DERECHO INTERNACIONAL INTERNACIONAL PÚBLICO (II PARTE)
SURGIMIENTO DEL ESTADO Y RECONOCIMIENTO
1. Nacimiento y formas de organización del Estado Para que una entidad surja como Estado es necesario que cuente con los elementos constitutivos exigidos por el derecho internacional: -población permanente; -territorio determinado; -gobierno; y -capacidad de entablar relaciones con otros Estados. Un Estado puede surgir por: a-Fundación: consiste en la proclamación de un Estado sobre un territorio que no pertenece a nadie. Por ejemplo: Liberia en 1847. b-Unión: consiste en la unión con otros Estados, se produce cuando dos o mas Estados forman uno nuevo. Por ejemplo: República Árabe Unida se formo por la unión entre Siria y Egipto. c-Desmembramiento: se presenta cuando un Estado se desintegra y nacen en su lugar varios nuevos Estados. Por ejemplo lo sucedido con la antigua Yugoslavia, que dio origen a Estados de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Serbia y Montenegro. d-Emancipación: tiene lugar cuando un territorio dependiente o colonial rompe los vínculos con la metrópoli y se independiza, dando lugar a la aparición de un nuevo Estado. Por ejemplo la mayoría de los Estados latinoamericanos o africanos. e-Secesión: puede ser definida como la creación de un Estado por amenaza o el uso de la fuerza y sin el consentimiento del antiguo soberano. El Estado se crea sobre una porción de territorio que pertenece a otro Estado. Por ejemplo Panamá que dejo de formar parte de Colombia. f-Separación: se produce mediante un proceso pacifico, es decir, con el consentimiento del Estado del cual se desprende para dar forma a uno nuevo. Por ejemplo: Montenegro que se separo de Serbia luego de un proceso de referéndum. El reconocimiento o no de un gobierno no afecta la subjetividad del Estado frente a las obligaciones internacionales, aunque si puede obstaculizar la capacidad de dicho Estado para otros propósitos, por ejemplo el derecho a reclamar. El derecho internacional no establece la preferencia de un sistema político por sobre otro, en virtud de los principios de igualdad soberana, independencia de los Estados y libre determinación de los pueblos.
2. Reconocimiento de Estados Tiene lugar cuando aparece un nuevo Estado. El reconocimiento es la aceptación de un Estado en relación con otros Estados de un hecho hec ho o situación.
2.1-Tesis y efectos Desde un punto de vista normativo y teórico, un Estado que satisface los elementos característicos adquiere el status de tal, en tanto no existe ninguna norma que exija que los Estados deban ser reconocidos para ser considerados como tales. Diversas tesis han sido desarrolladas por la doctrina, y por la práctica de los Estados en materia de reconocimiento. a)Teoría declarativa: según el cual el reconocimiento de Estado es un acto de carácter declarativo, y en tal sentido, no hace mas que constatar la existencia de un nuevo Estado. El Estado existe ipso facto desde el momento en que cuenta con los elementos que lo constituyen, sin perjuicio de que sea o no reconocido por terceros Estados. El reconocimiento tiene entonces un efecto simbólico que constata un hecho. Esta tesis fue receptada en la Convención sobre Derechos y Deberes del Estado que recepta “El reconocimiento de un Estado meramente significa que el que lo reconoce acepta la personalidad del otro con todos los derechos y deberes determinados por el Derecho Internacional. El reconocimiento es incondicional e irrevocable”.
El reconocimiento tiene efecto declarativo. La Carta de la OEA también dispone en tal sentido que art. “La existencia de política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados”.
Clase: el acto de reconocimiento es un acto de naturaleza política, y por lo tanto es declarativo y no constitutivo, y es opcional y discrecional. Discrecional porque puede o no reconocer de acuerdo a la
conveniente. Y opcional porque puede o no hacerlo, y en caso de reconocer, reconoce algo que ya existía. Actualmente prevalece la teoría que es de naturaleza política, discrecional y por lo tanto es declarativo. b)Teoría constitutiva: esta doctrina parte de la premisa de que un Estado solo existe cuando otros Estados reconocen que las condiciones para su existencia existencia están dadas. El Estado no es tal sino hasta que es reconocido por otros Estados. En el marco de esta teoría puede incluirse lo que ha ocurrido con los nuevos Estados emergentes de la Antigua Unión Soviética, donde los nuevos Estados debían satisfacer ciertos requisitos a efectos de contar con el reconocimiento formal como Estados. El acto de reconocimiento es un acto de naturaleza jurídica, y como es de naturaleza jurídica es obligatorio y constitutivo, y si es constitutivo, comienza su existencia como si antes no hubiese existido. -Variantes de reconocimiento frente a situaciones particulares El caso de reconocimiento precipitado: que se produce en situaciones de reconocimiento de un Estado antes de que los requisitos que conforman el Estado estén satisfechos. El motivo de ese reconocimiento es desde la perspectiva constitutiva cooperar con el efectivo reconocimiento y nacimiento del nuevo Estado, por ejemplo el reconocimiento de la entidad Mauritana antes de la creación del Estado de Mauritania. Por otro lado se desarrollo la doctrina Lauterpacht, considerada por algunos como una variante de la teoría constitutiva en tanto parte de la idea de que el reconocimiento es un elemento constitutivo del Estado. Esta doctrina supone una obligación de los Estados de reconocer al nuevo Estado una vez que están dados sus elementos. Y la doctrina Stimson, consiste en adoptar una posición según la cual los Estados no debieran reconocer un nuevo Estado que han surgido como consecuencia de la violación de una norma de derecho internacional, por ejemplo el principio del uso de la fuerza. La CIJ se ha referido a este principio al sostener que un acto unilateral que se realiza en contra de una norma jurídica no puede otorgar derechos, existiendo, además e deber de los demás Estados de poner fin a esa situación de ilegalidad. El reconocimiento de un Estado por parte de los demás es lo que le permite ejercer su capacidad de actuar, consolidar su soberanía territorial, contar con el respaldo para protegerla de interferencias o intervenciones, celebrar tratados de toda índole con otros Estados. A nivel nacional el no reconocimiento tiene sus efectos ante la imposibilidad de que un Estado se presente ante los tribunales del Estado que no lo ha reconocido. No hay una obligación internacional de reconocer un nuevo Estado y ningún Estado va a incurrir en responsabilidad internacional si no otorga el reconocimiento. No obstante, todo Estado tiene derecho con independencia de que haya sido objeto o no de reconocimiento a que se respeten su soberanía territorial y otros atributos básicos del Estado.
2.2-Formas ¿Cómo puede realizarse el reconocimiento de un nuevo Estado? Es posible que este se efectúe en forma: a)Expresa: a través de cualquier manifestación de voluntad que implique la intención de reconocer al Estado, como podría serlo la celebración de un tratado para el reconocimiento del nuevo Estado. b)Implícita: a través de actos emanados de órganos competentes. Por ejemplo el hecho de entablar relaciones diplomáticas con el nuevo Estado, enviar un mensaje de congratulación al nuevo Estado. Mantener relaciones diplomáticas no significa reconocimiento tácito, solo que sea el hecho de mantener relaciones diplomáticas permanentes. No deben confundirse aquellos reconocimientos implícitos con otros actos que no conllevan al reconocimiento del nuevo Estado, como ser el mantenimiento transitorio de relaciones relaciones diplomáticas, el entablar alguna forma de negociación en alguna cuestión especifica, el celebrar un tratado multilateral en el que un Estado al que no se el reconoce ya forma parte, el establecimiento de representaciones oficiosas, o la admisión o partición del nuevo Estado en una organización internacional. Las relaciones consulares no significa un reconocimiento tácito del Estado, al no ser suficiente. Celebrar un tratado, en la doctrina clásica es si, pero en el derecho internacional no resulta suficiente porque existen otros sujetos de derecho internacional que también tienen capacidad para celebrar tratados. Participación en organismos internacionales no significa que haya sido reconocido como Estado. Para determinar si un acto implica un reconocimiento implícito deberá realizarse sobre la base de una casuística cuya clave residirá en determinar si el comportamiento en cuestión permite inferir que hay una voluntad de reconocimiento al nuevo Estado. El reconocimiento de Estado también puede ser de jure o de facto. El reconocimiento será de jure cuando se haga con relación a un Estado que ha adquirido el estatutos de tal en forma definitiva y plena, y será de facto cuando haya dudas sobre la permanencia y consolidación del nuevo Estado, razón por la cual el reconocimiento sería de carácter provisorio hasta tanto se produzca el reconocimiento de jure.
3. Reconocimiento de Gobiernos La discusión alrededor de este tema adquiere importancia ante cambios políticos de gobierno que no se producen en forma normal o constitucional o cuando se llevan a cabo de una manera revolucionaria. La importancia de esta cuestión se debe a la necesidad de determinar cual es el Gobierno que representa a un Estado y puede obligarlo.
3.1-Doctrinas Distintas teorías han sido desarrolladas frente al reconocimiento de Gobiernos. Algunos suelen agruparlas en teorías de la legalidad o legitimidad y teorías de la efectividad, según se reconozcan solo gobiernos de derecho o a aquellos que ejerzan un poder efectivo sobre la población y el territorio, sin importar por que medios accedieron al poder. a)Doctrina Jefferson: Jefferson quien en 1972 frente al fin de la monarquía francesa y la proclamación de la Primera República Francesa, expreso “Va de acuerdo con nuestros principios determinar que un gobierno legitimo es aquel creado por la voluntad de la nación, substancialmente declarada…la voluntad de la nación es la única cuestión esencial a considerar”.
Para esta doctrina, la declaración de la voluntad popular es el factor determinante para el reconocimiento de un Estado. Respeta el principio de no intervención frente a un cambio de régimen. Las relaciones diplomáticas se mantienen sin importar la forma por la cual asumió el nuevo régimen de gobierno. Esta teoría establece una preeminencia del principio de no intervención en cuestión de reconocimiento de gobiernos. Por ejemplo cuando EEUU reconocía a gobiernos de facto de Perú, Bolivia y Argentina. b)Doctrina Tobar: cuyo Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Ecuador, en 1907 expreso “Republicas americanas, por su buen nombre y crédito, aparte de otras consideraciones humanitarias y altruistas, deben intervenir de modo indirecto en las decisiones internas de las repúblicas del continente. Esta intervención podría consistir a lo menos en el no reconocimiento de gobiernos de hecho surgido de revoluciones contra la constitución”. Esta doctrina ordena no reconocer un gobierno que asumió al poder en contra del orden constitucional hasta tanto no sea legitimado a través de algún sistema democrático, por ejemplo un plebiscito. La finalidad era frenar las revoluciones y golpes de Estado en América Latina, y evitar intervenciones europeas en casos de revolución. La presencia de esta doctrina se vislumbra también en la opinión consultiva de la CIJ sobre las Consecuencias jurídicas que tienen para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia. Si bien la Corte concluyo que los Estados estaban obligados a abstenerse de enviar misiones diplomáticas a Sudáfrica, y a retirar las que allí se encontraran, aclaro que el mantenimiento de tales agentes no implicaba el reconocimiento de las autoridades sudafricanas. c)Doctrina Wilson: es considerada una evolución de la doctrina Jefferson. Wilson remitió una circular a las misiones diplomáticas norteamericanas en el exterior manifestando: “ El propósito de los Estados Unidos es única y exclusivamente asegurar la paz y el orden de Centroamérica vigilando que el proceso de autogobierno no se interrumpa o abandone”.
d)Doctrina Larreta: Larreta propulsaba la necesidad de adoptar una posición colectiva o concertada entre los Estados americanos respecto de los Gobiernos que surgieran por vías de hecho, cuando tuvieron lugar los gobiernos de facto en América, se postulaba la necesidad de que lo Estados americanos efectuaran consultas entre si antes de reconocer un nuevo Gobierno establecido por fuerza. e)Doctrina Estrada: esta surge básicamente como reacción a la Doctrina Tobar y los peligros que generaba el hecho de dejar sujeto a la discreción de Gobiernos extranjeros el reconocimiento de los gobiernos. Estrada dio a conocer lo que se transformo en la doctrina de su nombre, con motivo de los cambios de régimen que se estaban produciendo en América del Sur, y enunciaba que los Estados deben abstenerse de realizar un acto de reconocimiento o no reconocimiento en tanto ello hace a la esfera interna de los Estados, y lo contrario implicaría una violación al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. El objetivo de esta doctrina es preservar la continuidad en las relaciones con el Estado independientemente de su gobierno, es decir, sin hacer un juicio sobre la legitimidad del gobierno extranjero. Es decir que el reconocimiento va a estar limitado a entablar relaciones diplomáticas. f)Doctrina Lauterpacht: doctrina de la efectividad, según esta teoría existe una obligación de reconocer a los gobiernos cuando tienen un control efectivo sobre el territorio y población, esto es, cuando tiene la capacidad para ejercer en forma continua las funciones políticas propias de un Estado. Dice que si algo controla efectivamente un territorio, una población, ese es el gobierno y por lo tanto se deberá reconocer. Debe otorgarse el reconocimiento cuando el gobierno es efectivo. Como lo sucedido con el Comité Badinter, donde se evaluó si los Estados de la antigua Yugoslavia satisfacían las condiciones para adquirir el estatus de Estado. Dicha Comisión analizo el elemento del gobierno y concluyo que este debe ser no solo legítimo, sino también efectivo. 3.2-Formas y Efectos
El reconocimiento de gobiernos puede hacerse en forma expresa o implícita. a)Expreso: conlleva notificaciones o declaraciones en las que se anuncia esta intención. b)Implícito: se produce a través de actos que aunque no se refieran de manera expresa al reconocimiento del gobierno, no dejan dudas de que la intención es reconocerlo, es decir que la intención tiene que ser inequívoca. Por ejemplo la acreditación de representantes diplomáticos ante el nuevo gobierno, la celebración de tratados bilaterales. No se consideran actos de reconocimiento por ejemplo el continuar manteniendo relaciones por asuntos de rutina o para solicita protección de los derechos de sus nacionales. En cuanto a los efectos del reconocimiento de gobiernos, según la doctrina que se adopte el reconocimiento implicara o no el establecimiento, mantenimiento o reanudación de las relaciones diplomáticas. El reconocimiento permitirá que el Estado cuyo Gobierno es reconocido pueda ser sometido ante los tribunales del Estado que lo reconoce. Contrario sensu, un gobierno no reconocido implicara que el Estado no tiene legitimación para actuar ante los tribunales internos del Estado que no reconoce. También el reconocimiento implicará el respeto por los privilegios e inmunidades de sus agentes, así como la habilitación para celebrar tratados. El reconocimiento no tiene ninguna relevancia para la determinación de la existencia de un nuevo sujeto del derecho internacional, sino que, esencialmente, su impacto se da en el ámbito de las relaciones diplomáticas.
SUCESIÓN DE ESTADOS 1.
Introducción
La sucesión de Estados no implica una sustitución de soberanía, sino una sustitución de competencias entre sujetos del derecho internacional.
2. La responsabilidad de las relaciones internacionales en un territorio El tema se plantea cuando un Estado se extingue o deja de ejercer su competencia sobre un territorio determinado, su lugar es ocupado por otro, ya sea un nuevo Estado u otro preexistente. Esa sustitución en el ejercicio de la competencia nos obliga a preguntarnos, que sucede con los derechos y obligaciones contraídos por el soberano anterior respecto de ese territorio, quien tiene la titularidad de los bienes, archivos y deudas del Estado predecesor o cual será la nacionalidad de los habitantes de ese territorio. La Comisión de Derecho Internacional, consideró la sucesión de Estados como un tema importante, y preparo dos proyectos que luego se transformaron en textos de tratados y fueron abiertos a la firma y ratificados de los Estados. a-Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados-1978; y b-Convención de Viena sobre Sucesión de Estados en Materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado1983 (no cuenta con ratificaciones suficientes para su entrada en vigor). En ambos instrumentos se definió la sucesión de Estados como “La sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio”. Según la CDI dice que la expresión “sucesión de Estados” se emplea “para referirse exclusivamente al
hecho de la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio, prescindiendo de toda connotación de sucesión en los derechos y obligaciones al ocurrir tal acontecimiento”. La palabra “responsabilidad”, debe entenderse en conjunción con las palabras “de las relaciones internacionales de un territorio”. Un Estado “sucesor” se define como “El Estado que ha sustituido a otro Estado a raíz de una sucesión de Estados”, y un Estado “predecesor” es el “Estado que ha sido s ustituido por otro Estado a raíz de una sucesión de Estados”.
De lo expuesto se concluye que la sucesión de Estados trata de regular el paso del patrimonio jurídico y material de un Estado predecesor a un Estado sucesor.
3. Sucesión de conformidad con el derecho internacional Lo previsto en las convenciones de Viena debe circunscribirse “únicamente a los efectos de una sucesión
de Estados que se produzca de conformidad con el derecho internacional y, en particular, con los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”. Una modificación territorial en
violación del derecho internacional no podría dar lugar a la aplicación de las normas de sucesión de Estados. Como se declara en el art. 6 del proyecto, la Comisión “cuando repara un proyecto de artículos para codificar las normas del derecho internacional relativo a situaciones normales, da por supuesto naturalmente que tales proyectos de artículos han de aplicarse a hechos que ocurran y a situaciones que existan de conformidad con el derecho internacional”.
4. Tipos de sucesión La sucesión de Estados es un fenómeno de pérdida de un territorio por un Estado y adquisición de territorio por parte de otro, se puede colegir que, a partir de una sucesión de Estados, pueden originarse diversas consecuencias. Una sucesión de Estados puede producirse por: a-unificación de Estados; b-absorción de un Estado por otro; c-surgimiento de un nuevo Estado como consecuencia de la descolonización de un territorio; d-por el nacimiento de nuevos Estados en el territorio donde antes ejercía sus competencias uno solo; o e-por la transferencia de parte del territorio de un Estado a otro, siendo este supuesto de sucesión parcial. Se puede analizar la cuestión a partir de dos clasificaciones principales entre los distintos tipos: a-Según si el Estado predecesor continua existiendo o no ; b-Conforme a si la modificación territorial da lugar a un nuevo Estadio o el territorio en cuestión se incorpora a un Estado preexistente . Una de las primeras cuestiones que se plantean con la sucesión de Estado es si los Estados sucesores deben continuar vinculados por las normas internacionales aplicables al territorio con anterioridad a la sucesión. Si bien la Convención de 1978 se ocupa exclusivamente de la sucesión de Estados en materia de derecho convencional, se desprenden que en caso de que un tratado no subsista luego de la sucesión de Estados, esto no obsta a que los derechos y obligaciones que de él se desprenden lo hagan en virtud de encontrarse vigentes en una norma consuetudinaria.
4.1-Sucesión respecto de una parte del territorio Cuando “una parte del territorio de un Estado, o cuando cualquier territorio de cuyas relaciones
internacionales sea responsable un Estado y que no forme parte del territorio de ese Estado, pase a ser parte del territorio de otro Estado”. Se trata de un caso de cesión de territorio.
Un ejemplo de sucesión de Estados por transferencia de parte del territorio se verificó en loa anexión por parte de Alemania de las actuales provincias de Alsacia y Lorena luego del fin de la guerra franco-prusiana y posterior reintegro a Francia. La convención de Viena de 1978 prevé que los tratados del Estado predecesor dejarán de esta estar en vigor respecto del territorio al que se refiera la sucesión de Estados desde la fecha de la sucesión, y los tratados del Estado sucesor estarán en vigor respecto del territorio al que se refiera la sucesión de Estados desde la fecha de la sucesión, salvo que la aplicación del tratado a ese territorio resulte incompatible con el objeto y el fin del tratado o que exista un cambio radical en las condiciones de ejecución. El articulo se conoce como “movilidad del ámbito territorial de aplicación delos tratados”
El Estado sucesor posee la facultad de decidir que determinados tratados celebrados por el predecesor puede continuar en vigor en el territorio objeto de la sucesión que ha pasado a formar parte del suyo manteniendo excepcional y parcialmente el orden jurídico establecido por el Estado predecesor.
4.2-Estados de reciente independencia La convención de Viena de 1978, trata especialmente este supuesto. El preámbulo de la convención comienza diciendo “Los Estados partes en la presente convención, considerando al profunda transformación de la comunidad internacional generada por el proceso de descolonización…” Un “Estado de reciente independencia” es definido como “un Estado sucesor cuyo territorio, inmediatamente
antes de la fecha de la sucesión de Estados, era un territorio dependiente de cuyas relaciones internacionales era responsable el Estado predecesor”.
La Convención de Viena de 1978 no hace distinción entre las distintas formas de alcanzar la independencia, sino que el acento esta puesto en que los “nuevos Estados” surjan justamente de un camino con miras a “independizarse de la potencia ocupante”. La característica, entonces, que distingue este supuesto de “nuevos Estados” de otro es que se trata de una población y un territorio diferente de los de la potencia
ocupante. El derecho internacional consagra aquí el principio que otorga a esta población su derecho a la autodeterminación y consecuente obligación de la comunidad internacional de respetar su libre
determinación y no inmiscuirse en sus asuntos internos. Dentro de este supuesto de “Estados de reciente independencia” no estarían incluidos los casos de nuevos Estados que surgen como resultado de una
separación de una parte de un Estado existente o de una unificación de los dos o más Estados existentes. El principio que se adopta para los “Estados de reciente independencia” respecto de las obligaciones contraídas por la potencia es el de la “tabula rasa”, que significa que los nuevos Estados surgidos de un proceso de descolonización no están obligados a continuar la aplicación de los tratados en los que el Estado predecesor haya sido pate, en el territorio de reciente independencia. La razón de ser de esta solución esta vinculada con el propósito de promover el comienzo de la vida internacional del nuevo Estado exento de toda obligación convencional que le impida determinar libremente su condición política y procurar su desarrollo económico, social y cultural. El Estado de reciente independencia, no esta obligado a continuar con los tratados ratificados por el Estado predecesor, pero en algunos casos podrá si lo quiere, continuar con algunos tratados o con todos. La Convención diferencia si se trata de tratados multilaterales o bilaterales. En los tratados multilaterales el Estado de reciente independencia podrá mediante una notificación convertirse en parte del tratado. En el caso de tratados bilaterales, será necesario el consentimiento del otro Estado. Una referencia especial merecen los llamados “acuerdos de transmisión” y las “declaraciones unilaterales de aceptación de tratados” , muchas veces realizados por los Estados de reciente independencia, a través
delos cuales estos últimos manifiestan su consentimiento en convertirse en Estado parte de los tratados celebrados por la antigua potencia ocupante. En el primer supuesto, se trata de tratados celebrados entre la anterior potencia ocupante y el Estado de reciente independencia. El otro supuesto es meramente una declaración unilateral del nuevo Estado.
4.3-Unifación y separación En los supuestos de unificación o separación se aplica el principio de continuidad de los tratados: o sea, que los tratados que se encontraban en vigor respecto del Estado predecesor continuaran en vigor para el Estado sucesor. La continuidad de los tratados en estos supuestos estará condicionada a la aceptación de los demás Estados parte en el tratado, a respeto del objeto y fin del tratado y a la persistencia de las circunstancias de su celebración, cuyo cambio fundamental podría constituir una causal de terminación del tratado, según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados-1969. Cuando se habla de unificación de dos o más Estados se debe incluir la absorción de un Estado por otro, pues si bien en este caso, preexiste uno de los Estados, el régimen normativo que se aplica es el mismo. Un caso paradigmático de absorción se dio en 1990 con la reunificación de Alemania, al subsistir la República Federal, que mantuvo su personalidad jurídica absorbiendo a la República Democrática que se extinguió. El tratado de unificación firmado entre la República Democrática de Alemania y la República Federal de Alemania, establecía la unificación de ambos Estados. En cuanto a la separación de una parte o partes de un territorio que da lugar a la formación de uno o varios Estados sucesores, hay que distinguir entre la disolución de un Estados en pos de la aparición de dos o mas Estados sucesores (lo que implica la desaparición del Estado predecesor), y la secesión, es decir, la aparición de dos o mas Estados con la subsistencia del Estado predecesor. El primero de los casos responde al desmembramiento de la República Federal Socialista de Yugoslavia que dio origen a varios Estados, como así también la disolución de Checoslovaquia. El supuesto de secesión se corresponde con la separación de India y Pakistán en 1947, cando parte del territorio de India se separo para dar origen a Pakistán.
5. Tratados de naturaleza objetiva Tanto la doctrina como las convenciones dan especial tratamiento a los acuerdos de naturaleza objetiva. Estos acuerdos son aquellos que establecen regímenes de fronteras y derechos territoriales, como pueden ser derechos de transito por territorio o vías navegables, o aprovechamiento de ríos internacionales entre otros. Se considera que la sucesión de Estados ocurrida en los hechos no impide que continúe la vigencia de este tipo de tratados, puesto que la seguridad jurídica y la necesidad de mantener cierto orden internacional hacen imperiosa su continuidad. Este concepto encuentra basamento en el principio uti possidetis iuris, que plantea que a falta de acuerdo en contrario, el Estado sucesor y la comunidad internacional deben respetar los limites territoriales establecidos por el Estado predecesor, con carácter de fronteras protegidas por el derecho internacional luego de la sucesión. En el caso relativo a la Disputa Fronteriza (Burkina Faso/Mali), la CIJ resalto el alcance general de este principio de derecho internacional considerándolo firmemente establecido para los casos de descolonización. En este sentido la Corte señalo que si bien el principio de uti possidettis parece haber sido invocado y aplicado primero en las colonias españolas de América, lo reconoce como un principio general vinculado a proceso de descolonización, donde sea que estos ocurran. Sostiene la Corte que el propósito
de su aplicación es evitar poner en peligro la independencia y estabilidad de nuevos Estados a partir de posibles luchas fronterizas luego de la retirada de la potencia administradora. El principio supone mantener el status quo territorial al momento de la independencia, lo que implica al respeto de las fronteras establecidas por acuerdos internacionales, así como también de aquellas resultantes de divisiones administrativas internas. En la disputa territorial y marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar del Caribe, la CIJ observo que el principio utti possidetis puede aplicarse a las posesiones costa afuera y a los espacios marítimos. La argentina basa uno de sus argumentos de justo titulo sobre las Islas Malvinas en la aplicación del principio utti possidettis iuris. Las islas fueron parte del dominio territorial español en América, por lo tanto, luego de transmitidas a la Argentina a partir de su emancipación. Habiendo sido España la dueña de las islas al producirse la emancipación “pasaron al dominio nacional, por sucesión, y las legitimas posesiones españolas y argentinas parecen unidas de hecho y legalmente”.
Una excepción a la continuidad estaría en los acuerdos sobre la instalación de bases militares, debido al componente predominantemente político de este tipo de acuerdos. En la Convención de 1978 este principio se ve reflejado en el art. 11 y 12, que refieren al régimen de frontera y a otros regímenes territoriales, respectivamente.
6. Sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado Respecto a la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas, la necesidad por parte de la comunidad internacional de dotar de seguridad jurídica a los sujetos que la componen condujo a la adopción de la Convención de Viena de 1983. Esta convención aún no logra la cantidad de ratificaciones necesarias para su entrada en vigor, por lo que contiene normas que encuentran su aplicación como principios generales del derecho internacional. A efectos de dilucidar de que forma y que bienes deudas pasan al Estado sucesor, la regla principal adoptada en la Convención es la obligación tanto del Estado predecesor como del Estado sucesor de negociar de buena fe un acuerdo para repartir los bienes, archivos y deudas que pasaran al nuevo Estado. La norma general a aplicar es el traspaso conjunto y equitativo de bienes, archivos y deudas propiedad del Estado predecesor, definiendo a la propiedad estatal como todo tipo de propiedad, derechos e interés que ala fecha de la sucesión pertenecían al Estado predecesor de acuerdo con su derecho interno. Los derechos del Estado predecesor expiran y son reemplazados por idénticos derechos puestos en cabeza del Estado sucesor, careciendo el Estado predecesor de derecho alguno a indemnización o compensación en virtud del traspaso y no pudiendo afectar transferencia derechos o intereses de terceros Estados.
6.1-Bienes de propiedad publica Se entiende por “bienes del Estado predecesor” los “Bienes derechos intereses que en la fecha de la sucesión de Estados y de conformidad con el derecho interno del Estado predecesor pertenecían a éste”.
Respecto de la sucesión de bienes de un Estado, la regla general es que los inmuebles propiedad del Estado predecesor siempre serán transferidos al Estado sucesor, pues están ligados directamente a su territorio. En cambio, los bienes muebles poseen regímenes especiales dependiendo de la causa que dio origen a la sucesión. Con relación al traspaso de bienes en el resto de las formas posibles en la sucesión, la Convención recepta el principio de autonomía de la voluntad de las partes y legisla en función de los diversos supuestos. Si se produce una sucesión respecto a una parte del territorio, a falta de acuerdo entre las partes, los bienes in muebles pasan al acervo del Estado sucesor y también los bienes muebles ligados a la actividad del predecesor en el territorio a suceder. En el caso de Estados de reciente independencia, además de pasar todos los bienes que se encuentren dentro de su territorio, corresponde el traspaso en forma proporcional a su contribución de los que, encontrándose fuera de los límites territoriales, hayan sido obtenidos durante su periodo de dependencia. En los casos de separación o disolución de un Estado, el estado sucesor adquiere como regla general los inmuebles situados dentro dela jurisdicción del Estado predecesor, los bienes muebles relacionados directamente con las actividades llevadas a cabo en dicho territorio y una parte proporcional de los bienes muebles e inmuebles que el Estado predecesor poseía en el extranjero. Los inmuebles propiedad de un Estado que se encuentren fuera de los limites de este, en caso de que el predecesor continúe su existencia, quedan bajo su dominio, salvo acuerdo en contrario. En cambio cuando el Estado predecesor deje de existir, la regla general es que las propiedades en el exterior se dividan según como se haya producido la extinción del predecesor.
6.2-Archivos de Estado La Convención de Viena de 1983, en su art. 20 define los archivos de Estado del Estado predecesor como: Todos los documentos, sean cuales fueran las fechas y naturaleza producidos o recibidos por el Estado
predecesor en el ejercicio de sus funciones que en la fecha de la sucesión de Estados, pertenecen al Estado predecesor de conformidad con su derecho interno y eran conservados por el directamente o bajo su control en calidad de archivos con cualquier fin. Al igual que e n el caso de bienes públicos, la regla general aplicable es la transferencia sin compensación de la totalidad de los archivos vinculados y /o necesarios para la normal administración del territorio objeto de la sucesión. En los supuestos de sucesión de una parte del territorio en que la posesión de los archivos por el Estado predecesor resulte indispensable, este Estado podría retener el original y entregar una copia al Estado sucesor.
6.3-Deuda pública Si bien la regla general en la materia es que no existe obligación del Estado sucesor de asumir las deudas contraídas por el Estado predecesor, pues en principio no podría concebirse tal obligación sin el consentimiento del Estado, en la actualidad los Estados afectados han adoptado la idea de un traspaso proporcional de las deudas. Subyace a esta práctica el interés de honrar las obligaciones contraídas con terceros Estados y con el mercado financiero internacional, así como también la intención de mantener cierta estabilidad en las relaciones económicas internacionales. El derecho internacional distingue tres tipos de deudas públicas: a-local: es definida como aquella que ha sido contraída directamente por una autoridad política inferior al Estado. b-localizadas: son aquellas contraídas por el Estado predecesor que guardan una relación directa con el territorio objeto de la sucesión o con su población. Por ejemplo la deuda que haya contraído el P.E. para la construcción de obra publica total o parcialmente en el territorio objeto de la sucesión. c-nacional: también pasaría al nuevo Estado la parte equitativa de la deuda publica nacional contraída por la Administración central respecto a la prestación de servicios generales de los que se ha beneficiado la población o el territorio objeto de la sucesión. Excepción: cuando la deuda beneficia solo a una parte del Estado. Esta deuda sigue al territorio más allá de si el proceso fue voluntario o de independencia. El que paga es el que se beneficio.
7. La sucesión de Estados y su impacto sobre la nacionalidad de los habitantes del territorio El último punto a tratar en relación con las transformaciones territoriales de los Estados es como influyen estas variaciones en la nacionalidad de los habitantes de un territorio. En casos de unificación o de absorción de un Estado por otro, lo normal es que se extienda la nueva nacionalidad a todos los que poseían la nacionalidad de los Estados predecesores. El inconveniente principal se centra en los supuestos de aparición de nuevos Estados y en los casos de transferencias territoriales. La cuestión precedentemente planteada nos ofrecería dos soluciones: la adquisición automática de la nacionalidad del Estado sucesor y el ofrecimiento de una opción por la nacionalidad del Estado predecesor, si esta subsiste, o por la nacionalidad de los diversos Estados sucesores que resulten de la sucesión de Estados.
8. La sucesión de Estados y la membrecía en las organizaciones internacionales Respecto ala pertenencia como miembro a una Organización Internacional por parte de un Estado sucesor en reemplazo de su predecesor, al regla general aplicable es que cada uno de ellos, toda vez que el Estatuto constitutivo de cada Organización no contemple la continuación como posibilidad, deberá solicitar su admisión, cumplimentando los requisitos pertinentes y sometiéndose a los procedimientos de aceptación de su candidatura. El caso de la sucesión de Estados por unificación tiene en el seno de las Naciones Unidas, un trato diferente, que surge de un acuerdo implícito entre los miembros. La regla general aplicable es que el nuevo Estado ocupe el lugar de miembro dejado por los predecesores una vez que el nuevo Estado notifique al secretario general de las Naciones Unidas la voluntad de hacerse cargo de la representación de estos en la Organización.
INTRODUCCIÓN AL DERECHO DEL MAR 1. Derecho del mar: concepto Es la rama del derecho internacional público que regula los derechos y obligaciones de los Estados en los distintos espacios marítimos. Se ocupa de definir cada espacio marítimo, de establecer sus límites máximos
y los derechos y obligaciones de los Estados ribereños –costeros- y terceros Estados, así como de fijar reglas o criterios para la delimitación de dichos espacios. El derecho del mar se puede diferenciar del derecho marítimo, que es una rama del derecho privado que regula las relaciones entre particulares derivadas de la realización de actividades en el mar y en otros espacios acuáticos.
2. Evolución histórica Los espacios marítimos fueron producto de un desarrollo lo paulatino en el que los Estados costeros avanzaban con sus reclamos de soberanía o jurisdicción cada vez mas lejos de la costa. En el siglo XVI se genero una discusión doctrinaria en cuanto a si el mar era libre o podía ser objeto de apropiación. Grocio proclamaba la liberta de los mares, aunque reconocía que ello no impedía el dominio sobre una pequeña franja de mar adyacente al territorio, mientras que Salden era partidario del principio de que el mar era susceptible de dominio privado. A principios del siglo XVIII, BYNKERSHOEK sostuvo que la soberanía sobre el mar territorial debía extenderse hasta la franja de mar donde el Estado ribereño tuviera poderes efectivos, que para esa época se consideraba hasta donde llegara una bala de cañón lanzada desde la costa, originándose la teoría de las tres millas marinas. Esta diferencia de criterios impidió que se generara una práctica uniforme respecto del límite máximo del mar territorial por lo que la regla de las tres millas no podía ser considerada como norma consuetudinaria. A partir del siglo XVIII se fue generando una practica respecto de un nuevo espacio marítimo: la zona contigua, una franja de mar adyacente al mar territorial que permite al Estado ribereño ejercer ciertas competencias para controlar los buques que van a ingresar o salir de su mar territorial. En el siglo XX es cuando se produjeron los mayores cambios. En 1930 se celebro la Conferencia de la Haya. En 1945 el presidente Truman hizo una declaración unilateral que reivindicaba la jurisdicción de ese Estado sobre los recursos naturales del lecho y subsuelo de plataforma continental, reivindicando derechos de EEUU de establecer zonas de conservación en aéreas de alta mar adyacentes a sus costas. Desde 1945 y durante la década del 50, los Estados latinoamericanos tuvieron una actuación notable al reivindicar sus derechos sobre la plataforma continental y respecto de los recursos pesqueros en el mar adyacente a su territorio, más allá del mar territorial. La Declaración de Santiago en 1952 es el primer documento colectivo emitido por países del Pacifico Sur , mediante ella los países de Chile, Ecuador, y Perú proclamaron “la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 MM desde las referidas costas”, lo que se extiende al suelo y subsuelo. S e dejo a salvo el derecho de paso inocente de buques de terceras banderas. En 1958 se celebro en Ginebra la 1° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y se constata la falta de uniformidad respecto de la extensión del mar territorial. La CDI que se presento a la Conferencia, se indico que la Comisión reconocida que la practica internacional no era uniforme, pero consideraba que el derecho internacional no autorizaba a extender el mar territorial más allá de las 12 MM. La 1° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar culmino en abril de 1958 con la adopción de cuatro convenciones y un Protocolo Facultativo sobre la Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias. Las 4 convenciones son: 1-Convencion sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua; 2-Convención sobre la Plataforma Continental; 3-Convención sobre Alta Mar; 4-Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta mar. -La Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, establece que la soberanía del Estado fuera de su territorio y de sus aguas interiores se extiende a una zona de mar adyacente a sus costas: el mar territorial, así como el espacio aéreo y el lecho y subsuelo de ese mar. Estipula donde comienza el mar territorial (línea de base normal y recta –determinando los supuestos donde son aplicables cada una de ellas-), pero no determina el limite máximo de este espacio marítimo. Se explicita que las aguas situadas en el interior de la línea de base poseen el estatus de aguas interiores. En cuanto a la zona continua, la Convención de Ginebra la define como “una zona de alta mar contigua a su mar territorial”, en la cual el Estado ribereño podrá adoptar ciertas medidas de fiscalización en materia
aduanera, fiscal, inmigración y sanitaria. Establece que la zona contigua no se puede extender más allá de 12 MM contadas desde la línea de base desde donde se mide la anchura de mar territorial. -La Convención de Plataforma Continental, designa a la plata forma continental como el lecho y subsuelo del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas pero situadas fuera de la zona del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros, o mas allá de este limite, hasta donde la profundidad
de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas y el lecho del mar y el subsuelo de las regiones submarinas análogas, adyacentes a las cosas de islas. La plataforma continental comienza fuera del límite del mar territorial, es decir, más allá del lecho y subsuelo del mar territorial. El limite exterior de la plataforma continental sobre la base de un criterio de profundidad de las aguas suprayacentes, pero también deja abierta la posibilidad de una mayor extensión en función del criterio de explotabilidad. -La convención de Alta Mar, se define el “alta mar” como “la parte del mar no perteneciente al mar territorial ni a las aguas interiores de un Estado”. El art. 2 dis pone que la alta mar esta abierta a todas las naciones y que “ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de ella a su soberanía”. Enuncia
una serie de libertades: libertad de navegación, de pesca, de tender cables y tuberías submarinas y sobrevuelo. -La Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vicos de Alta Mar, se adoptan algunas bases de cooperación internacional para la conservación de los recursos vicos. Si bien el principio general es que todos los estados tienen el derecho de que sus nacionales se dediquen a la pesca en alta mar, ello esta sujeto a que se tengan en cuenta los intereses ay derechos del Estado ribereño y se respete una serie de disposiciones para la conservación de los recursos que la propia convención establece. En 1960 se llevo a cabo la 2° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar con el fin de fijar el límite exterior del mar territorial, cuestión que había quedado pendiente en la 1° Conferencia. Pero en esta oportunidad también quedaría sin definir, ante la falta de acuerdo entre los Estados, quienes no pudieron conciliar sus posiciones. En 1967 la Asamblea General por medio de la Resolución 2340 decidió crear un Comité Especial con el fin de estudiar la utilización con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos fuera de los limites de la jurisdicción nacional, y en 1968 se reconoció que redunda en beneficio de toda la humanidad favorecer la exploración y la utilización con fines pacificaos de los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo, fuera de los limites de la jurisdicción nacional y que esa exploración debe llevarse a cabo en beneficio de toda la humanidad, independientemente de la ubicación geográfica de los Estados, teniendo en cuenta los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo. En 1970 la Asamblea General aprobó la Resolución 2749 en la que se declaro solemnemente que los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de la jurisdicción nacional, así como sus recursos, son patrimonio común de la comunidad. Se enunciaron algunas responsabilidades que los Estados tenían en relación con las actividades que realizaran en la zona las personas que actuasen bajo su jurisdicción y se previo el establecimiento de un régimen universal aplicable a la zona y a sus recursos a través de un tratado internacional. Varios Estados declararon lo que seria una “zona de pesca”, en la cual el Estado ribereño ejercía derechos de soberanía sobre los recursos pesqueros hasta las 200 MM, pero sin afectar la liberta de navegación del resto de los Estados. Se estipulo la libertad de navegación a partir de las 12 MM (lo que en su momento era alta mar). Finalmente bajo los auspicios de las Naciones Unidas se convoco a la 3° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, donde la misión era adoptar una convención que regulara todos los espacios marítimos y fuera reemplazo de los Convenios de Ginebra de 1958. En esta se negocio como nuevas categorías de espacios marítimos no previstos en la Convención de Ginebra, la zona económica exclusiva de hasta 200 MM y las aguas archipelagicas, y el régimen de administración internacional de los fondos marinos que habían sido reconocidos en 1970 como patrimonio común de la humanidad. Luego de casi una década la 3° Conferencia culmino con la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982).
2.1-La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, también llamada la Convención de Montego Bay-CONVEMAR, fue adoptada en Diciembre de 1982, y entro en vigor en 1994, después de que 60 partes se obligaran por ella. Pueden ser parte de este tratado no solo Estados, sino también organizaciones internacionales. La República Argentina ratifico la Convención el 1 de Diciembre de 1995, por lo que se encuentra en vigor para nuestro país. En el preámbulo se reconoce “La conveniencia de establecer por medio de esta Convención, con el debido respeto de la soberanía de todos los Estados, un orden jurídico para los mares y océanos que facilite la comunicación internacional y promueva los usos con fines pacíficos de los mares y océanos, la utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus recursos vivos”.
La Convención crea una organización internacional –la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos – y dos órganos: uno técnico –La Comisión de Limites de la Plataforma Continental- y otro jurisdiccional –el Tribunal Internacional del Derecho del Mar-.
La CONVEMAR fue adoptada como un acuerdo global o paquete es decir, todo Estado que se obligara por ella debía hacerlo por la totalidad de la Convención, puesto que no se permiten reservas ni excepciones. El art. 309 dispone: “No se podrán formular reservas ni excepciones a esta Convención, salvo las expresamente autorizadas por otros artículos de la Convención”. El art. 311 de la CONVEMAR dispone: Esta Convención prevalecerá en las relaciones entre los Estados partes, sobre las Convenciones de Ginebra sobre el Derecho del Mar de 1958
2.2-Acuerdos posteriores relativos a la CONVEMAR 2.2.1.Acuerdo sobre la implementación de la parte XI -1994Luego de la adopción dela CONVEMAR y antes de su entrada en vigor, algunos Estados industrializados comenzaron a expresar sus descontentos, respecto del régimen de la parte XI, referida a la Zona Internacional de los Fondos Marinos y al establecimiento de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Así se logro en 1994 el Acuerdo relativo a la implementación de la parte XI. El acuerdo es complementario de la CONVEMAR, ya que su art. 2.1 se establece que ambos instrumentos se interpretaran y aplicaran en forma conjunta como uno solo. El Acuerdo entro en vigor provisionalmente en Noviembre de 1994 y en forma definitiva en Julio de 1996, incluso para la República Argentina, ya que lo ratifico en Diciembre de 1995.
3. Los espacios marítimos según la CONVEMAR: introducción La CONVEMAR contempla los siguientes espacios marítimos: aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, alta mar, aguas archipelagicas, plataforma continental, zona internacional de los fondos marinos. a)Aguas interiores: son todas aquellas que se encuentran en el territorio del Estado. Las relevantes para el derecho del mar son aquellas aguas marítimas ubicadas detrás de la línea de base desde las cuales se comienza a medir el mar territorial. b)Mar territorial: es un espacio adyacente al territorio del Estado, con una anchura máxima de 12 MM desde la línea de base. c)Zona contigua y Zona económica exclusiva: que comienzan en el mismo lugar, son espacios adyacentes al mar territorial, aunque normalmente la ZEE se extiende mas allá de la zona contigua. La zona contigua no puede medir mas de 24 MM contadas des dela línea de base, mientras que la ZEE puede extenderse hasta las 200 MM, contadas también desde las línea de base. d)Aguas archipelagicas: son aquellas que se encuentran en el interior de un Estado archipelagico (salvo las que califican como aguas interiores del Estado archipelagico), delimitadas por las denominadas “ líneas de base archipelagicas). Es decir, son las aguas que rodean a las islas que conforman el Estado archipelagico. e)Alta mar: puede ser definida como “todas las partes del mar no incluidas en la ZEE, en el mar territorial o en las aguas interiores de un Estado, ni en las aguas archipelagicas de un Estado archipelagico”.
f)Plataforma continental: es la continuación del territorio por debajo del mar y comienza donde termina el lecho y subsuelo del mar territorial. Su límite exterior varía de acuerdo con las conformaciones geomorfológica de cada plataforma y se establece a partir de diversos criterios y limites máximos determinados en la CONVEMAR. e)Fondos marinos: consisten en el lecho y subsuelo del mar, que se encuentran mas allá de la plataforma continental. Todos los Estados ribereños, por el mero hecho de poseer territorio con salida al mar, tienen soberanía o derechos de soberanía –según el caso- sobre ciertos espacios marítimos. Cuanto más cerca de la costa nos encontramos más fuertes serán los derechos que los Estados posean. A medida que nos alejamos de la costa, estos derechos decrecen, hasta llegar a partes del mar en donde los Estados ya no poseen ningún derecho soberano. De acuerdo con los derechos o competencias que ejerzan los Estados sobre estos espacios, podemos diferenciar cada uno de ellos y clasificarlos de la siguiente manera: a)Espacios marítimos sobre los que el Estado ribereño ejerce soberanía: -aguas interiores; -mar territorial; -aguas aarchipelagicas. El Estado ribereño posee plena soberanía sobre sus aguas interiores. Están sometidos a la jurisdicción del Estado ribereño los buques de terceras banderas que se encuentren en estas aguas por autorización del Estado ribereño (a excepción de los buques de guerra o del Estado con fines no comerciales que poseen inmunidad de jurisdicción, por lo tanto están sometidos a la jurisdicción del Estado del pabellón).
El Estado ribereño posee soberanía sobre su mar territorial (que comienza a partir de las líneas de base). Esta soberanía se extiende al espacio aéreo y al lecho y subsuelo del mar territorial. El Estado ribereño en su mar territorial debe permitir el derecho de paso inocente a buques de terceras banderas. Durante su paso, estos buques quedan sometidos en principio a la jurisdicción de Estado de su bandera, salvo algunas excepciones (en materia civil y materia penal), establecidas en los art. 27 y 28 de la CONVEMAR, en cuyo caso ejercerá jurisdicción el Estado ribereño (aquí también rige la excepción de los buques de guerra o del Estado con fines no comerciales, ya que poseen inmunidad de jurisdicción). El Estado archipelagico, posee soberanía sobre sus aguas archipelagicas, soberanía que se extiende al espacio aéreo situado sobre ellas, así como al lecho y subsuelo y a los recursos contenidos en ellos. La soberanía se encuentra limitada por el espacio de paso inocente de buques de terceras banderas, al igual que ocurre en el mar territorial y por un derecho de paso por vías marítimas archipelagicas (este ultimo extensivo al sobrevuelo por rutas aéreas).
b) Espacios marítimos sobre los que el Estado ejerce derechos de soberanía o ciertas competencias: -zona contigua; -zona económica exclusiva; -plataforma continental El Estado ribereño posee ciertas competencias en materia (aduanera, sanitaria, fiscal y migratoria) en su zona contigua. Además posee derechos de soberanía en su zona económica exclusiva y en su plataforma continental. Se habla de derechos de soberanía por cuanto no posee directamente soberanía sobre estos espacios marítimos, a diferencia de lo que ocurre en aguas interiores, mar territorial, y aguas archipelagicas. Sino que “ejerce” soberanía para “determinados fines”, lo que se ha denominado “soberanía funcional”.
Para que un Estado ribereño posea derechos de soberanía sobre su ZEE o ciertas competencias en su ZC se requiere que dicho Estado realice una declaración al respecto, ya que estos espacios marítimos no vienen automáticamente por el hecho de que el Estado sea costero. Por el contrario los derechos que posee el Estado ribereño en su PC son exclusivos y excluyentes, y como dispone la CONVEMAR, son “independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa”. La CIJ se ha referido a ellos como derechos “inherentes” que el Estado ribereño posee ipso fact o y ab initio en virtud de una extensión de la soberanía que el Estado posee sobre su territorio.
c)Espacios marítimos sustraídos a la soberanía estatal: -alta mar; -fondos marinos “la zona” La alta mar y los fondos marinos, son espacios marítimos sustraídos a la soberanía estatal, es decir que sobre ellos ningún Estado (sea ribereño o litoral) puede ejercer soberanía o derechos de soberanía. La alta mar es un espacio marítimo de uso común por cualquier Estado, mientras que los fondos marinos son “patrimonio común de la humanidad” lo que presupone un régimen de administración internacional, contenido en la parte XI de la CONVEMAR. 4. Los espacios marítimos de la República Argentina 4.1.-Legislación argentina sobre espacios marítimos La CN no regula directamente los espacios marítimos, si bien contiene por ejemplo algunas disposiciones vinculadas a la navegación. La evolución argentina sobre espacios marítimos podemos considerar tres periodos: La primera la legislación del Código Civil sobre los mares adyacentes al territorio. Una segunda etapa de la Ley 17094. Respecto del método para establecer la línea de base, si bien en general se recepta el método de líneas de base normales (es decir, de la mas baja marea), en particular se utiliza el método de líneas de base rectas para cerrar la boca de los Golfos San Matías, Nuevo y San Jorge, convirtiendo así en aguas interiores a las aguas de dichos golfos, lo que suscito protestas por parte de terceros Estados, que consideraban excesivo este reclamo debido a que se superaban los limites establecidos en la Convención de Ginebra de 1958. Finalmente la ley 23068 abre camino a una tercera etapa y pone fin a las discusiones existentes respecto de la naturaleza jurídica del mar adyacente hasta las 200 MM. Esta ley fue sancionada en 1991, y años después la Argentina ratifica la CONVEMAR, aún vigente. La ley 23968 recepta los espacios marítimos contemplados en la CONVEMAR hasta las distancias máximas allí permitidas es decir: -Mar territorial: hasta las 12 MM, y detrás aguas interiores; -ZC : de hasta 24 MM; -ZEE: de hasta 200 MM;
-PC: a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental o hasta las 200 MM si la prolongación natural no llega a esta distancia. Así como los regímenes de navegación previstos en dicha Convención: -Paso inocente en el MT, y más allá la libertad de navegación. También se define las línea de base: normal y rectas a partir de las cuales se va a medir el mar territorial. En cuanto a la ZC el art. 4 de la ley dispone “La Nación Argentina en ejercicio de su poder jurisdiccional, podrá en esta zona prevenir y sancionar las infracciones a sus leyes y reglamentos en materia fiscal, sanitaria, migratoria, y aduanera, que se cometan en su territor io o en su mar territorial”. En cuanto a la ZEE el art. 5 de la ley dispone “ejerce derechos de soberanía para los fines de la exploración
y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tantos vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho del mar ”. El art. 5 también determina “Las normas sobre conservación de los recursos se aplicaran mas allá de las 200 MM, sobre las especies de carácter migratorio o sobre aquellas que intervienen en la cadena trófica de las especies de la ZEE”. En Diciembre de 1995, previa aprobación del Congreso el P.E. ratifico la CONVEMAR. Respecto de los limites marítimos con Chile, cabe mencionar las aéreas del estrecho de Magallanes del canal Beagle y el mar de la Zona Austral, las islas del Canal de Beagle fueron objeto de disputa entre Argentina y Chile, y la Corte Arbitral en virtud del compromiso arbitral fallo que las tres islas con los islotes y rocas de sus inmediaciones pertenecían a Chile y determino el limite de las jurisdicciones territoriales y marítimas de ambos Estados. Argentina declaro nulo el laudo y la controversia persistido. En 1984 firmaron el Tratado de Paz y Amistad por medio del cual además de resolver el conflicto de soberanía respecto de las islas del canal de Beagle, delimitaron las aguas enfrentadas y adyacentes en la zona austral.
MAR TERRITORIAL 1. Mar territorial: concepto y anchura El mar territorial es la franja de mar adyacente al territorio sobre el cual el Estado ribereño ejerce soberanía, que se extiende no solo a las aguas, sino también al espacio aéreo y al lecho y subsuelo. Todo estado costero tiene derecho a un mar territorial –independientemente como lo denomine-, sin necesidad de declararlo expresamente. Comienza a medirse a partir de las líneas de base y se extiende hasta un máximo de 12 MM, según dispone el art. 3 de la CONVEMAR. Se habla de límite máximo por cuanto un Estado podría declarar que tiene, por ejemplo un mar territorial de tres millas marinas o cualquier otra extensión, pero no más de 12 MM. Según el art. 4 de a CONVEMAR “El límite exterior del mar territorial es la línea cada uno de cuyos punto está, del punto más próximo de la línea de base, a una distancia igual a la anchura del mar territorial”.
2. Trazado de líneas de base Para poder medir, los Estados ribereños deben trazar líneas de base. Estas pueden ser de dos tipos: normales o rectas. A o largo de sus costas, el Estado ribereño puede combinar estas dos clases de líneas. Las aguas que quedan hacia tierra de las línea de base poseen la condición jurídica de aguas interiores, salvo que constituyan aguas archipelagicas (art. 8 CONVEMAR).
2.1-Línea de base normal El art. 5 de la CONVEMAR dispone “Salvo disposición en contrario de esta Convención, la línea de base
normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar a lo largo dela costa, tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en cartas a gran escalada reconocidas oficialmente por el Estado ribereño”.
Los Estados ribereños pueden elegir entre distintos sistemas. El Art. 5 de la CONVEMAR plantea que ha sido interpretado y aplicado de dos maneras distintas. Por una parte se ha entendido que la línea de base normal es la línea de bajamar a lo largo de la costa marcada en las cartas reconocidas oficialmente por el Estado ribereño. La otra interpretación entiende que la línea de base normal es la línea de bajamar en el nivel de referencial vertical indicado por el Estado en las cartas reconocidas oficialmente. Al preguntarse si la línea de base normal es la línea marcada en las cartas o es la línea real del terreno, esta cuestión fue tratada en particular en los casos Guyana c/Surinam y Nicaragua c/Honduras, en los cuales las partes argumentaban que las líneas de base marcada en las cartas no reflejaban la realidad en el terreno. El tribunal arbitral del caso Guyana c/Surinam no tomo la línea de la carta como la línea de base
de Surinam, sino que acepto prueba de ambas partes con relación a la precisión de la línea. Finalmente el tribunal afirmo que no estaba convencido de que la línea de la Carta oficialmente reconocida por Surinam fuera inexacta y en consecuencia acepto el punto de línea de base en Vissers Bank como punto de línea de base de Surinam. Lo relevante de este caso es que ambas partes actuaron asumiendo que las cartas oficialmente reconocidas podían ser discutidas ante un tribunal internacional y este a su vez podía determinar la real ubicación de la línea de base. En el caso Nicaragua c/Honduras no se discutió acerca de las cartas, sino que ambas partes presentaron imágenes satelitales a fin de demostrar la real ubicación de la línea de bajamar. La Corte no las considero como puntos de línea de base aceptables, pues no reflejaban la real configuración de la costa. Además de conformidad con el art. 5 la Corte concluyo que un punto de línea de base que no esta ubicado en la línea de bajamar no puede ser utilizado como punto de línea de base. Lo que confirma la interpretación de que la línea de base es la línea de bajamar. En el caso Qatar c/Bahrein, a pesar de que las cartas presentadas indicaban que Jaradah era una elevación en bajamar, la Corte concluyo con fundamento en otras pruebas que esta formación era en realidad una isla. Las líneas de base normales pueden cambiar con el tiempo, puesto que al línea de bajamar puede modificarse por erosión, aluvión o mismo por mano del hombre al construir estructuras en la costa. Es así que las líneas de base oficiales han sido y continuaran siendo objetadas por los Estados afectados y los tribunales internacionales han considerado utilizar otras pruebas además de las cartas oficiales para determinar la ubicación de la línea de bajamar en el nivel de referencia utilizado por el Estado y así determinar la ubicación de la línea de base normal.
2.2-Línea de base recta Como el caso de costas muy accidentadas, en los cuales resulta dificultoso el trazado de línea de base normal. Es allí donde los Estaos pueden recurrir al trazado de líneas de base reta, que consiste en unir los puntos apropiados de la costa a través de una línea recta. El art. 7 de la CONVEMAR dispone: Art. 7-inc. 1: En los lugares en que la costa tenga profundas aberturas y escotaduras o en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata, puede adoptarse, como método para trazar la línea de base desde la que ha de medirse el mar territorial, el de líneas de base rectas que unan los puntos apropiados. Inc. 2: En los casos en que, por la existencia de un delta y de otros accidentes naturales, la línea de la costa sea muy inestable, los puntos apropiados pueden elegirse a lo largo de la línea de bajamar mas alejada mar afuera, y aunque la línea de bajamar retroceda ulteriormente, las líneas de base rectas seguirán en vigor hasta que las modifique el Estado ribereño de conformidad con esta Convención. Para evitar abusos debido el trazado de líneas de base rectas en exceso la CONVEMAR ha puesto algunas limitaciones, y el art. 7 continúa prescribiendo: Inc. 3: El trazado de las líneas de base rectas no deben apartarse de una manera apreciable, de la dirección general de la costa, y las zonas de mar situadas del lado de tierra de esas líneas han de estar suficientemente vinculadas al dominio terrestre para estar sometidas al régimen de las aguas interiores. Inc. 4: Las líneas de base rectas no se trazaran hacia ni desde elevaciones que emerjan de bajamar, a menos que se hayan construido sobre ellas faros o instalaciones análogas que se encuentren constantemente sobre el nivel del agua, o que el trazado de líneas de base hacia o desde elevaciones que emerjan en bajamar haya sido objeto de un reconocimiento internacional general. Inc. 5: Cuando el método de líneas de base rectas sea aplicable según el párrafo 1, al trazar determinadas líneas de base podrán tenerse en cuenta los intereses económicos propios de la región de que se trate cuya realidad e importancia estén claramente demostradas por un uso prolongado. Inc. 6: El sistema de líneas de base rectas no puede ser aplicado por un Estado de forma que aísle el mar territorial de otro Estado de la alta mar o de una zona económica exclusiva. En cuanto a la referencia contenida en el inc. 5 “los intereses económicos propios de la región”, en el caso
de Pesquerías anglonoruegas, la CIJ sostuvo que incluso si un sector de la costa noruega se desviaba de manera pronunciada de la dirección general de la costa, debía tenerse en cuenta que el Gobierno noruego hacia valer allí un titulo histórico: haber otorgado a fines del sigo XVII, a través de diversas licencias, la concesión de un privilegio exclusivo a pescar y cazar ballenas, lo que demostraba que esa zona era considerada como exclusivamente bajo la soberanía noruega. El art. 8.2 de la CONVEMAR contiene otra limitación para el Estado ribereño que procede al trazado de la línea de base rectas al establecer: “Cuando el trazado de una línea de base recta, de conformidad con el método establecido en el art. 7, produzca el efecto de encerrar como aguas interiores aguas que anteriormente no se consideraban como tales, existirá en esas aguas un derecho de paso inocente”.
2.2.1-Desembocadura de ríos
En los supuestos de ríos que desembocan en el mar, según el art. 9 de la CONVEMAR “la línea de base será una línea recta trazada a través de la desembocadura entre los puntos de la línea de bajamar de sus orillas”.
2.2.2-Bahias Las bahías especialmente consideradas en el art. 10 de la CONVEMAR dispone: Art. 10 inc. 1: Este artículo se refiere únicamente a las bahías cuyas costas pertenecen a un solo Estado. Inc. 2: Para los efectos de esta Convención, una bahía es toda escotadura bien determinada cuya penetración tierra adentro, en relación con la anchura de su boca, es tal que contiene aguas cercadas por la costa y constituye algo mas que una simple inflexión de esta. Sin embargo, la escotadura n se considerara una bahía si su superficie no es igual o superior a la de un semicírculo que tenga por diámetro la boca de dicha escotadura. Inc. 3: Para los efectos de su medición, la superficie de una escotadura es la comprendida entre la línea de bajamar que sigue la costa de la escotadura y una línea que une las líneas de bajamar de sus puntos naturales de entrada. Cuando, debido a la existencia de islas, una escotadura tenga mas de una entrada, el semicírculo se trazara tomando como diámetro la suma de las longitudes de las líneas que cierran todas las entradas. La superficie de las islas situadas dentro de una escotadura se consideraran comprendida en la superficie total de esta. Inc. 4: si la distancia entre las líneas de bajamar de los puntos naturales de entrada de una bahía no excede de 24 MM, se podrá trazar una línea de demarcación entre las dos líneas de bajamar y las aguas que queden así encerradas serán consideradas aguas interiores. Inc. 5: Cuando la distancia entre las líneas de bajamar de los puntos naturales de entrada de una bahía exceda de 24 MM, se trazara dentro de la bahía una línea de base recta de 24 MM de manera que encierre la mayor superficie de agua que sea posible con una de esa longitud. Inc. 6: las disposiciones anteriores no se aplican a las bahías llamadas “históricas” ni tampoco en los casos en que se aplique el sistema de las líneas de base reta prevista en el art. 7. En virtud de lo allí dispuesto una bahía a los efectos de la CONVEMAR no es cualquier escotadura o inflexión de la costa, sino una entrada profunda del mar en el territorio. Para determinar si una bahía “puede cerrarse” es decir, si puede encerrar aguas interiores, debe someterse
a la prueba del semicírculo. Se compara la superficie de la bahía (incluyendo la superficie de todas las islas que en ella se encuentren) con la superficie de un semicírculo que se forma tomando como diámetro la longitud de la boca de la bahía. Si de la comparación surge que la superficie de la bahía es igual o mayor que la superficie del semicírculo, la bahía se puede cerrar. De lo contrario, si la superficie es menor, no se puede cerrar y contendrá mar territorial en lugar de aguas interiores, trazándose en ese caso la línea de base normal. Cabe aclarar que si la boca de entrada de la bahía tiene mas de 24 MM, puede trazarse una línea de base en el interior de la bahía que tenga como máximo 24 MM a los efectos de cerrarla.
2.3-Construcciones portuarias y radas Al fijarse el límite exterior, deben tenerse en cuenta las construcciones portuarias (tales como muelles, dársenas, embarcaderos), y las radas. El art. 11 de la CONVEMAR establece que “las construcciones portuarias permanentes mas alejadas de la costa que formen parte integrante del sistema portuario se consideran parte de esta”. Esto es una excepción a la regla de la línea de base normal, que sigue la configuración natural de la costa. Sin embargo, “las instalaciones costa afuera y las islas artificiales no se consideraran parte de esta” por cuanto “no se consideraran construcciones portuarias permanentes”. Respecto de las radas el art. 12 de la CONVEMAR dispone: “Las radas utilizadas normalmente para la
carga, descarga y fondeo de buques, que de otro modo estarían situadas en todo o en parte del trazado general del limite exterior del mar territorial, están comprendidas en el mar territorial”.
En el caso Delimitación marítima del Mar Negro, la CIJ trato la cuestión de una construcción hecha por el hombre, pero no la tuvo en cuenta como punto de línea de base para el trazado de la línea de equidistancia, a los efectos de la delimitación de la zona económica exclusiva y la plataforma continental, porque estuvo que no se había podido probar que la estructura se utilizara para actividades portuarias.
2.4-Elevaciones en bajamar Las elevaciones en bajamar –también conocidas como bajos o bancos- a diferencia de las islas, no se encuentran siempre visibles, solo se las puede di visar cuando la marea se encuentra baja. Es por ello que
no poseen mar territorial propio. Sin embargo, el derecho del mar les reconoce ciertos efectos en el trazado de líneas de base normal o recta. El art. 13 dispone inc. 1: Una elevación que emerge en bajamar es una extensión natural de tierra rodeada de a gua que se encuentra sobre el nivel de esta en la bajamar, pero queda sumergida en la pleamar. Cuando una elevación que emerge en bajamar este total o parcialmente a una distancia del continente o de una isla que no exceda la anchura del mar territorial, la línea de bajamar de esta elevación podrá ser utilizada como línea de base para medir la anchura del mar territorial. Inc. 2: Cuando una elevación que emerge en bajamar este situada en su totalidad a una distancia del continente o de una isla que exceda de la anchura del mar territorial, no tendrá mar territorial propio. Es decir que, si la elevación en bajamar se encuentra dentro de las 12 MM de la costa o de una isla de ese Estado, dicha elevación podrá ser tomada en cuenta para el trazado de una línea de base normal, permitiendo que el Estado se beneficie con el trazado de las líneas de base, pues ejercerá soberanía y jurisdicción sobre una superficie mayor a la que se determinaría si no existiera esa formación. El art. 7.4 al referirse al trazado de líneas de base rectas, estableció que no se podían trazar hacia ni desde elevaciones en bajamar, salvo que se hubieran construido sobre ellas faros o instalaciones análogas que se encuentren constantemente sobre el nivel del mar, o que su trazado haya sido objeto de un reconocimiento internacional general. Si en la costa de un Estado existiera una ele vacio en bajamar sobre el cual se hubiera construido un faro, esta podría ser tomada como punto de base para el trazado de una línea de base recta, generando así aguas interiores.
3. Derechos y obligaciones del Estado ribereño y de los terceros Estados En el mar territorial el Estado ribereño posee soberanía, la cual se extiende al espacio aéreo y al lecho y subsuelo del mar territorial. Dicha soberanía se ejerce con arreglo a la CONVEMAR y a otras normas de derecho internacional. Ello supone que el Estado puede ejercer plena jurisdicción, con las limitaciones estipuladas en lo que respecta a los buques de terceras banderas durante su paso inocente y a los buques de guerra. El Estado ribereño puede adoptar leyes y reglamentos sobre cualquier materia, como por ejemplo la pesca y hacerlos ejecutar, tanto respecto de sus nacionales o buques que enarbolen su bandera como respecto de buques de terceras banderas, por lo que se sostiene que “existe jurisdicción concurrente en el mar territorial entre el Estado de la bandera y el Estado costero”.
3.1-Derecho de paso inocente Todos los buques tienen derecho de paso inocente en el mar territorial, siempre respetando la sleyes y reglamentaciones dictadas por el Estado ribereño. La CONVEMAR lo regula en los art. 17 a 32. El paso inocente puede ser definido como el derecho que tienen los buques de cualquier bandera de entrar, atravesar y salir por el mar territorial de un Estado de forma rápida e ininterrumpida, sin afectar la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Es solo para la navegación de buques, no se extiende al sobrevuelo de las aeronaves. Es decir que durante su paso el buque puede, de acuerdo con el art. 18.1 de la CONVEMAR: a) Atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas interiores ni hacer escala en una rada o una instalación portuaria fuera de las aguas interiores; o b) Dirigirse hacia las aguas interiores o salir de ellas, o hacer escala en una de esas radas o instalaciones portuarias o salir de ellas. Si bien, al ser el paso rápido e ininterrumpido, el buque no puede de tenerse, el art. 18.2 prescribe que “el paso comprende la detención y el fondeo, pero solo en la medida en que constituyan incidentes normales de la navegación o sean impuestas al buque por fuerza mayor o dificultad grave o se realicen con el fin de prestar auxilio a personas, buques o aeronaves en peligro o en dificultad grave”.
Se considera que el paso no es inocente si durante el trayecto se realiza alguna de las actividades contempladas en el art. 19 como: amenaza o uso de la fuerza contra la soberanía, cualquier ejercicio o práctica con armas de cualquier clase, cualquier acto destinado a obtener información en perjuicio de la defensa o la seguridad del Estado ribereño, etc. En cuanto a las reglamentaciones que puede adoptar el Estado ribereño, cabe reproducir el art. 21, donde establece que el Estado ribereño podrá dictar: leyes y reglamentos relativos al paso inocente por el mar territorial, sobre todas o algunas de las materias de seguridad de la navegación y reglamentación del trafico marítimo, protección delas ayudas a la navegación, protección de cables y tuberías, conservación de los recursos vicos del mar, etc. Tales leyes y reglamentos no se aplicaran al diseño, construcción, dotación o equipo de buques extranjeros, a menos que pongan en efecto reglas o normas internacionales generalmente aceptadas.
El art. 25 le otorga al Estado ribereño ciertos derechos para su protección como: impedir todo paso que no sea inocente. En el caso de los buques que se dirijan hacia las aguas interiores o recalar en una instalación portuaria a tomar las medidas necesarias para impedir cualquier incumplimiento de las condiciones a que este sujeta la admisión de dichos buques en esas aguas o en esa instalación portuaria. Suspender temporalmente el paso inocente de buques extranjeros si dicha suspensión es indispensable para la protección de su seguridad, incluidos los ejercicios con armas. El Estado ribereño puede establecer vías marítimas y disposición de separación del trafico, y exigir que los buques en paso inocente circulen a través de ellos-art. 22. Como parte de los deberes que impone la CONVEMAR el Estado ribereño no puede dificultar u obstacular el paso inocente de los buques de terceras banderas –art. 24. Debe abstenerse de “discriminar de hecho o de derecho contra los buques de un Estado determinado o contra los buques que transporten mercancías hacia o desde un Estado determinado o por cuenta de este”
art. 21 inc. 1.b. El Estado ribereño tampoco puede imponer gravámenes por el mero paso inocente, sino solo gravámenes que correspondan a una retribución por servicios prestados durante su paso por el mar territorial, y sin discriminación-art. 26. El derecho de paso inocente es para todo tipo de buques (mercantes, de guerra), incluso para los que transportan sustancias peligrosas. También rige para los submarinos y otros vehículos sumergibles. Estos “deberán navegar en la superficie y enarbolar el pabellón” – art. 20. No podrán ir sumergidos durante el paso inocente y deberán exhibir la
bandera del Estado donde se hallen registrados.
3.2-Jurisdicción sobre los buques durante su paso por el mar territorial Durante el paso inocente, los buques están sometidos a la jurisdicción de su bandera, salvo en algunos supuestos. La CONVEMAR distingue entre la jurisdicción penal y la jurisdicción civil, en los art. 27 y 28, y señala en que circunstancias los buques extranjeros que atraviesan el mar territorial de otro Estado deben someterse a la jurisdicción de este último. a)Jurisdicción penal a bordo de un buque extranjero-art. 27 1. La Jurisdicción penal del Estado ribereño no debería ejercerse a bordo de un buque extranjero que pase por el mar territorial para detener a ninguna persona o realizar ninguna investigación en relación con un delito cometido a bordo de dicho buque durante su paso, salvo en los casos siguientes: a) Cuando el delito tenga consecuencias en el Estado ribereño; b) Cuando el delito sea de tal naturaleza que pueda perturbar la paz del país o el buen orden en el mar territorial; c) Cuando el capitán del buque o un agente diplomático o funcionario consular del Estado del pabellón hayan solicitado la asistencia de las autoridades locales; o d) Cuando tales medidas sean necesarias para la represión del tráfico ilícito de estupefacientes o de sustancias sicotrópicas. 2. Las disposiciones precedentes no afectan al derecho del Estado ribereño a tomar cualesquiera medidas autorizadas por sus leyes para proceder a detenciones e investigaciones a bordo de un buque extranjero que pase por el mar territorial procedente de aguas interiores. 3. En los casos previstos en los párrafos 1 y 2, el Estado ribereño, a solicitud del capitán y antes de tomar cualquier medida, la notificará a un agente diplomático o funcionario consular del Estado del pabellón y facilitará el contacto entre tal agente o funcionario y la tripulación del buque. En caso de urgencia, la notificación podrá hacerse mientras se toman las medidas. 4. Las autoridades locales deberán tener debidamente en cuenta los intereses de la navegación para decidir si han de proceder a la detención o de qué manera han de llevarla a cabo. 5. Salvo lo dispuesto en la Parte XII o en caso de violación de leyes y reglamentos dictados de conformidad con la Parte V, el Estado ribereño no podrá tomar medida alguna, a bordo de un buque extranjero que pase por su mar territorial, para detener a ninguna persona ni para practicar diligencias con motivo de un delito cometido antes de que el buque haya entrado en su mar territorial, si tal buque procede de un puerto extranjero y se encuentra únicamente de paso por el mar territorial, sin entrar en las aguas interiores. b)Jurisdicción civil en relación con buques extranjeros-art.28 1. El Estado ribereño no debería detener ni desviar buques extranjeros que pasen por el mar territorial, para ejercer su jurisdicción civil sobre personas que se encuentren a bordo. 2. El Estado ribereño no podrá tomar contra esos buques medidas de ejecución ni medidas cautelares en materia civil, salvo como consecuencia de obligaciones contraídas por dichos buques o de responsabilidades en que éstos hayan incurrido durante su paso por las aguas del Estado ribereño o con motivo de ese paso.
3. El párrafo precedente no menoscabará el derecho del Estado ribereño a tomar, de conformidad con sus leyes, medidas de ejecución y medidas cautelares en materia civil en relación con un buque extranjero que se detenga en su mar territorial o pase por él procedente de sus aguas interiores. Los buques de guerra y los buques del Estado con fines no comerciales poseen inmunidad de jurisdicción y de ejecución en cualquier lugar que se encuentren incluso durante el paso inocente. Así lo reconoce la CONVEMAR en el art. 32 “ninguna disposición de esta Convención afectara las inmunidades de los buques de guerra y otros buques de Estado destinados a fines no comerciales”. En caso de que “un buque de
guerra no cumpla con las leyes y reglamentos del Estado ribereño relativos al paso por el mar territorial y no acate la invitación que se le haga para que los cumpla, el Estado ribereño podrá exigirle que salga inmediatamente del mar territorial” -art. 30, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado del pabellón por los daños causados al Estado ribereño-art. 31. Algunas de estas formas fueron aplicadas por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en una controversia entre la República Argentina y Ghana, respecto de la Fragata “ARA LIBERTAD”, que se encontraba en el puerto de Tema (Ghana), y sobre el cual la justicia ghanesa pretendía imponer un embargo de una demanda entablada por un particular, por el no pago de bonos de la deuda soberana argentina, por la que se había obtenido una sentencia condenatoria en jurisdicciones estadounidense y británica. En el marco de un pedido de medidas provisionales de la República Argentina ante el Tribunal, la Argentina sostuvo que existía una controversia entre ambos países por la interpretación y aplicación de varios artículos de la CONVEMAR, en particular de los art. 18.1b., 32, 87.1 y 90, mientras que Ghana consideraba que no había disputa en el marco de dicha Convención. El Tribunal del Mar, al tratar la jurisdicción prima facie a los efectos de poder dictar medidas provisionales considero que el art. 32 de la CONVE MAR al establecer “ninguna disposición de la Convención afectara las inmunidades de los buques de guerra”, sin especificar el ámbito geográfico de aplicación, significaba que
dicha norma, aunque se encontrara en el capitulo sobre el mar territorial y zona contigua, podía ser aplicable a todas las zonas marítimas, incluyendo aguas interiores, del mismo modo que la definición de buque de guerra del art. 29.
4. Delimitación del mar territorial En el supuesto de dos o más Estados con costas enfrentadas o adyacentes, se debe proceder a la delimitación de los espacios marítimos correspondientes. El art. 15 dispone: “Cuando las costas de dos Estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente, ninguno de dichos Estados tendrá derecho, salvo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial de cada uno de esos Estados. No obstante, esta disposición no será aplicable cuando, por la existencia de derechos históricos o por otras circunstancias especiales, sea necesario delimitar el mar territorial de ambos Estados en otra forma.”
La CIJ afirmo que se trata de una norma consuetudinaria y se la reconoce como regla de “equidistancia/circunstancias especiales”.
Es decir, que salvo acuerdo en contrario o la existencia de derechos históricos o circunstancias especiales, la delimitación del mar territorial se efectuara según el método o regla de la equidistancia. El trazado de la línea de equidistancia en los casos de costas enfrentadas también se denomina “línea media de equidistancia”.
ZONA CONTIGUA Y ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA 1.
ZONA CONTIGUA
1.1-Antecedentes La doctrina suele citar algunos antecedentes, que no hacen sino confirmar la intención de los Estados ribereños de otorgarse una zona de protección más allá del mar territorial para poder controlar, básicamente, la violación a sus normas aduaneras, fiscales, sanitarias y de migración. Nacida como resultado de la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, contemplo este instituto de manera expresa en el art. 24. Hasta la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar en 1982-Montego Bay, cuando con la aparición de una nueva zona –ZEE-, la zona contigua deja de ser un área de control limitada, superpuesta al mar libre, para convertirse en una zona de mayor supervisión pero sobre la ZEE. En la zona contigua el régimen residual no es ya de alta mar, sino el de ZEE.
1.2-Anchura y competencias del Estado ribereño Esta contemplado en el art. 33 de la Convención de Montego Bay. Allí se define y se establece su anchura, así como los derechos o facultades que los Estados ribereños tendrán sobre la zona. Art. 33: 1. En una zona contigua a su mar territorial, designada con el nombre de zona contigua, el Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias para: a) Prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial; b) Sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en su mar territorial. 2. La zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. La anchura máxima de la zona contigua es de 24 MM contadas desde las líneas de base desde las que se mide el mar territorial. Este espacio marítimo es adyacente al mar territorial, es decir, comienza donde termina el mar territorial, aunque su extensión máxima se mida desde las líneas de base. El Estado ribereño ya “no ejerce soberanía” en la zona contigua, y sin perjuicio de los derecho s que la Convención otorga respecto de la ZEE, lo cierto es que la finalidad de la zona contigua se encuentra claramente detallada. Por lo tanto, podría decirse que en la zona contigua el Estado ribereño posee o ejerce solo “ciertas competencias”.
El Estado ribereño tendrá el derecho de fiscalizar la actividad de los buques con los fines de: prevención y sanción. Pero no es una jurisdicción amplia y completa, sino que la fiscalización para la prevención y sanción tiene dos limitaciones importantes referidas a la materia y el espacio. En cuanto a la materia, la jurisdicción lo es únicamente en relación con sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración y sanitarios. La limitante espacial tiene un doble juego: el alcance de la jurisdicción, que es dentro de la zona contigua, y la verificación de las violaciones de las leyes y reglamentos antes citados, violaciones que deberán haberse producido en el territorio o en el mar territorial.
2. ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA 2.1-Antecedentes La existencia de una marítima, mas allá del mar territorial, en la que los Estados ribereños pudieran ejercer ciertos derechos de soberanía y jurisdicción, especialmente en referencia a la protección y utilización de los recursos vivos y no vivos, comenzó a perfilarse a mediados del siglo XX. Posteriormente se le da un tratamiento normativo en la CONVEMAR y se le otorgará un régimen jurídico especial.
2.2-Anchura La ZEE de acuerdo con el art. 56, es un area situada mas alla del mar territorial y adyacente a este, en la que el Estado ribereño, tiene derechos de soberanía, entre otros derechos. Es un espacio marítimo que se extiende mas alla del mar territorial. Su extensión se cuenta des delas líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial, pero lo cierto es que el régimen que prevé la ZEE tiene virtualidad a partir del limite exterior del mar territorial. En segundo lugar porque en relación con las zonas, cuanto mayor es la distancia desde la costa, menores son los derechos que el Estado ribereño ejerce sobre aquellas. En la parte en que la ZEE se superponga al mar territorial se aplicara el régimen que concede mayores derechos al Estado ribereño, o sea, el del mar territorial, y recién a partir de su limite exterior el de la ZEE. En cuanto a la extensión de la ZEE, el art. 57 establece “La zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 MM contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial”.
2.3-Derechos y obligaciones del Estado ribereño y de los terceros Estados En la ZEE el Estado ribereño tiene conforme al art. 56 diferentes competencias. Art. 56: 1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene: a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos; b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, con respecto a:
i) El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras; ii) La investigación científica marina; iii) La protección y preservación del medio marino; c) Otros derechos y deberes previstos en esta Convención. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona económica exclusiva en virtud de esta Convención, el Estado ribereño tendrá debidamente en cuenta los derechos y deberes de los demás Estados y actuará de manera compatible con las disposiciones de esta Convención. 3. Los derechos enunciados en este artículo con respecto al lecho del mar y su subsuelo se ejercerán de conformidad con la Parte VI. Debe quedar claro que en la ZEE el Estado ribereño no ejerce soberanía. El estado ribereño tiene en la zona “derechos de soberanía” y no soberanía. Es decir, derec hos de soberanía para determinadas actividades o fines. Los derechos de soberanía lo son para la exploración, administración, explotación y conservación de los recursos vivos y no vivos de la zona. Por esta razón el art. 55 ayuda a esta interpretación recalcando que la ZEE no es mar territorial, sino que se extiende más allá de él. Art. 55: La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta Parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención. El Estado ribereño no es dueño del agua de la zona, aunque si de los peces que en ella se encuentran, del uso de los vientos y delas fuerzas de las mareas. El ejercicio de estos derechos es exclusivo, lo que implica, en principio que tan solo el Estado ribereño puede ejercerlos. El ejercicio de los derechos en ZEE no es excluyente de manera absoluta, dado que si bien la inactividad del Estado ribereño no otorga derechos a otros Estados a “suplir” dicha inactividad, siempre deben respetarse los derechos de los Estados sin litoral. El art. 58.3 establece: “3. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona
económica exclusiva en virtud de esta Convección, los Estados tendrán debidamente en cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño y cumplirán las leyes y reglamentos dictados por el Estado ribereño de conformidad con las disposiciones de esta Convención y otras normas de derecho internacional en la medida en que no sean incompatibles con esta Parte.”
La cuestión se plantea entonces es definir hasta donde alcanzan esos “derechos de soberanía” o bie n que significa que el Estado ribereño posee derechos de soberanía “para” en relación con los derechos de otros
Estados. El art. 58 de la CONVEMAR contempla los derechos y deberes de otros Estados en la ZEE aclarando: 1. En la zona económica exclusiva, todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan, con sujeción a las disposiciones pertinentes de esta Convención, de las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos a que se refiere el artículo 87, y de otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como los vinculados a la operación de buques, aeronaves y cables y tuberías submarinos, y que sean compatibles con las demás disposiciones de esta Convención; y 2. Que en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes en la ZEE los Estados tendrán debidamente en cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño y cumplirán las leyes y reglamentos por el Estado ribereño de conformidad con las disposiciones de la Convención. La Convención dispone en sus art. 61 y 62 como el estado ribereño procederá para conservar y utilizar los recursos vicos que se encuentran en esa zona. Especialmente se contempla que el Estado ribereño: determinara la captura permisible de los recursos vivos en su ZEE, y teniendo en cuenta los datos científicos más fidedignos de que disponga asegurara mediante medidas adecuadas la conservación y administración. Dentro de los derechos del Estado ribereño esta el de determinar la capacidad de captura en la ZEE. Cuando el Estado ribereño no tenga capacidad para explotar toda la captura permitida, se prevé que dara acceso a otros Estados al excedente dela captura permisible, mediante acuerdos u otros arreglos. Los nacionales de otros Estados que pesquen en la ZEE observaran las medidas de conservación y las demás modalidades y condiciones establecidas en las leyes y reglamentaciones del Estado ribereño. Asi el estado ribereño podrá definir sus leyes y reglamentos para cumplimiento de otros Estados: Art. 62.4: 4. Los nacionales de otros Estados que pesquen en la zona económica exclusiva observarán las medidas de conservación y las demás modalidades y condiciones establecidas en las leyes y reglamentos del Estado
ribereño. Estas leyes y reglamentos estarán en consonancia con esta Convención y podrán referirse entre otras, a las siguientes cuestiones: a) La concesión de licencias a pescadores, buques y equipo de pesca, incluidos el pago de derechos y otras formas de remuneración que, en el caso de los Estados ribereños en desarrollo, podrán consistir en una compensación adecuada con respecto a la financiación, el equipo, y la tecnología de la industria pesquera; b) La determinación de las especies que puedan capturarse y la fijación de las cuotas de captura, ya sea en relación con determinadas poblaciones o grupos de poblaciones, con la captura por buques durante un cierto período o con la captura por nacionales de cualquier Estado durante un período determinado; c) La reglamentación de las temporadas y áreas de pesca, el tipo, tamaño y cantidad de aparejos y los tipos, tamaño y número de buques pesqueros que puedan utilizarse; d) La fijación de la edad y el tamaño de os peces y de otra especies que puedan capturarse; e) La determinación de la información que deban proporcionar los buques pesqueros, incluidas estadísticas sobre capturas y esfuerzos de pesca e informes sobre la posición de los buques; f) La exigencia de que, bajo la autorización y control del Estado ribereño, se realicen determinados programas de investigación pesquera y la reglamentación de la realización de tales investigaciones, incluidos el muestreo de las capturas, el destino de las muestras y la comunicación de los datos científicos conexos; g) El embarque, por el Estado ribereño, de observadores o personal en formación en tales buques; h) La descarga por tales buques de toda la captura, o parte de ella, en los puertos del Estado ribereño; i) Las modalidades y condiciones relativas a las empresas conjuntas o a otros arreglos de cooperación; j) Los requisitos en cuanto a la formación de personal y la transmisión de tecnología pesquera, incluido el aumento de la capacidad del Estado ribereño para emprender investigaciones pesqueras; k) Los procedimientos de ejecución. El art. 73 complementa los derechos al otorgar al Estado ribereño la facultad de aplicar sanciones a los potenciales incumplimientos: Art. 73: Ejecución de leyes y reglamentos del Estado ribereño 1. El Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos de la zona económica exclusiva, podrá tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados de conformidad con esta Convención, incluidas la visita, la inspección, el apresamiento y la iniciación de procedimientos judiciales. 2. Los buques apresados y sus tripulaciones serán liberados con prontitud, previa constitución de una fianza razonable u otra garantía. 3. Las sanciones establecidas por el Estado ribereño por violaciones de las leyes y los reglamentos de pesca en la zona económica exclusiva no podrán incluir penas privativas de libertad, salvo acuerdo en contrario entre los Estados interesados, ni ninguna otra forma de castigo corporal. 4. En los casos de apresamiento o retención de buques extranjeros, el Estado ribereño notificará con prontitud al Estado del pabellón, por los conductos apropiados, las medidas tomadas y cualesquiera sanciones impuestas subsiguientemente. En cuanto a los derechos y deberes de los terceros Estados en la ZEE, la CONVEMAR dispone lo siguiente: Art. 58: Derechos y deberes de otros Estados en la zona económica exclusiva 1. En la zona económica exclusiva, todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan, con sujeción a las disposiciones pertinentes de esta Convención, de las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos a que se refiere el artículo 87, y de otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como los vinculados a la operación de buques, aeronaves y cables y tuberías submarinos, y que sean compatibles con las demás disposiciones de esta Convención. 2. Los artículos 88 a115 y otras normas pertinentes de derecho internacional se aplicarán a la zona económica exclusiva en la medida en que no sean incompatibles con esta Parte. 3. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona económica exclusiva en virtud de esta Convección, los Estados tendrán debidamente en cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño y cumplirán las leyes y reglamentos dictados por el Estado ribereño de conformidad con las disposiciones de esta Convención y otras normas de derecho internacional en la medida en que no sean incompatibles con esta Parte. Algunas disposiciones están reguladas en otro espacio marítimo –alta mar- se aplican también a la ZEE, en la medida en que no sean incompatibles. Se trata de aquellas que regulan por ejemplo la nacionalidad y condición jurídica de los buques, así como los deberes del Estado del pabellón, la jurisdicción que corresponde y los deberes de los Estados en determinados supuestos (abordaje o incidentes en la
navegación, situación de personas en peligro, transporte de esclavos, piratería, tráfico de estupefacientes, entre otros). La CONVEMAR contempla asimismo, la posición de los Estados sin litoral –costas- o de aquellos que denomina en situación geográfica desventajosa. Cuya situación geográfica los haga depender de la explotación de los recursos vivos de las ZEE de otros Estados de la subregión o región para el adecuado abastecimiento de pesca con el fin de satisfacer la necesidades en materia de nutrición de su población, o de parte de ella, y también incluye a aquellos que no pueden reivindicar ZEE propias. En cualquiera de los dos casos, se prevé que tendrán derecho a participar sobre una base equitativa, en la explotación de una parte apropiada del excedente de recursos vivos de las ZEE de los Estados ribereños de la misma subregión o región. Los art. 69 y 70 para explotar los recursos vivos no se transferirán directa o indirectamente a terceros Estados o a los nacionales de estos por cesión o licencia, por el abastecimiento de empresas conjuntas ni de cualquier otro modo que tenga el efecto de tal transferencia, a menos que los Estados interesados acuerden otra cosa.
2.3.1-La cuestión de la zona marítima aduanera y la aplicación de las leyes aduaneras en la ZEE En la zona contigua el Estado ejerce derechos de fiscalización en materia aduanera, fiscal, de inmigración o sanitaria por hechos que se cometan en su territorio o mar territorial. Existe una clara limitación para el ejercicio de estos derechos que se resume en la persecución de actos ilegales cometidos en el territorio o en el mar territorial en relación con las materias incluidas en el art. 33. Por su parte el art. 2 del art. 33 es terminante al afirmar que “la zona contigua no podr á extenderse más allá de 24 MM contadas desde las línea de base”.
Hasta aquí alcanzan los derechos del Estado ribereño en lo que respecta ala sanción y prevención de los delitos en materia aduanera, sanitaria, fiscal y de inmigración. En lo que hace a la ZEE, es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a este, que no se extenderá mas allá de las 200 MM contadas desde la líneas desde las que se mide el mar territorial, y en la que el Estado ribereño tiene derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos vivos y no vivos de la zona. Como se desprende el Estado ejerce derechos de soberanía, pero restringidos a determinadas actividades desarrolladas en la zona y a ciertos recursos únicamente. Entre las sanciones que se apliquen no podrán incluir penas privativas de la libertad, salvo acuerdo en contrario. En cuanto a la jurisprudencia nacional en los autos “ Administración Nacional de Aduanas s/formula denuncia” como en Aduana de Puerto Madryn formula denuncia por presunto delito de tentativa de contrabando contra el Capitán y tripulación del buque pesquero factoría de bandera panameña Mar Caribe”,
se limito la cuestión a la aplicación del art. 585 de la ley, hasta las 12 MM de mar territorial, concluyendo que los buques apresados mas allá de las 12 MMA solo infringían leyes de pesca. Similar criterio se tomo en “Buque pesquero Man Wei” resuelto por el Juzgado Federal de Ra wson. El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía para los fines de la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturaleza de la zona. Paralelamente tiene jurisdicción para los temas relativos a establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras, investigación científica marina y protección y preservación del medio marino. El ejercicio de soberanía incluye la jurisdicción, mientras que la segunda no necesariamente presupone la primera. Entendiendo que en el ejercicio de sus derechos de soberanía podrá tomar medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados de conformidad con esta Convención, incluida la visita, inspección, el apresamiento y la iniciación de procedimientos judiciales. Por su parte las sanciones establecidas por el Estado ribereño por violaciones a las leyes de pesca no podrán incluir penas privativas de la libertad. El Estado ribereño posee derechos de soberanía restringidos por la finalidad en cuanto a los recursos naturaleza. E incluso se le reconoce “jurisdicción exclusiva sobre las islas artificiales, instalaciones y estructuras incluida la jurisdicción en materia de leyes, reglamentos aduaneros, fiscales, sanitarios, de seguridad y de inmigración. La conclusión a la que debemos llegar es que el Estado ribereño posee jurisdicción también en cuanto a la utilización, explotación y exploración de los bienes originarios de la zona, si bien esta jurisdicción no será amplia como en el territorio, en su mar territorial o en su zona contigua. El art. 59 dispone que en los casos que no se atribuyan claramente derechos o jurisdicción al Estado ribereño o a otros Estados, cuando surja un conflicto deberá ser resuelto sobre una base de equidad y a la luz de las circunstancias pertinentes. No podría considerarse equitativo que un Estado no solo pesque sin autorización en la ZEE de otro, sino que además pretenda llevarse el producido de la pesca en clara violación de las normas aduaneras sobre exportación.
Caso SAIGA El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, le toco resolver el caso SAIGA (San Vicente y las Granadinas contra Guinea), tuvo oportunidad de referirse a la posibilidad de aplicación de las normas aduaneras mas allá del limite exterior del mar territorial. Guinea alegaba tener jurisdicción para aplicar, entre otras, sus leyes aduaneras para prevenir el contrabando de combustible llevado a cabo por el buque SAIGA en parte de la zona económica exclusiva pero dentro de una zona de vigilancia especial aduanera extendida. El Tribunal, luego de analizar los antecedentes, concluyo que entendía que la CONVEMAR no posibilitaba extender la aplicación de las leyes aduaneras a la ZEE, porque sobre ella el Estado ribereño no posee soberanía –sino únicamente con fines funcionales- y que las excepciones estaban especialmente regladas en la Convención, resultado que no se hacia mención a la referida zona.
2.4-Delimitación de la ZEE El art. 74 de la CONVEMAR se refiere a los casos en que es necesario proceder a la delimitación de la ZEE de dos Estados con costas enfrentadas o adyacentes. En dichos supuestos la delimitación de la ZEE se efectuara por acuerdo de partes sobre la base del derecho internacional, al que se hace referencia en el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a una solución equitativa. Si no se llegare a una cuerdo dentro de un plazo razonable, los Estados interesados recurrirán a los procedimientos previstos en la parte XV de la Convención. En tanto no es haya llegado a un acuerdo, los Estados interesados, con espíritu de comprensión y cooperación, harán todo lo posible por concertar arreglos provisionales de carácter practico y durante ese periodo de transición, no harán nada que pueda poner en peligro u obstaculizar la conclusión de acuerdo definitivo. Tales arreglos no prejuzgaran la delimitación definitiva. En el Caso Plataforma Continental del Mar del Norte, la CIJ afirmo el criterio de la equidistancia no tenía sustento consuetudinario, y por lo tanto no podía ser impuesto a un Estado que no fuera parte de la Convención de Ginebra de 1954. Esta conclusión podría ser igualmente aplicada respecto de la delimitación de la ZEE.
