Sistema Interamericano de Derechos Humano

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Por: María Paula Suárez Cock I.

Origen y evolución

1. Antecedentes

La protección de los derechos humanos encuentra su fundamento en varios documentos y declaraciones que surgieron principalmente en la época de las independencias clásicas, tales como el Bill of Rigths de 1689, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, antecedente directo de la Constitución Norteamericana, y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano producto de la Revolución Francesa de 1789. Estos documentos pueden considerarse como el primer antecedente de la protección de los derechos humanos, a pesar de que no tenían ningún carácter vinculante ni contaban con algún mecanismo para hacer efectivos los derechos que consagraban. Suele decirse que el concepto de “Derechos Humanos” surgió al finalizar 

la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones del mundo, en un intento de evitar que se repitieran los horrores vividos en la guerra, crearon la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para velar por el respeto y garantía de los Derechos Humanos dejándolo plasmado en la Carta de la ONU. Sin embargo, los antecedentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son anteriores a ello. Si se trata de buscar el verdadero origen del Sistema Interamericano, hay que remontarse al origen de la Organización de Estados Americanos (OEA) pues es al interior de esta organización donde se crea el sistema. Desde el año de 1826 con el Congreso Anfictiónico de Panamá, se inician una serie de congresos en los cuales se busca fortalecer las relaciones entre los países de la Américas. Así, en 1890 en Washington, en el marco de la primera conferencia Internacional Americana, se crea la Unión Internacional de la Repúblicas Americanas, la cual en 1910 se convierte en la Unión Panamericana, antecedente directo directo de lo que sería la OEA.

Después de casi un siglo de creación de la Unión Panamericana, en 1945 durante la Conferencia Interamericana sobre los problemas de la guerra y la Paz celebrada en México, “se establecieron las bases para pasa r de la Unión

Panamericana a una Organización de Estados Americanos fortalecida y bien organizada políticamente, lo cual permitió trabajar en forma pionera en la protección regional de los derechos humanos y además, jugar un papel relevante en lo que sería la creación de la Organización de las Naciones Unidas” (Rodriguez, S.F)

En el año 1948 se celebró en Bogotá la IX Conferencia Internacional  Americana en la cual se adoptaron importantes declaraciones y resoluciones que serían cruciales para el establecimiento de la OEA como una organización sólida y con capacidad de acción en el hemisferio, así como para sentar las bases de lo que se constituiría como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Así las cosas, en el marco de la IX Conferencia Americana se adoptaron convenciones como la concesión de los derechos civiles y políticos de la mujer, y se trataron temas como la Condición Económica de la Mujer Trabajadora.  Asimismo, se aprobó la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales en la que los gobiernos de las Américas proclaman "los principios fundamentales que deben amparar a los trabajadores de toda clase" (S.A, 1947) y que “constituyen el mínimum de derechos de los cuales deben gozar 

en los Estados americanos, sin perjuicio de que las leyes de cada uno puedan ampliar esos derechos o reconocerles otros más favorables" (idem), pues "los fines del Estado no se cumplen con el sólo reconocimiento de los derechos del ciudadano, sino que también el Estado debe preocuparse por la suerte de hombres y mujeres, considerados ya no como ciudadanos sino como personas" (idem) y como consecuencia debe “garantizar simultáneamente el respeto a las

libertades políticas y del espíritu y la realización de los postulados de la justicia social "(Unión Panamericana, 1956) Sin embargo, hay dos instrumentos adoptados en el marco de la IX Conferencia que adquieren mayor relevancia para la configuración del Sistema

Después de casi un siglo de creación de la Unión Panamericana, en 1945 durante la Conferencia Interamericana sobre los problemas de la guerra y la Paz celebrada en México, “se establecieron las bases para pasa r de la Unión

Panamericana a una Organización de Estados Americanos fortalecida y bien organizada políticamente, lo cual permitió trabajar en forma pionera en la protección regional de los derechos humanos y además, jugar un papel relevante en lo que sería la creación de la Organización de las Naciones Unidas” (Rodriguez, S.F)

En el año 1948 se celebró en Bogotá la IX Conferencia Internacional  Americana en la cual se adoptaron importantes declaraciones y resoluciones que serían cruciales para el establecimiento de la OEA como una organización sólida y con capacidad de acción en el hemisferio, así como para sentar las bases de lo que se constituiría como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Así las cosas, en el marco de la IX Conferencia Americana se adoptaron convenciones como la concesión de los derechos civiles y políticos de la mujer, y se trataron temas como la Condición Económica de la Mujer Trabajadora.  Asimismo, se aprobó la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales en la que los gobiernos de las Américas proclaman "los principios fundamentales que deben amparar a los trabajadores de toda clase" (S.A, 1947) y que “constituyen el mínimum de derechos de los cuales deben gozar 

en los Estados americanos, sin perjuicio de que las leyes de cada uno puedan ampliar esos derechos o reconocerles otros más favorables" (idem), pues "los fines del Estado no se cumplen con el sólo reconocimiento de los derechos del ciudadano, sino que también el Estado debe preocuparse por la suerte de hombres y mujeres, considerados ya no como ciudadanos sino como personas" (idem) y como consecuencia debe “garantizar simultáneamente el respeto a las

libertades políticas y del espíritu y la realización de los postulados de la justicia social "(Unión Panamericana, 1956) Sin embargo, hay dos instrumentos adoptados en el marco de la IX Conferencia que adquieren mayor relevancia para la configuración del Sistema

Regional Americano; la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Carta de la OEA crea formalmente la Organización de Estados  Americanos y establece como labor fundamental de la Organización el promover la paz y la seguridad en el continente, proclamando los derechos fundamentales del individuo sin distinción de credo, raza, nacionalidad o sexo, y estableciendo el respeto de los derechos de la persona humana como uno de los principios bajo los cuales se funda f unda la organización El artículo primero de la Carta de la OEA, al instituir la naturaleza y los propósitos de la organización, establece de forma especifica la relación entre la OEA y el Sistema Universal de las Naciones Unidas (el cual se había creado tan sólo tres años atrás), al consagrar que: “Dentro de las Naciones Unidas, la

Organización de los Estados Americanos const ituye un organismo regional” (OEA, 1948), siendo coherente con lo estipulado por la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 52. La Carta de la OEA señala el compromiso de la Organización con la búsqueda de la paz y la justicia, por lo cual en su artículo segundo establece como objetivos principales de la Organización los siguientes: “a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente;

b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención; i ntervención; c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros; d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos; f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural;

g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio, y h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros” (OEA, 1948)

La Carta de la OEA señala los principios básicos que deben regir las relaciones entre los Estados miembros tales como la buena fe, el respeto por la soberanía y la territorialidad, normas referidas a la educación ciencia y cultura, así como varias disposiciones sobre el respeto pleno de los Derechos Humanos. Así, por ejemplo, el preámbulo de la Carta señala que “el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre"(OEA, 1948). Por otro lado, durante la IX Conferencia Internacional Americana se adoptó otro instrumento que requiere una mención especial por la trascendencia en la configuración de lo que sería el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto es, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, firmada 7 meses antes de la Declaración Universal y que se constituye como un antecedente directo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, piedra angular del Sistema Interamericano. La Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre se encarga de complementar la Carta de la OEA, pues a pesar de que ésta hace referencia a la necesidad de respetar los derechos de la persona humana, no desarrolla cuales son estos derechos, labor que sí cumple la Declaración (Faúndez, 2004). La declaración Americana sostiene en su propio preámbulo que la protección internacional de los derechos humanos debía ser el norte del derecho internacional americano y por lo tanto se concibió a sí misma como “el Sistema Inicial de protección” (Declaración Americana sobre Derechos y

Deberes del Hombre). Sin embargo, esa Declaración no adoptó la forma de un

tratado, como si lo hizo la Carta de la OEA, y por lo tanto carecía de la fuerza  jurídica vinculante necesaria para constituirse como un verdadero sistema de protección de los derechos(Faúndez, 2004). La Carta de la OEA también presentaba inconvenientes al momento de formarse como eje central de protección de los Derechos Humanos en las  Américas pues a pesar de que sí estaba constituida como un tratado, no desarrollaba el contenido especifico de los derechos que consagraba y tampoco contemplaba un órgano o mecanismo que soportara la tarea de promoción y protección de los derechos humanos. Por esta razón, en la IX Conferencia Internacional Americana se aprobó una resolución que le encargaba al Comité Jurídico Interamericano la elaboración de un proyecto de estatuto para la creación de un tribunal internacional, encargado de garantizar la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (Resolución XXXI, 1948). La iniciativa que en 1948 tuvo la IX Conferencia de crear un tribunal especializado, se vería realizada muchos años después con la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, incluso antes de la consolidación de la Corte como uno de los órganos principales del Sistema Interamericano, se fueron creando varios instrumentos relativos a la protección de los derechos humanos tales como la Convención sobre la concesión de derechos políticos y de derechos civiles a la mujer de 1949, la Convención sobre asilo territorial de 1954 y la Convención sobre asilo diplomático igualmente en 1954.  Así las cosas, a modo de conclusión, puede afirmarse que los principales antecedentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentran en la adopción de la Carta de la OEA y de la Declaración  Americana de Derechos y deberes del Hombre “así como otros instrumentos  jurídicos que la precedieron o siguieron” (Naciones Unidas, 1993., citado en

Faúdez)

2. Documentos Básicos del Sistema Interamericano

 A continuación se hará una mención sucinta de los principales tratados que hacen parte del Cuerpo Normativo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero antes de ello vale la pena aclarar el papel central de la Convención Americana como tratado principal de Derechos Humanos donde se establecen las garantías y libertades de carácter general reconocidas a todos los seres humanos. Sin embargo, el papel de la Convención Americana es el de consagrar derechos y libertades mínimas y de carácter general, pero hay grupos que por sus condiciones especiales de vulnerabilidad requieren de una protección adicional. Este punto fue tratado por el Juez Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana, en el voto razonado del Caso Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú en el año 2006, donde votó a favor  de incluir por primera vez a la Convención de Belém do Pará dentro del corpus iuris que la Corte venía manejando(García, 2006). 2.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)

Tal como se observó anteriormente, los documentos bajo los cuales se creó el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos son principalmente la Carta de la OEA y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, ambas adoptadas en 1948 durante la IX Conferencia Internacional Americana. No obstante, la consolidación del Sistema Interamericano como un verdadero Sistema Regional de protección de los Derechos Humanos, se dio con la adopción de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica haciendo alusión al lugar  donde fue firmada en 1969. Igualmente se dijo con anterioridad que el antecedente directo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se encontraba en la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, sin embargo existen antecedentes aún más lejanos de lo que sería la Convención, los cuales se

remontan incluso antes de la IX Conferencia Internacional y la creación de la OEA. Los primeros antecedentes de la Convención Americana surgen en la Conferencia Interamericana celebrada en México en 1945 donde se le encomendó al Comité jurídico Interamericano la preparación de un proyecto de Declaración. Posteriormente, la idea se retomó en la V Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores reunidos en 1959 en Santiago de Chile, donde no sólo se aprobó una resolución con los principios fundamentales que debían regir el sistema democrático y otra que le encomendaba al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la labor de crear un proyecto de Convención de Derechos Humanos, sino que se dio un paso absolutamente fundamental; la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyo objetivo fundamental sería la promoción de los derechos humanos en las Américas (Faúndez, 2004). Finalmente, el proyecto de Convención realizado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos, fue presentado ante el Consejo de la OEA y sujeto a comentarios tanto de los Estados miembros como de la Comisión Interamericana, quien en 1967 presentó un nuevo proyecto de Convención. Con el fin de analizar los proyectos presentados, la OEA convocó a una conferencia Especializada Interamericana, la cual se reunió en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969, donde finalmente se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos la cual entró en vigor en 1978 y se convirtió en piedra angular del Sistema Interamericano al “incrementar la efectividad de la Comisión, establecer una Corte Interamericana

de Derechos Humanos y modificar la naturaleza jurídica de los instrumentos en los que se basa la estructura institucional ” (CIDH, S.F) La primera parte de la Convención, establece la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos así como su deber de adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer  efectivo el goce de tales derechos (S.A, 1969). Acto seguido, la Convención define cuales son los derechos y libertades objeto de protección enumerando principalmente derechos civiles y políticos. Frente a los Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, la Convención señala en su artículo 26 el principio del desarrollo progresivo según el cual “los Estados Partes se comprometen a

adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados” (S.A., 1969)

La segunda parte de la Convención hace referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órganos competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención. Específicamente se refiere a las funciones y facultades de la Comisión en los artículos 41 a 51, por su parte la estructura y organización de la Corte Interamericana aparecen reguladas a partir del artículo 52. Hasta el 30 de abril del 2012, 24 Estados miembros de la OEA hacen parte de la Convención (CIDH, S.F). 2.2.

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, fue adoptada en el marco de la Asamblea general de la OEA en 1985 donde adicionalmente se realizaron algunas reformas a la Carta de la OEA mediante el Protocolo de Cartagena de Indias. Esta Convención define el delito de tortura y determina la responsabilidad por  la comisión del mismo y las obligaciones de los Estados parte donde no sólo se comprometen a investigar y condenar penalmente a las personas que cometan actos constitutivos de tortura, sino que también se obligan a tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier acto cruel, inhumano y degradante dentro de su jurisdicción.

En su artículo 8 la Convención le da a la Corte Interamericana la Competencia para conocer casos de violaciones a cualquier artículo de la Convención. 2.3. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)

El artículo 77 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, permite la adopción de protocolos adicionales con el fin de incrementar de manera progresiva la protección que brinda la Convención, mediante la inclusión de otros derechos no contenidos en ella. Este protocolo fue adoptado el 17 de noviembre de 1988 entrando en vigor el 16 de noviembre de 1999. En este sentido, el Protocolo de San Salvador, el cual se basa en un borrador preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adiciona a la Convención Americana los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Según lo determina el Preámbulo del Protocolo de San Salvador, los Estados partes de la Convención Americana reconocen la estrecha relación existente entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales "por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente" (S.A, 1988). Adicionalmente los Estados aceptan que "sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos" (S.A, 1988) y por tanto “se comprometen a adoptar las medidas necesarias [...] hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo" (S.A, 1988). Entre los derechos reconocidos por el protocolo se encuentran : el derecho al trabajo y a las condiciones laborales, los derechos sindicales, al derecho a la seguridad social, salud, un medio ambiente sano, alimentación, educación, a los beneficios de la

cultura, al derecho a la familia y de los niños así como a los derechos de los ancianos y minusválidos. Es de especial relevancia el artículo 19 del Protocolo, el cual consagra la clausula de competencia de la Corte Interamericana, donde se establece que la Corte tendrá competencia para conocer exclusivamente de violaciones a los artículos 8(a) referido a la libertad sindical y al artículo 13 el cual consagra el derecho a la educación. 2.4. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.

Este protocolo fue aprobado en 1990 en el vigésimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en Paraguay, entrando en vigor el 28 de agosto de 1991. El objetivo principal de este protocolo adicional es lograr la abolición de la pena de muerte en todo el hemisferio, para lo establece la obligación de los Estados partes de no aplicar la pena de muerte a ninguna persona sometida bajo su jurisdicción. 2.5. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)

La Asamblea General de la OEA aprobó este tratado durante su XXIV Período Ordinario de Sesiones celebrado en Brasil en la ciudad de Belém do Pará el 9 de junio de 1994, entrando en vigor el 5 de marzo de 1995. La Convención de Belém do Pará describe cuales son las formas de violencia contra la mujer, siendo las principales la violencia física, sexual y psicológica por razón de su género, independientemente si en público o privado.  Adicionalmente establece como uno de los derechos principales de la mujer a vivir libre de violencia lo cual incluye, entre otras cosas, a vivir libre de discriminación, por lo cual obliga a los Estados partes a prevenir y condenar  cualquier forma de violencia contra la mujer e investigar, enjuiciar y sancionar  con la debida diligencia cualquier acto de violencia. Adicionalmente, los

Estados parte se comprometen a adoptar medidas de políticas públicas específicamente

dirigidas

a

prevenir,

sancionar

y

erradicar

tales

comportamientos. Vale resaltar el artículo 12 de la Convención, el cual le da competencia a la COMISIÓN para conocer de violaciones a su artículo 7. En este punto es pertinente mencionar, que aunque la clausula de competencia le otorga facultades únicamente a la Comisión, en el caso de Campo Algodonero Vs. México, la Corte Interamericana en aplicación del principio Competons de la Competons, según el cual la Corte es dueña de su propia competencia y el

principio de integralidad del Sistema Interamericano, se declaró competente para declarar la violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará (CIDH, 2010). 2.6.

Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas

En 1994 durante la XXIV sesión ordinaria de la Asamblea General de la OEA, en la cual también se aprobó la Convención de Belém do Pará, se aprobó la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de personas, la cual entró en vigor el 28 de marzo de 1996. La Convención obliga a los Estados partes a abstenerse de practicar, tolerar o permitir la desaparición forzada de personas, así como a sancionar a los autores y cómplices de este delito. Como consecuencia de lo anterior, los Estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar la desaparición forzada como delito y a cooperar  mutuamente para prevenir y sancionar ese delito, por lo cual establece de forma especifica el delito de desaparición forzada como aquellos que justifican la extradición con el fin de evitar la impunidad. El artículo 14 de la Convención sobre Desaparición Forzada, le otorga a la Corte Interamericana competencia para conocer de violaciones a cualquiera de sus artículos. 2.7.

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad.

Este tratado fue adoptado en Guatemala por la Asamblea General de la OEA en 1999 durante el XXIX Periodo Ordinario de Sesiones y entró en vigor el 14 de septiembre del 2001. El objetivo principal de este tratado es la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, así como la plena reincorporación de este grupo a la sociedad. Para ello delega la observancia de la Convención a un Comité el cual estará conformado por un representante designado por cada Estado parte. Esta Convención no le da competencia ni a la Corte ni a la Comisión para conocer de violaciones a alguno de sus artículos, por lo cual un Estado nunca será responsable internacionalmente por violar esta Convención. Sin embargo sigue siendo un instrumento relevante para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en virtud de los numerales b y d del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual consagra el principio de interpretación progresiva, que le permite a la Corte asociar algún derecho consagrado en otro tratado, así no tenga competencia sobre el mismo, y utilizarlo para interpretar algún artículo de la Convención Americana o de otro tratado sobre el cual sí tenga competencia. II.

Estructura y procedimientos

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 1959 durante la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago de Chile se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encargada de promover y defender los Derechos Humanos en las Américas.

Sin embargo sus funciones eran

principalmente de promoción ya que aún no se le otorgaban competencias para recibir y tramitar quejas y peticiones individuales, lo cual sólo sucede hasta el año de 1965 mediante el protocolo de Río de Janeiro. A pesar de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sólo se constituyó como órgano principal y consultivo de la OEA hasta 1967 mediante la adopción del Protocolo de Buenos Aires, el cual reformó por primera vez la Carta de la OEA, señalando el rol de la Comisión. Más adelante, la Carta de la OEA fue

reformada, dándole a la Comisión facultades no sólo de promoción sino también de defensa de los Derechos Humanos, lo cual se tradujo en la facultad de la Comisión para atender quejas y peticiones individuales. La sede de la Comisión Interamericana se encuentra en Washington D.C. La Comisión es un órgano cuasi-jurisdiccional conformado por siete miembros (comisionados) de la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la OEA, los cuales deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida trayectoria en materia de derechos humanos. Estos miembros no representan a su país, sino que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal por un mandato de 4 años renovable una vez por un periodo adicional. La directiva de la Comisión está compuesta por un Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente, con un mandato de un año, pudiendo ser respectivamente reelegidos una sola vez en cada período de cuatro años. La Comisión no es un órgano permanente, sino que se reúne varias veces al año, dependiendo del presupuesto anual que le haya designado la OEA.  Actualmente, la Comisión Interamericana tiene la función de promover y defender los derechos humanos en el hemisferio. El Estatuto de la Comisión Interamericana señala en sus artículos 18, 19 y 20 las funciones específicas de la Comisión, así como sus atribuciones frente a los Estados, distinguiendo dos regímenes distintos en cuanto a los derechos protegidos y los órganos y procedimientos de protección. Así las cosas, se encuentra un primer sistema aplicable a los Estados miembros de la OEA que no hayan ratificado la Convención Americana y el otro es exclusivo para los Estados que sí la han ratificado (Estados Parte en la Convención; Rodríguez, S.F). Teniendo en cuenta lo anterior, para los países que no han ratificado la Convención Americana, la a competencia de la Comisión se basa en las disposiciones de la Carta de la OEA y la práctica misma de la Comisión, mientras que para los países que si la han ratificado, la competencia de la Comisión proviene directamente de la Convención Americana. En cumplimiento de su mandato y ejercicio de sus atribuciones, la Comisión se encarga de:

1.

Recibir, analizar e investigar peticiones individuales en que se

alegan violaciones de derechos humanos, tanto de Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana, como de aquellos Estados que no la han ratificado. Respecto de los Estados que han ratificado la Convención Americana, el procedimiento de peticiones y casos individuales se rige por lo establecido en los Artículos 44 a 51 de la Convención Americana, el Artículo 19 del Estatuto y los Artículos 26 a 49 del Reglamento. Respecto de los Estados que no son parte de la Convención Americana, la Comisión examina la responsabilidad internacional de los Estados de la OEA con base en la Declaración  Americana, y se encuentra facultada para ello por la Carta de la OEA. Respecto de estos Estados, el procedimiento ante la Comisión se rige de conformidad con los Artículos 28 al 44, 47 al 49, 51 y 52 de su Reglamento y el Artículo 20 de su Estatuto (CIDH, 2009; CIDH, 1979) 2.

Observar la situación de los derechos humanos en los Estados de

las Américas y emitir informes especiales sobre un Estado especifico cuando lo considere necesario. 3.

Realizar visitas in loco o in sitio a los países miembros, para

analizar la situación general del país y/o investigar una situación específica. 4.

Realizar los informes respectivos sobre las visitas realizadas, a fin

de presentarlos ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA 5.

Generar conciencia sobre los derechos humanos en el he misferio,

para lo cual publica informes sobre temas de derechos humanos de especial trascendencia coyuntural, tal como los derechos de las personas pertenecientes a grupos LGBT. 6.

Recomendar a los Estados Miembros de la OEA la adopción de

medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del Hemisferio.

7.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento

de la Comisión, solicitar a los Estados Miembros que adopten medidas cautelares para prevenir daños irreparables a los derechos humanos en casos graves y urgentes, así como, de conformidad con lo dispuesto en el  Artículo 63.2 de la Convención Americana, solicitar que la Corte Interamericana disponga la adopción de medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas, aunque el caso aún no haya sido presentado ante la Corte. 8.

Presentar casos ante la Corte Interamericana y comparece ante la

misma durante la tramitación y consideración de los casos. 9.

Solicitar opiniones consultivas a la Corte Interamericana, de

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 64 de la Convención  Americana. 10.

De conformidad con el Artículo 45 de la Convención Americana,

recibir y examinar las comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos reconocidos en la Convención. “Para el cumplimiento de sus funciones, la CIDH cuenta con el apoyo legal y administrativo de su Secretaría Ejecutiva. De conformidad con el Artículo 13 del Reglamento de la CIDH, la Secretaría Ejecutiva prepara los proyectos de informes, resoluciones, estudios y otros trabajos que le encomienden la Comisión o el Presidente. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva recibe y da trámite a la correspondencia y las peticiones y comunicaciones dirigidas a la Comisión.” (CIDH, 2009)

Por otro lado, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como su Estatuto la facultan para adoptar su propio Reglamento. En este sentido, la Comisión Interamericana aprobó el Reglamento actualmente vigente durante el 137 Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009; y entrando en vigor el 31 de diciembre de 2009. Posteriormente, el 2 de septiembre de 2011, la Comisión, en cumplimiento de las atribuciones que le confiere el Artículo 22 de su Estatuto modificó el Artículo 11 del Reglamento.

El Reglamento actual consta de 80 Artículos y está dividido en cuatro títulos. Título I del Reglamento: Se refiere a la organización de la Comisión, está compuesto por cinco capítulos que contienen las normas sobre la naturaleza y composición de la Comisión, sus miembros, la directiva, la Secretaría Ejecutiva y su funcionamiento. El Título II del Reglamento: Está compuesto de seis capítulos, los cuales establecen las disposiciones generales aplicables al procedimiento ante la Comisión: las peticiones individuales de Estados que son parte de la Convención Americana así como las de aquellos que no son parte de la Convención; las observaciones in loco conducidas por la Comisión; sobre los informes que debe dictar la Comisión y la celebración de audiencias sobre peticiones o casos. El Título III del Reglamento: se refiere a las relaciones de la Comisión con la Corte. El Capítulo I define lo referente a delegados, asesores, testigos y expertos, y el Capítulo II regula el procedimiento a seguir cuando la CIDH decide llevar un caso ante la Corte, de conformidad con el Artículo 61 de la Convención Americana. El Título IV del Reglamento: Trata de las disposiciones finales referentes a la interpretación del Reglamento, su modificación y entr ada en vigor. Este nuevo reglamento adoptado por la Comisión en el año 2009, supuso una ruptura importante en la manera en la cual funcionaba el Sistema Interamericano con anterioridad. Sobre el contenido y alcance de los principales cambios introducidos por el nuevo reglamento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esa reforma abordó aspectos relacionados con cuatro ejes esenciales del Sistema Interamericano: el mecanismo de medidas cautelares, el trámite de peticiones y casos, el envío de casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, y las audiencias sobre situación de los derechos humanos en los Estados miembros (CIDH, 10 de Diciembre de 2009).

Esta reforma reglamentaria está complementada con las modificaciones introducidas al Reglamento de la Corte, cuyo texto actual entró en vigor el 1 de enero de 2010, y con la resolución del Consejo Permanente de la OEA que adopta el Reglamento para el funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el objetivo de brindar  apoyo financiero a las víctimas de violaciones de derechos humanos en la región que ayude a sufragar los gastos relacionados con la tramitación de peticiones y casos ante la Comisión y la Corte Interamericanas (OEA, 11 de Noviembre de 2009). El proceso de denuncias individuales: El proceso ante la Comisión se desarrolla sobre la base de denuncias individuales por violaciones a derechos humanos contemplados en uno o varios instrumentos del Corpus Iuris del Sistema Interamericano en el cual tenga competencia la Comisión y/o la Corte. El proceso de peticiones individuales se encuentra claramente regulado por la Convención Americana sobre derechos Humanos en los artículos 48 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos los cuales señalan 5 etapas del proceso: admisibilidad; investigación de los hechos; solución amistosa (si procede); emisión del informe provisional del artículo 50 (no puede ser publicado, tiene carácter reservado) y envío del caso a la Corte. En caso de que la Comisión decidiera no enviar el caso a la Corte, la etapa final sería la emisión y publicación del informe definitivo del artículo 51. El proceso inicia con la petición individual, la cual, según el artículo 44 de la Convención Americana, puede ser realizada por cualquier persona o grupo de personas sin que sea exigible que la realice la misma víctima. El artículo 28 del reglamento de la Comisión establece los requisitos para la consideración de peticiones donde señala que éstas deberán contener como mínimo: 

Nombre y firma de la persona denunciante, o de todos ellos en caso de que sean varios.



Indicación sobre si desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al estado.



Dirección para recibir correspondencia de la Comisión, así como teléfono y correo electrónico



Descripción de los hechos que consideran constitutivos de violación, especificando detalles como lugares y fechas.



En caso de ser posible el nombre de la víctima, así como el de cualquier  autoridad pública que haya tomado conocimiento de los hechos denunciados.



Demostrar que no hayan pasado más de 6 meses desde la última decisión de derecho interno



Demostrar las gestiones emprendidas para el cumplimiento del requisito del agotamiento de recursos internos, o la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del Reglamento.



Indicar si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional. La petición se radica en la Secretaría General de la Comisión quien se

encarga de realizar el control de admisibilidad, mediante el cual se verifica que se hayan cumplido con los requisitos previos para acceder al Sistema Interamericano, establecidos por el artículo 46 de la Convención Americana, a saber: que se hayan agotado todos los recursos de la jurisdicción interna conforme a los principios reconocidos por el Derecho Internacional Público (es decir que sean adecuados y efectivos en el marco del artículo 25 de la Convención). Esto en virtud de que el Sistema Interamericano, como todo sistema de índole internacional, está fundado bajo el principio de subsidiaridad, según el cual los Estados en sus jurisdicciones internas son los primeros llamados a resolver los problemas que ocurran bajo su jurisdicción. Sin embargo, cuando el Estado no lo hace, el derecho internacional puede actuar. Es por esta razón que el artículo 46.2 de la Convención establece las

excepciones a la regla general del requisito del agotamiento de los recursos internos, siendo ellas las siguientes: 

Cuando no exista en la legislación interna el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;



Cuando no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos;



Cuando haya retardo injustificado en la decisión sobre los recursos mencionados (para lo cual adopta el concepto de plazo razonable establecido por la Corte Europea de Derechos Humanos, según el cual para determinar el plazo razonable en la resolución de un recurso deben tenerse en cuenta cuatro elementos: la actividad del interesado, la actividad de las autoridades estatales, la dificultad del caso y el grado de afectación del derecho.



Cuando existiere un temor generalizado en el Estado demandado para plantear casos de derechos humanos por parte de abogados defensores en esa materia;



Cuando no hubiere asistencia letrada gratuita en materia penal. Los otros tres requisitos de admisibilidad son: que una vez agotados los

recursos internos, la persona peticionaria debe presentar la denuncia dentro de los seis meses siguientes a su agotamiento, que la víctima este individualizada o que pueda ser individualizada por la Corte al momento de la reparación y que la materia objeto de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento internacional ( litis pendencia). Una vez que la Comisión finaliza un estudio de admisibilidad, emite un informe de admisibilidad o de inadmisibilidad, según sea la situación. Si se declara la admisibilidad, la Comisión puede ponerse a disposición de los peticionarios y el Estado, con el fin de proponerles a las partes dar aplicación al artículo 48.1.f. de la Convención Americana y tratar de solucionar el caso

mediante un procedimiento amistoso, posibilidad que puede ser planteada en cualquier etapa del proceso ante la Comisión. Una vez declarada la admisibilidad y habiendo recibido informaciones del Estado demandado y de la parte peticionaria, la Comisión inicia la etapa de investigación en la cual busca determinar la posible existencia o no de una violación por parte del Estado a la Convención Americana, para ello puede pedir pruebas y realizar visitas in locus. Si al finalizar la etapa de investigación la Comisión considera que sí hay una violación o al menos un indicio de violación de los derechos humanos consagrados por la Convención, emite el Informe del que trata el artículo 50 de la Convención Americana en el que expone los hechos, sus conclusiones y recomendaciones, para lo cual, le otorga al Estado demandado un plazo máximo de tres meses para cumplir las recomendaciones, aunque esos tres meses pueden prorrogarse por un periodo igual a petición del Estado. Dentro de ese plazo de tres meses, si el Estado no acata sus recomendaciones o las acata de manera incompleta, la Comisión puede tomar  las siguientes decisiones: 1. Remitir el caso ante la Corte Interamericana, órgano judicial del Sistema Interamericano ante la cual se llevará a cabo el juicio de responsabilidad del Estado. 2. No remitir el caso ante la Corte y emitir el informe del que trata el artículo 51 de la Convención Americana, según el cual la Comisión decidirá por  mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre

la

cuestión

sometida

a

su

consideración,

dando

las

recomendaciones pertinentes y fijándole al Estado un plazo dentro del cual deberá tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. Es importante resaltar que antes de la modificación del reglamento de la Comisión en el año 2009 las víctimas tenían lo que se denominaba el locus

standi , es decir que no podían acudir directamente ante la Corte pues debían ir 

representadas por la Comisión. En ese escenario las partes del proceso eran la Comisión Interamericana y el Estado demandado, a pesar de que desde el 2001 las víctimas podían intervenir en el proceso por medio de los representantes de las víctimas sin constituirse como partes. Ello cambió con la modificación del Reglamento de la Corte en el año 2009, dándole a las víctimas el ius standi , es decir, la capacidad de actuar en el proceso por sí mismas, constituyéndose como parte del proceso, sin necesidad de estar representadas por la Comisión. 2. Corte Interamericana de Derechos Humanos

Los antecedentes de la creación de la Corte Interamericana vienen desde la IX Conferencia Internacional Americana de 1948 cuando se adoptó la Resolución XXXXI denominada “Corte Interamericana para Proteger los

Derechos del Hombre" con lo cual se buscaba garantizar los derechos de la Declaración por medio de un órgano judicial. Posteriormente, durante la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones exteriores de 1959, en la cual se creó la Comisión Interamericana, se le encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un proyecto sobre la creación de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con los demás órganos que fuesen necesarios para la tutela y observancia de esos derechos (CIDH, 30 de Junio de 1966 citado por CIDH, S.F). Finalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 crea formalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un órgano judicial del Sistema Interamericano, encargado de la tutela de los derechos consagrados en la Convención.  A pesar de que la Corte fue creada desde 1969, sólo pudo establecerse 10 años después, hasta la entrada en vigor de la Convención en 1979. La Corte fue instalada oficialmente en su sede en San José de Costa Rica el 3 de septiembre de 1979, y su Estatuto fue aprobado por la Asamblea General de la OEA en octubre de 1979, mediante la resolución 448.

Según el artículo 52 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte estará compuesta por 7 jueces elegidos a título personal, de reconocida autoridad moral y con amplia trayectoria en materia de derechos humanos. Serán elegidos para un mandato de seis años con posibilidad de una sola reelección. A diferencia de los integrantes de la Comisión Interamericana, los jueces de la Corte (al ser este un órgano completamente judicial) sí deben ser profesionales del derecho y además deben reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del cual sean nacionales o del Estado que los postula para el cargo. De conformidad con el artículo 1 del Estatuto de la Corte Interamericana, su objetivo principal es la aplicación e interpretación de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos (S.A, Octubre de 1979). Con base en eso la Corte desarrolla dos funciones principales (CrIDH, 24 de Septiembre de 1982). Función Jurisdiccional: Se refiere al ejercicio de la competencia contenciosa de la Corte, al resolver casos concretos mediante sentencias. Para el desarrollo de esta función la Corte se rige por lo establecido en los artículos 61 a 63 de la Convención Americana. Para que la Corte pueda llevar a cabo un procedimiento judicial para determinar la responsabilidad de un Estado, éste debe haber aceptado la competencia Contenciosa de la Corte y se debieron haber surtido todos los trámites correspondientes ante la Comisión Interamericana. La aceptación de la Competencia Contenciosa de la Corte puede ser hecha en forma incondicional para todos los casos, por un tiempo determinado o para un caso específico.  Al 30 de abril de 2012, 21 Estados partes de la Convención Americana han reconocido la competencia contenciosa de la Corte

Función Consultiva: Se refiere al ejercicio de la Competencia Consultiva, al emitir conceptos sobre temas de Derechos Humanos que requieren interpretación. Para el desarrollo de esta función la Corte de rige por lo establecido en el Artículo 64 de la Convención Americana, según el cual cualquier Estado miembro de la Organización puede consultar a la Corte

acerca de la interpretación de la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Adicionalmente, a petición de cualquier Estado Miembro de la OEA, la Corte puede, emitir opinión acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en el hemisferio. La función Consultiva y la Contenciosa tienen importantes diferencias; mientras en la primera la labor de la Corte es Interpretar el Derecho Internacional, en la segunda debe analizar los cargos contenidos en una demanda especifica, referida a hechos concretos que deben ser probados para determinar si en ese caso concreto hubo una violación de la Convención  Americana sobre derechos humanos o algún otro instrumento del corpus iuris del sistema interamericano que le otorgue competencia a la Corte. Pero quizá una de las diferencias más importantes es que según lo señalado en los artículos 62 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (S.A, 1969), para

que la Corte pueda ejercer su Competencia

Contenciosa, requiere de una aceptación previa de la competencia contenciosa de la Corte por parte de los Estados, mientras que la competencia consultiva no requiere aceptación alguna. En cuanto al valor jurídico, las decisiones emanadas de la competencia contenciosa son sentencias judiciales que determinan la responsabilidad o no de un Estado. Su valor es el de jurisprudencia, mientras que las derivadas de la competencia consultiva de la Corte no tienen un valor jurídico como decisión de un órgano jurisdiccional, sino que su valor es el de doctrina. A pesar de ello, la doctrina emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un fuerte valor interpretativo al ser la Corte uno de los órganos autorizados de interpretación de la Constitución.  A continuación se realizará una breve descripción del procedimiento ante la Corte Interamericana para desarrollar tanto el proceso Contencioso como el Consultivo. 2.1.

El proceso Contencioso

El desarrollo del proceso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra regulado por disposiciones de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos, así como el Estatuto y Reglamento de la Corte, los cuales consagran distintas etapas del procedimiento, sin perjuicio que el proceso pueda terminarse de forma anticipada por acogerse a algunos de los mecanismos establecidos para ello como el desistimiento o la solución amistosa. Son de especial relevancia el reglamento de la Corte, ya que desde su capítulo II realiza una regulación detallada del procedimiento ante la Corte Interamericana. Para que la Corte puede ejercer su competencia contenciosa en contra de un estado, deben estar presentes todos los criterios que determinan la competencia de la Corte, a saber: Competencia en razón de la materia, del lugar, del tiempo y de la persona. El criterio de competencia en razón de la materia, se refiere a que la Corte sólo puede declarar responsable internacionalmente a un Estado por violación de un artículo de la Convención o de algún tratado del Corpus Iuris donde la Corte tenga competencia en virtud de una cláusula de competencia del tratado. El criterio en razón del lugar hace referencia a que la Corte sólo puede declarar responsable internacionalmente a un Estado por hechos ocurridos dentro de su territorio (jurisdicción de iure) o donde éste tenga control de facto, entendido como un control efectivo sobre el territorio. Un caso donde se analiza muy bien el tema de la jurisdicción de facto y que puede servir como un referente válido es el caso de la Comisión de “Hermanos al Rescate Vs. Cuba”

(CIDH, 29 de Septiembre de 1999) El criterio en razón del tiempo hace referencia a que la Corte sólo puede declarar responsable internacionalmente a un Estado por hechos ocurridos después de haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Una situación muy interesante sobre este punto puede presentarse en el caso de los delitos continuados, como por ejemplo, la desaparición forzada de personas, donde la realización del delito se extiende en el tiempo desde el momento de la desaparición de la persona hasta el momento en el que se conoce su paradero. Por eso aunque un Estado haya aceptado la competencia

de la Corte durante el transcurso del tiempo en que la persona estaba desaparecida, se entiende que la Corte si tiene competencia en razón del tiempo para juzgar ese hecho, pues la realización del delito se extendió hasta el momento en que se conoció el paradero de la persona. Finalmente, la competencia en razón de la persona, hace referencia a la necesidad de que se cumpla por parte del sujeto activo el procedimiento establecido para la presentación del caso ante la Corte, esto es, haber  cumplido satisfactoriamente con el sistema de peticiones individuales ante la Comisión. Por parte del sujeto pasivo, se refiere a que el Estado demandado debe haber ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la competencia Contenciosa de la Corte.  A continuación se tratarán los aspectos más relevantes del procedimiento descrito en el Reglamento de la Corte. 2.1.1. Fase de Excepciones Preliminares

La fase de excepciones preliminares es regulada por el artículo 42 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Éstas se constituyen como defensas procesales que tienen los Estados demandados con el fin de dar por terminado el proceso sin tener que discutir el fondo del asunto. No existe una lista taxativa de las excepciones preliminares que puede interponer un Estado, sin embargo la más recurrente en la jurisprudencia de la Corte es la Falta de Agotamiento de Recursos Internos. La presentación de excepciones preliminares es una decisión discrecional de cada Estado ya que es posible renunciar a éste derecho. Sin embargo una vez renunciado no es posible retractarse de ello, en virtud del principio de Derecho Internacional Público conocido como stoppel, el cual establece que dentro de un proceso judicial, cuando una de las partes ha adoptado una posición que beneficia a las otras, una vez terminada esa etapa no es posible cambiarla. Este principio ha sido aplicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como (CrIDH, 11 Diciembre de 1991; CrIDH 5 de Julio de 2006).

La

interposición

de

excepciones

preliminares

no

suspende

el

procedimiento ni los plazos consagrados en el. 2.1.2. Fase de Fondo

Se encuentra regulado desde el artículo 34 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el procedimiento se divide en una fase escrita y otra oral. La escrita se inicia con la presentación de la demanda ante la Corte por parte de la Comisión o de un Estado parte, dentro de los tres meses siguientes a la emisión del Informe del artículo 50 de la Convención  Americana. Si la demanda cumple con todos los requisitos señalados por el artículo 33 del Reglamento de la Corte, se realiza la notificación formal al Estado Demandado el cual cuenta con un plazo de dos meses para contestar la demanda, siendo ese el momento oportuno para la presentación de las excepciones preliminares. Durante la fase oral, la Corte escucha los testimonios relevantes en el caso así como, los alegatos finales que las partes en el proceso deseen someter a su consideración. Concluido el proceso oral, la Corte delibera en privado sobre el fondo del asunto y dicta sentencia de conformidad con el artículo 65 del Reglamento, según el cual la sentencia es definitivo e inapelable. 2.2.

Procedimiento Consultivo.

El artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos faculta a la Corte para emitir conceptos frente a la interpretación de los Derechos Consagrados en la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Igualmente, la Corte a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. El procedimiento Consultivo de la Corte se encuentra regulado por los artículos 70 al 76 del reglamento de la Corte. Al respecto, la Corte

Interamericana se ha pronunciado en diversas ocasiones, sobre el alcance de su competencia consultiva. Así por ejemplo en la Opinión Consultiva OC-1 del 24 de septiembre de 1982, la Corte señaló que su competencia consultiva se extiende a la interpretación de un tratado siempre que esté directamente implicada la protección de los derechos humanos en un Estado miembro del Sistema Interamericano (CrIDH, 24 de Septiembre de 1982). En palabras de Rodríguez (S.F) esta interpretación de la Corte sobre el alcance de su competencia contenciosa “ puede llegar a cubrir tratados que han

sido suscritos dentro de sistemas regionales distintos al Interamericano, incluyendo el sistema universal de protección a los derechos humanos.  Asimismo, también autoriza a la Corte a interpretar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que, a pesar de no ser un tratado en los términos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, da contenido a varias de las disposiciones contenidas en la Convención  Americana y a la Carta de la OEA”

Por otro lado, la Corte a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle su opinión acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas o proyectos de ley y los instrumentos internacionales sobre los cuales tenga competencia de pronunciarse. Finalmente, en opiniones como la OC-12 de 1991 (CrIDH, 6 de Diciembre de 1991), ha establecido que no absolverá consultas que tengan como efecto alterar, en perjuicio de la víctima, el funcionamiento del sistema de protección previsto por la Convención. 3.

Medidas Cautelares

El articulo 25 del Reglamento de la Comisión, dispone que en caso de gravedad y urgencia y siempre que sea necesario para evitar un daño irreparable, la Comisión Interamericana podrá dictar medidas cautelares ya sea por iniciativa propia o a solicitud de parte. Dada la urgencia que puede rodear la solicitud de una medida cautelar, el Reglamento de la Comisión establece que no es necesario que las medidas cautelares se soliciten y adopten en el marco de un proceso ya iniciado o una

petición ya tramitada, pero en caso de que así sea, la concesión de la medida no implica pre juzgar sobre el tema especifico del caso. Se trata simplemente de adoptar las medidas necesarias para evitar que una grave afectación a los derechos humanos se concrete causando un daño irreparable, antes de que la Corte tenga la posibilidad de estudiar y fallar el caso. Un ejemplo clásico, que ilustra la utilidad, necesidad e importancia de las medidas cautelares, es el caso de Hilarie Vs. Trinidad y Tobago en el cual, por  la gravedad e urgencia del caso, la Comisión al momento de dar traslado al Estado de la denuncia respectiva, dispuso las medidas cautelares correspondientes, solicitándole en virtud de las facultades otorgadas por su Reglamento, que suspendiera inmediatamente la ejecución del señor Hilarie hasta tener la oportunidad de estudiar el caso y adoptar una decisión. El fundamento de las medidas cautelares es evitar daños graves e irreparables. Sin embargo, ¿que se entiende por daños graves e irreparables? Para Faundez Ledesma esto tiene mucho que ver con la entidad de los derechos amenazados y con su proximidad con el núcleo de la personalidad y por lo tanto no cualquier amenaza a un derecho humano implica  perse la necesidad y procedencia de una medida cautelar. Según indica, el numeral 4 del artículo 30 del Reglamento de la Comisión, puede servir como un referente válido para determinar qué se entiende por daño irreparable; así, cuando el reglamento señala que “en caso de gravedad y urgencia o cuando se considere

que la vida de una persona o su integridad personal se encuentren en peligro real e inminente, la Comisión solicitará al Estado su más pronta respuesta”,

esta haciendo referencia clara al derecho a la vida y por extensión a los derechos que encuentran una relación directa con su núcleo fundamental, tal como las amenazas contra la libertad personal, pero no se podría decir por  ejemplo que tiene una relación directa con el derecho a la propiedad. Por otro lado, la facultad de la Comisión de dictar medidas cautelares, no sólo proviene de las disposiciones de su reglamento, ciertamente el primer  fundamento jurídico que permite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictar una medida cautelar, se encuentra en el artículo 41 (b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual le permite a la Comisión, cuando ésta lo estime conveniente, formular recomendaciones a los

gobiernos de los Estados miembros para que adopten las disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a los derechos humanos.  A pesar de que las medidas cautelares tienen en principio el carácter de una simple recomendación al Estado para que se abstenga de seguir  realizando una acción, o por el contrario realice un acción y así se evite un daño irreparable por una grave vulneración de los Derechos Humanos, no puede tomarse tan a la ligera su carácter vinculante, ya que es una decisión de uno de los órganos autorizados del Sistema Interamericano el cual deriva su fuerza del artículo 33 de la Convención Americana. Adicionalmente, los Estados están obligados a cumplir de buena fe los tratados, lo cual implica aceptar las competencias otorgadas a la Comisión por los tratados que han ratificado, cumpliendo y acatando las medidas que ella disponga. 4. Medidas Provisionales

El artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la posibilidad que tiene la Corte para a petición de parte o de oficio, tomar las medidas provisionales que considere necesarias para evitar un daño irremediable, frente a los casos de los cuales tenga conocimiento y que presenten características de extrema gravedad y urgencia. Igualmente, la Convención señala que si se tratare de asuntos que aún no están bajo su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.  A primera vista podría confundirse las medidas provisionales que dicta la Corte con las medidas cautelares que dicta la Comisión pues ambas persiguen el mismo objetivo, esto es evitar un daño irreparable a la persona humana. Sin embargo ambas presentan diferencias sustanciales sin que ello implique que puedan llegar a contradecirse unas y otras. En primer lugar, las medidas que otorga la Comisión provienen de su reglamento mientras que las medidas otorgadas por la Corte encuentran fundamento en la Convención Americana. Esta diferencia, que en principio parecería poco relevante en realidad tiene un trasfondo importante: la Comisión puede dictar medidas cautelares frente a cualquier Estado que haga parte de la OEA, mientras que la Corte sólo puede dictar medidas frente aquellos Estados que hagan parte de la Convención.

Por otro lado, la Corte sólo puede dictar las medidas frente a aquellos casos que esté conociendo y excepcionalmente frente a los que le presente la Comisión, mientras que la Comisión puede dictarlas frente a cualquier caso que considere relevante y que cumpla con los requisitos de gravedad y urgencia con el fin de evitar un perjuicio irremediable.  Adicionalmente hay que hacer una distinción clave frente a las ocasiones en las que proceden las medidas cautelares de la Comisión y las provisionales de la Corte. Para que la Comisión pueda adoptar medidas se requiere que exista una amenaza, un peligro, pero para que procedan las medidas provisionales de la Corte deben estar presentes tres elementos de carácter objetivo a los cuales hace referencia el mismo artículo 63 de la Convención: extrema gravedad, extrema urgencia, y la necesidad de evitar un perjuicio irreparable.

El carácter de extrema gravedad, hace referencia a que el peligro sea real e inminente pero sobre todo tiene que ver con el carácter fundamental de los derechos amenazados, por lo cual sería viable afirmar que las medidas provisionales de la Corte se constituyen principalmente para proteger los derechos enunciados en el artículo 27 de la Convención, los cuales al estar  plenamente vinculados con el núcleo fundamental de la dignidad de la persona humana, no son suspendibles en Estados de excepción. (CrIDH, 15 de enero de 1988) El elemento de la extrema urgencia, hace referencia principalmente a la necesidad de adoptar la medida de manera inmediata pues cualquier demora podría resultar en un daño irreparable. (CrIDH, 14 de junio de 1998) Frente al último elemento, esto es la necesidad de evitar un daño irremediable, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales: el primero es el tipo de daño y el segundo es la persona a la cual se busca proteger. Estos elementos deben analizarse pues las medidas otorgadas por la Corte no deben constituirse como un sustituto de la obligación de respeto y garantía del Estado, sino que deben tratarse de circunstancias en las cuales los estándares mínimos de protección que ofrece el Estado a toda la población no son suficientes para el caso concreto (CIDH, 17 de junio de 1994)

No cabe duda de la eficiencia de las medidas que tanto la Corte como la Comisión otorgan y su relevancia en la garantía d los derechos humanos en el hemisferio. Sin embargo últimamente se han desarrollado varios debates que buscan la transformación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde el tema de las medidas cautelares juega un papel primordial. 5.

Procesos de reforma al Sistema Interamericano de Derechos

Humanos

El 29 de junio del 2011 en el marco de la Asamblea General de la OEA en San Salvador el Consejo Permanente de la OEA decidió formar un equipo de trabajo denominado “Grupo de trabajo Especial de Reflexión sobre el

Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” con la

misión de elaborar un informe que contuviera las recomendaciones necesarias para el fortalecimiento del Sistema Interamericano, el cual debía ser entregado a final del año al Consejo Permanente de la OEA. El informe fue presentado el 13 de diciembre de 2011 y aprobado por el Consejo el 25 de enero del 2012. Lo que más ha llamado la atención de los Estados y la población civil sobre esta iniciativa de reforma al Sistema Interamericano, es el difícil contexto político  – social en el cual se originó; por un lado está el disgusto de Brasil por  la decisión de la Comisión de concederle medidas cautelares a las comunidades indígenas de la Cuenca del Río Xingu y Pará, así como el requerimiento de la Comisión de suspender la Construcción de la represa Bello Monte. Igualmente se evidencia una fuerte tensión política con la decisión de Venezuela de demandar la Convención Americana sobre Derechos Humanos con el fin de retirarse del Sistema Interamericano, así como una confusión generalizada por las declaraciones públicas del Secretario General de la OEA donde señaló que las medidas cautelares de la Comisión Interamericana no son de obligatorio cumplimiento. Desde la creación de la Comisión Interamericana en 1959 y la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1978, se han realizado varias reformas reglamentarias, buscando perfeccionar el Sistema

Interamericano y adaptarlo a las nuevas realidades y necesidades del Hemisferio.  A continuación se presentarán los puntos centrales objeto de discusión en este proceso de reforma y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En primer lugar se encuentran los aspectos relacionados con el Sistema de Peticiones Individuales, tales como los plazos en las etapas procesales, publicidad de los criterios de decisión y los relacionados con los mecanismos para garantizar la eficiencia y equidad en los procedimientos ante la Corte. Una de las principales críticas se relaciona con el constante incremento del número de peticiones individuales ante la Comisión sin que ésta amplíe su capacidad de recepción haciéndolo ineficiente e inequitativo. En segundo lugar, se está debatiendo ampliamente el papel de las medidas cautelares en el sistema interamericano y la facultad de la Comisión para otorgarlas ya que hay quienes ponen entre dicho la transparencia de las consideraciones por las cuales la Comisión concede o rechaza el otorgamiento de medidas cautelares y proponen limitar la capacidad de dictar medidas cautelares, es decir que se reduzca el número de las medidas cautelares concedidas por la Comisión, especialmente cuando se trata de medidas colectivas. Adicionalmente, por las declaraciones del secretario General de la OEA se han suscitado innumerables debates sobre el carácter vinculante de las medidas cautelares, a la luz de los dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos humanos . En opinión de Luz Marina Monzón, “más allá de las cuestiones especificas que se expresan [en el debate sobre medidas cautelares] como términos, plazos, criterios, extensión, entre otros, lo que se encuentra en juego en este punto es un malestar de los Estados en relación con las medidas colectivas” (Monzón, 2012)

En tercer lugar se debate el rol de la Comisión frente a las labores de promoción de los Derechos Humanos. En este sentido, algunos de los Estados miembros han manifestado su preocupación por la tendencia de la Comisión a dedicarse a actividades de protección de los derechos humanos dejando de lado en gran medida las obligaciones de protección. Por ejemplo, el Estado de

Brasil señaló que se debe “garantizar que el análisis de los casos individuale s

por parte de la CIDH no perjudique sus actividades en la esfera de asistencia técnica […] es importante que la CIDH esté capacitada para prestar asistencia

técnica adecuada a las necesidades específicas de cada Estado, ofreciendo servicios que incluyan [ …] la identificación y la divulgación de mejores prácticas” (Monzón, 2012). Por su parte, el Estado de Colombia señaló frente al tema que “el papel de la CIDH en la promoción de los Derechos Humanos

puede materializarse en la asesoría, la cooperación, y la asistencia técnica a los Estados con el propósito de fortalecer las capacidades a nivel interno, con el fin de atender sus obligaciones, por ejemplo en lo que concierne al fortalecimiento de los aparatos judiciales nacionales” (Monzón, 2012).

Un cuarto punto de debate se refiere al presupuesto que la Comisión destina a las relatorías haciendo especial énfasis en la relatoría para la libertad de expresión la cual cuanta con varios privilegios con las que las demás no cuentan como un presupuesto independiente, lo cual le da mucha más capacidad de acción que las demás relatorías.

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