El Plazo Razonable Como Garantía Del Debiodo Proceso

GACETA CONSTITUCIONAL

ANÁLISI ANÁL ISIS S Y CRÍ CRÍTIC TICA A

El plazo razonable como garantía del debido proceso Análisis compa comparativo rativo de los lo s estándares estánd ares actuales ac tuales en el Sistema Interamericano y en el TC peruano Elard Ricardo BOLAÑOS SALAZAR* Rosemary Stephani UGAZ MARQUINA**

Los autores autores del presente artículo exponen los estándares estándares actuales en materia del derecho derecho a un plazo razonable, establecidos tanto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en la de nuestro Tribunal Tribunal Constitucional. Además, toman como referencia refer encia algunas decisiones del Tribun Tribunal al Europeo de Derechos Humanos, pues consideran que servirán para dilucidar de mejor manera algunas cuestiones problemáticas relativas al tema concerniente.

 PALABRAS CLAVE Derecho al plazo razonable / Debido proceso / Estándares / Tribunal Constitucional / Corte Interamericana de Derechos Humanos

N E M U S E R

mecanismos adecuados y efectivos que permitan reclamaciones ante eventuales vulneraciones de los mismos. En efecto, la mera proclama de un derecho o libertad no es suficiente para que el ser humano vea perpe-

tuada la garantía de los mismos. Se necesita,

Recibido: 15/07/2016 Aprobado:

22/07/2016

INTRODUCCIÓN Los derechos y libertades no podrían ser asumidos como tales si es que no cuentan con

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entonces, de complejos mecanismos de tutela (llámense judiciales, administrativos, arbitrales, etc.) que amparen y resuelvan disputas nacientes como producto de atentados contra tales derechos; ya sea que provengan de las relaciones entre el Estado y los particulares o de las interacciones interpersonales (eficacia

Miembro del Centro de Estudios Estudios de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín

de Porres. ** Miembro del Centro de Estudios Estudios de Derechos Humanos Humanos y del Centro de Estudios de Derecho Constitucional Constitucional de la

Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Asistente de Cátedra de Ciencia Política y Derecho Constitucional de la misma casa de estudios.


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horizontal de los derechos fundamentales). Se puede afirmar, entonces, que “la plenitud de un derecho fundamental está en que los tribunales de justicia acojan las pretensiones que vienen apoyadas en ellos”1.

Siendo ello así, los procesos que se diseñen para la tutela de los derechos y las libertades deben ser estructurados mediando de por me-

dio el respeto a las garantías judiciales que son, a fin de cuentas, derechos subjetivos que amparan a las personas contra cualquier arbitrariedad que pudiese cometerse en el transcurso de los distintos procesos. Algunas de

estas garantías están descritas expresamente en nuestra Constitución y comprenden, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia (art. 2.24.e), el derecho a la independencia judicial (art. 139.2), el principio de publi-

cidad (art. 139.4), el deber de motivación de las decisiones jurisdiccionales (art. 139.5), el derecho a la pluralidad de instancias (art. 139. 6), el derecho de defensa (art. 139.14), entre otras. Sin embargo, existen otros tantos derechos que, no estando expresamente contempla-

dos en el texto constitucional, sí forman parte del bagaje de garantías primigenias que asisten a la persona antes, durante e incluso después de un proceso. Uno de ellos es precisamente el derecho a ser j uzgado en un plazo razonable, el cual, a decir de n uestro máximo intérprete constitucional, cons-

tituye un contenido implícito del derecho al debido proceso2. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable significa que es imposible, en un Estado Social y Democrático de Derecho como

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el peruano, mantener a los individuos en vilo respecto de una determinada situación jurídica que los vincule. Valga decir también que aun cuando tradicionalmente se ha entendido el derecho a un plazo razonable como aquel en virtud del cual se encuentra proscrita toda dilación indebida del proceso (es decir un proceso excesivamente prolongado), tam bién el referido derecho garantiza a la persona que su causa no va a ser tratada de manera sumamente rápida y superficial, tornando ilusorias las etapas del proceso, sea cual fuere su naturaleza. Como bien indica el profesor Edgar Carpio Marcos “aunque la duración excesiva de los procesos sea el supuesto más notorio de violación de este derecho, cabe también proyectar la garantía del derecho frente a procesos excesivamente breves, cuya configuración esté prevista con la finalidad de impedir una adecuada composición de la litis”3. So bre ello volveremos más adelante en el pre-

sente artículo. Habiendo esbozado estas consideraciones previas a modo de introducción, el desarrollo

del presente artículo tendrá como fin poner en evidencia los estándares actuales en materia del derecho a un plazo razonable, tanto desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo, “Corte IDH” o “Tribunal Interamericano”) como del Tribunal Constitucional del Perú. Sin perjuicio de ello, se tomarán como referencia también algunos casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, “TEDH” o “Tribunal de Estrasburgo”) pues servirán para dilucidar de mejor manera algunas cuestiones problemáticas relativas al tema concerniente.

PECES-BARBA, Gregorio. Derechos fundamentales. 4ª edición. Universidad de Madrid, Madrid, 1983, pp. 182

y 183. Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N° 00003-2005-PI/TC. Sentencia del 9 de agosto de 2006, f. j. 301. CARPIO MARCOS, Edgar. “El derecho a un proceso que dure un plazo razonable en el anteproyecto de reforma constitucional”. En: Revista Peruana de Derecho Público. Vol. 2, N° 3, Grijley, Lima, 2001, p. 40. Véase en similar sentido: Voto Disidente de la Jueza Cecilia Medina Quiroga . Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras . Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1 de febrero de 2006.

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ANÁLISIS Y CRÍTICA

I. UNA CUESTIÓN PRELIMINAR: ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DE INICIO Y FINAL PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO RAZONABLE?

El debido proceso es una garantía que, en los Estados modernos, debe ser tomado muy en cuenta dadas las implicancias que para los individuos puede llegar a tener.

Una de las cuestiones que más ha despertado el de bate en la doctrina contemporánea tiene que ver con el punto de inicio (dies a quo) y el punto final (dies ad quem) entre los cuales se va a comprender el cómputo del plazo razonable. Ello es de suma relevancia pues va a marcar la pauta para efectos de la evaluación de lo razonable, o irrazonable, del plazo transcurrido en el proceso. Lo primero que hay que precisar antes de ahondar en las consideraciones pertinentes sobre esta cuestión, es que si bien, las pautas que han elaborado en esta materia tanto la Corte IDH como el Tribunal Constitucional peruano han sido en el marco de procesos penales, nada impide que muchas de las referidas pautas puedan también ser trasla-

dadas a procesos de otras naturalezas. Es así

también al debido proceso que se aplica en materia penal5. Por esta razón es que la Corte IDH ha entendido que el derecho a un plazo razonable establecido en el

artículo 8.1 de la CADH es predicable también en procesos de inconstitucionali-

dad (Caso López Mendoza vs. Venezuela de 2011), procesos de amparo (Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú de 2001) , procesos civiles (Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil de 2010) , procesos contenciosos administrativos (Caso Apitz

Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) vs. Venezuela de 2008), procesos de reivindicación de tierras indígenas (Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay de 2005), entre otros. Por ello, si bien el análisis aquí realizado se basará en los pronunciamientos recaídos so bre casos concernientes a temas penales, nada impide que sean extrapolados a los distintos

tipos de órdenes jurídicos siempre y cuándo,

que, siguiendo esa idea, la Corte IDH ha tenido oportunidad de referir que si bien en materias que conciernen a la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral,

claro está, dicha extrapolación obedezca las características propias de cada proceso y res pete su naturaleza.

fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8

Ahora bien, volviendo al tema propuesto en este acápite, respecto a desde cuándo y hasta cuándo contar para efectos de valorar lo razonable de un proceso, la Corte IDH ha sido variante en sus pronunciamientos atendiendo, valga decir, a la naturaleza de cada caso que le es sometido. Por ejemplo, en 1997 al sentenciar el caso Genie Lacayo vs. Nicaragua6 –en el cual, por primera vez, detalló los criterios

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo, “CADH” o “Convención Americana”)4 no especifica garantías

mínimas, como lo hace en el numeral 2 del referido artículo al referirse a materias penales, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho

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El artículo 8 de la CADH reconoce el derecho a las garantías judiciales. Cfr. Corte IDH. Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 de 10 de agosto de 1990. Serie A, N° 11, párr. 28. Cfr. Corte IDH. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C, N° 30.



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para analizar la razonabilidad del plazo (los mismos que serán tratados de manera precisa más adelante)– el Tribunal Interamericano consideró relevante para el análisis del plazo razonable el tiempo que medió entre el auto de apertura del proceso penal hasta la emisión de la sentencia que culminó con el proceso,

dejando así por fuera el tiempo que implicó la investigación policial y la acusación fiscal. No obstante, diez meses más tarde del leading case Genie Lacayo, la Corte IDH emitió sentencia en el caso Suárez Rosero vs. Ecuador en la cual, en el marco de un proceso penal, sostuvo que para efectos de valorar el plazo

razonable, tomaría en cuenta la aprehensión de Suárez Rosero como primer acto de procedimiento dirigido contra él7. Sin embargo, este estándar se enmarca dentro de un proceso de naturaleza penal, por ello, luego en el caso Tibi vs. Ecuador la Corte Interamericana precisó que cuando no se pueda ver un acto de aprehensión (detención) como momento desde el cual activar la evaluación del plazo razonable, dicho plazo deberá contarse a partir del momento en que la autoridad judicial toma conocimiento del caso8. Avanzando un poco más en la especificación en esta materia, el Tribunal de Estrasburgo ha considerado incluso que en aquellos supuestos en los cuales la sede administrativa esté configurada legalmente como una vía previa a agotar para poder acudir a la sede judicial (el contencioso administrativo), deberá tomarse, para efectos del punto de partida

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para el cómputo del plazo razonable, la primera actuación procesal en la sede administrativa, como vía previa a la judicial9. Es decir, el análisis del plazo razonable será global entendiendo el trámite en sede administrativa y judicial como una unidad valorable sin fragmentaciones posibles. Asimismo, el TEDH también ha referido que el punto de partida para contemplar el plazo razonable puede relacionarse con aquellos procesos que, no siendo estrictamente judiciales, son supervi-

sados luego por un órgano jurisdiccional. Así, en el caso Siegel vs. Francia, consideró que para contabilizar lo razonable de la duración

de un proceso de partición de herencia, debía tenerse en cuenta también la conciliación previa que se realizó ante dos notarios públicos10. En cuanto al orden constitucional peruano, el supremo intérprete ha señalado, a modo de doctrina jurisprudencial vinculante, que “el cómputo del plazo razonable del proceso penal comienza a correr desde la apertura de la investigación preliminar del delito, el cual, puede estar comprendido desde la investigación policial o fiscal; o desde el inicio del proceso judicial en los casos de delitos de acción privada”11. De manera que ha detallado que se debe tener en cuenta el primer acto oficial a través del cual la persona toma conocimiento de que el aparato estatal ha iniciado una persecución en su contra (pudiendo ello coincidir o no con la detención policial o con otra medida restrictiva de derechos para los casos penales)12.

Cfr. Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia del 12 de noviembre de 1997. Serie C, N° 35, párr. 70. Cfr. Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 7 de

setiembre de 2004. Serie C, N° 114, párr. 168. Cfr. TEDH. Caso König vs. Alemania. Aplicación N° 6232/73. Sentencia del 28 de junio de 1978, párr. 98 y Caso Kress vs. Francia. Aplicación N° 3959/98. Sentencia del 7 de junio de 2001, párr. 90. TEDH. Caso Siegel vs. Francia. Aplicación N° 36350/97. Sentencia del 28 de febrero de 2001, párrs. 33 al 38. Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N° 00295-2012-PHC/TC. Sentencia del 14 de mayo de 2015, f. j. 6. Ídem.


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Ahora bien, en cuanto al término final del plazo, es decir, el punto de cierre que debe ser tomado en cuenta para efectos de analizar lo razonable de la duración de un proceso, tenemos que, en primer lugar, la Corte IDH ha señalado que el análisis del plazo razonable debe tener como punto final la sentencia definitiva que da por concluido el proceso, incluyendo los recursos de instancia que pudieran presentarse conforme a ley13. En ese punto se presentaba un problema, y es que al decir el Tribunal Interamericano que el proceso terminaba con la expedición de la sentencia (y las que pudieran darse producto de las apelaciones), dejaba por fuera del análisis del plazo razonable la etapa de ejecución de dicha sentencia. Ello, ciertamente, tornaba ilusorio el acceso a la justicia pues, de poco o nada sirve tener una sentencia firme si es que esta nunca es ejecutada. El Tribunal Interamericano analizó esta pro blemática y, cambiando su línea jurisprudencial respecto del caso Mejía Idrovo vs. Ecuador en el cual sostuvo que para el conteo del plazo razonable no era necesario tomar en cuenta la ejecución de la decisión, sostuvo en el caso Furlan y familiares vs. Argentina que “el análisis de la etapa de ejecución de las sentencias también puede abordarse para contabilizar el término de duración de un proceso, con el fin de determinar su incidencia en la prolongación del plazo razonable del mismo”14. Este estándar es más garantista en términos de derechos fundamentales, pues consigue

que los Estados procuren a los individuos la ejecución inmediata de la sentencia que han obtenido luego de un proceso, materializando así el acceso a la justicia. Desde luego, el tiempo de ejecución de una sentencia debe ser considerado como parte integral de la causa para efectos del cálculo del plazo razonable en tanto lo que se busca, precisamente, es que los derechos y libertades sobre los cuales se concluyen en la decisión adoptada sean realmente efectivos y no solo declarativos15. Pero, ¿y qué sucede si se decide re currir al Tribunal Constitucional?, ¿El tiem po que se demore este en decidir la causa será contabilizado para fines del plazo razonable? Pues bien, si bien ni la Corte IDH ni nuestro Tribunal Constitucional han dado luces sobre estas interrogantes, el TEDH tiene dicho que el procedimiento ante un tribunal constitucional se tendrá en cuenta para efectos de la evaluación del plazo razonable, siempre y cuando su decisión pueda afectar el resultado de la controversia ante los tribunales ordinarios16. Sin embargo, en estos supuestos, la obligación de conocer los casos en un plazo razonable no puede ser interpretada de la misma manera que se hace cuando se trata de tribunales ordinarios17. Como se puede advertir, si bien existen criterios más o menos fijos, al menos en materia penal, respecto del inicio y fin del cómputo del plazo razonable, para el caso de los procesos de otra índole, deberá observarse la naturaleza de los mismos y buscar, en todo caso, la interpretación más próxima a lo evidenciado

13 Cfr. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de noviembre de 2008. Serie C, N° 192, párr. 154 y Caso López Álvarez vs. Honduras . Fondo, Reparaciones y Costas. 14

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Sentencia del 1 de febrero de 2006. Serie C, N° 141, párr. 130. Corte IDH. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2012. Serie C, N° 246, párr. 149. Cfr. TEDH. Caso Silva Pontes vs. Portugal . Aplicación N° 14940/89. Sentencia del 23 de marzo de 1994, párr. 33 y Caso Estima Jorge vs. Portugal . Aplicación N° 16/1997/800/1003. Sentencia del 21 de abril de 1998, párr. 38. Cfr. TEDH. Caso Sussmann vs. Alemania. Aplicación N° 20024/92. Sentencia del 16 de setiembre de 1998, párr. 77. Cfr. TEDH. Caso Oršuš y otros vs. Croacia. Aplicación N° 15766/03. Sentencia del 17 de marzo de 2010, párr. 109.



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tanto por la Corte IDH como por el TC al plasmar estos estándares para casos de implicancias penales. Asimismo, nada im pide que se tome como referencia lo desarrollado por el TEDH dado que incluso nuestro TC ha echado mano del desarrollo jurisprudencial de este alto tribunal regional.

1. Complej idad del asunto

El amplio abanico de derechos que componen al debido proceso asegura que el decisor de la causa ajustará su veredicto a las garantías salvaguardas preestablecidas por la Constitución y los tratados.

II. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE Partiendo de la teoría del “no plazo” –según la cual no es posible juzgar la razonabilidad

de la duración de un proceso en virtud de días,

El criterio de la comple jidad del asunto es uno de carácter objetivo por cuanto se puede medir la razonabilidad o no de una causa ateniéndose a cir-

cunstancias específicas y

comprobables materialmente. Dentro del conjunto de elementos que sirven para el análisis de la com plejidad de un asunto, la Corte IDH sostiene que se encuentran la complejidad de la prue ba, la pluralidad de sujetos procesales o la

cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde el hecho violatorio, las características

meses o años en números exactos sino que, se debe valorar tal razonabilidad con base en criterios que deben ser aplicados y resueltos según cada caso concreto– la jurisprudencia interamericana ha perfilado cuatro criterios que sirven para orientar la interpretación de lo “razonable” del plazo razonable. Estos criterios también han sido recogidos de manera paulatina por nuestro máximo intérprete y comprenden: 1) la complejidad del asunto; 2) la actividad procesal del interesado; 3) la conducta de las autoridades estatales; y, 4) la afectación generada por la duración del proceso en la situa-

de los recursos consagrados en la legislación interna, la imposibilidad de detener a los inculpados, el contexto en el que ocurrió la violación a un derecho o libertad18, así como la necesidad de recurrir a debates técnicos para dilucidar algunas cuestiones concernientes al proceso19, entre otras circunstancias siempre objetivas. Incluso, el par europeo de la Corte IDH ha considerado que la situación po-

ción jurídica de la persona involucrada. Los

En todo caso, le corresponderá al Estado (a las autoridades pertinentes) demostrar con base en los elementos descritos anteriormente (valorados de manera conjunta) que esta ba frente a un caso de suma complejidad, lo cual dificultó que la resolución del mismo se

primeros tres criterios fueron recogidos de la jurisprudencia del TEDH por la Corte IDH a partir del caso Genie Lacayo vs. Nicaragua y, en cuanto al cuarto elemento, su inclusión fue dada a partir del caso Valle Jaramillo vs. Colombia, cuya aceptación por la jurisprudencia del tribunal interamericano no se dio de manera abrupta como veremos luego.

lítica y social reinante en el lugar y tiempo de la ocurrencia de los hechos pueden ser determinantes para declarar que un asunto es complejo20.

diera prontamente. Así, solo será justificada la demora cuando exista una conexión evidenciable entre la complejidad del asunto y

18 Corte IDH. Caso Quispialaya Vilcapoma vs. Perú . Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 23 de noviembre de 2015. Serie C, N° 308, párr. 179. 19 Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de noviembre de 2012. Serie C, N° 259, párr. 165. 20 Cfr. TEDH. Caso Milasi vs. Italia. Series A, N° 119C. Sentencia del 25 de junio de 1987, párr. 16.

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la demora; de comprobarse que la demora del proceso de debió a otras consideraciones ajenas a su complejidad, no podrá entonces dis pensarse al Estado por la dilación.

2. La actividad procesal del interesado Aquí nos estamos adentrando a un criterio que es, en esencia, subjetivo pues se trata de evaluar la conducta y proceder de la persona involucrada. Este segundo elemento sirve, en todo caso, para evitar que el Estado responda por la dilación del proceso. En efecto, es obvio que si es el propio interesado el que, con su accionar, ha dilatado el proceso, el Estado y las autoridades competentes no tienen por qué verse acusadas de la excesiva duración de la causa que conocen. Por ello, el TC ha referido que “si la dilación ha sido provocada por él (procesado) no cabe calificarla como indebida, ya que las maniobras dilatorias u obstruccionistas no le son imputables al órgano judicial”21. Sin embargo, hay que precisar que es necesaria una distinción entre el uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la falta de cooperación mediante la pasividad absoluta del imputado (en ambos casos, muestras del

ejercicio legítimo del derecho de defensa), de la “defensa obstruccionista”, como signo

inequívoco de la mala fe del procesado y, consecuentemente, actitud repudiada por el orden constitucional22.

Un ejemplo claro de lo reseñado aquí, lo tenemos en el caso Caesar vs. Trinidad y Tobago

resuelto por la Corte IDH en el año 2005 en el cual, al verificar que los abogados de Winston Caesar fueron quienes demoraron poco más de dos años en apelar una sentencia de primera instancia, concluyó que no existía res ponsabilidad del Estado trinitense dado que la demora se debió a un comportamiento pasivo y desinteresado de los defensores del señor Caesar.

3. La conducta de las autoridades estatales En lo respectivo al tercer elemento, la conducta de las autoridades estatales23, se trata de un criterio de naturaleza subjetiva. La Corte IDH tiene dicho que en este punto se deberá evaluar el comportamiento que, por acción u omisión afecten la prolongación del proceso o procedimiento no judicial24. Asimismo, a diferencia de lo que ocurre con el segundo criterio previamente analizado (la actividad procesal del interesado) en el cual, una prolongación excesiva del proceso producto acciones u omisiones del propio interesado no repercuten en la responsabilidad de las autoridades estatales, en este caso, sí se incurrirá en una vulneración del derecho a un plazo razonable. En este análisis se debe verificar si es que existe una conducta estatal que ha ocasionado que el proceso se torne en engorroso y prolongado. En tal sentido, serían especialmente censurable, por ejemplo, la demora en la tramitación y resolución de los recursos contra las decisiones que imponen o mantienen

21 Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N° 04144-2011-PHC/TC. Sentencia del 17 de enero de 2012, f. j. 15. 22 ESPINOZA RAMOS, Benji. “La afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica del procesado como cuarto criterio de análisis en la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 24, Gaceta Jurídica, Lima, junio de 2011, p. 324. 23 Se hace referencia a las “autoridades estatales” y no a las “autoridades judiciales” por tanto se entiende que las ga-

rantías de debido proceso no se circunscriben únicamente al ámbito judicial sino que, trascienden dicha esfer a. En todo caso, el plazo razonable es un estándar predicable en todo proceso, de cualquier naturaleza, en el cual se ventile la determinación de derechos y deberes. 24 Cfr. Corte IDH. Caso Cantos vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de noviembre de 2002.

Serie C, N° 97, párr. 57.



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Ramírez sostuviera en su la detención preventiva, las indebidas e injustificavoto razonado del caso El plazo razonable supone López Álvarez vs. Hondudas acumulaciones o desacumulaciones de proceque los individuos no pueden ras del año 2006 que, a su sos, los repetidos cambios mantenerse en ascuas inde- criterio, se debería añadir de juez instructor, la tarel referido cuarto elemento terminadamente ni ser vícdanza en la presentación en razón de que el transcurtimas de una justicia rápida de un peritaje o de la reaso del tiempo no es igual que obvie aspectos relevanlización de una diligen para todos y puede afectar 25 cia . Por otro lado, uno a unos más que a otros, por tes de la controversia. de los argumentos más reello, afirmó que: “resultacurrentes de la judicaturá necesario, en bien de la ra peruana para justificar la dilación de los justicia y la seguridad seriamente comprome procesos es la sobrecarga procesal que mantidas, que el procedimiento corra con más ditienen en sus despachos. Ante esta situación ligencia a fin de que en breve tiempo –plazo se debe observar que el TEDH ha manifesrazonable– se resuelva la situación del sujetado que una sobrecarga procesal del sisteto, que ha comenzado a gravitar severamenma de justicia no puede justificar la excesiva te sobre la vida de este. La afectación debe 26 duración de los procedimientos puesto que ser actual, no meramente posible o probable, corresponde a los Estados organizar sus sisteeventual o remota”28. mas legales de manera tal que se garantice el Si bien este criterio no ha sido desarrollado derecho a obtener una resolución del caso en ampliamente por la Corte IDH y, es más, en un plazo razonable27. algunos casos solo hace mención del mismo más no encuentra una violación al plazo ra4. Afectación generada por la durazonable partiendo de este cuarto elemento, lo ción del proceso en la situación cierto es que resulta ser muy importante para jurídica de la persona involucrada la garantía efectiva de los derechos y libertaComo se había adelantado, desde el caso Gedes. Ello porque “humaniza” el análisis del nie Lacayo vs. Nicaragua la Corte IDH ex plazo razonable al requerir que se tome muy puso que la valoración del plazo razonable en cuenta la situación específica del individuo debía hacerse en razón a los tres criterios an procesado, lo cual ciertamente no es permititeriormente analizados. Sin embargo, en el do por los primeros tres elementos. año 2008 con la sentencia del caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia , la Corte IDH

añadió un cuarto criterio al cual denominó “la afectación generada por la duración del proceso en la situación jurídica de la persona involucrada”. Este fue recogido por el pleno del tribunal luego de que el exjuez Sergio García

Se trata pues de un criterio sumamente sub jetivo, y que indudablemente está ligado a situaciones personales especiales. Por ejemplo, en los procesos en los cuales se determinen los derechos de personas que pertenezcan a grupos en situación de especial vulnerabilidad

25 Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N° 02915-2004-HC/TC. Sentencia del 23 de noviembre de 2004, f. j. 22. 26 Cfr. TEDH. Caso Probstmeier vs. Alemania. Reports of Judgments and Decisions 1997-IV. Sentencia del 1 de julio de 1997, párr. 64. 27 Cfr. TEDH. Caso Vocaturo vs. Italia. Series A, N° 206-C. Sentencia del 24 de mayo de 1991, párr. 17. 28 Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez , párr. 36. Corte IDH. Caso López Álvarez vs. Honduras . Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1 de febrero de 2006.

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(personas con discapacidad, niños y niñas, pueblos indígenas, personas adultas mayores, migrantes, etc.) se requerirá una mayor celeridad de la normal por parte del órgano encargado de la determinación del proceso, por tanto que, para ellos (las personas pertenecientes a dichos grupos) el paso del tiem po puede ser crucial y puede afectar, en gran

medida, su situación jurídica. Piénsese, por ejemplo, en el caso de un extranjero que venga en busca de refugio. Requerirá, como es obvio, que el proceso para la determinación de su condición de refugiado sea resuelto con la mayor celeridad posible dado que la incertidumbre de no saber si será admitido como tal puede mellar su situación personal.

Otro ejemplo que muestra la utilidad práctica del cuarto criterio lo tenemos en el caso del examen de la infracción al plazo razonable en los procesos donde el imputado denunciante no se halla bajo prisión preventiva (antes bien, se encuentra en comparecencia simple o restringida). En definitiva, bajo este criterio

podríamos colegir que no puede determinarse sin más su afectación a la persona que se halla bajo comparecencia (estado de restricción de la libertad) como a la persona que se encuentra detenida preventivamente (estado de limitación de la libertad)29.

En nuestro país, el Tribunal Constitucional recogió este cuarto criterio por primera vez en el año 2010 al resolver el caso de Julio Salazar Monroe. Señaló, en dicha oportunidad, que “en este cuarto elemento importa determinar si el paso del tiempo del proceso penal incide o influye de manera relevante e intensa

en la situación jurídica (derechos y deberes) del demandante. Ello con la finalidad de que el proceso penal discurra con más diligencia

a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve, si es que este incide o influye de manera relevante e intensa sobre la situación ju-

rídica del demandante, es decir, si la demora injustificada le puede ocasionar al imputado daño psicológico y/o económico”30. Con todas las críticas que ha tenido este cuarto criterio, es necesario recalcar que, en sentido práctico, es útil y coadyuva en la prevalencia de los derechos y las libertades.

III. ¿PLAZO RAZONABLE INVERSO?

Al inicio de este artículo se hizo mención a que el derecho al plazo razonable implica por un lado, que el proceso no sea aletargado en

demasía y, por otro, que no se lleve a cabo de manera tan rápida impidiendo que la autoridad estatal encargada evalúe de manera objetiva y responsable las circunstancias que son presentadas en el caso. Esto quiere decir que el plazo razonable de un proceso no termina siendo eficaz necesariamente con una justicia expedita, lo que se debe procurar es que solo se demore lo estrictamente necesario para resolver la situación jurídica31. Por ello, bajo las anteriores consideraciones, bien se puede afirmar que los cuatro criterios que comúnmente han sido utilizados para evaluar la razonabilidad de un plazo con base en procesos largos, pueden ser extrapolados a los procesos sumamente cortos en donde, por ejemplo, si el asunto reviste complejidad, no corresponde una resolución demasiado rápida o si el interesado muestra una actitud obstruccionista, tampoco valdría una respuesta inme-

diata por parte de la autoridad estatal. Podría decirse, pues, que justicia que tarda no es justicia, pero justicia que llega rápido (aunque parezca ser) tampoco es justicia a veces.

29 ESPINOZA RAMOS, Benji. Ob. cit., p. 328. 30 Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N° 05350-2009-PHC/TC. Sentencia del 10 de agosto de 2010, f. j. 27. 31 Cfr. PISFIL FLORES, Daniel. “Precisiones conceptuales sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable a propósito de la STC Exp. N° 00295-2012-PHC/TC. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 73, Gaceta Jurídica, Lima, julio de 2015, p. 32.



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IV. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA VULNERACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE Como es evidente, la constatación de la vulneración del derecho a ser procesado-juzgado en un plazo razonable trae aparejada consecuencias jurídicas que son ineludibles. Existen posiciones en la doctrina y en la jurisprudencia tanto de la Corte IDH como de nuestro Tribunal Constitucional sobre cuál debe ser el proceder ante una vulneración del derecho bajo comentario. En primer lugar, tenemos que la jurisprudencia de la Corte IDH no ha sido tajante en determinar cuáles serían las consecuencias de la vulneración. Pero, por ejemplo, en el caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú del año 1999, el máximo tribunal regional constató que si bien no hubo una vulneración del plazo razonable en términos del artículo 8.1 convencional, sí exis-

la violación a la integridad sufrida por el señor Quispialaya Vilcapoma, para, en un plazo razonable, identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables. Es decir, la Corte no ordenó que, ante la violación del plazo razonable, se deje en libertad a quienes estuvieran siendo procesados, sino que obligó al Estado a concluir, en un plazo razonable y cuanto antes, el proceso penal en curso. En el plano local, recientemente el TC dejó de lado el otrora nefasto pronunciamiento del caso Chacón Málaga –en el cual excluyó del proceso penal a Walter Chacón ante la constatación de la vulneración de su derecho a ser juzgado en un plazo razonable– y, señaló en el caso Arce Páucar luego de establecer una vulneración del plazo razonable, que en el

plazo de quince días naturales contados desde emitida la sentencia del propio TC, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del

tía una violación del artículo 7.5 de la CADH

Callao debería resolver la situación jurídica

por parte del Estado peruano al mantener a las

las víctimas, pues entendió que la adopción de una medida de tal naturaleza le correspondería

del señor Arce. En buena cuenta, lo que hace el tribunal es decirnos que cuando se verifique la existencia de la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, lo que corresponde es emitir una sentencia exhortativa al órgano jurisdiccional encargado para que, en un plazo perentorio, emita una sentencia

al tribunal nacional competente.

que ponga fin al proceso, descartando así la

De igual forma, en el reciente caso Quispia-

posibilidad de que el propio TC pueda ordenar la liberación del procesado.

víctimas del caso en prisión preventiva por un tiempo prolongado sin control judicial inmediato. Sin embargo, esta situación no llevó a la Corte IDH a pronunciarse sobre la libertad de

laya Vilcapoma vs. Perú de 2015, el referido tribunal comprobó que el Estado peruano vul-

neró el artículo 8.1 de la CADH debido a que la intervención del fuero militar para cono-

cer de los hechos del caso violó la garantía del juez natural y, también, que el proceso tomado como un todo no fue desarrollado en un plazo razonable. Pese a esta constatación el tribunal interamericano señaló que el Estado perua-

no debía continuar, con la debida diligencia, la investigación y/o proceso penal que se encontraba en curso por los hechos relacionados con

Ciertamente este criterio resulta ser más adecuado por tanto el Tribunal Constitucional no es un tribunal penal que tenga facultades de disponer que una persona procesada sea puesta en libertad y liberada de cualquier imputación. En igual sentido, pero en el plano interamericano, a la Corte IDH tampoco

le correspondería ello, por tanto ha reiterado en múltiples oportunidades que “no es un tri bunal penal en el que pueda determinarse la responsabilidad penal de los individuos”32.

32 Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú . Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 17 de abril de 2015. Serie C, N° 292, párr. 280, Caso García Ibarra y otros vs. Ecuador . Excepciones

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CONSTITUCIONAL


Puestos en este escenario, cabe afirmar que la determinación de violaciones al debido proceso (plazo razonable) y su reparación mediante un nuevo enjuiciamiento que respete el plazo razonable o la exhortación a la autoridad estatal encargada a que resuelva pronto, no significará la sustracción definitiva del procesado al accionar de

Entender qué comprende el derecho al plazo razonable es vital para quienes resuelven controversias en el plano judicial, administrativo o arbitral y para quienes son usuarios de dichos sistemas.

la justicia, garantizando así que los posibles ilícitos cometidos no queden impunes33. V. LA VIOLACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE COMO FORMA DE ACCESO AL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS En el acápite anterior se evidenció que la consecuencia de la vulneración al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, al menos en el estatus jurisprudencial actual, es la emisión de una sentencia exhortativa para que el tribunal o juez encargado de conocer el caso resuelva ateniéndose a los criterios del pla-

zo razonable. Esta, podría afirmarse, es una “consecuencia interna” de la violación al plazo razonable. Sin embargo, en el plano del acceso a la justicia supranacional (posibilidad que recoge el artículo 205 de nuestra Constitución) existe otra consecuencia, para el Estado, ante la vulneración en sede interna del derecho a ser juzgado en un plazo razonable a la cual llamaremos “consecuencia externa”.

En efecto, se sabe que es un principio de Derecho Internacional generalmente reconocido que para acceder a las instancias su pranacionales se requiere

primero agotar las vías internas

disponibles

en

el Estado. De ahí que, en

nuestro sistema regional de protección de Derechos Humanos, el preámbulo de la CADH especifique que la protección otorgada por virtud de la misma es de naturaleza coadyuvante y complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Partiendo de ello, y como se hizo referencia antes, para activar el sistema interamericano, se debe agotar el requisito previo de los recursos disponibles in-

ternamente. No obstante, el artículo 46.2 de la CADH, dedicado a las excepciones de los requisitos para acceder al sistema, señala en su literal c que no será necesario agotar los recursos domésticos cuando exista un retardo injustificado en las decisiones a nivel interno. Por ello, una consecuencia concreta, y muy seria para el Estado ante la vulneración del

derecho al plazo razonable, es que la víctima o presunta víctima (hablando ya en el plano internacional) podría acudir al sistema interamericano sin que se le exija agotar la jurisdicción interna34. Esto refuerza la obligación del Estado por atender los procesos que conoce en un plazo razonable.

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 17 de noviembre de 2015. Serie C, N° 306, párr. 107 y Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela . Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 27 de agosto de 2014. Serie C, N° 281, párr. 243. 33 Cfr. Román López, Marlene y Hugo Torres Armas. “El derecho al plazo razonable y las consecuencias de su inobservancia. Análisis del caso Chacón a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Tomo 137, Gaceta Jurídica, Lima, febrero de 2010, p. 103. 34 La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en este sentido, por ejemplo, en: Corte IDH. Caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 26 de noviem bre de 2013. Serie C, N° 274, párr. 23; Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá . Excepciones Preliminares, Fondo,

Reparaciones y Costas. Sentencia del 12 de agosto de 2008. Serie C, N° 186, párrs. 19 y 20, y Caso Las Palmeras vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia del 4 de febrero de 2000. Serie C, N° 66, párrs. 38 y 39.



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CONCLUSIONES

El debido proceso es una garantía que, en los

Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Perú reconocen a los individuos.

Estados modernos, debe ser tomado muy en cuenta dadas las implicancias que para los individuos puede llegar a tener. El amplio abanico de derechos que componen al debido proceso (ser oído, defensa, recurrir la sentencia, plazo razonable, etc.) no hacen sino asegurar, a quienes buscan una respuesta estatal ante violaciones a sus derechos o quienes están siendo juzgados, que el decisor de

BIBLIOGRAFÍA • CARPIO MARCOS, Edgar. “El derecho

la causa ajustará su veredicto a las garantías mínimas y salvaguardas claramente preesta-

ción generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica del procesado como cuarto criterio de análisis en la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Tomo 24, Gaceta Jurídica, Lima, junio de 2011.

a un proceso que dure un plazo razona ble en el anteproyecto de reforma constitucional”. En: Revista Peruana de Dere-

cho Público. Vol. 2, N° 3, Grijley, Lima, 2001.

• ESPINOZA RAMOS, Benji. “La afecta-

blecidas por la Constitución y los tratados. Uno de esos derechos, el del plazo razonable, supone que los individuos no pueden ser mantenidos en ascuas indeterminadamente pero

tampoco, pueden ser víctimas de una justicia automática que por ser rápida obvie muchos aspectos de la controversia que son relevantes para las conclusiones. Por esta razón, entender lo que comprende el derecho a ser juzgado en un plazo razonable es vital tanto para quienes resuelven controversias ya sea en el plano judicial, administrativo o arbitral, como para quienes son usuarios de dichos sistemas. A fin de cuentas, corresponde a todos y todas la salvaguarda de los derechos fundamentales que la

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•

PECES-BARBA, Gregorio. Derechos fundamentales. 4ª edición, Universidad

de Madrid, Madrid, 1983. • PISFIL FLORES, Daniel. “Precisiones conceptuales sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable a pro-

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CONSTITUCIONAL

El Plazo Razonable Como Garantía Del Debiodo Proceso

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