Negligencia Probatoria. Jose Acosta

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NegligenciaProbatoria.JoseAcosta-slidepdf.com

JOSE V ACOSTA

ITOR S

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NEGL IGENC IA PROBATOR IA


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JOSE Y. ACOSTA

NEGLIGENCIA PROBATORIA

RUBINZAL Y CULZONI S.C.C. EDITORES

Avd a. Freyre 3470180 - Santa Fe - República Argentina http://slidepdf.com/reader/full/negligencia-probatoria-jose-acosta

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ISBN 950-9163-71-6

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

IMPRESO EN ARGENTINA


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INDICE SUM

RIO


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EXPLECACION

SECCION PRIMERA LA NEGLIGENCIA EN GENERAL

Capítulo 1 EL TI EMPO

1. El tiempo en el procedimiento probatorio ..................13 2. Te m p od e lo f r e c im e n t o.............................1 3 2.1. Código Procesal de la Nación .......................14 2.2. Otros códigos producción 3. Tiempo de 3.1. Plazo ordinario de prueba

7 9

2 3

3 .2 . Pa z oe x tr a o r d in a r io.............................2 6

3.3. Tiempo de ofrecimiento y producción en segunda instancia . .

9

4. Conclusiones sobre el marco temporal ....................31

Capítulo II LA ACTIVIDAD

1. La negligencia como descalificación y como sanción ...........35 2. Construcción jurisprudencial de las reglas sobre negligencia 6


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3. Los principios generales 3.1. Principio de aplicación restrictiva: el derecho de defensa 3.2. Principio de disposición 3.3. Principio de la falta de interés 3.4. Principio de morosidad 3.5. Principio de independencia 4.

38 39

40 43 45

xcepciones a los principios generales .....................

49 49

S E C C IO N S E G UN D A

LA NEGLIGENCIA EN ESPECIAL

Capítulo 1 PRUEBA DOCUMENTAL

1 .O r e c im e n to..................................... 1.1. Código de la Nación

1.2. Otros códigos 2.. Inadmisibiidad 3 .P r o d u c c ió n...................................... 3.1. Documentos a disposición del litigante ................. 311 D o c u m e n t o se s c r it o s..........................

33.1.1. Documentos públicos 3.1.1.2. Documentos privados 3.1.1.2.1. Documentos privados emanados de las partes ........ 3.1.12.2. Documentos privados emanados de terceros 3.1.2. Documentos no escritos 3,1.3. Documentos que no están a disposición del litigante ...... 3,1,3.1. Exhibición de documentos ......................


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Capítulo II PRUEBA DE INFORMES

1. Ofrecimiento ..................................... 2. Producción .....................................

2.1. Casos en que procede la caducidad ................... 2.2. Casos en que no procede ..........................

87 88 90 91

Capítulo UI PRUEBA DE CONFESION

1. Ofrecimiento ...................................... 2. P rod ucc ión .....................................

2.1. Notificación al absolvente ......................... 2.2 Entrega del pliego y concurrencia del ponente ............ 2.3. Fracaso de la audiencia y fijación de otra ...............

95

97 98 101 103

Capítulo IV PRUEBA DE TESTIGOS

1, frecimiento .................................... 1.1. Código de la Nación

............................

107 107 110

tros códigos 1.2. ................................ órdoba 1.2.1, .................................. e 1,2,2, anta .................................. 2. roducción ..................................... n la sede del juzgado 2.1. ........................... itación ..... ............ ..... ........ ... 2.1.1.

fl2

udiencia 2.1.2. ................................. 2.2. En extraña jurisdicción .......................... 2.2.1. Código de la Nación ........................... 2.2.2. Buenos Aires ............................... ontingencias comunes 3 . .............................

118 120 120 121 122

no no 111 111


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Capítulo V

PRUEBA DE PERITOS

1 . Ofrecimiento

1.1.CódigodelaNación 1.2. Otros códigos 1. 2. 1. Buenos Aires

1.2.2. Córdoba 1.2.3. Corrientes 1.2.4. Santa Fe

127 12 7 128 128 129 129 130

1 30

1. 2.5. Tucum á n 2 . Producción

1 30

SECCION TERCERA

TRAMITE

Capítulo Unico

1 . Consideraciones previas 2 . Inadmisibilidad 3 . Caducidad 4 . Negligencia ncidente 4.1. 4.1.1. Oportunidad del planteo

4.1.2. Su stanciación

143 143 151

156

1 57 158 160

rueba 4.1.3.

160

4.14 . Resolución Recursos 4.1.5. 4.2. Revocatoria

1 62

ostas 4.3.

4.4. Procesos con partes múltiples


162

164 165

167

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I N D IC E D E A U T O R E S

73

I N D IC E D E C E T A S L E G A L E S

Código Procesal Cvil y Comercial de la N ación ...............179

82 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires 84 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de C o r r ie n te s .......................................1 8 6 87 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe 89 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Tucumán O r o sC ó dg o sP r o c e s a le s.............................1 9 0

INDICE ALFABETICO POR MATERIAS DE LA OBRA ..........


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SE TERMINO DE IMPRIMIR EL DIA4 DE MARZO DE 1987 EN LOS TALLERES GRAFICOS LUX S. R. L. SANTA FE - ARGENTINA


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EXPLICACION

Seguramente no hay mayor angustia para el ahogado que la ocasionada por la pérdida de la prueba: ha estudiado ifliniieiosamen e el

caso; ha profundi:ado en los hechos, hasta el niíninio detalle: ha formulado un correcto encuadre jurídico Y , desde luego, ha considerado y escogido los elementos de convicción que le pernvifiníri demostrar la procedencia de las pretensiones que reclama. Sus posibilidades de

ganar el juicio son inmejorables, y lo inicia. De pronto, en algún momento, queda privado de la prueba. ¿Qué ha ocurrido ¿Qué dejó de hacer para que el jue: emita esa declaración terrible, ominosa, demoledora que es la negligencia? El jaez le dice al abogado que es negligente y que por lo tanto ya no podrá servirse de esa magnífica

prueba que el cliente le entregara para hacer que se reconozca su derecho. La negligencia se parece a la interrupción violenta de la gestación en el seno materno: un pleito grávido de expectativas se haev es-

téril en virtud de uno de los hechos más traumáticos del proceso. .\o hay prueba. no hay pretensión, no queda nada.

El enfoqué, desde el punto de vista de la parte que sufre la negligencia no es casual: el que la acusa y fracasa pierde bien poco, acaso

nada más que las costas del incidente. El que la sufre lo pierde todo. ¿Cómo explicar al cliente que la desidia, el desinterés o ci descuido fueron las causas de la derrota? Las pesadillas más frecuentes de todo abogado se alimentan de esta clase de preguntas.


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A diferencia de mis libros anteriores —y seguramente de los que

vendrán— éste ha sido escrito en primera persona, porque la experiencia de perder una prueba es algo entrañable, intransferible: el negligen-

te he sido yo, no mi representado, ni mis socios, ni la contraparte. La responsabilidad es toda mía, y en esta personalización enfatizo la que le cabe 1 cada uno de los profesionales que acepta llevar un pleito. A l

colega en soledad dedico, pues, una obra nacida de los miedos más que de la esperanza.


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SECCION PRIMERA LA N E G L I G E N C I A E N G E N E R A L

Capítulo 1 EL TIEMPO

1. El tiempo en el procedimiento probatorio ..................13 2. Te m p od e lo f r e c im e n t o.............................1 3

2.1. Código Procesal de la Nación .......................14 2.2. Otros códigos 7 producción 9 3. Tiempo de

3.1. Plazo ordinario de prueba

2 3

3 .2 . Pa z oe x tr a o r d in a r io.............................2 6

3.3. Tiempo de ofrecimiento y producción en segunda instancia . .

9

4. Conclusiones sobre el marco temporal ....................31


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SECCION PRIMERA

LA NEG LIGE NCIA EN G ENERAL


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Capítulo

E L TIE M P O

SUMARIO: 1. El tiempo en el procedimiento probatorio. 2. Tiempo del ofrecimiento. 2.1. Código Procesal de la Nación. 2.2. Otros códigos. 3. Tiempo de producción. 3.1. Plazo ordinario de prueba. 3.2. Plazo extraordinario. 3.3. Tiempo de ofrecimiento y producción en segunda instancia. 4. Conclusiones sobre el marco temporal.


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1 El tiempo en el procedimiento probatorio. L a jurisdicción con-

trola la veracidad de los hechos alegados por las partes a través de las prueb as que éstas incorporan al juicio. Pero el deb er de los litigantes no se agota en la verificación de las proposiciones efectuadas al promover la demanda: dada la naturaleza dinámica del procedimiento (sucesión de actos dirigidos a la cosa juzgada), se establecen plazos, legales o judiciales, dentro de los cuales el trámite de com prob ación d e los hechos debe completarse. Vencidos esos plazos se extingue la oportunidad de pedir, producir o incorporar la prueba1. El principio de preclusin (clausura de un estado proc esal para av anza r hacia el siguiente, sin posibilidad de retorno) es la herramienta adecuada al carácter teleológico del proceso y a la naturaleza dinámica del procedimiento: sin él, jamás se llegaría a la actuación d el derecho med iante un pron unciamiento definitivo de la justicia sobre la cuestión p ropuesta. P rocede, en consecuencia, como primer paso, recordar den tro de qué términos debe ofrecerse y p roducirse la p rueba.

2 Tiempo del ofrecimiento. E studiaré separadamente su regula-

ción en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en los regímenes locales que ofrezcan un tratamiento distinto. Asimis1 Al menos, así es en principio. La circunstancia de que en la práctica gran parte de la prueba se diligencie fuera de los plazos, es una paradoja que además de no violentar el propósito de las reglas, incentiva permanentemente la necesidad de hallarles nuevos criterios de aplicación - 13 -


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mo veré cómo se legisla según la clase de juicio de que se trate y de cada medio de prueba en particular. Pero conviene, primero, señalar sus características generales.

El término para ofrecer prueba es

C O fllfl: empieza

su conteo

desde que la última de las partes del juicio es notificada. A diferencia

del término de producción, cuya naturaleza es judicial, el de ofrecimiento es legal: el juez no puede fijar uno menor. Es además perento-

rio2, y hay algunos códigos, com&el de Corrientes —artículo 120, última parte; artículo 5 0 9 — que lo dicen expresamente. Por último, el plazo no puede suspenderse, salvo acuerdo de partes o fuerza mayor.

2.1. Código Procesal de la Nación. En el proceso ordinario la s pruebas deberán ofrecerse dentro de los primeros diez días del plazo que, según el artículo 3673 será fijado por el juez y no excederá de cuarenta días4. Dicho plazo comenzará a correr luego de transcurrido el previsto en el artículo 361 sin que se hubiere formulado oposición

o una vez resuelta ésta, en su caso'. El artículo 361 dispone que si

2 El efecto del vencimiento del plazo perentorio de ofrecimiento de prueba es la caducidad del derecho que no se ejercitó en tiempo oportuno (CNCiv., sala A; ED, 52498). Sin embar-

go, Palacio arguye que Ia caducidad de la prueba se relaciona con la práctica y no con el ofrecimiento de ésta una medida propuesta fuera del plazo respectivo debe, simplemente, rechazarse por inadmisible" Derecho Procesal Civil, t. IV, PS. 403 1404). Buenos Aires, 365.

En el antiguo código de la Capital, art. 111, se fraccionaban los términos de ofrecimiento y de producción. El régimen actual no contempla tal distinción en orden al proceso ordinario, por lo que es licito practicar prueba dentro de los primeros diez días del plazo que se fije.

La reforma introducida si art. 367 por la ley 22.434 vino a concluir con las dudas suscitadas por la anterior redacción del CPN sobre el momento de iniciar el cómputo del plazo. Se sostenía, por una parte, que el mismo comenzaba a correr desde la última notificación de] auto de apertura a prueba y, por otra parte, que el cómputo debía iniciarse recién a partir del agotamiento del plazo de cinco días prescripto por el art. 361 de no mediar oposición, o desde ésta se en caso de haberla. La expuestos. controversia fue expresamente resuelta por el que legislador enrechazare favor del segundo de los criterios -14-


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alguna de las partes se opusiere (al decreto de apertura a prueba) dentro del quinto día, el juez resolverá lo que sea procedente, previo traslado. El esquema, por lo tanto, es éste desde el día siguiente al de la notificación del último de los litigantes, se cuentan cinco días más, y

al concluir éstos se extingue el plazo para ofrecer la prueba. Si en el término señalado alguna de las partes se opusiere —articulando el per-

tinente recurso de reposición— en caso de mantenerse la apertura a prueba los diez días se contarán desde el día siguiente al que se notifique el auto respectivo, toda vez que el mismo no es apelable; en caso de admitirse la oposición, y si en la alzada se resolviese que la apertura

a prueba es procedente, el término de diez días comenzará a correr desde el día siguiente de notificada la providencia 'por devueltos". El ofrecimiento al que me vengo refiriendo concierne a la prueba en general, exceptuándose la documental que, por imposición del artículo 3336 debe acompañarse con la demanda, con la reconvención, y con la contestación de ambas. En virtud de la reforma operada sobre

el artículo 404 por la ley 22.434; la confesional sigue el régimen común, tema que será abordado con más detenimiento en su oportunidad7. Asimismo, y volviendo a la documental, el artículo 334 del Código Procesal Civil de la Nación7-1, preceptúa que cuando en el responde de la demanda o de la reconvención se alegaren hechos no invoca-

dos en la demanda o contrademanda, los demandantes o reconvinientes, según el caso, podrán agregar, dentro de los cinco días de notifica-

da la providencia respectiva, la prueba documental referente a esos hechos. La norma, contrariante al texto reformado, manda sustanciar la petición. 6 Buenos Aires, 332.

En Buenos Aires —art. 402— subsiste el texto de la ley 17.454 en el orden nacional Después de contestada la demanda y dentro de los diez días de haber quedado firme la providencia de apertura a prueba, cada parte podrá exigir que la contraria absuelva con juramento, o promesa de decir verdad, posiciones concernientes a la cuestión que se ventila. Buenos Aires, 333.

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En los procesos sumarios y sumarísimos, con la demanda, reconvención y contestación de la demanda, deberá acompañarse la prueba instrumental y ofrecerse todas las demás pruebas de que las partes intentaren valerse. Es decir, no existe en estos casos un plazo de

ofrecimiento de prueba, sino un momento único expresamente señala-

do por la ley. Pero dentro del plazo de cinco días contados desde la notificación que tiene por contestada la demanda o la reconvención en su caso, el actor o reconviniente podrá ampliar su prueba respecto a

hechos invocados por el demandado o reconvenido, que no hubiesen sido aducidos en la demanda o reconvención siempre que tengan relación con las cuestiones a que se refiera el proceso y directa incidencia en la decisión del litigio (CPNJ art. 468)8.

En los juicios ejecutivos, la prueba se ofrecerá al oponer (art. 542, CPN)8'y al contestar excepciones (art. 547, CPN)82. ¿Qué sucede con la prueba ofrecida antes de iniciarse el plazo? La jurisprudencia considera que el ofrecimiento de la prueba, aun con

el escrito de demanda en el juicio ordinario, es idóneo como tal, aunque no se lo reitere luego de la apertura a prueba de la causa, ya que tal proceder no perturba el buen orden del juicio ni causa agravio a la contraria ni al órgano judicial9, pues la premura con que obra la parte —aun de admitirse irregularidad en ello— no puede acarrearle, al no reiterar en término su prueba, sanción tan grave como la que deriva de la falta de ofrecimiento10. 8 Buenos Aires, 484.

Buenos Aires, 540.

8-2 Buenos Aires, 545. CNCom., sala C JA, 1978-1V, síntesis. 10 CNCiv., sala B; JA, 1978-1V, síntesis. Conf. CNCiv., sala F: El ofrecimiento de prueba, hecho después de dictado el auto de apertura y aunque éste no se encuentre firme, debe pro-

veerse de oficio durante el período fijado para la producción de la misma, a pesar de que no se lo reitere, pues estando ya agregado a la causa sin oposición de la contraria, no resulta

justo desconocerlo o declararlo extemporáneo (La Ley, 115-813, N° 10552). CNCom., sala B Al ofrecer prematuramente la prueba, 1-a actora que pensaba que el trámite a

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En doctrina, sin embargo, cabe reconocer algunas discrepancias: Peyrano y Chiappini refutan la afirmación de que en el ofrecimiento anticipado no hay perjuicio: "No es tan claro que no lo haya —dicen— porque se producen una serie de problemas sobre los cómpu-

tos en los plazos para impugnar que hacen que el error no sea totalmente inocente"1°' . Me permito disentir con los distinguidos autores;

por molestos que fueren los problemas invocados, no tienen para la suerte del proceso, la trascendencia implícita en la inadmisibilidad de la prueba. 2.2. Otros códigos. El hecho de que las reformas introducidas

por la ley 22.434 al Código de la Nación no alcanzasen a los ordenamientos provinciales que lo tomaron de modelo, como el de Buenos Aires, deja subsistentes algunos problemas ya insinuados en los puntos anteriores. Uno de ellos, quizá el más importante, se refiere al comienzo del plazo de prueba en juicio ordinario. Dije su/ira (nota N° 5), que

se plantearon al respecto dos posiciones: la primera, que contaba los diez días a partir de la última notificación del auto de apertura a prue-

ba; la segunda, desde que éste haya quedado firme. En apoyo de aquélla se orientaron la Corte Suprema" y la Cámara Nacional de Comercio en pleno'2, y a favor de ésta se inclinó la más autorizada doctrina. Coincido con Palacio en que la facultad de oponerse dentro del quinto día al auto de apertura a prueba conferida por el artículo

plinsirse al proceso iba a ser el propio de los juicios sumarios, quedó debilitada argumental mente ante la contraparte, toda vez que, de este modo, posibilitó que la demandada conociera cuál iba a ser su prueba antes de contestar la demanda. Ello demuestra que el ofrecimiento prematuro, además de no constituir una alteración suficiente del buen orden procesal, lejos está también de representar una ventaja para la parte que lo formula, que merezca tamaña sanción como la de declarar perdido el derecho a ofrecer prueba (La Ley, 1978-C, 173), 10-1

PEYRANO, Jorge W.; CIIIAP?INl, Julio O., Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1983. 11 ED, 26451.

Tácticas Cn el proceso civil,

t. 1, p. 57;

12 ED, 71-350

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361 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Buenos Aires,

359), y la redacción del anterior artículo 404 del mismo (Buenos Aires, 402), hace más plausible la solución que el legislador impuso en definitiva en el orden nacional, esto es, que el término para el ofreci-

miento comienza a correr, también en el régimen de Buenos Aires, desde que el auto que abre la causa a prueba quede firme13 -

En Corrientes, la ley 3951/84 agregó el siguiente párrafo a la parte final del artículo 120: "El término para ofrecer pruebas y producirlas empezará a transcurrir una vez que el auto que disponga la apertura a prueba de la causa quede firme y se notifique por ministerio de la ley la agregación de las cédulas notificando el auto de apertura a prueba, o en su defecto, las notificaciones que se hubieren efec-

tuado de manera personal en el expediente. El término será común".

El código de Río Negro fue desde el principio muy claro, al establecer en su artículo 363 que "el plazo de prueba comenzará a correr luego de transcurridos los cinco días previstos en el artículo 357 sin que se hubiese formulado oposición, o una vez resuelta ésta, en su caso".

En Santa Fe la prueba debe ofrecerse, tratándose de juicio ordinario, dentro de los primeros diez días de los cuarenta que fija el artículo 402, salvo la confesional que puede exigirse desde la contesta-

ción de la demanda hasta el llamamiento de autos (art. 157) y la documental, que debe acompañarse a la demanda (art. 137). En el juicio

sumario el ofrecimiento se hará dentro de los tres primeros días del término total de diez (art. 410) y en el sumarísimo, corresponde ofrecer toda la prueba, incluso la confesional y documental, al promoverse la demanda y al contestarla (art. 413, incs. a, e y d ).

En Tucumán igualmente ha de ofrecerse la prueba dentro de los primeros diez días, excepto la confesional y documental; la de cotejo de firmas o letras también se halla exceptuada, admitiéndose hasta

13 Derecho Procesal Civil, IV, 3921393.

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el alegato de bien probado (art. 321). En el juicio sumario el plazo de ofrecimiento es de cinco días; en el sumarísimo se hará en la audiencia

M artículo 419; la documental, en uno y otro, con el escrito de demanda.

3. Tiempo de producción. No todas las características atribuidas

al término del ofrecimiento son compartidas por el de la producción de la prueba. Este último, como aquél, también es común, y el artículo 367 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en su actual redacción lo dice expresamente 14. Pero no es legal sino judicial,

ya que el juez puede fijar un plazo inferior al de cuarenta días señalado por la ley. Como dice Palacio, es un plazo "de naturaleza ju-

dicial, aunque tiene un tope máximo de carácter legal"15 . ¿Es perentorio? A diferencia de lo que ocurre con el término de ofrecimiento, no existe una sola respuesta: tratándose de algunas pruebas en particular, podría afirmarse que los plazos son fatales 16 y así lo dis-

ponen, entre otros, los artículos 402 y 454 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 148 de Santa Fe y 196 de Corrientes. Pero en otros casos no lo son (art. 432, CPN). Me resulta imposible descifrar qué criterios utilizó el legislador en cada hipótesis para decidir que respecto de determinado medio de prueba el plazo es perentorio y respecto de otros no lo es. Pero cualquiera fuese la razón

escogida, es evidente que no estamos frente a una única respuesta sobre la fatalidad del plazo en la producción, al menos en lo que a los

medios de prueba en particular se refiere. Ahora, ¿qué sucede con la prueba en general? Un primer examen, superficial, del asunto, me llevaría a contestar que es perentorio. Así pareciera decirlo la ley: "los 14

También el código de Córdoba (art, 186). 15 O b. cit., IV, 393. 16 Perentorios, fatales o preclosivos, son aquellos que por su mero vencimiento producen la caducidad del derecho o facultad que se dejó de usar, sin necesidad de que la parte contraria lo requiera ni el tribunal deba declararlo. Recordar esta concepción será útil cuando, frente a cada caso concreto, deba caracterizarse el plazo como perentorio o no perentorio.

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plazos legales o judiciales son perentorios" (art. 155, CPN); lo dice Couture (aunque sin aclarar si se refiere al plazo de ofrecimiento o de producción): "Son términos perentorios.., el término de prueba"17 ; y hasta lo dice alguna jurisprudencia; "El término de prueba es un

término fatal, por lo que el decreto de clausura del mismo es una de las tantas corruptelas procesales que no afecta el derecho de las partes''18.

Las precedentes afirmaciones llevarían a sostener que, vencidos

los cuarenta días del proceso ordinario, el derecho a producir prueba

se extingue sin necesidad de petición alguna de la parte contraria ni declaración del tribunal. Sin embargo, no es así: frente a una prueba no realizada en plazo, o cuya producción se ordene por el juzgado una vez vencido, y siempre que para ese medio en particular la ley no establezca expresamente la perentoriedad, la parte contraria deberá, en su caso: a) Acusar la negligencia mediante el respectivo incidente; b) Interponer reposición contra la providencia que ordena la producción de la prueba'9. En cualquiera de las dos circunstancia se requiere una ac-

tividad que es incompatible con la idea de lo perentorio: mientras no se acuse negligencia, la prueba puede practicarse: si aquella providencia se consintiera, la petición de caducidad no puede prosperar20.

Es imposible ignorar, asimismo, que el artículo 385 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se refiere concretamente al pedido de declaración de negligencia, e incluso contiene reglas sobre el incidente a que da lugar, disponiendo cuándo no debe sustanciarse y en qué casos la resolución del juez será irrecurrible. Se

17

Fundamentos del Derecho Procesal Civil, p. 114.

18 C4a. Civ. y Com. Córdoba,

en MARTINEZ CRESPO,

Mario,

Código de Procedimiento

Civily Comercial de la Provincia de Córdoba, p. 72. 19 PALACIO, ob. cit.,

nota 184, p. 404.

de ahí d empleo de la voz

PALACIO, ibidem.

fimo de

negligencia

La eLla es litera],

caducidad como siiio-

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impone, en consecuencia, sostener que el término de producción de

la prueba no es perentorio, salvo los casos en que la ley disponga expresamente lo contrario21. Procede ahora dilucidar si el plazo de producción es prorrogable o improrrogable. Son plazos prorrogables los que permiten extender la fecha de su vencimiento; improrrogables los que no admiten ex-

tensión alguna. El artículo 155 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dispone que los plazos legales o judiciales son perentorios, según ya se dijo. Pero dispone algo más: Podrán ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados". El precepto parece deliberadamente dirigido a destruir la conclusión doctrinaria de que todo plazo perentorio es improrrogab1 e22 - Para sostenerla se argumenta que el plazo perentorio,

"por esencia, descarta la posibilidad de que pueda ser prolongado con

motivo de la petición unilateral formulada por la parte a quien 3 afecta" 2 mas como la misma doctrina ha dicho que no debe confundirse improrrogabilidad con perentoriedad ni prorrogabilidad con no

perentoriedad, se genera una crisis del pensamiento lógico que es preciso desentrañar. Convengo, desde luego, en que se trata de dos categorías diferentes: el plazo perentorio no requiere ser denunciado para

que la facultad no ejercida en su transcurso se extinga de pleno dere-

cho. Pero, ¿qué impide que sea prorrogado mediando disposición de la ley o por acuerdo previo de las partes, cuando la misma ley lo autorice? Nada, ya que al vencimiento de la prórroga conservará su carác-

21 Sin perjuic]> 'Iv mentar que como principio rector es deber de las partes activaría produccibn de las pruebas. resulta imprucedente resolver el pedido de neigrncIa sin que Se haya formado un incidente en el que mediara oportunidad de defensa. Ello en tanto no se

trata de un supuesto de caducidad de la prueba descripto legislativamente —vid. arts. 383 4(12, 4111. 437 y 454 dci CU. Procesal— en cuyo caso obraría en forma automática ( CNt cd. Conrcnciosoadminkrmstivo, sala 11; La Ley, Rep. 1952, p. 1919, sum. 19).

22

PALACIO, ob. ca ., IV, 73/74, 5 Al.SINA. í)erer)o Procesal, 1, 7

2 3P \ l.\ ( l{ ) bu.jern.

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ter de perentorio, esto es, la pérdida del acto no realizado se producirá sin necesidad de petición alguna.

Sostengo, entonces, que en orden a la producción de la prueba, los plazos —perentorios o no— pueden prorrogarse por disposición de la ley o por acuerdo de partes:

a Prórroga legal: la segunda parte del artículo 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación21, establece que si las medidas de prueba no fueren practicadas dentro del plazo "por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los intere-

sados pedir que se practiquen antes de los alegatos siempre que, en tiempo, la parte que ofreció la prueba hubiese informado al juzgado de

las dificultades y requerido las medidas necesarias para activar la producción". Enseguida se abordará el punto más extensamente. b Prórroga convencional: es la interpretación del artículo 155

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que en algunos códigos se halla expresamente receptada, por ejemplo, Tucumán: "El término de prueba será común y sólo podrá suspenderse o prorrogarse por acuerdo de partes" (art. 319 . El análisis de esta última hipótesis puede llevarse aun más allá:

suponiendo que tal acuerdo no exista y uno de los litigantes practique su prueba luego de vencido el plazo sin que la contraparte se oponga, dado que no se admite el acuerdo tácito, sino el expreso y por escrito antes del vencimiento del plazo, parecería que la prueba no podrá incorporarse. Sin embargo, está muy lejos de ser así: ante la falta de acusación de negligencia o de interposición de revocatoria, la prueba se incorpora. ¿Qué ha sucedido? Pues que hubo una prórroga de hecho. Es la prorrogabilidad de hecho a la que quizá aluden

Palacio24 y Podetti25.

2 3 - 1 Buenos A ires, 3S2.

o,

cje., p. 74.

Tratado de los actos procesales, p. 247.

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En conclusión —tocante a la producción de la prueba— los plazos perentorios son prorrogables por la ley y por voluntad de las partes; los no perentorios lo son, además, de hecho26.

Por último abordaré el tema de la producción anticipada. A diferencia del ofrecimiento anticipado, la producción se halla expresamente contemplada en la ley nacional (art. 326)26.1 aunque sujeta a

ciertos requisitos: a) Que la parte —o quien vaya a serlo— tuviere motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el período de prueba27. Por tratarse de un medio excepcional28, sólo son admisibles la declaración de algún testigo de muy avanzada edad, o que esté gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país; el reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos, o el estado, calidad o condición de cosas o lugares; el pedido de informes y

la absolución de posiciones, pero esta última únicamente en proceso ya iniciado.

3.1. Plazo ordinario de prueba. Según lo dispone el artículo 367 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación29, no excederá de cuarenta días, pudiendo el juez fijar uno menor. Dado

Contra: La subsistencia de prueba pendiente no alarga el término de prueba (CNCom., sala C; b), 3-375). 264 Buenos Aires, 326.

27 Con arreglo a lo nispuesto por el art. 326, CPr, la prueba anticipada es procedente siempre que su producción, en la etapa correspondiente, pudiera resultar imposible o m uy dificultosa. Si bien el juzgador debe mentar adecuadamente si se justifica la anticipación probatoria que prevé la norma citada a fin de no alterar el eonttol de la parte contraria en el periodo de prueba, no por ello debe impedir que la peticionante demuestre un elemento de juicio que puede razonablemente incidir en la solución del litigio, a cuyo efecto es suficiente que se acredite la existencia de un temor fundado en la imposible o muy dificultosa producción de ¡aprueba en el período pertinente (CNE5p. Civ. y Con'., sala Sa.; JA, 1977-1 182). 28 La Ley, 1984-D,118,

2 9 Buenos Aires, 365; Corrientes, 120; Córdoba, 400; Santa Fe, 4021 Tucumán, 315.

-

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que el ofrecimiento debe efectuarse dentro de los primeros diez días, cabe pensar que el término de producción se reduce a treinta. Empero, ya se dijo que a diferencia del antiguo código de la Capital, en el Código Procesal Civil y Comercial de producción30, la Nación no existe una fractura entre el plazo de ofrecimiento y el de de modo que es legítimo producir prueba aun dentro del término destinado a ofrecerla 31. En principio, el plazo de prueba no se suspende, "salvo en los

supuestos del artículo 157", de acuerdo a lo prescripto por el artículo 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación32. Tales supuestos Son: a) Acuerdo de partes (cuando la suspensión exceda de veinte días los apoderados deben acreditar la conformidad de sus mandantes); b) Fuerza mayor o causa grave que

hicieren imposible la realización del acto, en cuyo caso los jueces y tribunales deberán declarar la interrupción o suspensión del plazo. De cualquier manera, no es tan exacto que sean éstas las únicas hipótesis de suspensión, como lo pretende el artículo 157 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; también cuando se hayan

alegado hechos nuevos "quedará suspendido el plazo de prueba hasta la notificación de la resolución que los admita o los deniegue" (art. 365, CPN)33; y en los casos de concurso preventivo, cuya apertura produce la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado (art. 22, inc.1, ley 19.551). E l término de p roducción pued e abreviarse, sea p orque ab initio el juez señaló uno menor, sea porque antes de hallarse íntegramente consumido se produjeren todas las pruebas, o las partes renunciaren a las pendientes (art. 363, CPN)34. En tal circunstancia, por razones

3 0 Supra, 2.1., nota No 4. 31 conf PALACIO, ob,cit., IV, 391,

32 Buenos Aires, 373; Córdoba, 192; Corrientes, 125; Santa Fe, 149; Tucumán, 319. Buenos Aires, 363; Corrientes, 118. B u e n o s A i re s , 3 6 1 .

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de economía procesal, no tendría sentido aguardar la expiración del plazo.

La regla de que el término de prueba puede ser reducido pero

no ampliado35, reconoce las excepciones de hecho ya señaladas, y otras de naturaleza legal que aunque no supongan técnicamente una ampliación disfrutan de sus efectos; por ejemplo, lo preceptuado por

la segunda parte del artículo 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según se adelantara supra: prueba no practicada dentro del plazo por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas. La hipótesis concierne a las diligencias que deban practicar-

se fuera del tribunal en que la causa se tramita, y requiere dos condiciones: a) Que la omisión sea imputable a las autoriades encargadas de

recibir la prueba; b) Que se requieran las medidas necesarias para acti-

var la producción. El código de Córdoba contiene una disposición parecida: "A los interesados incumbe urgir para que sean (las pruebas) practicadas oportunamente; pero si no lo fueran por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los interesados exigir que

habilitándose los días y horas necesarios, se practiquen antes de los alegatos o informes 1'35-1 El artículo 127 del Código de Corrientes,

pese a lo prescripto por el 121, sanciona una fórmula similar. En Santa Fe, se preceptúa que si las diligencias probatorias "vinieran o se

produjeran antes de la sentencia, serán tomadas en consideración"

(art.150)32, precisándose que 'cuando se agregaren a los autos diligencias de prueba después de presentados los escritos ordinarios del

El código de Corrientes instituye expresamente el principio en su art. 121

Es facultad del Tribunal disponer la recepción de prueba vencido el término cuando por razones de trabajo le resulte imposible hacerlo dentro de] mismo (C4 CC, en MART1NEZ

CRESPO, Código de Procedimiento

p. 73). Pero es menester que la parte favorecida no haya incurrido en negligencia ( CCCRC, ibidem ) y que luego adopte todas las medidas necesarias para la producción de la prueba mediante una actividad diligente e ininterrumpida

(CCCRC, ibidem).

lamamiento de autos no impide la producción de pruebas mientras no se haya dictado sentencia( STSF, S2a. CC; J., 14-57). -35-2

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juicio, las partes podrán alegar sobre su mérito, salvo que se hubiere dictado ya la providencia de autos " (art. 154). El código de Tucumán,

en su artículo 322, dispone que si la prueba "por razones no imputa-

bles al presentante, no le hubiera sido posible producirla, el juez mandará recibirla antes de alegarse de bien probado'

136.

Hasta aquí se ha visto el término de producción en proceso ordinario; tratándose de proceso sumario, el artículo 489 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 37, autoriza al juez a fijar

el plazo que estimare necesario para la producción de las pruebas, excepto la testimonial y la confesional que deben practicarse en la

audiencia señalada al efecto. En Córdoba el término es de veinte días como máximo (art. 423) y en Santa Fe es de diez (art. 410).

En el proceso sumarísimo (art. 498, CPN)37 rigen las mismas reglas, excepto que la audiencia de prueba debe recibirse dentro de los diez días de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo.

El código de Santa Fe dispone que la prueba deberá practicarse antes

de la audiencia para la vista de la causa, que se fijará dentro de los treinta días de contestada la demanda (art. 413, mce)38.

3.2. Plazo extraordinario. Hasta la entrada en vigencia de la ley 22.434, el régimen nacional contenía el instituto llamado "plazo extraordinario de prueba". Pero a partir de entonces desaparece, barri-

do por los vientos de celeridad y economía que informan el nuevo

También el código de Tucumán previene en su art. 315, que el término ordinario de prueba será de hasta cuarenta días, cuando haya de producirse dentro del municipio donde

funcione el juzgado o tribunal, y de un

día mas por cada diez kilómetros, sobre el término

anterior, cuando haya de producirse fuera del asiento del juzgado. Buenos Aires, 487,

371 Buenos Aires, 496. EL Inc. d del art. 43 del Cód.

Proc. Civil,

al remarcar que fuera de la oportunidad de la

demanda y de La contestación no podrá ofrecerse prueba alguna, ni siquiera la de confesión o documental, pone de manifiesto la estrictez de las normas regulatoria.s del juicio sumarísimo para el cumplimiento de las cargas que pesan sobre actor y demandado (CApel. Rosario; Rep. La Ley, 1980, p. 1952, sum.24).

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ordenamiento. No obstante, y en razón de que los textos provinciales no han sido alcanzados por la innovación, su estudio no puede omitirse en una obra destinada a los profesionales de todo el país. La necesidad de producir prueba en jurisdicciones distintas a las

del asiento del juzgado, con los inconvenientes que tal circunstancia

normalmente provoca al litigante, justifica el otorgamiento de un plazo mayor a fin de que las diligencias propuestas puedan practicarse

regularmente. El artículo 367, Buenos Aires, dispone que "cuando la prueba deba producirse fuera de la República, el juez señalará el plazo

extraordinario que considere suficiente, el que no podrá exceder de

noventa y ciento ochenta días, según se trate o no, respectivamente, de un país limítrofe". El tratamiento no es el mismo en los otros códigos, ni en cuanto a las hipótesis de lugar, ni en cuanto al plazo: Córdoba (401) y Santa

Fe (403) distinguen entre la prueba a practicarse fuera de la provincia y fuera de la República: en el primer caso el término será de

sesenta días, y en el segundo de

cien.

Corrientes (122) y Tucumán

(317) aluden solamente a la prueba a producirse "fuera de la Provincia", lo que no excluye al extranjero, facultando al juez a fijar el tér-

mino que considere necesario o suficiente, según la naturaleza de la prueba, o atendiendo a la distancia y a la menor o mayor facilidad de las comunicaciones. En los casos en que existen plazos señalados por la ley, pueden los jueces, naturalmente, fijar uno menor.

A diferencia del término ordinario de prueba, el extraordinario

no es común, sino individual, y corre juntamente con aqué139, pero

Buenos Aires, 371. La expresión "correrá juntamente con el ordinario" debe asumirse como "plazos no acumulables" (PALACIO, IV, 401) o "paralelos", es decir, "cada uno de

ellos tiene un punto de arranque y terminación distintos, no se computan el uno a continuación del otro" (FASSI , ob. cit., ' II, 161). Sin embargo, y contrariamente a tales conclusiones doctrinarias, Los códigos de Córdoba (406) y Santa Fe (405) disponen que el término ordinario se considerará prorrogado hasta el vencimiento del extraordinario. -27-


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empezará a contarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que lo hubiere otorgado40. Coinciden la mayoría de los textos en cuanto al plazo para soliprimeros días de disidencia notificada la citarlo: dentro de los diezcon de apertura a prueba41, la ostensible deprovidencia Tucumán (art. 317), que concede sólo cinco días. Coinciden asimismo en que el pedido de plazo extraordinario será resuelto sin sustanciación alguna 42salvo Tucumán (art. 317) y Corrientes (art. 124) que prevén un traslado a la otra parte por tres días perentorios. resolución que concede el plazo extraordinario es Cámara inapelable; no así La la que lo deniegue, pero únicamente se elevará a la el respectivo cuaderno43. En Córdoba el juez resuelve sin sustanciación ni recurso alguno, pero el superior podrá en la segunda instancia sobre lo principal, tomar en consideración la prueba producida, acordando en caso necesario el término que a su juicio debiera haberse concedido (art. 405). En Corrientes, del auto que concede el término extraordinario sólo puede apelarse en relación (art. 124). ¿Qué sucede si vencido el término extraordinario no se ha diligenciado la prueba para cuya producción se concedió, y el proceso se encontrase en condiciones de alegar? El artículo 370, Buenos Aires, dispone que en tal situación se procederá en la forma prevista por el artículo 480: se agrega la prueba producida en el plazo ordinario y se entregan los autos a las partes para alegar sobre su mérito. Incluso cl

juez podrá dictar sentencia, salvo que considere que la prueba omitida Buenos Aires, 371. En Tucumán, en cambio, el plazo corre desde la ejecutoria del auto

que lo conceda (art. 317,rn fine). 41 Buenos Aires, 368, inc. 1° .

E] plazo a 'ue x refiere el inc. 1° de la norma..., comien-

za a contarse desde que codas las partes se encuentran notificadas de la providencia de apertura a prueba y no desde el momento en que ésta adquiere el carácter de firme (PALACIO, ob.

cit., IV, 398). Buenos Aires, 369; Córdoba, 405. Buenos Aires, 369.

2 8 -


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reviste carácter esencial para la decisión de la causa. De todos modos la pérdida del derecho a alegarla no es definitiva: si se hubiese pronun-

ciado sentencia en primera instancia, y deducido contra ella recurso de apelación, la prueba deberá ser agregada en la alzada, siempre que no hubiese mediado declaración de negligencia a su respecto (art. 370 última parte).

Cabe consignar que el plazo extraordinario sólo procede en el proceso ordinario: el artículo 493, Buenos Aires, establece que "en el

juicio sumario no procederá el plazo extraordinario de prueba"; tampoco procede en el sumarísimo, por aplicación del inciso

20 del

artículo 496. Las mismas razones de celeridad que informan la estruc-

tura de este tipo de procesos, están implícitas en la negativa del plazo extraordinario44. Córdoba, por el contrario, lo autoriza: "En el juicio

de menor cuantía es admisible el término extraordinario de prueba, en las mismas condiciones en que se admite en el de mayor cuantía"

(art. 424). Tucumán escoge una solución intermedia: "En el procedimiento sumario —dice el artículo 413— no se admitirá el término

extraordinario de prueba, salvo en los casos de los incisos 1' y 2 ° del artículo 407", o sea, cuando se trata de un proceso de conocimiento que por razón del valor competa a la Justicia de Paz Letrada,

Y en los juicios por cobro de pesos que, excediendo de aquel valor, no pasen del monto legalmente fijado.

3.3. Tiempo de ofrecimiento y producción en segunda instancia. Dentro del quinto día de notificada la providencia de trámite, las par-

tes deberán: a) Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de

negligencia, que tengan interés en replantear en los término de los

Por igual motivo, no procede en los juicios ejecutivos, incidentes ni excepciones dilatorias Conf PALACIO, ob. ca ., IV, No corresponde conceder término extraordinario 397). de prueba en los incidentes (CNCiv., sala A En, 3 -27 4 ).

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artículos 379 y 385 in fine, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 45, b) Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia o anteriores, si afirmasen no haber tenido antes conocimiento de e110546; e) Exigir confesión judicial a la parte contraria sobre hechos que no hubieren sido objeto de esa prueba en la instancia anterior 47; d) Pedir se abra a prueba la causa si se alegare hecho nuevo (o si la alegación hubiese sido rechazada en primera instancia) y

si se replantearen medidas probatorias (CPN, art. 260). Las pruebas que deben producirse ante la cámara se regirán, en

cuanto fuere compatible, por las disposiciones establecidas para la primera instancia (CPN, 262)9. O sea, el plazo tendrá una duración máxima de cuarenta días-50, debiéndose ofrecer la prueba dentro de los diez primeros51, si se tratare de proceso ordinario. En el sumario la prueba se ofrece al alegar hecho nuevo y se produce en el plazo que la cámara estime necesario.

La ley ampara sólo a los supuestos de denegatoria infundada de prueba o negligencia o

caducidad rnal decretadas, y no a los caso de desidia o desinterés en la producción de las pruebas, que mal pueden encontrar remedio en segunda instancia (CNCiv., sala A; JA, 1982-1,

síntesis). En el último caso no basta la mera afirmación del oferente: ella debe ir acompañada de la enunciación de las razones suficientes y verosímiles que sustenten el pedido, ya que de

lo contrario, aparte de facilitarse actitudes reñidas con los deberes de lealtad y buena fe, resultaría desvirtuado el carácter excepcional que reviste la posibilidad de aportar elementos probatorios en segunda instancia (PALACIO, ob.cit., V, 282). Si las posiciones no fueron absueltas por haber mediado negligencia, por ejemplo, resul-

ta imposible conocer los hechos que quedaron fuera de tal prueba (Del voto del Dr. de Ahelleyra, CNCiv,, sala A; ED, 29-128). El tema ha sido abordado más ampliamente por el autor en Procedimiento Civily Co-

mercial ea Segunda Instancia,

1, 247,

Buenos Aires, 257,

50 En Santa le (369) será la mitad del de primera instancia.

51 En Santa Fe (369), dentro de los cinco primeros; en Córdoba, al expresar y contestar

agravios (1295).

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En 'os régimenes locales también procede la fijación del término

extraordinario, con la misma duración que en primera instancia, excepto Santa Fe 369) donde no podrá exceder de cuarenta días. 4. Conclusiones sobre el marco temporal. E-le tomado, sólo a

guisa de ejemplo, las prescripciones de algunos códigos relevantes por su adscripción científica para determinar el marco general del tiempo probatorio. Luego, al tratar de cada prueba en particular, efectuaré las

precisiones correspondientes. Basta, creo, con lo expuesto, al objeto de asumir que las soluciones acordadas están lejos de ser uniformes y

que no obstante la pretendida certeza que emana de los números, existe algún grado de incertidumbre fatigando la coherencia de la exégesis. No importa lo que el tiempo sea. La categoría que inquietaba a

Proust no parece más que un modo convencional de ordenar los hechos, y justamente serán ellos la materia del próximo capítulo. El desafío para el justiciable que debe producirlos en ciertas unidades de tiempo, se resolverá en términos que significan la vida o la muerte de la pretensión jurídica ejercida.

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1. La negligencia como descalificación y como sanción 35 2. Construcción jurisprudencial de las reglas sobre negligencia 36 os principios gen erales 3.1. Principio de aplicación restrictiva: el derecho de defensa 3.2. Principio de disposición 3.3. Principio de la falta de interés 3.4. Principio de morosidad 3

3.5. Principio de independencia

38 39

40 43 45

49 49

xcepciones a los principios generales ..................... 4.


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SUMARIO: 1. La negligencia como desc2lificaci6n y como sanción. 2. Construcción jurisprudencial de las reglas sobre negligencia. 3. Los principios generales

3.1. Principio de aplicación restrictiva: el derecho de defensa. 3.2. Principio de disposición. 3.3. Principio de la falta de interés. 3.4. Principio de morosidad. 3.5. Principio de independencia. 4. Excepciones a los principios ge-

nerales.


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La negligencia como descalificación y como sanción. Negligencia es una palabra valorativa1. Implica una descalificación; más 1.

aún: una descalificación específica2 referida a la conducta de alguien. En su uso técnico, señala que la actividad del litigante ha sido defectuosa pordeextemporánea3. la leydel noincumplimiento explicita la sanción derivada la inactividad deCuriosamente, la parte, o mejor, del deber jurídico de pedir y practicar la medida de prueba dentro del plazo. No hay texto que diga que tal incumplimiento dará lugar a la declaración de negligencia, excepto casos particulares de caducidad automática4. La sanción (pérdida de la prueba en general) imputada al incumplimiento del deber jurídico de ser diligente, se halla elíptica-

1

Cenaro Carrió señala la diferencia entre las palabras

descriptivas y las

palabras

vatorati-

V as: Arbitraria (como bueno) no es primeramente una palabra descriptiva; es también, como bueno una palabra valorativa" (Recurso extraordinario por sentencia arbitraria, p. 52; E d. Abeledo-Perrot, las. Aires, 1967).

podemos distinguir entre des cipos de dese alific adores; los específicos y los genéricos. Los descalific adores específicos nos indican en qué respecto lo descalificado es defectuoso" (CA RRIO, ob cit., p. 318).

prematuro o extemporáneo indican que el déficit o anomalía está conectado con la oportunidad u ocasión

en que algo es realizado" (CARRIO, ibidem ). Entre otros, CPN, 402: "Si vencido el plazo fijado para contestar el informe, la oficina pública o entidad privada no lo hubiese remitido, se tendrá por desistida de esa prueba a la parte que la pidió, sin sustanciación alguna, si dentro de quinto día no solicitare al juez la reiteración del oficio"; 410: "Si la parte que pidió las posiciones no compareciere sin justa causa a la audiencia, ni hubiese dejado pliego, y compareciese el citado, perderá el derecho de exigidas", 437: "Si la parte que ofreció el testigo no concurriere a la audiencia por si o por

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mente prescripta y debe deducirse del plexo normativo. Incluso la pa-

labra negligencia, salvo el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y aquellos que lo siguen5, no se menciona; pero la virtualidad de su aplicación está presente en el procedimiento probatorio como una rotunda realidad.

2 Construcción jurisprudencial de las reglas sobre negligencia Se halle o no la palabra negligenci mencionada por la ley, sería ilusorio pensar que de su mero análisis pueda obtenerse una adecuada infor-

mación sobre las circunstancias en que la pérdida de la prueba haya de ser decretada5. Ni siquiera del texto de las respectivas cláusulas procesales es posible deducir reglas que agoten el instituto, por la muy obvia razón de que la cantidad de hechos virtuales en la norma es infi-

nita1. Los que ella aprehende sirven apenas para forjar conceptos generales, un punto de partida. Veámoslos cómo se presentan en la economía del Código Procesal Cvil y Comercial de la Nación:

apoderado y no454: hubiese dejado interrogatorio, se plazo la tendrá por del desistida aquélque sinofreció sustanciación alguna "Asimismo (el juez) fijará el dentro cual ladeparte la prueba debe informar acerca del Juzgado en que ha quedado radicado el exhorto y la fecha de la audiencia, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido" 463: La falta de depósito (del anticipo de gastos del perito) dentro del plazo importará el desistimiento de la prueba". Santa Fe, 148: 'Fracasada una diligencia de prueba, se tendrá a su ponente por desistido de la misma, a menos que expresamente la urgiere dentro de tres días de la fecha en que conste en autos su no producción o que la contraparte lo hiciera dentro del mismo plazo subsiguiente". Corrientes, 196: "Si la parte no pidiere nueva audiencia o no presentase el interrogatorio dentro del tercero día de fracasada la anterior se la tendrá por desistida del testigo sin más trámite". Tucumán, 322; "La prueba deberá ser producida dentro del termino probatorio: bajo pena de nulidad, Arts. 383, in

fine

384; 385 y 260, inc.

20.

6

"Las palabras carecen de significados intrínsecos o esenciales, no son nombres de cosas y por lo tanto, las cosas no son descubribles a través de las palabras" (CarriÓ, Notas sobre derecho y lenguaje, p97).

Corresponde admitir que con todas las normas jurídicas sucede lo mismo, sólo que en algunos casos, ellas se muestran demasiado amplias, demasiado vagas, o demasiado oscuras. Recordemos expresiones como "bienes de uso indispensable", en las que apenas está insinuado el objeto de la formación.

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1. Las medidas de prueba deberán ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del plazo (art. 384)8 II. A los interesados incumbe urgir para que sean diligenciadas

oportunamente lo fueran por omisión de las autoridades encargadas III. Si no (ídem); de recibirla, podrán los interesados pedir que se practiquen antes de los alegatos, siempre que, en tiempo, la parte que ofreció la prueba hubiese informado al juzgado las dificultades y requerido las medidas necesarias para activar la producción (ídem); IV. Se desestimará el pedido de declaración de negligencia cuan-

do la prueba se hubiere producido y agregado antes de vencido ci plazo para contestarlo (art. 385) V. También, y sin sustanciación alguna, si se acusare negligencia respecto de la prueba de posiciones y de testigos antes de la fecha y hora de celebración de la audiencia, o de peritos, antes de que hubiese vencido el plazo para presentar la pericia (ídem). Las expresiones "dentro del plazo", "oportunamente", "en

tiempo", etcétera, aludendesolamente a uno de loscomo elementos de ella negligencia: el transcurso los términos. Se trata, se vio en capítulo anterior, de un requisito objetivo, de alguna manera verificable en el expediente. Pero hay otro que aun exteriorizándose mediante actos también verificables —abandono de la prueba— comienza en la subjetividad del litigante: el desinterés. Los términos "urgir", "requerir las medidas necesarias para activar la producción", etcétera, que utiliza la ley, están con este requisito. Y al llegar ahíLa la norma exhibe uno de conectados sus rasgos característicos: la ambigüedad. ambigüedad no permite al intérprete, con la sola consideración de las palabras de la ley, determinar la totalidad de la conducta exigible al

Buenos Aires, 382; Córdoba, 187; Corrientes, 127; Santa Fe, 146; Tucumán, 322,

B u e n o s A i re s , 3 83 .

37 -


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litigante'0. Habrá pues que acudir a otros datos —no incluidos previamente por el legislador— para deducir las reglas que dirán frente a qué circunstancias procederá declarar la negligencia. Esa es la tarea de los

jueces. Ellos definirán en cadabasándose caso conceptos de gran elusividad, como diligente o negligente, en informaciones a veces extrañas al campo de la dogmática, a fin de establecer qué clase de inactividad es la que merece ser sancionada con la pérdida de la prueba.

3. Los principios generales. En centenares de pronunciamientos los tribunales declaran que en materia de negligencias probatorias, debe estarse a las modalidades de cada caso, por no ser procedente dejar sentados principios generales11. Palacio se siente obligado a manifestar que "la afirmación es sin embargo excesiva, pues la variedad de casos que pueden subsumirse en una institución jurídica, por extensa que sea, no excluye la aplicación de determinados principios, los cuales, por lo demás, pueden inferirse de la nutrida jurisprudencia existente sobre el tema"2. A mi modo de ver, ci escepticismo de los jueces no supone la total imposibilidad de deducir las reglas, sino que se limita a dar cuenta de las dificultades para elaborarlas de manera que agoten las hipótesis de hecho. La confusión quizá sea más que nada terminológica: se dice principios generales donde debió decirse principios absolutos, lo que es bien distinto. Después de todo, "los jueces, al decidir un caso, invocan, escogen y aplican algún principio"13, lo que significa que cuando hacen prevalecer una solución sobre otra u otras posibles, es porque la elegida se conforma a un

lo EF tema de la posibilidad de reconocer en la norma otras notas no expresamente inclui-

das cii ella, fue abordado en mi libro

Agravio irreparable,

Ed. Ediar, Bs. Aires, 1978.

11 CNCiv., sala A; ED, 24-267; etc,

12 PALACIO, ob. cit,, IV, 408. 13 SOLER, Sebastián,

Las palabras de la ley,

p. 59.

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y debe esperarse que sigan haciéndolo en casos análogos. Ta es ci sentido de la búsqueda que me propongo hacer de los principios generales en materia de negligencia. concepto,

Un buen punto de partida para deducir dichos principios, es presentar el problema como una constante confrontación entre la búsqueda de la verdad 'real por una parte, y la necesidad de llegar a la sentencia lo más rápidamente posible, por la otra. Que ese punto de partida haya sido descubierto por las decisiones judiciales y extraído del sistema para exhibirlo como un concepto jurídico, es un bello ejemplo de la función asignada a los jueces, aun en un régimen de normas legisla-

das, como el nuestro: 'La profundidad de una construcción jurídica parece provenir siempre de una preocupación que actúa como acicate para descubrir en el derecho la solución correcta. Las grandes sentencias, aquellas que abren nuevos cauces en la vida jurídica son, con gran frecuencia, pronunciamientos en los que se muestra la existencia de conexiones antes ignoradas, y el gran magistrado es ci que tiene el poder de descubrirlas y presentarlas de un modo objetivamente tan con-

vincente, que sorprende que permanecieran tanto tiempo inadvertidas"14.

3A.

Principio de aplicacibn restrictiva: el derecho de defensa.

Disponer de una razonable oportunidad para ofrecer y producir prueba, es una exigencia del debido proceso adjetivo que asegura ci artículo 18 de la Constitución Nacional. Cuando esa oportunidad es negada, padece el derecho de defensa. De ahí que enfrentados a hechos que hacen dudar si la actividad del litigante ha sido o no diligente, los jueces se muestran cautelosos para privarlo de la prueba. El principio es formulado en los siguientes términos: En materia de negligencia probatoria, debe imperar el criterio resti'ictivo'5 14 SOLER, Sebastián, Interpretación de la ley p. 19. 15 CNCiv. sala A; FJ , 52499,

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Precisando el concepto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala F, agrega: Las negligencias, en cuan-

to importan una limitación al derecho de defensa, deben ser apreciadas

con carácter restrictivo y admitidas sólo en aquellos casos en que la incuria o la inactividad de la parte interesada en la producción de las pruebas se traduzca en una demora injustificada del proceso'6. En los ordenamientos que admiten la posibilidad del replanteo de pruebas en segunda instancia, el principio no tiene por qué ser tan riguroso, toda vez que si a criterio del superior la declaración de negligencia no procedía, el afectado dispone de una nueva oportunidad en la alzada.

3.2. Principio de disposición. La actividad probatoria en sede civil es, primordialmente, deber de las partes: incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tenga el deber de co-

nocer, prescribe el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación'7; añadiendo: cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Otros códi-

gos son también elocuentes en la atribución de obligaciones probatorias; el de Tucumán, por ejemplo, cuyo artículo 314 dispone que las partes tendrán la obligación de demostrar sus alegaciones de hecho. Quien pretenda algo —dice— ha de probar los hechos constitutivos en que se basa su pretensión; quien contradiga la pretensión del adversario, deberá probar los hechos extintivos y modificatorios o las circunstancias imperativas de esa pretensión.

16 ED , 12-666.

27 B uenos Aires, 375 . Conf. C3s. Civ. y Com. Córdoba E s obligaci6n de las partes procurar por los medios a su a lcance que al mom ento de dictarse sentencia, los elementos de juicio necesarios para acreditar su postura estén en el proceso y pu edan ser valorados por el juzgador (JA, 1980-II, síntesis).

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Sin embargo, la búsqueda de la verdad real se ha ido haciendo cada vez más evidente en las facultades que ci legislador va acordando a la jurisdicción a medida que se suceden las normas de los códigos. El

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en su actual redacción, autoriza a los jueces y tribunales, aun sin requerimiento de parte, a ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. A ese efecto podrá: decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos con arreglo a lo que dispone el artículo 452, pe-

ritos y consultores técnicos, para interrogarlos acerca de lo que creye-

ren necesario, y mandar (con las formalidades prescriptas en el códi-

go) que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de los terceros (art. 36, inc. 2°, apts. b y e, CPN)18 -

La ampliación de las facultades judiciales es el resultado de asumir la litis como un fenómeno social y no como un mero instru-

mento para la protección de los derechos subjetivos; mas, como sostiene Alvarado Velloso, "de cualquier modo que se pueda ver la cuestión o de la actitud filosófica que se adopte frente al tema, pensamos que en nuestro ordenamiento legal prevalece aún el principio dispositivo, a pesar del gran avance que ha efectuado el legislador en

materia de facultades judiciales; en otras palabras, intentando definir el sistema legal' diríamos que es predominantemente dispositivo"9. De ahí que la regla en estudio pueda enunciarse así:

El material de conocimiento debe ser, en principio, facilitado S21

por las parte 1S Buenos Aires, 36; Córdoba, 347; Corrientes, 227; Santa Fe, 21 1 juez. Sus deberes yfacultades, p. 5. 20

Conf: CNCiv, sala B: Si bien es cierto que el nuevo código ha dado mayores facultades a los jueces para llegar al esclarecimiento de la verdad, ello no significa abandonar el principio de que, en las causas civiles, el materia] de conocimiento debe ser, en principio, facilitado por las partes (ED, 28-325). CNFed. Civil y Com, sala II: Pese ala amplitud de las facultades 20 Cód. Procesal, instructoras los juecesaún y contempladas 36, inc. sigue vigenteacordadas —aunquea atenuado m ás despuésen de ellaart. reciente reformdel a— e] principio

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El principio está conectado a la garantía de la defensa en juicio por el extremo opuesto al de la aplicación restrictiva abordado en el punto anterior: entonces el propósito era no retacear la posibilidad de prueba; ahora se trata de no exagerarla en beneficio de quien no la produjo. En ambos casos padecería el debido proceso, alterándose la igualdad de los litigantes: "Si la parte no ha ofrecido prueba en la ocasión legal, no puede suplirse su conducta con prueba que torne viable una acción fundada en los hechos alegados y que se han intentado probar, convirtiendo en triunfador al perdidoso-21. Los corolarios de la regla, en orden a la negligencia, son elaborados por ¡os tribunales con arreglo a las ideas que se acaban de exponer: Las medidas para mejor proveer son de carácter excepcional22, no importan la restitución de los plazos prcesales23, ni suplen la falta

dispositivo, conforme al cual corresponde a las partes aportar la prueba para acreditar los hechos que invocan, siendo en este aspecto la actividad de aquél meramente complementaria (La Ley, 1982-A, 270).

21

FASSI, ob. cit., J, 129. Tampoco puede el juez instruir prueba de oficio sobre hechos no invocados por las partes: "la convicción de verdad radica en la certeza sobre la cual debe asentarse la prestación jurisdiccional. Esa certeza, en la sistemática de nuestro derecho —dice Humberto Theodoro Junior, refiriéndose al brasileño— sólo puede formarse a la luz d los hechos probados en el proceso. Es que, aunque libre para concretar su convencimiento, el juez, según el art. 131 del Codigo Procesal Civil, sólo podrá recalar en los hechos y circunstancias Constantes t l autos, y no en los no invocados por las partes. . . Tales márgenes son limites impuestos ala actividad del juez, tendientes a evitar la arbitrariedad en pesq uisas ajenas al control jurídico que los sujetos de la relación procesal deben ejercer sobre todos los actos

del proceso. Es que si el juez pudiese invocar actos extraños a aquellos demostrados en el juicio, ninguna seguridad tendrían los litigantes respecto a la defensa de sus intereses" ( Los poderes del juez frente a la prueba, en Estrategia procesal civil, de PEYRANO, Jorge W. y CHIAPPINI, Julio O.. p. 267; Ed. Rubirizal-Culzoni, Santa Fe, 1982). CNCiv. sala C; ED, Rep. XI, p. 600, sum. 4. 23 Cia. CC Bahía Blanca; ED, 34-20.

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total de pruebas de una de las parte524, ni cubren la negligencia probatoria de quien la sojicita25, ya que los jueces no pueden ordenar diligencias que las partes han debido solicitar dentro del plazo probatorio o que, pedidas, no se practicaron por negligencia suya26. Así, no ofrecida ni producida prueba por el actor y desistida por el ejecutado, la designaci6n por el juez, con carácter de medida para mejor proveer, de un perito calígrafo para que se expida sobre la autenticidad de la firma atacada de falsa, es improcedente, porque suple la negligencia de una de las partes, ya que implica producir lisa y llanamente una prueba pericial que pudo y debió ser producida por las partes en la etapa procesal oportuna27. 3.3. Principio de la falta de interés. Incuria, inercia, falta de interés son, entre otros, vocablos que se utilizan para nombrar el peculiar estado subjetivo del litigante moroso. Pero, ¿cuánta falta de in-

terés es necesaria para incurrir en negligencia? La regla se expone diciendo: Es presupuesto del instituto de la negligencia el haberse demos-

tr do f lt de interés del oferente en l producción de su prueba28.

Demostrar es traducir en hechos exteriores la indiferencia o desidia (otros tantos vocablos pertinentes), para que puedan ser cuantificadas. Esa cuantificaci6n, además, no debe ser arbitraria, y para que CNFed. Civil y Com. sala IU Si la demandada reconoció la extemporaneidad del ofrecimiento subsidiario de la prueba testimonial para la dilucidación de la defensa de legitimación para obrar deducida, extremo que motivó la oposición de la contraria yno se efectuó tal ofrecimiento en el escrito de constitución del proceso, el judicante no podía hacer uso de sus facultades instructorias, para sustituir la actividad probatoria (La Ley, 1982-1), 270). 24 Ibídem, Conf.

2 5 CNCiv., sala E; ED, 10-558.

CNCiv., sala C; ED, 63-396. 27 CNCom., sala B, ED, 11-308. 28 CNCom., sala A ED, 5-449, Conf sala B La negligencia en la producción de la prueba

debe juzgarse teniendo en cuenta la diligencia o interés puesto de manifiesto en la realización de la misma (ED, 1-685).

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no lo sea, habrá que atender al caso concreto, la índole del proceso y sus contingencias particulares: por ejemplo, no se exige la misma cele-

ridad en los juicios ordinarios que en los sumarios, ni el rigor con que

se aprecie la actividad de la parte será igual hallándose pendiente el plazo probatorio que estando ya vencido. Empezaré el examen de la casuística sobre el principio de la fa -

ta de interés, abordando precisamente la pauta del vencimiento del plazo. El hecho de hallarse vencido el término de prueba, obliga al in-

teresado en producirla a ser particularmente diligente; así, cuando se trata de la reiteración de un oficio, la recurrente debe extremar su celo procesal por el oportuno libramiento29 ; e incluso no se requiere que el plazo se halle vencido para declarar la negligencia, cuando resulta evi-

dente que la prueba no podrá ser producida dentro del mismo3°. Sin embargo, el solo vencimiento del plazo para producir prueba no es motivo valedero para el acuse de negligencia en su producción, si de autos surge la actividad del interesado31. Las reglas presciptas operan según una condición necesaria y su-

ficiente: que el plazo se halle fijado; si no se fijó término para la pro-

ducción de la prueba, no está legalmente justificada la negligencia invocada32. Asimismo el plazo debe hallarse corriendo: suspendida por

el juzgado la tramitación de Ja producción de Ja prueba, es injustifica-

do atribuir, a la parte, negligencia en producir la oportunamente pedi-

da, si no se ha reanudado expresamente su trámite y notificado la providencia a los interesados33.

CNCiv. sala D; La ley 132-1093 N° 18.844.

CNCiv. sala E; ED 20-249. Conf.: CNC0m sala B: El ofrecimiento depruebaefectuado el mismo día en que vencía el termino respectivo es tardío y la parte que lo hace en esas

condiciones incurre en negligencia (CNCOm., sala 8, ED, 10-426).

31CNCiV ., sala E;ED, 17496. CNCOm., sala 11; ED, 12-668. 33CNCOm. sal a B; ED 12-667.

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Otra forma de apreciar la actividad del litigante, es extendiendo a la negligencia las reglas que emanan de la naturaleza del juicio: en lo s

incidentes, ejecuciones, procesos sumarios y sumarísimos, el principio

de celeridad y abreviación de los plazos alcanza especialmente al procedimiento probatorio. El interesado en la prueba deberá extremar su diligencia a fin de practicarla en los términos habitualmente reducidos

que establece la ley. En concordancia con lo expuesto, se ha declarado que el hecho de haber transcurrido más de dos años desde la aper-

tura a prueba de la ejecución, sin que el demandado haya agregado las

rogatorias, es clara demostración de la incuria en que ha incurrido en

la producción de la prueba34; que si el término de prueba venció el día en que el ejecutante ofreció la de su parte, no cabe duda que ese ofrecimiento fue tardío y que dicha parte incurrió en negligencia35 que la naturaleza sumaria del juicio de desalojo obliga a extremar el rigorismo de los Jueces a fin de no favorecer cualquier intento dilatorio; de ahí que la prueba ofrecida el último día del término y luego no urgida, si por su profusión lleva implícita Ja imposibilidad de diligenciarla dentro del plazo, importa negligencia en el oferente36,

3.4. Principio de morosidad. El desinterés aludido en el párrafo anterior se refleja en la inactividad o insuficiente actividad probato-

ria del litigante, lo que a su vez debe traducirse en la morosidad del trámite; o sea, que los plazos se extiendan más allá de lo tolerable para la buena fe procesal y para la obtención del fin querido por el proceso:

llegar a la sentencia, en lo posible dentro de los términos prescriptos por la ley. El principio, entonces, puede formularse así: El instituto de la negligencia debe ser evaluado a tenor de si la

actividad denunciada ocasiona o no atraso a la tramitación de la causc7• CNCiv., sala 13; La ley, 116-786, N° 10.852. CNCOrn., saJa

B; La Ley, 118-877, N° 11.851. CApel. Goya (Ctes.), en ACOSTA, José Y., Diez años de jurisprudencia en materia procesal civil, p. 70, N° 194. (MCom.,

sala B; ED, 50-343.

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Empero, deben concurrir otros ingredientes para que la morosidad conduzca a la pérdida de la prueba, toda vez que la negligencia no

es un fin en sí mismo: la demora ha de ser imputable al oferente y per-

judicial para la otra parte o para el normal desenvolvimiento del proceso. De modo que el enunciado de la regla se completa diciendo que existe negligencia todas la veces que la parte, por acción o inacción

imputables, ocasiona una demora perjudicial o injustif icada en el proceso38. A contrario sensu, si la demora no es imputable o no ha causado perjuicio, la negligencia es improcedente.

Imputabilidad, en el lenguaje de los tribunales cuando se refiere a la negligencia procesal, equivale a culpabilidad. Ya examinamos en el

capítulo anterior (3.1.) una de las áreas en que el instituto opera: la acotada por el artículo 384 del Código Procesal Civil y Comer-

cial de la Nación, donde se prescribe que si las medidas de prueba no fueren practicadas dentro del plazo "por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los interesados pedir que se practiquen antes de los alegatos siempre, que, en tiempo, la parte que ofreció la prueba hubiese informado al juzgado de las dificultades y requerido las medidas necesarias para activar la producción". Es un claro ejemplo de inirnputabilidad del oferente, aunque la palabra no se men-

cione, como en el código de Tucumán cuya fórmula es más amplia todavía: si la prueba "por razones no imputables a] presentante, no le hubiera sido posible producirla", dice el ya mencionado artículo 332, utilizando el término "imputable" como "culpable", en el sentido de atribución de responsabilidad aun en el aspecto subjetivo. Por cierto, el interesado en la prueba no se limitará a hacer saber las dificultades que le impiden diligenciarla, sino que además debe requerir las medidas necesarias para activar la producción. Este requisito es esencial, e

incumplido, la negligencia es procedente: Toda vez que han trans-

CNCLv., sala Ci ED, 2-973.

Conf. CNC0m,, sala A; La declaración de negligencia tien-

de a sancionar la incuria en que haya incurrido una de las partes en perjuicio de la otra,

obstruyendo, injustificadamente, el curso normal del procedimiento (ED, 2-250).

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currido más de cuatro años desde la fecha en que- se libró oficio a un

juez federal requiriendo la remisión de unos expedientes, sin que la parte interesada haya solicitado la reiteración, corresponde darle por decaído el derecho de producir dicha prueba 39. El término de tres meses transcurridos desde que se reiteraron los exhortos y oficios sin que la demandada pidiera su reiteración o informara de as dificultades

surgidas para su diligenciamiento durante el término de prueba, importa incumplimiento del artículo (384) del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación40. Por el contrario, la circunstancia de no haber remitido el juzgado de intrucción, por motivos de orden procesal, un expediente, surgiendo de autos la actividad desa-

rrollada por la parte proponente de la prueba para obtener dicha remisión, torna improcedente la negligencia acusada41.

La demora puede originarse también en el propio juzgado en que la causa se tramita. Cuando así ocurre, es deber del oferente remover los obstáculos que se opongan al proveimiento de la prueba o a su producción. Quien permanece como mero espectador de la inercia,

de jueces, secretarios, funcionarios o auxiliares, afronta la sanción de la pérdida de la prueba como si fuese él mismo el autor de la falta. En este orden de cosas se ha resuelto que la circunstancia de no haber sido proveída la prueba ofrecida, no obsta a la negligencia, ya que la parte está obligada a urgir esa decisión42. Tampoco el hecho de haber concurrido a Mesa de Entradas para activar verbalmente el trámite de la causa es óbice para que se haga lugar a la declaración de negligencia, ya

30 CSN, 260:37. CNCiv, sala C, La Ley, 122948, N° 13.675. CNCom., sala A; La Ley, 127-857.

CNCiv.. sala C; El), 20-246. Conf CNCiv., sala A: 51 bien una vez ofrecida la prueba no es necesario que las partes soliciten la fijación del periodo durante ci cual deberán sustanciarse, ello no obsta a que, ante la demora del juzgado, los litigantes utjan dicho trámite (La Ley, 126-776, N° 15,207). Incurre en negligencia la parte que deja transcurrir un lapso prolongado sin instar que se proveyera el escrito en que ofreció su prueba, no obstante que el juzgado debió proceder de oficio, pues la parte interesada siempre tuvo la posibilidad de pedir lo conducente ante la inactividad judicial (CNCiv., sala C; La Ley, 115-818, N° 19589). -47-


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que incumbe al interesado urgir en los autos que las pruebas se diligen-

cien dentro del término

legal43.

La devolución del expediente por el tribunal de alzada suele ocasionar situaciones propicias a la distracción en que la negligencia

acecha. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, sala A, resolvió que el hecho de que al devolver el tribunal de alzada el expediente a primera instancia, omitiera hacerlo con

el cuaderno de pruebas de la demandada, no excusa la negligencia del

ejecutado que no ha realizado ningún trámite para subsanar esa omisión. La sala B del mismo tribunal tuvo oportunidad de declarar que a los efectos de la negligencia en la producción de la prueba debe

tenerse en cuenta, en juicio devuelto por el tribunal de apelación a Primera Instancia, la inactividad de la parte a contar desde que tuvo legal conocimiento de la providencia "por devueltos"45.

La omisión o demora del tribunal en suscribir exhortos, cédulas

u oficios, en fijar nuevas audiencias, etcétera, son también circuns-

tancias que nutren la casuística sobre el punto, porque el litigante desprevenido suele creerse ajeno a las consecuencias de la inactividad judicial, y nada está más lejos de la verdad que ese convencimiento: la omisión del juzgado en llenar los claros correspondientes a las fechas

de las audiencias, para la producción de la prueba ofrecida —dijo la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala C— no

dispensa a la proponente del deber de activar la fijación de aquéllas;

ni la negligencia de los empleados de secretaría no justifica la que incurra la parte interesada en la producción de la prueba47.

CSN, 269:343. 44 22-659.

ED, 5-95. Conf.: CNCom., sala B: La falta de reiteración de un pedido tendiente a la producción de la prueba cuyo proveimiento quedó supeditado a la notificación de la providencia por devueltos", hace procedente la acusación de negligencia formulada cuando había transcurrido casi un mes desde el señalamiento del plazo para su producción (ED, 12-667). ED, 23-40. ED, 4-330,

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3.5. Principio de independencia. Se aplica a dos géneros de situaciones: a) Cuando una de las partes aún no ha producido toda su prueba y acusa negligencia a la contraria; b) Cuando la parte es negligente respecto de algún medio de prueba y no de otro u otros. En con-

secuencia, ci principio prescribe que la negligencia debe juzgarse con referencia a cada una de las partes y a cada actuación, sin que impida admitirla la circunstancia de existir prueba pendiente.

En relación al primer caso, se ha resuelto que el hecho de que

una de las partes no haya aún producido toda su prueba, no impide declarar negligente a la contraria en la producción de la suya48 ;y respecto del segundo, que la circunstancia de que se encuentren pendientes ciertas medidas probatorias, no exime a la parte interesada de practicar en tiempo propio las demás ofrecidas49.

4. Excepciones a los principios generales. Si bien de aplicación restrictiva50, se reconocen excepciones a los principios generales pre-

cedentemente expuestos. Recordando que la demora sancionable con la declaración de negligencia es la que inviste el carácter de perjudicial e injustificada, cuando de las circunstancias del caso apareciese que la

dilación ocurrida no daña a la otra parte o no es atribuible al oferente, la pérdida de la prueba sería irrazonable. Una primera excepción —instituida por la ley misma— está dada

en el caso de que la prueba se hubiere producido y agregado antes de

vencido el plazo para contestar el pedido de negligencia (art. 385,

CNCom., sala C; JA, 964-1-144. Sin embargo, la Suprema Corte de Buenos Aires se pronunció en sentido adverso a esta soluci6n: Resulta improcedente el acuse de negligencia cuando quien lo efectúa cuenta con prueba pendiente de producción y no tiende a urgir el proceso y poner término al período ya vencido, sino que sólo pretende hacer perder la realiración de la prueba a su contrario (La Ley, Rep. 1981. p. 2396, sum, 49). 49CNCom., sala B; La Ley, 118-869, N° 11.779. Cia. Civ. y Com. Tucumn;JA, 1982-1, síntesis. -49-


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C P N )5 1. Según explican los tribunales, ello no incide en el desenvolvimiento de los trámites cuya celeridad es fundamento en las cuestiones de negligencia52. La segunda excepción deriva de la regla de la imputabilidad del oferente en la demora, y podría enunciarse como la imposibilidad de producir prueba por causas que le son extrañas. Por ejemplo: la irregularidad con que el personal de los tribunales cumplió sus tareas en determinados días y la dificultad y confusión que tal estado de cosas pudo crear en los litigantes, lo que llevó a la Corte Suprema de Justicia

a declarar inhábiles esos días53; o si el juzgado llamó autos para resolver" a raíz de una oposición formulada por la contraparte en la audiencia respectiva, ya que no se podía activar el trámite por estar pendiente de resolución judicial; o cuando la parte no pudo valerse del informe del secretario respecto de la prueba, por haber sido agregado, por error, al cuaderno de la contraria55; o si el tribunal debió dilucidar previamente una nulidad p lanteada56 . La tercera excepción atañe al carácter común de la prueba y ha sido enunciada en los siguientes términos: si la prueba es de carácter

común, no corresponde que una parte acuse negligencia a la otra,

51 Buenos Aires, 383. Conf.: CNCiv., sala E; Si la prueba fue producida y agregada antes de vencido el plazo para contestar el traslado conferido, corresponde desestimar la negligencia articulada (La Ley, 1981-D, 273). Palacio (ob. cit., IV, 405), aclara que el tope temporal

instituido por el artículo 385 purgar laa negligencia descarta la aplicabilidad actual algunos precedentes que, conpara anterioridad la promulgación del CPN, se pronunciaron ende el sentido de que es inadmisible la declaración de caducidad cuando la prueba cuestionada se produce antes de que el incidente quede resuelto en forma definitiva . 52 CNCiV., sala F; ED, 12-669. Para Fassi, la ratio del precepto reside en que la verdad de los hechos debe prevalecer y, por ende, no se prescinde de la prueba que se produce durante la sustanciación de la negligencia (ob. cit., II, p. 190). CNCiv., sala A; ED, 12-661. CNCom., sala B; ED, 12-667. CNCiv., sala sala F; E; ED, ED, 37-69. 26-173. CNCiv.,

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porque la obligación de urgirla es de ambas57.

Para que una prueba pueda ser calificada de común es menester

que haya sido pedida por ambas partes, o que la contraparte haya adherido a la misma-58. Si una de las partes desiste de la prueba, la con-

traria está obligada a urgirla, incurriendo en negligencia en caso de no

hacer1059; obviamente, si no desistiese, esa circunstancia inhibe para

considerar negligente a la contraparte, pues también a ella incumbía acelerar su producción60.

¿Desde cuándo la parte que no desistió debe considerarse negli-

gente? A partir de la fecha en que quede firme el auto que provee el desistimiento, pues hasta entonces la carga de la prueba pesaba sobre ambas partes(>'. De ahí que debe ser desestimada la negligencia acu-

sada el mismo día en que se produjo el desistimiento de la prueba

común por una de las partes, porque únicamente a partir de ese momento puede apreciarse la pasividad de la Contraria62.

CNCom., sala A; Ef), 43-403. Conf CNCiv., sala A; Cuando la prueba ofrecida reviste carlcter común el deber de urgir su producción corresponde a ambas partes, siendo, por tanto,

improcedente, si no media desistimiento, la negligencia acusada al respecto (ED, Rep. 13, p. 697, sum. 45). Aunque algún fallo asigna sólo un valor relativo al principio (CNCom,, sala A; ED, 43403). CNCiv., sala E; El), 20241. CNCiv., sala A; El), 24-267. 60 CNCiv., sala B; Ef), Rep. 10, P. 85, sum. 31. CNCiv., sala A; CD, 3769, Conf; CNCIv., sala A; Ante el desistimiento de una de las partes de la prueba común, la eventual inactividad de la contraria debe comenzarse a computar a partir del momento en que conoce el desistimiento, ya que hasta entonces la carga de urgir la prueba pesaba sobre ambas (ED, Rep. 13, p. 697, sum. 44). 62 CNCiv., sala A; Ef), 37-69.

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Capítulo 1 PRUEBA DOCUMENTAL

1 .O r e c im e n to..................................... 1.1. Código de la Nación

1.2. Otros códigos 2.. Inadmisibiidad 3. Producción 3,1. Documentos a disposición del litigante ................. 311 D o c u m e n t o se s c r it o s...........................

3,1.1.1. Documentos públicos 3.1.1.2. Documentos privados

3.1.1.2.1. Documentos privados emanados de las partes ......... 3.1.1.2.2. Documentos privados emanados 3.1.2. Documentos no escritos

de terceros

3,1.3. Documentos que no están a disposición del litigante ...... 3.1.3. 1, Exhibición de documentos ......................


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S E C CIO N S E G U N D A

L A N E G L IG E N C IA E N E S P E C IA L


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Capitulo PRUEBA DOCUMENTAL

SUMARIO: 1. Ofrecimiento. ti. Código de la Nación. 1.2. Otros códigos. 2. Inadmisibilidad. 3. Producción. 3.1.1. Documentos a disposición del litigante. 3.1.1.1. Documentos escritos. 3.1.1.1.1. Documentos públicos. 3.1.1.1.2. Documentos privados. 3.1.1.1.2.1. Documentos privados emanados de las partes. 3.1.1,1.2.2. Documentos privados emanados de terceros. 3.1.12. Documentos no escritos. 3.1.2. Documentos que no están a disposición del litigante. 3,1.2.1. Exhibición de documentos.


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1. Ofrecimiento.

artículo 333 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación1, dispone que con la demanda, reconvención y contestación de ambas en toda clase de juicios, deberá acompañarse la prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuviesen a su disposición, la individualizarán indicando 1.1. Código de ¡a Nación. El

su contenido, ci lugar, archivo, oficina pública y persona en cuyo poder se encuentre. La obligación prcscripta por la ley cede en dos circunstancias: a) Cuando cn ci responde de la demanda o de la reconvención se alegaren hechos no invocados en Ja demanda o contradcmanda. En tal supuesto, los demandantes o reconvinientes, según el caso, podrán agregar, dentro de los cinco días de notificada la providencia respectiva, la prueba documental referente a esos hechos (CPN, art.3 34)2; y b ) Cuando después de interpuesta la demanda, el actor presente do-

cumentos de fecha posterior, o anteriores, bajo juramento o afirmación de no haber tenido antes conocimiento de ellos (CPN, art.335)3. 1

Buenos A ires, 332, 2 Buenos Aires, 333; ci CPN, en su versión ley 17.454 preveía que en el caso normado se procediese a la agregación de la prueba sin otra sustanciación. El precepto, que subsiste en

Buenos Aires,ofue censurado a raíz de de no los datar al demandado o reconviniente de reconocer negar la autenticidad documentos, defecto al que pusooportunidad remedio la ley 22.434 q ue ordena d ar traslado a la Otra parte. Buenos Aires, 334.

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La doctrina está de acuerdo en que la agregación puede disponerse durante el período de prueba y aun más adelante, hasta que pasen los autos para sentencia4.

Esto en cuanto a la primera instancia. Respecto de la segunda, las partes deberán, dentro del quinto día de notificada la providencia de trámite, presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia,

o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes conocimiento de ellos (CPN, art. 260, inc. 3° ). Me siento obligado a discrepar con Fassi res-

pecto de que la afirmación de no haber tenido antes conocimiento de los documentos "no puede hacerse por primera vez en segunda instan-

cia"5 : teniendo en cuenta que después del llamamiento de autos para sentencia queda cerrada toda discusión y no puede presentarse más

escritos ni producirse más pruebas (art. 484, CPN), es obvio que la primera oportunidad de invocar el desconocimiento sobrevendrá en la alzada.

Para que la cámara entre a considerar documentos no presentados al inferior, éstos deben reunir una de las dos condiciones exigidas

por la ley: que sean de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia o, siendo anteriores, que el interesado en la admisión afirme

no haber tenido antes conocimiento de ellos. Comparto con Palacio el criterio de que no basta, en este último caso, la mera afirmación del

oferente: ella "debe ir acompañada de la enunciación de razones suficientes y verosímiles que sustenten el pedido, ya que de lo contra-

rio, aparte de facilitarse actitudes reñidas con los deberes de lealtad y buena fe, resultaría desvirtuado el carácter excepcional que reviste la posibilidad de aportar elementos probatorios en segunda instancia

Conf lassi, ob. cit., 1, Ob. cjt,

p. 49.

1, p. 712.

Ob, cit., y, 282. Conf CNCiv., sala C: La prueba documental en la alzada procede s6lo en Jos supuestos contemplados en el inc. 30 del art. 260, C. Pr., ya que el criterio que rige

sobre el particular es restrictivo JA, Rep. 1976, p. 454, síntesis). - SS -


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1 .2. Otros códigos. Los de Córdoba 7, Corriente0 y Santa Fe9, entre otros, admiten la posibilidad de presentar prueba documental con posterioridad a la demanda y contestación, siempre que se lo haga dentro del plazo general del ofrecimiento de prueba. La única sanción consiste en cargar con las Costas causadas por la presentación tarda'°. Conforme a la exégesis practicada sobre el artículo 72 del en-

tonces código de la Capital, antes de su reforma por la ley 14.23711 la jurisprudencia provincial suele distinguir entre documentos en que se funde el derecho y los que justifiquen la demanda, reservándose

sólo para los primeros la exigencia de presentarlos con ésta, pudiendo,

los que sirven para probar determinados hechos, presentarse en el pe-

ríodo de prueba12. Como ejemplo de documentos fundantes del derecho, se menciona el titulo de propiedad para reivindicar un inmueble y el boleto de compraventa para demandar por escrituración; y de documentos que justifiquen la demanda, la partida de nacimiento

en la acción por reconocimiento de filiación natural o en la de indemnización de daños y perjuicios causados por un accidente. Art. 162. 8 Art. 83. 9Art. 137. 10 sin embargo, la sanción no es automática: para imponer las costas por la presentación tardía del documento que debe acompañarse a la demanda no basta la simple tardanza; se requiere, además, que el documento produzca un cambio en la conducta de las partes o en la suerte de la litis (STSE, S. 2a. CC; J., 16-184). La presentación tardía de documentos sólo hace cargar con las costas al que los trajo si la parte co ntraria se allanase en vista de ellos (CCCSF, S. 2a.; 3,, 27-79). Existe presentación tardía de documentos que genera obligación de cargar con las costas cuando la extemporaneidad provoca un cambio de postura de las parteso en la suerte de la litis; carece de relevancia la simple demora (STS F, S. 2a. CC; j., 16-70). 11 FERNANDEZ, Código de Procedimientos Civil Comercial, p. 151. Conf. CNCiv. en pleno; JA, 1953-111, p. 54. Contra: ALSINA, Tratado, 111, p. 48. 12 Es necesario distinguir entre documentos justificativos del derecho, por un lado, y los documentos probatorios de los hechos por el otro (Cia. Civ. y Com., Tucumán; JA, 1983-1, síntesis). Los documentos que prueban la realidad de los hechos en que se basa la defensa de pago, no constituyen los que fundan la demanda y deben presentarse con ella (CCCSF, S. la., cit. por ALVARADO VELLOSO, Código Procesal Civily Comercial, t. 1, p. 290, N° 2). Si ci actor afirma ser propietario del inmueble cuyo desalojo se persigue, no hace Otra cosa que, de t

ser negado en el responde, puede ser acreditado en el período de prueba (CCCR, S. 2a.; J., 33-37). 59-


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Atento a que se trata de prueba preconstituida, accesible al que la ofrece, el principio de lealtad que sustenta el artículo 333 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debería incorporarse a las

futuras reformas de las leyes provinciales, concluyéndose con una distinción injustificada.

2. Inadmisibilidad. El plazo para agregar prueba instrumental debe considerarse como perentorio, preclusivo y fatal, es decir, que por su vencimiento se opera automáticamente la pérdida de la facultad procesal para cuyo ejercicio se concedió13. De ahí que la obligación de acompañar con la demanda, la reconvención y la contestación de ambas, la prueba instrumental que estuviere en poder de las partes, lleva implícita la sanción de no poderla presentar fuera de esa oportunidad14. Mas como la exigencia de acompañar inicialmente toda la prue-

ba documental tiene por finalidad evitar a las partes sorpresas procesales o sea la desventaja de ignorar la existencia de alguna que puede

ser fundamental para su defensa, encontrándose razonablemente precisado el documento en cuestión e indicándose el medio de arrimarlos a autos, la agregación posterior es procedente'5. Empero, fa regla de la pérdida automática del derecho a ofrecer

prueba es suavizada en procesos de naturaleza publicística, donde la necesidad de averiguar la verdad histórica prevalece sobre las contingencias del rito y permite al juez hacer uso de las facultades conferidas

por el artículo 36, inciso

20 del

Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación: aun con independencia de toda petición de parte —dijo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, CNCiv., sala A; ED, 71-230. 14

CNCom., sala A; liD, 8-892. No habiéndose cumplido la carga del art. 333 del cód. de

forma y por no haberse invocado en los términos del art. 335 del mismo cuerpo legal, la agregación de documentos deviene extemporánea (CNCiv., sala Ci; liD, Rep. 15, p, 764, sum, 2).

15 CNCiv., sala B; JA, 1977-11, síntesis. En los casos en que el actor no ha cumplido con la exigencia de la incorporación inicial de toda la prueba documental por haber extraviado un documento, pero cumple con la carga de individualizarlo en forma expresa de modo que la otra parte pueda expedirse sobre el punto, se admite su agregación posterior (CNCiv. sala F JA, 1 98 0-111 , síntesis).

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sala C— ante su solo conocimiento, el juez de primera instancia pudo y

aun debió disponer el agregado de documentación en ejercicio de las facultades instructorias que le confiere la ley procesar, en particular el

artículo 36, inciso 2°, pues, sin mengua de la iniciativa que incumbe a las partes, de la regla de la carga de la prueba, y del principio dispositivo, dicho material probatorio complementario permitía aventar todo margen de duda para la solución justa del caso, máxime tratándo-

se de un juicio que entronca con el ordenamiento publicístico de la

quiebra, en el que cabe interpretar con la mayor amplitud estas atribuciones de los jueces16.

En cuanto a los hechos no invocados en la demanda o contesta-

ción -artículo 334 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- los documentos deben ser agregados dentro de los cinco días de notificada ministerio legis la providencia que las tiene por contestadas.

Al conferírsele al interesado traslado de los documentos a que se refiere el artículo 358 del código citado, él debe limitarse a expedirse 17.

sobre su autenticidad o recepción

Como se dijo más arriba, el artículo 335 del Código Procesal

Civil y Comercial de la Nación, permite al actor, después de interpuesta la demanda, presentar documentos de fecha posterior, o anteriores, bajo juramento o afirmación de no haber tenido antes conocimiento de ellos. En el primer caso, la posterioridad alegada debe

surgir del instrumento mismo, habiéndose resuelto que el telegrama cuya presentación fue omitida en el escrito de demanda, en el que se transcribe el texto sin indicar su fecha ni la causa de su falta de presen-

tación, no puede agregarse a los autos". Respecto de los de fecha anterior, el desconocimiento invocado puede ser controvertido por la parte demandada, sin perjuicio de la obligación del oferente de enunciar razones verosímiles que no le per-

16 CNCO m., sala C; ED , 90-196.

17 CNCiV., sala E; La Ley, 1983 -13, p. 48.

18 CNCom., sala B; ED, 6467.

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mitieron conocer la existencia del documento. Conforme a la redacción de la norma, es inadmisible la agregación del documento de fecha anterior alegando su extravío, si tal circunstancia no se expresó al promover la demanda individualizándoselo con exactitud porque la excusa es incompatible con el principio de buena fe'9. Del mismo modo y en ese orden de ideas, la agregación de documentación que se refiere a reparaciones que no se individualizaron en la reconvención -por lo que la reconvenida no fue oída ni7 estuvo en condiciones de ofrecer prueba a su respecto— aparece contraria a la buena fe y lealtad procesal20.

En razón de la amplitud que actualmente se otorga al concepto documento, la actividad probatoria del proponente de esta clase de prueba se ha complicado de manera inimaginable apenas unos decenios atrás. En efecto, cómo se cumple satisfactoriamente la carga de agregar a los autos una grabación magnetofónica o una película acompañadas con la demanda, la reconvención y la con3. Producción.

testación d e amb as? Devis Echan día introdujo el tema en el II E ncuentro Panamericano de Derecho Procesa' (Rosario, 1983): "Son docu-

mentos, los planos, las pinturas, los dibujos, las fotografiías, las películas, las grabaciones magnetofónicas, las radiografías, las encefalografías, las huellas dactilares impresas en papel madera, paredes o cosa cualquiera, etc."21. El problema no se agota en la dificultad de la agregación material al expediente, sino en la necesidad de completar la 19 Ver jurisprudencia citada en la nota N° 15 CNCom., sala U; ED, 6-800. 21 Valor probatorio de los medios de confirmación no legislados y aceptados plenamente por la técnica moderna, en Ponencias generales del ti Encuentro Panamericano y XII Congreso Argentino de Derecho Procesal, p. 89 y sgte5. El profesor colombiano plantea el tema de los telex: "Actualmente se utiliza el telex centenares de miles de veces cada día, en el mundo, para transacciones por miles de millones de dólares, a pesar de ese gravísimo problema que respecto a su valor probatorio representan cuando se trata de comunicaciones privadas. . . en

la casi totalidad de los casos son comunicaciones privadas o particulares que carecen de firma y apenas llevan la clave que identifica el aparato desde el cual emiten y el que lo re-

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prueba documental ofrecida con su reproducción mecánica y/o con el dictamen de un experto. En tales hipótesis, señala Palacio, "es suficiente que la parte que pretenda hacer valer un documento lo mencione en los escritos iniciales y refiera su contenido en la medida de lo posible22.

De lo dicho se advierte que la producción de este medio de prueba reconoce una diferente metodología según la clase de documento de que se trate y de la posibilidad que tenga la parte de allegarlo inmediatamente. En función de ello el oferente deberá extremar el cuidado para evitar su pérdida. Además, en virtud de la dispersión de las normas reguladoras del instituto, es necesaria una sistematización que aporte certeza a la actividad probatoria, correspondiendo distinguir si el litigante tiene o no el documento a su disposición; si se trata de documentos escritos o no escritos; si son públicos o privados; si emanan de la parte o de un tercero. La negligencia está siempre acechando a quienes olviden estas diferencias. 3.1.1. Documentos a disposición del litigante.

Esta hipótesis no

se halla legislada en el capítulo relativo a la pruebaque documental, en el correspondiente a la demanda. Recuérdese el artículo sino 333 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dispone que "con la demanda, reconvención y contestación de ambas en toda clase de juicios, deberá acompañarse la prueba documental que estuviese en poder de las partes". Sin embargo, el cumplimiento oportuno de la cibc, siendo posible hacer utilizar la primera clave dolosamente desde Otro aparato. Se usa el cambio constante quizá diario de la clave, pero esto no impide que un intruso utilice el aparato dolosamente para remitir órdenes o mensajes fraudulentos, ni que un cómplice interno de la respectiva empresa suministre esa clave al delincuente que la utilice dolosamente. Francamente nos sorprende y aterra la Situación actual del uso del telex privado para transacciones bancarias y financieras de otra clase o comerciales y análogas. Son documentos privados, no manuscritos, sin firma ni autentificación y sin mérito probatorio, mientras ésta no se pruebe mediante confesión, testimonios de quienes actuaron como operarios o un dificil experticio que si no está complementando con dichos testimonios tendrá relativo mérito de convicción". 22 Ob. cit., IV, p. 423.

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carga dejará satisfecho nada más que el requisito de admisibilidad; mas no tratándose de instrumento público otorgado en el país, todos los demás documentos requerirán de una ulterior actividad procesal para considerar que la prueba se ha producido. El retardo u omisión en su

ejecución conducirá a la declaración de caducidad —si la comprobación del documento se verifica por informe- o de negligencia, en los dem ás casos.

3.1.1.1. Documentos escritos. Poco más arriba se previno sobre la hipertrofia sufrida por el concepto de documento, incluyéndose en él una huella dactilar impresa en la pared, entre otros, según el ejemplo traído por Devis Echandía. Ciertamente la hipótesis es excepcional, y lo común es que se ofrezcan como prueba documentos escritos; pero el caso no puede desecharse y justifica la distinción mctodológica propuesta. Son documentos públicos los enumerados por el artículo 979 y 984 del Código Civil, y leyes complementarias. Cuando se allega el instrumento mismo, o su copia o testimonio sacados en la forma que prescribe la ley, disfrutan de presunción de autenticidad en los términos del artículo 993 del mencionado código, por lo que, contrariamente a lo que sucede con los documentos privados, la prueba de que no es auténtico se halla a cargo de quien invoca tal circunstancia. El documento público debe considerarse producido en el mismo acto de su acompañamiento, salvo que hubiese sido otorgado en otro 3.1.1.1.1. Documentos públicos.

país; en tal caso, procede su legalización y eventualmente su traducción por perito matriculado23, esto es, sobre la actividad probato23 Conf.

ALSINA, ab. cit., III, p. 403. El código de Córdoba legisla especialmente el

punto Los documentos públicos otorgados en el extranjero —dice el art. 229- hechos con arreglo a las leyes del país respectivo y autentificados en debida forma, producirán la misma prueba que los otorgado en la República, si su objeto fuera lícito y permitido por las leyes argentinas . Y el 230 añade,

Los documentos que se presenten redactados en otro idioma que

el nacional, se mandarán traducir por un perito que designen las partes, de común acuerdo, o por el juez o el tribunal en su defecto .

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ria del oferente pesa una carga adicional, anterior o posterior al acto del ofrecimiento, pero cuya insatisfacción conduce a la pérdida de la prueba.

3.1.1.1.2. Documentos privados. Son documentos privados los que emanan de las partes o de tercero sin intervención de un funcio-

nario público. Como no disfrutan de presunción de autenticidad, deben ser reconocidos por aquellos a quienes se atribuyen, razón por la cual la actividad probatoria se desdobla en dos etapas: ofrecimiento

y producción. A su respecto cabe, en consecuencia, ya la declaración

de inadmisibilidad (ofrecimiento extemporáneo), ya la de caducidad o negligencia (producción extemporánea). En este orden de ideas la doctrina judicial ha dejado claramente establecido que la mera presentación en la causa no crea una presunción de autenticidad de los docu-

mentos privados acompañados por las partes, pues su eficacia probatoria está sujeta a las previsiones de los artículos 1026 y siguientes

del Código Civit24 y, por lo tanto, tratándose de un instrumento privado no reconocido, quien lo invoca, quien esté interesado en valerse

de él, es quien debe correr con el peso de la demostración de su autenticidad del cual puede liberarse sólo en el caso de que hubiese mediado reconocimiento25.

El trámite del reconocimiento del documento privado varía según se lo atribuya al adversario o a un tercero, y aun en este último

supuesto, si el tercero fuese uno de los sujetos a que se refiere el artículo 396 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o una persona física que desarrolle actividad individual.

3.1A.1.2.1. Documentos privados emanados de las partes. El artículo 1031 del Código Civil previene que "todo aquel contra quien se presente en juicio un instrumento privado firmado por él, está obli-

24CNCIV sala A;ED 71-230. 25 CApel, CC Junín; ED, 74347.

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gado a declarar si la firma es o no suya"; y en armonía con lo normado por la ley de fondo, el artículo 356, inciso 1, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación26, dispone que en la contestación de la demanda el demandado deberá reconocer o negar categóricamente "la

autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyen y la recepción de las cartas y elegramas a él dirigidos cuyas copias se acompañen". Su silencio, respuestas evasivas, o la negativa meramente general produce el efecto de tener a los documentos por reconocidos o recibidos, según el caso. El mismo inciso, en su parte final, prescribe que "no estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el defensor oficial y el demandado que interviniere en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba' 27. ¿Qué sucede cuando la parte a quien se atribuye el documento niega su autenticidad? Sencillamente, que el proponente debe iniciar el procedimiento dirigido a comprobarla. A partir de este punto la prueba documental deriva hacia otros medios de comprobación, sin cuyo complemento el interesado quedaría inerme. En efecto, como lo preceptúa el artículo 1033 del Código Civil, "si el que aparece firmado negare su firma, o los sucesores de él declarasen que no la conocen, se ordenará el cotejo y comparación de

Buenos Aires, 354C6rdoba, 233 y 234; Corrientes, 149; Santa Fe, 142 inc. 30; Tucumán, 305, inc. 2° 27 Respecto del sucesor a título universal la norma coincide con el contenido dl art. 1032 dl CÓd. Civil: 'Los sucesores del que aparece firmado pueden limitarse a declarar que no saben si la firma es o no de su autor". Pero tanto en este caso como en el del defensor oficial, no pueden "guardar un silencio absoluto acerca de la autenticidad de los documentos, pues tal actitud equivale al reconocimiento tácito. Deben, por lo tanto, manifestar su ignorancia al respecto, y el presentante del documento recurrir al procedimiento de comprobación.." (Palacio, ob. cit.,, IV, p. 444).

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letra. Pueden también admitirse otras pruebas sobre la verdad de la firma que lleva el acto".

Pese a la amplitud probatoria autorizada por la ley de fondo, ha-

bitualmente se escoge la pericial en razón de la mayor certeza que ofrece a la jurisdicción ya las partes; es, por otro lado, el medio que reglamentan las leyes procesales28 . Además, el que quiera valerse de

testigos tendrá presente ciertas reglas que hacen a la eficacia de la prueba:

a) Los otros medios de prueba se subordinan a la imposibilidad de producir la pericia caligráfica y el cotejo29;

h) Los testigos deben haberse hllado presentes en el momento

en que se suscribió el documento, siendo insuficiente su opinión al respecto fundada en que lo han visto firmar en otras ocasiones de esa misma manera30.

Reunidos los precedentes recaudos, el oferente del documento,

deberá impulsar la prueba testimonial, quedando sometido a las car-

gas que ésta impone. Las hipótesis de negligencia en la declaración

2 8 Id art. 144 del derogado código de la Capital preveía expresamente, junto con el cotejo o comprobación del documento, los demás medios de prueba". La cláusula rige en el código de Corrientes (art. 153); Córdoba (art. 240) y Salta (art. 154); en cambio los códigos de Santa Ve (art. 179) y Tucumán (art. 346), instituyen en exclusividad la prueba pericial. La Corte de Justicia de Catamarca decidió en su oportunidad que "si bien ci art. 1033 del Cód. Civil establece el cotejo y comparación de letra del documento privado no reconocido, ello no quita que puedan producirse otras pruebas que, según las circunstancias particulares de cada caso, pueden adquirir mayor fuerza de convicción que una pericia caligráfica y conducir al esclarecimiento de la verdad" (La Ley, 123-544). Conf.: C3, CC Córdoba: Negada la autenticidad de la firma procede ordenar el cotejo y comparación de letra, como igualmente Otras pruebas, lo que significa toda clase de ellas, incluso testimonial y prcsuncional (La Ley, Rep. 20, p. 1092, sum. 19). 29 CNCiv., sala A; La Ley, 122-490; CNCiv., sala D; La Ley, 118-248; CNCiv., sala F; JA, 1965-1, p. 86. Conf: LLAMBIAS: "Se ha decidido que si median motivos serios que explican la ausencia de prueba caligráfica, es dable establecer la verdad por cualquier medio" Parte General, II, p. 411). CNCiv., sala II; JA, 1965-111, p. 123. Conf: PALACIO, ab. cit., IV, p. 445/446: ALSI

(Tratado de Derecho Civil, 30

NA, ob. cit., III, p. 437: ...el testigo tiene que manifestar que la firma fue puesta en su presencia, explicando las circunstancias que rodearon el acto". -67-


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de testigos son estudiadas en el capítulo respectivo (ver infra, Cap. IV ) y a él me remito para obviar repeticiones innecesarias.

Cuando el proponente optare por la prueba pericial, se tendrá

en cuenta que el trámite no es el mismo en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en los ordenamientos locales. Procede, en consecuencia. abordarlos por separado.

El artículo 390 del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación, dispone que si el requerido negare la firma que se le atribuye o manifestare no conocer la que se atribuya a Otra persona, deberá procederse a la comprobación del documento de acuerdo con lo establecido en los artículos 458 y siguientes, en lo que correspondiere31. Fuera del hecho de que la ley remite, el procedimiento a lo legislado para la prueba de peritos "en lo que correspondiere", la herme-

néutica de la norma transcripta, en relación con la actividad del oferente y su eventual negligencia, suscita dos interrogantes: si en el

actual régimen es o no imprescindible la citación de la parte a quien se le atribuye el documento para que lo reconozca, previamente a la comparación del mismo, y si tal comprobación es carga ineludible del interesado o si comparte con el juez el deber de efectuarla.

a) Fassi sostiene que "satisface la exigencia del artículo 1031 del Código Civil, la declaración de la parte que niega su firma cuando

se le da traslado del documento acompañado por su contraria. Pero para todo supuesto en que ese traslado no haya tenido lugar corresponde, previamente al cotejo, la citación de aquel a quien se atribuye la firma, o la de sus sucesores, para que manifiesten si la firma es o no

auténtica. Falta, lamentablemente, un texto que establezca la sanción para el caso de incomparecencia a la audiencia de reconocimiento de firma1132; y redondea su pensamiento agregando :"Dado el ordenamiento procesal vigente, el reconocimiento o la negación de la autenticidad de la firma tiene lugar al trabarse la relación procesal. Pero si

31 Buenos Aires 388. 32

Ob. cit.,

II p. 218.

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las respuestas fueran dubitativas, la parte que ofreció la prueba instru-

mental no puede correr el riesgo de que en la sentencia se considere que la respuesta no ha significado reconocimiento sino negativa. En ese caso, debe pedir la comparecencia de su contraria a reconoci-

miento de firma, el que ahora no tiene un régimen procesal propio. Entendemos, no obstante, que debe ser especialmente citado a ese efecto, no bastando la confesión fleta que resulte de la incomparecencia a la audiencia de absolución de posiciones"33.

Palacio, por el contrario, considera que la única oportunidad para reconocer o desconocer el documento es al contestar el traslado

que se le haga al supuesto firmante:'En el ordenamiento procesal vigente con anterioridad a la promulgación de la ley 17.454, el alcance del silencio o de la respuesta evasiva quedaba librado a la apreciación

judicial, es decir que era facultativo del juez, analizando el conjunto

de la prueba, otorgar a dichas actitudes el carácter de un reconocimiento tácito. De allí que el reconocimiento pudiese también practicarse durante ci período de prueba, mediante la citación de la parte a quien se atribuía el documento. En el ordenamiento procesal vigente en la actualidad, por el contrario, aquellas actitudes han dejado de ser una fuente de presunción judicial para revestir el carácter de un reco-

nocimiento ficto, Por lo tanto, el reconocimiento o desconocimiento de la firma puesta en un documento no pueden verificarse más que en

la oportunidad de contestarse el traslado que de aquél se confiera al supuesto firmante"34.

Para el oferente del documento, hallar la solución correcta no es una mera Cuestión académica, pues le va en ello la pérdida o conservación de la prueba si fuese cierto que es preciso una citación especial

del firmante a efectos de que lo reconozca; pero a mi modo de ver —coincidiendo con Palacio— tal citación en el régimen nacional no es necesaria si al contestar la demanda o reconvención o el respectivo

Loc, cit., p. 221. Derecho Procesal Civil, IV , p. 443.

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traslado, no se negare categóricamente la autenticidad del documento,

debe tenérselo por reconocido. Para el caso de que el proponente dudara si la negativa es o no categórica, la praxis forense aconseja solicitar derechamente la comprobación y con ello se obvia el riesgo temido por Fassi. b) En cuanto a la carga de promover el trámite del cotejo, las expresiones se ordenará y deberá, contenidas, respectivamente, en los

artículos 1033 del Código Civil y 390 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, harían suponer que el juez, ante la negativa de

la autenticidad, está obligado a efectuar la comprobación. No es así, sin embargo: el principio dispositivo es de plena aplicación al caso, sin

perjuicio de que el juez haga uso de las facultades conferidas por el artículo 36, inciso 2, ap. e) del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación; de manera que si la parte no lo pide, la comprobación no puede disponerse de oficio, y la prueba se pierde3"T. Despejadas estas dudas conviene recordar cómo se conecta, en el

régimen nacional, la prueba de documentos con la de peritos en cuanto al cotejo se refiere: de los artículos 391 y 459, surge que el 341 El código de Córdoba aclara que podrá procederse a la comprobación del documento

a solicitud de parte (art. 240); pero a pesar de tan precisa solución, la doctrina provincial no se aviene a obedecerla: La prueba a que se refiere el artículo no tiene el carácter principal sino de accesoria, viene en auxilio de la justicia para esclarecer la verdad al no haber dado resultado los medios que la ley establece al respecto como previos, o sea el reconocimiento directo. En tales casos los tribunales pueden, aun de oficio, para mejor proveer, ordenar las

diligencias necesarias a tal fin. Se trata de una prueba creada más en mira de lis buena administración de justicia, que en el interés particular de los litigantes (Rey. Col. Abog, Río Cuarto, año 1, t. 1, p. 25, citada por RAMACIOTTI, 1-617, p. 80, transcripta a su vez por MARTINEZ

CRESPO, Mario, en Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de C6rdoba, p. 91, cd. La Ley, Buenos Aires, 1984. Raymundo Fernández, al comentar el código derogado de la Capital Federal, decía que 'la jurisprudencia es contradictoria en cuanto a si el cotejo es una obligación o sólo un derecho, para el juez; en el primer sentido: Ia.c.c. JA., 36-1685;

en el segundo, 2a.c.c, JA., 33-120

(Código de Procedimiento Civil Comentado, Za. edición,

p. 234; Buenos Aires, 1950), Acuña Anzorena, rescatando un antiquísimo tallo de la Cám. Civ. Cap. (18-XI-1890) sostiene que la prueba pericia] de cotejo de letra no es oria simple

posibilidad más de comprobación, prescindible o sustituible por otras (testigos, confesión, etc.) sino que le está impuesta obligatoriamente al juez (El cotejo, medio esencial en la veri-

ficación de autenticidad de ¡afirma; La Ley, 23-863).

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oferente —dentro del término de prueba en juicio ordinario— deberá pedir la designación de un calígrafo e indicar los documentos que han de servir de base a la pericia. La omisión de cualquiera de estos recau-

dos torna inadmisible el ofrecimiento. Si al contestar el traslado prescripto por el artículo 459, la otra parte no acordare en la elección de documentos para la pericia, el juez sólo tendrá por indubitados los que

se enumeran en el artículo 39335, a proporcionarse por el interesado

en la comprobación. A falta de documentos indubitados, o siendo ellos insuficientes, deberá el interesado pedir la formación de un cuerpo de escritura (art. 394). Si el oferente de la pericia no suministra los documentos indubitados o no denuncia su falta o insuficiencia y solicita la formación de un cuerpo de escritura, procede tenerlo por desistido de a prueba, habida cuenta que al desentenderse de tal carga demuestra su desinterés.

En los códigos provinciales el procedimiento de comprobación registra ostensibles variantes respecto del régimen de la Nación:

a Buenos A ires: en el capítulo siguiente, al estudiar la pérdida de la prueba pericial, se exhiben las diferencias entre el texto de la ley 17.454 y el actual. A efectos de evitar inútiles reiteraciones me remito al lugar citado.

b En los códigos de Córdoba (art. 237), Corrientes (art. 151). Santa Fe (art. 176) y Tucumán (art. 345) como en el derogado de la Capital Federal (art. 142) procede citar al firmante del documento a una audiencia especial para que lo reconozca o no, como lo pretende

Fassi. Es regla común que la notificación debe efectuarse en el domicilio real, diligencia que corresponde impulsar al interesado en la comprobación. Negada la firma por el compareciente, o declarando no conocer la que se atribuye a otra persona, podrá procederse al cotejo

de letra o a comprobarse su autenticidad por cualquiera otra clase de Son: 1) Las firmas consignadas en documentos auténticos; 2) Los documentos privados reconocidos en juicio por la persona a quien se atribuya el que sea objeto de comproba ciÓn; 3) El impugnado, en la parte que haya sido reconocido como cierto por ci litigante a quien perjudique; 4) Las firmas registradas en establecimientos bancarios.

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prueba que sea p roceden te, señalándose audienc ia a fin de que se nom bren los peritos y las partes convengan en los documentos que deban

servir para la comparación3. También a esta audiencia comparecerá personalmente la parte a la que se atribuye la firma, siendo carga del oferente la notificación respectiva. El anterior código de la Capital Federal (art. 146) y ¡os que aún lo siguen, como el de Corrientes (art. 155), exigen la comparecencia del oferente, bajo apercibimiento de desechar e documento. E mp ero, la pérdida de la prueba no se produce

si ambos dejan de comparecer: si el demandado, debidamente notificado —dijo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala C— no concurrió a la audiencia con el objeto de formar cuerpo de escritura que le señalaría el perito, por lo que no era imprescindible la presencia del actor, es indudable que no corresponde hacer lugar a la negligenc ia acusada

37.

El interesado en la comprobación debe tener en cuenta, pues, que los regímenes provinciales instituyen dos audiencias: una para hacer reconocer el documento y otra para nombrar peritos, convenir en los documentos indubitados y formar, en su caso, cuerpo de escritura; y que ambas audiencias dependen de su actividad para que se verifiquen en tiempo útil. Ahora, ¿cuál es el plazo a partir del desconocimiento de la firma, que tiene el oferente para pedir el cotejo? En este punto los códigos registran importantes diferencias: mientras que el de Santa Fe exige expresamente que el comparendo de comprobación se pida dentro de los tres días de negada la firma (art. 179), con el obvio efecto de no admitírsela vencido dicho plazo, los restantes ordenamientos omiten la mención de término alguno. ¿Cuándo, entonces, el proponente del documento pierde el derecho de solicitar

el cotejo luego de que fuera desconocida su autenticidad, en las hipótesis de que no existan plazos legales para hacerlo? Fernández sostiene que "puede pedirse en el momento en que se produce el deseoCórdoba, 242; Corrientes, 154; Santa Fe, 179,Tucutn n, 346. ED, 20-339.

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nocimiento o después, con un intervalo breve, para no incurrir en negligencia (conf: Calventos y Rodríguez, loc. cit.; S.C.G.F. 53, 441; Cám. Civ., 58, 378; 129, 140; 130, 220; C ám. Com ., GF., 54, 308; JA., 15, 131; contra: Cám. Civ., 89, 425;v.G.F., 89, 232)"38. Pienso que ese breveesintervalo tresddías, ya un quea salvo las particularidad del casono nopuede existenexceder razonesdepara emorar petición que apa rece como insoslayable si se quiere conservar la prueb a. Pe ro la men ción del pun to en cuan to a los regímene s locales, lleva su inserción a un cuestionamiento más global, o sea comprensivo de todos los códigos, aun el de la Nación, que no prevé las audiencias de reconocimiento y de comprobación. El tema debe plantearse en los siguientes

términos: qué oportunidad corresponde ofrecer la prueba pletoria de ¿En comprobación del documento? Se está hablando, claro,sude proceso ordinario, atento a que en los sumarios y sumarísimos "la parte que presenta un documento privado debe precaverse de un eventual desconocimiento o manifestación de ignorancia de la firma y cumplir, en el escrito con el cual aquél se acompaña, las cargas consistentes en la petición de nombramiento de un perito único'39.

La cuestión reviste especial importancia habida cuenta que el ofrecimiento extemporáneo autoriza la declaración de negligencia. Conviene entonces revisar las distintas posiciones registradas en la

doctrina de autores y tribunales, y adherir a la que mejor se ajuste a los principios que informan la materia: a) La prueba de cotejo o comparación de letra debe ofrecerse

al presentar el documento, para el supuesto d que éste fuere desconocido. b) No es necesario ofrecerla al presentar el documento o al solicitar se lo reconozca, ni hacer reserva de ella para el caso de que se lo desconociese.

38

ot,.

cit

p. 234.

PALACIO. ob. cit., IV, 447.

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La primera solución fue acogida por parte de la doctrina clásica y algunos viejos fallos del fuero civil de la Capital. Alsina sostuvo que

"siendo la comprobación una diligencia independiente del reconocimiento, será necesario ofrecerla como subsidiaria dentro del término de prueba y para el caso de que el citado negara la autenticidad de la

firma, porque, de lo contrario, podría ocurrir que cuando fuese a pe-

dirse la comprobación el término estuviera ya vencido y se habría incurrido en negligencia"40. Este criterio se conformaba con lo decidido el 3 de febrero de 1921, por la sala primera de la Cámara Civil de la Capital: "la prueba caligráfica debe pedirse simultáneamente con la solicitud de reconocimiento del instrumento, sin que quepa supeditarla a su resultado' 41, criterio en el que la misma sala insiste el 4 de mayo de 1933: "para solicitarse vencido el término, debió reservarse para el supuesto de que el documento fuere desconocido "42. La doc-

trina fue compartida con menos entusiasmo por el fuero comercial, donde en pronunciamiento del 24 de marzo de 1949 se decide que la pericia debe requerirse, subsidiariamente, dentro del plazo de ofrecimiento de las pruebas43.

La segunda solución es adoptada por la mayoría de los autores y por la doctrina judicial, siendo cada vez más aisladas las opiniones adversas. Es a la que adhiero. Fernández, apoyado en sentencia de la cámara comercial, sostuvo que "al pedir reconocimiento de firma, no es necesario reservarse el derecho de solicitar el cotejo para el caso de ser negada1144, pues se origina en la negativa del firmante. Jofré, citan-

do al mismo fuero, decía que la prueba de cotejo se pide una vez desconocido el documento, aunque esté vencido el término de prueba45. En cuanto a la jurisprudencia, una línea de pronunciamientos que fue

4 )

41

b. cit. III. p. 435 ed 1958.

JA 6-69.

42 JA 42-108

La Ley 55247.

440b. Cit., P. 233. '5 Manual de Procedimiento, Iii, p. 353

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afianzándose hasta prevalecer abiertamente afirmaba que "es claro que el cotejo sólo debe pedirse ante la situación creada por el desco-

nocimiento del requerido, no necesariamente durante el término de prueba yen previsión de esa contingencia negativa' 146 ,'debiendo juzgarse, la pericia caligráfica, implícitamente ofrecida en subsidio de la de reconocimiento de documentos ,17. Mis recientemente se ha resuelto que 'el actor no se encuentra obligado a prever el desconoci-

miento de la autenticidad de los documentos acompañados a la demanda en oportunidad de ser ésta contestada; por consiguiente, puede ofrecer la prueba de cotejo contemplada en el artículo 390 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con posterioridad a 11411,

insistiéndose que "la pericia caligráfica debe juzgarse

aquel escrito

implícitamente ofrecida en subsidio de la de reconocimiento de documentos'

49.

Debe formularse, no obstante, un distingo la posibilidad de que el ofrecimiento del cotejo acaezca después de vencido el término pro-

batorio, tiene vigencia en los regímenes que prevén audiencia para reconocer el documento, ya que el juzgado podría fijar ésta, por razo-

nes de saturación de fechas, más allá del plazo de producción de las pruebas; pero no se justifica en el actual régimen de la Nación, donde la audiencia está suprimida. Por lo tanto, en el Código Procesal Civil y

Comercial de la Nación el ofrecimiento debe efectuarse dentro del término de prueba y con tiempo suficiente para que la comprobación

pueda practicarse en su transcurso; lo contrario, autoriza la declaración de negligencia.

3.1.1.1.2.2. Documentos privados emanados de terceros. Las partes pueden tener a su disposición documentos privados, emanados

CNCnm., sala A. La Ley, Rcp, XX, 1092, sum.

5

CNC0m., sala 0; La Ley, Rep. XXV, 1244, sum. 9. CNCum., sala ¡1; Ft), 47-759.

CNC0m., sala 0; FI), 13-887; La Ley, 116-792, N° 10.904; etc.

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no de su contraria sino de terceros al juicio, y al fin de dotarlos de eficacia probatoria tendrán que hacerlos reconocer por sus otorgantes. El trámite de reconocimiento del documento privado emanado de tercero varía según se trate de entidades privadas (art. 3 9 6 CPN) o de una per-

sona física que desarrolle actividad individual. En el primer caso procederá el reconocimiento por informe, sujetándose la producción de la prueba a lo establecido para ese medio, en razón de lo cual me remi-

to al próximo capítulo. En el segundo caso corresponde que el recono-

cimiento se practique mediante el régimen de la prueba testimonial, y en ello me detendré un instante. Ni el Código de la Nación ni la mayoría de los textos locales re-

gulan el procedimiento para que el tercero reconozca o no el documento que se le atribuye50. Los códigos de Jujuy (art. 318) y de La Rioja (art. 219) disponen sí que "los documentos privados emanados de terceros que no fueren partes en el juicio ni antecesores (causantes) de las mismas, deberán ser reconocidos mediante la forma establecida para la prueba testimonial". En consecuencia, los regímenes

que omiten el tratamiento del punto, pueden suscitar para el oferente algunos problemas en torno al ofrecimiento y producción, con inmediata incidencia en la posibilidad de pérdida de la prueba. Al fin de obviarlos, el oferente de un instrumento privado que atribuye a un tercero, deberá pedir que lo cite a reconocerlo mediante el régimen de la

prueba testimonial, porque no existe ninguna otra forma de practicar el reconocimiento51. Va de suyo que la citación no incluye el apercibimiento de que en caso de incomparecencia injustificada se lo tendrá por reconocido, como en el caso de documento atribuido a la parte, ni es procedente la comprobación supletoria por medio de cotejo u otra Lo que se legisla en algunos códigos es la exhibición de docum entos en poder de terceros, cosa bien distinta y de la que me ocuparé más adelante en este mismo capítulo. Conf.: CCCR, S. 3a. Cuan do se trata de documental simple emanada de u n tercero, su

reconocimiento constituye prueba testimonial (La Ley, 115-726). La petición no exige términos sacram entales,- bastando expresa r los datos requeridos por el art. 429 , CPN y la solicitud de qu e cite al firmante u otorgante d el documento; el tribunal Jo convocará como testigo.

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clase de pruebas. El tercero sólo tiene el deber de comparecer a la au-

diencia, como cualquier otro testigo; si no lo hace y no justifica justa causa, corresponde se lo traiga por la fuerza pública; y en caso de que mintiese, esto es, que desconociere el documento habiéndolo en reali-

dad otorgado, será pasible de sanción penal en el fuero respectivo. Lo mismo que el testigo convicto de falso testimonio. Pesan sobre el oferente las mismas cargas previstas para la prue-

ba testimonial, y el incumplimiento de las mismas, con las respectivas

sanciones, es el tema que abordaré en el capítulo que a dicha prueba dedico.

3.1.1.2. Documentos no escritos. La parte que tenga a su disposición un documento no escrito, deberá acompañarlo en las oportuni-

dades a que se refieren los artículos 333 a 335 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Su agregación material al expediente, así como la necesidad y forma de reconocerlo, dependerán de la naturaleza del documento. Tratándose de fotografías, planos, radiografías, etcétera, creados con la intervención de un oficial público —por ejemplo fotografías tomadas en presencia de un escribano u obrantes en un expediente

judicial— su agregación material a la causa no ofrece dificultades ni requiere actividad adicional para ser reconocidos. La cuestión cambia cuando el documento consiste en grabaciones magnetofónicas, pelícu-

las cinematográficas, etcétera, que deban reproducirse en aparatos especiales para su apreciación judicial. Devis Echandía pregunta: "Si quien hace la grab, :ión es un funcionario público y está en ejercicio de sus funciones en ese acto, ¿tal documento será público?" Y se

responde: "Creemos que, indudablemente, sí lo es. Y por lo tanto gozaría de presunción de autenticidad y a quien alegue su falsedad o adulteración corresponderá la carga de probarla...

1152•

52 Loc. cit., P. 100.

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Para el caso de que el documento no escrito fuese de los que se han definido como privados, pesa sobre el oferente la carga de su reconocimiento. Las fotografías, planos y similares se reconocen mediante el testimonio de quienes las tomaron o confeccionaron; pero mayor problema presentaría una grabación, para cuya comprobación "se requieren aparatos sofisticados que en pocos países existen con suficiente credibilidad y el dictamen de expertos o testimonios fehacientes o confesión o reconocimiento expreso o implícito"53. De un modo u otro habrá un medio previsto por la ley a los fines de la producción de la prueba, y cuando no lo hubiere, en razón de la tecnología requerida, será de aplicación la última parte del artículo 378 del Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación: "Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el juez". En cualquier caso no varían las cargas procesales que pesan sobre el oferente y las consecuencias de su incumplimiento o extemporaneidad. Entre esas cargas se halla la de mencionar la índole del documento al efectuar el ofrecimiento y referir su contenido "en la medida de lo posible115 4. 3.1.2. Documentos que no están a disposición del litigante. La

exigencia del primer párrafo del artículo 333 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación —y las normas concordantes de los códigos locales— consiste en acompañar a la demanda, reconvención y contestación de ambas "la prueba documental que estuviese en poder de las partes". Pero suele ocurrir que los litigantes pretendan valerse de documentos que no tienen a su disposición, aunque saben dónde están. A ese efecto el segundo párrafo del artículo 333 manda que las P. 9 5. Conf PALACIO, ob. cgt. IV, p. 423. Si se trata de una grabación magnetofónica corresponde transcriba su contenido, y de ser una película cinematográfica, vaya el caso, bastará con indicar el lugar y fecha de filmación, personas, objetos y lugares filmados, e individualizar DEVIS ECHANDIA, loc. cit.,

al operador de la cámara para el oportuno reconocimiento del filme.

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partes los individualicen, "indicando su contenido, el lugar, archivo,

oficina pública y persona en cuyo poder se encuentre"55. Debe tratarse —dice Palacio citando a Colombo— "de una imposibilidad de hecho que se oponga a la agregación de la prueba documental

6pero

si esa imposibilidad no concurre, si el documento pudo allegarse mediante una previa actividad de la parte, su ofrecimiento es inadmisible.

En el caso de expendientes judiciales o administrativos, la forma

de agregarlos varía según se hallen o no terminados y en cuanto a los

primeros, si se tramitan en el mismo o distinto tribunal. Si se ofrece como prueba un expediente que tramita ante el mismo juez donde se sustancia el juicio, el proponente no necesita realizar ningún trámite a efectos de que dicha probanza sea oportunamente considerada

5 7

mas

cuando el expediente se halla en trámite en otro juzgado, cuya remisión sea imposible realizar en razón del estado de autos, la parte, para

no incurrir en negligencia debe requerir testimonio de las piezas necesarias, y con mayor razón aun si el ofrecimiento se hizo en un juicio de trámite sumario-". Acogiendo la doctrina receptada por este último fallo, la ley 17.454 incorporó al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el artículo 376 donde se expresa: "Cuando la prueba consistiere en constancias de otros expedientes judiciales no

terminados, la parte agregará los testimonios o certificados de las piezas pertinentes, sin perjuicio de la facultad del juez de requerir dichas constancias o los expedientes, en oportunidad de encontrarse el

expediente en estado de dictar sentencia"59. Además de la jurisprudencia señalada, el texto reconoce como fuente el artículo 184, inciso 4 del Proyecto Lascano,

Córdoba, 162, Corrientes, 83; Santa Fe, 137; Tucumán, 292, 5 6 Ob. cit., IV, p. 309. ' cNCom., sala A; EL), 20-245, 58 CNPaz, sala II;

E D , 2 0 -2 4 6 .

B u e n o s A i re s , 3 7 4 .

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El tercer párrafo del artículo 333 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, incluye una cláusula que no es corriente en los códigos locales: "Si se tratare de prueba documental oportunamen te ofrecida — dice— los letrados patrocinantes, una vez interpuesta

la demanda, podrán requerir directamente a entidades privadas, sin necesidad de previa petición judicial, y mediante oficio en el que se transcribirá este artículo, el envío de la pertinente documentación o de su copia auténtica, la que deberá ser remitida directamente a la secretaría, con transcripción o copia del oficio . No hay dudas sobre las razones de economía y la celeridad que informan el precepto, pues sin el paso previo de la petición al tribunal

el interesado puede allegar documentación de que pretenda servirse. Para que su actividad sea efectiva deben concurrir los siguientes recaudos: a) Que la prueba haya sido oportunamente ofrecida, según la clase de proceso; b) Que el requerimiento se efectúe una vez interpuesta la demanda pero antes de notificarse el traslado, pues en caso contrario se

privaría al demandado de expedirse acerca del contenido del o de los docume ntos correspond ientes"60 ;

e) Que en el oficio se individualice el documento requerido, se transcriba el artículo y, obviamente, se consigne el carácter que invoque el recurrente, carátula y número del expediente, y juzgado y secretaría de radicación. Cualquier omisión en que incurra el proponente y que impida una respuesta adecuada, producirá la pérdida de la prueba; d) El documento, para su agregación válida a la causa, no puede ser enviado al litigante que lo pidió, sino directamente a secretaría. Como en el expediente no queda duplicado del oficio, procede que al contestarlo se adjunte transcripción o copia del mismo, para verificar que el documen to remitido es verdaderam ente el que se p idió. Conf PALACIO, ob. cit,, IV, p. 31 0.

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La norma se refiere a entidades privadas como sujeto del reque-

rimiento; empero, Palacio la considera "implícitamente extensiva al caso de que la documentación se encuentre en poder de una persona física siempre que ello ocurra por razones ajenas al cumplimiento de una función pública..."61 Tal extensión haría suponer si en el caso de que el tercero fuese una persona física no se estaría frente a la misma hipótesis del artículo 389 dei Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que enseguida se examinará. En rigor de verdad este artículo,

y el segundo y tercer párrafos del artículo 333 parecen superponerse en una no muy prolija metodología. A mi entender, y sin perjuicio de que ulteriores análisis aconsejen que en futuras reformas se sistematice

más coherentemente el instituto, la hipótesis del artículo 333 se refiere a una especie de producción anticipada62, a cargo directo de la parte, mientras que la prevista por el artículo 389 se instala en el período probatorio y exige necesariamente la intervención judicial.

31.2.1. Exhibición de documentos. Una variante del tema central que se está tratando —indisponibilidad del documento por quien lo ofrece— es legislada por los artículos 387 a 389 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación63. El primero dispone que 'las partes y

los terceros en cuyo .poder se encuentren documentos esenciales para la solución del litigio, están obligados a exhibirlos o a designar el pro-

tocolo o archivo en que se hallan los originales. El juez ordenará la

exhibición de los documentos, sin sustanciación alguna dentro del plazo que señale". La norma instituye una regla general, de la que se desprenderán luego las reglas especiales según se trate de la parte o de un tercero. Conforme al texto precedentemente transcripto, pareciera

61 Ob. cit. IV, p. 309/310. 62 Complementaria de la autorizada por el art. 326, CPN, pero sin la condición de que la produccin de la prueba pudiera resultar imposible o muy difkultuosa en el período de prueba como lo exije éste; además, y esá es otra diferencia, el art. 333 impone el requisito de que se halle interpuesta la demanda. 63 Buenos Aires, 385 a 387.

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que el deber de exhibición surge de la ley misma, sin necesidad de requerimiento de la parte interesada y por el solo hecho de poseer los documentos. De ser así, el precepto estudiado sería una inútil duplicación del artículo 36, inciso 20, apartado c, que faculta al juez a mandar, con las formalidades prescriptas en este Código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de los terceros, en los términos de los artículos 387 a 389". Paralelamente a estas facultades, el principio dispositivo tiene en éste como en muchos otros aspectos del procedimiento probatorio plena aplicación, de manera que es al interesado en la agregación del documento a quien le corresponde denunciar su existencia en poder de su contraria o de un terce-

ro. Ese es el primer requisito para activar la orden de exhibición y deberá cumplimentarse en las oportunidades legales de ofrecer la documental, bajo sanción de inadmisibilidad. El segundo requisito es de que el ofrecido sea un documento esencial para la solución del litigio, calidad que es de exclusiva apreciación judicial. Naturalmente, para determinar si el documento es o no esencial, el juez tendrá a su disposición una copia del mismo, que junto al pedido de exhibición deberá presentar el oferente; o en defecto de copia, una relación lo más completa posible que permita individualizar su contenido64. La omisión de este recaudo también conduce a la inadmisibilidad de la prueba.

Las variantes contempladas, respectivamente, por los artículos 388 y 389 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no contienen referencia alguna a la actividad requerida al denunciante de

la existencia del documento para obtener su agregación a la causa; pero es obvio que frente a la negativa de la parte o del tercero a exhibir el documento, o a la denegación de la medida por el tribunal, algo tendrá que hacer el interesado a fin de evitar la pérdida de la prueba. Conf: FASSI, ob. Cit., II, p. 2141215; PALACIO, ob. cit. IV, p. 426. Cont. PEYRA. NO, Compendio de reglaprocesales en lo civil y comercial, p . 1 3 1 , s u m . 4 4 8 .

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En el caso del artículo 388 —documento en poder de la parte— la norma previene que "cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a pre-

sentarlos constituirá una presunción en su contra". El texto genera una serie de interrogantes: ¿Cuáles son esos otros elementos? ¿En qué oportunidad corresponde aportarlos? Palacio arguye que para que la

negativa constituya presunción en contra del requerido no bastan los

elementos de juicio inicialmente aportados por el interesado en la exhibición, sino que se requiere la producción de otras pruebas corroborantes acerca de la existencia y contenido del documento'*-' . Recor-

daré que los elementos inicialmente aportados son la transcripción o relación del documento que permitan juzgar sobre su carácter de esencial para la solución del litigio; y si éstos, frente a la negativa del reque-

rido sobre la existencia o tenencia del documento, no bastan, el requirente tendrá que demostrar lo contrario. ¿Cómo? ¿Cuándo? Se me ocurre que pese a que el artículo 387 prohíbe la sustanciación de la orden judicial de exhibición, la oposición de la parte genera un incidente; y toda vez que tal oposición es un dato que el interesado puede presumir, tendría que proponer toda su prueba (acerca de la existencia y contenido del documento) en oportunidad de ofrecerlo y requerir su

exhibición. No veo que exista ni otro modo ni otra ocasión para ha-

cerlo. Si fuera el tribunal quien denegare la orden de exhibición, o la revocare, ello es insusceptible de recurso alguno, atento a lo previsto por el artículo 379 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

pero tal circunstancia "deja expedita al denunciante de la existencia del documento la facultad de replantear el tema ante la cámara, en

oportunidad de serle remitido el expediente para que conozca del recurso interpuesto contra la sentencia definitiva

65

o. cit.

6,.

IV, p. 4 2 8 .

PALACIO, ob. cit. IV, p. 4 2 8 .

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Respecto del artículo 389 —documento en poder de un tercero— la solución es la misma, excepto en cuanto a los efectos de la negativa a exhibirlo, ya que no procede el apercibimiento de tener el documento por reconocido: ante la manifestación del tercero de que es de su exclusiva propiedad o que la exhibición puede causarle perjuicio, "no se insistirá en el requerimiento", según lo preceptúa la norma com entada, pero una ne gativa infundad a — o el simple silencio— autoriza la petición de med idas compulsivas67 que d ebe n ser requeridas

por el interesado en la exhibición, sin perjuicio de las facultades acordadas al juez por el artículo 36, inciso 20, apartado c del Código P rocesal Civil y Comercial de la N ación. Los códigos locales, que junto con la legislación extranjera sirvieron de fuente a la ley 17.454 en trance de incorporar el instituto al régimen de la Nación, presentan algunas particularidades propicias al comentario: a) Corrientes: son requisitos para la procedencia de la exhibición del documento por el adversario, que no haya "más que un ejem-

plar o no constare en protocolo de donde pueda sacarse copia" (art. 169), y por el tercero, que el documento sea "relativo" a la cuestión (art. 170), o sea, en am bos casos, sin el recaudo de la esencialidad. b) Jujuy: instituye el trámite incidental, ya con el adversario (art. 316), ya con el tercero (art. 317), dando solución expresa al vacío denunciado en el régimen de la Nación. El código de La Rioja resuelve el punto en términos análogos (arts. 217 y 218). e) Tucumán: exige que el peticionante acredite al requerir la presentación del documento, que éste se encuentra en poder del adversario (art.350).

Conf,: PALACIO, ob. cit., IV, P. 429.

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Capítulo Ji PRUEBA DE INFORM ES

1. O r e c im e n to.....................................8 7 2. Producción 8 8 2.1. Casos en que procede la caducidad ..................90 22 C s o se nq u en op r o c e d e..........................9 1


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Capítulo II P R U E B A D E IN FO R M E S

SUMARIO; 1. Ofrecimiento, 2. Producción. 2.1. Casos en que procede la caducidad. 22. Casos en que no procede.


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1. Ofrecimiento. Es inadmisible la informativa propuesta una

vez vencidos los primeros d i e z días del plazo general de prueba en pro-

ceso ordinario (art. 367, CPN), pudiéndose solicitar su producción an-

ticipada antes de iniciarse el juicio (art. 326, inc. 3) si concurren las circunstancias de excepción que la ley requiere. En el proceso sumario se pierde el derecho de ofrecerla no haciéndolo con la demanda, la re-

convención y la contestación de ambas, o dentro del qu nto día desde la notificación de la providencia que tiene por contestada la demanda o la reconvención en su caso, respecto de los hechos a que se refiere la

penúltima parte del artículo 486. El plazo en segunda instancia es de cinco días a contar de la notificación de la providencia de trámite, siempre que s trate de una me-

dida denegada en primera instancia o respecto de la cual hubiere mediado declaración de negligencia (art. 260, inc. 2, CPN).

En los ordenamientos provinciales, tanto en aquellos que regulan expresamente la prueba de informes (Buenos Aires, 394; Santa Fe,

2281; Tucumán, 368) como en los que no lo hacen, el ofrecimiento debe efectuarse en el plazo general, bajo sanción de inadmisibilidad2.

1

CSSF No son aplicables a la prueba de informes las disposiciones sobre ofrecimiento y recepcii5n de la documental (JTSF, 30-70); CPLR el informe del Registro General debe ofrecerse en la alzada en la forma y oportunidad prescriptas para la prueba informativa debiendo rechazarse si lo fuera exteinporaneamente, como documental (J. 12-145). 2 Excepto La Rioja (art. 169, inc. 70 ), donde se indica con la demanda.

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2. Producción. Quizá como ninguna otra prueba, la informativa requiere de la actividad de terceros para que pueda producirse en los plazos pertinentes. Y es justamente ese detalle el que complica al liti-

gante, porque normalmente los terceros, sean particulares u oficinas públicas, suelen retacear su colaboración, rehusando expedirse o haciéndolo con demora, o brindando información incompleta que exige reiteraciones o aclaraciones. A su vez, el interesado tiende a ampararse en la inercia del informante, excusando con ella su propia desidia. Esto

hace que la prueba de informes sea la que más dilate los pleitos, a me-

nos que el repectivo ordenamiento procesal contenga conminaciones apropiadas para estimular la diligencia de los involucrados en la misma.

A ese efecto, el artículo 399, CPN3, prevé la imposibilidad de incumplimiento reiterado en cuanto al deber de contestar oportunamente los informes, estableciendo medidas de distinta naturaleza según que el in-

fi-actor sea una repartición pública o una entidad privada. Los plazos

instituidos para contestar el pedido de informes son de veinte días para las primeras y de diez días para las segundas, salvo que el juez fijare otro plazo en razón de la naturaleza d e l juicio o de circunstancias especiales (art. 398, CPN)4.

Buenos Aires, 397 Buenos Aires, 396. En Tucumán, existe un plazo único de diez días salvo que el juez fije uno menor (art. 369). Adolfo Armando Rivas determina prolijamente los sujetos de la prueba informativa: el término oficinas públicas —dice— debe ser tomado como equivalente a reparticiones, es decir organismos que por su estructura, ubicación geográfica, física o jerárquica, están en condiciones materiales y habilitadas jurídicamente para proporcionar datos al juzgador, No podría requerirse informes a la mesa de entradas de un ministerio, sino a la Dirección general correspofldiente o al ministro mismo". En cuanto a las entidades privadas, están encuadradas en el concepto, personas jurídicas "tales como asociaciones y fundaciones, en los términos del articulo 33, segunda parte, punto 10 del Código Civil, y las sociedades civiles y comerciales o simples asociaciones sin personería jurídica que puedan existir fuera de las primeras (artículo 33, segunda parte del C6digo Civil)". A los fines de la prueba informativa, agrega, 'La ley procesal presume que tales entes ideales, colectivos o morales, tienen, como consecuencia de su actividad, registros, archivos y contabilidad propia, distinta de las de sus directores o componentes, y que, al igual que los Órganos estatales, los llevan con orden y seriedad, al punto de merecer fe inicial los elementos de juicio que proporcionen". Para el

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La sanción de caducidad para el peticionante negligente, es uno de los contados casos de plazos perentorios de producción de la prue-

ba que contiene la ley: si vencido el plazo fijado para contestar el informe, la oficina pública o entidad privada no lo hubiere remitido, se

tendrá por desistida de esa prueba a la parte que la pidió, sin sustanciación alguna, si dentro del quinto día no solicitare al juez la reiteración del oficio (art. 402, CPN)5. Sin embargo, no corresponde declarar

la caducidad si el oficio es contestado con anterioridad al pronunciamiento de la resolución6.

Palacio sostiene que 'a fin de efectuar el correspondiente cómputo temporal, al plazo fijado en el oficio para la contestación es menester agregar el de cinco días con el que cuenta la parte interesada para hacer entrega de aquél al informante (arg. del art. 383 del CPN). En razón de que corresponde dejar copia fiel del oficio en el expedien-

te (art. 131, apartado tercero, del CPN), el transcurso de ambos pla-

zos, al que cabe añadir el de cinco días para requerir la reiteración, debe surgir de aquella sola constancia' 7. Mi coincidencia con el autor se limita sólo al caso de que la prueba deba practicarse fuera del lugar asiento del juzgado, pues a tales hipótesis conciernen las normas citadas (art. 131 y 383, CPN). En caso contrario, el plazo de caducidad autor el concepto de entidad privada abarca la empresa individual, 'es decir aquella forma organizada destinada a la realización de actividades industriales, comerciales o agropecuarias y que reconoce como titular a una persona física. Ello precisamente, porque la citada organración, importa la necesidad de documentar ordenadamente la actividad de la empresa. Por tal razón resulta procedente la prueba de informes, para obtener datos de clínicas, hospitales privados, estudios jurídicos y, en general, actividades en las que, si bien bajo titularidad individual, se den formas de organización que signifiquen necesidad de contar con archivos o registros debidamente ]levados". De la caracterización apuntada, resulta improcedente requerir datos de personas físicas que desarrollen actividad exclusivamente individual, y "si la ley nacional menciona a los escribanos con registro, no lo hace considerándolos en su condición individual, sino en cuanto en ellos se personifica la institución notarial" (Algunas reflexiones acerca de la prueba de informes en el Código Procesal Civil y Comercial de la Na-

en Revista de Estudios Procesales, N° 27, Rosario, junio de 1976). Buenos Aires, 400, 6 Conf: P A L A C I O , ob. cit., IV, p. 668,

ción,

Ibídem,

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comenzará a correr desde la fecha en que conste la entrega del oficio al interesado, y vencerá a los veinticinco o quince días según se trate de informe requerido a oficina pública o entidad privada.

2.1. Casos en que procede la caducidad. La doctrina judicial utiliza el vocablo negligencia y el mismo se conservará en la transcripción de los fallos, pero no hay duda de que se tratan de hipótesis de

caducidad toda vez que operan de pleno derecho, constituyendo una respuesta automática de la jurisdicción a la inactividad de la parte. El tema ha sido tratado más extensamente en el capítulo único de la Sección Tercera, al que remito al lector.

Como regla general se ha declarado que la aplicación de la norma del artículo 402 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

deberá juzgarse teniendo presente que es principio recibido que las

formas procesales son una garantía contra la arbitrariedad, pero en manera alguna un obstáculo para la averiguación de la verdad,

objetivo último de la acción judicial, para restablecer el imperio de la justicia8. De tal regla se deduce que incurre en negligencia la parte que

habiendo pedido prueba de informes a la que se accedió, hace imposi-

ble el diligenciamiento en tiempo propio como lo exige el artículo 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en razón de la fecha en que se requieren los informes9. Como corolarios, cabe establecer, entre otros, los siguientes:

a) Hay negligencia si la circunstancia de no haberse proveído la

reiteración de los oficios para producir la prueba de informes, es imputable exclusivamente a la parte oferente, quien debió insistir sobre

el punto'°.

8

CNC0m. sala B; La Ley 1982-C 295.

CNCh'., sala O; La Ley, 135-1111; N° 20.917. lo CNCiv. sala F; La Ley 116-783; N° 10.824.

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b) No justifica la inactividad del oferente en el diligenciamiento de un oficio a un banco, la circunstancia alegada de carecer de los fondos necesarios para ello". c) Si la necesidad de la prueba de informes estaba satisfecha para el demandado con los informes glosados en el cuaderno de la actora, debió hacerlo saber en los autos oportunamente, ya que al omitir tal manifestación incurrió en negligencia, porque esa petición no desistida trababa la prosecución del proceso'2.

También de la regla general formulada en el punto anterior surgen fundamentos para rechazar la, negligencia, como en el caso de que se trate de una prueba común: 2.2. Casos en que no procede.

habida cuenta que la prueba informativa fue ofrecida por ambas partes, y que la parte actora no la había desistido al tiempo que acusó la negligencia, debe concluirse la improcedencia de la negligencia decretada13; o de que el informante no hubiere sido remiso: resulta extemporáneo el acuse de la negligencia de la prueba de informes formulado después de transcurridos los cinco primeros días desde que

se proveyó la prueba, si aún quedaba pendiente todo el plazo de producción de la prueba, pues en este supuesto no es de aplicación la norma contenida en el artículo 402 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que sólo se refiere a la negligencia del oferente en instar su producción cuan do el informante hubiese sido remiso14 ; o si la prueba ya estaba agregada: debe rechazarse la negligencia acusada respecto de una prueba a producirse mediante oficio, si a la fecha de la

acusación la misma se encontraba ya agregada, aunque por error, en los autos principales y no en el cuaderno de p rueba respectivo15. C N C iv,, sala F; La Ley, 116-77 7; N ° 10 .774 . C N C om., sala B ; La Ley, 115-821 ; N ° 10.610. 13 CN Civ., sala A; E D , Rep. 13, p. 702.

14CN CIV., sala A,ED , Rep. 12, p. 655, sum. 3.

CtCom. , sala A; La Ley, 118 -900; N ° 12. 037.

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Capítulo UI PRUEBA DE CONFESION

r e c im e n to...................................... 1. O 2. P rod uc ción

95 9 7

21 N o t if ic a c ió na la b s ov e n t e.........................9 8 2.2 Entrega del pliego y concurrencia del ponente ............101

2.3. Fracaso de la audiencia y fijación de otra ...............103


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Capítulo III PRUEBA DE CON FESION SUMARIO: 1. Ofrecimiento. 2. Producción. 2.1. Notificación al absolvente. 2.2. Entrega del pliego y concurrencia del ponente. 2.3. Fracaso de la audiencia y fijación de otra.


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1. Ofrecimiento. Se pierde el derecho a ofrecer la confesional:

a) Código de la Nación: en proceso ordinario y en primera instancia, si la parte no lo hace dentro de los primeros diez días del pla-

zo de prueba (art.que 361, 367 y 404), no iniciado correspondiendo petición anticipada salvo el proceso ya esté (art. 326, suinfine). La ley 22.434 suprimió el tratamiento privilegiado que el régimen anterior confería a esta prueba, que ahora queda incluida en el régimen general. En segunda instancia, la pérdida se opera si el oferente deja vencer el término de cinco días de notificada la providencia de trámite. En el proceso sumario y en el sumarísimo, si no se ofrece con la demanda, la reconvención y la contestación de ambas. En el juicio ejecutivo, no haciéndolo dentro de los cinco días de la intimación de pago (art. 542) y al contestar el traslado de las excepciones (art. 547). b) Buenos Aires: no habiéndose modificado el sistema de la ley 17.454 al que se adscribió en su oportunidad, la prueba se pierde no ofreciéndola en el lapso que transcurre entre la contestación de la demanda y los diez días de haber quedado firme la providencia de apertura (art. 402).

e) Córdoba (art. 196), Corrientes (art. 134) y Santa Fe (art. el plazo de ofrecimiento corre desde la contestación de la demanda hasta la citación para sentencia. Respecto del momento efectivo de la clausura del plazo, subsisten las discrepancias generadas por la exégesis del artículo 125 del entonces código de la Capital, 157):

fuente de las normas locales citadas.

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La doctrina judicial cordobesa acoge el criterio amplio: "La expresión hasta citación para sentencia debe entenderse hasta que esta

providencia quede firme y consentida"'. La tesis intermedia fue receptada por los tribunales santafesinos,

en el sentido de que la confesión sólo podrá pedirse hasta el momento en que el interesado se notifique de la providencia de autos, sin necesidad de que ésta se halle firme2.

El criterio estricto, al que adhiero, sostiene que el mero dictado de la providencia tiene efectos preclusivos sobre el ofrecimiento de la

confesional. Me persuadieron, para aceptarlo, las razones esgrimidas por Natale primero, y Peyrano - Chiappini después, que sucintamente transcribo:

"...el artículo 157 que habla de que la confesión puede ser impetrada hasta el llamamiento de autos... denota la existencia de un término de lugar, acción, número o tiempo. Lo contrario, es decir que... debe leerse consentido el llamamiento de autos, a más de violar la letra.., importa no sólo confundir los efectos de una resolución judicial con el plazo para que quede firme, sino también atribuir a la prueba confesional... una preminencia mayor aún de la que tiene con respecto a los demás medios probatorios... y sabido es que las excepciones deben interpretarse restrictivamente"2-1.

"Nos inclinamos por la doctrina más restrictiva; es decir, la que permite el ofrecimiento de confesional mientras no se haya dictado el

1C3 CCC, en MART1NEZ CRESPO,

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de

Córdoba, p76.

2 LI'ti. La oportunidad para absolver posiciones caduca con la notificación del llamamiento de autos, sin requerirse el consentimiento del mismo (J., 14'259). CAR, sala 2a.; No procede la absolución de posiciones solicitada después de estar notificado el llamamiento de autos, aunque el mismo no se encuentre consentido (JTSF, 27-352); Conf, ALSINA: Es la buena doctrina, "no sólo porque eso es lo que dispone el artículo, sino porque esa providencia cierra toda discusión" (ob. cit., III, P. 334). 2-1 NATALE, Roberto Miguel, La prueba confesional, el llamamiento de autos y la improcedencia de m entar aquélla, dictado éste; Revista de Estudios Procesales, N°25, Rosario, scptiembre de 1975.

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llamamiento de autos para sentencia; por consiguiente, el mero dictado de dicha providencia (notificada o no), hace precluir a las partes el

ofrecimiento en cuestión... Así, la disposición debe leerse 'Desde la contestación de la demanda hasta el (dictado de) el llamam iento de au-

tos...' En primer lugar.., no distinguir donde la ley no lo hace. Esta metodología derivada del racionalismo dogmático romanista, es de insoslayable aplicación en la teoría de la hermeneútica de las normas procesales; solamente podemos apartarnos de ella por una razón de orden sistemático, o bien por muy obvias razones teleológicas. Empero, cuando no concurren ninguna de estas dos motivaciones, y nos hallamos ante una disposición axiológicamente neutra, hemos de estar a la letra de la ley: hasta el llamamiento de autos para sentencia. Y ese llamamiento de autos para sentencia está cii el proceso, claro, cuando es dictado. Y no cuando, como quien no quiere la cosa, pueda ocurrírsenos"22.

2. Producción. Se tiene dicho que la negligencia consiste en la inactividad culpable y perjudicial hacia el proceso o hacia la otra parte, que demora injustificadamente la solución del caso. Pero a la desidia del oferente, muchas veces se opone la mala fe de su contraria, por lo que corresponde determinar cuándo la acusación de negligencia se o-

rienta a la celeridad de los procedimientos, y cuándo lleva el simple propósito de hacer perder la prueba o de embrollar el pleito. El legislador nacional ha tratado de prevenir esta última anomalía, disponiendo en el artículo 385 que se desestimará sin sustanciación alguna el pedido de negligencia respecto de la prueba de posiciones, formulada antes de la fecha y hora de celebración de la audiencia.

La solución no es tan traída de los cabellos como parece sonar: "Parecería superflua, pero no lo es" —dicen Ayarragaray y De G rego

rio Lavie— "pues con el régimen anterior debía sustanciarse el mci22 PEYRANO, Jorge W. y CHIAPPINI, Julio, Tácticas en el Proceso Civ il t. II p. 63 y

sgtes.

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dente, aunque fuere infundado, lo que implicaba la postergación de la audiencia y constituía una maniobra dilatoria amparada en una facultad legal"2-3. El aserto se puso a prueba en mayor número de oportunidades de lo que puede suponerse y, para colmo, con éxito: la Cáma-

ra Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. sala C, declaró que no actúa con la debida diligencia quien pretende diligenciar en el lapso de cinco días hábiles, la notificación de una audienica

señalada dos meses antes, pues es de prever que en ese reducido tiempo la posibilidad de lograr una notificación eficaz disminuye considerablemente3. A tenor de la cláusula que nos ocupa, el decisorio es correcto si se refiere a una negligencia acusada después de la fecha de la audiencia, siempre, claro está, que ella hubiere fracasado por

falta de notificación oportuna. Recién entonces podrá evaluarse la inactividad en la notificación.

Esta es, justamente, la materia a abordarse en el próximo punto.

2.1. Notificación al absolvente. El artículo 409 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 4, impone al oferente de la prueba

confesional la carga de diligenciar la cédula con tres días, por lo menos, de anticipación a la fecha fijada para la absolución de posiciones. El plazo puede reducirse en caso de urgencia debidamente justificada, pero no será menor de un día. Queda claro entonces que desde que la parte se notificó de la fecha de la audiencia, debe preocuparse en redactar la cédula y entregar-

la a secretaría con tiempo suficiente para que pueda notificarse antes 2-3 C6d, Pzoc. Csv.

yCom. de ¡a Nación, p. 435: el régimen anterior

a que se refieren

los autores, es el antiguo código de la Capital.

3 L Ley, 131-1103,N° 17.705. 4Bucnos Aires, 407 mantiene el texto adaptado a la ley nacional 17454, que no fijaba plazo, limitándose a señalar que la citación del que deba declarar se hará con la anticipación

necesaria

Córdoba, 200: Por lo menos el día anterior al designado para la absolución de

posiciones o en el mismo en caso de urgencia ; Corrientes, 136: Con un día de intervalo, por

lo menos ; Santa Fe, 162; 'Con una anticipación no menor de tres días al del acto ; Tucumán, 329: Con dos días por lo menos de anticipación .

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de vencidos los términos del artículo 409. El fracaso de la audiencia será imputable a la negligencia del ponente, tanto en el supuesto de total inactividad (sencillamente no redacta la cédula), como si esa actividad es errónea, por ejemplo, notificando al absolvente en el domici-

lio constituido y no en el real5, o si entrega la cédula en Secretaría con tal demora que no se logra diligenciarla en los plazos legales. Consecuentemente con tales hipótesis, se ha resuelto que la total inactividad de la parte actora en la producción de su prueba, sancionada con la negligencia, alcanza también a la confesional, cuya tramitación se encontraba obligado a urgir-, ya que a él incumbía realizar las diligen-

cias necesarias para que la prueba se produjera en la audiencia desig-

nada a ese efecto. En el mismo orden de ideas, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala E, decidió que hay negligencia cuando una parte, pedida la designación de audiencia para la absolución de posiciones de la contraria, no la hace notificar ni

solicita postergación por imposibilidad de concurrir y no dejó tampoco el pliego correspondiente8.

Sin embargo, la pérdida de la prueba deberá decretarse no sin antes examinar cuidadosamente la conducta del oferente y de la contraria, habida cuenta del carácter restrictivo con que se aplican las reglas sobre negligencia. Así, la cédula por la que se intimó al actor la de-

nuncia de su domicilio real actual para notificarle la audiencia de po-

siciones, librada antes del acuse de negligencia, constituye una acti-

No obstante, la CNC1v., sala B, decidió que tornan improcedente la negligencia la concurrencia a la audiencia por parte del letrado apod erado de los absolventes —p robando el conocimiento qu e tenía de la celebración del acto— y el pedido de nu eva audiencia formulado antes de la acusación (La Ley, 134-1 037 , N° 20 .029). Cabe recordar que la notificación en el domicilio real corresponde en caso de que el litigante actúe mediante apoderado, pero no cuan do éste omite la denuncia de d icho domicilio o la parre litiga por derech o propio. 6CN C1v., sala 8; La Ley, 128 -987 ; N° 16.113. CNCiV., sala C; La Ley, 122-948 ; N° 13.675 .

La Ley, 117-834; N° 11.588, Conf. CNCiv., sala F; Hay negligencia cuando el litigante no efectuó al tiempo de la presen tación del escrito de a cuse, los tramites necesarios para que la audiencia de posiciones pudiera llevarse a cabo (La Ley, 114-833; N° 10,013). -99-


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vación efectiva de los trámites tendientes a la producción de la prueba9. Tampoco es negligente el demandado, si la dilación en producir la prueba confesional obedece a la actitud del apoderado del actor, que en diversas oportunidades manifestó que su mandante se encontraba en el extranjero, de resaltopara una conducta en la gestión procesal,poniendo que de admitirse fundar la reprochable negligencia de la contraria, legalizaría una falta de seriedad y lealtad hacia' la justicia'°. Hasta aquí se han revisado hipótesis de absoluciones que se reciben ante el mismo juzgado de la causa. Si la prueba debiera producirse fuera del asiento del tribunal mediante oficio o exhorto, la parte interesada deberá gestionar el libramiento de los mismos, retirarlos para su diligenciamierito y hacer saber, cuando correspondiere, en qué juzgado y secretaría han quedado radicados (art. 383, CPN)". En el derogado régimen de la ley 17.454 se instituía la caducidad automática en el caso de que los oficioso exhortos no se presentaran a la firma dentro del quinto día de ordenado su libramiento, lo que debía hacerse constar en el expediente. El precepto, que sigue rigiendo en Buenos Aires (art. 381) es reprochado por Fassi como de redacción objetable12, y su reforma en el orden nacional por la ley 22.434 mereció la aprobación de P alacio13.

Va de suyo que el incumplimiento de las cargas impuestas por los preceptos referenciados, conducen a la declaración de negligencia o de caducidad en su caso: pierde el derecho a producir la absolución de posiciones de su contraparte —dijo la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, sala 1— el litigante que después de seis 9CNC0m., sala C;La Ley, 127-774, 10 CFed, Resistencia; JA, 966II, 281, 11 Santa Fe (94): Los exhortos u oficios., o se entregarán a la parte a cuya solicitud se

hubieran librado dejándose recibo en el expediente. En este último caso se le fijará un término al que los retire para presentarlos al juzgado comisionado, bajo pena de caducidad por no hacerlo en el plazo fijado, si se tratare de diligencias de prueba . 12 Ob. cit., II, 185. 13 Estudio de la Reforma Procesal Civil y Comercial, P. 142.

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meses de aceptada aquélla, ignora si el exhorto (para que la absolución se produjera en otra jurisdicción) se ha librado y ninguna gestión realizó durante ese tiempo para que la rogatoria se confeccionara y se despachara4. Asimismo, retirado el oficio o exhorto, el o-

ferente está obligado a interesarse en que el tribunal comisionado practique la prueba con la celeridad necesaria, poniendo en conocimiento del juez de la causa cualquier inconveniente extraño a su actividad y urgiendo la reiteración de nuevas rogatorias. De cualquier manera, no basta con el mero urgimiento: el peticionante debe prac-

ticar actos concretos, redactando los oficios, presentándolos ante e l juzgado para su firma, remitiéndolos para su diligenciamiento; y to-

do ello con una celeridad que ha de ser proporcional a la demora

producida.

2.2. Entrega d el pliego y concurrencia de/pon ente, Según lo dispone el artículo 410 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación15, el pliego de posiciones deberá ser entregado en secretaría media hora antes de la fijada para la audiencia, en sobre cerrado al que

se le pondrá cargo; y si la parte que pidió las posiciones no compareciere sin justa causa a la audiencia, ni hubiese dejado pliego, y compareciese el citado, perderá el derecho de exigirlas.

Tres son, por lo tanto, los requisitos que condicionan la caduci-

dad de la prueba: a) Falta de entrega del pliego en tiempo oportuno; b) Incomparecencia injustificada del ponente; c) Comparecencia del absolvente.

Respecto del primero, corresponde aclarar que la media hora se computa en relación con la hora fijada para la audiencia y no con la hora en que efectivamente se llamó al acto16. Ahora bien: compa-

reciendo el ponente y el absolvente, ¿se produce la caducidad si el

14 J . 28 -215 . 15 B uenos Aires, 408, 16 Conf. CNCiv., sala F; ED , Rep. 13, p. 799, sum. 5.

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pliego no se presenta con la antelación legal? Estimo que estando las partes presentes, no hay motivo de negligencia aun cuando el pliego

se entregue al momento de iniciarse el acto17. Visto que la exigencia de la anticipación se funda en el propósito de evitar el doble pliego (uno para el caso de que el absolvente comparezca y otro más riguroso para el caso de que no lo hiciera), tal propósito queda cumplido simplemente no teniéndolo por fictamente confeso si el pliego se entregare con menos de media hora de anticipación.

El segundo requisito se halla conectado con el anterior, en el sentido de que el ponente cumple con sus deberes procesales haciendo citar debidamente al absolvente y acompañando con la antelación correspondiente el pliego de posiciones; pero su asistencia al acto no es-

tá impuesta por ningún texto legal18. O sea que lá ley no tolera otras interpretaciones cuando exige que la parte que pidió las posiciones no comparezca sin justa causa y no se hubiere dejado el pliego, para decretar la pérdida de la prueba. A fin de justificar la incomparecencia se han proporcionado las más variadas (y hasta insólitas) explicaciones, de las que he escogido a

guisa de ejemplo, las siguientes: otra audiencia a la misma hora,

n di-

ferente juzgado; la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala B, rechaza la excusa, sosteniendo que ha incurrido en negligencia quien trata de justificar su tardía concurrencia a la audiencia de posiciones — 4 5 minutos—, alegando la existencia de otra en diferente juzgado, pues bien pudo justificar su inasistencia previa-

mente o presentar oportunamente el pliego respectivol. Falta de notificación o notificación defectuosa del absolvente; la misma cámara, sala A, tampoco acepta la excusa, diciendo que debe admitirse la negligencia en la prueba de confesión, si la ponente no compareció a la

Conf: FASSI, ob. 1t. 11, 258.

la CNCiv., sala F: La Ley, 135-533. Conf. CNCom., sala C: La ley adjetiva no obliga al ponente a concurrir a la audiencia fijada para recibir la confesión de su contraria, siempre que haya habido oportuna agregación del pliego de posiciones (En, 92-659). 9cNciv., sala B;La Ley, 127-1158;N° 15.841. -102-


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audiencia ni dejó el pliego de posiciones, no pudiendo excusarse sosteniendo que la absolvente estaba mal notificada, pues debió prever la posibilidad de su concurrencia advertida por su letrado, que también fue notificado del acto20. El tercer requisito —comparecencia del absolvente— se me ocu-

rre insustancial y quizá su eliminación no conduzca a ninguna injusticia. No veo la razón por la cual, frente a la falta de pliego e inasistencia del ponente, el hecho de que el absolvente comparezca o no, pue-

da influir sobre la calificación que merezca la inactividad de la otra parte. La inasistencia del absolvente depara un riesgo específico: el de ser tenido por confeso en caso de que el ponente haya dejado el pliego. Es decir, se trata de cargas independientes, referidas a actividades propias de cada parte; la circunstancia de que el absolvente deje

de concurrir a la audiencia, no libera al ponente de las consecuencias

de su desidia. Por supuesto, la ley contradice expresamente estas reflexiones , y en trance de aplicarlas, deberá tenérselas como inexistentes, o a lo sumo, a como afirmaciones de le g e f e re nd a.

2.3. Fracaso de la audiencia y fijación de otra. Para que el interesado en la producción de la confesional tenga el derecho a pedir nueva audiencia de posiciones una vez fracasada —sin culpa suya— la an-

terior, debe demostrar que subsiste su interés, mediante una actividad inequívoca. Por lo pronto la petición ha de ser inmediata: si deja transcurrir más de un mes sin hacerlo, incurre en negligencia21. En caso de

que el ponente haya triunfado en un incidente de negligencia anterior,

consentida la resolución por ambas partes, le incumbe la obligación de tomar las medidas necesarias para que la audiencia se realice 22. La errónea fijación por el juzgado de la audiencia para absolver posiciones

en un día inhábil sin que las partes se apercibieran de ello en su mo-

CNCiv., sala A; La Ley, 16-776; N° 766. 21 CNCIV., sala C; La Ley, 122-949; r'° 13.676.

22 CNCiv., sala E; La Ley, 129-99 0; N° 16.440 .

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mento, atento a la naturaleza del juicio —ejecutivo— y el error incurri-

do, hacen que no sea posible aceptar que la parte interesada en la producción de la prueba recién pida nueva audiencia a los siete días de la fecha en que ella debió realizarse, pues mayor debió ser la diligencia en reiterar la prueba23.

Se dijo más arriba que el fracaso de la audiencia anterior no de-

be ser imputable al ponente, pues de lo contrario le estaría vedado solicitar nueva audiencia. Por lo tanto, es negligente el peticionante de la audiencia de posiciones que, conociendo con mucha antelación la fecha a celebrarse pide la suspensión de aquélla un día antes del fijado, en forma vaga, sin indicar debidamente las causas que fundan la solicitud. No obsta a tal conclusión el hecho de existir prueba pendiente, por cuanto la negligencia debe ser juzgada con referencia a cada actuación individualmente24.

En algunos ordenamientos provinciales —como al principio del capítulo se dijo— la prueba de posiciones puede pedirse hasta el llama-

miento de autos para sentencia. Ello hizo suponer a más de un litigante, de buena o de mala fe, que fracasada una audiencia podía seguir peticionando indefinidamente la fijación de otras hasta agotarse el término, por lo que una y otra vez los tribunales han respondido que si bien

la prueba de posiciones puede pedirse hasta el llamamiento de autos para sentencia, una vez propuesta y señalada la audiencia, la inactividad injustificada del interesado en producirla, importa negligencia que hace perder el derecho a la misma25.

23CNCOm. sala C La Ley, 119-997; N° 12.422.

24

CNCiV., sala 8; La Ley, 129-990; N° 16.437. CNCiv., sala F; La Ley, 116-785; N° 10.845.

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Capítulo IV PRUEBA DE TESTIGOS

1, frecimiento 1.1. Código de la Nación

tros códigos 1.2. 1.2.1, Córdoba e 1.2,2, anta roducción 2. 2.1. En la sede del juzgado

107 107 110

b 110 111 111

1]2 118

itación 2.1.1. 2.1.2. udiencia 2.2. En extraña jurisdicción 2.2. l. Código de la Nación 2,2.2. Buenos Aires ontingencias comunes 3.


120 120 121 122

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Capítulo IV PRUEBA DE TESTIGOS SU MA RIO 1. O frecimiento. 1.1. Código de la N ación. 1.2. Otros códigos. 1.2.1. Córdoba. 1.2.2. Santa F e. 2. Producción. 2.1. E n la sede del juzgado. 2.1.1. Citación. 2.1.2. A udiencia. 2.2. En extraña jurisdicción. 2.2.1. Código de la Nación. 2.2.2. Buenos A ires, 3. Contingencias comunes.


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1. Ofrecimiento.

prueba de testigos debe ofrecerse en el plazo general de diez días (art. 367, en su actual versión), salvo que se invoquen y acrediten las circunstancias de excepción previstas por los artículos 326 y 3281. Esto en cuanto al proceso ordinario. Tratándose de sumario o sumarísimo, con la demanda, reconvención y contestación de ambas; y en el ejecutivo, al oponer y contestar excepciones. En segunda instancia, al replantear las medidas probatorias denegadas en primera, o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia (art. 260, inc. 20 , o si se invocare hecho nuevo 1.1. Código de la Nación. La

(art. 260, inc.

50 )2

D e los términos del inc. 1 del art. 326, CP r, resulta que la exigencia para admitir la prueba anticipada es la muy avanzad a edad de los testigos, término que vinculado a los otros dos supuestos de enfermedad o viaje, están referidos a la inminencia de ausencia o disminución de aptitudes qu e imposibiliten el diligenciamiento de la prueba; con este alcance, n o es suficiente justificativo sólo denu nciar que los testigos estarían entre los 60 y 70 añosde edad,

E n lo del quepaís respe cta a acreditarse la tercera hipótesis previstanoensólo el inc. 1 de l art. 326 a aus entarse ) debe su mariamente la proximidad del('próximo viaje del testigo al extranjero, sino también la probable duración de su ausencia del país por ese motivo, ya que un retorno a breve plazo no constituye impedimento para qu e la declaración se p roduzca en la oportunidad procesal correspondiente (CNCiv., sala B; JA , 198 3-1V , síntesis). 2

Es improcedente la solicitud de que la cámara reciba la declaración de testigos si los demandados n o ofrecieron esa prueba en primera instancia (CNCiv., sala C; E D , 37-90 ).

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Fuera de las oportunidades señaladas, la testimonial ofrecida será declarada inadmisible. No obstante, el juez podrá disponer de oficio la declaración en el carácter de testigos, de personas mencionadas

por las partes en los escritos de Constitución del proceso o cuando, según resultare de otras pruebas producidas, tuvieren conocimiento de hechos que puedan gravitar en la decisión de la causa. Asimismo, podrá ordenar que sean examinados nuevamente los ya interrogados, para aclarar sus declaraciones o proceder al careo (art. 452). El texto, en su antigua redacción, limitaba la facultad judicial al examen de las personas mencionadas por las partes en los escritos de constitución del

proceso3. La ley 22.434, tomando como antecedente el artículo 347 del Código de Jujuy, extrema el principio de oficialidad autorizando el examen de cualquier persona que, según resultare de otras pruebas producidas, tuviere conocimiento de hechos que puedan gravitar en la decisión de la causa. Obsta al ejercicio de dicha facultad, la circuns-

tancia de que el testimonio —oportunamente ofrecido por la parte—

fuese desistido o mediare a su respecto declaración de negligencia, "porque lo contrario —dice Palacio— implicaría transgredir los principios de igualdad y preclusión"4.

En el acto de ofrecer la prueba de testigos, se deberá presentar una lista de ellos con expresión de sus nombres, profesión y domicilio

Tal redacción persiste en el artículo 450 del código de Buenos Aires, pero la jurisprudencia nacional anterior a la ley 22.434, aplicable todavía a dicho Estado, declara que la circunstancia de que en el artículo 452 del CPr. se aluda solamente a la posibilidad de disponer de oficio la declaración de testigos mencionados en los escritos de constitución del proceso de ningún modo debe entenderse como excluyente de extenderla a otros testigos que puedan haberse conocido a través de otras actuaciones procesales, corno ser, haber sido mencionados por los testigos que prestaron declaración. Esta, como otras reglas procesales concernientes a las facultades del juez para la mejor instrucción de la causa, debe ser entendida simplemente como un supuesto particular no excluyente de otras emanadas de una directiva central que preside su interpretación y que se resume en definitiva en la regla básica del articulo 36, inc. 2°, máxime cuando se trata de un proceso conursal en el que no puede dejar de influir, frente a los intereses comprometidos, la amplitud de atribuciones que confiere el art. 297 de la ley 19.551': CNCom., sala C;ED,90-197.

4Estudio de la Reforma Procesal Civil y Comercial,

p. 156.

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(art. 429). Faltando algunos de estos datos, pero indicando el proponente los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones y sea posible su citación, la prueba deberá admitirse; en caso

contrario corresponderá su rechazo6.

El régimen analizado corresponde a los testimonios a prestarse en la sede del juzgado; cuando se tratare de testigos que deban de-

clarar fuera del lugar del juicio, la parte que los hubiere presentado acompañará el interrogatorio en el escrito de ofrecimiento de prueba, indicará los nombres de las personas autorizadas para el trámite del exhorto u oficio, quienes deberán ser abogados o procuradores de la

matrícula de la jurisdicción del tribunal requerido, excepto cuando por las leyes locales estuviesen autorizadas otras personas, pudiendo,

los comisionados, sustituir la autorización. No se admitirá la prueba si en el escrito no se cumplieren dichos requisitos (art. 45 3)7• La caducidad se produce en forma automática, bastando la constatación por el juez de la omisión de los recaudos8.

La carga impuesta por el precepto tiene por finalidad que la contraria tome conocimiento del interrogatorio para ejercer su derecho de preguntar y controlar la pertinencia de las preguntas sin necesidad de concurrir al juzgado de recepción de la prueba9. En consecuen-

cia, al ofrecérsela, debe expresarse sobre qué hechos han de deponer Buenos Aires, 427; Córdoba, 295; Corrientes, 195; Santa Fe, 200; Tucumán, 35. La mención de la profesión del testigo es esencial no sólo en lo que hace a la identificación, sino a la admisión del mismo (CNCrim. y Correec., sala IV; ED, Rep. 9, p. 907; sum. 1.

6 Incurre en negligencia la parte que rio aporta con exactitud los datos necesarios pata poder citar al testigo (CNCiv., sala C; ED, 2-174). Si se dejó de consignar oportunamente los datos personales que la ley procesal exige respecto de los testigos corresponde no hacer lugar a dicha prueba (CSSF; J., 7-11). El código de Santa Fe exige que al tiempó de ofrecerse la prueba testimonial, además de expresar el nombre, profesión y domicilio de los testigos, se presente el interrogatorio respectivo; de ahí que en dicho régimen es inadmisible la prueba testimonial que se ofrece sin acompañar el respectivo interrogatorio (CCCSF, S la.; 3 . 26-113). Buenos Aires, 451; Córdoba, 3021303; Corrientes, 215; Santa Fe, 205; Tucumán, 396, 8 Conf, FASSI, ab. cit., II, p. 316. CApel. Concepción del Uruguay, sala Civ. yCom.;JA, 1977-1V, sirltesis. - 109-


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los testigos10, para que de ese modo pueda Ja otra parte estar en condi-

ciones de apreciar la necesidad de constituirse en el lugar o de optar por la presentación de un pliego de repreguntas para su agregación al respectivo exhorto". 1.2. Otros códigos.

1.2.1. Córdoba, Dentro de los diez primeros días del término de

prueba, en el juicio declaratorio de mayor cuantía, y dentro de los cinco en el de menor cuantía y juicios especiales, deberán los litigantes designar los testigos que hayan de declarar, expresando sus nombres y domicilios. Si se ignora el domicilio, se indicará el lugar donde trabaja (art .295 12 . No se prevé la carga de expresar la profesión. Contrariamente a lo dispuesto por el artículo 452 del Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 22.434), el juez cordobés

no puede examinar a ningún testigo que no haya sido propuesto en el término competente (art.308)13.

1.2.2. Santa Fe. Corresponde ofrecerla dentro de los primeros diez días de los cuarenta que señala el artículo 402, tratándose de juicio ordinario; en el sumario, dentro de los primeros tres días del tér-

CNC0m., sala B; Ef), 10452. 11 CNC0m., sala B; Ef), 17-211. 12

Se acepta que se designe al testigo como Sr. Gerente de... o Sr, Representante de...

(Conf: C3 CCC, en MARTINEZ CRESPO, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba,

P. 108).

13 El juez no se encuentra facultado para designar las personas que han de declarar; son las

partes quienes nombran los testigos (C4 CCC, loc. cit.). La parte tiene derecho de desistir del testigo, siempre y cuando tal manifestación de voluntad se efectúe antes de su recepción conf. C4 CCC, ¡oc, cit.) pero en tal caso debe ser interrogado conforme a las repreguntas (CCCRC, con disidencia del Dr. Jure, quien sostiene que el testigo no se halla aún al servicio de la justicia y en consecuencia se encuentra en la esfera de acción de la parte; ¡oc, cit.,

i'. 109).

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mino de diez (art. 410); y en el sumarísimo, al promover la demanda y al contestarla (art. 413, mes, a, c, y d).

Al ofrecerse la prueba testimonial será necesario expresar el nombre, profesión y domicilio de los testigos y, como se dijo supra (nota N° 6), presentar al mismo tiempo el interrogatorio respectivo (art. 200), requisitos no exigidos en otros códigos cuando el testigo declara en la sede del juzgado. La jurisprudencia santafesina es termi-

nante al respecto: si con el escrito de ofrecimiento de la prueba testimonial no se presentan los interrogatorios respectivos, no debe admitirse dicha prueba 14; no es admisible la prueba testimonial que se ofrece sin presentar los pliegos respectivos15 ; etcétera.

2. Producción. 2.1. En la sede de/juzgado. Dispone el artículo 431 del Código Procesal Civil y Comercial de la Naci6&6 , que si la prueba testimo-

nial fuese admisible en el caso, el juez mandará recibirla en la audiencia que señalará para el examen, en el mismo día, de todos los testigos.

El precepto persigue, obviamente, el estricto cumplimiento del principio de concentración de la prueba; mas cuando el número de ofreci-

dos por las partes permitiere suponer la imposibilidad de que todos declaren en la misma fecha, se señalarán tantas audiencias como fueren

necesarias, en días seguidos. La ley 22,434 añadió un segundo párrafo

al artículo 426, disponiendo, en coincidencia con el artículo 10 de la

Ley Convenio N° 22.172, que los testigos que tengan su domicilio

fuera del lugar del asiento del tribunal pero dentro de un radio de setenta kilómetros, están obligados a comparecer para prestar declaración ante el tribunal de la causa, silo solicitare la parte que lo propone

y el testigo no justificare la imposibilidad de concurrir ante dicho 14 JPL; RSF, 10-162,

15 CAR, sala 2a; J., 1328. 16 Bueno s Aires, 429, subsistiendo la expresión audienc ia pública elim inada por superflua en la actual versión del CPN.

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tribunal. Por lo tanto, en la sede del juicio deberán declarar: a) Los domiciliados en la misma; b) Los que se donjicilien en un radio no mayor de setenta kilómetros.

El juzgado —continúa diciendo el artículo 431— preverá una audiencia supletoria con carácter de segunda citación, en fecha próxima, para que declaren los testigos que faltaren a las audiencias preindi-

cadas. Los códigos de Córdoba, Corrientes, Santa Fe y Tucumán no prevén la fijación anticipada de una audiencia supletoria, como lo hacen el de Buenos Aires y aquellos que se adaptaron al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: ante la incomparecencia injustificada del testigo, disponen su comparendo a otra audiencia mediante el uso de la fuerza pública. Al citar al testigo —concluye la norma en examen— se le notificarán ambas audiencias, con la advertencia de que si faltare a la prime-

ra, sin causa justificada, se lo hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública y se le impondrá una multa (que la Corte Suprema reajusta mediante la respectiva resolución).

Según el artículo 429, in fine, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el interrogatorio podrá reservarse por las partes hasta la audiencia en que deban presentarse los testigos17. 2.1.1. Citación. La regla general es de que el testigo sea citado por el juzgado, salvo cuando la parte que lo propuso asumiere la carga de hacerlo comparecer a la audiencia (art. 434, CPN). En su redacción

anterior, el precepto disponía que "si en el escrito de ofrecimiento de prueba la parte no hubiese solicitado que el testigo sea citado por el juzgado, se entenderá que ha asumido la carga de hacerlo comparecer

a la audiencia", texto que subsiste en el código de Buenos Aires. La regla ha sido invertida en la actual versión del Código Procesal de la

Buenos Aires, 427; Córdoba, 295 1/2: hasta antes de receptarse la prim era testimo nial; Corrientes, 195 ; Santa Fe, 20 0: al ofrec erse la prueba testim onial; T ucu m án 85 también al ofrec erla, pero sin la sanción de inadm isibilidad.

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Nación, con beneplácito de Palacio, "pues el silencio del proponente puede obedecer a un mero descuido que lo expone, no obstante, a un riesgo excesivam ente grave1 8 E n C órdoba, el artículo 300 d ispon e que "el testigo que rehusare presentarse voluntariamente a declarar, será citado, a solicitud de parte...", y el artículo 382 del código de Tucumán, establece que "toda persona ofrecida como testigo está obligada a comparecer a prestar declaración sin necesidad de citación...", enrolándose ambos en el sistema de la ley 22.454 pero sin la sanción del desistimiento. En cambio Corrientes y Santa Fe no prevén otra forma de comparecencia que la de la citación por el tribunal, aun cuando la presentación espontánea del testigo sea admisible en la práctica. En orden a la negligencia, habrá entonces que considerar dps alternativas: a) Si la parte asume la carga de hacer comparecer al testigo; b) Si la citación se efectúa por el juzgado. Cuando la parte asume la carga de hacerlo comparecer a la audiencia, y el testigo no concurriere sin justa causa, de oficio o a pedido deCPN)19. parte y sin sustanciación alguna se lo tendrá por desistido (art. 434, Cuando la citación se efectúa por el juzgado, a pedido de parte y sin sustanciación alguna, se la tendrá por desistida del testigo si: 1) No hubiese activado la citación del testigo y éste no hubiese comparecido por esa razón; II) No habiendo comparecido aquél a la primera audiencia, sin invocar causa justificada, no requiere oportunamente las medidas de compulsión necesarias; III) Fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, ésta no solicitare nueva audiencia dentro de quinto da (art. 432, CPN)20.

18 Estudio de la reforma..., p. 153. Conf PALACIO, Derecho Procesal

19IV, Nop.cabe Civil, 606).en el caso señalar audiencia supletoria 20 Buenos Aires, 430.

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Este es el sistema de la Nación y de los códigos que lo siguen. En Corrientes, fracasada la única audiencia que la ley prevé, si la parte que ofreció al testigo no pidiere nueva audiencia dentro de tercero día, se la tendrá por desistida sin más trámite (art. 196). En Santa Fe, como norma general (art. 148) se previene que fracasada una audiencia de prueba, se tendrá a su ponente por desistido de la misma, a menos que expresamente la urgiere dentro de tres días de la fecha en que conste en autos su no prod ucción. Retornando al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde abordar las tres causales de negligencia previstas por el artículo 432: Inciso 1°: No activar la citación del testigo e incomparecencia de éste por esa razón: se sanciona con la pérdida de la prueba el desinterés del proponen te, pues a quien ofrece los testigos correspond e realizar los trámites necesarios para asegurar la asistencia de los mismos a la audiencia señalada2' . En razón de que la cédula respectiva debe notificarse con tres días de anticipación por lo menos (art. 433)22, y que en ella debe transcribirse la parte del artículo 431 que se refiere a la obligación de comparecer y su sanción, la omisión de tales recaudos y la ulterior incomparecencia del testigo autoriza el pedido de n egligencia. No activar la citación del testigo equivale, pues, a desinteresarse por su oportuna notificación; dicho de otro modo, la falta de notificación de la audiencia señalada a los testigos que deberán declarar

21 CN C0m., sala 8; E D , 2-83 8. P ero no procede declarar operado el desistimiento automático , si los testigos no ha n sido citados ni la proponente de los mismos se ha o frecido a hacerlos comparecer sin citación previa (CNCom., sala A ; ED , 6-46 7).

22 B uenos A ires, 431 ; Córdoba, 300: con un día por lo menos de anticipación o con horas en caso de urgen cia; Corrientes, 196 un día; Santa Fe, 202 tres días cuando men os de anticipación, o dentro de un plazo menor en caso de urgencia; T ucumá n, 38 7 tres días por lo menos después de la admisión de la prueba.

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en la misma, hace incurrir en negligencia

23.

O, como lo expresó ine-

quívocamente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala F, si no surge que la parte actora haya activado la citación de los testigos propuestos, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 432, inciso 1° del Código Procesal, corresponde tenerla por desistida24. En este estado del análisis corresponde concluir que no es la sola incomparecencia del testigo lo que causa el decaimiento del derecho, sino ese incumplimiento, su falta de justificación y la inactividad de la

parte para procurar su conducción por la fuerza pública de acuerdo con lo que establece el texto legal25. Por ello, no incurre en negligencia quien hace saber, antes de la audiencia designada, que el testigo ha debido ausentarse del país26; ni el error en que incurra la parte en la

indicación del domicilio del testigo ofrecido justifica la procedencia de la negligencia en la producción de la prueba si, comprobado el error

por el empleado notificador, el peticionante demostró diligencia en indicar nuevo domicilio y no fue remiso en la confección de las cédulas de notificación 27.

Inciso 2 : No requerir oportunamente las medidas de compulsión necesarias cuando el testigo, sin invocar causa justificada, deja de

comparecer a la primera audiencia. Ante la contumacia del testigo, el proponente debe solicitar el comparendo a la segunda por medio de la 23 CNCom., sala C; ED, 4-329. Corresponde declarar negligente a ¡aparte que, aunque propuso el testigo no notificó al mismo las diversas audiencias fijadas para su declaración

(CNCiv., sala A; En,por 26-172). Corresponde lugar a la del negligencia, despuésal dedos me-la ses de informado el oficial notificador hacer Ía inexistencia domiciliosiatribuido testigo, proponente manifestó que se hallaba en el extranjero, comprometiéndose a llevarlo a declarar a la audiencia supletoria (CNC1v., sala C; ED, 26-174). Procede declarar la negligencia en la producción de la prueba cii razón de la falta de actividad para cursar la nueva citación al verdadero domicilio de os testigos si se ha hecho a un domicilio equivocado (CCiv., sala C; ED, 10-434). 24CNCiV., sala E; La Ley, 1984-B, 115.

25 CNCiv., sala A; La Ley, 114-848;

NO

10,164.

26

CNCiv., sala E; ED, 2829.

27 CNCom,, sala B; ED, 43 29.

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fuerza pública, mas no se satisface la carga procesal con el mero pedido, pues si no se libraron oportunamente los oficios a la Policía Fede-

ral para obtener la deposición en la audiencia supletoria, a pedido de parte debe tenerse la prueba por desistida28.

El precepto es operativo cuando la audiencia se ha notificado válidamente29; en caso contrario, no se dan las condiciones para hacer comparecer al testigo por la fuerza pública-30, y siempre que la primera audiencia fracase por motivos imputables a la parte interesada, ésta pierde el derecho a la audiencia suplementaria31.

La segunda audiencia para que declaren los testigos reviste ca-

rácter estrictamente supletorio, y no constituye un medio para que las partes, a su arbitrio, puedan presentar a los testigos en una u otra oportunidad32. Desde luego, si la falta de comparendo se justifica (justi-

ficación que debe ser hecha por el testigo y no por la parte que lo propuso33), procede recibir la declaración en la audiencia supletoria. Con-

forme a esta regla y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 432, inciso 20, sólo podrá declarar en la audiencia supletoria que prevé el artículo 431 el testigo que haya justificado su inasistencia a la primera o el que fuera compelido a ello con el auxilio de la fuerza pública, a pedido de la parte proponente; en cuanto a esto último, es necesario no

28

CNCiv., sala O; ED, 6-979. La audiencia supletoria rige sólo para la recepción de los testimonios de quienes, debi-

damente notificado, no hubieran asistido a la audiencia principal (CNC1v., sala C; ED,

26-174). Corresponde declarar la negligencia en la prueba si, debidamente notificados, los testigos no concurrieron al juzgado en ninguna de las dos oportunidades que dispone la ley, ni se pidió que a la última audiencia se los obligara a comparecer por medio de la fuerza pública (CNCiv., sala O; ED, 17-207). 30CNCom., sala C; ED, 3-799. u CNCiv., sala F; ED, 4-65. El fracaso de la primera audiencia, por razones imputables ala parte, justifica que se la declare negligente en la producción de la prueba de testigos (CNCiv., sala D; ED, 17-209). La falta de notificación al testigo de la audiencia principal importa

negligencia de la parte que lo hubiere propuesto, la que no puede ser suplida con la notificación de la audiencia complementaria (CNCiv., sala C; ED, 17-908).

CNCiv., sala C;ED, 26-171. 33CNCiV., sala A;ED, 26-172.

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sólo que se requiera la medida de compulsión, sino que efectivamente se haya librado el respectivo oficio a la autoridad poIicial. Inciso 3°: No requerir nueva audiencia dentro del quinto día, si

fracasare la segunda por motivos no imputables

a la parte: la posi-

bilidad de una tercera audiencia para la declaración testimonial sólo

se refiere al supuesto de que la segunda audiencia fracase por culpa exclusiva del testigo y no a la inactividad del proponente ; por lo que

debe denegarse de oficio el pedido de designación de una nueva audiencia para la declaración de los testigos propuestos, en todos los casos en que la inasistencia a la audiencia supletoria deba atribuirse a la inactividad de la parte interesada-36. Un ejemplo: no habiendo compa-

recido los testigos a la audiencia señalada y no habiéndose pedido, en su oportunidad, la fijación —para el caso— de la audiencia supletoria,

es improcedente la fijación de nueva fecha a los mismos efectos37. Otro: debe tenerse a la parte por desistida del testigo que concurrió a la primera audiencia, no realizada por incomparecencia de quien lo pro-

puso, y que no compareció a la segunda3a. Por el contrario, no son motivos imputables a la parte, entre otros: la suspensión de los térmi39;

nos judiciales dispuesta por la Corte Suprema de Justicia ni incurre en negligencia por el hecho de no concurrir a la supletoria, la parte

proponente del testigo que cumplió con su obligación de notificar al mismo y de pedir nueva audiencia inmediatamente después de fracasada la primera por el feriado decretado4° - Tampoco corresponde decla-

rar negligente en la producción de la prueba testifical a quien por di-

CNCiv., sala B; JA, 1983-1, 538. CNCont, sala C; FO, 12-653. Excepcionalmente la ley prevé un nuevo pedido de audiencia cuando los testigos no pueden ser habidos para la supletoria (CNC0m., sala C; ED, 4-329). CNCiv., sala F; JA, 1984-II, síntesis. M CNCOm., sala C; ED, 4-329. CNCom, sala 8; ED, 2-838. CNConi., sala A; ED, 10-452.

CNCiv., sala C; La Ley, 121-703; N° 13.274, -117-


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ficultades no pudo notificar al testigo, pero que teniendo en cuenta

que había sido ofrecido también por la contraria, manifestó que lo interrogaría en la oportunidad de la audiencia fijada en el cuaderno de ésta y, además, al no concurrir dicho testigo, pidió a los cinco días

nueva audiencia para su declaración41; así como el error cometido al celebrarse Ja audiencia en una fecha que no era la que correspondía, justifica la incomparecencia de la parte a la misma, por lo que siendo afectada de nulidad corresponde realizar nueva audiencia a los mismos fines42. De igual modo, debe desestimarse la negligencia respecto a un

testigo, si la misma fue acusada cuando no estaba devuelta la cédula, por lo que no podía requerirse el uso de la fuerza pública para hacerlo concurrir compulsivamente a la segunda audiencia 43 . 2.1.1 Audiencia. El artículo 437 del Código Procesal Civil y

Comercial de la Nación', dispone que si la parte que ofreció al testigo

no concurriere a la audiencia por sí o por apoderado y no hubiese dejado interrogatorio, se la tendrá por desistida de aquél, sin sustanciación alguna. El precepto debe relacionarse con la última parte del artículo 429: el interrrogatorio podrá reservarse por las partes hasta la audiencia en que deban presentarse los testigos; de ahí que lo esencial es la presentación del interrogatorio, concurra o no la proponente de la prueba. Palacio sostiene que "constituye presupuesto de aplicación de esta norma el hecho de que el testigo haya comparecido CNCIV., sala C; ED, 28-329. Aun cuando los testigos no fueron notificados de las

audiencias señaladas, con anterioridad a ellas, no corresponde tener por desistida a la parte de la prueba de testigos, si ésta dejó constancia que los haría comparecer personalmente a la complementaria, con el compromiso de desistirlos, en caso contrario (CNCiv., sala E; ED, 31-261). CNCom., sala A; ED, 4-3 53. CNCiv., sala D: ED. 17-209. Buenos Aires, 435; Córdoba, 293 terc.: Si la parte que ofreció el testigo no hubiese propuesto interrogatorio se la tendrá por desistida de aquel sin sustanciación ni recurso alguno, quedando a salvo el derecho de interrogar la contraparte, si hubiere presentado pliego.

Corrientes, 196, última parte; Si la parte no pidiere nueva audiencia o no presentare ci interrogatorio dentro del tercero día de fracasada la anterior se la tendrá por desistida del testigo sin más trámite.

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a la audiencia", apoyándose en un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala A 4 6 . Empero, la jurisprudencia no es pacífica al respecto: la sala C del mismo tribunal se inclina por la solución Contraria: si no se halla agregado interrogato-

rio alguno, ni Consta la comparecencia del actor proponente a las audiencias principales para la recepción de la prueba testimonial a la que sí asistió su adversario, en el caso es irrelevante el hecho de que los

testigos debidamente notificados tampoco concurrieran, pues no habiendo podido producirse la prueba resulta esencial, para decidir la cuestión, el análisis de la conducta asumida por dicha parte, que pone de manifiesto, a no dudarlo, una negligencia en la actividad que le era propia47. Comparto los fundamentos de este último decisorio: como en ocasión de la ausencia del absolvente (III, 2.2.), sostengo que se trata de cargas independientes, referidas a actividades propias de cada uno; la circunstancia de que el testigo deje de concurrir a la audiencia no libera al oferente de las consecuencias de su desidia y, por el contrario, la agrava.

La pérdida de la prueba requiere, aunque la norma no lo diga, que la incomparecencia del interesado k sea imputable: no es negligente quien, para justificar su incomparecencia a una audiencia, exhibe un certificado médico y solicita otra a los mismos efectos, aunque los testigos que debían declarar se hubieran hecho presentes en la primerau; asimismo, se ha resuelto que si bien las audiencias deben celebrarse en el día y hora señalados, no habiendo sido objetada por el juzgado

Derecho Procesal Civil, IV, p. 63 7. La Ley, 136-115 5; N ° 22.68 4 , La Ley, 135-10 95; N ° 20,793. Cabe adm itir que la doctrina es minoritaria A un cuan do sea nec esario el interroga torio o la presen cia de la parte para que la audien cia de testigqs se realice, la ausencia de los mismos no es elemento a considerar cuando aquélla no pu do llevarse a cabo por incomparecencia del testigo (CNCom ., sala C; ED , 10-4 54 ). La presencia de las partes o la agregación del interrogatorio de los testigos son necesarios, a con dición d e que éstos concurran a la primera audiencia a la que fueron citados (CNCiv., sala A; ED , 2644 2). CNCom., sala 13; ED , 26-442.

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la manifestación formulada por una de las partes, no corresponde darle por perdida la prueba testimonial por haber comparecido con diez minutos de atras049.

2.2, En extraña jurisdicción. 2.2.1. Código de la Nación. De acuerdo alo prescripto por el ar-

tículo 453 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (ver supra 1.1.), en el escrito de ofrecimiento de prueba la parte que hubiese presentado testigos que deban declarar fuera del lugar del juicio, acompañará el interrogatorio e indicará los nombres de las personas autorizadas para el trámite del exhorto u oficio, quienes deberán ser abogados o procuradores de la matrícula de la jurisdicción del tribunal requerido, excepto cuando por las leyes locales estuviesen autorizadas otras personas.

Adviértase que las exigencias son mayores que para el testigo a examinarse en la sede del juzgado, por lo que el proponente deberá extremar su actividad y tanto es así, que la parte final de la norma previene que no se admitirá la prueba si en el escrito no se cumplieren los

requisitos consignados. La obligación de presentar el interrogatorio —también entonces lo dije-- tiene por objeto permitir a la contraria la fiscalización de la prueba, a cuyo efecto el artículo 454 dispone que el interrogatorio quedará a diposición de la parte contraria, la que podrá,

dentro del quinto día, proponer preguntas. El pliego debe presentarse abierto50 pero no es necesario acompañar copia del mismo51.

La parte final del artículo 454 contiene el apercibimiento de tener al oferente por desistido si en el plazo que el juez le fije se abstiene de informar acerca del juzgado en que ha quedado radicado el exhorto y la fecha de la audiencia.

CNCLV., sala B; La Ley, 120-902; N° 12.486. 50 Conf.: PALACIO, De,'ecbü Procesal Civil, IV, p. 610. 51 CNCiV., sala F; ED, 37-112.

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Los cribunales son particularmente severos al juzgar la actividad

del interesado cuando se trata de testimonios a recibirse en extraña jurisdicción, pues ella suele ser fuente de demoras injustificadas y perju-

diciales a la buena marcha del proceso. Se ha resuelto en tal sentido, que acusada la negligencia un mes y medio después de la fecha en que

un testigo debía declarar fuera de la jurisdicción del juzgado, sin que se hubiera acreditado en autos la realización de la audiencia, es evidente la desidia en que se ha incurrido en la producción de la prueba cues-

tionada52; así como, que siendo probable que la prueba a producirse fuera de la jurisdicción no se efectuara dentro del término ordinario, el interesado debió haber solicitado término extraordinario, de prueba53;

de manera que si por cualquier razón el tribunal exhortado fija audiencia para más allá del vencimiento del plazo de prueba, y el proponente no pidió término extraordinario, es procedente la negligencia

acusada 54 2.2.2. Buenos Aires. La ley 22.434 derogó el contenido de los artículos 455 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero los mismos subsisten en el código de Buenos Aires en la versión que para aquél les diera la ley 17.454, modelo al que se adaptó. Es preciso entonces, examinarlos, pues constituyen derecho vigente en la provincia.

E artículo 453 (que corresponde al ex artículo 455 de la Nación) dice, remitiéndose al 452: si la audiencia hubiese sido señalada

52

CNCom, sala A; ED, 6-803. Habiendo transcurrido tres meses desde el retiro del interrogatorio, sin que exista constancia alguna relativa al diligenciamiento del exhorto librado para la producción de la prueba, procede declarar la negligencia (CNC0m., sala B; ED, 4-169). Ante la total inactividad de la parte demandada en la producción de la prueba testimonial por vía de exhorto, corresponde hacer lugar al acuse de negligencia, máxime teniendo en Cuenta que se trata de una ejecución hipotecaria (CNCiv., sala B; La Ley, 123-980; N° 13.972). CNCiv., sala A; ED, 10-444. Inclusive debe declararse negligente a la parte que, sin pedir término extraordinario de prueba, pretende diligenciar una rogatoria emitida pocos días antes de vencer el período ordinario, pues ello sala forzosamente tiene queN° producir proceso (CNCiv., C; La Ley, 114-851; 10.190).una demora perjudicial en el trámite del

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por el juzgado requerido en un plazo que excediere de tres meses, la parte que propuso al testigo deberá solicitar al juez del proceso la fijación de una audiencia para la declaración, asumiendo la carga de h a cerlo comparecer. Y el 454 (ex 456): si el pedido de audiencia a que se

refiere el artículo anterior no se formulara dentro de los cinco dí s de haber vencido el plazo fijado para la presentación del informe, se lo tendrá por desistido de dicha prueba.

La caducidad instituida por esta última norma es automática, dirigida a estimular la diligencia del oferente, pero en su oportunidad hizo pensar que la carga era en extremo gravosa. Fassi refexiona que "no se contempla la circunstancia de que los testigos no siempre tie-

nen buena voluntad hacia la parte que los propone. ¿Cómo logra la parte hacer comparecer en Buenos Aires a un testigo que se domicilia en Salta, si éste no se aviene voluntariamente a viajar y deponer ante el juzgado que queda tan lejos de su domicilio?"55.

3. Con tingencias com unes. Sea que el testigo deponga en sede del juzgado o que lo haga fuera de ella, concurren en orden a la negligencia reglas comunes a ambas circunstancias. La primera y fundamen-

tal es que la declaración se reciba dentro del término de prueba, salvo omisión de las autoridades encargadas de recibirla, regla general para toda clase de prueba consagrada por el artículo 384, segundo párrafo,

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que en tal caso

autoriza a los interesados a pedir que se practiquen antes de los alegatos siempre que, en tiempo, la parte que ofreció la prueba hubiese informado al juzgado de las dificultades y requerido las medidas necesarias para activar la producción. En el código de Santa Fe esta excepción se aplica exclusivamente a la prueba testimonial: "Sin per-

juicio de la prosecución del procedimiento —dice el artículo 207— los testigos podrán ser examinados hasta la sentencia cuando no hubiere sido posible hacerlo antes por causa no imputable a las partes". 15

ob. cit. II, P. 319.

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La segunda de las reglas aplicables deriva directamente de la ley: recordaré que el artículo 385 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ordena desestimar sin sustanciación alguna el pedido de declaración de negligencia respecto de la prueba testimonial —entre otras— antes de la fecha y hora de celebración de la audiencia56. Por

ello se tiene decidido que debe considerarse prematuro el acuse de negligencia en la prueba de testigos que se dedujo antes de la fecha de la segunda audiencia, aunque no estuviesen notificados-57, y con mayor

razón si lo están: la inasistencia de los testigos no es un hecho imputa-

ble a quien los ofreció como medio de prueba, si fueron debidamente notificados; por lo tanto, el acuse de negligencia antes de la fecha de la audiencia supletoria resulta extemporáneo58.

La tercera regla concierne el carácter común o individual que revista la prueba. Se sabe —ver supra, Sección Primera, II, 4— que si la

prueba es de carácter común, no corresponde que una parte acuse negligencia a la otra, porque la obligación de urgirla es de ambas; mas en

el caso de la testimonial el esquema no se presenta con tanta nitidez: la regla será operable o no según el régimen procesal de que se trate y la contingencia a que se aplique. El código de Santa Fe, por ejemplo, admite la posibilidad de renunciar al examen de los testigos por la par-

te que los haya presentado, pero autoriza a la contraria a exigir que el examen se verifique (art. 223). Y aun dentro de un mismo sistema las soluciones jurisprudenciales no son coincidentes: mientras la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala B, sos-

tiene que el ofrecimiento por los dos litigante de la declaración de un testigo convierte a dicha prueba en común, razón por la cual es impro-

cedente la negligencia acusada por uno de ellos59, la sala A declara exactamente lo contrario: la prueba no se convierte en común porque

5 6 Buenos Aires, 383. CNCiv., sala C; La Ley, 123-965:N° 1385.

5 8 CNC1v., sala C; La Ley, 123 965; N° 13.853. La Ley, 128-980; N° 16.050.

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ambas partes ofrecen como testigo a una misma persona desde que ella no es una prueba indivisible en su producción. Por el contrario, hay perfecta independencia de la declaración que puede promover una parte respecto de la que hubiere propuesto la contraria y, por lo tanto, cada diligencia puede ser producida, desistida o perdida automáticamente60. Estos argumentos me parecen plausibles; especialmente, cuando se trata de la hipótesis de los artículos 434, 437 y 453 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Finalmente, es aplicable a todos los casos lo prescipto sobre jus-

tificación de la inasistencia del testigo por el artículo 435 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación61: además de las causas de justificación de la inasistencia libradas a la apreciación judicial62, lo serán las siguientes: 1) Si la citación fuese nula; 2) Si el testigo hubiese

sido citado con intervalo menor al prescripto en el artículo 433, salvo

que la audiencia se hubiese anticipado por razones de urgencia, y constare en el texto de la cédula esa circunstancia.

60La Ley, 118-929; 4° 12.245.

6 1 Buenos A ires, 433.

62 P or ejemplo, la explicación de la enfermedad de la mad re del testigo debe hace rse valer mediante el correspondiente certificado médico y, si no procede así, corresponde dar por perdido el derecho a producir la declaración del mismo (CNCiv., sala E; La Ley, 13 77 77 ; N° 22.929.

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Capítulo V

PRUEBA DE PERITO S

e c i m e n t o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 7 1 . Or 1.1. Código delaNación .............................127 1,2. Otros códigos 1. 2. 1. Buenos Aires

................................1 2 8 ...............................1 2 8

1 . 2 . 2 .C ó r d o b a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 9 1 . 2 . 3 .C o r r i e n t e s. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 9

1 . 2 . 4 .S a n t aF e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 1 . 2 . 5 .T u c u m á n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0

r o d u c c i ó n....................... ...............1 3 0 2. P


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Capítulo V PRUEBA DE PERITOS

SUMARIO: 1. Ofrecimiento. 1.1. Código de la Nación. 1.2 Otros códigos. 1.2.1.

Buenos Aires. 1.2.2. Córdoba, 1.2.3. Corrientes. 1.2.4. Santa Fe. 1.25. Tucumán, 2. Producción.


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1. Ofrecimiento. 1.1. Código de la Nación. Será inadmisible la prueba de peritos en proceso ordinario y en primera instancia, si no se ofrece dentro de los primeros diez días del plazo de prueba (art. 367 en su actual redac-

ción). De concurrir las circunstancias excepcionales previstas por los artículos 326 y 328, puede solicitarse su producción anticipadamente, esté o no trabada la litis. Tratándose de procesos sumarios o sumarísimos, el ofrecimiento tiene que formularse en los escritos de demanda, reconvención y Contestación de ambas. En los ejecutivos, al oponer y

contestar excepciones; y en segunda instancia, dentro del quinto día de notificada la providencia de trámite, al replantear medidas probato-

rias denegadas en la primera (art. 260, inc.

20

) o s i se invocare hecho

nuevo (art. 260, inc. 50 )1

En el ofrecimiento deberá indicarse la especialización que ha de tener el perito y se propondrán puntos de pericia, pudiendo designar consultor técnico (art. 459)2. Al contestar el traslado que se le confe-

rirá, la otra parte podrá: a) Proponer otros puntos que a su juicio deba constituir también objeto de prueba (art. 459, 20 párrafo); b) Observar la procedencia de los mencionados por quien la ofreció (ídem); c) Im-

pugnar la procedencia de la pericia (art. 478, inc. 1° ); d) Manifestar que no tiene interés en la pericia, y que se abstendrá, por tal razón, de 1 Conf.: FASSI, ob. cit., II, p. 362. 2 Buenos Aires, 458; pero sin consultor técnico, figura introducida al UN por la ley

22.434. -127-


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participar en ella (art. 478, inc. 2°). La precisa determinación de estas actitudes importa para establecer en cada caso el carácter individual o común de la prueba, lo que hará procedente o no la declaración de negligencia en la producción.

Contestado el traslado o vencido el término para hacerlo, el juez designará perito y fijará los puntos de pericia, señalando el plazo den-

tro del cual el perito deberá cumplir su cometido. Si la resolución no fijase dicho plazo se entenderá que es de quince días. Como puede observarse, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su actual versión prevé la designación de oficio del perito, aun cuando antes de

que el juez ejerza tal facultad, las partes, de común acuerdo, podrán presentar un escrito proponiéndolo3. En orden a la preceptiva citada, se ha declarado que al ofrecerse la pueba pericial las partes deben proponer el cuestionario de los pun-

tos sobre los que han de expedirse los expertos4, ya que es en la etapa de ofrecimiento de prueba donde se debe completar todos los requisitos necesarios para su realización, sin perjuicio de que por las particularidades del caso pueda adoptarse un temperamento distinto-5 por lo

tanto, debe dársele por decaído al actor el derecho de ofrecer prueba pericial, en lo sucesivo, si en el momento del ofrecimiento no presentó el respectivo cuestionario, no existiendo ningún impedimento para

ello6. 1.2. Otros cód igos, 1.2.1. Buenos Aires. Habida cuenta que la ley 22.434 modificó

los veintidós artículos que el Código Procesal Civil

Comercial de la

y Nación destina a la prueba de peritos, conviene detenerse, al tratar de su ofrecimiento, en las modalidades que subsisten en la provincia.

Buenos Aires, 460.

' CCiv., sala A; ED, 20-336. l b i d em . 6

Ibidem.

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Quizá la más importante diferencia consista en la forma de designarse el perito: mientras el actual ordenamiento nacional instituye como regla la designación de oficio (art. 458) y subsidiariamente el acuerdo de partes (art. 462), el régimen bonaerense prevé el sistema contrario el juez lo nombra sólo en caso de incomparecencia de una • de ambas partes, falta de acuerdo para la designación de perito único • disconformidad con el propuesto por la contraria, o desacuerdo entre los litisconsortes (art. 461). Además, la audiencia en que haya de tener lugar el nombramiento, establecida en el mismo artículo, no existe ya en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De

modo que la negligencia en el ofrecimiento de la prueba está en Buenos Aires estrechamente vinculada a estas variantes, a las que son aplicables las decisiones de los tribunales nacionales elaboradas sobre el texto de la ley 17.454. 1.2.2, Córdoba. D ispon e en su artículo 267 que los peritos serán nombrados por los litigantes de común acuerdo, o por el juez, en su defecto, relegando así el sistema de la oficialidad en la designación. Como antecedente del consultor técnico del Código Procesal Civil y Comercial de controloreador. la Nación, el artículo 268 en autoriza a las partes a proponer un perito También el régimen cordobés se fija audiencia para el nombramiento de peritos (art. 269), previéndose que si una o am bas p artes no asistiesen, la designac ión se hará de oficio. Con arreglo a lo innovado por la ley 3951/84, el oferente, "si ejerciere el derecho de designar perito, deberá indicar 1.2.3. Corrientes,

en el mismo escrito su nombre, profesión y domicilio" (art. 176)8, con lo que obviam ente se en rola en el sistema dispositivo. E n cuan to a

la actitud de la parte contraria, al contestar el traslado que se le Tampoco procede la designación de oficie' si antes de La au diencia, Las partes, de común acuerdo, presentan un escrito proponiendo peritos y puntos de pericia, en cuyo caso no se la señalará o se la dejará sin efecto (artículo 460). A l a p a r ta r se d e l os or d ena mi entos ex a mi na d os ex i giend o q u e el p r op onente d e l a prueba incluya el nombre del perito, la pericia] es inadmisible si se omite dicho recaudo.

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conferirá, por seis días, podrá: 1°) Impugnar la procedencia de la prueba, por no corresponder. 20) Manifestar que no tiene interés en la pericia y que se abstendrá por tal razón de participar en ella. 31 Proponer otros puntos de pericia que a su juicio deben constituir también objeto de la prueba y observar la procedencia de los mencionados por quien la ofreció. 4°) Ejercer la facultad de proponer perito, indicando su nombre profesión y domicilio.

1.2.4. Santa Fe. Los peritos —dice la parte final del artículo 186— serán nombrados por los litigantes, de común acuerdo, o por el juez en su defecto, fijándose la pertinente audiencia (art. 187). En caso de inasistencia o desacuerdo, el nombramiento se hará de oficio (art. 188). 1.2.5. Tucumán. Se ubica en el extremo del espectro del siste-

ma de la oficialidad: el perito siempre es designado por el juez, sorteándolo entre los profesionales inscriptos en las listas que a tal efec-

to se llevarán por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (art.

357 . 2. Producción. La primera actividad exigible al oferente de la prueba, es que se provea la designación del perito, cualquiera fuese el sistema escogido para ello por el respectivo ordenamiento proce-

sal: la circunstancia de que el nombramiento deba efectuarse de oficio, no exime a la parte interesada de su obligación de urgir el procedimiento solicitando lo pertinente a tal efecto9. Inclusive la circunstancia de que la designación de los peritos quede diferida a raíz

de la oposición formulada, no exime al interesado de su obligación de instar el procedimiento una vez resuelta en forma definitiva la incidencia planteada; por lo que, si resulta de autos que a pesar del tiempo transcurrido no realizó ninguna petición tendiente a que se realiza-

CNCiv., sala 13: EL), 2347.

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ra la prueba propuesta, corresponde declararlo negligente en su produccióri'°.

En los regímenes que prevén la designación en audiencia, está obligado el proponente a notificar con tiempo la fecha de su celebración: si la cédula fue dejada con la mínima anticipación para que pudiera diligenciarse, indicándose un domicilio en el que no correspon-

día notificar, procede declarar negligente al peticionante de la prueba". Una vez fijada la audiencia y notificada con la antelación suficiente, corresponde valorar la conducta de las partes frente al acto. En caso de asistir, el ofrecimiento debe considerarse insubsistente si

al formularlo no se han propuesto los puntos de pericia: la presentación. del pliego con puntos de pericia en la audiencia convocada pa-

ra designar peritos es extemporánea'2. En caso de inasistencia ¿debe

darse por perdida la prueba al oferente? La respuesta es negativa: la circunstancia de no haber comparecido a la audiencia fijada para designar peritos, no autoriza a darle por perdido ci derecho de valerse de la prueba pericial, correspondiendo que el juez designe de oficio el pe-

rito o peritos encargados de producir el informe solicitado'. No obstante, si bien la incomparecencia de una de las partes a la audiencia fijada para la designación de peritos no autoriza a declararla negligente, ella lleva aparejada la pérdida del derecho a proponer el nombre de los

expertos14. Estando claro que la incomparecencia de las partes no les significa perder la prueba, puede ocurrir, y de hecho sucede, muy frecuentemente, que no asistiendo las partes la audiencia fracasa y los peritos

quedan sin designar; y suele pasar que el oferente se olvida del tema. En tal circunstancia se ha decidido que incurre en negligencia en la CNC0m., sala A; JA 964-111.569. CNCom., sala B; ED, 17-257. 12

CNCom., sala C; ED, 3-798. Los puntos de pericia deben presentarse al ofrecer la

prueba pericia¡, no en el momento de la designación de los peritos (CNCom., sala C; ED, 4-170).

CNC0m., sala A; ED, 20 -335. 14

CNC0m., sala A; ED, 10-466.

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producción de la prueba pericial de la parte que no compareció a la audiencia en la que habrían de designarse los peritos contadores encargados de realizar la pericia ofrecida únicamente por ella y no solicitó

nueva audiencia a los mismos fines antes de que se le acusara negligencia15.

Suponiendo que en la designación del perito se ha obrado diligentemente, ahora será preciso notificarlo, y pronto, para que se reciba del cargo y practique la diligencia en el plazo de prueba; de ahí que la demora incurrida por el proponente de la prueba en notificar al perito su designación, es razón suficiente que justifica la negligencia acusada"'. Pero, ¿qué tan pronto? Se ha estimado que

la notificación al pie del auto que ordena su pericia caligráfica y el libramiento de la cédula dos días después, son índice elocuente de la actividad desp legada con el objeto de dar cum plimiento a lo ordenad o,

lo que hace improcedente la negligencia acusada17. Asimismo, si la negligencia fue acusada con posterioridad a las cédulas cuyo diligenciamiento se cita en dicho acuse, ello revela actividad anterior que permi-

te sostener que no ha sido abandonada la instancia, por lo cual es improcedente dar por perdido el derecho a producir la prueba pericial ordenada. Notificado el perito, todavía tiene mucho por hacer el oferente: si aquél lo solicitare dentro de tercero día de haber aceptado el cargo, y si correspondiere por la índole de la pericia, la o las partes que han ofrecido la prueba deberán depositar la suma que el juzgado fije para gastos de la diligencia. Dicho importe deberá ser depositado den-

tro de

quinto

día, plazo que comenzará a correr a partir de la noti-

15 CNCom., sala A; La Ley, 114-835; N° 10.031. Sin embargo, la demora en siete días

en que incurre la actora para pedir nueva audiencia para que el demandado realice un cuerpo de escritura, a los fines del cotejo, no hace procedente la declaración de negligencia, mLxime si la audiencia había sido pedida por el perito (CNC0m., sala A; ED, 10467). 16 CNCom., sala C; La Ley, 116-814; NO 11.092. 17 CNC0m., sala A; ED, 10456. CNCiv., sala E; ED, 10-462. -132-


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ficación personal o por cédula de la providencia que lo ordena. L a falta de depósito dentro del plazo importard el desistimiento de la prueba (art. 463, CPN)'9. La pérdida de la pericia por falta de depósito oportuno del anticipo de gastos constituye una de las contadas hipótesis de caducidad automática que prevén las leyes procesales en materia de prueba. Se

trata de un término perentorio, de todo punto de vista excepcional. Y en torno a ello se ha dicho que no puede ser fundamento para decretar la pérdida del derecho a producir prueba pericial, la perentoriedad de los plazos judiciales, pues sanción tal no puede disponer-

se sin expresa disposición legal que autorice su aplicación de ofiCio20, como es el caso precedentemente señalado.

Imaginaré que el interesado en la pericia sorteara exitosamen-

te también este duro escollo (a veces, obtener del cliente en sólo cinco días la suma fijada como anticipo de gastos es la contingencia más difícil que se presentará en todo el pleito) y que el peritb

ya no tiene otra-excusa para ponerse a trabajar ¿han concluido las acechanzas que pesan sobre la supervivencia de la prueba? De ningún modo. La prueba de peritos es una flor muy delicada, que se desprende o marchita al menor descuido. El perito, a su vez, casi un artista, se muestra temperamental, esquivo, "ralentando" su actividad conforme a pautas inaccesibles a los no iniciados. Ciertamente el juez le fija un plazo dentro del cual deberá cumplir su cometido21 y mientras no venza el litigante está a salvo de cual-

19 B uenos A ires, 463 ; Corrientes, 18 4, fijando el plazo en seis días.

CNCom., sa la B;JA , 9 6 5 - 1 , 5 6 0 ;E D, 1 0 - 46 8 . 21 E n el CPN (art. 46 0) y Corrientes (art. 17 7, ley 395 11 8 4), si la resolución no fijare dicho plazo, será de quince días; en Buenos Aires (art. 459, inc. 2°), de treinta en Córdoba (art. 28 6) y en S anta Fe (art. 192), 'el Juez otorgará a los peritos el tiempo que con ceptúe su ficiente ; en Tucum án (art. 36 2) los peritos deberán presentar su dictamen den tro del término probatorio".

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quier peligro, especialmente de la contraparte apurada (esa que espía constantemente la mínima demora para acusar negligencia). Ello así, por imperio del artículo 385 del Código Procesal Civil y

Comercial de la Nación22, donde se dispone que sin sustanciación alguna de desestimará el pedido de negligencia antes de que hubiese vencido el plazo para presentar la pericia 23. Mas los verdaderos problemas empiezan después: ante un perito remiso, lo peor que haría el proponente es no hacer nada; si existe un medio eficaz para perder la prueba, ese es esperar que el perito arrime espontáneamente su informe. Corresponde, en consecuencia, que el interesado en la pericia, al vencer el plazo acordado por el juez, haga intimar al perito la presentación del dictamen o adoptar las providencias necesarias para obtener su sustjtución24. Por lo que procede admitir la acusación de negligencia deducida más de un mes después de la última providencia, sin que la parte interesada activase su producción, más aún cuando transcurrió un lapso superior a los dos años desde la apertura a prueba del juicio251 así como el transcurso de más de treinta días desde que el perito manifestara la existencia de los obstáculos que tenía para llenar

su contenido, sin que la parte proponente realizara actividad alguna tendiente a obviarlos, importa incurrir en negligencia que debe sancionarse con la pérdida del derecho a producir la prueba26.

Puesto ante la evidencia de su desidia, el proponente tiende —naturalmente-- a justificarse. Para ello acude a dos pretextos favoritos: a) Que la prueba es decisiva para la solución del pleito, de lo que la contraria es consciente, por lo que la acusación de negligencia sólo tiene por objeto hacérsela perder. Este argumento carece de razonabilidad: si de veras la prueba revestía tanta importancia, tanto más

Buenos Aires,

23 Es

8

prematura la negligencia acusada a sólo cuatro días

del término fijado a

la exper-

ta para la realización de la pericia CNCom., sala A; La ley, 120-905; N° 12.519). 24

CN Com., sala B;

25 CNCiv.,

La Ley, 129-999; N° 16.518.

sala B; La Ley, 135-1236; N° 21.796.

CN Civ., sala C;ED, 17208.

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.mpcño debió poner el interesado en activar su producci6n27 ; b) Que la culpa de la demora es del perito. Tampoco es admisible, al menos en

principio, pues si el juez no ejerciese la facultad conferida por el artículo 470 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación28, o sea removerlo y nombrar otro en su lugar en caso de que rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente, es a la parte a quien

corresponde pedir las intimaciones pertinentes o requerir el reemplaz02 9 Empero, hay ocasiones en que el oferente no es responsable de la morosidad, por lo que no cabe entonces la declaración de negli-

gencia: a) Cuando verdaderamente la culpa es del perito, pese a la actividad de la parte: No cabe decretar la negligencia si, ofrecida la prueba de pericia contable, la misma no pudo tener lugar en razón de que varios de los profesionales nombrados renunciaron o fueron relevados

por no cumplir con la pericia, a pesar de que el actor siempre recla-

mó su cumplimiento30. La demora del perito, de sólo cuatro días en producir su dictamen, cuando la parte ha solicitado y hecho notificar la intimación para que dé cumplimiento a su cometido, hace improcedente la negligencia acusada31. Procede desestimar la negligencia y disponer la agregación de la prueba pericial, si la desidia en su cumplimiento no puede ponerse a cargo del proponente, sino

27 Procede la declaración de negligencia en la prueba pericia] si transcurrió largo tiempo de inactividad en su producción, sobre todo considerando que la misma parte interesada asigna gran importancia al informe pericia¡ en cuestión, lo que debió ser motivo fundamental para acuciar su diligencia (CNC0m., sala 8; ED, 4-280). 28 Buenos Aires, 468: Córdoba, 291; Corrientes, 185; Santa Fe, 194; Tucumán, 362, 29 Debe declararse negligente a la parte que deja transcurrir más de un mes desde que se conoció el nuevo domicilio del perito, hasta que se le acusó negligencia, sin activar el procedimiento tendiente al pronunciamiento de aquél sobre determinados puntos (CNC0m., sala C; ED , 26443). CNFed. sala com.; ED, 20-3 39. CNC0m., salaciv. A, yED, 20-339.

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del perito, cuya omisión de presentación en término dio origen a la incidencia32. b) Cuando la demora obedece a circunstancias extrañas a Ja parte

y al perito: Es improcedente la negligencia acusada, de la prueba pericial, si la demora en la realización de la misma es consecuencia de no encontrarse a disposición del perito el pagaré que debla ser objeto de la pericia, por haber sido enviado a otra jurisdicción para la producción de la prueba de posiciones. c) Cuando existen razones procesales que obstan a la diligencia: No procede deciarar la negligencia de la prueba pericial, si no se encuentra la impugnación de uno de los puntos sometidos al experto. Cuando la prueba es común35. Algunos códigos, como se ha supra (1.1. 1.2.3), señalan las opciones que la parte contraria visto d) al proponente puede ejercer al contestar el traslado del ofrecimiento, y según cual fuere la actitud adoptada deberá considerarse que la prueba es común o individual. La prueba pericial debe considerarse común si fue ofrecida por ambas partes y las dos propusieron puntos de pericia35. Igualmente, la presentación de puntos de pericia por quien no ofreció prueba pericial, importa hacer suya la prueba de la contrapar-

Cl'Civ, sala C; ED, 17-193.

CNC0m,, sala 8, ED, 10-462. Conf. CNCom., sala A; En virtud del principio de amplitud de la prueba, es improcedente la negligencia acusada por la demandada el mismo día

que el actor solicitó se intimara a poner los libros a disposición del perito como medida tendiente a la realización de la pericia propuesta (ED,1 7-258). Sin embargo, decretada la nulidad de actuaciones concernientes a la prueba pericial técnica, en razón de omisiones procesales imputables a quien ofreció y estaba en la obligación de activar la producción de esa prueba, la inactividad procesal posterior, de ésta, autoriza la declaración de negligencia (CNCom,, sala B; ED,10-455).

CNC0m., sala B: Cuando la prueba pericia¡ es común, la obligación de activar su producción está a cargo de ambas partes, por lo cual ninguna de ellas puede acusar una negligencia en que también ha estado incursa (E1),3-799). 36 CNCom., sala B; ED, 3-799.

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te, transformándola en común37. Contrariamente, la mera circunstancia de que la demandada consintiera la designación de oficio del perito calígrafo, no hace variar el carácter individual que tiene, en principio, este medio probatorio38; ni convierte en común la prueba peri-

cial la a la de nombramiento de peritos, aun la concurrencia designación de unaudiencia experto por la parte no proponente de ni la prueba, para controlarla-39, pues la actora se limitó pura y simplemente a ejercer su derecho de controlar la prueba pericial ofrecida por la demandada, si en la audiencia respectiva formuló reservas y disconformidad con el perito propuesto por esta última, sin proponer puntos de pericia40; aun cuando el acuerdo para que se nomb re de oficio perito único, no convierte a la prueba e n com ún4 1.

Como regla general y para evitar dificultades en la praxis, conviene que la contraparte se manifieste concretamente en los términos escogidos por el artículo 478, inciso 20, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: que no tiene interés en la pericia, y que se abstendrá, por tal razón, de participar en ella. e) Cuando la negligencia anterior queda purgada al consentir la contraparte una resolución judicial activando la prueba: la negligencia, emergente de la demora en la tramitación de la prueba pericial, quedó purgada al dictar el juzgado, a pedido de la parte, un auto, que quedó consentido, por el que se dispone intimar al perito

CNCiv., sala C; E D , 20-3 3 6. La adhesión de una de las partes a la prueba pericial de la contraria, la convierte en común CNCom. sala B; ED , 548 3). No procede declarar la negligencia respecto a la prueba p ericia¡ pendiente, ofrecida por ambas p artes, porque debe con siderarse prueba común, por tratarse de la misma clase de peritos y versar sobre un único punto: la falsedad o autenticidad de la firma (CCom., sala B; E D , 126 48 ).

CNCiv. , sala D; E D , 10464.

CNCiv., sala A; ED , 10464. CNC0m., sala B; ED , 4-280.

4 1 CICom., sala C;ED, 20335. -137-


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el cumplimiento de la pericia encomendada en el término que fija, bajo apercibimiento de remoción42. Esto es, Ja negligencia debió acusarse antes del requerimiento del oferente o, una vez dictado el auto,

mediante revocatoria. Al consentirlo, la contraria deberá esperar que nuevamente el interesado incurra en negligencia, para acusarla con éxito.

f) Cuando por causas ajenas al oferente, el dictamen se agrega hallándose el plazo vencido: Habiendo sido ofrecida la prueba pericia¡ en momento procesal oportuno, su agregación a los autos podía

válidamente ser cumplida vencidos los términos de prueba, autorizando su evaluación cuando median razones no imputables a las partes en su producción.

4 2 c N C o m , , sa la B ; E D , 1 0 4 6 7 . Cia. Civ. D oc. y Loc. Tucum án., JA, 19 8 2-II, síntesis.

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S E C C IO N T E R C E R A TRAMITE

Capítulo Unico ............................. 1 . Consideraciones previas .................................. 2 . Inadmisibilidad ............. ............. ............ 3 . Caducidad ..................................... 4 . Negligencia ncidente 4.1. ................................... 4.1.1. Oportunidad del planteo ........................ ............................... 4.1.2. Su stanciación rueba ............ .............. .......... 4.1.3. 4.1.4. Resolución ................................. Recursos 4.1.5. .................................. 4.2. Revocatoria ..................................

ostas ..................................... 4.3. 4.4. Procesos con partes múltiples ......................


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S ECCION TERCERA

TRAMITE


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Capítulo Unico

SU MA RIO: 1. Consideraciones previas. 2. Inadmisibiidad. 3. Caducidad. 4. N egligencia. 4.1. Incidente. 4.1.1. O portunidad del planteo. 4.1.2. Sustancia-

ción. 4.13. P rueba, 4.1.4. Resolución. 4.1.5. Recursos, 4 .2. Revocatoria. 4.3. Costas. 4.4. Procesos con panes múltiples.


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1. Consideraciones previas. En los capítulos anteriores he tratado de responder a la pregunta "¿por qué se pierde la prueba?" En el presente corresponde averiguar "cómo se pierde". Me apresuro a anticipar que mis respuestas a este interrogante son polémicas, y por lo que tengo visto en la doctrina, atípicas. Este disconformismo responde a la necesidad de diseñar un esquema lógico al colapso de la pretensión

probatoria, según la etapa del proceso en que se produzca, el medio de prueba de que se trate y la filosofía a que cada legislador se afilie en orden a los principios procesales aplicados. Quizá en este último aspecto se halle la clave de las disidencias que me veo obligado a promover. Porque si no se advierte cuándo la ley privilegia los principios

de economía y celeridad sobre el principio dispositivo, difícilmente haya acuerdo en determinar si la pérdida de una prueba se produce

de pleno derecho o a petición de parte. Además, como en muchas otras instituciones jurídicas, un acto lingüístico fallido puede dislocar toda una estructura normativa: llamar caducidad a la negligencia, por ejemplo. Bajo tales prevenciones, voy a abocarme al estudio sistemático de las diferentes formas de perder la prueba.

2. Inadmisibilidad. Procesalmente, inadmisible es lo que tiene vedado su ingreso al juicio. Palacio explica que "La admisibilidad de la

prueba se relaciona... con la legalidad (posibilidad jurídica) del medio

propuesto para producirla o con el tiempo o la forma de su ofreci-

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miento o agregación"'. Al objeto de esta obra interesan únicamente las dos últimas hipótesis, y desde Juego coincido con el autor en que la inadmisibilidad se refiere al ofrecimiento de la prueba y no a su producción2 (y. Sec. Primera, capítulo 1, 2.), Empero, resulta hostil a este razonamiento las citas que hace de los artículos 383, 402, 410, 432 y 454 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación3 (los artículos

455 y 456 fueron despojados de su contenido original por la ley 22.434) que conciernen a la producción de la prueba, habiéndose omitido en cambio la de los artículos 371 y 453, que sí constituyen típicos ejemplos de inadmisibilidad del ofrecimiento. Normalmente, al vencer el plazo sin ofrecerse la prueba de que

se trate, la declaración de inadmisibilidad es innecesaria; sólo frente

a la pretensión de que se admita una prueba extemporánea o anómala procede el pronunciamiento jurisdiccional, de oficio y sin sustanciación. Pero suele suceder que la parte contraria, a fin de generar costas o de prevenir un hipotético ofrecimiento futuro, pide se dé por decaído el derecho de ofrecer prueba a la contraparte. Ante : petición no corresponde declaración alguna, bastando un simple téngase presente".

La inadmisibilidad puede estar referida a la prueba en general

o a algún medio de prueba en particular y, como se dijo antes, al tiempo o a la forma del ofrecimiento. Conviene entonces trazar un cuadro de situación, aunque más no fuere a los fines didácticos:

a Inad m isibilidad ge nérica: aa) En razón del tiempo (ofrecimiento extemporáneo): prueba ofrecida después de los primeros diez días en proceso ordinario

1

2

Derecbo Procesal Civil, IV, P. 3S9.

Ob. cit., IV, p. 40314 04.

ob. cit., IV, p. 404

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(art. 367, CPN) o no ofrecida con la demanda, reconvención o contestación de ambas en los juicios sumarios y Sumarísimos (art. 486, CPN); etcétera. b) Iriadmisibilidad específica;

ba) En razón del tiempo (ofrecimiento extemporáneo): documental no ofrecida, y agregada o individualizada en el escrito de demanda, reconvención y contestación de ambas (artículo 333, CPN). bb) En razón de las formas (ofrecimiento anómalo): testimonial a producir en el extranjero, si no se expresan los nombres, profesión y

domicilio de los testigos o no se acompañaren los interrogatorios (artículo 371, CPN); a recibirse en el país, pero fuera de la jurisdicción

del juzgado, si no se acompaña el interrogatorio (artículo 453, última parte, CPN); a recibirse en la sede —d el juzgado si no se acompañare interrogatorio (artículo 200, Santa Fe), o se omitiesen los datos necesarios para la individualización del testigo (artículo 429, CPN); pericial que no indique la especialización del perito o no se propongan puntos de pericia (artículo 459, CPN).

En las circunstancias señaladas, ante la mera comprobación de

la extemporaneidad o de la anomalía, el juez declarará inadmisible\la prueba que pretenda ofrecerse.

Qué recursos caben contra el auto que declara admisible o inadmisible una prueba? La respuesta es propicia a la polémica. El

artículo 379 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

instituye la regla de que serán inapelables las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas, texto introducido por la ley 22.434 en reemplazo de la expresión

irrecurrible, o sea, admitiendo el recurso de reposición cuando se trate de providencias simples (artículos 160 y 239, CPN). Esta era la inteligencia que la doctrina de autores y tribunales asignaban al precepto en tiempos de la ley 17.454. Además, la norma precisa que si se hubiere denegado alguna medida, la parte interesada podrá Conf. PODETTI, ob. cit., II, p. 182; PA LA CIO, Derecho Procesal Civil, IV , p. 387.

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solicitar a la cámara que la diligencie cuando el expediente le fuere remitido para que conozca del recurso contra la sentencia definitiva

(artículo 379, CPN, últirpa parte). En consecuencia, se tiene, para empezar, un doble juego de hipótesis: que se trate de una providencia simple y que el tribunal admita o deniegue la prueba ofrecida. Conforme lo anticipé, sólo si la parte interesada en la prueba la ofrece, será procedente una declaración judicial de admisibilidad o inadmisibilidad. En tal caso, por tratarse de una providencia simple, corresponde el recurso de reposición. Lo mismo ocurriría si la contraparte se opusiere por considerar extemporáneo o anómalo el ofrecimiento; en ambas hipótesis la cuestión dará lugar a una resolución contra la cual, a mi modo de ver, no cabe apelar. No se me escapa el aislamiento doctrinario en que me ubico al sostener esta posición. Palacio5 y Podetti6, entre otros, invocan en apoyo de la apelabilidad una secuencia de fallos claramente dirigidos a

desencapsular la regla consagrada por el artículo 379 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para diluirla en una inquietante ambigüedad. El primer cuestionamiento partió de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, sala 8, al decla-

rar que si lo que está controvertido es el derecho a ofrecer la prueba en su totalidad por vencimiento del plazo, no cabe el replanteo sino el recurso de apelación7. Casi contemporáneamente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala A, decide que la apelación procede cuando no se trata de las situaciones previstas en el artículo 379, sino de determinar si el ofrecimiento de la prueba efectuado por una de las partes se ajusta o no a las disposiciones vigentes8. De uno a otro fallo, la permisibilidad

Decbo Procesal Cvil IV p. 386. 6 Ob. c,t., H. P. 1821183.

ED, 29-131. La Ley, 138940; N° 23. 645.

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de la apelación se ha extendido notoriamente, ya que una cosa era au-

torizar el alzamiento cuando la posible pérdida de toda la prueba comprendía el derecho de defensa, y otra muy distinta aludir vagamente a "las disposiciones vigentes", expresión que incluye cualquier

tipo de controversias. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala C, receptora de esta doctrina, ha llegado a declarar que "la decisión acerca de si el ofrecimiento de prueba

ha sido o no oportuno" —no habla ya de la totalidad de la prueba— "no se halla comprendida entre las inapelables del articulo 379"9, con lo que este precepto parece haber quedado vacío de todo contenido. En mi obra Procedimiento civil y comercial en segunda ins-

tancia, al estudiar el artículo 260, inciso 20 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, señalé las diferentes posiciones doctrinarias sin tomar partido por ninguna de ellas'0. Hoy, trabajando sobre el artículo 379, siento la necesidad de mostrarme desconforme frente a la derogación pretoriana1' de un texto tan

JA, 19794V, síntesis 10 T. 1, p. 248 y sgtes. Tales posiciones eran tres: a) La de Fassi, entre Otros, adscripta a la necesidad de interponer previamente la apelación para que se admita el replanteo; b) La de Motello (Códigos...), en el sentido de que el art. 260. inc. 20 ," evita la apelabilidad directa de l auto que deniega la producción de una prueba" (111, 425); ye) La de Váñez Alvarez: Supongamos —dice el autor— que el escrito de ofrecimiento se devuelva por el juzgado en el entendimiento de que se presentó fuera de término. En el caso, la materia principal a decidir "no es precisamente la prueba en sí, sino la oportunidad del ofrecimiento... La resolución contraria a la pretensión del litigante pueda causar gravamen irreparable, a la vez que no sería factible su subsanación por vía del mencionado replanteo en la alzada por no encuadrar en su ámbito normativo. Por ello pensamos —concluye— que no corresponde la aplicación analógica a estos casos, sino por el contrario, decidir por la apelabilidad de tales decisiones de acuerdo a los principios generales, art. 242 y ss.' Impug nalilidad de las resoluciones sobreproducción de las pruebas; JA, Doctrina-1969, P. 5 6 6 ) .

11 Debo rescatar, no obstante, una serie de pronunciamientos que no parecen alinearse junto a los que propugnan la apel&bilidad: El art. 379, CPN establece que las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de pruebas son jrrecurrible. Por otra parte,

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preciso, porque cuando la ley dice inapelables, difícilmente pueda creerse que quiere decir apelables. En verdad, lo que el criterio que impugno quiere reemplazar no es una norma individual, sino todo un sistema, habida cuenta la armonía con que juegan los artículos 379, 385 y 260, inciso 20 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Recuérdese una vez más que, con arreglo a este último, dentro del quinto día de la providencia de trámite se podrán "indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia" que las partes "tengan interés en replantear en los términos de los artículos 379 y 385 infine". Si contra las medidas denegadas cupiese la apelación, sea porque no se ajustan a las disposiciones vigentes, ¿cuándo, en qué circunstancias, frente a cuál hipótesis corresponde el replanteo? Me gustaría obtener una respuesta precisa a esta pre-

gunta

la jurisdicción apelada es de orden público y no se genera por voluntad de las partes, ni por decretos que erróneamente conceden recursos (CNCiv., sala B; La Ley, 142-529; N° 25.798). Es improcedente la queja que se sustenta en que medió negativa del juzgado a recibir la prueba ofrecida, desde que la apelación no constituye vía idónea para su reparación (CNCiv., sala A; La Ley, 149.548; N° 19.757). Todo lo relativo a la prueba, sea que la cuestión se refiera a la oportunidad de su ofrecimiento, producción, denegación o cualquier resolución vinculada con esos temas está involucrado en el art. 379 del Cód. Procesal (CNCiv. sala E; La Ley, 1977-13, 680; N° 34.306). La negligencia en la producción de la prueba queda sometida al régimen de impugnabilidad del art. 379 del Cód. Procesal, conforme surge del tenor do esta norma y de lo dispuesto por el art, 260, inc. 20 de dicho ordenamiento legal. En consecuencia, las resoluciones que a ese respecto se dicten durante el desarrollo del proceso no son apelables con efecto diferido toda vez que, en virtud de lo expuesto precedentemente, son lisa y llanamente irrecurribles, sin perjuicio de que el interesado ejerza el derecho que le confiere la precitada norma legal en la forma que la naturaleza del recurso así lo admita (CNC0m., sala A; La Ley, 1978-A, 350). En cuanto a la admisión de un medio probatorio en particular, rige lo dispuesto con carácter genérico por el art. 379 del Cód. Procesal (CNC0m., sala B; La Ley, 1978-D, 818; 4° 34.846). Si bien la agregación de la prueba documental aparece legislada al tratar de la demanda, como en definitiva se trata de un medio de prueba, todo lo referido a su producción, denegación y sustanciación es irrecurrible, de acuerdo al art. 379 del Cód. Procesal (CNCiv., sala C; La Ley, 136-1062; N° 22.093).

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Hasta aquí se ha venido considerando la impugnación de las

resoluciones sobre prueba en proceso ordinario. En los sumarios se aplica el mismo régimen, con arreglo a lo prescripto por la última parte del artículo 496 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero no en los sumarísimos, pues como lo explica Palacio,

siendo que en tal tipo de procesos el recurso contra la sentencia definitiva se concede en relación, no puede haber replanteo de pruebas, institución propia del modo libre

12. Por

supuesto, coincido con el

autor en que tampoco se admite el replanteo en el juicio ejecutivo "aunque en éste procede, contra las providencias denegatorias de prueba, el recurso de apelación en efecto diferido". Los códigos locales legislan la forma de impugnar la admisibilidad de la prueba con criterio no uniforme

4 :

En Córdoba se prevé que únicamente en la sentencia podrá el juez pronunciarse sobre la pertinencia de los hechos alegados, o de la prueba solicitada, y en ningún caso negará la apertura a prueba, ni el despacho de las diligencias probatorias (artículo 173). La última parte del precepto es interpretada en el sentido de que prohi'be la denegatoria fundada en la impertinencia pero no la que tiene por razón de ser su admisibilidad o su extemporaneidad'5, habiéndose declarado el artículo de interpretación restrictiva, estando facultados los jueces a pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de las prue-

bas y no admitir las inoportunas'6; por lo que es apelable la resolución que resuelva no hacer lugar a la prueba ofrecida 17.

12

Estudio de ¡a reforma.,, p. 141. Ob, cit., P. 141. 14

En Buenos Aires (art. 377) subsiste el término para el orden nacional.

grrecurrb1e

15 C2 CCC, cit. por MARTINEZ CRESPO en su Código...,

receptado de la ley 17.454

p. 68.

16 C2 CCC, ibidem,

17 C2 CCC, ob, cit. p. 381, Excepto la inspección ocular no habrá recurso alguno —dice el art. 260— del auto que la ordene o la deniegue.

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La reforma introducida al código de Corrientes por la ley 3951184, dejó redactada la parte respectiva del artículo 128 de la siguiente manera: son apelables las resoluciones sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas, pero los autos sólo se elevarán al Superior para que conozca de los recursos concedidos inmediatamente después de recibidas todas las demás pruebas y antes de ponerse los autos para alegar de bien probado. La innovación reconoce sus fuentes en el artículo 90 de la ley 23398/56 que mod ificó el antiguo código de la C apital, dand o el legislador correntino motivos similares a los que en su oportunidad sustentara la reforma en el orden nacional: evitar que el expediente se eleve a la cámara en el período de

prueba, o que seelevado. produzca perención de la instancia de apelación, por no haberse Se la trata de una especie de apelación diferida, no ya para cuando el superior conozca de la sentencia de fondo, sino para antes de los alegatos, k, fin de que el primer juez sepa a qué pruebas debe atenerse cuando deba dictar sentencia. El recurso de apelación admitido no excluye el de reposición si se trataren de providencias simples.

El Jo código de Santa Fe manda en con su artículo 156 que conrelativo excep-a ción de dispuesto expresam ente en trarío, ningú n auto la prueba es ap elable; pero procede rá el recurso de nulidad d e la sentencia dictada en virtud de un procedimiento en el que se hubiere negado

el despacho de alguna diligencia probatoria; dicho recurso se tendrá por no interpuesto si se produce en segunda instancia la prueba d enegada en primera. El precep to debe vincularse con lo normado por el ar-

inciso 2°, que autoriza apertura a pruebacon en arreglo la alzadaa tículo cuando369, alguna prueba ofrecida en la primera instancia, Derecho, no haya sido admitida o por motivos no imputables al solicitante no se hubiere practicado. La exégesis de ambos textos ha permitido a la jurisprudencia santafesina declarar que el recurso de nulidad fundado en la denegatoria de una probanza por el tribunal de

primer grado sólo ha de llegar a ser considerado si la prueba se vuelve imposible antes de que pueda volver a proponerse en segunda -150-


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instancia18, y que es improcedente el recurso de nulidad de la senten-

cia fundado en la restricción o denegación de la prueba en primera instancia cuando esa prueba pudo ofrecerse en la instancia superior y no se hizo19. En el régimen de Tucumán se distingue si la prueba peticionada

es o no admitida: la providencia que ordenare la recepción de alguna medida de prueba no será apelable. La que la denegare lo será en ambos efectos (art. 313). A su vez, el artículo 782, inciso 2°, dispone que se abrirá a prueba la alzada cuando alguna prueba, no obstante ser

pertinente, no haya sido admitida en primera instancia o cuando, por motivos no imputables al solicitante., una prueba no haya podido ser

producida. No encuentro coherencia en el sistema, por las mismas razones en que sustento la inapelabilidad en el ordenamiento de la Nación: si la cámara ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la admisibilidad de la prueba al conocer del recurso, ¿qué sentido tiene

someterle nuevamente la cuestión cuando se apela de la sentencia definitiva? ¿Acaso podría decidir que una prueba fue oportunamente ofrecida si en la anterior oportunidad resolvió lo contrario?

3 Caducidad La caducidad de la prueba tiene en común con la inadmisibilidad el automatismo con que se generan, pero se distingue de ésta porque opera en la etapa de producción y no en la del ofreci-

miento. En esto último se parece a la negligencia, aunque ambas difieren en dos puntos esenciales: a) Las causales de caducidad están expresa y taxativamente conminadas por la ley, mientras que las de negli-

gencia pueden estarlo o

no20; b) La caducidad opera automáticamen-

te, de pleno derecho, sin necesidad de petición alguna, en tanto que la negligencia se declara sólo a pedido de parte.

1 8 CCCSF, S. la.; J., 18-216. 19 C ia,

CCR;J., 7.434

20 En realidad, apenas unas pocas hipótesis de negligencia están catalogadas. - 151-


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Como bien pronto habrá ocasión de verlo en concreto, el uso indiscriminado de las palabras caducidad y negligencia trascienden de una mera desprolijidad semántica y apunta a lo conceptual: cuando Fassi, al comentar el artículo 410 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dice que en dicha norma "hay otra vez la descripción legal de una negligencia, con su sanción consistente en la pérdida de la prueba, que funciona automáticamente1121, no es porque confunda una cosa con otra —lo que sería impensable— sino porque para él son la misma cosa. También lo son para Palac1022, y en la mayoría de los fallos ambos términos se utilizan promiscuamente. Morello - Pass¡ Lanza - Sosa - Berizonce23 advierten que "ardua se presenta la distinción, dentro del sistema de los códigos —Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Buenos Aires— entre negligencia y caducidad", tan ardua, que los hace reflexionar: "...ni en las notas que provienen de la conducta debida —el urgimiento del trámite— como de los efectos de incumplimiento —el decaimiento del derecho correspondiente— encontramos datos distintivos de esencia entre una u otra"; sin embargo admiten que "en verdad, como hubiera sido de desear, no aparecen ambos precisión en laveces ley, ni resultan inequívocos los institutos conceptosacotados de esta con materia. Algunas utilízase la denominación de caducidad, otras alude a desistimiento ex lege o a pérdida del derecho". Con el debido respeto, no me parece coherente hablar de "ambos institutos" si es que no hubieran datos distintivos de esencia entre negligencia y caducidad. Algún distingo deben intuir los autores desde que bien pronto descubren Uno:".., la negligencia, en tanto traduce culpa por omisión en practicar la prueba que ya está ordenada realizar, configura un aspecto de la teoría de la

21 O b .cit., II, p. 259. 22 Derecho Procesal Civil, IV, p. 403 y sgtes. 2 :3

rocesales...,

V, p. 1 3 9 , e d . 1 9 7 3 .

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responsabilidad. Queremos expresar que reconoce un fundamento similar al de las costas. La caducidad, de su lado, muestra un cariz sustancialmente objetivo pues el legislador mira más al resultado que esperaba de la actividad de las partes, que a la actividad en sí que ellas deben desplegar para alcanzar este resultado' La propuesta es seductura porque se adscribe a una teoría del derecho de fondo —la responsabilidad objetiva— que se ha enriquecido en los últimos tiempos con muy convincentes elaboraciones. Conforme a ella existirían dos supuestos: "el genérico y común de la negligencia (art. 384) al que se arriba luego de la sustanciación de un incidente al cabo del cual recién se determina, siempre con criterio casuístico, la pérdida o no 2 4

del derechoen a producir la prueba de que se trate. los singulares de. caducidad, cada medio de prueba regulado de Y modo especial 25 Obviamente discrepo con esta sistematización, aunque me complace que pe se a sus afirmacion es iniciales, ¡os autores consideren que alguna diferencia existe entre negligencia y caducidad. A mi modo de ver el distingo no puede basarse en que en la negligencia hay culpa y en la caducidad existe responsabilidad objetiva: en ambos casos concurre el

desinterés de la parte, su desidia, su falta de actividad, y si no fuese

así, si se d emostrare que la no p roducción de la prueba en los términos respectivos es inimputable al proponente, no se genera ni caducidad ni

negligencia. Por atractiva que sea Ja hipótesis, es impropio aplicar a esta materia la responsabilidad sin culpa. Tampoco es exacto que la negligencia deba considerarse siempre con criterio casuístico y la caducidad esté regulada en especial para cada medio de prueba. Los propios autores —al considerar las reglas del artículo 432 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se abordarán más adelante en este mismo punto— adm iten que "bajo el rótulo de cad ucidad de la prueba y con referencia a la testimonial, aprehende un supuesto

24 MORELLO y otros Código Procesales,.. y, p. 141, Ob. cít,, y, pgs. 141/142,

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que podría encasillarse dentro del ámbito conceptual de la negligencia

desde que sólo opera a petición de parte"26. Esta es la clave. No importa que se trate de una regulación especial de la ley, sino que la prueba se pierde, en los casos de negligencia, por aplicación del principio de disposición, y en la caducidad, por el principio de oficialidad. Con el propósito de evitar confusiones, siquiera terminológicas, he llamado pérdida de la prueba al género, y negligencia y caducidad, respectivamente, a sus dos especies (en el trámite de producción)27. Definido así el perfil del instituto, procede enumerar los casos de caducidad instituidos en los códigos que se han tomado como base para esta obra:

En el Código de la Nación procede la caducidad de la prueba de informes si vencido el plazo fijado para contestarlo la oficina pública o

entidad privada no lo hubiere remitido y la parte interesada no solici-

tare la reiteración del oficio dentro del quinto día (art. 402); de la prueba de posiciones si la parte que las pidió no compareciere sin justa causa a la audiencia, ni hubiere dejado el pliego y comparece el citado (art. 410); de la prueba de testigos en extraña jurisdicción, si la parte que la ofreció no informa en el plazo que el juez le fije, acerca del juzgado en que ha quedado radicado el exhorto y la fecha de la audiencia (art. 454)28; de la prueba de peritos, si el proponente no deposita dentro del quinto día el importe fijado como anticipo de gastos (art. 463). Un análisis especial merece la pérdida de la prueba de testigos en

los casos enumerados por el artículo 432: esta norma va rotulada 26

Ob. clt,

p. 140

27 El interés en precisar el tema es más que académico: para la práctica profesional y forense, conviene saber con exactitud de qué modo la parte contraria al proponente debe actuar en cada caso para obtener de la jurisdicción una respuesta favorable. FASS1 acota que "si la parte obligada a dar la información no la produce dentro del término fijado por el juez, procede darle por perdido el derecho a la respectiva prueba, de oficio o a petición de parte, sin sustanciación" (ob, cit., p. 318). Me veo obligado a discrepar, por-

que prevista la petición de parte, el apercibimiento opera de pleno derecho, comonoenhallándose todos los casos de caducidad,

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como caducidad de la prueba: mas de inmediato, el texto mismo del artículo dice: 'A pedido de parte..." Reiterando lo dicho más arriba, el requisito de petición de parte es típico de la negligencia y extraño a

la caducidad. La circunstancia de que en el caso el legislador haya dispuesto no sustanciar con el oferente la petición de la otra parte, aunque atípica, carece de relevancia pues se trata de una decisión de política procesal dirigida a satisfacer los principios de celeridad y economía, sin perjudicar al de disposición29.

En el régimen de Buenos Aires debe añadirse, entre los casos de

caducidad ya analizados, el de libramiento de oficios y exhortos (art.

381) respecto del cual subsiste el antiguo texto del artículo 383 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que consagraba la pérdida automática de la prueba si-dentro del quinto día de librados no se dejase constancia en el expediente de habérselos entregado30.

Para el código de Córdoba se pierde automáticamente la prueba

al no proponerse interrogatorio antes de receptarse la primera testimonial; en tal caso se tendrá por desistida a la parte sin sustanciación ni recurso alguno (art. 295, terc.). En Corrientes caduca el derecho de presentar posiciones si el ponente no compareciere a la audiencia señalada y lo hiciere el absolvente (aunque el precepto —art. 137— no lo diga, la incomparecencia del

ponente sólo juega si se abstuvo de presentar el pliego). También se pierde la prueba de cotejo de letra en caso de inasistencia injustificada

del interesado en la comprobación (art. 155) a la audiencia respectiva;

29 Contra: PALACIO, para quien todos los casos incluidos en el art. 432 constituyen hipótesis de caducidad (Desect o Procesal , IV, p. 634).

FASSI "La negligencia en la presentación del exhorto u oficio para la firma, según nuestro criterio, actúa automáticamente. Es decir, si tiene lugar después del quinto día, no procede su libramiento, aun cuando la parte contraria no haya acusado negligencia" (ob. Cit., P. 186). PALACIO: 'La norma transcripta (art. 383, CPN, en su actual versión) implica un acierto en tanto elimina la caducidad automática que preveía en su anterior redacción, y guarda coherencia con la supresión de los requisitos exigidos por los arts. 455 y 456 del CPN en su versión originaria" (Estudio de la reforma— , p. 142). conf.

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y se pierde la pericial si dentro del sexto día no se deposita el importe para gastos de la diligencia (art. 184, ley 3951); y la testimonial, si la parte no pidiere nueva audiencia o no presentare el interrogatorio dentro del tercero día de fracasada la anterior (art. 196). E l código de Santa F edeinstituye como n ormade genprueba eral, según lleva dicho, el desistimiento cualquier diligencia que, se fracasada, no se urgiere dentro de tres días de la fecha en que conste en autos su no producción (art. 148). Antes de concluir con el punto, conviene señalar que al igual que en los casos de inadmjsibilidad, la caducidad no necesita ser declarada; de ahí que vencido el respectivo término procesal sin actividad del

oferente, la petición de la contraria resulte inocua y no genere incidencia alguna; tampoco costas, desde luego. Unicamente procederá la declaración sobre caducidad en dos circunstancias: a) cuando el proponente de la prueba requiera su producción, no obstante el vencimiento del plazo; b) cuando la parte contraria interponga reposición contra el auto que ordena recibir la prueba, en la inteligencia de que el plazo está vencido. En el primer caso no corresponde sustanciación de ninguna clase, pero sí en el segundo, por tratarse de revocatoria.

En lo relativo a los recursos, salvo lo que en cada ordenamiento se contemple para los respectivos medios de prueba, considero que no existe otra vía impugnativa que la reposición, como en la declaración de inadmisibilidad, por las razones expuestas al tratar de dicho instituto. Si la resolución decretare la pérdida de la prueba, queda expedita al oferente la vía del replanteo, en los términos del artículo 260, inciso 20, del C ódigo Procesal C ivil y C omercial de la N ación.

4.

Negligencia. De lo dicho hasta ahora, cabe deducir que toda

pérdida de prueba que por voluntad de la ley no proceda de pleno derecho, exige la acusación de negligencia, esto es, una actividad de la parte contraria al oferente dirigida a obtener la pertinente declaración -156-


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jurisdiccional. En otras palabras, todo lo que en la etapa de producción no sea caducidad, es negligencia.

Va expresé anteriormente que la circunstancia de no preverse la sustanciación del acuse, carece de relevancia para entenebrecer la comprensión del instituto: hay ocasiones en que confrontado el vencimiento del plazo, aparece tan evidente el desinterés de la parte, que sin

resignar el principio dispositivo el legislador ha creído innecesario escucharla, privilegiando los principios de economía y celeridad. Naturalmente, la negligencia sin sustanciación es excepcional y debe hallarse expresamente prescripta por la norma. El ancho campo residual reservado al instrumento en examen, opera de dos formas distintas: como acción incidental y como revocatoria. A su estudio se destinarán los próximos puntos de este capítulo.

4.1. Incidente. Es el trámite mediante el cual la parte contraria al

oferente de la prueba denuncia la inactividad de éste en los plazos acordados por la ley, excitando a la jurisdicción para que declare la pérdida de uno, varios o todos los medios de prueba cuya producción se ordenara. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Capítulo

¡ del Título IV, bajo el acápite de "Incidentes", legisla lo relativo a esta contingencia procesal. Siguiendo sus prescripciones, el escrito en que se planteare la acusación de negligencia deberá ser fundado clara y concretamente en los hechos y el derecho, ofreciéndose en él toda la

prueba (art. 178). Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el juez deberá rechazarlo sin más trámite (art. 179): es el caso de la negligencia acusada respecto de la prueba de posiciones y de testigos antes de la fecha y hora de celebración de la audiencia, y de

peritos, antes de que hubiese vencido el plazo para presentar la pericia

(art. 385). La parte final del artículo 179 autoriza la apelación en efecto devolutivo, mas sobre ella prevalece la cláusula específica del artículo 385, donde se dispone que en los casos señalados la resolución del juez será irrecurrible.

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En cuanto a los efectos de la promoción del incidente sobre el proceso principal, el artículo 176 establece como regla general que no suspen de su prosecución; pero ci mismo p recepto hace la salvedad que opera la suspensión en caso de que el código disponga lo contrario o

así lo resolviere juez cuando lo considere indispensable porde la naturaleza de la el cuestión planteada. Tratándose de incidente negligencia, la producción de la prueba respecto de la cual se acusa obviamente debe suspenderse. En tal sentido se ha resuelto que la acusación de negligencia en la producción de la prueba impide la recepción de ésta hasta la resolución del incidente31. El código de Tucumán resuelve expresamente el punto, disponiendo en su artículo 323 que "los incidentes o articulaciones sobre la prueba no suspenderán el término probatorio sino con relación a la cuestión que motive la discusión, siempre que las pruebas fueran separables". 4.1.1. Oportunidad del planteo. La

carga de p roducir prueba den -

tro del plazo opera solamente si ese plazo existe. Pero esto que parece una perogrullada no siempre es reconocido como tal, obligando a los tribunales a pronunciarse, reiteradamente, en el sentido de que si no se fijó término para la producción de la prueba, no está legalmente justificada la neg ligenc ia invocada3 11. Por otra parte ya se ha visto que el juez debe rechazar in lim ine la acusación d e ne gligenc ia respecto d e las pruebas de p osiciones y de testigos antes de la fecha y hora de celebración de la audiencia, o de peritos antes de que hubiera vencido el plazo para presentar la pericia esos casos, por ser la acusación (CPN, art. 385). prematura, no esEn necesario sustanciarla. El mismomanifiestamente articulo, en su primer párrafo, manda desestimar el pedido de declaración de negligencia cuando la prueba se hubiere producido y agregado antes de

CNC0m., sala A ED, 3-194.

Conf

sala B: La sustanciación del incidente de negligencia

impide, a la parte oferente de la prueba, insistir en su diligenciamiento (ED. 12-669). 31-1 CNCom., sala B;ED, 12-668.

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vencido el plazo para contestarlo. O sea que procede la sustanciación y

si en su transcurso, pero antes del quinto día, la prueba se agregase, el

pedido de negligencia no puede prosperar, ello, por cuanto la producción o agregación de la prueba en ese lapso no incide en la celeridad, que es fundamento de las cuestiones de negligencia32, pero las

costas deben imponerse al interesado en la prueba por haber dado

lugar a la incidencia, a menos que resulte que no haya sido negli-

gente33. Para los códigos que no contienen una cláusula análoga a la del artículo 385 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el

límite temporal que éste fija se extiende hasta el momento en que quede firme el pronunciamento que haceanterior lugar aalalanegligencia, conforme una reiterada línea jurisprudencial sanción de la ley 17.454 según la cual, no procede hacer lugar a la negligencia cuando la

prueba se produce antes de que la incidencia haya quedado definitivamente resuelta 31•

¿Puede la negligencia purgarse de algún Otro modo? El principio general dice que no cubre la inactividad procesal de la parte la presen-

tación de escritos posteriores a la acusación de negligencia en la producción de la prueba33-2 pero cuidado: ante la comprobación de la in-

curia del oferente, la contraparte debe formular la pertinente acusación o interponer revocatoria en su caso. Si dejase consentir el auto que ordena producir la diligencia demorada, deberá aguardar a que el interesado incurra otra vez en negligencia para acusarla, toda vez que

3 2 CNCiv, sala F; ED 13-879. Con ; PALACIO, IV, 405.

3 3 - 1 CNCom., sala A; liD, 5-234. Debe estarse a favor del criterio que no admite la negli-

gencia acusada cuando la prueba se produce antes de resolverse el acuse, siempre que con ello no se atente contra la celeridad del proceso, lo que constituye una cuestión de hecho (CNCiv, sala C; ED, 10-469). Es improcedente aplicar la sanción de negligencia cuando la prueba se encuentra cumplida antes de la decisión definitiva del artículo (CNC0m, sala B; ED, 10-472).

332 CNC0m., sala B; ED, 12-668.

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su silencio frente a la primera demuestra que no sufrió perjuicio alguno o que la prueba también le interesa34.

4.1.2. Sustanciación. Excepto los casos taxativamente enumerados por la ley, el pedido de negligencia debe sustanciarse con traslado por cinco días a la contraria (art. 180, primera parte, CPN)35. Conforme lo establece la misma norma, el traslado se notificará personalmente o por cédula dentro del tercero día de la providencia que lo ordenare36.

Frente a la acusación de negligencia el interesado en la prueba puede pedir su rechazo, o no contestarlo —en cuyo caso ello no importará consentimiento a las pretensiones de la contraria, según lo previene el artículo 150, última parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación7 -, o allanarse. Con alguna frecuencia, para exonerarse de las costas, el oferente desiste de la prueba alegando que no le

interesa; pero tal desistimiento es inoperante: siendo procedente la negligencia acusada en cuanto a la declaración de un testigo, a la que la contraparte se allana, desistiendo al mismo tiempo del mismo, corresponde declarar tardío el desistimiento y procedente la negligencia38.

4.1.3. Prueba. La negligencia, como cualquier hecho, es susceptible de prueba. Para el que la acusa la carga probatoria será más fácil de

soportar, puesto que solamente debe mostrar el agotamiento de los

El consentimiento, por la contraparte. del urgimiento de una prueba o la realización de diligencias para su cumplimiento efectivo, purgan La demora anterior CNCom., sala B; ED, 12-661). Buenos Aires, 180,

La doctrina y jurisprudencia elaboradas en torno al antiguo código de la Capital, coincidieron en que correspondía la notificación por nota, EL art. 150 del código de Buenos Aires no contiene esta cláusula, que fue incorporada al CPN por ley 22.434. CNFed., sala contenciosoadministrativo; ED, 4-429. Es inoperante el desistimiento de la

prueba formulado por el actor, si fue realizado luego del acuse de negligencia (CNCiv., sala E; ED 20-246). -160-


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plazos sin que la diligencia se haya practicado, lo cual suele surgir de las propias constancias de la causa. Para el que resiste la acusación el problema es más complejo: ¿Cuál es —por ejemplo— la "justa causa" que impide comparecer a una audiencia? I.] interesado en la pro-

ducción de la prueba, para evitar su pérdida, tendrá que presentar certificados, solicitar informes, proponer testigos, etc. A ese objeto el

juez deberá fijar la audiencia prevista por ci artículo 181 del Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación39, para una fecha que no podrá exceder (le diez días desde que se hubiere contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; audiencia que podrá postergarse y suspenderse una sola vez por un plazo igual, cuando hubiere imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella (art. 182, CPN)40 - En el trámite incidental el régimen probatorio está considerablemente concentrado y restringido, disponiendo el artículo 183 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

4 1la

desig-

nación de un solo perito, la proposición de no más de cinco testigos y

la recepción de sus declaraciones exclusivamente en la sede del juzgado.

¿Qué ocurriría si en el incidente de negligencia se acusa a su vez la negligencia de alguna de las partes? La pregunta es pertinente pues

por esa vía podrían repetirse los incidentes hasta el infinito, como se reflejan infinitamente las imágenes en un salón de espejos. El legisla-

dor, a efectos de prevenir tal desnaturalización del proceso, ha dispuesto en el artículo 184 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación42, que las cuestiones que surgieren en el curso de los incidentes

y que no tuvieren entidad suficiente para constituir otro autónomo, se

decidirán en las interlocutorias que lo resuelvan. No obstante, es el

Buenos Aires. 181, en la versión de la ley nacional 17454. 40 Buenos Aires, 182,

41 Buenos Aires, 183, en la versión de la ley nacional 1

7.454.

42 Buenos Aires. 184, en la versión de la ley nacional 17.454.

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"prudente arbitrio judicial", como dice Fassi43, el que determinará cuándo la cuestión accesoria atenta contra la funcionalidad del proceso. Para clausurar el tema conviene retener dos reglas deducidas del plexo general: a) El juez puede no admitir las pruebas que fueren ma-

nifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias (art. 364, última parte, CPN); y b) El juez puede ordenar prueba de oficio (arts. 36, inc. 20 y 185, CPN).

4.1.4. Resolución. Dispone el artículo 185 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el juez sin más trámite, dictará resolución. Habida cuenta que todo traslado o vista se

considera decretado en calidad de autos (art. 150, CPN45), no se requiere el llamamiento para resolver, debiendo dictarse resolución sin más trámite.

Al resolver la negligencia, el juez no puede alegar fundamentos de

hecho diversos a los invocados en la acusación46, atendiendo al principio de que la pérdida del derecho a ofrecer la prueba debe ser considerada con cautela y aplicada con criterio restrictiv047. 4.1.5. Recursos. ¿Qué reglas juegan respecto de la impugna-

bilidad de las resoluciones dictadas en los incidentes de negligencia?

¿Las relativas a los incidentes? ¿Las mismas que se examinaron al

tratar de la inadmisibilidad y caducidad? No me parece que deba contestarse afirmativamente a las dos últimas preguntas.

ob. ci

, Ip. 511.

Buenos Aires, 185. buenos Aires. 150.

CNC0m., sala Bi lI), 6-586. CNCiv., sala C; I1), 20-244.

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Respecto de los incidentes se impone la negativa, porque su régimen general de impugnación es sustituido por el muy especial del artículo 379 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que declara inape lables las resoluciones del juez sobre producc ión, den egación y Sustanciación de las pruebas. Tam bién es negativa en cuan to a la inadmisibilidad y caducidad, toda vez que si excepcionalmente se dicta

alguna resolución, cabe contra ella únicamente la revocatoria por tratarse de providencia simple. Tratándose de negligencia y debiendo ésta sustanciarse, la resolución que recaiga tendrá necesariamente la naturaleza de una sentencia interlocutoria, que no admite el recurso de reposición. Estas premisas me llevan a concluir que lo decidido en el

incidente de negligencia no tolera recurso alguno; mas para el caso de que se decretare la pérdida de la prueba, la parte interesada podrá solicitar a la cámara que la diligencie cuando el expediente le fuere remitido para que conozca del recurso contra la sentencia definitiva (art. 379, segunda parte, CPN). Es decir, tendrá derecho a replantear las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia (art. 260, inc. 2°, CPN).

Reitero que esta posición es prácticamente solitaria, ya que la más prestigiosa doctrina admite la apelación en número muy amplio de hipótesis, tan amplio, que en realidad no alcanzo a comprender cuándo la apelación no procede. Opongo al respecto los mismos reparos expuestos al tratar de la inadmisibilidad y la caducidad: si las decisiones sobre producción, y sustanciación de lasalguna pruebas son inapelables, el tribunaldenegación de alzada —en caso de negarse medida— examinará la cuestión dos veces: al conocer del recurso y al decidir sobre el replanteo. Si así fuese, ¿qué probabilidad de éxito tendría esta última petición, en caso de haber confirmado previamente la cámara lo resuelto por el primer juez? O mejor: si procediese la apelación, ¿qué sentido tiene haber legislado sobre el replanteo?

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La parte interesada en la declaración de negligencia puede omitir acusarla, pero no supone la pérdida definitiva de su derecho a hacerlo: contra el auto que manda diligenciar una prueba demorada cabe el recurso de reposición. En tal sentido la jurispru4.2. Revocatoria.

dencia es constante: el acuse de negligencia mediante se la revocatoria del auto Procede que ordena la prueba, cuyo decaimiento pretende obtener por esa vía procesal48 es pertinente la solicitación de negligencia mediante la interposición del recurso de revocatoria contra el auto que ordena la prueba cuestionada49; es procedente la negligencia acusada por vía de revocatoria, pues el derecho a solicitar nuevas audiencias para la declaración de un testigo exige que las anteriores hayan fracasado por culpa no imputabk a quien ofreció la prueba5 ° ; etcétera.

Atento a lo dispuesto por el artículo 239 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación51, el recurso deberá interponerse por escrito fundado dentro de los tres días siguientes al de la notificación, salvo que ésta se dictare en audiencia. De dicho escrito se dará traslado por tres días (o en el mismo acto si fuera en una audiencia) al solicitante, y habiendo hechos controvertidos el juez podrá imprimir al recurso el trámite de los incidentes (art. 240, CPN)52. En cuanto a la resolución, hará ejecutoria en todos los casos — a mi entend er— por no correspon der la apelación subsidiaria conforme a la doctrina que vengo sosteniendo. ¿Existe alguna otra forma de acusación de negligencia que no sea

mediante incidente o revocatoria? respuesta del que la construcción jurisprudencial sobre La la negligencia, el pretorio rito de suesdeclara-

CNC0m., sala A; ED, 4-278. CNCom., sala A; ED, 6-80. CNC0m., sala B; La Ley, 122-908; N° 13,376. Buenos Aires, 239. 5 2 B u enos A ires, 2 40 .

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ción y efectos inmediatos en la prueba de las partes, no importa haber

creado una forma solemne y única para sancionar al litigante que no ofrece y produce sus probanzas en término con la diligencia mínima que la buena marcha de los juicios exige53. El criterio expuesto ha permitido receptar otro medio, más elíptico pero igualmente eficaz para conseguir que la contraria pierda su prueba: el pedido de clausura del término probatorio, El escrito en el que se solicita el cierre del término

de prueba y la agregación de los respectivos cuadernos para que las partes formulen sus alegatos, es un acto equivalente a la habitual denuncia de negligencia, pues pone de resalto que el término probatorio ya está concluido y se solicita su clausura en forma categórica 54.

Pienso que si frente al pedido de clausura el juez provee "clausurar el término de prueba sin perjuicio de La oportuna agregación de las pendientes", aquél no significaría acusación de negligencia, o al menos

no tendría ese efecto. Pero si en cambio resolviese la clausura y además pone los autos a disposición de las partes para alegar, ello supondría lisa y llanamente decretar la pérdida de la prueba para la

parte que tiene alguna pendiente de diligenciamiento. En tal caso proedería el recurso de reposición.

4.3. Costas. Cualquiera fuese el medio escogido para la acusación de negligencia, rige respecto de las costas el principio general del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación55, según el cual la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. Sin embargo

—añade la norma— el juez podrá eximir total o parcialmente de esta

responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad. El derogado articulo 69 del Código Procesal Civil y Comercial de

Cla.Apel. Bahía Blanca; }D, 20-246. Cia. Apel. Bahía Blanca; FD, 20-244.

Buenos Aires, 68; Córdoba, 356; Santa Fe, 251 'tucumán, iii.

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la Nación, aplicaba el principio también a los incidentes, pero limitando la eximición únicamente a las cuestiones dudosas de derecho. El texto —que perdura en Buenos Aires56 - ue reformado por ley 22.434, suprimiendo cualquier distingo entre procedimiento ordinario o incidental, lo que merece la censura de Palacio-57.

La parte que promoviere el incidente deberá recordar que con arreglo a lo prescripto por el artículo 69, segundo párrafo, del Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación, no se sustanciarán nuevQs incidentes promovidos por quien hubiere sido condenado al pago de

las costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo. También en este aspecto la ley 22.434 ha innovado: hoy se prevén dos posibilidades: que al promoverse nuevo incidente el tema de la imposición de costas o eventualmente el monto

de los honorarios esté o no concluido; en el primer caso el importe debe depositarse en calidad de pago, y en el segundo, a embargo. El código de Buenos Aires, no adecuado a la reforma, admite a pesar de

ello el depósito en pago cuando exista pronunciamiento firme, conforme a la exégesis doctrinaria formulada en tiempos de la ley nacional 17.454. En general, las reglas sobre costas operan en el área de la negligen-

cia con los mismos alcances que en cualquier otro sector del proceso, excepto en circunstancias muy especiales, derivadas de las características del instituto o por expresa disposición de la ley. En cuanto a lo pri-

mero, difícilmente sea aplicable el principio de que el allanamiento real, incondicionado, total y efectivo exime de costas al vencido. Ello así porque el negligente, aun cuando se allane a la acusación, ha dado motivo a la misma con su conducta culpable, obligando a la contra-

56 Art. 69. "Nos parece sin embargo preferible el régimen anterior, que se fundaba en la conveniencia de restringir, mediante la institución de una eventual responsabilidad patrimonial más estricta, el planteamiento de cuestiones que inevitablemente gravitan en desmedro del normal desarrollo y duración del proceso" Estudio d e la reforma,,,, p. 100).

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parte a una actividad sin la cual el procedimiento no se impulsaría. Todavía más: aunque se desestimase la acusación de negligencia por haberse agregado la prueba antes de vencido el plazo para contestarla (art. 385, CPN) o de resuelta definitivamente la incidencia (doctrina jurisprudencial de otros códigos), igual deben imponerse las costas al causante de la misma5 6.

Respecto de los casos expresamente previstos por la ley, cabe mencionar: Los códigos de Córdoba (art. 162), Corrientes (art. 83), Santa Fe (art. 137) y otros que imponen las costas causadas por la presentación tardía de la prueba documental; mas como se dijo antes (Sec. 2a., Cap.

1, 1.2.),silalapresentación tardía de documentos haceacargar con las costas parte contraria se allanase, en vista sólo de ellos, la pretensión de fondo, o sea que de haberse impuesto oportunamente de los instrumen tos, no la hubiese resistido. El artículo 374 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según el cual cuando sólo una de las partes hubiere ofrecido prueba a producir fuera de la República y no la ejecutare oportunam ente, serán a su cargo las costas originad as en e se ped ido, incluidos los gastos en que haya incurrido la otra para hacerse representar donde debieran practicarse las diligencias. El precepto se orienta a reparar la injusta pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero, que no tiene por qué soportar la parte que no ofreció la prueba. 4.4. Procesos con partes múltiples. El

esquema típico "actor vs.

demandado" suele alterarse cuando elen derecho o el de otras personas determinan su participación la causa, seainterés en forma litisconsorcial o en calidad de tercero. En tales circunstancias, las pretensiones coinciden o se entrecruzan, con efectos en la actividad probatoria que varían según la naturaleza asignada a la intervención de cada parte. Obviamente, las cargas y deb eres en orden a la negligencia también serán distintas. Conf: PALACIO, Derecho Procesal Civil

IV p 405.

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En el régimen nacional —y en los códigos locales que a él se adaptaron— cabe hacer una primera gran distinción entre litisconsorcio e intervención de tercero; a su vez, el litisconsorcio puede ser necesario

o facultativo, y la intervención de tercero, coactiva o voluntaria, y esta

última principal (excluyente), adhesiva simple y adhesiva litisconso rcial. El análisis de cada una de las modalidades referenciadas excede el

objeto de este trabajo, por lo que me contraeré a examinar sus efectos sobre el instituto de la negligencia, que es la materia propia de la obra.

En el litisconsorcio (varios actores frente a varios demandados; varios actores frente a un demandado; un actor frente a varios demandados), puede ocurrir que los litisconsortes sean aliados entre sí, o se hallen enfrentados. Dado que cada uno de ellos goza de autonomía de gestión, es decir, que cada litisconsorte es considerado sujeto autónomo de deberes procesales, cargará independientemente con las sancio-

nes que su inactividad procesal origine. En consecuencia, cada litisconsorte puede acusar y ser objeto de acusación de negligencia sin que

ello afecte a los demás. Incluso pueden acusarse negligencia entre sí,

toda vez que en caso de sustentar derechos distintos, pueden pedirse posiciones y citarse recíprocamente como testigos-59.

Respecto de la intervención de terceros, ella es principal o excluyente, cuando frente a las partes originales se opone una pretensión

incompatible con la deducida por el sujeto activo; adhesiva simple o coadyuvante, cuando el interés del tercero coincide con el reclamado por cualquiera de las partes originales, y adhesiva litisconsorcial, cuando se hace valer un derecho propio.

La intervención principal no se halla disciplinada en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ni, desde luego, en los códigos

que le siguen; pero lo está en Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Atento a que las partes originales y el inter-

conf PALACIO, Derecho Procesal Civil, Iii, p, 206.

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viniente revisten el carácter de autónomas y Contrarias entre sí, pueden acusarse recíprocamente negligencia. Tratándose de intervención adhesiva simple o coadyuvante, el ter-

cero carece de autonomía, hallándose subordinado a la parte con

quien coadyuva, "no pudiendo alegar ni probar lo que estuviese prohibido a ésta" (art. 91, CPN). Pero puede subrogarse procesalmente a la parte principal en el caso de que ésta obrase negligentemente60, por ejemplo: notificar a los testigos, pedir se los traiga por la fuerza

pública, urgir los pedidos de informes, redactar cédulas y oficios, etcétera. Por último, el tercero que interviene en forma adhesiva litisconsorcial es parte autónoma y puede asumir actitudes independientes e incluso contrapuestas a la de la parte principal, entreellas, ofrecer y producir pruebas distintas a las de dicha parte61, razón por la cual cabe que acuse o le sea acusada negligencia.

cit., III, p. 240. PALACIO, ob, 61 PALACIO, ob, cit., III, p. 245. Conf.: CNCiv., sala B; JA, 1979411, p. 668.

Conf.:

69


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INDICE DE AUTO RES


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IN D IC E D E C ITA S L E G A LE S


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C O D IG O P R O C E S A L C I V IL Y C O M E R C IA L DE LA NACION

A t í c u o

ección, capítulo y número de parágrafo

a.; 6 II, 3.2. - 2a,; 1, 2. - 2a.; 1, 3.1.1.1.2.1. - 3a.; U, 4.13.

68

a.; U, 4.3.

a.; U, 4.3. 9

a.; U, 44. a.; II, 2, 3 150 a.; U, 4.12. 91

155 157

a.; 1, 3. a,; 1, 3.1.

160

a.; U, 2.

176

178

a.; U, 3. a.; U, 3.

179

a.; U, 3.

18 0 18 1

18 4

a.; U, 4.1.2. a,; U, 4.1.3, a. U. 4.1.3. a.; U, 4.1.3. 2.; U, 4.1.3.

18 5

a, U, 4.13. 3a., U, 4,1,4,

23 8

a., U, 2.

18 2

18 3

23 9

24 0 26 0 26 2

a.; U, 4.2. a.; U, 4.2. a.; 1 3.3, 2a.; 1, 1,1, . 2a; fl 1 . 2a,; V. 1.1. - 3a.; U, 4.1,5.

a.; 1 3,3.

3 6

3 28

a.; II, 1.- 2a.; V, 1,1, a.; IV, 1.1. 2a.; Y, 1, 1,

179-


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Artículo

ección, capitulo y número de parágrafo

1, 2.1. - 2a,; 1, 1. 1. - 2a.; 1, 3.Ll, - 2a,; 1, 3.1,1.2, - 2a, 1, 3.1.2. 3a, U, 2. a.; 1, 1.1. - 2a.; 1, 2. 334 335 a.; 1, 1.1. - 2a.; 1, 2. - 2a.; 1, 3.11.2, 3 5 6 a,. 1, 31.1.1.2.1. a.; 1,2. 358 361 a.; 1, 2,1,- 2a.; lii, 1. 363 a,; 1. 3.1. 364 a,; U, 4.1.3. 365 a.; 1, 3.1. 3 6 7 a.; 1, 2.1, a.; 1, 3. - la.; 1, 3.1. ' 2a,; II, 1. - 2a,; III, 1. . 2a.; IV, 1.1. 2a.;V, 1.1.- 3a., U, 2. a. ti, 2. 371

a,;

373 375 376 377

a.; 1, U,3.1. 4.3. a.; a,; 1, 3.1.2. a.; 11, 3.2. 3 7 9 a.; 1, 3.3. - 2a.; 1, 3.1.2.1. - 3a.; U, 2.- 3a,; U, 4.1.5. a.; 11, 1. 383 a.; II, 2. - 2a,; III, 2.4. - 3a,; U, 2. 384 a.; II, 1. - la; II, 2. - la.; II, 3.4. - 2a; IV, 3,- 3a.; U, 3, 385 a. 1. 3. - la.; 1, 3.3. - la.; U, 1. a,; it, 4. - 2a.; V, 3. - 2a.; V, 2. 3a.; U, 3.- 3a.; U, 4.3. 387 a.; 1,3.1.2.1. 388 a,; 1, 3.1.2.1. 38'5 a,; 1, 3.1.1.2.1. - 2a.; 1, 3.1.2, 3 9 a.; 1, 3.1.1.1.2.1. 391 a.; 1, 393 a,; 1, 3.1.1.1.2.1. 3 9 4 a.; 1. 3.1.1.1,2,1 396 a.; 1. 3.1.1.1.2. . 2a,; 1, 3,1,1,1.2.2, 398 a,; II. 2. 399 a.; II. 2, 402 a.; 1, 3. - la.; 11, 1. - 2a.; 11, 2.1, - 2a.; 11. 2.2. - 3a,; ti, 2. - 3a.; U, 3. 404 a.; 1, 2.1. . la.; III, 1. - 3a; U, 2, 409 a,; III, 2.1. 410 a.; 11, 1,- 2a.; 111. 2.2. - 3a,; U, 2.- 3a,; U, 3, 429 a.; IV, 1.1. - 2a,; IV, 2.1. - 3a,; U, 2, 431 a., I\', 2.1.1, 432 a.; W. 2.1.1. - 3a.; U, 2. - 3a.; U, 3. 433 a.; IV, 2.1.1. - la., IV, 3. -1-34 a.; IV, 2.1,1. - la.; IV, 3. 435 a.; III, 2.- 2a.; IV,3, 437

a.; tI. 1, - 2a.; IV, 2,1.2, - 3a,; U, 2. -180-


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Artículo

452 453

454 458

ección, capitulo y núm ero de parágrafo

a.; II, 3.2. - 2a.; IV, 1.1. a.; IV, Li. - 2a.; IV, 2.2.1. - 2a,; IV, 3. - 3a.; U, 2.

a.; 1, 3.

a.; II, a., 1, 3,1,1,1.2,1.

1. - 2a.: IV, 2.2.1. - 3a.; U, 2.- 3a.: U, 3

459

a.; 1, 3.1.1.1.2.1. - 2a.; V, 1.1. - 3a.; U, 2.

46()

a.; V, 2.

463 470

2a.; V, 2.

la,; Ti, 1.- 2a.; V, 2- 3a., U, 3.

478 484

2a.; V, Li.

486

la.; 1, 2,1.

489 496

1&; 1, 3,1,

498 542 547

2a.; 1, .1 ,

a.; U, 2.

3a.;U,2.

la.; 1, 3 ,1, 2a.; III, . 2a.; III, .

-181 -


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C O D I G O P R O C E S A L C IV IL Y COMERCI AL

DE LA P R O V I NC IA D E B U E N O S A I R E S

Artículo 36


la: 11. .2 ,

3a. , 43.

3a., U, 4.3.

150

80

18 1

18 2 18 3

18 4

3a,: U, 4.1.2 -3a.: U, 4.1.4, 3a.; U, 4,1.2. 3a,; U, 4.1.3.

3a, , 4.13.

3a. ,4.1.3.

3a.:U,4,13.

18 5

, 4.1 ,4, 3a ,

239

3a,

24 0 332

333

0,4.2. 3a; 0,4.2. i

2'a.;

.1 . .1 ,

23

.1 2.; 1, 354 2a., 1. .1.1.1.2.1. 35) 1a. ,2.2. 363 la. , 3I 365 la.; .1 . 368 la,; .2 , 369 la.; U 3.2 3741 la , 3.2. 371 la.: .2 .

334

373

.3.1.

la.:

-182-


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Artículo


374 375

2a; 1, 3,1.2.

377 381 382 383 385 387 388 394 396

3a. , 2. la.; III, 2,1. a.; U, .

397 400 402 407 408 427 429 430 431 433 435 450 451 452

453 454 458 459

460 461 462 463 468 480 493 496

la.; 11, 2.

la.; 11, 2.

la.; II, 2,

2a.; IV, 3. 2a,; V, 2. 3a., U, 3.

2a., 1, .1.2.1.

2a.; 1,3.1.2.1. 2a,; 1, .1.1.1.2.1, 2a.. II, 1. 2a.; 11, 2. 2a.; 11. 2. 2a,; II, 2. la.; 1, ,2. 2a,; III, , la.; III, 2.1. 2a.; III, .2. 2a.; V, 1.1. a.; IV, 2.1, 2a.; IV, 2.l. 2a.; IV, 2.1.1. 2i., IV, 2.1.1. 2a.; IV, 3. 2a.; IV, 2.1.2. , 1, 2a,; IV, 2a.; IV, 1.1. 2a.; IV, 2,2,2. 2a,; IV, 2.2.2. 2a,; IV, 12.2, 2a,; y, i. 2a.; V, 3.2.1, 2a.; V, 2. ,1. 2a.; V

22.; y, .2.1.

2a.; V, .2.1. 2a.; V, 2. 2a.; y, 2.

la.; .2.

la.; ,2. la.; .2,

183 -


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COD IGO PROCES AL CIVIL Y COMERCIAL D E L A P R O VIN C IA D E C O R D O B A (Ley 6883)

A t í c u o

ecci&n, capítulo y número de parágrafo

1 62

a,; 1, 1.2, 2a,; 1, 3.12, 3a.; U, 4.3.

17 3

a.; U, 2.

18 6

a.;1,3.

18 7

a,; 11, 2.

19 2

a.; 1,3.1. a.; III, 1. a,; III, 2.1, a,; 1, 3.1.1.1, a.; 1, 3.1.1.1. a.; 1,3.1 .1.1.2.1. a.; I, 3.1.1.1,2j. a.; 1, 3 .1.1.1.2,1. a,; 1, 3 .1.1.1.2.1. a.; 1, 3 .1.1.1.2.1.

196 20 0

229

230

23 3

23 4 23 7 240

242

26 7

, V, 1.2.2.

28 6

a.; V, 2.

29 1

a.; V, 2.

2 9 5 a.; 1V, 1.1.

300 3{)2

30 3

- 2a.; IV, 1.2.1. - 2a.; IV, 2.1. - 2a.; IV, 2.1.2. - 3a.; U, 3. a.; IV, 2.1.1. a.; IV, 1.1. a.; IV, 1.1.

a. II, 3.2. 3 5 6 a,; U, 43, 34 7

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Artículo

400 401 405

ección, capítulo y número de pa rágrafo

la.;

.1.

.2. la. la. .2.

406

.2. la.: ,

423

la.; , .1.

424

.2. la.; .

- 185


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CODIGO DE PROCEDIMIENTOS EN LO CIVIL Y COMERCIAL

DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

r t í c u o

ección capítulo y número de parágrafo

a.; 1. 1.2. - 2a.; 1, 3.1.2, - 3a.; U, 4.3, a., 1. 3.1. a,, 1, 2,- la., 1, 2, 2, - la.; 1, 3.1.

118 120 122 124 125 127 128 134 136 137 149 151

a,, 3.1. - la.; 1, 3.2.

a,; 1, 3.2. a.: 1, 3.1. a.; II, 2. a,;U,2.

a,; III, 1, a.: Iii, 2.1.

.; U. 3. a.;1,3.1.1.1.2.1.

a.; 1, 3.1.1.1.2.1. a.; 1, 3,1.1.1.2.1. 5 3 a.; 1, 3.1.1.1,2.1. 154 a; 1,3,1,1.1,2.1, 155 a.; U, 3. a.: 1, 3.1.2.1. 169 170 a.. 1, 3.1.2.1, 176 a.; V, 1,2.3.

184 185 195 196 215 227

a.; V, 2.- 3a., U, 3. a.; V, 2. a.; 1V, 2.1. a.; 1, 3.2. - la.; 11, 1. - 2a.; IV, 2.1.1, - 2a.; IV, 2.1,2. - 3a.; U, 3, a.; IV, 1.1. a.; II, 3.2. - 186-


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C O D IG O P R O C E S A L C I VI L Y C O M E R C I A L D E L A P R O V IN C I A DE S A N T A F E

Artículo 21

94 1 37 142 1 46

148 1 49

156 157 162

175 17 9

186 187 188 19 2

ección, capitulo y número de parágrafo

la.; U, 3.2.

2a.;I1I,2.1. la.; , 2.2. 2a.; 1, 1.2. 2a.; 1, 3.1.2.

a.; U, 4.3.

, 2. 2a.

la.; II, 2.

la.; 1, 3. a.; II, . la.; , .1. la.; U, 2. la.; 2.2. 2a,; III, 1. 2a.; III, 2.1.

a.; U, 3. a,; IV, .1.1.

2a.; 1, 3.1.1.1.2.1. 2a.; 1, 3.1,1,1,2.1.

2a.; V, 1.2.4. .2.4. 2a.; V .2.4, 2a.; V 2a.; Y, 1

194

2a.; V 2.

20 0

2a.; IV, 1.1.- 2a.; IV .2.3. 2a.; IV, 1.1. 2a.; IV, 1.2.1.

20 2 20 5 228 251

369 402

2a.; IV, 1.1. . 2a; II, 3a.;U,4.3. la.; , 3.3. 3a,; U, 2. la.; 1, 2.2. ía; 1, 3.1.

.2.1. 2a.; IV,

- 187-


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Artículo

403 405 410 413

ección, capitulo y núm ero de parágrafo

a.; 1, 3.2.

3.2. a.;, ,2.2. a.; - la.; , 3.1, - 2a.; IV, 1.2.1. a.; , 2,2,- ira.; 1, 3.1. - 2a.; IV, 1.2.1.

http://slidepdf.com/reader/full/negligencia-probatoria-jose-acosta -188-

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COD IGO PROCESAL CIV IL Y COMERCIAL D E L A PR OV INC IA D E T UC UMAN

Artículo 111

292 305 313 314 315 317 319 322 323

329 332 345 346 350 357 362 368

ecciún capítulo y núm ero de parágrafo

3a.;U,4.3,

2a,; 1, 3.1.2. 2a.; 1, .1.1.1.2.1 3a,;U,2,

la.; 11, .2. la.; , .1. la.; , .2. a., la,; . . 1, , la.; 11, . a. I, .

-

3a.;U,4.

2a.; III, 2. 1, la.; 11, 3,4, 2a,, .1.1,1,2,1, 2a.; 1, .1.1.1.2.1.

2a.; 1,3.1.2.1. 2a.; Y, 1.2.5. 2a.; V, 2.

369

2a.; 11, . , 2a,; 11,

385 387 396 407 413 419

.1, 2a.; IV, a,; IV, 1,2.1. 2a.; IV, 2,1.1. 2a,; IV, .1. la ; 1, 3.1 la.; 1, .2. la.; .2.

189-


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OTROS COD IGOS P ROCESALES

Artículo

ección, capítulo y número de parágrafo JUJUY

316 317 318 347 382

2a,i 1, .1.2.1.

2a., 1,3.1.2.1. 2a.: 1,3.1.1.2.2. 2a,, IV, 1.1. 2a.; IV, 2.1.1. LA RIOJA

169 217 218 219

a.: 11, 1,

a.: 1, 3.1.2.1, a.: 1, 3.1.2.1, a. 1,3.1.1.1.2.2.

RIO N GRO

357 363

a. 1, 2.2. a.; 1,2.2.

SALTA

154

a.: 1, 3.1.1.1.2, 1.

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IN D IC E A L F A B E T I C O P O R M A T E R IA S DE LA 013R.A


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Absolución de p OSiC iOfl C : Incomparecencia del ponente, Secc. 2a., II, 2.2. Negligencia acusada antes de la audiencia, Secc. 2a., It, 2. Notificación al absolvenre, Secc. 2a., II, 2.1. Presentación del pliego, Secc. Za., II, 2.2. Admisibilidad:

De la prueba en general. Secc. 3a., U, 2. De la prueba documental, Sece. Za., 1, 1.1. De la prueba informativa, Secc. 2a., 11, 1.

De la prueba de confesión, Secc. 2a,, III, 1. De la prueba de testigos, Secc. 2a., IV, 1.1.; 1.2.1.; 1.2.2.

De la prueba de peritos, Secc. 2a., y, Li 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3.; 1.2.4.; 1.2.5. Audiencia:

Para absolver posiciones, Secc. 2a. III, 2.2.; 2.3. Para designar peritos, Secc. 2a., V, 1.2.1. Para que declaren testigos, Secc. 2a., IV, 23.2.

Para que se reconozcan documentos, Secc. Za., 1, 3.1.11.2.1.; 3.1.1.1.2.2. Autenticación De documentos públicos, Secc. 2a., 1, 3.1.1.1.1.

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Caducidad:

De la prueba en general, Secc. 3a., U, 3. De la prueba de informes, Secc. 2a., II, 2.1.; 2.2. De la prueba de posiciones, Secc. 2a., III, 2.2. De la prueba de testigos, Secc. 2a., IV, 2.2.1. De la prueba de peritos,

Secc.

2a., y, 2.

Carga:

De la prueba, Secc. la., El, 32. De urgir, Secc. la., II, 2. Con fesión prueba de):

Ofrecimiento, Secc, 2a., III, 1. Producción, Secc. 2a., III, 2.

Consultor técnico: Secc. 2a., V, 1.2.2. Costas: En la declaración de negligencia, Secc. 3a., U, 4.3. Costas:

En la declaración de negligencia, Secc. 3a., U, 4.3. Por la presentación tardía de documentos, Sccc., 2a., 1., 1.2.

Derecho de defensa: Secc. la,, II,

3.1.

Desistimiento:

Extemporáneo, Secc. 3a., U., 4.1.2. De la prueba común, Secc. la., II, 3.5. Dictamen pericial: Agregación en plazo vencido, Secc. 2a., V , 2. Documentos (prueba de): Ofrecimiento, Secc. 2a., 1, 1. Comprobación, Secc, 2a., 1, 3.1.1.1.2.1, Exhibición, Secc. 2a., 1, 3.1.2.1.

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Hechos.

no invocados en la demanda o contestación, Secc. 2a., 1, 2.

Inadmisibilidad: ver admisibilidad. Inasistencia: del absolvente, Secc. 2a., III, 2.2. del ponente, Secc. 2a., III, 2.2. del proponente del testigo, Secc. 2a., IV, 2.2, del proponente de perito, Sece. 2a., V, 1.2.1. Incidente Secc. 3a., U, 4.1,

Interrogatorio: Falta de, Secc. 2a., IV, 2.1.2.

Intervención del tercero: Seec. 3a., U, 4.4,

Juez:

Facultades instructorias, Sccc, la., 11, 3.2. Litisconsorcio: Secc. 3a., U, 4.4.

Medidas para m ejor proveer: Secc. la., II, 3.2,

Negligencia En general, Sece. 3a., U, 4. En la prueba documental, Secc. 2a., 1, 3,1.1.1.2.1.; 3.1.1.1.1.22. En la prueba informativa, Secc. 2a., II, 2,1.

En la la prueba prueba de Secc.2a., 2a.,IV, III,2.1.1.; 2.1.; 2.1.2.; 2.2.; 2.3. En de confesión, testigos, Secc. 2.2. En la prueba de peritos, Secc. 2a,, V, 2.

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Peritos (prueba de): O frecimiento, Secc . 2a., y, 1. Produ cción, S ccc. 2a., y, 2

Plazo: Ord inario, Secc. la., 1, 3.1. E xtraordinario, Secc, la., t, 3.2, Perentorio, Secc. la., 1, 2 . Común, Secc, 3a., U, 4. Preclusión: S ecc. la., 1, 1

Principio: de aplicación restrictiva, Secc. la., II, 3.1, de d isposición, S ecc. la., U, 3 .2. de falta de interés, S ecc. la., II, 3.3. de mo rosidad, S ecc. la., II, 3.4. de independencia, Sece. la., 11, 3.5. excepciones a los principios, Secc. la., II, 4. Proceso ordinario:

Ofrecimiento, Secc. la., 1, 2.1.; 2.2. Prod ucción, Secc. la., 1, 2. Proceso sum ario.

Ofrecimiento, Secc. la., 1, 2.1. Producción, Secc. la., 1, 3. Proceso sumarísimo:

Ofrecimiento, Secc. la., 1, 2 .1. Producción, Secc. la., 1, 3. Proceso ejecutivo: Ofrecimiento, Secc. Producción, Secc. la.,la., 1, 1, 3. 2 .1, Pró rroga de la prueba: Secc. la., 1, 3 .

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Prueba anticipada: Secc. la., 1,2.1.; 3. Prueba en segunda instancia: Secc. la., 1, 3.3.

Recursos: contra la declaración de inadniisibilidad, Secc. 3a., U, 2. contra la declaración de caducidad, Secc. 3a. U, 3. contra la declaración de negligencia, Secc. 3a. U, 4.1.5.

Revocatoria del auto que admite prueba, Secc. 3a., U, 4.2. Suspensión del término de prueba: Secc. la., 1, 3.1.

Testigos (prueba de):

ofrecimiento, Secc.2a., 2a.,IV, IV,2.1. producción, Secc.

Vencimiento del término: Secc. la., II,

3.3.


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Negligencia Probatoria. Jose Acosta

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