupone siempre, a menos que leyes nacionales contengan declaraciones expresas de imprescriptibilidad... Por lo demás, el artículo 3951 del Código Civil permite invocar la prescripción al `Estado general´, sin establecer limitación alguna que sirva de apoyo a la tesis contraria a la admitida en los fallos de referencia" ("Fallos", tomo 179, página 305 y siguientes, especialmente página 307). En mérito a ello, aplicando el artículo 4027 , inciso 3º, del Código Civil, la Corte Suprema declaró prescripta la acción del actor respecto al cobro de sueldos como funcionario público. (897) "Fallos", tomo 204, página 626 , especialmente páginas 638-640. La Corte Suprema elaboró su decisión en base a los artículos 4023 , 4037 y 4038 del Código Civil. (898) "Jurisprudencia Argentina", tomo 44, página 428. Reclamábase el pago de "intereses" correspondientes a certificados de obras públicas. La Cámara declaró prescripta la acción en mérito al artículo 4027 , inciso 3º, del Código Civil. En general, sobre prescripción de la acción para el cobro de intereses de los certificados de deuda en materia de obras públicas, puede verse: Fernando F. Mó: "Régimen Legal de las Obras Públicas", páginas 301-302; Manuel María Diez: "Derecho Administrativo", tomo 3º, página 74 y siguientes. (899) "Jurisprudencia Argentina", tomo 70, página 401. En este juicio se reclamó el pago de "intereses" que quedaron pendientes después de percibir el capital. La Cámara, al declarar prescripta la acción deducida, se fundó en el artículo 4027 , inciso 3º, del Código Civil.
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(900) Matienzo: "Cuestiones de Derecho Público Argentino", tomo 2º, página 699, Buenos Aires 1924. En igual sentido: Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 179, página 305 y siguientes. (901) Véase el tomo 2º, nº 470. (902) Véase, precedentemente, nº 706 y siguientes. (903) Véase el tomo 2º, números 397-425 y 470-501. (904) Puede verse: Cesare Cammeo: "I contratti della pubblica amministrazione", nº 29, páginas 68-71; Waline: "Droit Administratif", páginas 602-603; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 1º, página 202 y siguientes. (905) En sentido concordante, el decreto-ley 19549/72, sobre procedimiento administrativo nacional, en el Título III, referente a los requisitos esenciales del acto administrativo, dice así en el artículo 7º , letra f), in fine: "Los contratos que celebre el Estado, los permisos y las concesiones administrativas se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación analógica de las normas del presente Título, si ello fuere procedente". (906) Véase el tomo 2º, números 536-545. (907) Véase el tomo 2º, números 448 y 503. (908) Los autores se han ocupado de este aspecto de la cuestión. Véase: Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 6º, página 341 y siguientes; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, página 211 y siguientes. (909) Véase el tomo 2º, números 507-529. (910) Véase el tomo 2º, nº 507, y números 530-535. (911) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 6º páginas 183 y 187-188; Berthélemy: "Traité élémentaire de droit administratif", página 718; Resta: "La revoca degli atti amministrativi", página 145; Antonio Vitale: "Il regime delle acque nel diritto pubblico e privato italiano", página 317; Zanobini: "Corso de diritto amministrativo", tomo 4º, página 74; Villegas Basavilbaso: "Derecho Administrativo", tomo 4º, página 267; Bullrich: "Nociones de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 309; Carlos H. Pareja: "Curso de Derecho Administrativo Teórico y Práctico", tomo 1º, páginas 415 y 416; Brandao Cavalcanti: "Tratado de Direito Administrativo", tomo 4º, página 451; Laubadère: "Traité élémentaire de droit administratif", tomo 1º, números 560, 566 y 567, páginas 303 y 305-306. (912) El indebido uso promiscuo de los términos caducidad y revocación no sólo se observa en fallos judiciales, sino también en textos legales, obras de doctrina, conferencias de abogados, disposiciones administrativos, etc. Es posible que algunas de esas fallas respondan a inadvertencia; pero lo cierto es que analizado el punto con criterio técnico, la
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deficiencia terminológica es evidente. En tal sentido, véase lo que escribe Resta: "La revoca degli atti amministrativi", páginas 144-145. En más de una oportunidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación calificó como "caducidad" lo que en el caso era "revocación" ("Fallos", tomo 114, página 126; tomo 201, página 443 y siguientes; tomo 204, página 626). La Cámara Federal de La Plata, en un caso de "revocación", habla indiscriminadamente de caducidad y de revocación ("Jurisprudencia Argentina", tomo 68, página 280 y siguientes). La Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 1936, refiriéndose a la concesión de servicio público, confundió caducidad con revocación, pues, al referirse a la procedencia de aquélla, habló de "caducidad por motivos de interés público", siendo que el "interés público" no es causal de caducidad, sino de revocación ("Jurisprudencia Argentina", tomo 61, sección doctrinaria, página 94). Así lo hice resaltar en otra publicación; a raíz de esto, uno de los redactores de aquel despacho sobre concesiones de servicios públicos, doctor Benjamín Villegas Basavilbaso, con el alto espíritu científico que siempre le caracterizó, reconoció ese error de la Comisión de que formó parte ("Derecho Administrativo", tomo 4º, página 274, nota 35). (913) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 124, página 171 y siguientes, especialmente página 188; tomo 183, página 116 y siguientes, especialmente páginas 134-135; tomo 224, página 536 y siguientes, especialmente página 539. (914) Véase la derogada ley nacional de tierras, 4167, artículo 10 . Además: Ley de Aguas de Catamarca, de 1896, artículo 28; Código Rural de Santa Fe, artículo 476; Código de Aguas de Salta, artículos 45 y 46; Código de Aguas de Jujuy, artículo 50 ; Código de Aguas de Santiago del Estero, artículos 36, inciso c), 92, 93, 100 y 108. Leyes extranjeras: Ley de Aguas de Bolivia, artículo 200; Ley de Aguas de España, artículo 158, y Código Civil español, artículo 411; Texto Único de las disposiciones legales sobre aguas e instalaciones eléctricas de Italia, del año 1933, artículo 55; Código Rural del Paraguay, artículo 360; Código de Aguas del Perú, artículo 167; Ley Federal de Suiza sobre utilización de las fuerzas hidráulicas, del 22 de diciembre de 1916, artículo 65; Código de Aguas de Chile, artículos 275 y 280. (915) Proyecto de Código de Aguas de Buenos Aires, artículos 82, párrafo quinto, y 92; Proyecto de Código de Aguas para Mendoza, artículos 25, 75 y 76. (916) Véase el tomo 5º de la presente obra, nº 1834. (917) Aparicio Méndez: "Notas para un estudio sobre los caracteres de la revocación", página 33; Resta: "La revoca degli atti amministrativi", página 145. (918) Para una referencia particular de esto a la concesión de uso sobre el dominio público, véase el tomo 5º, nº 1834. (919) Véase el tomo 2º, nº 505. (920) Véase el tomo 2º, nº 505.
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(921) Véase ley nacional de obras públicas, 13064, artículo 49 . (922) Véase, precedentemente, números 596, in fine, 714, 738, 739 y 743. (923) En tal orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo: "La caducidad de la concesión, fuera de toda disposición expresa acerca de sus efectos en relación a los bienes y a las obras afectadas al servicio público, no puede tener más consecuencia que la de privar al concesionario del derecho de hacer aquello mismo que el acto de concesión le otorgaba como privilegio, esto es, la facultad de ejercer su actividad futura en esa parte de la Administración Pública que dentro de ciertos límites le había sido delegada" ("Fallos", tomo 141, página 190 y siguientes, especialmente páginas 211-212, in re "Sociedad Anónima Canal y Puerto del Oeste c/Gobierno Nacional s/cobro del importe de obras, tierras y mejoras"). En igual sentido: Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 1936, en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, sección doctrinaria, página 116. (924) Véanse: Mayer: "Le droit administratif allemand", tomo 4º, páginas 178-179 y 181; Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en Tucumán, en 1936, en "Jurisprudencia Argentina", tomo 61, página 116, sección doctrinaria; Proyecto de Código de Aguas para la Provincia de Buenos Aires, artículos 93 y 88. (925) Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo citado en la nota 857, tomo 141, página 212. (926) Véase a Mayer: op. cit., tomo 4º, página 181. Pero esa indemnización será procedente si ello es lo que exige el cocontratante, quien podrá optar entre el pago del valor de los bienes o la devolución de éstos en especie. La propiedad privada del cocontratante (concesionario, en el caso) sobre los bienes que destinó para la prestación del servicio público o para realizar el uso de la cosa del dominio público, no cede por el solo hecho de la caducidad de la concesión; para que ello ocurra es necesario cumplir con el procedimiento expropiatorio que la Constitución establece. (927) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 201, página 432 y siguientes, especialmente página 445, in re "Compañía de Electricidad de Corrientes c/Provincia de Corrientes" . Este fallo reviste positivo interés, no sólo por el principio que sienta, sino también por las modalidades que el caso presentó y que fueron contempladas en la resolución del tribunal. En sentido concordante: "Fallos", tomo 204, páginas 626 y siguientes, especialmente páginas 651-652, in re "Juan A. Bracamonte c/Provincia de Tucumán" . (928) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 201, página 432 y siguientes. (929) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 141, página 190 y siguientes, especialmente página 208 y siguientes. (930) "Quod queis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire" (Digesto, libro L., título XVII, párrafo 203). Para la versión española: Ildefonso L. García del Corral:
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"Cuerpo del Derecho Civil Romano a doble texto, traducido al castellano del latino publicado por los hermanos Kriegel, Hermann y Osenbrﾁggen", tomo 3º, página 961. (931) En igual sentido: Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 1º, página 446, Buenos Aires 1947; Spota: "La caducidad de la concesión de servicios públicos", en "Jurisprudencia Argentina", 1946-III, página 772; Villegas Basavilbaso: "Derecho Administrativo", tomo 4º, páginas 272-273. (932) Véase el tomo 5º de la presente obra, nº 1842. (933) En sentido concordante: Código Civil, artículo 19 , que dice así: "La renuncia general de las leyes no produce efecto alguno; pero podrán renunciarse los derechos conferidos por ellas, con tal que sólo miren al interés individual y que no esté prohibida su renuncia". (934) Mayer: "Le droit administratif allemand", tomo 3º, páginas 261-262; D´Alessio: "Istituzioni di diritto amministrativo italiano", tomo 2º, páginas 77-78; Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 4º, página 74; Villegas Basavilbaso: "Derecho Administrativo", tomo 4º, página 293. (935) En general, concuerdan con tal definición: Caetano: "Manual de direito administrativo", nº 292, página 584, Lisboa 1965; Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 6º, páginas 368-369; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 1057, página 186, y nº 1082, página 203. (936) Sólo en casos verdaderamente excepcionales o extraordinarios se ha admitido la posibilidad del "rescate" tratándose de concesiones de uso del dominio público. Es lo ocurrido en Italia, cuyo Texto Único sobre Aguas Públicas e Instalaciones Eléctricas del 11 de diciembre de 1933, artículo 32, acepta la posibilidad del "rescate" tratándose de grandes derivaciones de agua que pueden involucrar relevantes intereses públicos. Trátase de supuestos especialísimos caracterizados por una preeminencia del interés público. Véanse: Vitta: "Diritto Amministrativo", tomo 1º, página 410; Gilardoni: "Acque pubbliche e impianti elettrici", tomo 2º, página 276; Silvestri: "Il riscatto delle concessioni amministrative", página 106. (937) Entre otros: Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 6º, página 369 y siguientes; Alessi: "La revoca degli atti amministrativi", página 69, letras a. y aa.; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 1050, página 182, y nº 1060, página 188; Caetano: "Manual de direito administrativo", nº 292, páginas 584-585, Lisboa 1965; Resta: "La revoca degli atti amministrativi", página 149. (938) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 6º, página 382. (939) En tal sentido: Jèze: op. cit., tomo 4º, página 247; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, páginas 204-205. (940) En el sentido del texto, véanse los supuestos considerados por los autores mencionados en la nota precedente (lugares citados).
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(941) Por supuesto, y huelga decirlo, la "revocación por razones de oportunidad" y el "rescate", como medios jurídicos extintivos de la concesión, proceden uno en defecto del otro, pero de ningún modo simultáneamente. La elección de uno de ellos depende de la finalidad perseguida por el Estado: si la actividad pertinente ha de cesar, el medio idóneo es la "revocación por razones de oportunidad", en tanto que si tal actividad ha de continuar a cargo del Estado, el medio apropiado es el "rescate". No ha de olvidarse que el "rescate", en definitiva, es una medida de reorganización del servicio público, en cuyo mérito el Estado asume la ejecución o prestación directa del mismo; la "revocación por razones de oportunidad" no tiene ese carácter, limitándose a la "extinción" del derecho que la concesión o contrato le atribuían al cocontratante. Por lo demás, si la respectiva actividad ha de continuar, el "rescate" puede requerir la incautación de bienes particulares del concesionario utilizados por éste en la prestación del servicio público (bienes cuyo valor le será reintegrado, desde luego); en cambio, si la actividad en cuestión no ha de continuar, al Estado le bastará con extinguir el derecho del concesionario a la prestación del servicio, sin tener en cuenta los bienes particulares de aquél dedicados a tal prestación, y para esto es idónea la "revocación por razones de oportunidad". (942) Jèze: op. cit., tomo 6º, página 378. Claro está que si existiere una norma que establezca el procedimiento del "preaviso", éste en tal caso sería necesario (ver Silvestri: "Il riscatto delle concessioni amministrative", página 78; Caetano: "Manual de direito administrativo", página 586, Lisboa 1965). (943) Silvestri: "Il riscatto delle concessioni amministrative", páginas 53, 96, 135 y 137; Alessi: "La revoca degli atti amministrativi", página 69, letra aa.; Zanobini: "Corso di diritto amministrativo", tomo 4º, página 75; Resta: "La revoca degli atti amministrativi", páginas 149 y 150. (944) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 4º, página 246; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, números 1082 bis y 1083, páginas 203-205. (945) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 6º, página 370; Silvestri: "Il riscatto delle concessioni amministrative", páginas 199-201. (946) En igual sentido: Jèze: op. cit., tomo 6º, páginas 381 y 386 y siguientes; Silvestri: "Il riscatto delle concessioni amministrative", páginas 84, 96 y 217 y siguientes; Caetano: "Manual de direito administrativo", números 292 y 293, páginas 584-591, Lisboa 1965; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 1057, página 186, y nº 1085, página 206; Alessi: "La revoca degli atti amministrativi", página 69, letra b.; Resta: "La revoca degli atti amministrativi", nº 54, páginas 148 y 151. (947) Véanse: Jèze: op. cit., tomo 6º, página 386 y siguientes; Silvestri: "Il riscatto delle concessioni amministrative", páginas 217 y siguientes; Caetano: "Manual de direito administrativo", nº 293, página 587 y siguientes, Lisboa 1965.
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(948) Alessi: "La revoca degli atti amministrativi", páginas 68 y 69, letra bb.; Zanobini: "Corso di diritto amministrtivo", tomo 4º, página 75. Además véase: Silvestri: "Il riscatto delle concessioni amministrative", página 96, para quien el rescate puede responder a cualquier interés del concedente, salvo las limitaciones resultantes de las leyes o de la propia naturaleza del ente público. (949) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 6º, páginas 370-372; Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, nº 1065, páginas 191-192, y nº 1086, páginas 206-207. (950) Sobre esto último, en sentido concordante: Silvestri: "Il riscatto delle concessioni amministrative", página 83. (951) Sobre la base del derecho positivo de su propio país, y de la noción que ellos tienen sobre "revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia" y "rescate", algunos tratadistas exponen las diferencias que, a su criterio, existen entre dichos institutos. En tal sentido: Resta: "La revoca degli atti amministrativi", páginas 149-150; Alessi: "La revoca degli atti amministrativi", página 69; Silvestri: "Il riscatto delle concessioni amministrative", páginas 94-100. (952) Sobre "ejecutoriedad propia", véase el tomo 2º, nº 438. (953) Véase el tomo 5º de la presente obra, nº 1846. (954) Puede aceptarse la misma clasificación que los constitucionalistas hacen de los contratos, los cuales serían "ejecutivos" y "ejecutados" (Thomas M. Cooley: "Principios generales de derecho constitucional en los Estados Unidos de América", página 292, traducción Carrié, Buenos Aires 1898). (955) Arturo Alessandri Besa: "La nulidad y la rescisión en el derecho civil chileno", página 38, Santiago de Chile 1949. (956) Arturo Alessandri Besa: op. cit., páginas 38 a 42. (957) Con relación a concesiones de tierras definitivamente cumplidas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que para "anularlas", cuando se compruebe que para obtenerlas se procedió con dolo, simulación o error en perjuicio de los intereses fiscales, o contrariando los propósitos fundamentales de la ley, el Estado debe recurrir para ello a la justicia ("Fallos", tomo 185, página 177 y siguientes, especialmente páginas 185-186, in re "Francisco Rodríguez Melero c/Nación Argentina" , sentencia del 17 de noviembre de 1939). (958) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 133, página 61 y siguientes, especialmente página 70, in re "Gerardo Pagano c/Gobierno de la Nación s/constitución de tribunal arbitral", donde la Corte Suprema dijo: "Ningún principio de orden público se opone a que la institución del arbitraje sea practicada por el Estado como persona jurídica a los fines de dirimir sus controversias con los particulares". En igual sentido: "Fallos", tomo
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152, página 347 y siguientes, especialmente páginas 349-350, in re "S.A. Puerto del Rosario c/Gobierno Nacional s/constitución de tribunal arbitral"; tomo 160, página 133 y siguientes, especialmente páginas 137-138, in re "Compañía de Navegación Nicolás Mihanovich Ltda. c/Fisco Nacional s/daños y perjuicios"; tomo 178, página 293 y siguientes, especialmente 296-297, in re "Compañía Ítalo Argentina de Electricidad c/Nación s/constitución de tribunal arbitral" . (959) José Nicolás Matienzo: "Cuestiones de Derecho Público Argentino", tomo 1º, páginas 5 a 8; Clodomiro Zavalía: "La Nación y el arbitraje", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 40, páginas 366-368; Rafael Bielsa: "La Administración Pública y el compromiso arbitral. Observaciones críticas", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 45, página 22 y siguientes, sección doctrina, y "Derecho Administrativo", tomo 1º, página 329, Buenos Aires 1947; Manuel Andreozzi: "La materia contencioso administrativa", página 256; Bidart Campos: "El derecho constitucional del poder", tomo 2º, página 365, nº 1046. Al contrato de construcción de obra pública -que en la generalidad de los países es tenido como típico contrato "administrativo"- en Italia se le considera regido por el derecho privado, siendo procedente a su respecto la institución arbitral (véanse el nº 592, texto y nota 30 y Pasquale Pastore: "L´arbitrato negli appalti di opere pubbliche", Milano 1961). (960) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 178, página 293 y siguientes, especialmente página 296, in re "Compañía Ítalo Argentina de Electricidad c/Nación s/constitución de tribunal arbitral" ; tomo 235, página 941 y siguientes, especialmente página 944, in re "Cayetano Paino c/Nación Argentina y Sociedad Arrigó Hnos." . (961) Matienzo: "Cuestiones de Derecho Público Argentino", tomo 1º, página 7; Bielsa: "La Administración Pública y el compromiso arbitral. Observaciones críticas", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 45, páginas 22 y 26, sección doctrina, y "Derecho Administrativo", tomo 4º, páginas 607-608, Buenos Aires 1947; Alberto G. Spota: "La cláusula compromisoria en el derecho administrativo", en "Jurisprudencia Argentina", 1943-I, página 614, puntos 8º y 9º; Andreozzi: "La materia contencioso administrativa", página 256; Rodolfo Bullrich: "La naturaleza jurídica de la concesión de servicios públicos y la jurisdicción competente para interpretar sus cláusulas", páginas 17 y 33; André de Laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs", tomo 3º, página 285; Rivero: "Droit Administratif", nº 113, página 103. Además, véase: Bidart Campos: "El derecho constitucional del poder", tomo 2º, página 366, punto 2º, quien excluye la posibilidad del arbitraje cuando la cuestión litigiosa afecta al Estado como poder público. (962) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 133, página 61 y siguientes, especialmente página 70; tomo 152, página 347 y siguientes, especialmente páginas 349-350; tomo 160, página 133 y siguientes, especialmente página 137; tomo 194, página 155 y siguientes, especialmente página 160; tomo 235, página 940 y siguientes, especialmente página 944. (963) Alberto G. Spota: "La cláusula compromisoria en el derecho administrativo", en "Jurisprudencia Argentina", 1943-I, página 614, párrafo 7º. También Fiorini sostiene que la Administración, para comprometer en árbitros, necesita autorización del legislador
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("Manual de Derecho Administrativo", tomo 1º, página 465, Buenos Aires 1968). Asimismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo mérito de ese argumento, pero particularmente referido a un compromiso arbitral contraído por una municipalidad de territorio que carecía de la atribución necesaria ("Fallos", tomo 194, página 155 y siguientes, especialmente páginas 160-161, in re "Guido Simonini c/Nación Argentina" ). Se explica la invocación al artículo 1881 , inciso 3º, del Código Civil, tratándose de una municipalidad, ya que éstas, careciendo de potestades originarias, no tienen otras atribuciones que las que les sean otorgadas por la ley que las rige (véase el tomo 1º, nº 176); de ahí que la facultad de comprometer en árbitros requiere serles expresamente conferida. En cambio, con relación al Poder Ejecutivo, la invocación de ese precepto del Código Civil es improcedente, ya que tratándose, en la especie, del ejercicio de una atribución de "administración general", es de advertir que al respecto el Poder Ejecutivo no ha menester de autorización "legislativa" alguna, porque tales atribuciones le competen originariamente por imperio de la Constitución (artículo 86 , inciso 1º); por lo demás, trátase de una competencia "residual", en el sentido de que todo lo que implique "administración" y no estuviere excluido por la Constitución de las atribuciones del Poder Ejecutivo, le pertenece a éste. (964) Jorge M. Gondra: "Jurisdicción Federal", página 144, Buenos Aires 1944. (965) En sentido concordante al que expreso en el texto; Sayagués Laso: "Tratado de Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 544-545; Bidart Campos: "El Derecho Constitucional del Poder", tomo 2º, páginas 365-366, nota 41, Buenos Aires 1967. (966) Bullrich: "La naturaleza jurídica de la concesión de servicios públicos y la jurisdicción competente para interpretar sus cláusulas", página 21; Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 4º, página 616, Buenos Aires 1947. Si bien de acuerdo a la letra de la ley nacional de obras públicas, 13064, artículo 55 , pareciera que "todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación e interpretación de los contratos de obras públicas, derivadas de los mismos", pueden ser objeto de arbitraje, con buen criterio se ha dicho que ello puede no ser así, pues tal posibilidad dependerá de la índole de la cuestión planteada, lo cual requiere su análisis en cada caso (Fernando F. Mó: "Régimen legal de las obras públicas", páginas 381-382). (967) "Nada obstaría, por ejemplo, a que en un contrato de suministros, se sometiera a árbitros la calidad de la mercadería suministrada, o en una obra pública se sometiera a igual decisión el espesor, por ejemplo, de las cañerías a emplearse" (Bullrich: "La naturaleza jurídica de la concesión de servicios públicos y la jurisdicción competente para interpretar sus cláusulas", página 22). Respecto al "arbitraje" tratándose de contratos de "suministro", téngase presente lo que se expresa más adelante, texto y nota 906. (968) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 22, página 371 y siguientes, especialmente 376; tomo 129, página 243 y siguientes, especialmente página 253; tomo 152, página 347 y siguientes, especialmente página 351.
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(969) La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante al expuesto; dijo así: "Que la sumisión de una discusión jurídica a la decisión arbitral por convenio de las partes es, sin duda, una expresión de la autonomía de la voluntad y una prueba del respeto que ella impone, pero la libertad para contratar la solución arbitral en caso de diferencias tiene, sin embargo, un límite, y es el de que no pueden serle sometidas las cuestiones que afecten el orden público o social, como son las que se refieren, por ejemplo, al estado civil de las personas. Aun tratándose de personas civiles, tales asuntos no pueden ser resueltos por árbitros. Cuando una de las partes es el Estado, tampoco pueden ser sometidas al fallo de árbitros, con prescindencia de los jueces, las cuestiones que lo afecten como poder público o las atribuciones de la soberanía" ("Fallos", tomo 178, página 293 y siguientes, especialmente página 296, in re Compañía Ítalo Argentina de Electricidad c/Nación s/constitución de tribunal arbitral" ). Además, véase: "Fallos", tomo 173, página 221 y siguientes, especialmente página 238 , considerando 6º. No obstante, se ha sostenido que los árbitros no pueden resolver "cuestiones de derecho" o "puramente jurídicas" (Bielsa; "La Administración Pública y el compromiso arbitral. Observaciones críticas", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 45, páginas 22 y 26, sección doctrina, y "Derecho Administrativo", tomo 1º, página 328, Buenos Aires 1947). Por las razones que he dado en el texto, y con las salvedades ahí consignadas, disiento con el autor citado, e insisto en que los "árbitros iuris" pueden decidir cuestiones jurídicas, ateniéndose a las expresadas limitaciones. (970) Conforme a lo dicho en el texto, resulta que, entre otras cuestiones, no podrían someterse al juicio de "árbitros iuris": 1º El alcance de las facultades que le incumben al Estado para otorgar una concesión e imponer reglas al concesionario (Bullrich: "La naturaleza jurídica de la concesión de servicios públicos y la jurisdicción competente para interpretar sus cláusulas", páginas 25-26 y 30). 2º El alcance de las respectivas facultades que tiene la Administración Pública como tal (Bullrich: op. cit., páginas 17, 26 y 33), o la existencia o extensión de sus facultades gubernativas (Matienzo: "Cuestiones de Derecho Público Argentino", tomo 1º, página 7). 3º La declaración sobre legitimidad o ilegitimidad de actos administrativos (en igual sentido: Bielsa: "Derecho Administrativo", tomo 4º, página 615, Buenos Aires 1947). Tampoco podrían declarar la invalidez de una ley formal. Va de suyo que los actos emitidos por el Estado en ejercicio de su autoridad como tal (verbigracia, leyes formales, actos administrativos), no pueden ser dejados sin efecto por los administrados o particulares, sea a través de árbitros o de arbitradores, pues al respecto la "competencia" del Estado es exclusiva, por tratarse de una función esencial del mismo cuyo ejercicio es expresión cabal de la idea de "poder público", poder éste sustraído y ajeno a la actividad de los administrados. (971) Sobre dicha disposición de la ley 13064 , véase la precedente nota 900, segunda parte. (972) Reglamento de las Contrataciones del Estado, inciso 85, segunda parte, de la reglamentación al artículo 61 de la ley de contabilidad.
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(973) Véase dicho decreto -y sus fundamentos- en "Jurisprudencia Argentina", tomo 44, página 56, sección legislación. El decreto de referencia, que no fue aplicado o seguido con rigurosidad en la práctica administrativa, fue severamente criticado por Bielsa ("La Administración Pública y el compromiso arbitral. Observaciones crítica", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 45, página 22 y siguientes, sección doctrina). Es de advertir que, con posterioridad a la fecha de ese decreto, y a pesar de lo expresado en éste, se emitieron normas legales aceptando el arbitraje respecto de algunos contratos administrativos (vgr., artículo 55 de la ley nacional de obras públicas, 13064, del año 1947). (974) Es lo que sucede en materia de servicio público telegráfico, a cuyo respecto la ley 501/2, artículo 39 , admitió el "arbitraje". Como lo digo en el texto, cabe recordar que si bien la relación que se traba entre el Estado, que presta el servicio, y el usuario es "contractual" (ver artículo 33 de la expresada ley), se trata de un contrato de "derecho privado" o "común" de la Administración Pública. No se trata, pues, de un contrato "administrativo". Véanse el nº 596, nota 45 ter, in fine, y el nº 613, punto d), texto y nota 128. Téngase presente la nueva ley de telecomunicaciones, 19798, del año 1972. (975) Cámara Federal de Apelaciones de la Capital, en "Jurisprudencia Argentina", tomo 40, página 366 y siguientes, in re "Unión Fabricantes de Tejidos de Yute de España c/Nación", sentencia del 29 de diciembre de 1932. (976) Es la tesis del doctor José Nicolás Matienzo, sostenida en uno de sus constructivos dictámenes como Procurador General de la Nación. Dicho jurista, si bien se inclinó por la improcedencia del sometimiento a árbitros de los asuntos en que la Nación fuese parte, pues consideraba que ello era inconstitucional por vulnerar el artículo 100 de la Ley Suprema, que coloca entre las atribuciones del Poder Judicial el conocimiento y decisión de los asuntos en que la Nación sea parte, aceptó, sin embargo, la siguiente distinción: cuando la Nación actúa en el campo del derecho privado podría admitirse la discusión acerca de la procedencia del arbitraje; pero cuando actúa en el campo del derecho público -como entidad soberana, decía el Dr. Matienzo- no puede aceptarse tal arbitraje. "El soberano, agregó, abdicaría su dignidad si sometiera al fallo de árbitros privados la existencia o extensión de sus facultades gubernativas" ("Cuestiones de Derecho Público Argentino", tomo 1º, páginas 5 a 8, Buenos Aires 1924). (977) Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 110, página 35 y siguientes; tomo 133, página 61 y siguientes, especialmente página 70; tomo 143, página 357 y siguientes, especialmente páginas 361-362; tomo 167, páginas 192-193; tomo 178, página 293 y siguientes, especialmente página 297; tomo 235, página 940 y siguientes, especialmente página 944. (978) Clodomiro Zavalía afirmó que el expresado artículo 100 de la Constitución sólo ha querido establecer que, en caso de contienda judicial en asuntos en que fuese parte la Nación, únicamente podía intervenir la justicia federal y no la ordinaria o provincial, y que en modo alguno tenía por objeto excluir en esos casos el juicio arbitral ("La Nación y el arbitraje", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 40, página 366). Bielsa se pronunció en
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sentido similar, sosteniendo que esa disposición de la Constitución no tiene más objeto que el de instituir y delimitar la competencia en los casos contencioso-judiciales ("La Administración Pública y el compromiso arbitral. Observaciones críticas", en "Jurisprudencia Argentina", tomo 45, página 23, sección doctrina, y "Derecho Administrativo", tomo 4º, páginas 609 y 615, Buenos Aires 1947). Spota se decide por igual criterio ("La cláusula compromisoria en el derecho administrativo", en "Jurisprudencia Argentina", 1943-I, páginas 607-608). En sentido concordante: Bidart Campos: "El Derecho Constitucional del Poder", tomo 2º, página 365, nº 1046, Buenos Aires 1967. (979) Podestá Costa recuerda la fórmula que el Senado argentino había consignado en la reserva al tratado de arbitraje con Italia, de 1898, que excluía las cuestiones que afectaran los preceptos constitucionales de alguna de las partes ("Derecho Internacional Público", tomo 2º, página 23, nº 5, Buenos Aires 1961). Pero esa fórmula va siempre implícita y sobreentendida en todo tratado, al extremo de que, en nuestro país, si el tratado afectare algún precepto constitucional no sería "aprobado" por el Congreso, tal como lo requiere para su vigencia la Constitución (artículo 67 , inciso 19). (980) Podestá Costa; op. cit., tomo 2º, páginas 20-25. (981) Dice así dicho texto en los incisos mencionados; "No pueden hacer transacciones: 1º Los agentes del ministerio público, tanto nacionales como provinciales, ni los procuradores de las municipalidades; 2º Los colectores o empleados fiscales de cualquier denominación en todo lo que respecta a las rentas públicas". (982) Raymundo M. Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", tomo 3º, nº 1861, páginas 209-210, actualizado por Enrique V. Galli, Buenos Aires 1956. (983) Lafaille: "Derecho Civil. Tratado de las Obligaciones", tomo 1º, nº 478, página 402, Buenos Aires 1947. (984) Recuérdese que tanto entre el acto "civil" de la Administración y el acto "administrativo", propiamente dicho, como entre el contrato de derecho "común" de la Administración y el contrato "administrativo" stricto sensu la diferencia es simplemente objetiva o substancial y de ningún modo subjetiva u orgánica -pues el órgano de la Administración, emisor del acto o del contrato, generalmente es el mismo en todos los casos-, derivando de ahí, entre otras cosas, que las reglas sobre "competencia" sean las mismas en todos esos supuestos. Véanse el nº 393, del tomo 2º, y el nº 594 del presente. (985) Enrique V. Galli, como actualizador de la obra de Salvat: "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones en General", tomo 3º, nº 1861 a., páginas 210-211, Buenos Aires 1956. (986) En lo pertinente, dice así el mencionado artículo 55 : "No requerirán aprobación del Poder Ejecutivo las transacciones que convengan los representantes judiciales de la Nación
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por montos que no excedan de $ 100.000 (cien mil pesos) previa consulta con los organismos del Estado que hayan determinado o promovido la acción correspondiente. Cuando el monto de la transacción supere esa cantidad, deberá ser autorizada expresamente por el Poder Ejecutivo o por el respectivo ministro, según que exceda o no de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos)". (987) En sentido concordante: Fernández de Velasco: "Los contratos administrativos", página 192; Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 510, página 12, nº 50. (988) En sentido concordante: Péquignot: op. cit., fascículo 510, página 12, nº 50, segundo párrafo. En sentido contrario: Fernández de Velasco: op. cit., páginas 195-196, quien se expide así invocando normas positivas vigentes en su país. (989) Caetano: "Manual de direito administrativo", nº 163, página 321, Lisboa 1965. (990) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 5, Buenos Aires 1950; Fernández de Velasco: "Los contratos administrativos", páginas 193-194. (991) Caetano: op. cit., página 322. (992) Caetano: op. cit., páginas 322-323. (993) En sentido concordante: Fernández de Velasco: "Los contratos administrativos", página 195, y jurisprudencia que cita. (994) Acerca del significado de estos tipos de contratos administrativos, véase el nº 611. (995) Jèze: "Principios generales del derecho administrativo", tomo 5º, página 5; Fernández de Velasco: "Los contratos administrativos", páginas 193-194. (996) Caetano: "Manual de direito administrativo", nº 163, página 322, Lisboa 1965. Al respecto, este autor dice que se sobreentiende que el cocontratante se ha dedicado a la satisfacción de los intereses públicos, colaborando en ello con la Administración (loc. cit.). (997) En igual sentido: Péquignot: "Des contrats administratifs", extrait du juris-classeur administratif, fascículo 510, página 12, nº 54. Por supuesto, no ha de confundirse la expresada interpretación "textual" con la interpretación "literal". (998) Estos puntos de vista -en diversos aspectos- han tenido particular aplicación en materia de "concesiones", sean éstas de uso o de servicio. Véase el tomo 5º de la presente obra, nº 1818.
