Tribunal Constitucional vs Tribunal Constitucional

: L L O C A I A S D N Í E O R C I U O C J R U S T I P I S T I L L S A I N Á C N O A E C P S E

ESPECIAL

Tribunal Constitucional vs. Tribunal Constitucional A propósito de la resolución cautelar del Exp. Nº 00002-2013-PC/TC* Jaime David ABANTO TORRES **

En el presente artículo, el autor cuestiona la actuación del Tribunal Constitucional en el proceso competencial que ha iniciado el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial, y que se relaciona con la homologación de remuneraciones de los magistrados de la judicatura; puntualmente critica la medida cautelar que en este se concedió, suspendiendo dos resoluciones judiciales expedidas en la etapa de ejecución de un proceso de cumplimiento. Al respecto, opina que el Colegiado ha desvirtuado por completo el proceso competencial, convirtiéndolo en un instrumento para incumplir resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada.

INTRODUCCIÓN En las siguientes líneas compartimos algunas reflexiones respecto de los problemas que se han generado en nuestro sistema jurídico a raíz de este nuevo proceso competencial. Por razones de espacio no vamos a detenernos en las flagrantes vulneraciones al debido proceso, de defensa1 y a la ejecución de las sentencias constitucionales2 de los jueces vencedores en el proceso de cumplimiento. Solo nos limitaremos a desarrollar los fundamentos

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por los cuales debió declararse la improcedencia de la demanda de proceso competencial y de la medida cautelar en el caso materia de análisis.

I. EL PROCESO DE CUMPLIMIENT CUMPLIMIENTO O PROPROMOVIDO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS DEL PERÚ (ANM) Para una mejor comprensión del tema es indispensable comenzar por los hechos que dieron origen al proceso competencial.

Nota de Gaceta Constitucional : La RTC Exp. Nº 0002-2013-PC/TC, materia del presente comentario, ha sido publicada en Gaceta Procesal Constitucional . Tomo Tomo 18, Gaceta Jurídica, Lima, junio de 2013, pp. 27-31.

** Juez Titular Titular del 1º Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Abogado por la Universidad de Lima. Maestrando de la Maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 1 En . .tc.gob.pe/jurisprudencia/2004//00090-2004-AA.html>. 2 En . .tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04119-2005-AA.html>.

GACETA GACET A CONSTITUCIONAL N° 67

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N E M U S E R

E SPECIAL PROCESAL CONSTITUCIONAL

1. El 23 de febrero de 2009, la Asociación Nacional de Magistrados del Perú (ANM) interpuso una demanda de proceso de cumplimiento contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) por ante el 5º Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente Nº 65822009). La demanda peticionaba el cumplimiento de lo prescrito en inciso 23 del artículo 82, los literales b) y c), del inciso 5 del artículo 186 y el artículo 193 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, relativos a la remuneración de los jueces superiores, especializados y mixtos, así como de paz letrados. Dicha norma, pese a encontrarse vigente desde 1993, no se cumple en el caso de los jueces superiores, especializados y mixtos, así como de paz letrados. 2. El 5º Juzgado Constitucional dictó sentencia con fecha 18 de noviembre de 2010, declarando fundada la demanda y disponiendo que el CEPJ cumpla con los literales b) y c) del inciso 5 del artículo 186 del Texto Único Ordenado de la LOPJ. Dicha sentencia fue apelada por el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial (PJ). 3. El 10 de agosto de 2011, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia que declaró fundada la demanda y, en consecuencia, ordenó al CEPJ que, en el plazo de 10 días, según los criterios fijados en dicha resolución, en acatamiento del inciso 23 del artículo 82, los literales b) y c) del inciso 5 del artículo 186 y el artículo 193 del Texto Único Ordenado de la LOPJ, cumpla con: i) eliminar las discriminaciones existentes en los distintos conceptos recibidos por los magistrados que impliquen la pérdida de la naturaleza remunerativa de lo percibido; debiendo entregarse lo ordenado como una unidad remunerativa, y ii) entregar a los magistrados de los distintos grados del Poder Judicial una remuneración que respete la siguiente proporción: a) el vocal superior, por el 90% (noventa por

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ciento) del haber total de un vocal supremo, b) el juez especializado o mixto, por el 80% (ochenta por ciento) del haber total de un vocal supremo, y c) el juez de paz letrado, por el 70% del haber total de un vocal supremo, bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Nº 28237; en los seguidos por la Asociación Nacional de Magistrados del Perú contra el CEPJ sobre proceso de cumplimiento. 4. Por Resolución Nº 25 de fecha 28 de noviembre de 2011, el 5º Juzgado Constitucional de Lima ordena cumplir lo ejecutoriado. 5. Por Resolución Nº 43, de fecha 22 de mayo de 2012, el 5º Juzgado Constitucional de Lima requiere nuevamente a los demandados a fin de que dentro del tercer día de notificados la presente resolución cumplan con todos los extremos de la resolución de vista de fecha 10 de agosto de 2011 expedida por la tercera sala civil, bajo apercibimiento de imponerse una multa de quince Unidades de Referencia Procesal, en caso de incumplimiento. 6. En cumplimiento de dicha resolución, el CEPJ dicta la Resolución Administrativa Nº 235-2012-CE/PJ de fecha 27 de noviembre de 2012. En el artículo Primero se nivela la remuneración de los jueces superiores, especializados y mixtos y de paz letrados conforme a lo dispuesto en el artículo 186, inciso 5, literal b del TUO de la LOPJ. En el artículo Segundo, se requiere al MEF para que proceda a asignar y transferir los recursos adicionales del Tesoro Público, para el cumplimiento efectivo de las escalas remunerativas fijadas en dicha resolución, en aplicación de la sentencia dictada en el proceso constitucional de cumplimiento seguido ante el 5º Juzgado Constitucional de Lima, y que tiene autoridad de cosa juzgada. 7. Continuando con la ejecución de la sentencia, el juez del 5º Juzgado Constitucional dictó las siguientes resoluciones: 7.1. La Resolución Nº 88, de fecha 6 de marzo de 2013 que resolvió:

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“1. SE DECLARA IMPROCEDENTE el pedido del Procurador del Poder Judicial, respecto a que se dé por cumplido lo ordenado por sentencia de vista de la Tercera Sala Civil. 2. SE REQUIERE al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que en plazo de 15 días naturales, proceda a emitir una nueva resolución administrativa, donde incluya en la nivelación del haber de los jueces superiores, jueces especializados y mixtos, y paz letrados, también la asignación especial por alta función jurisdiccional que perciben los vocales supremos que asciende al monto de S/ 7,617.00 nuevos soles, en los porcentajes que correspondan; bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional. 3. Asimismo, se ordena a la demandada, en el mismo plazo señalado en el punto anterior, señale y acredite cuáles son las gestiones que viene realizando para efectivizar el pago de las remuneraciones de todos los jueces superiores, jueces especializados y mixtos, y paz letrados del Poder Judicial”. 7.2. La Resolución Nº 91, de fecha 14 de marzo de 2013, que dictó la sentencia ampliatoria en los términos siguientes: “1. DECLARAR FUNDADA la solicitud de sentencia ampliatoria formulada por la Asociación Nacional de Magistrados; en consecuencia: SE ORDENA la ejecución de la sentencia en los siguientes términos: i) INCORPÓRESE al proceso al Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que brinde las facilidades necesarias para que el Poder Judicial cumpla la sentencia firme emitida en el proceso, según los términos aquí indicados; ii) REQUERIR al Ministerio de Economía y Finanzas para que cumpla

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con entregar fondos dinerarios al Poder Judicial del fondo de reserva de contingencia, a efectos de nivelar inmediatamente las remuneraciones de los magistrados del Poder Judicial para el periodo año 2013; bajo apercibimiento de imponer las medidas coercitivas de multa compulsiva y progresiva, apertura de proceso disciplinario y/o destitución a los funcionarios que correspondan, y otros que permitan los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, en caso de incumplimiento de lo ordenado en autos. iii) REQUERIR al Poder Judicial a fin de que incluya en el Presupuesto Anual del 2014, la nivelación en el pago de las remuneraciones de los magistrados de acuerdo con lo resuelto en sentencia firme emitida en el presente proceso, bajo apercibimiento de imponer las medidas coercitivas de multa compulsiva y progresiva, apertura de proceso disciplinario y/o destitución a los funcionarios que correspondan, y otros que permitan los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, en caso de incumplimiento de lo ordenado en autos. iv) ORDENAR que el Ministerio de Economía y Finanzas SE ABSTENGA de efectuar observaciones al Poder Judicial, respecto a la petición de fondos públicos o recursos presupuestarios requeridos para la nivelación de las remuneraciones de los magistrados del Poder Judicial, respecto al presupuesto anual 2014; además, CUMPLA con adoptar las medidas administrativas, presupuestarias, normativas y otras necesarias, a fin de que se incorpore en el presupuesto del Poder Judicial del año 2014, los fondos dinerarios para dicho fin y se ejecute la sentencia emitida en el

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proceso en sus propios términos, bajo apercibimiento de imponer las medidas coercitivas de multa compulsiva y progresiva, apertura de proceso disciplinario y/o destitución a los funcionarios que correspondan, y otros que permitan los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, en caso de incumplimiento de lo ordenado en autos”. 7.3. Por Resolución Nº 95, de fecha 22 de abril de 2013, se dispuso la actuación parcial inmediata de la sentencia ampliatoria en los términos siguientes: “Por tales razones y en aplicación del precedente establecido por el TC en el Expediente Nº 607-2009-PA/TC3, se resuelve: 1. DECLARAR fundada la solicitud de actuación parcial inmediata de sentencia ampliatoria; en consecuencia: ORDENO al DIRECTOR GENERAL del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, CARLOS ADRIÁN LINARES PEÑALOZA, en el plazo de 5 días, cumpla con entregar fondos dinerarios al Poder Judicial del fondo de reserva de contingencia a efectos de nivelar inmediatamente las remuneraciones de los magistrados del Poder Judicial para el periodo del año 2013. 2. En caso de incumplimiento se aplicaran las medidas coercitivas de multa compulsiva, progresiva, apertura de proceso disciplinario y/o destitución a los funcionarios que correspondan, y otros que permitan los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional”. Apelada la sentencia ampliatoria, por Resolución Nº 93 el 5º Juzgado Constitucional ha concedido apelación con efecto suspensivo en contra de la sentencia ampliatoria. Del expediente no se advierte que se haya interpuesto recurso de apelación contra las resoluciones 88 y 95. 3

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no acató las resoluciones no apeladas, y en lugar de esperar el resultado de su recurso de apelación contra la sentencia ampliatoria, comenzó a diseñar una estrategia legal para incumplir el fallo judicial.

II. DE LOS PROCESOS DE AMPARO PROMOVIDOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CONTRA EL PROCESO DE CUMPLIMIENTO PLANTEADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS DEL PERÚ A fin de entorpecer la ejecución de la sentencia del proceso de cumplimiento, en el mes de mayo de 2013, el MEF presentó dos demandas de amparo: 1. Exp. Nº 13969-2013 seguido por la Procuraduría Pública del MEF contra la ANM y el juez del 5º Juzgado Constitucional de Lima, solicitando la “nulidad” de las Resoluciones Nºs 91 y 93 emitidas en el Exp. Nº 06782-2009 sobre proceso de cumplimiento seguido ante el 5º Juzgado Constitucional de Lima. Según información obtenida de la página web del Poder Judicial, luego de varias abstenciones de los jueces la demanda fue declarada improcedente por el 10º Juzgado Constitucional por Resolución Nº 4 de fecha 7 de junio de 2013, la que ha sido apelada por la parte demandante. 2. Exp. Nº 14548-2013 seguido por la Procuraduría Pública del MEF contra la ANM y el juez del 5º Juzgado Constituciona l de Lima, solicitando la “nulidad” de la Resolución Nº 95 emitida en el Exp. Nº 067822009 sobre proceso de cumplimiento seguido ante el 5º Juzgado Constitucional de Lima. Según información obtenida de la página web del Poder Judicial, la demanda fue declarada improcedente por el 10º Juzgado Constitucional por Resolución Nº 1 de fecha 3 de junio de 2013, la cual ha sido apelada por la parte demandante.

STC Exp. Nº 03919-2010-PC/TC. En .

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Paralelamente a los referidos procesos de amparo, el Poder Ejecutivo promueve el proceso competencial materia de nuestras reflexiones.

Agrega el TC que las resoluciones del PJ que exigen el El TC, en un proceso “ cumplimiento de una sentencia competencial, no puea través del uso de la reserva de desvirtuar las funde contingencia estarían consciones y competencias tituyendo, en principio, una indel PJ, consistentes en III. LA ADMISIÓN A TRÁMItromisión ilegítima en las funel conocimiento. ” TE DEL PROCESO COMciones del Poder Ejecutivo, sin PETENCIAL Y DE LA que ello implique, recalcó, desCONCESIÓN DE LA MEconocimiento alguno del derecho de los jueDIDA CAUTELAR ces a una nivelación de acuerdo a su cargo, tal El 24 de mayo de 2013, la comunidad jurídicomo fuese establecido incluso en la STC Exp. ca recibió con sorpresa una nota de prensa Nº 03919-2010-PC/TC. del Tribunal Constitucional (TC) 4. En ella se El mismo 24 de mayo de 2013, el CEPJ, en luinformaba que el TC había admitido a trámigar de defender los fueros del PJ, publicó un te la demanda sobre conflicto de competencia tibio comunicado7, lamentando que se hayan (Exp. Nº 00002-2013-PCC/TC)5 interpuesta afectado los legítimos derechos de los jueces por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judide este Poder del Estado, cuyas remuneracial (PJ), para que se establezca que la potestad de transferir recursos de la reserva de ciones no son reajustadas hace más de doce años, sin considerar que durante este tiempo contingencia forma parte de la competencia el costo de vida se ha venido incrementando; del Poder Ejecutivo, y que esta es ejercida a y sin tener en cuenta la delicada y compleja través del MEF. Dando trámite a dicha pretenfunción que desarrollan al servicio de la admisión se había corrido traslado al Poder Judinistración de justicia del país y que se ha discial para que se apersone al proceso y formupuesto impartir las medidas pertinentes para le sus alegatos. salvaguardar los derechos de los jueces del Perú. En tal virtud, se informa que se ha insCon inusual celeridad, el TC concedió una me6 truido al procurador de este Poder del Estado dida cautelar , solicitando la suspensión de los para que, en ejercicio de sus funciones y atriefectos de dos resoluciones judiciales y una rebuciones interponga los recursos legales que solución administrativa del PJ en las que se orcorrespondan a la defensa de los legítimos dedena al MEF que cumpla con entregar fondos dinerarios al PJ del fondo de reserva de continrechos de los jueces de la República. gencia a efectos de nivelar las remuneraciones de los magistrados del PJ para el año 2013.

El TC sostiene que es verosímil el alegato que entregar fondos dinerarios al PJ del fondo de reserva de contingencia “(…) podría tener consecuencias imprevisibles en el equilibrio presupuestario y, especialmente, debilitaría la reserva de contingencia de modo tal que, si surgiera –por ejemplo– una catástrofe, se carecería de recursos para hacer frente a esta situación (…)”. 4 5 6 7

Si bien este es un tercer episodio de la Guerra de las Cortes en la modalidad de conflicto competencial, pareciera que el órgano de gobierno del PJ no pretende presentar batalla, como sí lo hizo la Sala Plena de la Corte Suprema en un comunicado frente a la sentencia dictada por el TC en el Exp. Nº 00006-2006PC/TC, en el que se señaló que la decisión del TC constituía una seria amenaza a la independencia judicial, al valor de cosa juzgada con que la Constitución dota a las decisiones

Nota de Prensa Nº 085-2013-OII/TC. En: . En: . En: . En: .


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definitivas del PJ y, en definitiva, a la seguridad jurídica8.

IV. IMPROCEDENCIA DEL PROCESO COMPETENCIAL

Lamentablemente, para el orden constitucional peruano, no es la primera vez que el TC admite a trámite demandas de proceso competencial contra sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada. Ello sucedió en dos casos: el primero, el caso Casinos y Tragamonedas, conflicto competencial interpuesto por el Mincetur, en representación del Presidente de la República y con la aprobación del Consejo de Ministros, contra el PJ 9. El segundo, el caso Importación de autos y autopartes usados, conflicto competencial interpuesto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en representación del Presidente de la República y con la aprobación del Consejo de Ministros, contra el PJ10.

Teniendo en cuenta que el proceso cautelar es un proceso autónomo, cuyo objeto es asegurar el cumplimiento de lo que se resuelva en el proceso principal, es inevitable detenernos en los requisitos de procedencia de la demanda.

El proceso competencial contra resoluciones judiciales ha sido cuestionado por la sana doctrina constitucional nacional11. Sin embargo, esta es la primera vez que el TC admite una demanda de proceso competencial e inmediatamente dicta una medida cautelar.

Como puede apreciarse con suma facilidad, el texto constitucional deja en manos del legislador la regulación del proceso competencial. No lo deja al libre albedrío del TC.

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1. Incompetencia del Tribunal Constitucional Conforme al artículo 202, inciso 3 de la Constitución: “Corresponde al TC: (…) Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley ”. La Constitución no dice que los órganos constitucionales pueden discutir atribuciones o competencias jurisdiccionales al PJ.

Es así que el artículo 109 del Código Procesal Constitucional (CPConst.) señala que:

Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la República del 22 de abril de 2007, publicado en el diario El Comercio, el 22 de abril de 2007. 9 La STC Exp. Nº 00006-2006-PC/TC En: ; la resolución de aclaración en ; y la segunda resolución de aclaración en . 10 La STC Exp. Nº 00001-2010-PC/TC. En: . 11 Con relación al primer conflicto competencial véase MONROY GÁLVEZ, Juan. “Poder Judicial vs. TC”. En: GARCÍA BELAUNDE, Domingo, (coordinador). ¿Guerra de las Cortes? A propósito del proceso competencial entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial . Palestra, Lima, 2008, pp. 13-73. BLUME FORTINI, Ernesto “¿Cosa juzgada constitucional?” En: Ob. cit., pp. 99-107. QUIROGA LEÓN, Aníbal. “Análisis del conflicto de competencias del Poder Ejecutivo (Mincetur) con el Poder Judicial en el TC: ¿una relación de jerarquía?” En: Ob. cit., pp. 109-152. PALOMINO MANCHEGO, José F. y CASTILLO VEINTIMILLA, Harold. “El proceso competencial: ¿un nuevo recurso para anular sentencias o dejarlas sin efectos? (Una crónica a propósito de la sentencia Exp. Nº 00006-2006-PC/TC emitida por el TC)”. En: Ob. cit., pp. 133-154. CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “¿Activismo extralimitado del TC?: a propósito de un caso de vinculación de los jueces a la jurisprudencia del TC”. En: Ob. cit., pp. 155-190. ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Las tensiones entre la judicatura ordinaria y el TC: reflexiones a propósito de la sentencia Exp. Nº 00006-2006-PC/TC”. En: Ob. cit., pp. 191-202. JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, Roxana y ABANTO TORRES, Jaime David. “La abolición de la cosa juzgada. A pro pósito de la sentencia Exp. Nº 00006-2006-PC/TC”. En: Ob. cit., pp. 203-242. MALPARTIDA CASTILLO, Víctor. “TC vs. Poder Judicial (a propósito de un proceso competencial)”. En: ; y, MALPARTIDA CASTILLO, Víctor. “Cosa juzgada judicial vs. cosa juzgada constitucional”. Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En: . Con relación al segundo conflicto competencial, véase RAMÍREZ SÁNCHEZ, Félix Enrique. “La segunda guerra entre las cortes. Un estudio a partir de la STC Exp. N° 00001-2010-PC/TC”. En: Gaceta Constitucional . Tomo 37, Gaceta Jurídica, Lima, enero de 2011, pp. 224-241. Con relación al tercer conflicto competencial materia del presente estudio véase CAVANI BRAIN, Renzo. “El TC peruano y el proceso competencial: Un cuento de nunca acabar”. En .

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“[E]l TC conoce de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales, y que opongan:

“Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.

1) Al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales.

No hay proceso judicial por comisión o delegación”.

2) A dos o más gobiernos regionales, municipales o a ellos entre sí.

Estos principios se entrelazan con el principio de corrección funcional, cuyo contenido ha sido desarrollado por el propio TC en el caso Lizana Puelles12: “Este principio exige al juez constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado”.

3) A los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales, o a estos entre sí”. Conforme al artículo 113 del Código acotado: “La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. Determina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Asimismo, resuelve, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos”. Como puede verse con suma facilidad, el CPConst. regula los conflictos de competencias administrativas entre órganos constitucionales. De allí la expresa referencia a la nulidad de actos administrativos (cuyas formas externas, de acuerdo con la propia norma, pueden consistir en resoluciones, disposiciones o actos). La competencia del TC en el proceso competencial no comprende el cuestionamiento de resoluciones judiciales. Ello, en virtud de los principios de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, consagrados por el artículo 139, inciso 1, de la Constitución:

Lo señalado significa que el TC, en un proceso competencial, no puede desvirtuar las funciones y competencias del PJ, consistentes en el conocimiento, tramitación y resolución del proceso constitucional de cumplimiento conforme al artículo 200, inciso 6 de la Constitución13. Tampoco puede interferir en el ejercicio de las funciones del PJ, ni dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución, pues ello, además, atenta contra la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, conforme al artículo 139, inciso 2, de la Constitución que prescribe que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano

12 STC Exp. Nº 05854-2005-Pa/TC, f. j. 12 c). En: . 13 Artículo 200.- Acciones de garantía constitucional Son garantías constitucionales: (…) 6. La acción de cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.


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jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el de-

recho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno”. Conforme al artículo 104, inciso 1 del CPConst., el Tribunal declarará improcedente la demanda cuando el Tribunal carezca de competencia para conocer la norma impugnada. Los actos cuestionados en el proceso competencial pueden ser disposiciones, resoluciones o actos administrativos, pero nunca resoluciones judiciales. Sin embargo, la parte demandante en el proceso competencial pretende que se deje sin efecto sendas sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada, y actos administrativos dictados en su fiel ejecución, por lo que la demanda resulta manifiestamente improcedente.

2. Improcedencia de los procesos constitucionales promovidos contra resoluciones firmes recaídas en otro proceso constitucional La demanda del proceso competencial es manifiestamente improcedente, pues de conformidad con el artículo 5, inciso 6 del CPConst. “no proceden los procesos constitucionales cuando se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional”. En el presente caso, se está utilizando un proceso competencial para dejar sin efecto sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada recaídas en un proceso constitucional de cumplimiento, lo que se encuentra prohibido expresamente por el CPConst.

V. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR El Tribunal Constitucional concedió la medida cautelar suspendiendo los efectos del artículo

segundo de la Resolución Administrativa Nº 235-2012-CE-PJ, del punto resolutivo 1.ii de la Resolución 91 de fecha 14 de marzo de 2013, expedida por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima (Expediente Nº 06582-2009), de la Resolución 95, de fecha 22 de abril de 2013, de actuación parcial inmediata de la Resolución 91, en cuanto ordenan al Ministerio de Economía y Finanzas, para cumplir la sentencia de fondo en el Expediente Nº 065822009, que entregue fondos dinerarios del fondo de reserva de contingencia. La medida cautelar en el proceso competencial, está regulada en el artículo 111 del CPConst.: “Artículo 111.- Medida cautelar El demandante puede solicitar al Tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto. Cuando se promueva un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, este podrá suspender el procedimiento hasta la resolución del TC”. Al respecto, los autores del CPConst. señalan que: “Como aspecto novedoso se introduce la posibilidad de utilizar medidas cautelares, que no se usan por la distinta naturaleza del proceso, en materias de inconstitucionalidad. Por lo demás, aquí se ha ordenado y reiterado lo que antes existía” 14. Veamos si en el caso bajo estudio se cumplieron los requisitos específicos para la procedencia de la medida cautelar. La norma glosada establece dos supuestos. El primero, que la medida cautelar puede suspender la disposición, resolución o acto objeto de conflicto. El segundo, que la medida cautelar puede suspender el procedimiento judicial en el que se esté impugnando la disposición, acto o resolución.

14 ABAD YUPANQUI, Samuel B. y otros. Código Procesal Constitucional. Estudio Introductorio. Exposición de Motivos. Dictámenes e índice analítico. Palestra, Lima, 2003, p. 94.

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Como hemos desarrollado líneas arriba, en ninguna parte de la norma glosada se alude a resoluciones judiciales (decretos, autos o sentencias). La suspensión de la disposición, resolución o acto se refiere a normas administrativas pero jamás a resoluciones judiciales. Por otro lado, la suspensión del proceso alude a un proceso contencioso-administrativo promovido contra la disposición, resolución o acto objeto de conflicto, pero jamás a la suspensión de un proceso constitucional, ni de la ejecución total o parcial de este, como ha sucedido en el proceso competencial materia de análisis al ampararse parcialmente la solicitud cautelar. Llama la atención que al momento de dictar la medida cautelar los magistrados del TC no hayan analizado con detenimiento los alcances del artículo 111 del CPConst., en lugar de realizar un análisis sesgado de la concurrencia del fumus boni iuris o la “apariencia de buen derecho”; el periculum in mora o daño constitucional que se produciría o agravaría, como consecuencia del transcurso del tiempo si la medida cautelar no fuera adoptada; y, la adecuación, que exige que el juzgador deba adecuar la medida cautelar solicitada a aquello que se pretende asegurar, invocando una sentencia de un proceso de inconstitucionalidad15. Existiendo un recurso de apelación con efecto suspensivo en trámite contra la Resolución 91 y un recurso de apelación concedido contra la resolución que declaró improcedente la oposición contra la Resolución 95, recursos que serían resueltos por el tribunal competente llamado por ley ¿Qué razón existía para que el Tribunal Constitucional haciendo tabla rasa del artículo 139, inciso 1 de la Constitución interfiera en un proceso constitucional de cumplimiento?

A MODO DE CONCLUSIÓN Resulta sorprendente que el mismo TC que dijo en varias sentencias, reconociendo el derecho a la protección judicial16, que los fallos judiciales deben cumplirse en sus propios términos y que los jueces que no los ejecutan incurren en responsabilidad funcional17, y que reconoció los beneficios de la nivelación de las remuneraciones a un grupo de jueces de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, conforme a la LOPJ18; ahora suspenda la ejecución de una sentencia idéntica. ¿Vidaurre contra Vidaurre? No. Tribunal Constitucional vs. Tribunal Constitucional. Consideramos inaceptable en un Estado Democrático y Constitucional de Derecho la institucionalización del “proceso competencial” como medio de incumplir resoluciones judiciales, pues constituye un atentado contra la seguridad jurídica –necesario bastión de la democracia y el desarrollo–, pues cualquier resolución judicial, consentida o ejecutoriada, y en cualquier momento, aún en la etapa de ejecución o inclusive años después de haber sido archivado el expediente por conclusión del proceso, podría ser dejada sin efecto por un ente ajeno al PJ. Y ello, sin límite en el tiempo, es decir, sin plazo prescriptorio alguno. Nadie discute que el TC es el intérprete supremo de la Constitución y el órgano que tiene la última palabra en materia de interpretación constitucional. Pero ello no le da carta blanca para excederse en el ejercicio de sus facultades y atribuciones constitucionales, declarando la nulidad de sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada en un proceso competencial. El TC ha desvirtuado por completo el proceso competencial, convirtiéndolo en un instrumento para incumplir resoluciones judiciales con

15 STC Exp. Nº 00023-2005-PI/TC. En: . 16 Véase STC Exp. Nº 02737-2002-AA/TC. En: . STC Exp. Nº 05854-2005Pa/TC. En: . 17 Véase entre otras, la STC Exp. Nº 03338-2009-PC/TC. En: . STC Exp. Nº 03515-2010-PA/TC. En: . STC Exp. Nº 03066-2012-PA/TC. En: . 18 STC Exp. Nº 03919-2010-PC/TC. En: .


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autoridad de cosa juzgada. Ahora cualquier autoridad o funcionario dejará de cumplir sentencias estimatorias en procesos constitucionales, recurriendo al fácil expediente del conflicto competencial. Parece que el Señor Presidente de la República olvidó sus obligaciones constitucionales de cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, previstas en el artículo 118, inciso 9 de la Constitución, pues en lugar de cumplir una sentencia firme que ordena la nivelación de las remuneraciones de los jueces superiores, especializados y mixtos, así como de paz letrados, ha preferido iniciar un proceso competencial para seguir incumpliéndola.

Cualquier sentencia desfavorable al Estado, incumplidor consuetudinario de resoluciones judiciales, será considerada como una interferencia a sus atribuciones constitucionales de cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. El Ejecutivo encontró la llave maestra para incumplir sentencias judiciales adversas, con la anuencia del TC.

La Constitución ha sido vulnerada por su propio garante. Las sentencias judiciales firmes ya no obligan al Estado. El mismísimo Tribunal Constitucional –Guardián de la Constitución, Defensor de los derechos fundamentales e Intérprete Supremo del Orden Jurídico– in-

terfiere en la ejecución de una sentencia con autoridad de cosa juzgada recaída en un proceso constitucional de cumplimiento. El propio TC ha consumado un estado de cosas inconstitucional19 en agravio de los jueces peruanos, manteniendo el incumplimiento por parte del Estado peruano del pago de las remuneraciones de los jueces superiores, especializados y mixtos, así como de paz letrados y de la LOPJ vigente desde hace 20 años. Si el TC ha reiterado la obligación del Estado peruano de reconocer las deudas a los tenedores de los bonos de la reforma agraria20, no nos explicamos el disímil tratamiento para quienes estamos en la primera línea de defensa de los derechos fundamentales. Esperamos que la demanda del proceso competencial sea desestimada y que la medida cautelar sea dejada sin efecto, restableciéndose el orden constitucional.

19 Véase STC Exp. Nº 02579-2003-HD/TC. En: . STC Exp. Nº 03194-2004-AC/TC. En: . STC Exp. Nº 06089-2006-PA/TC. En: . 20 STC Exp. Nº .

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Tribunal Constitucional vs Tribunal Constitucional

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