NTERAMERICANO O DE PROTECCIÓN A LOS SISTEMA INTERAMERICAN DERECHOS HUMANOS
Introducción En esta compilación se recogen los principales instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Su objetivo es servir de guía para usuarios y usuarias del sistema. Aquí se encuentran las distintas declaraciones, convenciones y protocolos de las cuales se derivan los mandatos y funciones de los órganos del sistema -la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la CIDH”, “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la CorteIDH”, “la Corte” o “la Corte Interamericana”)Interamericana”) - así como las obligaciones de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA” o “la Organización Organización”) ”) en materia de derechos humanos. Los Documentos Básicos incluyen la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración Americana”) Americana”) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”). Seguidamente se incluye la convención interamericana interamericana en materia de tortura, los protocolos adicionales a la Convención Americana Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales y pena de muerte, y las convenciones sobre la violencia contra la mujer, la desaparición forzada de personas, y la discriminación contra las personas con discapacidad; así como una lista de los Estados de la OEA que son signatarios de dichos tratados, y el estado actual de dichas ratificaciones. Asimismo, se incluyen la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana; Interamericana; así como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. A continuación se incluyen los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericanas. Finalmente, Finalmente, se anexa el formulario para presentar peticiones individuales individuales ante la Comisión. Esta edición de los Documentos Básicos está actualizada al 30 de abril de 2012. En esta sección introductoria a los documentos básicos se presenta información relacionada con los antecedentes históricos y la evolución del sistema de protección y promoción de los derechos humanos de la región; una breve explicación de los principales instrumentos instrumentos interamericanos interamericanos en esta materia; y una reseña que describe d escribe la creación y evolución de la Comisión y de la Corte, así como una explicación de la función y composición de dichos órganos.
Breve historia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos En abril de 1948, la OEA aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,, en Bogotá, Colombia, el primer documento internacional de derechos humanos de Hombre carácter general. La CIDH fue creada en 1959, reuniéndose por primera vez en 1960. Ya en 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas in loco para observar la situación general de los derechos humanos en un país, o para investigar una situación particular. Desde entonces ha realizado 92 visitas a 23 países miembros. Con respecto a sus observaciones de tipo general sobre la situación en un país, la CIDH publica informes especiales, especiales, habiendo publicado hasta la fecha 60 de ellos.
Desde 1965 la CIDH fue autorizada expresamente a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaban violaciones a los derechos humanos. Hasta diciembre de 2011, ha recibido varias decenas de miles de peticiones, que se han concretado en 19.423 casos procesados o en procesamiento. Los informes finales publicados en relación con estos casos pueden encontrarse en los informes anuales de la Comisión o por país. En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Humanos, que entró en vigor en 1978 y que ha sido ratificada, a enero de 2012, por 24 países: Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. La Convención define los derechos humanos que los Estados ratificantes se comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados. Ella crea además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y define atribuciones y procedimientos tanto de la Corte como de la CIDH. La CIDH mantiene además facultades adicionales que antedatan a la Convención y no derivan directamente de ella, entre ellos, el de procesar peticiones individuales relativas a Estados que aún no son parte de la Convención.
Descripción del Sistema Interamericano Los Estados americanos, en ejercicio ejercicio de su soberanía y en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, conocido como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sistema Interamericano o SIDH). Dicho sistema reconoce y define estos derechos y establece obligaciones tendientes tendientes a su promoción y protección, y crea órganos destinados a velar por su observancia. El Sistema Interamericano se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948, en el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Adicionalmente, el Sistema cuenta con otros instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana o Convención); Protocolos y Convenciones Convenciones sobre temas especializados, como la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención sobre la Desaparición Forzada y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre otros; y los Reglamentos y Estatutos de sus órganos. Todos estos instrumentos están disponibles para su consulta en la sección: sección:Instrumentos El SIDH se encuentra integrado por dos órganos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Comisión o Comisión Interamericana), cuya sede se encuentra en Washington, D.C., Estados Unidos de América, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte, Corte Interamericana o Tribunal), con sede en S an José de Costa Rica. Los Estados miembros de la OEA son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Desde 1965 la CIDH fue autorizada expresamente a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaban violaciones a los derechos humanos. Hasta diciembre de 2011, ha recibido varias decenas de miles de peticiones, que se han concretado en 19.423 casos procesados o en procesamiento. Los informes finales publicados en relación con estos casos pueden encontrarse en los informes anuales de la Comisión o por país. En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Humanos, que entró en vigor en 1978 y que ha sido ratificada, a enero de 2012, por 24 países: Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. La Convención define los derechos humanos que los Estados ratificantes se comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados. Ella crea además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y define atribuciones y procedimientos tanto de la Corte como de la CIDH. La CIDH mantiene además facultades adicionales que antedatan a la Convención y no derivan directamente de ella, entre ellos, el de procesar peticiones individuales relativas a Estados que aún no son parte de la Convención.
Descripción del Sistema Interamericano Los Estados americanos, en ejercicio ejercicio de su soberanía y en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, conocido como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sistema Interamericano o SIDH). Dicho sistema reconoce y define estos derechos y establece obligaciones tendientes tendientes a su promoción y protección, y crea órganos destinados a velar por su observancia. El Sistema Interamericano se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948, en el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Adicionalmente, el Sistema cuenta con otros instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana o Convención); Protocolos y Convenciones Convenciones sobre temas especializados, como la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención sobre la Desaparición Forzada y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre otros; y los Reglamentos y Estatutos de sus órganos. Todos estos instrumentos están disponibles para su consulta en la sección: sección:Instrumentos El SIDH se encuentra integrado por dos órganos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Comisión o Comisión Interamericana), cuya sede se encuentra en Washington, D.C., Estados Unidos de América, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte, Corte Interamericana o Tribunal), con sede en S an José de Costa Rica. Los Estados miembros de la OEA son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Los Estados que han ratificado la Convención Americana son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Los Estados que han reconocido la competencia competencia de la Corte son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.
DEFINICION Es un sistema regional de promoción y protección de derechos humanos y está compuesto por dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH” o “Comisión”) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”), los cuales monitorean el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la Organización de los Estados Ameri canos (“OEA”) con las obligaciones contraídas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un escenario regional constituido por los Estados que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya principal función es velar por el respeto, protección y realización de los derechos humanos en el continente americano. Para ello, el Sistema Interamericano cuenta con dos instancias independientes y a su vez complementarias, estas son, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante la Comisión , toda persona puede presentar peticiones o quejas in dividuales sobre violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en otros instrumentos interamericanos . Con posterioridad al conocimiento de la situación denunciada y si se da el cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos el haber agotado previamente los recursos internos disponibles, el caso se declara admisible y se examina si está o no comprometida la responsabilidad internacional del Estado, caso en el cual se produce un Informe con Recomendaciones, y eventualmente en caso de incumplimiento de aquellas el caso puede ser sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
LA OEA Y LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INTERAMERICANO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS La OEA es una organización internacional internacional creada por los Estados del continente [1] americano con el fin de lograr un orden de paz y justicia, fomentar su solidaridad solidaridad y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia (Artículo 1 de la Carta de la OEA)[2] .
Desde su creación, los Estados americanos han adoptado una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base normativa de un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, humanos, al reconocer estos derechos, establecer obligaciones tendientes a su promoción y protección, y crear órganos destinados a velar por su observancia. Este sistema se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA (en adelante “la Carta”) que proclama los "derechos fundamentales fundamentales de la persona humana" como uno de los principios en que se funda la Organización [3] . La Carta fue reformada en 1967 en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria Extraordinari a celebrada en Buenos Aires y en 1985 mediante el "Protocolo de Cartagena de Indias", suscrito durante el decimocuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización. El Protocolo de Washington (1992) introdujo modificaciones adicionales adicionales que disponen que uno de los propósitos fundamentales fundamental es de la OEA es promover, mediante la acción cooperativa, el desarrollo económico, social y cultural de los Estados Miembros y ayudar a erradicar la pobreza extrema en el Hemisferio Hemisferio.. El pleno respeto a los derechos humanos aparece en diversas secciones de la Carta, reafirmando reafirman do la importancia que los Estados miembros le otorgan. De conformidad con ese instrumento, "el sentido genuino de la solidaridad americana americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y d e justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales esenciales del hombre". La Carta establece a la CIDH como un órgano principal de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en dicha materia.
¿Qué es la OEA? La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre octubre de 1889 1889 a abril abril de 1890. 1890. En esta reunión, se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como “sistema interamericano”, el más antiguo anti guo sistema institucional internacional. La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951. Posteriorment Posteriormente, e, la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, Aires , suscrito en 1967, que entró en vigencia en febrero de 1970; por el Protocol Protocolo o de Cartagena de Indias, Indias , suscrito en 1985, que entró en vigencia en noviembre de 1988; por el e lProtocolo de Managua, Managua , suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 1996, y por el Protocolo de Washington,, suscrito en 1992, que entró en vigor en septiembre de 1997. Washington
La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia". Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independient independientes es de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. Además, ha otorgado otorgado el estatus de Observador Permanente a 67 Estados, así como a la Unión Europea (UE). Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales pilares que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. La OEA es una organización que reúne a los 35 países independientes de las Américas, y que tiene como propósitos: ◆
Afianzar la paz y la seguridad del continente
◆
Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no
intervención ◆
Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de
controversias que surjan entre los Estados miembros ◆
Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión
◆
Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten
entre ellos ◆
Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural
◆
Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático
de los pueblos del Hemisferio, y ◆
Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el
mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. La OEA utiliza cuatro pilares fundamentales para llevar a cabo sus objetivos, estos son: la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Asimismo, el respeto a los
derechos fundamentales de la persona humana se encuentra entre los principios básicos de la OEA.
¿Cuáles son los Estados miembros de la OEA? Los 35 Estados miembros de la OEA son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
¿CUÁLES SON LOS DERECHOS HUMANOS PROTEGIDOS? La Comisión es competente para examinar peticiones en las que se aleguen violaciones a los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana, la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos.
15. ¿Cuáles son los tratados interamericanos de derechos humanos? Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, 1969; ◆
◆
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1985;
◆
Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, 1988; Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición ◆
de la Pena de Muerte, 1990;
◆
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, 1994; ◆
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994;
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación ◆
contra las Personas con Discapacidad, 1999.
LOS INSTRUMENTOS REGIONALES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre Adopción: 2 de mayo de 1948 La Declaración Americana es el primer instrumento internacional de derechos humanos de carácter general. Aproximadamente ocho meses después de su adopción, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Americana establece que "los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana". Por lo tanto, los Estados americanos reconocen que cuando el Estado legisla en esta materia, no crea o concede derechos sino que reconoce derechos que existen independientemente de la formación del Estado. Tanto la Comisión como la Corte han establecido que a pesar de haber sido adoptada como una declaración y no como un tratado, en la actualidad la Declaración Americana constituye una fuente de obligaciones internacionales para los Estados miembros de la OEA [4] . La Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”)
Adopción: 22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor: 18 de julio de 1978
Los antecedentes de la Convención Americana se remontan a la Conferencia Interamericana celebrada en México en 1945, la cual encomendó al Comité Jurídico Interamericano la preparación de un proyecto de Declaración. Dicha idea fue retomada en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que se reunió en Santiago de Chile en agosto de 1959 y decidió impulsar la preparación de una convención de derechos humanos. El proyecto original de Convención fue elaborado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos, fue sometido al Consejo de la OEA y sujeto a comentarios por parte de los Estados y de la Comisión Interamericana. En 1967 la Comisión presentó un nuevo proyecto de Convención. A fin de analizar los diferentes proyectos, la OEA convocó a una Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, la cual se reunió en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969. La entrada en vigor de la Convención Americana en 1978 permitió incrementar la efectividad de la Comisión, establecer una Corte Interamericana de
Derechos Humanos y modificar la naturaleza jurídica de los instrumentos en los que se basa la estructura institucional. En su primera parte, la Convención Americana establece los deberes de los Estados y los derechos protegidos por dicho tratado. En su segunda parte, la Convención Americana establece los medios de protección: la CIDH y la CorteIDH, a los que declara órganos competentes "para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención". Al 30 de abril de 2012, 24 Estados Miembros de la OEA son parte de la Convención Americana [5] .
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura Adopción: 9 de diciembre de 1985. Entrada en vigor: 28 de febrero de 1987 En 1985, dentro del marco de la Asamblea General donde se aprobaron enmiendas a la Carta de la OEA mediante el Protocolo de Cartagena de Indias, los Estados miembros adoptaron y abrieron a la firma la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Esta Convención incluye una detallada definición de la tortura así como de la responsabilidad por la comisión de este delito. Los Estados partes no sólo se comprometen a castigar severamente a las personas que cometan actos de tortura sino que además se obligan a adoptar medidas para prevenir y sancionar cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante dentro de sus respectivas jurisdicciones. Conforme a los términos de este tratado, las personas acusadas de cometer tortura no podrán evadir la acción de la justicia mediante la fuga al territorio de otro Estado parte. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) Adopción: 17 de noviembre de 1988. Entrada en vigor: 16 de noviembre de 1999 El Artículo 77 de la Convención Americana permite la adopción de protocolos con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección otros derechos y libertades. El Protocolo de San Salvador constituye el instrumento adicional a la Convención Americana en derechos económicos, sociales y culturales. El texto del Protocolo de San Salvador se basa en un borrador preparado por la CIDH. Al ratificar este Protocolo, los Estados partes "se comprometen a adoptar las medidas necesarias... hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo". El Artículo 19 del Protocolo, establece los medios de protección, incluida la posibilidad de presentar peticiones individuales por violaciones a los Artículos 8 en su inciso a y 13 relativos al derecho a la libertad sindical y a la educación, respectivamente.
El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte Adopción: 8 de junio de 1990. Entrada en vigor: 28 de agosto de 1991 Los esfuerzos concertados para incluir la abolición absoluta de la pena capital en la Convención Americana no tuvieron éxito en el contexto de la adopción de dicho instrumento en 1969. El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte fue aprobado en el XX Período Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General de la OEA. Este protocolo dispone que los Estados partes no aplicarán la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción. Una vez ratificado por los Estados partes en la Convención Americana, este Protocolo asegurará la abolición de la pena de muerte a nivel hemisférico.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”)
Adopción: 9 de junio de 1994. Entrada en vigor: 5 de marzo de 1995 La Asamblea General de la OEA aprobó este tratado durante su XXIV Período Ordinario de Sesiones celebrado en Belém do Pará, Brasil. Este instrumento define en forma detallada las formas de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia física, sexual y psicológica basada en su género, ya sea que ocurra en el ámbito público o privado, y establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, además de todos los derechos humanos consagrados por los instrumentos regionales e internacionales. Asimismo, dispone que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, su derecho a una vida libre de discriminación. Los Estados partes de este instrumento acuerdan condenar todas las formas de violencia contra la mujer e investigar, enjuiciar y sancionar tales actos de violencia con la debida diligencia, en razón de lo cual deberán adoptar tanto políticas como medidas específicas orientadas a prevenirlos, sancionarlos y erradicarlos.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas Adopción: 9 de junio de 1994. Entrada en vigor: 28 de marzo de 1996 Durante su XXIV sesión ordinaria celebrada en Belém do Pará, Brasil, la Asamblea General de la OEA aprobó esta convención. Este instrumento es el primero a nivel internacional en referirse específicamente a esta forma compleja de violación a los derechos humanos. Los Estados partes se comprometen en este Tratado no sólo a abstenerse de practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada sino también a sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este delito, dentro de sus respectivas jurisdicciones. Los Estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar la desaparición forzada como delito y a cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar este crimen. Este tratado asimismo incluye al delito de desaparición forzada entre aquellos que justifican la extradición, de modo de evitar que personas acusadas de este crimen evadan la acción de la justicia huyendo al territorio de otro Estado parte. Además reconoce la facultad de la Comisión de adoptar medidas cautelares en casos de desapariciones forzadas.
La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad Adopción: 7 de junio de 1999. Entrada en vigor: 14 de septiembre de 2001 En su XXIX Período Ordinario de Sesiones celebrado en Ciudad de Guatemala, la Asamblea General de la OEA adoptó este tratado. Este instrumento tiene por objetivos la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, así como propiciar la plena integración de estas personas a la sociedad. El mecanismo de seguimiento de los compromisos adquiridos en dicha Convención descansará sobre un Comité para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado por un/a representante designado/a por cada Estado parte.
La Carta Democrática Interamericana Adopción: 11 de septiembre de 2001 Esta Carta, aprobada por Asamblea General Extraordinaria de la OEA, reafirma que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente. La Carta Democrática Interamericana establece en su Artículo 8 que cualquier persona que considere violados sus derechos humanos puede presentar denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión Adoptada por la CIDH en su 108º Período Ordinario de Sesiones celebrado del 2 al 20 de octubre de 2000 Luego de un amplio debate con diversas organizaciones de la sociedad civil, la Comisión aprobó esta declaración propuesta por la Relatoría Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, que había sido recientemente creada. Esta declaración incluye principios vinculados con la protección al derecho a la libertad de expresión, a la luz de la interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana, y los estándares internacionales e incluye los siguientes principios: el derecho de buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente; el derecho de toda persona a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya sea que se encuentre en registros públicos o privados; la estipulación de que la censura previa, la interferencia o presión directa o indirecta que restrinja el derecho de libertad de expresión deben estar prohibidas por ley; y aquellos principios vinculados a la preservación de la pluralidad y diversidad de los medios de comunicación; entre otros. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas Adoptados por la CIDH en su 131º Período Ordinario de Sesiones celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008 Este documento establece una serie de principios relativos a las personas sometidas a un régimen de privación de libertad. En dicho instrumento se indica que privación de libertad es “cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria”. En este sentido, la definición abarca no sólo a aquellas personas privadas de libertad por delitos o incumplimiento a la ley, sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de otras instituciones, donde se restrinja su libertad ambulatoria. Entre los principios indicados en este instrumento, se encuentran aquellos de carácter general (trato humano, igualdad y no-discriminación, debido proceso legal, entre otros), aquellos relacionados con las condiciones de detención de las personas privadas de libertad (salud, alimentación, agua potable, albergue, condiciones de higiene y vestido, medidas contra el hacinamiento, contacto con el mundo exterior, trabajo y educación, entre otros) y, por último, los principios relativos a los sistemas de privación de libertad.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) Adopción: 17 de noviembre de 1988. Entrada en vigor: 16 de noviembre de 1999 El Artículo 77 de la Convención Americana permite la adopción de protocolos con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección otros derechos y libertades. El Protocolo de San Salvador constituye el instrumento adicional a la Convención Americana en derechos económicos, sociales y culturales. El texto del Protocolo de San Salvador se basa en un borrador preparado por la CIDH. Al ratificar este Protocolo, los Estados partes "se comprometen a adoptar las medidas necesarias... hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo". El Artículo 19 del Protocolo, establece los medios de protección, incluida la posibilidad de presentar peticiones individuales por violaciones a los Artículos 8 en su inciso a y 13 relativos al derecho a la libertad sindical y a la educación, respectivamente.
El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte Adopción: 8 de junio de 1990. Entrada en vigor: 28 de agosto de 1991 Los esfuerzos concertados para incluir la abolición absoluta de la pena capital en la Convención Americana no tuvieron éxito en el contexto de la adopción de este instrumento en 1969. El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte fue aprobado en el XX Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA. Una vez ratificado por los Estados partes en la Convención Americana, este Protocolo asegurará la abolición de la pena de muerte a nivel hemisférico.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”)
Adopción: 9 de junio de 1994. Entrada en vigor: 5 de marzo de 1995 La Asamblea General de la OEA aprobó este tratado durante su XXIV Período Ordinario de Sesiones celebrado en Belém do Pará, Brasil. Este instrumento define en forma detallada las formas de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia física, sexual y psicológica basada en su género, ya sea que ocurra en el ámbito público o privado, y establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, además de todos los derechos humanos consagrados por los instrumentos regionales e internacionales. Asimismo, dispone que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, su derecho a una vida libre de discriminación. Los Estados partes de este instrumento acuerdan condenar todas las formas de violencia contra la mujer e investigar, enjuiciar y sancionar tales actos de violencia con la debida diligencia, en razón de lo cual deberán adoptar tanto políticas como medidas específicas orientadas a prevenirlos, sancionarlos y erradicarlos.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas Adopción: 9 de junio de 1994. Entrada en vigor: 28 de marzo de 1996 Durante su XXIV sesión ordinaria celebrada en Belém do Pará, Brasil, la Asamblea General de la OEA aprobó esta convención. Este instrumento es el primero a nivel internacional en referirse específicamente a esta forma compleja de violación a los derechos humanos. Los Estados partes se comprometen en este Tratado no sólo a abstenerse de practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada sino también a sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este delito, dentro de sus respectivas jurisdicciones. Los Estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar la desaparición forzada como delito y a cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar este crimen. Este Tratado asimismo incluye al delito de desaparición forzada entre aquellos que justifican la extradición, de modo de evitar que personas acusadas de este crimen evadan la acción de la justicia huyendo al territorio de otro Estado parte. Además reconoce la facultad de la Comisión de adoptar medidas cautelares en casos de desapariciones forzadas.
La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad Adopción: 7 de junio de 1999. Entrada en vigor: 14 de septiembre de 2001 En su XXIX Período Ordinario de Sesiones celebrado en Ciudad de Guatemala, la Asamblea General de la OEA adoptó este tratado. Este instrumento tiene por objetivos la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, así como propiciar la plena integración de estas personas a la sociedad. El mecanismo de seguimiento de los compromisos adquiridos en dicha Convención descansará sobre un Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado por un/a representante designado/a por cada Estado parte.
La Carta Democrática Interamericana Adopción: 11 de septiembre de 2001 Esta Carta, aprobada por Asamblea General Extraordinaria de la OEA, reafirma que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente. La Carta Democrática Interamericana establece en su Artículo 8 que cualquier persona que considere violados sus derechos humanos puede presentar denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión Adoptada por la CIDH en su 108º Período Ordinario de Sesiones celebrado del 2 al 20 de octubre de 2000 Luego de un amplio debate con diversas organizaciones de la sociedad civil, la Comisión aprobó esta declaración propuesta por la Relatoría Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, que había sido recientemente creada. Esta declaración incluye principios
vinculados con la protección al derecho a la libertad de expresión, a la luz de la interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana, y los estándares internacionales e incluye los siguientes principios: el derecho de buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente; el derecho de toda persona a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya sea que se encuentre en registros públicos o privados; la estipulación de que la censura previa, la interferencia o presión directa o indirecta que restrinja el derecho de libertad de expresión deben estar prohibidas por ley; y aquellos principios vinculados a la preservación de la pluralidad y diversidad de los medios de comunicación; entre otros.
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas Adoptados por la CIDH en su 131º Período Ordinario de Sesiones celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008 Este documento establece una serie de principios relativos a las personas sometidas a un régimen de “privación de libertad”. En dicho instrumento se indica que privación de libertad es “cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria”. En este sentido, la definición abarca no sólo a aquellas personas privadas de libertad por delitos o incumplimiento a la ley, sino también a las p ersonas que están bajo la custodia y la responsabilidad de otras instituciones, donde se restrinja su libertad ambulatoria. Entre los principios indicados en este instrumento, se encuentran aquellos de carácter general (trato humano, igualdad y no-discriminación, debido proceso legal, entre otros), aquellos relacionados con las condiciones de detención d e las personas privadas de libertad (salud, alimentación, agua potable, albergue, condiciones de higiene y vestido, medidas contra el hacinamiento, contacto con el mundo exterior, trabajo y educación, entre otros) y, por último, los principios relativos a los sistemas de privación de libertad. -
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte
-
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará"
-
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
-
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
-
Carta de la Organización de los Estados Americanos
-
Carta Democrática Interamericana
-
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
-
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas
-
Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
-
Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
-
Reglamento de la CIDH sobre el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
-
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
-
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
-
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas
DECLARACION CONVENCION
16. ¿Qué derechos están protegidos? La Convención Americana protege los siguientes derechos humanos: ◆
El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica
◆
El derecho a la vida
◆
El derecho a la integridad personal
◆
El derecho de toda persona a no ser sometida a esclavitud y servidumbre
◆
El derecho a la libertad personal
◆
El derecho a las garantías judiciales
◆
El principio de legalidad y de no retroactividad
El derecho de toda persona a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido ◆
condenada en sentencia firme por error judicial ◆
El derecho a la protección de la honra y de la dignidad
◆
El derecho a la libertad de conciencia y de religión
◆
La libertad de pensamiento y de expresión
◆
El derecho de rectificación o respuesta
◆
El derecho de reunión
◆
La libertad de asociación
◆
El derecho a la protección de la familia
◆
El derecho al nombre
◆
Los derechos del/a niño/a
◆
El derecho a la nacionalidad
◆
El derecho a la propiedad privada
◆
El derecho de circulación y de residencia
◆
Los derechos políticos
◆
El derecho a la igualdad ante la ley
◆
El derecho a la protección judicial
◆
El derecho al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales
La Declaración Americana también contiene una lista completa de los derechos que los Estados deben respetar y proteger. Además de los derechos antes mencionados, la Declaración Americana contiene reconocimientos específicos como la protección al derecho al trabajo y a recibir un salario justo, el derecho a la seguridad social, el derecho a los beneficios de la cultura, y el derecho a la preservación de la salud, entre otros.
¿Cuáles son los derechos protegidos en el “Protocolo de San
Salvador”? El Protocolo de San Salvador protege los derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo, el derecho a la educación, a la libertad sindical, a la seguridad social, a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación y a los beneficios de la cultura. Si bien el Protocolo protege todos e stos derechos y la Comisión puede formular observaciones y recomendaciones respecto de todos, el derecho a la educación y a la libertad sindical son los únicos sobre los cuales la Comisión y la Corte IDH pueden pronunciarse en el marco de una petición individual presentada en contra de un Estado.
18. ¿Qué prohíben los demás tratados interamericanos de derechos humanos? Estos tratados tienen como objetivo reafirmar la protección y desarrollar el contenido de los derechos humanos garantizados por la Declaración Americana y la Convención Americana. Estos tratados prohíben, entre otros, los siguientes actos: ◆ tortura o trato cruel, inhumano o degradante; ◆ reestablecimiento de la pena de muerte en los países que la han abolido; ◆ violencia física, sexual o psicológica y discriminación contra la mujer; ◆ desaparición forzada; y ◆ discriminación contra las personas con discapacidad.
No todos los Estados miembros de la OEA han ratificado todos los trat ados.
LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
La Comision ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN
La efervescencia política en el continente -muy especialmente en el área del Caribe y particularmente en República Dominicana-, obligó a convocar a la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, para considerar dos asuntos: a) la situación de tensión internacional en el Caribe, y b) el ejercicio efectivo de la democracia representativa en relación con los derechos humanos. En esta oportunidad, el ambiente fue políticamente más propicio para la adopción, en el marco del sistema interamericano, de medidas adecuadas para la promoción y protección de los derechos humanos La Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago de Chile en 1959 adoptó importantes resoluciones relativas al desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. La Declaración de Santiago proclama que “la armonía entre las Repúblicas americanas sólo puede ser efectiva en tanto el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el ejercicio de la democracia representativa sean una realidad en el ámbito interno de cada una de ellas” y declara que “los gobiernos de los Estados americanos deben mantener un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana ” [6] . Una resolución emanada de esta Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores fue aquella referida a Derechos Humanos, en la cual se declara que dados los progresos alcanzados en materia de derechos humanos después de once años de proclamada la Declaración Americana y los avances que paralelamente se experimentaron en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa "se halla preparado el ambiente en el Hemisferio para que se celebre una convención". Asimismo, esta resolución toma en consideración que en diversos instrumentos de la OEA se ha consagrado y repetido que la libertad, la justicia y la paz tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de la persona humana. Esta resolución considera "indispensable que tales derechos sean protegidos por un régimen jurídico a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión". Con tal propósito, en dicha resolución se encomienda al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un "proyecto de Convención sobre derechos humanos … [y] el proyecto o proyectos de convención sobre la creación de una Corte Interamericana de Protección de los Derechos Humanos y de otros órganos adecuados para la tutela y observancia de los mismos" [7] . Es así como mediante dicha resolución, la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en 1959 dispuso: Crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se compondrá de siete miembros, elegidos a título personal de ternas presentadas por los gobiernos, por el
Consejo de la Organización de los Estados Americanos, encargada de promover el respeto de tales derechos, la cual será organizada por el mismo Consejo y tendrá las atribuciones específicas que éste le señale. El Consejo de la Organización aprobó el Estatuto de la Comisión el 25 de mayo de 1960 y eligió a sus primeros miembros el 29 de junio de ese mismo año. En 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas a varios países para observar in situ la situación de derechos humanos. En enero de 1962, durante la Octava Reunión de Consulta, celebrada en Punta del Este, en Uruguay, los Ministros de Relaciones Exteriores consideraron que "no obstante los nobles y perseverantes esfuerzos cumplidos por dicha Comisión en el ejercicio de su mandato, la insuficiencia de sus facultades y atribuciones consignadas en su Estatuto" había dificultado la misión que se le había encomendado. Por este motivo, en dicha oportunidad los Ministros de Relaciones Exteriores recomendaron al Consejo de la OEA la reforma del Estatuto de la CIDH con el objetivo de ampliar y fortalecer sus atribuciones y facultades de manera que le permitiera llevar a cabo eficazmente la tarea de promoción del respeto a los derechos humanos en el Hemisferio [8] . La Comisión se rigió por su Estatuto original hasta que en noviembre de 1965 la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria celebrada en Río de Janeiro, Brasil, resolvió modificarlo, finalmente ampliándose las funciones y facultades de la Comisión, en los siguientes términos: Resolución XXII Ampliación de las Facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos La Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, RESUELVE: (…) 3. Autorizar a la Comisión para que examine las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible, para que se dirija al gobierno de cualquiera de los estados americanos con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y para que les formule recomendaciones, cuando lo considere apropiado, con el fin de hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales. 4. Solicitar de la Comisión que rinda un informe anual a la Conferencia Interamericana o a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que incluya una exposición sobre el progreso alcanzado en la consecución de los objetivos señalados por la Declaración Americana. Tal informe deberá contener una relación sobre los campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos conforme lo prescribe la citada Declaración, y formulara las observaciones que la Comisión considere apropiadas respecto de las comunicaciones que haya recibido y sobre cualquiera otra información que la Comisión tenga a su alcance [9] . De conformidad con lo resuelto por los Estados en esta Conferencia, la Comisión modificó su Estatuto durante el período de sesiones celebrado en abril de 1966. La principal modificación fue la atribución de la facultad de examinar peticiones individuales y, en dicho marco, formular recomendaciones específicas a los Estados miembros[10] .
La CIDH se constituyó en un órgano principal de la OEA con la primera reforma de la Carta de la OEA, que se materializó con la adopción del Protocolo de Buenos Aires suscrito en 1967. La Carta de la OEA indica que mientras entrara en vigor la Convención Americana, se le asignaba a la CIDH la función de velar por la observancia de dichos derechos (Artículo 145). La reforma de la Carta, que entró en vigor en 1970, establece en su Artículo 106 que: Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia. Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia. El Estatuto que rige actualmente el funcionamiento de la Comisión fue aprobado en el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA (La Paz, Bolivia, 1979). El Estatuto refleja las importantes innovaciones introducidas por la Convención Americana con relación a la Comisión. Así, es la Comisión Interamericana y no las y los Comisionados/as, la que representa a todos los Estados miembros de la OEA. La jerarquía institucional de sus miembros/as corresponde actualmente a la jerarquía a la que fue elevada la Comisión (Artículo 53 de la Carta). Los/as siete miembros/as que la integran son elegidos/as por la Asamblea General por un período de cuatro años (Artículo 3) y no por el Consejo de la Organización, como se preveía en el Estatuto anterior. Cabe destacar que la función de llenar las vacantes que se presentaren corresponde, de acuerdo al Artículo 11, al Consejo Permanente de la OEA.
DEFINICION: La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, expertos/as en derechos humanos, que no representan a ningún país y son elegidos/as por la Asamblea General de la OEA, y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 , cuyo mandato surge de la Carta de la OEA, y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH). Una Secretaría Ejecutiva permanente con sede en Washington DC, Estados Unidos, le da apoyo profesional, técnico y administrativo a la Comisión El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, que proclama los "derechos fundamentales de la persona humana" como uno de los principios en que se funda la Organización.
El pleno respeto a los derechos humanos aparece en diversas secciones de la Carta. De conformidad con ese instrumento, "el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre". La Carta establece la Comisión como un órgano principal de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia. La CIDH realiza su trabajo con base en tres pilares de trabajo:
el Sistema de Petición Individual;
el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros, y
la atención a líneas temáticas prioritarias.
A través de este andamiaje, la Comisión considera que en el contexto de la protección de los derechos de toda persona bajo la jurisdicción de los Estados americanos, es fundamental dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a discriminación. En forma complementaria, otros conceptos informan su trabajo: el principio pro homine – según el cual la interpretación de una norma debe hacerse de la manera más favorable al ser humano - , la necesidad de acceso a la justicia, y la incorporación de la perspectiva de género a todas sus actividades.
COMPOSICIÓN DE LA CIDH La CIDH está integrada por siete personas elegidos/as a título personal por la Asamblea General de la Organización y deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. La duración de su mandato es de cuatro años, renovables por un único período adicional. La directiva de la Comisión está compuesta por un cargo de Presidente/a, Primer/a Vicepresidente/a y Segundo/a Vicepresidente/a, con un mandato de un año, pudiendo ser respectivamente reelegidos/as una sola vez en cada período de cuatro años.
FUNCIONES DE LA CIDH La CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. El Estatuto de la CIDH establece en sus Artículos 18, 19 y 20 las funciones y las atribuciones de dicho organismo, distinguiendo claramente sus atribuciones respecto de los Estados partes en la Convención Americana de aquellas referidas a los Estados miembros de la Organización que no son partes en la Convención Americana. Respecto a estos últimos, la competencia de la Comisión se basa en las disposiciones de la Carta de la OEA y la práctica de la CIDH. Por su parte, la competencia de la Comisión con relación a los Estados partes en la Convención Americana emana de dicho instrumento. En cumplimiento de su mandato, la Comisión:
a) Recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos, tanto respecto de Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana, como de aquellos Estados que aún no la han ratificado [11] . b) Observa la situación general de los derechos humanos en los Estados Miembros y publica informes especiales sobre la situación existente en determinado Estado miembro, cuando lo considera apropiado. c) Realiza visitas in loco a los países para llevar a cabo análisis en profundidad de la situación general y/o para investigar una situación específica. En general, estas visitas dan lugar a la preparación de un informe sobre la situación de los derechos humanos que sea observada, el cual es publicado y presentado ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA. d) Estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos en las Américas. A tales efectos, la Comisión lleva a cabo y publica informes sobre temas específicos; tales como, las medidas que deben adoptarse para garantizar un mayor acceso a la justicia; los efectos que tienen los conflictos armados internos en ciertos grupos; la situación de derechos humanos de niños y niñas, de las mujeres, de las y los trabajadores/as migrantes y sus familias, de las personas privadas de libertad, de las y los defensores/as de derechos humanos, de los pueblos indígenas, y de las personas afrodescendientes; y de las lesbianas, los gays, las personas trans, bisexuales e intersex; sobre la libertad de expresión; la seguridad ciudadana y el terrorismo y su relación con los derechos humanos; entre otros. e) Organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios y reuniones con representantes de gobiernos, instituciones académicas, entidades no gubernamentales y otros, con el objetivo principal de divulgar información y fomentar el conocimiento amplio de la labor del sistema interamericano de derechos humanos. f) Recomienda a los Estados Miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del Hemisferio. g) Solicita a los Estados Miembros que adopten “medidas cautelares”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 de su Reglamento, para prevenir daños irreparables a los derechos humanos en casos graves y urgentes. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63.2 de la Convención Americana, puede solicitar que la Corte Interamericana disponga la adopción de “medidas provisionales” en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas, aunque el caso aún no haya sido presentado ante la Corte. h) Presenta casos ante la Corte Interamericana y comparece ante la misma durante la tramitación y consideración de los casos. i) Solicita opiniones consultivas a la Corte Interamericana, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 64 de la Convención Americana. j) Recibe y examina comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, de conformidad con el Artículo 45 de dicho instrumento.
Para el cumplimiento de sus funciones, la CIDH cuenta con el apoyo legal y administrativo de su Secretaría Ejecutiva. De conformidad con el Artículo 13 del Reglamento de la CIDH, la Secretaría Ejecutiva prepara los proyectos de informes, resoluciones, estudios y otros trabajos que le encomiende la Comisión o el/la Presidente/a. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva recibe y da trámite a la correspondencia y las peticiones y comunicaciones dirigidas a la Comisión.
Entre las funciones y atribuciones que se señalaron inicialmente a la Comisión, según el art. 9 de su Estatuto, cabe destacar las siguientes: a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; b) formular recomendaciones, en caso de que lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros en general, para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro de sus legislaciones internas y tomen, de acuerdo con sus preceptos constitucionales, medidas apropiadas para fomentar la fiel observancia de esos derechos; c) preparar los estudios e informes que co nsidere convenientes en el desempeño de sus funciones; d) encarecer a los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informaciones sobre las medidas que adopten en el orden de los derechos humanos; y e) servir de cuerpo consultivo de la OEA e n materia de derechos humanos.
EL REGLAMENTO DE LA CIDH Tanto la Convención Americana como el Estatuto de la CIDH la facultan para adoptar su propio Reglamento. La Comisión Interamericana aprobó el Reglamento actualmente vigente durante el 137° Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009; y entró en vigor el 31 de diciembre de 2009. Posteriormente, el 2 de septiembre de 2011, la CIDH, en cumplimiento de las atribuciones que le confiere el Artículo 22 de su Estatuto modificó el Artículo 11 del Reglamento. El Reglamento actual consta de 80 Artículos y está dividido en cuatro títulos.
El Título I del Reglamento hace referencia a la organización de la CIDH y consta de cinco capítulos que contienen las normas sobre la naturaleza y composición de la Comisión, sus miembros, la directiva, la Secretaría Ejecutiva y el funcionamiento de la CIDH. El Título II consta de seis capítulos, los cuales establecen las disposiciones generales aplicables al procedimiento ante la CIDH; a las peticiones referentes a los Estados partes en la Convención Americana; a las peticiones referentes a los Estados que no son partes en la Convención Americana; a las observaciones in loco conducidas por la Comisión; al informe anual y a otros informes; y a la celebración de audiencias sobre peticiones o casos y aquéllas de carácter general. El Título III del Reglamento se refiere a las relaciones de la Comisión con la Corte. El Capítulo I define lo referente a delegados, asesores, testigos y expertos, y el Capítulo II regula el procedimiento a seguir cuando la CIDH decide llevar un caso ante la Corte, de conformidad con el Artículo 61 de la Convención Americana. Por último, el Título IV establece las disposiciones finales referentes a la interpretación del Reglamento, su modificación y e ntrada en vigor. En relación con la aprobación de este último Reglamento, y los importantes cambios que se introdujeron, la CIDH destacó que: El objetivo central de estas reformas es avanzar en el fortalecimiento del sistema interamericano a través del afianzamiento de la participación de las víctimas, de las garantías al equilibrio procesal y de la publicidad y la transparencia, así como de la adopción de ajustes necesarios tras la reforma realizada en 2001, entre otros. Esta reforma aborda aspectos relacionados con cuatro ejes esenciales del sistema de protección de los derechos humanos: el mecanismo de medidas cautelares, el trámite de peticiones y casos, el envío de casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, y las audiencias sobre situación de los derechos humanos en los Estados miembros [12]. Esta reforma reglamentaria está complementada con las modificaciones introducidas al Reglamento de la Corte, cuyo texto actual entró en vigor el 1 de enero de 2010, y con la resolución del Consejo Permanente de la OEA que adopta el Reglamento para el funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el objetivo de brindar apoyo financiero a las víctimas de violaciones de derechos humanos en la región que ayude a sufragar los gastos relacionados con la tramitación de peticiones y casos ante la Comisión y la Corte Interamericanas [13] . Al respecto, vale destacar que el 1º de marzo de 2011 entró en vigor el Reglamento de la CIDH que regula el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Reglamento establece que la CIDH podrá conceder recursos del Fondo de Asistencia Legal, cuando éstos estén disponibles, a peticionarios y peticionarias en denuncias que hayan sido declaradas admisibles por la Comisión, o respecto a la cual la Comisión haya comunicado su decisión de acumular el análisis de admisibilidad con el fondo del asunto. Asimismo, establece que los fondos serán concedidos a aquellas personas que demuestren la carencia de recursos suficientes para cubrir total o parcialmente gastos relativos a la recolección y remisión de documentos probatorios, así como los gastos relacionados con la comparecencia de la presunta víctima, testigos o peritos a audiencias ante la Comisión, y otros gastos que la CIDH estime pertinentes para el procesamiento de una petición o de un caso
Sistema de peticiones y casos Mediante la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos pueden obtener ayuda. La Comisión investiga la situación y puede formular recomendaciones al Estado responsable para que se restablezca el goce de los
derechos en la medida de lo posible, para que hechos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro y para que los hechos ocurridos se investiguen y se reparen. El trabajo que se presenta aquí busca informar sobre algunos conceptos básicos que deben conocer antes de presentar sus denuncias. También busca exponer en términos claros y sencillos cuáles son sus derechos humanos protegidos, cómo y cuándo presentar una denuncia, los requisitos que deben cumplirse y, en general, cuáles son los procedimientos que deben seguirse.
1. Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano La función de la Comisión es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. La Comisión ejerce esta función a través de la realización de visitas a los países, actividades o iniciativas temáticas, la preparación de informes sobre la situación de derechos humanos en un país o sobre una temática particular, la adopción de medidas cautelares o solicitud de medidas provisionales a la Corte IDH, y el procesamiento y análisis de peticiones individuales con el objetivo de determinar la responsabilidad internacional de los Estados por violaciones a los derechos humanos y emitir las recomendaciones que considere necesarias. Las peticiones individuales que examina la Comisión pueden ser presentadas por personas, grupos de personas u organizaciones que alegan violaciones de los derechos humanos garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (“la Declaración Americana”), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“la Convención Americana”) y otros tratados interamericanos de derechos humanos.
- ¿Contra quién puedo presentar una petición por violación
de derechos humanos?
La denuncia debe ser presentada contra uno o más Estados miembros de la OEA que se considere han violado los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana, la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos. El Estado puede llegar a ser responsable de violar los derechos humanos por: ◆
acción (como consecuencia de un hacer o actuar del Estado o sus agentes),
aquiescencia (como consecuencia del consentimiento tácito del Estado o sus agentes), u ◆
◆
omisión (como resultado que el Estado o sus agentes no actúe/n cuando debía/n
hacerlo).
-
¿Puede la Comisión determinar la responsabilidad de una persona? No. La Comisión no tiene competencia para atribuir responsabilidad individual, es decir, no puede determinar si una persona es o no culpable. La Comisión solamente puede determinar la responsabilidad internacional de un Estado miembro de la OEA.
-
¿Qué resultados puedo esperar si interpongo una petición por violación de derechos humanos contra contra un Estado miembro de la OEA? En el caso que la Comisión determine que un Estado es responsable por haber violado los derechos humanos de una persona o grupo de personas, se emitirá un informe que puede incluir las siguientes recomendaciones al Estado: ◆
suspender los actos violatorios de los derechos humanos;
◆
investigar y sancionar a las personas que resulten responsables;
◆
reparar los daños ocasionados;
◆
introducir cambios al ordenamiento legal; y/o
◆
requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales.
También se puede intentar llegar a una solución amistosa del asunto con el Estado.
-
¿En qué casos no podrá la Comisión ayudarme? La Comisión no puede: ◆
pronunciarse respecto de un Estado que no es miembro de la OEA;
proporcionar abogado/as para asistir en procesos judiciales internos o para presentar ◆
una petición o solicitud de medida cautelar ante la Comisión; ◆
suministrar ayuda económica o instrumentos de trabajo a las personas;
◆
realizar trámites migratorios, o tramitar el otorgamiento de visas o asilo político.
- ¿Sobre qué base determina la Comisión que un Estado violó o no los derechos humanos? La Comisión examina las peticiones en las cuales se alegan violaciones a la Convención Americana, para los Estados que la han ratificado. Para los Estados miembros que todavía no lo han hecho, se puede alegar la violación de los derechos contenidos en la Declaración Americana. Se puede alegar la violación de un derecho protegido en otro tratado de derechos humanos del sistema en la medida que el Estado en cuestión lo ha ratificado y según las condiciones aplicables.
10. ¿Cuáles son los Estados que han ratificado la Convención Americana? Los países que han ratificado la Convención Americana son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago1, Uruguay y Venezuela. En relación con los demás Estados de la OEA, la Comisión tiene competencia para recibir peticiones en las cuales se alegan violaciones a la Declaración Americana u otro tratado interamericano de derechos humanos que haya sido ratificado por el Estado en cuestión.
11. ¿Qué sucede si el Estado que estoy denunciando por violación de derechos humanos es suspendido de participar en la OEA? En el caso que un Estado sea suspendido de participar en la OEA continúa obligado a garantizar los derechos y la Comisión continúa siendo competente para monitorear la situación de derechos humanos en dicho país.
¿Cómo puedo llevar un caso ante la Corte IDH? Sólo los Estados Partes y la Comisión pueden someter un caso ante la Corte IDH. Las personas no pueden acudir directamente a la Corte IDH, y deben primero presentar su petición ante la Comisión y 1
Trinidad y Tobago se retiró de la Convención Americana. La Comisión y la Corte IDH son competentes para examinar alegadas violaciones a los derechos contenidos en la Convención Americana en relación con hechos que hayan ocurrido o empezado a ocurrir entre el 28 de mayo de 1991 y el 26 de mayo de 1999; la Comisión mantiene competencia respecto de la Declaración Americana.
completar los pasos previstos ante ésta. La Comisión puede, cuando proceda, remitir casos ante la Corte IDH únicamente respecto de los Estados que han ratificado la Convención Americana y han reconocido con anterioridad la competencia de la Corte IDH, salvo que un Estado acepte la competencia expresamente para un caso concreto. Los Estados que han reconocido la competencia de la Corte IDH son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
2. Guía para Presentar una Petición EN CUÁLES SITUACIONES PUEDE INTERVENIR LA COMISIÓN? 19. ¿Debo haber iniciado algún proceso judicial antes de acudir a la Comisión? Sí. Para que la Comisión pueda examinar una petición, deben haberse agotado los recursos judiciales internos de conformidad con la legislación vigente en el Estado de que se trata.
20. ¿Qué significa agotar los recursos judiciales internos? Significa que las personas que quieran presentar una petición ante la Comisión deben intentar previamente que los tribunales nacionales decidan sobre la situación que denuncian. Una persona agotó los recursos internos cuando el Poder Judicial emitió una decisión de última instancia.
En caso de no ser posible agotar los recursos internos, se tendrán que explicar las razones ya que la regla del agotamiento previo de los recursos internos admite excepciones.
21. ¿Cuáles son los recursos judiciales internos que deben agotarse? Los recursos judiciales internos que deben agotarse son aquellos que sean adecuados y efectivos. Un recurso judicial es adecuado cuando su interposición puede proteger el derecho ◆
que se alega violado. Por ejemplo, un recurso adecuado en el caso de una desaparición forzada es el recurso de exhibición personal o hábeas corpus. Un recurso judicial es efectivo cuando es capaz de obtener el resultado para el cual ◆
fue creado. Por ejemplo, un recurso no es efectivo cuando el Estado no ha asegurado su debida aplicación por parte de las autoridades judiciales o cuando hay retardo injustificado en la decisión.
22. ¿Cuáles son las excepciones al agotamiento de los recursos internos? La Comisión puede estudiar una petición en la que no se hayan agotado los recursos internos cuando: A. las leyes internas no establecen el debido proceso para proteger los derechos que se alegan violados; B. no se ha permitido a la presunta víctima el acceso a los recursos internos o se le ha impedido agotarlos; o C. hay demora en emitir una decisión final sobre el caso sin que exista una razón válida.
Bajo ciertas circunstancias, una persona puede estar exceptuada de agotar los recursos internos, si se encuentra en situación de extrema indigencia de tal gravedad que no le permita pagar un/a abogado/a para los casos en los cuales sea necesario contar con asistencia legal, y siempre y cuando el Estado no ofrezca este servicio de manera gratuita.
23. ¿Cuándo debo presentar mi petición? La petición debe presentarse dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la notificación de la decisión judicial definitiva que agotó los recursos internos. Cuando hay una excepción al agotamiento de los recursos internos, el plazo de seis meses no se aplica. En ese caso, la petición deberá ser presentada dentro de un plazo razonable.
24. ¿Pueden la Comisión y la Corte IDH revisar decisiones emitidas por los tribunales nacionales? El solo hecho que una sentencia judicial no satisfaga los intereses de una persona no significa que se hayan violado sus derechos humanos. La Comisión y la Corte IDH tienen competencia para revisar posibles violaciones a los derechos protegidos en los tratados interamericanos.
¿CÓMO PRESENTO UNA PETICIÓN? 25. ¿Quién puede presentar una denuncia ante la Comisión? Cualquier persona -grupo de personas u organización- por sí misma o e n representación de otra, puede presentar una petición para denunciar una violación a los derechos humanos en contra de uno o más Estados de la OEA. Una persona puede ser a su vez peticionaria y presunta víctima en una petición.Si la presunta víctima desea cambiar la representación o constituirse como peticionario/a en su propia petición debe comunicarlo de inmediato a la Comisión por e scrito, ya
que, por regla general, la Comisión se mantendrá en comunicación con la parte petic ionaria. Además, en el caso de un cambio de dirección u otro dato de contacto, es importante notificarlo por escrito. ◆ Peticionario/as: persona o grupo de personas que presenta la petic ión (en adelante se hará
referencia a los/as peticionarios/as como “parte peticionaria”) ◆ Presunta/s víctima/s: persona o grupo de personas presuntamente afectado/as por los hechos
alegados en la petición. Las presuntas víctimas deben estar determinadas o ser determinables.
26. ¿Puede la Comisión mantener en reserva la identidad de la presunta víctima? Generalmente cuando la Comisión se dirige al Estado en relación con una petición, debe comunicarle la identidad de la presunta víctima, ya que éste debe saber quién es la persona afectada por los hechos a los que se refiere la petición. Sin embargo, si la persona tiene algún inconveniente al respecto, la situación puede ser comunicada a la Comisión para que la considere. En ciertos casos, la Comisión podrá proteger la identidad de la p resunta víctima en los documentos que se hacen públicos, por ejemplo, mediante la sustitución del nombre completo de la persona por sus iniciales. La solicitud de que se proteja la identidad de la presunta víctima debe ser hecha a la Comisión, con una exposición de sus razones.
27. ¿Puede la Comisión mantener en reserva la identidad de la parte peticionaria? Sí. La Comisión puede mantener en reserva la identidad de la parte peticionaria, si así lo solicita expresamente. Sin embargo, si el/la peticionario/a y la presunta víctima son la misma
persona, la Comisión generalmente comunica al Estado su identidad. Si la persona tiene algún inconveniente al respecto, la situación puede ser comunicada a la Comisión para que la considere.
28. ¿En qué idioma debo presentar mi petición? Los idiomas oficiales de la CIDH son el español, inglés, portugués y francés, y generalmente sólo es necesario enviar la petición en uno de ellos que sea utilizado por el Estado. Sin embargo, si existe algún problema para hacerlo de esta manera, la situación puede ser comunicada a la Comisión para que la considere. En todo caso, es importante tener presente que si se decide d ar trámite a la petición, ésta deberá ser transmitida al Estado en el idioma oficial que utiliza. Por este motivo, cuando una petición no esté en dicho idioma, es posible que la Comisión requiera a la parte peticionaria que procure obtener los medios necesarios para que sea traducida.
29. ¿Necesito un/a abogado/a para presentar mi petición? No. La Comisión no exige la representación de un/a abogado/a en la presentación y trámite de la petición.
30. ¿Tiene algún costo económico presentar mi petición? No. Los procedimientos ante la Comisión son gratuitos.
31. ¿Qué debe incluir mi petición? Toda petición debe incluir: ✓
los datos de la/s presunta/s víctima/s y de sus familiares;
✓
los datos de la parte peticionaria, tales como el nombre completo, teléfono, la
dirección postal y de correo electrónico; ✓
una descripción completa, clara y detallada de los hechos alegados que incluya
cómo, cuándo y dónde ocurrieron, así como el Estado que se considera responsable; ✓
la indicación de las autoridades estatales que se consideran responsables;
✓
los derechos que se consideran violados, en caso de ser posible;
✓
las instancias judiciales o autoridades en el Estado a las que se acudió para
remediar las violaciones alegadas; ✓
la respuesta de las autoridades estatales, en especial de los tribunales judiciales;
✓
en caso de ser posible, las copias simples y legibles de los principales recursos
interpuestos y de las decisiones judiciales internas y otros anexos que se consideren pertinentes, tales como declaraciones de testigos; y ✓
la indicación de si se ha presentado la petición ante otro organismo internacional con
competencia para resolver casos. De ser posible, se recomienda incluir una lista en la cual se enumeren los anexos que se adjuntan a la petición, con el objetivo de facilitar la identificación de los mismos.
32. ¿Qué requisitos deben cumplir los anexos de la petición? ◆
Las fotocopias de documentos no requieren de ninguna formalidad, es decir, no es
necesario que estén certificadas, apostilladas, legalizadas, o autenticadas legalmente, basta con que sean copias simples que estén legibles. No es necesario enviar varias copias del mismo documento. ◆
En caso de enviarse la petición y sus anexos por correo postal, es preferible que la
documentación no esté empastada, anillada, encuadernada o plastificada.
Por regla general, la Comisión no devuelve documentos que han sido enviados en el marco de una petición. Por esta razón, no deben enviarse originales.
¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO QUE SIGUE MI PETICIÓN? 34. ¿En algún momento debo ir a la sede de la Comisión? No es necesario acudir a la Comisión, porque el procedimiento es principalmente por escrito. En ciertos casos y una vez que se da trámite a una petición y se notifica el Estado, la Comisión puede convocar, de ser pertinente, audiencias o reuniones de trabajo.
35. ¿Cómo tengo certeza que la Comisión recibió la denuncia? La Comisión remite una carta acusando recibo de la petición e indicando el número de referencia que se le asignó. La carta será enviada a la dirección indicada por la parte peticionaria en la petición.
36. Después del envío de mi petición, ¿puedo presentar información adicional? Si es necesario, puede presentar información adicional. Toda información y documentos adicionales remitidos serán agregados al expediente de la petición. En toda comunicación remitida por la parte peticionaria deberá indicarse el número de referencia de la petición. Es importante notificar a la Comisión de inmediato sobre cualquier cambio de dirección.
37. ¿Qué ocurre una vez que se acusa recibo de la petición? Una vez que se acusa recibo de la petición, estará en estudio. Dada la gran cantidad de peticiones
que recibe la Comisión, la evaluación preliminar de una petición puede demorar algún tiempo. Todas las peticiones presentadas ante la CIDH son evaluadas y se da una respuesta.
38. ¿Qué ocurre una vez que se hace una evaluación preliminar de la petición? Luego de una evaluación preliminar se puede decidir: A. no abrir a trámite la petición; B. solicitar información o documentación adicional; o C. abrir a trámite. En este momento, la petición entrará en etapa de admisibilidad. Esta decisión significa que se cumplieron los requisitos necesarios para que la Comisión estudie la misma, pero no significa decisión alguna respecto a la materia presentada.
39. ¿Qué significa que mi petición esté en etapa de admisibilidad? Significa que la petición presentada será enviada al Estado para que presente sus observaciones. Se inicia un proceso de intercambio de información, en el cual la Comisión puede solicitar mayor información para decidir sobre la admisibilidad. Cualquier información presentada por una parte, será trasladada a la otra parte. Luego de este intercambio de información, la Comisión decide si la petición es admisible o inadmisible.
40. ¿Qué ocurre una vez que una petición es declarada admisible? Cuando una petición es admisible, la Comisión analizará los alegatos de las partes y las pruebas presentadas. En esta etapa, la Comisión puede pedir mayor información, pruebas y documentos al Estado y a la parte peticionaria, y, de ser necesario, puede convocar una audiencia o reunión de
trabajo.
41. ¿Puede llegarse a una solución amistosa con el Estado? Sí. Es un proceso que depende de la voluntad de las partes, y consiste en negociaciones destinadas a resolver el asunto sin la necesidad de completar el proceso contradictorio, y que se da bajo la supervisión de la Comisión. De no ser posible llegar a una solución amistosa, la Comisión continuará analizando los alegatos de las partes y decidirá sobre el caso, determinando si el Estado es o no responsable por las violaciones alegadas.
42. ¿Qué sucede si la Comisión decide que el Estado es responsable por las violaciones a los derechos humanos? La Comisión emitirá un informe sobre el fondo que incluirá recomendaciones al Estado que pueden estar dirigidas a: ◆
hacer cesar los actos violatorios de los derechos humanos;
◆
esclarecer los hechos y llevar a cabo una investigación oficial y sanción;
◆
reparar los daños ocasionados;
◆
introducir cambios al ordenamiento legal; y/o
◆
requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales.
43. ¿Qué sucede si el Estado no cumple con las recomendaciones? La Comisión decidirá: ◆
publicar el caso; o
◆
someter el caso a la Corte IDH si así lo considera procedente.
44. ¿Qué sucede si la Comisión decide someter el caso a la Corte IDH? Si la Comisión decide someter el caso a la Corte IDH, ésta lo analizará y emitirá una sentencia fundamentada. En el proceso ante la Corte IDH participan la Comisión, el Estado y la/s víctima/s.
3. Situaciones de Gravedad y Urgencia En ciertos casos de gravedad y urgencia, y siempre que se cumplan ciertos requisitos, la Comisión puede adoptar medidas cautelares. Para conocer los criterios que ha usado la Comisión en la práctica, puede ir al sitio en Internet de la CIDH (www.cidh.org) y acceder a la sección de medidas cautelares o de los informes anuales de la CIDH. Por otra parte, además de las medidas cautelares, existe el mecanismo establecido en el Artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que la Comisión puede utilizar en casos de presuntas desapariciones forzadas, y respecto de los Estados que hayan ratificado dicho tratado.
45. ¿En qué casos puede la Comisión adoptar medidas cautelares? El Reglamento de la CIDH establece que: Artículo 25. Medidas cautelares 1. En situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las
personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente. 2. En situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares a fin de prevenir daños irreparables a personas que se encuentren bajo la jurisdicción de éste, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente. 3. Las medidas a las que se refieren los incisos 1 y 2 anteriores podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables. 4. La Comisión considerará la gravedad y urgencia de la situación, su contexto, y la inminencia del daño en cuestión al decidir sobre si corresponde solicitar a un Estado la adopción de medidas cautelares. La Comisión también tendrá en cuenta: a. si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse; b. la identificación individual de los potenciales beneficiarios de las medidas cautelares o la determinación del grupo al que pertenecen; y c. la expresa conformidad de los potenciales beneficiarios cuando la solicitud sea presentada a la Comisión por un tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de consentimiento se encuentre justificada.
5. Antes de solicitar medidas cautelares, la Comisión requerirá al Estado involucrado información relevante, a menos que la urgencia de la situación justifique el otorgamiento inmediato de las medidas. 6. La Comisión evaluará con periodicidad la pertinencia de mantener la vigencia de las medidas cautelares otorgadas. 7. En cualquier momento, el Estado podrá presentar una petición debidamente fundada a fin de que la Comisión deje sin efecto la solicitud de adopción de medidas cautelares. La Comisión solicitará observaciones a los beneficiarios o sus representantes antes de decidir sobre la petición del Estado. La presentación de dicha petición no suspenderá la vigencia de las medidas cautelares otorgadas. 8. La Comisión podrá requerir a las partes interesadas información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares. El incumplimiento sustancial de los beneficiarios o sus representantes con estos requerimientos, podrá ser considerado como causal para que la Comisión deje sin efecto la solicitud al Estado de adoptar medidas cautelares. Respecto de medidas cautelares de naturaleza colectiva, la Comisión podrá establecer otros mecanismos apropiados para su seguimiento y revisión periódica. 9. El otorgamiento de esas medidas y su adopción por el Estado no constituirá prejuzgamiento sobre la violación de los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y otros instrumentos aplicables.
46. ¿En qué casos no podrá la Comisión ayudarme? La Comisión no puede: ◆
pronunciarse respecto de un Estado que no es miembro de la OEA;
proporcionar abogado/as para asistir en procesos judiciales internos o para presentar ◆
una petición o solicitud de medida cautelar ante la Comisión; ◆
suministrar ayuda económica o instrumentos de trabajo a las personas;
◆
realizar trámites migratorios, o tramitar el otorgamiento de visas o asilo político.
47. ¿Puedo presentar una solicitud de medidas cautelares sin presentar o haber presentado una petición? Sí. Si bien es posible que haya medidas cautelares asociadas con peticiones, los procesos de medida cautelar y de petición pueden ser independientes.
48. ¿La decisión que tome la Comisión respecto de la solicitud de medidas cautelares influye en la decisión que tome respecto de la petición? No. Como los procesos son independientes, si la Comisión decide adoptar o rechazar una solicitud de medidas cautelares la petición continuará en curso hasta que la Comisión decida el trámite que le dará.
¿CÓMO PRESENTO UNA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES?
49. ¿Quién puede presentar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión? Cualquier persona -o grupo de personas- por sí misma o en representación de otra, puede presentar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión. Una persona puede ser a su vez solicitante y beneficiaria. Si la persona que es beneficiaria desea cambiar la representación o constituirse como solicitante debe comunicarlo de inmediato a la Comisión por escrito, ya que por práctica general, la Comisión se mantendrá en comunicación con lo/as solicitantes. Además, en el caso de un cambio de dirección u otro dato de contacto, es importante notificarlo por escrito. Solicitante/s: persona o grupo de personas que presenta/n la solicitud de medidas cautelares. ◆
Beneficiario/as: persona o grupo de personas a favor de quien/es se adopta/n las medidas cautelares. Esta/s persona/s deben estar determinadas o ser determinables. ◆
50. ¿Puede la Comisión mantener en reserva la identidad de la persona que se propone como beneficiaria? Generalmente cuando la Comisión se dirige al Estado en relación con la solicitud de medidas cautelares, debe comunicarle la identidad de la persona que se propone como beneficiaria, ya que el Estado debe saber a quién brindarle protección. Sin embargo, si la persona tiene algún inconveniente al respecto, la situación puede ser comunicada a la Comisión para que la considere. En ciertos casos, la Comisión podrá optar por proteger la identidad d e esta persona en los documentos que se hacen públicos, por ejemplo, mediante la sustitución del nombre completo
por sus iniciales. La solicitud de que se proteja la identidad de la persona que se propone como beneficiaria debe ser hecha a la Comisión, con una exposición de sus razones.
51. ¿Puede la Comisión mantener en reserva la identidad de la persona solicitante? Sí. La Comisión puede mantener en reserva la identidad de la persona solicitante, si así lo requiere expresamente. Sin embargo, si quien solicita la medida es la misma persona que se propone como beneficiaria, la Comisión generalmente comunica al Estado su identidad. Si la persona tiene algún inconveniente al respecto, la situación puede ser comunicada a la Comisión para que la considere.
52. ¿En qué idioma debo presentar mi solicitud de medidas cautelares? Los idiomas oficiales de la CIDH son el español, inglés, portugués y francés, y generalmente sólo es necesario enviar la solicitud de medidas cautelares en uno de ellos que sea utilizado por el Estado. Sin embargo, si existe algún problema para hacerlo de esta manera, la situación puede ser comunicada a la Comisión para que la considere. En todo caso, es importante tener presente que si se decide trasladar la información presentada al Estado, ésta deberá estar en el idioma oficial que el Estado utiliza. Por este motivo, cuando una solicitud de medidas cautelares no esté en dicho idioma, es posible que la Comisión le requiera que procure obtener los medios necesarios para que sea traducida.
53. ¿Necesito un/a abogado/a para presentar mi solicitud de medidas cautelares? No. La Comisión no exige la representación de un/a abogado/a en la p resentación y trámite de la solicitud de medidas cautelares.
54. ¿Tiene algún costo económico presentar mi solicitud? No. Los procedimientos ante la Comisión son gratuitos.
55. ¿Qué información es importante incluir en mi solicitud de medidas cautelares? > DATOS PERSONALES ◆ Los datos de la persona solicitante, tales como e l nombre completo, teléfono, dirección postal,
fax y correo electrónico, si lo tuviere, y la indicación de si solicita la reserva de identidad. ◆ La determinación de la persona -o grupo de personas- que se propone como beneficiaria, y los
datos de contacto, de ser posible. En caso de no ser posible individualizar a todas las personas, se debe proporcionar datos suficientes para que el Estado pueda brindarles protección. ◆ En caso de que la persona se e ncuentre privada de libertad, se debe indicar e l lugar de
detención. > DENUNCIAS ANTE AUTORIDADES ESTATALES ◆ Una explicación de si los hechos alegados han sido denunciados a las autoridades o si ha pe dido
protección al Estado y una descripción de cuál ha sido la respuesta obtenida, en caso que la hubiera; o la explicación de los motivos por los cuales no hubiera sido posible hacerlo. ◆ La indicación de si la persona -o grupo de personas- que se propone como beneficiaria ya tiene
medidas de protección a nivel interno. En caso afirmativo, la ex plicación de cuál ha sido la efectividad de dichas medidas.
> MEDIDAS SOLICITADAS ◆ La descripción de las medidas de protección u otras que son requeridas.
> HECHOS ALEGADOS ◆ Una descripción detallada y cronológica de los hechos que demuestran la ex istencia de una
situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad. ◆ La situación actual de las personas que se proponen como beneficiarias y su grado de riesgo. ◆ En caso de ser posible, deberán enviarse las copias simples y legibles de los documentos
necesarios para entender la situación de la persona o grupo de personas que se propone como beneficiario/a, tales como copias de denuncias ante autoridades, cert ificados médicos en situaciones relativas a salud, y demás denuncias judiciales relevantes en caso de haberlas. En caso de no ser posible presentar estos documentos, se deberán exponer las razones. Las fotocopias de documentos no requieren de ninguna formalidad, es decir, no es necesario que estén certificadas, apostilladas, legalizadas, o autenticadas legalmente. No es necesario enviar varias copias del mismo documento. En caso de enviarse la solicitud y sus anexos por cor reo postal, es preferible que la documentación no esté empastada, encuadernada o plastificada.
> VINCULACIÓN CON UNA PETICIÓN O CASO ANTE LA COMISIÓN La indicación de si la persona ya ha presentado una petición o t iene un caso pendiente ante ◆
la Comisión, y en caso afirmativo, la fecha de la presentación de la petición y el número de referencia que le fue asignado a la petición o caso.
Por regla general, la Comisión no devuelve documentos que han sido enviados en el marco de una solicitud de medidas cautelares. Por esta razón, no deben enviarse originales.
¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO QUE SIGUE MI SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES?
57. ¿En algún momento debo ir a la sede de la Comisión? No es necesario acudir a la Comisión, porque el procedimiento es principalmente por escrito. En ciertos casos, la Comisión puede convocar, de ser necesario, audiencias o reuniones de trabajo.
58. ¿Cómo conozco la decisión de la Comisión respecto de mi solicitud de medidas cautelares? La Comisión remite una carta notificando la decisión adoptada. La carta será enviada a la persona solicitante a la dirección indicada en la solicitud.
59. Después del envío de mi solicitud inicial de medidas cautelares, ¿puedo presentar información adicional? De ser necesario, la persona solicitante puede enviar comunicaciones adicionales sobre la situación de la persona/s que se propone/n como beneficiaria/s o sobre los hechos alegados en cualquier momento.
60. ¿Qué sucede si la Comisión decide otorgar mi solicitud de medidas cautelares? En ese caso, la Comisión se dirigirá a las autoridades que representan al Estado concernido, con el fin de solicitar que adopte determinadas medidas de protección o prevención. El Estado es quien implementa las medidas cautelares, en diálogo con la/s persona/s beneficiaria/s.
4. Formulario para Presentar una Petición ante la CIDH El presente formulario se basa en la información requerida por el Reglamento de la Comisión
Interamericana para procesar las peticiones recibidas y deter minar si se han violado los derechos humanos protegidos por tratados internacionales ratificados por el Estado respecto del cual se alegan las mencionadas violaciones. La información requerida se encuentra enumerada en e l artículo 28 del Reglamento de la CIDH, en los siguientes términos: Artículo 28. Requisitos para la consideración de peticiones
Las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente información: a. el nombre, nacionalidad y firma de la persona o personas denunciantes o, en el caso de que el peticionario sea una e ntidad no gubernamental, el nombre y la firma de su representante o representantes legales; b. si el peticionario desea que su identidad sea mantenida e n reserva frente al Estado; c. la dirección para recibir corr espondencia de la Comisión y, en su caso, número de teléfono, facsímil y dirección de correo electrónico; d. una relación del hecho o situación denunciada, con especificación del lugar y fecha de las violaciones alegadas; e. de ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o situación denunciada; f. la indicación del Estado que el peticionario considera responsable, por acción o por omisión, de la violación de alguno de los derec hos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, aunque no se haga una referencia específica al artículo presuntamente violado; g. el cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente Reglamento; h. las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del presente Re glamento; i. la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo
internacional conforme al artículo 33 del presente Reglamento.
*ANEXAR EL FORMULARIO
Total de denuncias recibidas en el año 2010 por país.
En el gráfico precedente se muestra el total de denuncias recibidas por año, según el Estado respecto al cual se presentó la petición.
b.
Total de denuncias recibidas por año.
180 0 1598 160 0 1456 140 0
1319
133 0
132 5
143 1 132 3
120 0 1050 979 100 0
885
800 658 571
600
520 435
400
200
0 1997
1998
1999
2000
2001
2002*
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009**
2010
El gráfico que se presenta incluye el número total de denuncias recibidas por la Comisión en los últimos trece años. Se ha considerado como "denuncia" toda queja, presentada por escrito, sobre la alegada violación por un Estado miembro de la Convención y/o la Declaración Americana u otro instrumento. * En el año 2002, se recibieron 3783 denuncias adicionales a las que tiene el gráfico, que se refieren a la situación de los derechos humanos de las personas afectadas por medidas bancarias ("Corralito") en Argentina.
** En el año 2009, se recibieron denuncias adicionales a las que tiene el gráfico, que se refieren a la situación creada por el golpe de Estado en Honduras. El número completo de estas denuncias será publicado oportunamente.
SU FUNCIONAMIENTO Sin perjuicio de algunos aspectos que se enc uentran previstos en el propio texto de la Convención, en lo que concierne al funcionamiento de la Comisión, éste se encuentra regulado fundamentalmente por e l Estatuto y por el Reglamento de la Comisión.
a) Su organización interna De acuerdo con lo previsto en e l art. 6 del reglamento de la Comisión, la directiva de la misma estará compuesta por un Presidente, un primer Vicepresidente, y un segundo Vicepresidente, quienes tendrán las funciones
señaladas en el Reglamento. La elección de las referidas autoridades será secreta, sin perjuicio de que, por acuerdo unánime de los m iembros presentes, la Comisión pueda acordar un proce dimiento distinto. De acuerdo con lo previsto en e l art. 8 del Reglamento, el mandato de los integrantes de la directiva es de un año de duración, y el ejerc icio de los cargos directivos se extiende desde la e lección de sus integrantes hasta la realización, en el año siguiente, de la e lección de la nueva directiva. Los integrantes de la directiva podrán ser reelegidos en sus respectivos cargos sólo una vez en cada período de cuatro años. En caso de que expire e l mandato del Presidente o de alguno de los Vicepresidentes en ejercicio como miembro de la Comisión, mientras se elija un nuevo presidente o v icepresidente, por el vicepresidente o, a falta de éste, por el miembro más antiguo de la Comisión que le siga en orden de precedencia. Según el art. 9 del Reglamento, en caso de que un miembro de la directiva renuncie a su cargo o deje de ser miembro de la Comisión, ésta llenará dicho cargo en la sesión inmediatamente siguiente, por el tiempo que reste del mandato. De acuerdo con el art. 15 de su Reglamento, la Comisión podrá crear relatorías para el mejor cumplimiento de sus funciones; los titulares de esas relatorías serán designados por mayoría absoluta de votos de los miembros de la Comisión, y podrán ser miembros de dicho órgano u otr as personas seleccionadas por ella, según las circunstancias. La Comisión establecerá las características del mandato encomendado a cada relatoría. Los re latores presentarán periódicamente al plenario de la Comisión sus planes de trabajo. En ejercicio de estas atribuciones, en su 97º período ordinario de sesiones, celebrado en octubre de 1997, la Comisión decidió establecer una Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión. La Comisión también podrá crear grupos de trabajo o comités para la preparación de sus períodos de sesiones o para la realización de programas y proyectos especiales. La Comisión integrará los grupos de trabajo de la manera que considere adecuada. En este sentido, el art. 36 del Reglamento ha previsto un grupo de trabajo que se reunirá antes de cada período ordinario de sesiones, a fin de estudiar la admisibilidad de las peticiones y formular recomendaciones al plenario de la Comisión. Asimismo, de acuerdo con el art. 6 5 del Reglamento, el Presidente de la Comisión podrá conformar grupos de trabajo para atender el programa de audiencias previsto para un determinado período de sesiones.
b) Su sede Conforme a lo previsto en el art. 16 del Estatuto, se ha fijado como se de de la Comisión la ciudad de Washington. Sin perjuicio de lo anterior, ella puede reunirse en cualquier otro Estado miembro de la OEA, con la anuencia del gobierno respectivo o por invitación suya.
c) Sus períodos de sesiones La propia Comisión tiene competencia para determinar el número de sus sesiones ordinarias anuales, y para convocar a los períodos de sesiones extraordinarias que considere convenientes. En el art. 15 de la versión anterior del Reglamento se disponía que la duración total de los períodos de sesiones ordinarias no podía exceder de ocho semanas al año; si bien esa limitación ya no existe en el actual Reglamento, el número de sesiones -ordinarias o extraordinarias- depende, en última instancia, de la disponibilidad de recursos financieros y del presupuesto que se le asigne a la Comisión. Según el art. 14 del Reglamento, la Comisión celebrará al menos dos períodos ordinarios de
sesiones al año durante el lapso previamente determinado por ella, y el número de sesiones extraordinarias que considere necesarios. Cada período se compondrá de las sesiones necesarias para el de sarrollo de sus actividades. Antes de la finalización de un período de sesiones se determinará la fecha y lugar del período de sesiones siguiente.
Principios De acuerdo con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “las instituciones jurídicas y políticas […] tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre”. La Comisión tendrá presente esta finalidad al estudiar cualesquiera propuestas sobre su normativa, políticas y prácticas; toda medida de cambio o reforma dependerá de una conclusión fundamentada sobre cómo mejorar la protección de los derechos de la persona humana. La Comisión conducirá el proceso de revisión guiada por los siguientes principios: 1. la amplia participación de todos los actores interesados en el proceso de revisión de las normas reglamentarias, prácticas o políticas implementadas por la CIDH relacionadas con las recomendaciones ya mencionadas; 2. la consideración de todos los insumos presentados por los diversos actores y la adopción, en forma independiente y autónoma, de las decisiones conducentes a la mejor consecución de su mandato, y 3.la importancia de dotar a todas sus acciones del mayor nivel de eficacia.
Relatorías y Unidades Temáticas A partir del año 1990, la Comisión Interamericana empezó a crear Relatorías Temáticas con el objeto de brindar atención a ciertos grupos, comunidades y pueblos que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y por la discriminación histórica de la cual han sido objeto. La finalidad de crear una Relatoría Temática es fortalecer,
