Las convenciones probatorias y la exclusión de pruebas en los juicios seguidos ante los Tribunales de Familia Voces: MEDIOS
DE PRUEBA ~ PRUEBA ~ DERECHO PROCESAL ~ TRIBUNAL DE FAMILIA ~ DERECHO CIVIL ~ DERECHO DE FAMILIA Título: Las convenciones probatorias y la exclusión de pruebas en los juicios seguidos ante los Tribunales de Familia Autor: González Castillo, Joel Publicado en: Punto Puntolex lex Santia Santiago,Chi go,Chile le 2009-06-1 2009-06-122 13:14:26.3 13:14:26.32778927789-04 04 Sumario: SUMARIO: La Ley Nº 19.968 sobre Tribunales de Familia, al igual que el nuevo Código Procesal Penal, contempla las convenciones probatorias y la exclusión de pruebas, figuras que tienen fundamentalmente un fin de economía procesal, en el primer caso, al dar por acreditados ciertos hechos que no pueden luego discutirse en la audiencia de juicio y, en el segundo, porque el juez puede ordenar que se excluya cierta prueba por ser innecesaria o impertinente. El autor -Joel González Castillo- realiza un acabado análisis respecto del tema Cita Westlaw Chile: CL/DOC/1333/2009 I. LAS CONVENCIONES PROBATORIAS Concepto Las convenciones probatorias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº 19.968 sobre Tribunales de Familia, pueden definirse como las solicitudes hechas de común acuerdo al juez de familia, durante la audiencia preparatoria, para que dé por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en la audiencia de juicio.1 Iniciativa Hay que destacar que la iniciativa de esta herramienta procesal no sólo corresponde a las partes, sino que también "el juez de familia podrá formular proposiciones a las partes sobre la materia, teniendo para ello a la vista las argumentaciones de hecho contenidas en la demanda y en la contestación". Esto es una manifestación del principio de actuación de oficio de los jueces de familia consagrado en el artículo 13 de la ley. 2 Oportunidad Como lo señala expresamente el Art. 30 las convenciones probatorias deben tener lugar durante la audiencia preparatoria, lo que está confirmado por el Art. 61 Nº 7 que dispone que en dicha audiencia se procederá a: "Fijar "Fijar los hechos hechos que deben ser probad probados, os, así como como las conven convencio ciones nes probatori probatorias as que las partes partes hayan hayan acordado". Efectos Los efectos de las convenciones probatorias son que los hechos que se den por acreditados no pueden ser discutidos en la audiencia de juicio, en otras palabras, las partes no tendrán que acreditar los hechos incluidos en la convención. Estos acuerdos tienen una finalidad eminentemente de economía procesal, pues permite acotar los puntos de prueba. 3 Por ejemplo, si se trata de un juicio de alimentos y el alimentante es un trabajador dependiente, las partes rápidamente se pueden poner de acuerdo sobre los ingresos de éste y excluir este hecho de la prueba que debe ser rendida en la audiencia de juicio. Lo mismo si no hay discusión sobre el número de alimentarios. Otro tanto puede suceder en un juicio sobre declaración de bien familiar. Si marido y mujer están contestes que determinada propiedad es la residencia principal de la familia, también este punto puede ser objeto de una convención probatoria y así se evita rendir prueba sobre ello en la audiencia de juicio. 4 Dada la trascendencia de estas convenciones es el llamamiento de la ley a que el juez debe verificar que el consentimiento ha sido prestado en forma libre y voluntaria "con pleno conocimiento de los efectos de la convención" (Art. 30, inc. 2º, parte final). Límites El juez no puede aprobar convenciones probatorias que sean contrarias a derecho, teniendo particularmente en vista los intereses de los niños, niñas o adolescentes involucrados en el conflicto. Sería, por ejemplo, una convención contraria a derecho aquélla por la cual los cónyuges buscaran dar por acreditado los plazos de cese de la convivencia a fin de obtener el divorcio omitiendo los medios que expresadamente señala la Ley de Matrimonio Civil. 5 Respecto del interés superior del niño debe tenerse presente que ya la ley en el Art. 10 lo califica como uno de los "principios rectores" del procedimiento ante los tribunales de familia, de modo que el juez al aprobar una convención probatoria debe tener en especial consideración que no se vulneren, afecten o se vean menoscabados los derechos de los menores. _ © Westlaw Chile
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Nulidad de una convención probatoria Las convenciones probatorias como todo acuerdo de voluntades pueden estar afectadas de algún vicio del consentimiento: error, fuerza o dolo y, por tanto, las partes podrían alegar tal extremo. Si bien el juez debe verificar que el consentimiento ha sido prestado "en forma libre y voluntaria con pleno conocimiento de los efectos de la convención", hay que pensar que ello no se traduce más que en una exhortación que el juez hará a las partes en tal sentido, pero ello no obsta a que en la realidad alguna de las partes llegue a la audiencia preparatoria y acceda a una convención probatoria inducida por algún vicio. En tal caso queda abierta la posibilidad de entablar un incidente de nulidad de la convención conforme a la regulación del Art. 25. II. EXCLUSIÓN DE PRUEBA Concepto Del Art. 31 de la ley se desprende que la exclusión de prueba es el acto por el cual el juez de familia, luego de estudiar la admisibilidad de las pruebas ofrecidas, de resolver las convenciones probatorias y de escuchar a las partes que hubieren comparecido a la audiencia preparatoria, ordena fundadamente que se excluyan de ser rendidas en el juicio determinadas pruebas. 6 Oportunidad Al igual que en el caso de las convenciones probatorias la exclusión de prueba como lo señala expresamente el Art. 31 tiene lugar en la audiencia preparatoria. Pruebas que pueden ser excluidas El juez puede excluir aquellas pruebas que: i) Fueren manifiestamente impertinentes; ii) Tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios; iii) Resulten sobreabundantes, o iv) Hayan sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales.7 Las tres primeras importan cuestiones de hecho que el juez debe apreciar. En cambio, excluir pruebas por haber sido obtenidas con vulneración de garantías constitucionales implica más bien una valoración o juicio jurídico respecto de si la prueba ofrecida por una de las partes ha sido obtenida de esa manera. En los tres primeros casos la finalidad de la exclusión de pruebas es naturalmente de economía procesal, se busca "despejar" la audiencia de juicio y evitar que en ella se rindan pruebas que no tienen relación con la cuestión debatida o que sean innecesarias por recaer sobre hechos públicos o notorios o por ser sobreabundantes. En cambio, la cuarta causal tiene un fin claramente distinto: evitar la violación de garantías fundamentales de cualquiera de las partes por haber sido obtenida la prueba ilícitamente, esto es, con violación de garantías constitucionales. Fundamentación de la exclusión Cualquiera sea la razón por la cual el juez ordene excluir determinada prueba la ley ordena que debe hacerlo "fundadamente", esto es, dar el razonamiento utilizado para alcanzar la conclusión de excluir una prueba y ello por cuanto se está privando a una de las partes de la prueba ofrecida rendir. Un caso jurisprudencial de prueba obtenida con violación de garantías constitucionales Como se sabe la nueva Ley de Matrimonio Civil Nº 19.947 establece el divorcio por cese de la convivencia y por culpa. Una de las causales de este último es la falta al deber de fidelidad que se deben los cónyuges (Art. 54, Nº 2). Recordemos, además, que esta misma ley señala que si el divorcio es decretado por culpa el juez puede denegar o disminuir el monto de la compensación económica que corresponde al cónyuge que no trabajó por dedicarse al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común (Art. 62, inc. 2º). Por otra parte, la Ley sobre Tribunales de Familia Nº 19.968 en su Art. 31 señala que: "El juez de familia (. . .) ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidas en el juicio aquellas (. . .) que hayan sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales". Recientemente la Corte Suprema conoció de un caso en que un marido acompañó al proceso el diario de vida de su mujer en el que supuestamente se acreditaba el adulterio que había cometido.8 La mujer interpuso un recurso de protección por violación de las garantías constitucionales de los Nºs. 4 (el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia) y 5 (la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada) de la Carta Fundamental. La pregunta en los casos como el descrito es evidente: hay vulneración de garantías constitucionales en los juicios de divorcio cuando el marido o mujer acompañan pruebas como videos, fotografías, etc., para acreditar la causal de divorcio por culpa. La respuesta, en cambio, es realmente difícil porque no se está en presencia de terceros extraños, sino nada menos que marido y mujer (recuérdese, por ejemplo, que en materia penal ciertos delitos no se sancionan entre cónyuges) y, además, porque en este tipo de juicios muchas veces las únicas _ © Westlaw Chile
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pruebas son justamente las señaladas, como se observa en los juicios seguidos en países extranjeros que tienen larga experiencia en materia de divorcio. Es lo mismo que un tercero extraño revise la correspondencia o correo electrónico del marido o mujer o que lo haga uno de éstos.10 A principios del siglo XIX se da inicio a la discusión de la "Teoría de la Ilicitud de la Prueba", en los Estados Unidos de Norteamérica -por aplicación de las 4ª y 5ª enmiendas de su Constitución- y en el derecho continental, donde prevalecía el principio general del derecho conforme al cual "male captum, bene retentum"11 por aplicación del cual, la prueba ilegítimamente obtenida podía servir para formar la convicción judicial si era regularmente incorporada al proceso.12 La problemática de la valoración de la prueba ilícita o ilegalmente obtenida tiene básicamente origen jurisprudencial, fundamentalmente de la jurisprudencia norteamericana de principios de siglo -si exceptuamos el precedente que supuso en 1903 la publicación de la obra precursora de ERNST BELING "Las prohibiciones probatorias como límite de la investigación de la verdad en Derecho Penal"- que se inspiraba en un ideal garantista en contra del principio de búsqueda de la verdad material, lo que prevalecía en el Derecho Penal continental de la época. En nuestro país, Carlos López dice que prueba ilícita: "en general es aquella que ha sido obtenida con infracción de garantías fundamentales; entre tales casos podemos contemplar; por ejemplo: a) La obtenida con violación de la intimidad del hogar, la vida privada, y la correspondencia y comunicaciones particulares. De este modo, caben dentro de este concepto las grabaciones secretas dentro de recintos privados, las sustracciones y reproducción no autorizada de documentos, las grabaciones de declaraciones amparadas bajo secreto profesional, etc. Recordemos que en algunos casos pueden configurarse ilícitos penales. . .".13 El Honorable Senador señor Chadwick dejó constancia en la discusión de la ley que: "la apreciación de que las pruebas hayan sido obtenidas con infracción de garantías fundamentales será determinada por el juez caso a caso, considerando las particularidades de la relación que haya existido entre los cónyuges o, en general, entre las partes en el juicio".14 Volviendo a nuestro caso, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas (sentencia de 3 de diciembre de 2005) rechazó el recurso de protección por cuanto éste: "no se presenta como la vía idónea para excluir o privar de un medio de prueba que fue introducido legalmente a una causa que se encuentra radicada ante un tribunal competente, no pudiendo por este arbitrio constitucional sustituir la actividad jurisdiccional del mismo, sino que debió hacer uso, en su oportunidad, de los recursos que al efecto consignan las leyes de procedimiento, lo que no ocurrió, pues la recurrente se limitó a objetar los documentos aludidos por falta de integridad y no a cuestionar la arbitrariedad o ilegalidad en cuanto a la procedencia o improcedencia de su presentación. Sostener lo contrario, vale decir, que junto a la acción judicial cuyas respectivas resoluciones están amparadas por recursos ordinarios y extraordinarios que contemplan las leyes respectivas pudiera también invocarse simultáneamente el recurso de protección, se distorsionaría en breve plazo, toda ritualidad procesal garante de los derechos de las partes, de modo que cualquier resolución que se relacionare con los numerosos derechos protegidos por nuestra Carta Fundamental, que no fuere conveniente a los intereses de una de las partes, trataría de enmendarse por un recurso de esta naturaleza, cual es el caso de autos, en que de acogerse la presente acción cautelar, llevaría a dejar sin efecto la resolución de fs. 101 vta. (por la cual se tiene por acompañado con citación el referido diario), como igualmente aquellas relativas a la tramitación de la objeción planteada, todas de la causa tenida a la vista. Sexto: Que la reserva en el juicio de divorcio se encuentra garantizada en el artículo 86 de la Ley Nº 19.947 sobre Matrimonio Civil y se ha concretado en el expediente tenido a la vista, al ordenar la juez la custodia de los documentos, según consta de fs. 101 vta. . . ". Hubo voto de minoría del Ministro señor Faúndez, quien estuvo por acoger el recurso "sólo en cuanto a ordenar al recurrido devolver a su autora el original del diario de vida de la recurrida, que no ha negado tenerlo en su poder, toda vez que tomarlo sin su autorización, atendida su relación de familia con ésta, altera ilegal y arbitrariamente su statu quo y, además prohibirle, bajo apercibimiento legal, exhibirlo en público ya sea en original o copia". La Corte Suprema, en cambio, acoge el recurso de protección considerando: "3º) Que toda persona posee como derecho básico fundamental el respeto de un ámbito íntimo, el cual no es posible traspasar por terceros, ya que está vedada toda injerencia, sin la autorización de su titular; derecho humano y libertad fundamental que emerge de la dignidad de las personas y en este caso de la cónyuge recurrente, que puede preservar de su marido aspectos que considere constituyen sus vivencias personales y que estima de carácter privado. Esta protección dada por el constituyente en el artículo 19 Nº 4 de la Carta Fundamental, que no hace distinciones, impide que otra persona, cualquiera sea su condición contractual o de familia, posea antecedentes que importen transgredir este derecho. En todo caso, a la luz de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental de igual forma se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico constitucional. 4º) Que con mayor fundamento la divulgación o difusión de los antecedentes privados, que se encuentran en la esfera de resguardo íntimo de una persona transgredí la garantía antes expresada, como también, por representar en esencia una manifestación que se plasma por escrito en un diario de vida, que se custodia en un domicilio, afecta además, la garantía de la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada". _ © Westlaw Chile
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Aquí también hubo voto de minoría de los Ministros Sres. Rodríguez A. y Kokisch, teniendo presente que: "en estos autos no se demostró suficientemente la afirmación de la recurrente en orden a que su cónyuge le habría sustraído contra su voluntad el referido diario de vida, razón suficiente para desestimar el recurso de protección intentado, toda vez que la sola circunstancia de que uno de los cónyuges tenga en su poder un documento privado del otro cónyuge no vulnera la garantía del artículo 19 Nº 24 (sic) de la Constitución Política de la República, atendida la relación de intimidad que genera la familia legalmente constituida". Comentarios de este artículo a
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12 Caso LEATHAM, 1861, juez CROPTON: "No importa cómo se ha conseguido la carta, aunque hubiera sido robada habría sido admisible como prueba". 13 López Díaz, Carlos, Manual de Derecho de Familia y Tribunales de Familia, Librotecnia, Santiago, 2005, T. II, pp. 697-698. 14 Segundo Informe de la Comisión del Senado de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Boletín Nº 2.118-18. Documentos Relacionados: Legislación Relacionada Artículo 13 - Nacional - Ley 19.968 Artículo 31 - Nacional - Ley 19.968 Artículo 30 - Nacional - Ley 19.968 Artículo 13 - Nacional - Ley 19.968 Artículo 31 - Nacional - Ley 19.968 Artículo 30 - Nacional - Ley 19.968
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