Ac tuali tu ali zación zaci ón de Jur J urii spru sp ru denci den ci a Unidades Unid ades 5, 6, 9 y 24 SUMARIO Corte Suprema de Justic ia de la Nación Nación in re “ LARIZ LA RIZ IRIOND IRIONDO, O, JESÚS MARÍA S/ SOLICITUD SOLICITUD DE EXTRADICIÓN EXTRADICIÓN”” , 10 de mayo de 2005. Por Soledad Demyda y Carolina S. Anello
El 10 de mayo de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un caso en el cual el Reino de España solicitó a la República Argentina la extradición de José Maria Lariz Iriondo de conformidad con el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial Internacional en materia penal celebrado entre ellos. El imputado fue procesado por la justicia española en marzo de 2002 por actos de terrorismo atribuidos a la ETA acaecidos entre el mes de diciembre de 1982 y octubre de 1984. En primera instancia se denegó la extradición de Lariz Iriondo al considerar que la acción penal por la cual fue requerido por España se encontraba extinta para la ley Argentina. Esta circunstancia configura uno de los supuestos de denegación del pedido de extradición establecido en el tratado bilateral, donde se requiere que la acción se encuentre vigente para los dos ordenamientos jurídicos. Al resolver en este caso, la Corte planteó que el agravio de la prescripción de la acción penal no puede escindirse de otras dos cuestiones que también fueron materia del recurso ordinario de apelación, a saber, el alcance de los hechos incluidos en el pedido de extradición y la subsunción legal en el país requerido. Con relación a la vigencia de la acción penal, la Corte entendió que a la luz de las distintas soluciones previstas por el derecho interno, esta se encontraba prescripta, aun si se optara por subsumir la conducta imputada a Lariz Iriondo a la calificación más gravosa de cada tipo penal. Por su parte, el Procurador General de la Nación sostuvo que, para superar el problema que en el caso representa la prescripción de la acción penal, resultaba aplicable el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas. Éste argumentó que las disposiciones de este convenio multilateral modifican,
para los delitos en él contemplados, el tratado bilateral celebrado entre Argentina y España especialmente en lo que respecta a la prescripción de la acción penal para el país requerido como causal para denegar la colaboración internacional, desde que ambos Estados son partes en el Tratado.
El Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas establece que, comete delito en el sentido de este tratado quien ilícita e
intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto explosivo u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o gubernamental, una red de transporte público o una instalación de infraestructura con el propósito de: causar la muerte o graves lesiones corporales; o de causar una destrucción significativa de ese lugar, instalación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico. A los efectos de este tratado, allí se establece que estos delitos se considerarán incluidos entre los que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre Estados Partes con anterioridad a la entrada en vigor de este Convenio. Sin embargo, la Corte sostuvo que las normas del convenio multilateral no pueden ser interpretadas de forma tal que se entienda que las mismas per se modifican los acuerdos bilaterales de extradición vigentes entre Estados parte como surge de este primer tratado, sino que sólo rige en esas situaciones en que regulen aspectos que también aparecen contemplados en el tratado multilateral dando lugar a una situación de incompatibilidad. A su vez, estableció que el convenio multilateral no es en sí mismo un tratado de extradición propiamente dicho sino un complemento de los tratados de extradición en vigor entre los Estados parte. De allí que, al margen de las disposiciones previstas en el propio Convenio, la Corte recordó la obligación de cumplir con todas las condiciones establecidas para la extradición definidas en el ámbito del derecho internacional o por el derecho interno. De lo contrario, implicaría que el tratado ha consagrado una obligación de extraditar sin condicionamientos o de juzgar por parte de las autoridades nacionales sin sujeción a ninguna condición, lo cual resultaría contrario al propio texto.
