De Sousa, S. & Exeni, J. (2012) J us tic ia indíg in díg ena, pluri nacionalidad naci onalidad e interc in tercultur ulturalidad alidad en B olivia olivia. Fundación Rosa Luxemburgo/A Lu xemburgo/Abya-Yala. bya-Yala. La Paz, Bolivia. De las figuras de justicia comunitaria en Bolivia De Sousa & Exeni (2012) señalan que en Bolivia los pueblos indígenas originarios han logrado reproducir formas propias de organización a nivel local en las últimas décadas debido a un proceso de rearticulación del espacio territorial que se ha ido expandiendo al nivel regional, a través de la constitución de diversas organizaciones indígenas en el Chaco, la Chiquitanía y la Amazonía, y a través de la reconstitución de ayllus y markas en la zona andina. Actualmente, sostienen los autores, tanto las formas de organización como los tipos de autoridades de los pueblos indígenas originarios son diversos y varían de región en región y de cultura en cultura. En la zona andina las autoridades que rigen el gobierno comunal son denominadas de diferentes formas entre ellas (Mallkus, Kurax Mallkus, Segunda Mayor, Kurakas, Sullka Mallkus, Jilakatas, Caciques). Por su parte, en la Amazonía, Chiquitanía y el Chaco las autoridades son el Cacique, Capitán (mburuvicha), Secretarios Generales, corregidores y otros. De acuerdo con Sousa & Exeni (2012) las diferencias en las denominaciones se extienden al interior de cada región y entre pisos ecológicos, producto de diversas tradiciones, o por la presencia de diferentes áreas de influencia (aymaras, quechuas, guaraníes, etc.). Como algo característico de las autoridades indígenas originarias se encuentra que, conforman un gobierno comunal, es decir, algún tipo de ente colectivo de toma de decisiones que combina dentro de sus funciones aspectos políticos, administrativos, de orden simbólico ritual y los relacionados con la administración de justicia. Así las cosas, como primera afirmación se sostiene que en las comunidades o ayllus donde se impuso la hacienda como forma de dominación y explotación, y posteriormente el sindicato como forma de organización “propia”, se llevó a cabo procesos de resignificación de las estructuras ancestrales. Aunque es posible observar que hubo cambios a nivel de las denominaciones denominaciones de las comunidades así como de las autoridades, a nivel local, generalmente, ha prevalecido la lógica comunal que ha dado continuidad a las funciones comunales de las autoridades. Así, el uso de denominativos de corte sindical no está necesariamente reñido con la existencia de autoridades propias u originarias. Dentro de las autoridades más características se reconocen las autoridades en Sullcuta Colchani, de la comunidad de Maka Pueblo, Jesús de Machaqa, las guaraníes de Charagua, entre otras. Con respecto a la comunidad Sullcuta Colchani Colchani se puede encontrar una combinación entre la organización sindical y la organización originaria, de tal forma que conviven el jilakata comunal y el justicia comunal que son consideradas autoridades originarias, con el resto de las autoridades (subcentrales, secretarios generales, de relación y otros) que son sindicales, y otras que son consideradas políticas como el corregidor. En Sullcuta Colchani, las autoridades originarias provendrían desde antes del sindicalismo. Estas autoridades son elegidas cada seis meses, su cargo comienza en enero (año nuevo) y culmina en junio, se renueva en junio (San Juan) hasta enero del próximo año. Son los únicos cargos que se ejercen en pareja (chacha-warmi) y que además portan símbolos de autoridad. Sus funciones contemplan administrar justicia en los tres cantones, siempre caminan juntos y en pareja (chacha warmi), llevando su propia acta . La autoridad de la comunidad Maka Pueblo pertenece Pueblo pertenece a la Central Agraria de Umala y se organiza según el modelo sindical, compuesto por una directiva de autoridades, siendo los más importantes el Secretario General o Jilaqata, el Secretario de Relación y el Secretario
de Acta. Además existen otras autoridades: Secretario de Hacienda, Secretario de Justicia, Secretario de Educación, Secretario de Agricultura y Ganadería, Secretario de Agricultura, Secretario de Vialidad, Secretario de Deportes, Secretario Vocal y Junta Escolar. Las autoridades de Jesús de Machaqa surgen de la articulación entre el sistema organizativo propio y el sistema colonial fue común en la adaptación del esquema antiguo de los ayllus, que se organiza en torno a parcialidades: Aransaya y Urinsaya (arriba y abajo). Las funciones de las autoridades en estas markas se resumirían en las acciones de liderar y representar a las comunidades, convocar a las reuniones, informar y hacer gestiones internas y externas en representación de las comunidades, ayllu y marka. En relación con las formas de resolución de conflictos se sostiene que dichas prácticas están dirigidas al establecimiento de las relaciones de armonía en la comunidad y con los protectores sobrenaturales de los ayllus. Por su parte, la sanción o resolución de conflictos tiene que ver con dos escenarios de la justicia indígena: uno el mundo del ritual del derecho, la parte espiritual, la parte de la fuerza de los dioses, que se manifiesta en el momento de administrar justicia. Y el mundo de la vida cotidiana del derecho indígena, como forma de regulación de conductas y de resolución de conflictos. Las sanciones se dan mediante el cumplimiento de trabajo para la comunidad o la familia damnificada según la gravedad de la jucha (culpa, delito), siempre de acuerdo al grado de culpabilidad. Por último, se señala que en casos de mayor conflictividad, en los cuales se involucra a más actores, suele recurrirse a la realización de muchas reuniones, asambleas, tantachawis, como instancia y espacio de debate y concertación. No obstante, en caso de no tener ningún resultado de satisfacción mutua, como resolución se redacta el “Acta de no entendimiento” que cons ta en forma escrita en los libros de acta, y se pasa a otras instancias como el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la dirección de saneamiento de tierras o a ONG que trabajan en la provincia. Finalmente, las autoridades comunales guaraníes de Charagua se integran alrededor de la Asamblea del Pueblo Guaraní que funge como la máxima instancia de gobierno de la nación guaraní. Está conformada por un Presidente y su Directorio, denominado PISET, quienes tienen responsabilidades específicas.11 De manera similar, las capitanías o zonas han definido sus autoridades, siendo la máxima autoridad a este nivel el Capitán Zonal y su PISET. Una característica de esta autoridad radica en el hecho de que, para sustentar dicha organización, se han conformado en los distintos niveles estatutos orgánicos escritos donde se define los roles de las autoridades electas, sus formas de elección, sanciones y otros, en función a sus normas y procedimientos propios. El tiempo de duración de estas autoridades es de dos años; sin embargo, el Isoso tiene un sistema tradicional basado en sucesión hereditaria, consecuentemente definiéndose un linaje social interno. Actualmente este sistema está en crisis debido a la intromisión política. De los procedimientos y las sanciones establecidas De Sousa & Exeni (2012) sostiene que la base común que se manifiesta en la mayoría de los casos de autoridades comunitarias, son las siguientes: (1) que ante la transgresión o problema las partes involucradas intentan llegar a un acuerdo que permita la restitución de su derecho al afectado, aunque sea parcialmente. (2) No obstante, cuando las partes involucradas no consiguen alcanzar un acuerdo se recurre a las autoridades, las cuales convocan a los interesados (e incluso a familiares y allegados) para reiniciar el esfuerzo por alcanzar un acuerdo. (3) Posteriormente, si no existe acuerdo, la autoridad aplica los mecanismos propios de administración de justicia, ya sean sanciones, multas u otros. (4) Como una última instancia, ya sea para resolver el caso o para revisar las resoluciones previas, está la asamblea general o el ampliado, donde se expresa la máxima instancia de toma de decisiones, que es la comunidad en pleno. (5) Finalmente, en los casos que son considerados complejos por las autoridades indígenas, como el asesinato, se deriva el
tratamiento a las autoridades de la justicia ordinaria, mediante el envío de antecedentes y una labor de acompañamiento. En la mayor parte de los casos los arreglos concluyen con un compromiso formal de acatamiento, que puede o no constar en un acta, la reconciliación (“abuenamiento”) y el agradecimiento a las autoridades. A ello, cabe agregar que debido a cierto convencionalismo escritural que ha sido adoptado como soporte técnico lingüístico tanto en las resoluciones de los congresos como en las actas se presenta, en algunos casos, que las convenciones escritas son copiadas de las formas jurídicas estatales. Este es el caso del uso del término “artículo” con la correspondiente numeración para escribir, a continuación, las resoluciones. De tal forma que el lenguaje oficial para colocar índices a las prescripciones se combina con la escritura en quechua de algunas resoluciones de los eventos. Finalmente, cabe anotar que, debido a que la existencia de reglamentos o estatutos no está reñida con la pervivencia de otras formas tradicionales, en la resolución de algunos casos no solo intervienen el poder de la palabra escrita, de los documentos o de la tradición, sino también la decisión de la Central Agraria, de sus instancias organizativas, incluyendo a la asamblea, que son también importantes aunque exista un estatuto. Según la gravedad de la falta, se encuentran las siguientes: amonestación verbal; amonestación escrita; sanción económica o trabajo comunal; suspensión temporal de los derechos como miembro de la comunidad y la expulsión definitiva de la comunidad. Estas sanciones son consideradas de acuerdo al grado de afectación que sienta la comunidad en relación con el acto transgresor. Del régimen jurídico comunitario desde la perspectiva estatal En el campo político, la Colonia se tradujo en el uso instrumental de las autoridades originarias para generar riqueza y controlar la mano de obra de la comunidad, así también minimizar el poder de la autoridad originaria, en su lugar colocar al español. Todos los cargos, menos el de cacique, fueron copados por españoles, política que se extenderá hasta muy entrada la República de Bolivia. Este proceso se vio abocado bajo el marco de las Leyes de Indias. En el plano ideológico, la conquista buscaba ser justificada por el etnocentrismo europeo y la idea del buen y del mal salvaje, del complejo de superioridad, de la percepción falsa de un vacío cultural de los pueblos conquistados, de que la tierra no es de nadie por la condición nueva de ser indígena. En el plano religioso la empresa colonial busca imponer la conversión y la secularización. En el plano económico hacerse dueños de las riquezas naturales, exportar materia prima a Europa y sobreexplotar a los indígenas con numerosos trabajos y pago de tributos. De 1825 cuando Bolivia se asume como República Independiente se reproduce una lógica de expansión de latifundio que va a parar en 1874. Después de reconocerse como república independiente, se promulgó una ley de ex vinculación de tierras que dio paso a la conformación del sindicalismo campesino. Para 1953 se desarrolla la Reforma Agraria y se reconoce los Ayllu y el sindicato mediante figuras como la Federación de Ayllus. Posteriormente, en el periodo de 1993 a 1997 se genera un reconocimiento de las comunidades originarias y surge el concepto de Tierras Comunitarias de Origen considerado como aquellos espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptibles. Asimismo, en 1994 se proyecta la Ley de Participación Popular que establecía la distinción del poder estatal municipal, con su propio manejo de recursos estatales, y esos otros cargos y asambleas en las organizaciones propias locales sindicatos campesinos, ayllus, tentas, etc.
El antecedente más cercano al actual capítulo sobre Jurisdicción Indígena Originaria Campesina es el incorporado por la abrogada Constitución Política del Estado de 1994. Con la reforma a la Constitución de 1967, Bolivia se declaró como un Estado multiétnico y pluricultural, norma que enmarcó de alguna manera el artículo N. º 171, el cual condensó los principales avances en materia de derechos de los pueblos indígenas en aquel texto legal. No obstante, es a partir de 2009, que la constitución boliviana estipuló en los artículos 191,192 y 1993 que la jurisdicción indígena originaria campesina conocería todo tipo de relaciones jurídicas, así como actos y hechos que vulneren bienes jurídicos realizados dentro del ámbito territorial indígena originario campesino. Asimismo, señaló que la jurisdicción indígena originario campesina decidiría en forma definitiva y que sus decisiones no podrían ser revisadas por la jurisdicción ordinaria ni por la agroambiental. Finalmente, sostuvo que la justicia indígena originaria campesina ejecutaría sus resoluciones en forma directa. Sin embargo, existen todavía deudas pendientes al respecto como lo son el deslinde jurisdiccional que a pesar de haber sido contemplado y discutido no ha logrado llevarse a cabo por falta de voluntad política. De los principios de regulación (Violencia, Retórica, Burocracia) en la Justicia Campesina Originaria en Bolivia Los elementos descritos por De Sousa & Exeni (2012) sostienen que la justicia campesina originaria de Bolivia ha tenido en su desarrollo tres elementos esenciales: uno conciliatorio, otro sancionatorio y finalmente uno restaurativo. Con respecto al primero menciona que este se da cuando la resolución se alcanza mediante el acuerdo entre las partes. Dicha estrategia tiene la ventaja de la resolución sin enfrentamiento, y tiende a no afectar en demasía la relación entre las partes, lo cual representa un objetivo en sí mismo. Desde el elemento sancionatorio, la resolución tiene como objetivo principal castigar al responsable. En este sentido, la sanción debe tener un efecto ejemplarizante y disuasorio para el resto de los miembros de una comunidad. Finalmente, el elemento restaurativo señala que la resolución está orientada a restituir o reponer lo dañado, en beneficio de la víctima. Por lo tanto, se persigue restaurar la situación anterior a la transgresión. Asimismo, se encuentra que el derecho local se favorece por ser factiblemente más armónico con la idiosincrasia de una comunidad (en lenguaje, valores, medios, técnicas, medios de prueba y estrategia de manejo de conflictos) ya que las normas y las decisiones se legitiman desde las tradiciones y las propias costumbres. De las apuestas de justicia comunitaria en Bolivia De manera general, De Sousa & Exeni (2012) sostienen que la justicia indígena se caracteriza por los siguientes aspectos: (1) Integralidad, ello supone que en la aplicación de los procedimientos de resolución de un conflicto no solo se toman en cuenta los hechos, sino también su contexto y su entorno, la familia y los antecedentes personales. La comunidad toda es parte interviniente en muchos procedimientos. (2) Carácter colectivo, supone en muchos casos que las sanciones y acciones de resarcimiento son presenciadas por toda la comunidad, lo cual aporta mayor legitimidad. (3) Armonía y equilibrio, representadas a partir de la finalidad que tienen las normas, los procedimientos y las sanciones en orientarse hacia la reducción de los trastornos en la comunidad, y las contradicciones entre sus miembros. (4) Oralidad, pues en la mayoría de los procedimientos y las normas como también en las denuncias, las acusaciones, las defensas, las argumentaciones, las citaciones, las evaluaciones y las resoluciones el elemento predominantemente es la oralidad. No obstante, muchas comunidades han optado por incorporar elementos de escritura, ya sea en el registro de los procedimientos y sanciones, mediante actas, en la rúbrica de acuerdos o compromisos entre partes, o incluso en la incorporación de estatutos u otros documentos. (5) Reconciliación, así desde la justicia originaria se pone énfasis en la reconciliación y el restablecimiento de las relaciones
entre las partes (si es posible) o, como se dice en palabras de muchas de las comunarias y comunarios, el “abuenamiento”. (6) Gratuidad, esto implica que los procedimientos en la justicia indígena, en sí mismos, no tienen costos ni requieren de pagos. No es necesario mantener una burocracia especializada para administrar justicia. Nadie vive de la administración de justicia. De manera informal, cuando se logra un arreglo, las partes pueden retribuir con “su cariño” a las autoridades mediante algún convite o expresión de agradecimiento. Finalmente, destacan la (7) consuetudinariedad, pues la administración de la justicia indígena está asociada a un ejercicio consciente, prolongado y relativamente homogéneo de sus prácticas legales, en el contexto de una comunidad. Esto implica un uso marcado por la costumbre y la tradición, las cuales se constituyen en fuentes de derecho. s autoridades originarias.
