Situaciones de Anormalidad Constitucional

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria“

Facultad de Ciencias Políticas Escuela de Derecho “EL ESTADO Y LAS SITUACIONES DE ANORMALIDAD CONSTITUCIONAL” CURSO:

TEORÍA DEL ESTADO DOCENTE:

Abog. Julio Arrunategui Recabaren ESTUDIANTES:

CICLO:

II TUMBES – PERÚ 2013

Universidad Privada Los Ángeles de Chimbote Escuela de Derecho y Ciencias Políticas Filial – Tumbes El Estado y Las Situaciones de Anormalidad Constitucional

Dedicatoria A DIOS, fuente fuente de todo bien por permitirnos permitirnos el suficiente entendimiento para llegar a este punto de la vida, por concedernos salud y conciencia para discernir discernir lo bueno que que hemos recibido, recibido, pues sin ello nos podríamos podríamos darnos la oportunidad oportunidad de reconocer su presencia. A nuestras nuestras familias que gracias gracias a su su apoyo incondicional, se esfuerzan por hacer de nosotros unos buenos profesionales, que con sacrifico y muchos esfuerzo retribuiremos esa confianza llegando a ser en un tiempo no muy lejano los abogados que contribuyan al mejoramiento de la aplicación de justicia en nuestro país.

Abog. Julio Arrunátegui R. -2-


Presentación El

pres resente ente

trab traba ajo

mono onográ gráfic fico,

elab laborad orado o

por

los los

estudiantes del II Ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de

la

ULADECH,

titulado:

“EL

ESTADO

Y

LAS

SITUAC SITUACION IONES ES DE ANORMA ANORMALID LIDAD AD CONST CONSTITU ITUCIO CIONAL NAL”, ”, dicho dicho tema creemos creemos es de vital vital form forma ación ión

como omo

futu futuro ros s

import importanc ancia ia para nuestra nuestra

hom hombres bres

de

ley leyes, es,

nues nuestr tra a

inve invest stig igac ació ión n es prod produc ucto to de una una exha exhaus ustiv tiva a pesq pesqui uisa sa bibl biblio iogr gráf áfic ica a que que nos nos perm permit itió ió real realiz izar ar un estu estudi dio o muy muy deta detalla llado do de esta esta inst instit ituc ució ión n proc proces esal al,, de esta esta mane manera ra esperamos cumplir con lo establecido por el docente tutor del curs curso o “Teo “Teorí ría a del del Esta Estado do”” y cubr cubrir ir con con las las expe expect ctat ativ ivas as planteadas

Espe Espera ramo mos s que que esta esta inve invest stig igac ació ión n sea sea de utili utilida dad d para para enriquecer los conocimientos de todo estudiante de Derecho, agradeciendo desde ya las mejoras que se le brinden.

Los Estudiantes.



Introducción En el desarrollo dinámico de la realidad sociopolítica se suelen presentar situaciones excepcionales, de extrema gravedad, que amenazan las estructuras de un Estado y de la sociedad. Dada su naturaleza extraordinaria, estos acontecimientos deben ser regulados por la Constitución a través de determinadas disposiciones que no son precisamente las que se aplican para situaciones de normalidad. En estos casos, el gobierno asume competencias mayores y puede decretar la suspensión o restricciones del ejercicio de determinados derechos fundamentales. Como apunta Enrique ÁLVAREZ CONDE, la adopción de estás medidas implica la aceptación de conceptos jurídicos indeterminados como "orden público", "seguridad ciudadana", etc., cuya interpretación conceptual en función de la coyuntura extraordinaria se deja a discreción de quien ha sido señalado por la Constitución como el responsable de conjurar la situación de anormalidad; o que supone estatuir el principio de presunción de legalidad de los actos realizados por el poder público". La Constitución ensancha los poderes de actuación del órgano constitucional que es llamado a conjurar la crisis a fin de que se asuman medidas rápidas, eficientes y extremas, ya que en caso contrario el orden constitucional o la propia sociedad corren el peligro inminente de perecer. En esa medida determinados derechos constitucionales pueden verse suspendidos a fin de facilitar el retorno a la normalidad constitucional. El gran drama de los Estados de Derecho, refiere Oscar ALZAGA, es el de tener que restringir los derechos fundamentales cuando se llega a situaciones límite, precisamente para que a la larga permanezcan salvaguardados tales derechos y libertades. En este orden de ideas, la regulación por la Constitución de las llamadas situaciones de excepcionalidad "responde a la autoconciencia que la propia Constitución tiene de su misión fundamental y la necesidad de su supervivencia y eficacia". Como la excepcionalidad debe desenvolverse en el marco de las disposiciones de la Constitución, ella se halla siempre sujeta a un conjunto de requisitos jurídicos. Es decir, se trata de un poder controlado, que se desarrolla en el marco de una racionalidad jurídica cuyos principales aspectos pasaremos a desarrollar.



EL ESTADO Y LAS SITUACIONES DE ANORMALIDAD CONSTITUCIONAL EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN: Dicha acepción, hace referencia a aquellas «competencias de crisis» que la Constitución otorga a Estado con el carácter de extraordinarias, a efectos de que pueda afrontar hechos, sucesos o acontecimientos que, por su naturaleza, ponen en peligro el normal funcionamiento de los poderes públicos o amenazan la continuidad de las instituciones estatales y los principios básicos de convivencia dentro de una comunicad política. Según Bernardino Gonzáles, dicho régimen se traduce en competencias especiales que asume el Jefe del Ejecutivo, para poner fin por medios jurídicos, a la situación de emergencia que se ha producido para precaverse de ella en caso de que sea inminente Estas competencias extraordinarias implican la concesión de atributos de poder al Ejecutivo, en un grado y una extensión no habitual. El referido Órgano es el «receptor» de estas «competencias de crisis», en razón de la mayor prontitud y eficacia con que este puede actuar para afrontar y resolver una situación de anormalidad, La concesión de dichas competencias sui géneris genera de manera paralela y transitoria el debilitamiento de las atribuciones de los demás entes estatales. Maruja DELFINO DE PALACIOS señala que para otorgar legitimidad a las competencias

de excepción, existen dos condiciones: Que su otorgamiento se produzca cuando se acredite que el orden institucional y la seguridad del Estado se encuentran en severo peligro. Que la aplicación de las medidas extraordinarias tenga carácter temporal, es decir, que no se extienda más allá del tiempo estrictamente necesario para el restablecimiento de la normalidad constitucional y, por tanto, de la vigencia rediviva de la normatividad ordinaria del Estado.



LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS: El origen de la concesión de competencias de excepción a las autoridades políticas para la conjuración de graves peligros contra el Estado, pueden encontrarse en Grecia y Roma. Así, tras la muerte de Solón en el año 560 a.C., aparecerá en las antiguas repúblicas griegas la institución del oeynmeta o tirano, quien resultaba elegido con plenos poderes para superar las situaciones de conflicto bélico o de grave conmoción interna. En Roma, durante el período de la República (509-30 a.C.), se estableció la dictadura como una institución legal. Esta institución aparecerá cuando los cónsules —dos funcionarios que se encontraban colegiadamente al mando del cuerpo político— reconocían que Roma se encontraba frente a circunstancias de grave peligro por razones bélicas. . En realidad, la dictadura romana actuaba y se justificaba en aquel aserto que dice «que cesen las leyes para que puedan regir las leyes», es decir, aceptamos la situación de excepcionalidad para recuperar la formalidad. Entre los requisitos exigidos para el establecimiento legitimado de la dictadura se encontraban los cinco siguientes: El nombramiento debía efectuarse con arreglo a un procedimiento predeterminado. El nombramiento confería el ejercicio de una competencia única, superior extraordinaria del poder político. El nombramiento se extendía por el plazo de seis meses. Al respecto TEORODO MOMMSEN señala que «los límites de la duración de este cargo estaban fijados de una manera más estricta que las de la magistratura suprema regular; el dictador. El nombramiento tenía como finalidad que el dictador se encargase de conducir y preservar la defensa del orden político-jurídico. La declaración de excepcionalidad y el nombramiento del dictador estaba a cargo de un ente que no asumía ni ejercía dichas competencias extraordinarias (Senado).



El dictador, al concluir sus labores, comparecía ante el Senado a efectos de rendir cuenta de sus actos. En efecto, al vencimiento del «período de dictadura» las competencias excepcionales (suma de facultades civiles y militares del gobernante caducaban y este era objeto de una prolija investigación acerca de su conducta funcional. Ahora bien, la historia recuerda que cuando el período de dictadura fue sobrepasado o el Senado no quiso o no pudo llevar a cabo su tarea de control a posteriori, se sepultará todo rasgo de juridicidad. Tal el caso de Cayo Julio César (100-44 a.C.) que tras su victoria sobre Pompeyo gobernó al margen del Derecho, hasta su asesinato en el Senado el 15 de marzo del año 44 a.C. Posteriormente en las experiencias históricas de Francia, Inglaterra y Estados Unidos entre los siglos XVI y XX, irán apareciendo otras modalidades de régimen de excepción, las mismas que serán reseñadas más adelante. Por otra parte, correspondió a Carlos Luis de Secondat, barón de la BREEDE Y MONTESQUIEU, fundamentar teóricamente la necesidad de la concesión de competencias extraordinarias para afrontar las situaciones de anormalidad, al afirmar que la vida política en los pueblos más libres del mundo le había enseñado que era preciso, en ocasiones, cubrir alegóricamente la libertad con un velo, del mismo modo que en la antigüedad se ocultaban las estatuas de los dioses. LAS CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN: Siguiendo en parte a Jorge POWER MANCHEGO-MUÑOZ, consideramos como características del régimen de excepción las diez siguientes: Concentración del poder, con permisión constitucional, en un solo detentador — normalmente el Jefe del Ejecutivo—, mediante la concesión de un conjunto de competencias extraordinarias, a efectos de que la acción estatal sea tan rápida y eficaz como lo exijan las graves circunstancias de anormalidad que pesan sobre la comunidad política. Fruto de ello es el acrecentamiento de las atribuciones de las fuerzas armadas y de la policía.



Existencia o peligro inminente de una grave circunstancia de anormalidad, cuyo origen puede ser de naturaleza político-social, situaciones de fuerza mayor o crisis económica. Tales los casos de guerra exterior, guerra civil, revueltas, motines, revoluciones, cataclismos, maremotos, inflaciones, deflaciones, etc. Imposibilidad de resolver las situaciones de anormalidad a través del uso de los procedimientos legales ordinarios. Transitoriedad del régimen de excepción. Habitualmente, su duración se encuentra prevista en la Constitución o en las leyes derivadas de esta; en su defecto, el régimen de excepción rige por el tiempo necesario para conjurar la situación de anormalidad, La prolongación indebida e inexcusable del régimen de excepción, a más de desvirtuar su razón de ser, vulnera la propia autoridad política, ya que, como señala Carlos SÁNCHEZ VIAMONTE, «lo único que hace tolerable la autoridad, más allá de su carácter representativo, es su carácter de servicio público y las limitaciones que impiden desnaturalizarla». Determinación espacial del régimen de excepción. En ese sentido, la acción del Estado premunido de competencias reforzadas se hace presente en el lugar en donde se producen las situaciones de anormalidad. Restricción transitaría de determinados derechos constitucionales. Aplicación, con criterio de proporcionalidad y razonabilidad, de aquellas medidas que se supone permitirán el restablecimiento de la normalidad constitucional. Funcionamiento de los demás órganos estatales, pero sujetos a la posibilidad de que «sufran» transitoriamente un debilitamiento en algunas de sus competencias ordinarias. Finalidad consistente en defender la perdurabilidad y cabal funcionamiento de la organización político-jurídica. Control jurisdiccional en relación a la verificación jurídica de la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo o suspensivo de los derechos fundamentales de la persona y del cumplimiento del íter procedimental exigido por la Constitución para establecer su decretamiento; así como el uso del control político por parte del Parlamento en lo relativo al cumplimiento de los principios de rendición de cuentas y de responsabilidad política.



LOS ELEMENTOS Y LAS DIMENSIONES DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN: Los elementos necesarios para configurar la doctrina de la situación de normalidad se pueden resumir en las tres siguientes: la situación de anormalidad, el acto estatal necesario y la legalidad excepcional. Al respecto, veamos lo siguiente: La situación de anormalidad Implica la existencia de una circunstancia fáctica peligrosa o ríes- gasa que exige una respuesta inmediata por parte del Estado. Esta situación anómala impone o demanda una solución casi instantánea, so pena de producirse un grave daño que comprometería la estabilidad o supervivencia del Estado. El acto estatal necesario Implica una respuesta imprescindible, forzosa o inevitable, a efectos de enfrentar la situación de anormalidad. En esta instancia el Estado no actúa en razón de criterios de discrecionalidad, utilidad o conveniencia, sino que se moviliza en virtud de lo inevitable, imperioso o indefectible. LA LEGALIDAD EXCEPCIONAL: Implica la existencia de un marco normativo derivado de una grave situación de anormalidad, lo cual, sin embargo, vincula al acto estatal necesario con los valores y principios mismos del Estado de Derecho. En cuanto a las dimensiones de las situaciones de anormalidad constitucional siguiendo a Néstor Pedro SAGÜÉS—, estas son las tres siguientes: a) Fáctica: En cuanto contempla las situaciones, hechos o casos de anormalidad. b) Normativa: En cuanto describe las reglas que regulan las situaciones de anormalidad. c) Axiológica En cuanto plantea la legitimación de los fines que se persiguen alcanzar con la aplicación de determinados actos estatales. En ese sentido, la declaratoria del régimen de excepción.se justifica en la medida que se acredita lo siguiente: La necesidad de asegurar la existencia misma del Estado.



La necesidad de asegurar la libertad y la seguridad ciudadana.

EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN Y SUS MODALIDADES DE EXCEPCIÓN: El Derecho Comparado presenta como variables del régimen de excepción el estado de sitio, el estado de desorden interno o de emergencia, el estado de alarma, el estado de crisis económica y el estado de prevención: Al respecto, veamos lo siguiente: 2.1. El estado de sitio: Dicha modalidad se establece cuando el Estado presenta una situación ‘concreta o peligro inminente de verificación de una invasión, guerra exterior o guerra civil. La invasión se describe como la irrupción y ocupación militar extra iure del territorio de un Estado. En puridad, implica la incursión, asedio y acantonamiento de fuerzas militares extranjeras beligerantes sobre el espacio de otro Estado. La guerra exterior se describe como aquella situación de agresión o defensa bélica, a la que se suma la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales entre dos o más estados beligerantes. En puridad, implica el empleo de la violencia militar por fuerzas organizadas de un Estado contra otro. La guerra civil se describe como aquella situación de violencia continua y sistemática entre dos o más grupos de ciudadanos de un mismo Estado. En puridad, implica un conflicto armado interno. Dentro de este contexto de situación o inminencia de situación cuasi límite para el cuerpo político, el estado de sitio deviene en una verdadera dictadura legal. Corno anota Carlos SÁNCHEZ VIAMONE, «es una dictadura paradojalmente institucionalizada por el constitucionalismo». Joaquín V. GONZÁLES expone que la naturaleza jurídica de dicho instituto radica en ser «una medida excepcional de gobierno, dictada en circunstancias de extrema gravedad para el orden público, para la paz interior y la seguridad común; y como está fuera de los recursos ordinarios de la Constitución, es temporaria y limitada en sus efectos». La declaración del estado de sitio puede generar la suspensión del ejercicio de casi la totalidad de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, salvo de aquellos que tienen la condición de intangibles in tempore.



Maurice HARRIOU, señala que el estado de sitio es una situación legal dispuesta de antemano para asegurar la paz pública, mediante la que se dispone y organiza el robustecimiento del órgano Ejecutivo, el cual puede transferir a la autoridad militar parte del poder de policía sobre la población. En ese sentido, el estado de sitio puede llevar a que la autoridad política encargue el control interno del país a las fuerzas armadas. Está acreditado históricamente que el estado de sitio encuentra su primera experimentación en Francia, entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Así, mediante la ley del 8 de julio de 1791 se estableció el estado de sitio, como consecuencia del peligro simultáneo de guerra exterior con las monarquías de Prusia, Rusia y España. Es del caso, que el 20 de junio de 1791, el rey Luis XVI huye de París, en plena efervescencia de la Revolución Francesa, para unirse en la ciudad de Montméd y con las tropas del general francés Bonillé. El monarca había reprochado a la Asamblea Constituyente el hacer inviable cualquier tipo de entendimiento al querer asumir conjuntamente la acción gubernamental y la legislativa. En ese contexto en los artículos 6 al 12 de la citada ley el insurgente parlamento burgués dispondrá lo siguiente: «Artículo 6.- En las plazas de guerra y puestos militares que se hallen en estado de paz, así la policía interior como todos los demás actos del poder civil estarán precisamente a cargo de los magistrados y demás oficiales civiles que tienen por la Constitución el cuidado de velar sobre la observancia de las leyes, sin que la autoridad de los agentes militares pueda extenderse más que a las tropas y a las cosas dependientes de su servicio, que se designarán a continuación del presente decreto. Artículo 7.- En las plazas y puestos militares que se hallen guerra, continuarán los oficiales civiles con el cuidado del orden y de la policía interior; pero podrá requerirlos el comandante militar para que se presten a las medidas de orden y de policía que interesen a la seguridad de la plaza; y en su consecuencia, para asegurar la responsabilidad respectiva de los oficiales civiles y de los agentes militares, 50 transmitirán a la municipalidad las deliberaciones del consejo de guerra en cuya virtud se hubieren hecho los requerimientos del comandante militar. Artículo 8.- El estado de guerra se determinará por un decreto del cuerpo legislativo, dado a propuesta del rey, sancionado y público por este mismo.



Artículo 9.- Y en caso de no estar reunido a la sazón el cuerpo legislativo, podrá declarar el rey, por su sola autoridad, bajo la res personal de los ministros, que tales plazas o puestos se hallan en estado de guerra; pero el cuerpo legislativo, luego que se reúna, deliberará sobre dicha declaración, para validarla o rescindirla por un decreto. Artículo 10.- En las plazas de guerra y puestos militares que se hallen en estado de sitio, toda la autoridad de que los oficiales civiles estuvieren revestidos por la Constitución para la conservación del orden y de la policía interior, pasará al comandante militar, que la ejercerá exclusivamente, bajo su responsabilidad personal. Artículo 11.- Las plazas de guerra y puestos militares estar en estado de sitio no solo desde el momento en que comenzaren los ataques del enemigo, sino luego que resultas del cerco o acordonamiento quedaren cortadas las comunicaciones de adentro afuera y de afuera a dentro, a distancia de mil ochocientas toesas de las crestas de los caminos cubiertos. Artículo 12.- El estado de sitio no cesará sino después de roto el cerco; y en caso de haber comenzado los ataques, después de haber sido destruidos los trabajos de los sitiadores y reparadas o puestas en estado de defensa las brechas». Esta norma permitía a las autoridades militares asumir la custodia del orden público si se producía un cerco o asedio bélico sobre una ciudad francesa. Como bien afirma Germán BIDART CAMPOS: «Toda la autoridad que investía al poder civil de acuerdo con la Constitución, pasaba al comandante militar para la conservación del orden y de la policía interior; y era ejercida por él bajo su personal responsabilidad. No cesaba hasta que quedaba roto el cerco, o, en caso de haber comenzado los ataques, hasta que se destruían los trabajos de los sitiadores y se reparaban las brechas». Posteriormente, en el artículo 11 del Título 4 de la Constitución de 1791, se establecerá que «en caso de conmoción que agite todo un departamento, el rey dispondrá, bajo responsabilidad de sus ministros, las ordenes necesarias para la ejecución de las leyes y el restablecimiento del orden, con cargo de informar sobre ello al cuerpo legislativo, si esta se encuentra en funciones y de convocarlo si está en receso». Con la dación de dicha Constitución, se consagró la existencia de dos tipos de estado de sitio, a saber:



Estado de sitio real o de guerra Se establece con un carácter connotativo castrense, por su vinculación con la inminencia o existencia de una invasión o guerra exterior; vale decir, la existencia de una situación de violencia interestatal. Estado de sitio ficticio o político Se establece con un carácter connotativo de conmoción o perturbación interna, por su vinculación con la inminencia o existencia de una rebelión, sedición, revolución, etc.; vale decir, la existencia de una situación de violencia doméstica o interna. Ahora bien, el acto declarativo del estado de sitio debe reunir cinco recaudos, a saber: motivos determinantes de la declaración, finalidad perseguida, duración, extensión territorial y efectos de dicha medida. A modo de colofón, es oportuno consignar las diferencias existentes entre el estado de sitio y la ley marcial. El estado de sitio es una institución surgida del sistema jurídico románico-germánico, en tanto que la ley marcial proviene del commom law. La ley marcial genera la suspensión temporal de la legislación ordinaria y de las competencias de las autoridades civiles encargadas de su aplicación, colocando transitoriamente en su lugar a la normatividad y autoridad castrense, En ese contexto, el conocimiento de los asuntos públicos queda a cargo de los mandos militares. En el estado de sitio la extensión de competencias extraordinarias a la autoridad política no enerva, en modo alguno, su sujeción a la Constitución. En cambio, la ley marcial configura la suspensión in tótum del texto fundamental, deviniendo, los bandos militares, en normas supremas durante la vigencia de dicha institución. 2.2. El estado de desorden interno o de emergencia Se establece cuando se presentan situaciones concretas o peligro inminente de verificación de actos de rebelión, sedición, motín, perturbación de la paz pública y demás circunstancias políticas o sociales que atenten directa y frontalmente contra el desenvolvimiento de la actividad gubernamental o agredan la tranquilidad y seguridad ciudadana. La sedición se describe como el alzamiento armado que sin desconocer al gobierno legalmente constituido, está destinado a impedir que la autoridad ejerza libremente sus



funciones, a evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones u obstaculizar la realización de los procesos electorales. El motín se describe como la actuación tumultuaria y con violencia, destinada a exigir de la autoridad, la ejecución u omisión en un acto propio de la función gubernamental. Así, Joim Fries, un militar afincado en Pensylvania, encabezó una sedición para oponerse a la Ley de Impuesto Directo. 2.3. El estado de alarma Dicha modalidad se establece cuando se presentan situaciones concretas o hay un peligro inminente de verificación de catástrofes o calamidades públicas. Tales acontecimientos pueden originarse por dolo o negligencia humana o por acción de la naturaleza. En la primera hipótesis por acción u omisión volitiva de autoridades o ciudadanos se pueden presentar desgracias derivadas de un incendio, explosión, etc. En la segunda hipótesis por «ensañamiento» de la naturaleza se pueden presentar maremotos, terremotos, huaycos, sequías, etc. Ahora bien, tales situaciones pueden sucedáneamente ocasionar la paralización de servicios públicos, el desabastecimiento de productos de primera necesidad, etc. La historia registra que Ramsés II El Grande (1301-1235 a.C.) faraón de Egipto, fue uno de los primeros gobernantes en dictar un estado de alarma para combatir los estragos que ocasionaban los desbordes del río Nilo. 2.4. El estado de crisis económica Dicha modalidad se establece cuando se presentan situaciones de anormalidad de naturaleza económica y financiera. Estas situaciones que afectan el uso de los recursos para la satisfacción de necesidades colectivas, la producción de bienes o servicios, la inversión de capitales, el crédito bancario, etc., surgen a raíz de la depreciación o desvalorización del dinero, la inflación, la delación, déficit fiscal, etc. La depreciación monetaria consiste en la pérdida persistente del valor adquisitivo de la moneda en el mercado de bienes y servicios. La desvalorización monetaria consiste en una decisión legislativa conforme a la cual, por razones de orden propias a la política estatal, la administración pública fija la relación



entre la unidad monetaria y el oro o cualquier otra divisa de referencia a un nivel inferior a la anteriormente existente. La inflación consiste en el alza de los precios de los servicios y los productos en forma continua y acelerada. Es decir expone la disminución paulatina en el poder de compra del dinero, generada por un incremento sostenido en el nivel de precios de una economía. La deflación consiste en la baja de los precios de los servicios y los productos en forma continua y acelerada. Es decir, implica una situación en que disminuye persistentemente durante un período de tiempo. El déficit fiscal consiste en el desequilibrio que se produce entre los ingresos calculados por el Estado en el presupuesto de la República y los gastos o egresos previstos por este en un determinado lapso (un año). Es decir, implica que los gastos devienen mayores que la totalidad de ingresos posibles en un período presupuestal. La devaluación consiste en el fenómeno de la disminución del valor de la moneda de un Estado en términos de recomparación con las unidades monetarias de los demás cuerpos políticos. Esto se efectúa para equilibrar el mercado de divisas, cambiando los precios relativos de los bienes transables y no transables, Es decir, implica que un Estado admite que una moneda extranjera de referencia aumente de valor. La declaración del estado de crisis económica puede conllevar la intervención de la actividad económica; la restricción de los derechos vinculados con la adquisición, posesión, explotación y transferencia de bienes; el tráfico patrimonial; etc. 2.5.- El estado de prevención: Dicha modalidad se establece cuando se presentan situaciones de anormalidad políticosocial vinculadas en el desenvolvimiento de los agentes públicos o privados responsables de la conducción de los servicios públicos, lo que s embargo al no justifica la adopción de medidas extremas. En este caso se trata de robustecer la acción del órgano Ejecutivo a efectos de evitar que tales acciones se consoliden, agudicen y obliguen a la suspensión del goce de determinados derechos ciudadanos. Adolfo GABINO ZIULU explica que dicho estado «entraña una situación institucional

preventiva o precautoria de una crisis». Es decir, trata de evitar que la situación devenga en grave y que se tenga que decretar un estado de sitio, un estado de desorden interno o emergencia o un estado de crisis económica; lo que obviamente acarrearía la restricción o transitoria suspensión del ejercicio de determinados derechos fundamentales.



Esta modalidad aparecerá en la Ley de Orden Público Española del 20/23 de abril de 1870 en momentos en que se intentaba consolidar una monarquía parlamentaria con el hijo del rey de Italia Amadeo de Saboya. Es del caso que tras el golpe de estado revolucionario perpetrado contra la reina Isabel II (r. 1833-1868) en 1868, las Cortes deciden instituir una monarquía constitucional invitando para tal efecto, al aristócrata Amadeo de Saboya a ocupar el trono. En ese contexto se dictará la referida norma, con el objeto de limitar el derecho de reunión de los sindicalistas marxistas y anarquistas. Como bien afirma César Enrique ROMERO, el estado de prevención «no se dirige a enervar los que atacan la Constitución (para ellos está señalado el estado de sitio), sino a los hechos que atacan los derechos que reconoce y garantiza». En tal virtud se trataría del ejercicio del poder de policía revestido de algunas competencias adicionales. A guisa de diferenciación explicativa Julio M. LAFFITE sostiene que en tanto «el estado de sitio es la defensa del Estado en sí, el estado de prevención es para la defensa de las funciones que el Estado debe garantizar». 2.6. El caso de los decretos de urgencia Se trata de normas que contienen medidas extraordinarias destinadas a regular por un lado, graves, súbitas y anormales circunstancias de carácter económico y financiero; y, por otro, aseguran la actividad legislativa durante el período que transcurre entre la disolución del Congreso y la instauración de otro surgido de elecciones parlamentarias. El origen de este tipo de dispositivos con rango de ley emanados del órgano Ejecutivo, como consecuencia de una delegación general establecida por el legislador constitucional o por una delegación específica formulada por el legislador ordinario puede encontrarse en Francia, Italia e Inglaterra. Posteriormente serán introducidos en el artículo 77 de la Constitución de 1947 en donde textualmente se expresará: «No podrá el Gobierno, sin delegación de las Cámraras, dictar decretos que tengan fuerza de ley ordinaria. Entre las principales características de los decretos de necesidad urgencia destacan las siete siguientes:



a) Medida extraordinaria

Se trata de disposiciones que se dictan ante situaciones que están fuera de lo común; es decir, se promueven para conjurar hechos imprevistos, anormales y extremos. Su expedición permite atender específicas situaciones de súbita aparición y de impostergable atención, dada su agudeza, anormalidad y la potencial gravedad de sus consecuencias; los cuales no pueden esperar el cumplimiento del trámite ordinario de la dación de una ley o de la delegación de facultades legislativas. b) Materia económica y financiera o de crisis política

Se trata de disposiciones que se vinculan con la producción, circulación y consumo de bienes y servicios, o con aspectos vinculados con el tráfico bancario, la bolsa de valores y la obtención de créditos esta duales. Asimismo, en otras circunstancias apuntan a asegurar la continuidad de la actividad legisferante del Estado, cuando el Jefe del Ejecutivo de conformidad con la Constitución decide disolver al Parlamento, en razón a previamente haberse censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros. Dicha disolución se formula mediante un decreto que contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de necesidad y urgencia. c) Transitoriedad

Se trata de disposiciones que tienen un período de vigencia breve; es decir, solo deben pertenecer al ordenamiento jurídico durante el lapso estrictamente necesario para revertir l coyuntura adversa. d) Generalidad

Se trata de disposiciones cuyos efectos no pueden circunscribirse a intereses focalizados, sino que directa o indirectamente deben alcanzar a toda la comunidad en su conjunto. e) Conexidad

Se trata de disposiciones que deben tener vinculación y entroncamiento directo entre la medida aplicada y las circunstancias extraordinarias existentes. f) Valor integrador y/o suspensorio



Se trata de disposiciones que permiten cubrir un vacío o defecto legislativo, o, en otra hipótesis, suspender los alcances de una ley que regula una situación normal, hasta en tanto no cese la situación anormal. g) Dación de cuenta

Se trata de disposiciones que deben ser puestas en inmediato conocimiento del Parlamento, a efectos del correspondiente control y la subsecuente ratificación o no ratificación.

3. EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN Y LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES El goce efectivo o la limitación de los derechos constitucionales dentro de alguna de las modalidades de estado de excepción, puede presentarse de la siguiente manera: Existencia de derechos fundamentales de la persona que no pueden ser objeto de suspensión bajo ninguna circunstancia. Entre ellos están el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la libertad de conciencia, la aplicación de los principios relativos a la legalidad y retroactividad, así como la prohibición de la esclavitud y servidumbre. Como señala Daniel ZOVATTO, bajo ninguna consideración las referidas facultades pueden ser objeto de suspensión. Existencia de derechos fundamentales de la persona que tienen una mínima y residual vinculación con las situaciones de anormalidad constitucional (por ejemplo, los derechos de familia), razón por la cual no es frecuente que sean objeto de alguna suspensión. Existencia de los derechos fundamentales de la persona estrecha e inequívocamente vinculados con el orden público y la seguridad del Estado, los cuales por dicha razón son objeto de suspensión en casos de situaciones de anormalidad constitucional. Es el caso de las libertades de asociación, de reunión, de expresión, de tránsito, etc. Dentro del contexto anotado, la suspensión, limitación o restricción de los derechos fundamentales de la persona se encuentra legitimada a condición de que se reúnan los dos requisitos siguientes:



Que se trate de una suspensión autorizada por la Constitución, amén de que se encuentre acreditada por la existencia de las condiciones peculiares en que puede ser permitida. Que los fines para los cuales se ha establecido la suspensión, limitación o restricción de los derechos fundamentales de la persona obedezcan a reales y objetivas razones de interés general. Es necesario que se acredite que su propósito no obedece a factores de desviación de poder, sino a consideraciones sustanciales para la pervivencia del Estado y el bien común de sus miembros. El estado de excepción solo es legítimo en la medida que sea estricta e indefectiblemente necesario, inexorable e inevitable. El principio de proporcionalidad implica

la necesaria disposición o correspondencia

que debe existir entre la causa y el efecto, esto es, entre la situación de anormalidad y su conjugación. Por ende, se exige adoptar únicamente las medidas estrictamente necesarias para restablecer la normalidad constitucional; o sea, que dichas acciones guarden relación con las circunstancias existentes en el estado de excepción. 3.1. El régimen de excepción y las prerrogativas parlamentarias Las prerrogativas parlamentarias aluden al conjunto de decretos y garantías que la Constitución ofrece al Parlamento como institución, así como a sus miembros de manera individual, a efectos de salvaguardar su independencia funcional,, el libre y normal accionar en el desempeño de su misión constitucional, su seguridad y jerarquía frente a la injerencia de los otros poderes del Estado o de particulares con influencia en la vida pública. En ese contexto, la doctrina no admite la posibilidad de la suspensión o limitación de dichas prerrogativas, en razón a que estas se encuentran estrictamente vinculadas con las funciones que desarrolla el Parlamento a través de sus miembros; y, que, por ende, devienen en indispensables para el cabal ejercicio de la función parlamentaria máxime en los períodos de anormalidad. Al respecto, ha sentado jurisprudencia el caso Alem en Argentina.



Así, el 2 de abril de 1892, el Presidente Carlos Pellegrini declaró el estado de sitio en todo el territorio de la República en razón de estarse promoviendo una rebelión. Posteriormente, en setiembre de 1893 se produce un episodio semejante. Tras una serie de incidentes la Corte Suprema falla recordando que el régimen de excepción no puede afectar a las autoridades de los otros poderes del Estado, dado que si así se aceptase «se estaría autorizando al presidente para destruir los restantes poderes de la República por medio del arresto o traslación de sus miembros durante el estado de sitio». Sobre la materia, cabe agregar que cuando un parlamentario es suspendido en la comisión flagrante de un delito, es pasible de un arres.to policial, pero inmediatamente debe ser puesto a disposición del Parlamento para la dilucidación de su situación personal; la cual puede concluir con el levantamiento del fuero parlamentario. 3.2. El régimen de excepción y las acciones de garantía Como consecuencia de la existencia de derechos fundamentales de la persona que no pueden ser objeto de suspensión bajo ninguna circunstancia, la sujeción de la suspensión o limitación de los derechos fundamentales a los requisitos de forma y contenido contemplados en la Constitución, amén de la necesidad, verificación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, la Constitución legitima a favor de la ciudadana, la interposición de las acciones de garantía, aún durante el interregno del régimen de excepción. Así pues, la interposición de un hábeas corpus procede a pesar de encontrarse suspendido el derecho a la libertad personal, en razón a la necesidad de asegurar los derechos a la vida, a la integridad personal del detenido; al mismo tiempo de corroborar si la detención dispuesta absuelve favorablemente el test de razonabilidad y proporcionalidad. En ese sentido, debe recordarse que aún dentro de una situación de anormalidad el Estado se encuentra obligado a preservar la legalidad y los valores democráticos. Por dicho motivo, puede afirmarse que durante la vigencia de un régimen de excepción —consecuencia

directa

de


una

situación

de

anormalidad—

si bien

existe


«consentimiento» constitucional para utilizar una legalidad excepcional, ello no admite en modo alguno la posibilidad de configurar una relación de mando-obediencia al margen del Estado de Derecho. De allí que el control jurisdiccional a cargo de Tribunal Constitucional o el Poder Judicial se mantenga activo durante dicho período. Al respecto, en 1893 la Corte Suprema Argentina declaró en el caso Leandro Alem que «el estado de sitio, lejos de suspender la Constitución, se declara para defenderla». 3.3. El régimen de excepción y el control judicial y político En la doctrina constitucional prima el criterio de no revisibilidad del acto de establecimiento de un régimen de excepción en razón a que se trata de una «cuestión política». Entre otras argumentaciones, que son expuestas prolijamente en el capítulo referido a la jurisdicción constitucional, se esgrime que tal declaración comprende en strictu sensu a los poderes políticos, por consiguiente cualquier intromisión judicial en este particular aspecto, implicaría una distorsión del reparto de competencias entre los órganos estaduales. En ese sentido, la no revisibilidad judicial se sustenta en la tesis que cada órgano político tiene una («zona de reserva» que no puede ser invadida por el Poder Judicial, so pena de instaurar un sistema de gobierno de los jueces; el cual no se encuentra diseñado en ninguna Constitución vigente. Ahora bien, no obstante lo expuesto, la propia doctrina constitucional admite la existencia de un control no sobre el acto mismo del decretamiento de algún tipo de régimen de excepción, sino sobre los actos restrictivos de algunos derechos restringidos o suspendidos durante dicho lapso; amén de aceptar la verificación de los presupuestos formales para su verificación práctica. En consecuencia dentro del contexto referido, un órgano jurisdiccional puede intervenir a efectos de corroborar lo siguiente:



Cumplimiento del íter procedimental establecido por la Constitución para decretar algunas de las modalidades del régimen de excepción. Cumplimiento de la regla de indemnidad a favor de los derechos fundamentales no sujetos en tiempo o lugar alguno a suspensión o limitación. Cumplimiento en la praxis de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Cumplimiento de no extensión del plazo máximo para la vigencia de alguna de las modalidades del régimen de excepción. De otro lado, es oportuno indicar que con posterioridad al cese del régimen de excepción, el órgano jurisdiccional tiene facultades plenas para, en aplicación del principio de responsabilidad, resolver los casos de indemnización por los daños y perjuicios que sufrieron las personas o los bienes de estos, por uso indebido y arbitrario de las competencias de excepción, por parte de las autoridades estaduales encargadas de su ejercicio. En lo relativo al control político, la doctrina constitucional admite plenariamente la existencia de dicho proceso de fiscalización en lo relativo al acto mismo de decretamiento del régimen de excepción y la forma de actuación del órgano Ejecutivo en lo relativo a su ejecución. Al respecto, es usual que el órgano parlamentario conozca vía la denominada dación de cuenta acerca de las razones y determinaciones adoptadas por el Ejecutivo durante una situación de anormalidad. A través de dicho instituto el Parlamento toma conocimiento oficial de los alcances de la situación de anormalidad, así como las medidas concretas para su conjuración, es decir, se verifica el principio de rendición de cuenta. En ese aspecto, la dación de cuenta permite efectivizar la atribución congresal referida a velar por el respeto de la Constitución y las leyes.



Es dable advertir que los actos derivados del decretamiento de alguna de las modalidades del régimen de excepción no enervan la determinación posterior de la culpa o responsabilidad política, por el uso indebido de las competencias de excepción. A

modo

de

colofón,

debe

señalarse

que

el

régimen

de

excepción

—consecuencia de una situación de anormalidad— no autoriza en modo alguno, a que el Estado pueda hacer uso de facultades o competencias extra constitucionales, sino a lo sumo implica el atributo de uso de una legalidad excepcional prevista en el texto constitucional. El uso de facultades extra constitucionales aún para remediar una situación de anormalidad configuraría una situación de crisis constitucional; vale decir, una quiebra grave del pacto social, una actividad ilegítima del poder estatal y la degradación de la relación política de mando-obediencia por la mera sujeción mediante la fuerza bruta. Por dichas consideraciones, el control judicial y el control político precisan que el régimen de excepción está dentro del Estado de Derecho. Ello a mérito de la existencia de una legalidad —para el caso extraordinario— una división de las funciones y un respeto a la dignidad de las personas.

4. LA CIUDADANÍA Y LA ANORMALIDAD CONSTITUCIONAL Como se ha referido, la anormalidad constitucional también puede producirse por obra de un inminente o efectivo golpe de Estado. Dicha situación introduce la cuestión de la defensa del orden constitucional a través del ejercicio de derechos ético-políticos que el propio texto constitucional consigna en favor de la ciudadanía. Así, en aras de garantizar la oposición ciudadana a la amenaza o ruptura del orden institucional, la Constitución plantea dos opciones: el derecho a la insurgencia y el derecho de insumisión. Al respecto, veamos lo siguiente: 4.1. El derecho a la insurgencia Esta facultad implica una acción del pueblo contra quienes usurpan o intentan usurpar el poder. Esta acción se acomete en pro de la defensa o reposición de la autoridad



legalmente establecida, amén de implicar una acción tuitiva en favor de la mantención o restitución inmediata del orden constitucional violentado. Como señala Alfonso RAMOS ALVA: «El derecho de insurgencia posibilita rebelarse al pueblo, cuando el régimen constitucional se halla en peligro». El derecho a la insurgencia opera cuando al interior de una sociedad política surge súbitamente una voluntad política que monopoliza o intenta monopolizar al gobierno del Estado. Elvíto RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ lo confirma como un mecanismo excepcional de auto tutela o autodefensa. Así expone que: «la alteración del orden constitucional es pasible de autodefensa, tanto por las personas individualmente consideradas como de la población en su conjunto, pues la primera parte del artículo 46 de la Constitución peruana se refiere a las personas y la segunda a la población. En ambos casos, no se trata de obligaciones sino de derechos. En este aspecto es donde mejor se apreció la relación entre derecho y fuerza. La fu erza puede hacer inoperantes estos derechos, e incluso, convalidar la actuación del usurpador; la Constitución autoriza el uso de la fuerza con la finalidad superior de recuperar el orden constitucional». La situación que provoca la insurgencia se deriva de la deposición o perentoria deposición del gobierno de jure; la falsificación de la voluntad popular a través de un fraude electoral; la prolongación inconstitucional del período de gobierno; la acción de autogolpe; etc. Como puede observarse se justifica ante una situación de quiebre del orden constitucional o inminencia de que ello ocurra. En ese contexto la doctrina exige que se encuentre acreditada objetivamente la quiebra del orden constitucional o que se verifique el peligro cierto o inminente de que ello pueda ocurrir; amén que el pueblo no tenga otro medio para salvar o reponerla institucionalidad. En este último caso debe tratarse de la última ratio de la que se vale la ciudadanía para defender y asegurar el Estado de Derecho.



Asimismo, la acción insurgente debe ser inmediata y sin solución de continuidad en relación al fenómeno perturbador del Estado de Derecho. En puridad, se trata de una facultad perteneciente al pueblo como colectivo cívico que lo autoriza constitucionalmente a ejercitar hasta acciones de fuerza contra un usurpador del poder o «pretendiente» inconstitucional del mismo, a efectos de hacer cesar la ruptura del orden institucional o impedir la consumación de una acción contra ejercientes del poder legítimamente constituido. Javier VALLE RIESTA recuerda con acierto el antecedente de Miguel Grau Seminario y el pueblo de Lima en 1872. En efecto, el 22 de julio de 1872 estando por culminar el mandato del Presidente José Balta y ya electo como nuevo mandatario Manuel Pardo y Lavalle se produce el golpe de Estado de los hermanos coroneles Tomás, Silvestre y Marcelino Gutiérrez. Miguel Grau Seminario tiene papel protagónico en la suscripción del manifiesto de la armada a favor del orden constitucional e incluso parte al sur del país en el Huáscar para promover la insurgencia. En este caso la resistencia tiene la connotación de insurgencia en pro de la defensa del orden constitucional. Dicho artículo fue insertado por la necesidad manifiesta de evitar la consolidación de otra experiencia similar a la producida por Gustavo Adolfo HITLER, quien luego de acceder en 1932 al cargo de Canciller de Alemania, tras la muerte del mariscal Paul von Hindenburg dos años más tarde, asumió la Presidencia de la República y desde allí concentro todo el poder político y pisoteó la Constitución de 1919. En puridad, dicha experiencia obligó a que se dispusiese de un instituto ciudadano en defensa de la Constitución, en caso esta fuese quebrantada desde el propio poder político. En nuestro país, el constituyente aprista Alfonso RAMOS ALVA denominó a dicho instituto como derecho a la insurgencia y la replanteó para defender al orden constitucional quebrantado o amenazado generalmente por rebeliones provisoriamente «triunfantes» o en proceso de consumación.



4.2. El derecho de insumisión Alude a una institución emanada de la voluntad ciudadana de incumplir o desacatar un mandato gubernamental, en razón de que este ha sido expedido por una persona que ha usurpado el poder político o ejerce funciones públicas con violación de la Constitución y las leyes. En puridad, esta institución es consecuencia del conflicto que sur ge entre ci ejercicio anómalo de la autoridad pública y la conciencia política de la ciudadanía, decidida a defender el imperio de la constitucionalidad y la legalidad. Se trata de actos individuales de oposición político-jurídica contra quienes ejercen las funciones públicas de manera opuesta a lo previsto en el ordenamiento jurídico. Por ende, se refleja como una forma pacífica de no reconocimiento a una autoridad espuria. Se manifiesta en el hecho de no pagar los impuestos decretados por el usurpador, en la acción de incumplir las disposiciones legales emanadas de una legislación de facto, etc. Desde una perspectiva histórica la insumisión aparece cori TOMÁS DE AQUINO (12251274) cuando en su obra Tratado de la ley; Tratado de la justicia; Opúsculo sobre el gobierno de los príncipes, señala lo siguiente: «Las leyes son injustas de dos maneras, o por contrarias al bien común, o porque su fin, como el caso en el que el gobierno impone a sus súbditos leyes onerosas, no es por motivo de bien común, sino de propia codicia o ambición, o también por su autor, cuando este da una ley extralimitándose de la facultad que tiene encomendada a esas leyes de ninguna manera es ilícito observarlas» Dicha institución fue establecida en nuestro país como concurrente al ejercicio del derecho de insurgencia en la Constitución de 1979. Ahora bien, entre ambos institutos existen las diferencias siguientes: El derecho a la insurgencia promueve una acción colectiva y con connotación de fuerza. En cambio el derecho de insumisión se plasma en una acción individual y pacífica.



El derecho a la insurgencia puede promoverse como una medida de prevención ante un peligro inminente de ruptura; el derecho a la insumisión se ejercita después de la ruptura del orden constitucional. El derecho a la insurgencia exige una actuación inmediata, el derecho a la insumisión puede incluso promoverse en lapso mediato.




Universidad Privada Los Ángeles de Chimbote Escuela de Derecho y Ciencias Políticas Filial – Tumbes El Estado y Las Situaciones d e Anormalidad Constitucional

CONCLUSIONES Consideramos que de sus antecedentes históricos y el desarrollo que han tenido los estados de excepción en la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, ofrecen al Sistema americano elementos suficientes para establecer parámetros a su existencia dentro de un Estado de Derecho. Los principales elementos de teorización de los estados de excepción implican un entendimiento de las situaciones anormales que ponen en riesgo a una nación y al mismo tiempo una filosofía de formalidad y principios que determinan la juridicidad y legitimidad de los estados de excepción. La necesidad de una teorización de los estados de excepción nos obliga ineludiblemente a establecer enunciados claros para determinar conceptos que puedan ser utilizados en cualquiera de los Estados miembros del sistema Americano. Con este criterio nos hemos atrevido a enunciar definiciones de los elementos de los estados de excepción y de los principios que los informan. La defensa del estado de derecho mediante el uso de estados de excepción nos obliga a respetar los derechos humanos y a utilizar una filosofía de defensa de los derechos humanos para afrontar las situaciones de excepción. El Derecho Internacional Humanitario, afronta con suma pertinencia el hecho que aun cuando no se pueda determinar con claridad un estado de derecho los derechos humanos prevalecen como el último sustento de seres humanos y con un mínimo de civilización. Finalmente entendemos que con una teorización apropiada de los estados de excepción es posible evaluar la juridicidad de los estados de excepción no solo en el nivel constitucional del derecho interno de cada país, sino, además, a través de los sistemas americano y de las naciones Unidas en cuanto a la protección de los derechos humanos y la aplicación de los tratados. La ausencia de investigaciones y sanciones administrativas, penales o civiles, revela que los esfuerzos por superar el problema no son asumidos por el conjunto de los funcionarios del Estado, siendo una práctica descontrolada e impune, más allá de la bondad o deficiencias de las normas vigentes.


Situaciones de Anormalidad Constitucional

Recommend Documents