UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO POST- GRADO DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL
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EL CASO AYMARAZO PUNO SE ORIGINO POR LA VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A GOZAR DE UN MEDIO AMBIENTE SANO”
PRESENTADO POR: GABY BRIGITTE PUMA MAMANI
DOCENTE: JAIME ARDILES FRANCO
PUNO, PERÚ 2017
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ÍNDICE
ÍNDICE
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RESUMEN 3 CAPÍTULO I4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ...................................................... 4 1.1. 1.1.1. 1.1.2.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 4 ENUNCIADO ............................................................................................................ 4 FORMULACION DEL PROBLEMA: OBJETO DE ESTUDIO.................................... 4
1.2.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION .................................................................... 5
1.2.1. 1.2.2.
OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 5 OBJETIVOS ESPECIFICOS ..................................................................................... 5
1.3.
HIPÓTESIS ............................................................................................................... 5
1.3.1. 1.3.2.
HIPOTESIS GENERAL ............................................................................................. 5 HIPOTESIS ESPECÍFICA ........................................................................................ 5
CAPITULO II ................................................................................................................................. 6 MARCO TEÓRICO ....................................................................................................................... 6 2.1.
CONTAMINACION AMBIENTAL ............................................................................. 6
2.2.1.1. 2.2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.1.1. 2.2.1.2. 2.2.1.3.1. 2.2.1.3.2. 2.2.1.3.3. 2.3.
CONTAMINACIÓN ................................................................................................... 6 TIPOS DE CONTAMINACIÓN ................................................................................. 7 CASO AYMARAZO ................................................................................................... 8 CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL .......................................................................... 18 CONFLICTO ........................................................................................................... 18 CONFLICTO SOCIAMBIENTAL ............................................................................. 19 ESTADO ACTIVO DEL CONFLICTO SOCIAL EL AYMARAZO ............................ 19 ESTADO LATENTE ................................................................................................ 20 ESTADO RESUELTO ............................................................................................. 20 PROTECCION NORMATIVA DEL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ................................................................................................................................ 20 LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. ................................................................................. 20 LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.............................................................................................................. 22 DERECHO FUNDAMENTAL A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO ....................................................................................................... 29 MEDIO AMBIENTE ................................................................................................. 29 TEORIAS DEL TERMINO AMBIENTE: .................................................................. 29 DERECHO A UNA MEDIO AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ................................................................ 29 DERECHO A UNA MEDIO AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN VIGENTE .................................................................................... 31
2.3.1. 2.3.2. 2.4. 2.4.1. 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.3.
2.4.2.
AFECTACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A VIVIR EN U N MEDIO AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO .................................................................... 33
2.4.3. 2.4.4. 2.4.5.
EL DERECHO A GOZAR DEL MEDIO AMBIENTE ............................................... 35 DERECHO A QUE EL MEDIO AMBIENTE SE PRESERVE ................................. 36 DERECHO DE LAS FUTURAS GENERACIONES ................................................ 37
CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 40 BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................................... 41
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RESUMEN En el presente trabajo se analiza el Derecho Fundamental a vivir en un medio ambiente sano y si se vulnera otros derechos fundamentales y como consecuencia se dio el caso Aymarazo, caso ocurrido en la ciudad de Puno, a través de la revisión de diferentes informes y Jurisprudencia, sentencia y otros documentos, llegándose así a la conclusión de que existe vulneración del derecho fundamental que tiene toda persona a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. En seguida, analizamos la normativa vigente de la protección del derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y adecuado.
PALABRAS CLAVE: Contaminación, Contaminación ambiental, Pueblos indígenas, Derecho Fundamental.
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CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 1.1.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. ENUNCIADO ¿EL CASO AYMARAZO – PUNO SE ORIGINO COMO CONSECUENCIA
DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A GOZAR DE UN MEDIO AMBIENTE SANO? 1.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: OBJETO DE ESTUDIO La presente investigación se inscribe en el área del Derecho Ambiental, Derecho Constitucional. El hombre por su naturaleza a diferencia de los animales, que se adaptan para sobrevivir; transforma a la naturaleza de acuerdo a sus necesidades y requerimientos, sin importarle para ello contaminar la naturaleza, afectando la calidad de vida de todos los seres vivos mediante la contaminación del suelo, aire, agua, entre otros. Con el pasar del tiempo el hombre evolucionó, así como su entorno, pero esta evolución trajo como consecuencia una afectación del Medio Ambiente. Si bien se implantaron diversos modelos de crecimiento en nuestra sociedad, lo que a su vez trajo riqueza económica, cabe señalar que este crecimiento ha ocasionado altos costos sociales causados por la degradación ambiental y esto genera que la poblacion que valora el Medio Ambiente como la Pachamama y al agua como la Mamacocha se arraiga vastante al cuidado de la naturaleza llegando a realizar protestas sociales y esto trae como consecuencias victimas . Un claro ejemplo se da en la Región Puno y como muestra especifica tenemos el caso Aymarazo en la ciudad de Puno. Esta problemática nos lleva plantearnos las siguientes interrogantes, ¿El caso Aymarazo – Puno se srcino como consecuencia de la vulneración del derecho 4
fundamental a gozar de un medio ambiente sano? y ¿Qué derechos fundamentales se vulneran?; pues bien, todas estas interrogantes nos llevan a desarrollar el presente trabajo.
1.2.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.2.1. OBJETIVO GENERAL - Explicar el caso Aymarazo – Puno se srcinó como consecuencia de la
vulneración del derecho fundamental a gozar de un medio ambiente sano.
1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICO S - Conocer el Marco normativo del derecho fundamental que tiene toda
persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
1.3.
HIPÓTESIS
1.3.1. HIPOTESIS GENERAL El caso Aymarazo – Puno se srcinó como consecuencia de la vulneración del derecho fundamental a gozar de un medio ambiente sano-
1.3.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA Existe el Marco normativo del derecho fundamental que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 2.1.
CONTAMINA CION AMBIENTAL
La idea de Miller (1994), como se cita en (Quispe, 2011), un ecologista
reconocido que nos da la siguiente definición: “Por contaminación ambiental se
entiende todo cambio indeseable en las características del aire, agua, suelo y los alimentos que afecten masivamente la salud, la sobrevivencia o las actividades de otros organismos vivos”. (p.99)
Asimismo, también otro autor define la Contaminación ambiental, señalando que: La contaminación es la alteración nociva de las condiciones normales de cualquier medio por la presencia de agentes físicos, químicos o biológicos ajenos al mismo. La liberación artificial en el medio, suelo, agua, aire de sustancias con energía que pueden causar efectos adversos diversos o indirectos sobre el ser humano y/o sobre el medio ambiente. (Fonseca, 2010, p. 20)
2.2.1.1. CONTAMINACIÓN Para entender con más claridad el término “Contaminación Ambiental”, es necesario saber el significado del término “Contaminación”, por ende, citaremos
a diferentes autores que nos ayuden a dilucidar esta definición: La contaminación es un cambio perjudicial en las características físicas, químicas o biológicas del aire, la tierra o el agua, que puede afectar nocivamente la vida humana o la de especies beneficiosas, los procesos industriales, las condiciones de vida del ser humano y puede malgastar y deteriorar los recursos naturales renovables. (Atilio, 2013, p. 01). La contaminación ambiental se produce cuando el hombre introduce en el ambiente, directa o indirectamente, agentes físicos, 6
químicos, biológicos o una combinación de éstos; en cantidades que superan los límites máximos permisibles o que permanecen por un tiempo tal que hacen, que el medio receptor adquiera características diferentes a las srcinales, resultando perjudiciales o nocivas para la Naturaleza, la salud humana o las propiedades (Andaluz, 2004, p. 108). La contaminación es definida también por Florelinda Chávez Salomón y José Icaza López como: “La inclusión de un factor externo, ya sea un producto
químico, una forma de energía, un ente biológico o un ente pictórico en un ambiente adecuado para el hombre o escogido por el hombre, trastocándolo y mermándolo en sus cualidades” (López y Ferro, 2006, p.35). Asimismo, también se le considera como: “La alteración nociva de las
condiciones normales de cualquier medio por la presencia de agentes físicos y químicos o biológicos ajenos al mismo” (Tapia, 2010, p.35).
Con estos conceptos, podemos comprender de manera integral el concepto de contaminación.
2.2.1.2.
TIPOS DE CONTAMINACIÓN
Diferentes tipos de contaminantes afectan al Medio Ambiente, cada uno de estos tipos de contaminación tienen sus propias causas y consecuencias distintivas, este estudio lleva a entender el daño nocivo que causan. Pero para la presente investigación será necesario tener en cuenta la clasificación realizada por Cesar A. Fonseca (2010), el cual nos señala los siguientes tipos de contaminación: -
Contaminación atmosférica, Siendo la presencia en el aire de materia, sustancias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia en los seres vivos y/o elementos de patrimonio cultural.
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Contaminación hídrica, es la acción y efecto de introducir materias o formas de energía o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con usos posteriores o con su función ecológica. 7
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Contaminación del medio marino, es una forma de contaminación que deriva de la introducción directa o indirecta por parte del ser humano, de sustancias o de energía en el medio marino, incluidos los estuarios, que produzca o pueda producir efectos nocivos, tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, obstaculización de las actividades marítimas, incluidos la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar para su utilización, y menoscabo de los lugares de esparcimiento.
2.2.
CASO AYMARAZO
Una narración de los hechos nos ayudara a comprender el CASO AYMARAZO ocurrido en la ciudad de Puno. -
Con fecha 29 de noviembre de 2007, mediante Decreto Supremo N°0832007-EM, la Presidencia de la República, ante el petitorio minero denominado Proyecto de Concesión Minera "Santa Ana", solicitado por la empresa internacional Bear Creek Mining Company Perú, declaró de necesidad pública la inversión privada de tal actividad minera, para que pueda adquirir y poseer concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios para el mejor desarrollo de sus actividades productivas, dentro de los 50 kilómetros de la frontera sur del país; autorizándose a la citada empresa minera a adquirir siete derechos mineros ubicados en el departamento de Puno, en la zona fronteriza con Bolivia, específicamente en los distritos de Huacullani y Kelluyo de la provincia de Chucuito.
- Antecedente sobre el cual, durante el año 2011, en el marco de la
producción de políticas nacionales de "inversión minera" implementadas por el gobierno peruano; en la región Puno se continuaban otorgando concesiones para una variedad de lotes de explotación de minerales; encontrándose aún en trámite (fase de exploración y explotación) el referido Proyecto de Concesión Minera "Santa Ana", que hasta el día 02 de marzo de 2011, había presentado ya su Proyecto de Estudio de Impacto Ambiental solicitando su aprobación para así poder continuar con las fases de exploración y explotación de minerales en los distritos de Huacullani y Kelluyo. 8
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Situación ésta, que srcinó una inmediata respuesta desacorde por parte de la población habitante en los lugares aledaños a los referidos lotes de concesión minera (Pobladores de Kelluyo, Pizacoma y un sector de Huacullani), quienes en protesta por los irreparables daños al medio ambiente ocasionados por las actividades de explotación minera y los pasivos mineros, comenzaron a realizar constantes reuniones de grupos de pobladores entre ellos tenientes gobernadores, dirigentes, autoridades locales y el pueblo en general con la finalidad de asumir acuerdos en rechazo a la política minera asumida por el Gobierno Central; reuniones tales que fueron presididas por la persona de Walter Aduviri Calisaya, quien se iba presentando ante la población como líder defensor de los derechos socio-ambientales de los pueblos afectados por las constantes actividades mineras desarrolladas en la región. Dejándose de esta manera asentada la evidente política anti minera registrada en la mentalidad de los pobladores de las zonas afectadas por la actividad
minera. - Así, en fecha 02 de marzo de 2011, en una reunión de más de cinco mil personas, en la Plaza de Armas del Distrito de Desaguadero-Chucuito, abordaron acuerdos para la defensa de los recursos hídricos de la cuenca del Lago Titicaca, respeto a los derechos de la propiedad de la tierra y exigir el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); así como acordaron no permitir la explotación de mineral de la mina Santa Ana, conformándose para tales fines un comité de lucha, presidido por Walter Aduviri Calisaya, Rufino Machaca Quinto y Patricio Illacutipa Illacutipa; para solicitar al Consejo Regional de Puno la promulgación de una ordenanza regional, prohibiendo las concesiones mineras en la región de Puno, declarando además ilegal el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por la Minera Santa Ana, ya que manifestaban que no se habría tenido en cuenta el Convenio 169 de la OIT, que incumbe la consulta a la población afectada, previo a la adopción de una política estatal. - Ante tal petitorio, el día 17 de marzo de 2011, Consejeros de la Región
Puno, en Sesión de Consejo aprobaron por mayoría la Ordenanza Regional N° 05-2011-GRP-CRP, que en su artículo primero declaraba a 9
la región como área no admisible para denuncios, concesiones, exploraciones y explotaciones de toda actividad minera y de hidrocarburos, por su trascendencia histórica, costumbres y tradiciones milenarias culturales y estar dedicada de manera exclusiva a la actividad agrícola, pecuaria y pesquera. Ordenanza que fue aprobada con los votos de ocho consejeros, dos en contra y tres abstenciones (entre ellos figuran los consejeros por la Provincia de Puno, Chucuito, Juli, Sandia y Yunguyo); ocasionando como consecuencia una serie de críticas hacia el Legislativo Regional, por existir varias omisiones que se denunciaban se inobservaron al momento de la aprobación de la ordenanza. -
No obstante tales cuestionamientos, el día 22 de marzo de 2011, ante la presencia de aproximadamente dos mil pobladores aimaras, reunidos en la plaza principal del Centro Poblado de Yohorocco, distrito de Huacullani - Chucuito, donde se realizaba el informe de las gestiones realizadas por el comité de lucha transitorio, Walter Aduviri Calisaya como representante del comité de lucha, anunció la aprobación de la Ordenanza Regional 0052011, pero denunciaba ante la población la negativa del Presidente Regional a promulgar dicha ordenanza; razón por la que, tras varias horas de debate, como punto principal, los pobladores reunidos y presididos por sus dirigentes acordaron adoptar una medida de protesta denominada "marcha de sacrificio para el 30 de marzo 2011", para solicitar la promulgación de la Ordenanza Regional 005-2011, documento que prohibía las concesiones mineras en la región, o de lo contrario pedirían la revocatoria del Presidente Regional; reunión en la que se ratificó además la conformación del Frente de lucha por un periodo de seis meses continuando como principales dirigentes Walter Aduviri Calisaya, Gilver Chura Yupanqui y Patricio Illacutipa lllacutipa.
-
De manera paralela, el día 28 de marzo de 2011, la Cámara de Comercio de la ciudad de Puno, manifestaba su rechazo a la referida Ordenanza Regional N° 005-2011, que declaraba a la región como zona no admisible para concesiones mineras, alegando que tal ordenanza retrasaría el desarrollo de la región, denunciándose en lo demás que el Consejo Regional atentaba contra la inversión y las leyes de promoción de la actividad minera, motivo por el cual se deberían reexaminar dichas 10
ordenanzas analizando la situación de las inversiones como sucedía en otras regiones del país. - En adelante, con fecha 30 de marzo de 2011, ante la negativa del
Presidente Regional de Puno, Mauricio Rodríguez Rodríguez para firmar la ordenanza regional que prohibía las concesiones mineras en Puno, Walter Aduviri Calisaya junto a otros dirigentes del comité de lucha, organizaron la denominada marcha de sacrificio de 2,000 pobladores hacia Puno, provenientes de los sectores de Kelluyo, Desaguadero, Pomata, Juli, Chucuito, Capazo, Yunguyo, El Collao, Acora y Zepita. - Efectuándose la citada marcha el día 06 de abril de 2011, cuando un
aproximado de siete mil pobladores de los distritos de Desaguadero, Zepita, Kelluyo, Mazocruz, Queñuani y Comunidades aledañas pertenecientes a la Provincia de Chucuito se concentraron en el distrito de Juli, provistos de pancartas, cartelones, gigantografías, arengando la renuncia del Presidente del Gobierno Regional de Puno, _en entonces Mauricio Rodríguez Rodríguez_ y la inmediata suspensión de la actividad minera por parte de la empresa Minera Santa Ana, organizando la protesta Walter Aduviri Calisaya y otros dirigentes, quienes abordaron con la población reunida el tema de la minería y la contaminación del medio ambiente, habiendo participado como voceros en la reunión, entre otras personas, los dirigentes: Rufino Machaca Quinto (Secretario del Frente de Defensa), Patricio lllacutipa lllacutipa (Vicepresidente del Frente de Defensa), Pablo Salas Charca (Miembro del CONACAMI-Lampa), quienes criticaron las acciones del Gobierno Central, Regional y Local, rechazando rotundamente las actividades mineras de la Región Puno, exigiendo al Ministerio de Energía y Minas la suspensión de las actividades de la Empresa Santa Ana, y convocando a un paro regional de 48 horas para los días 25 y 26 de abril 2011. - Así, con fecha 25 de abril de 2011, ya se encontraba constituido el
denominado Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona
Sur Puno (en adelante FDRNZS-P, presidido por sus dirigentes Walter Aduviri Calisaya, Rufino Machaca Quinto, Gilver Chura Yupanqui, Patricio lllacutipa lllacutipa, Domingo Quispe Tancara, Javier Parí Sarmiento (Presidente del Frente de Defensa de Desaguadero, quien contó con el 11
apoyo de los tenientes gobernadores de la jurisdicción entre ellos Gregorio Ururi Fernández, Félix lllacutipa Mamani, Gregoria Calizaya Pineda, Pedro Cruz Pari, Rosendo Mendoza Condori y Francisca Sarmiento Choque), organizaron y dirigieron el paro de 48 horas los días 25 y 26 de abril 2011 en contra del Gobierno Regional y del Gobierno Central, realizando una movilización en contra de la minería; al que se sumaron autoridades locales y representantes de organizaciones sindicales y sociales de sus sectores locales, organizando y coordinando los acuerdos del FDRNZS-P con los pobladores de sus respectivas comunidades, a fin de participar activamente en el paro anti minero. -
Posterior a ello, en fecha 06 de mayo de 2011, en la sede del Ministerio de Energía y Minas – Lima, se reunieron el Vice Ministro de Energía y Minas Fernando Gala, el Presidente del Gobierno Regional de Puno Mauricio Rodríguez Rodríguez, ocho consejeros regionales y el Congresista por Puno Tomás Cenzano, iniciándose la reunión con la aclaración que realizó el Viceministro de Energía y Minas sobre que el proyecto "Santa Ana" de la empresa "Bear Creek" no podía realizar actividad minera en el Distrito de Huacullani, Provincia de Chucuito-JuliPuno, debido a que no contaba con la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Así como el Presidente del Gobierno Regional y los Consejeros, coincidieron en señalar que había mucha desinformación de la Región Puno respecto al tema de concesiones mineras y estudios de impacto ambiental, lo que srcinaba que se insista en solicitar la suspensión de las concesiones mineras de la región y el retiro definitivo de la empresa Santa Ana a fin de evitar un paro indefinido anunciado por el FDRNZS-P para el día 09 de mayo 2011, razón por la cual, el Viceministro de Energía y Minas, Fernando Gala, anunció a dichas autoridades la próxima visita a la ciudad altiplánica (para el 09/05/11), de cuatro funcionarios del Ministerio de Energía y Minas a fin de que conferencien temas referidos a la actividad minera en la región Puno.
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No obstante los intentos de diálogo con los dirigentes del FDRNZS-P; en fecha 09 de mayo 2011, pobladores de la Zona Sur de Puno, dirigidos por Walter Aduviri Calisaya y otros dirigentes, iniciaron a nivel de la región el paro indefinido, bloqueando vías de comunicación con piedras a la altura 12
del Distrito de Zepita, sectores Parco y Chua-Chua, carretera PunoDesaguadero, así mismo la carretera binacional DesaguaderoMoquegua, altura del sector Carancas, Huayatiri desvió del distrito de Kelluyo y Yorohoco; solicitando que los representantes de la mina Santa Ana formalicen un documento anunciando su retiro definitivo de Huacullani; además que el Presidente Regional de Puno, firme la ordenanza regional N°005-2011; solicitando en lo demás la presencia de una comisión de Alto Nivel presidida por el Ministro de Energía y Minas. - Posteriormente, en fecha 17 de mayo de 2011 el Ministerio de Energía y
Minas acepta el diálogo con los dirigentes del FDRNZS-P, enviando una delegación presidida por el Viceministro Fernando Gala, reuniéndose con unos 70 dirigentes en la que participaron Walter Aduviri Calisaya, Patricio lllacutipa lllacutipa, Gilver Chura Yupanqui, Eddy Uriarte Chambilla, Gregorio Ururi Fernández, Wilson Quispe Mendoza, Edgar Chipana Nina, Javier Pari Sarmiento, Emilio Paredes Pari, Domingo Quispe Tancara, entre otros dirigentes, así como el Presidente Regional Mauricio Rodríguez Rodríguez y los alcaldes de los distritos protestantes Juan Carlos Aquino Condori (Desaguadero), Miguel Huallpa Choque (Kelluyo), Valentín Huanchi Huallpa (Cuturapi) y Rodolfo Felipe Castillo Jiménez (Zepita). En el desarrollo de la reunión, los dirigentes del FDRNZS-P se comprometen a no realizar actos de violencia en el paro que sostenían, por su parte, el Presidente del Gobierno Regional Mauricio Rodríguez, señaló que Huacullani aprobaba el proyecto Santa Ana, narró los resultados de los estudios de impacto ambiental, circunstancias en que los dirigentes comenzaron a esbozar arengas y pifiar el informe; para después de dos días culminar la negociación sin resultado positivo alguno; por lo que el Presidente del Gobierno Regional, tuvo que aceptar firmar la ordenanza que anulaba las concesiones mineras, señalando que lo hacía en contra de su voluntad y para propiciar un entendimiento con la población manifestante. -
Continuando con las reuniones de negociación propuestas por el gobierno central, el día 19 de mayo de2011, arribó la comisión de Alto Nivel, integrada por el Viceministro de Energía y Minas, Sr. Fernando Gala Soldevilla, Viceministro de Agricultura Luis Sánchez, Viceministro del 13
Interior, Jorge Luis Caloggero Encinas, Viceministro de Cultura Bernardo Alonso De la Cruz Rocarey, Representante del Ministerio del Medio Ambiente, Ana Palomino Sotelo, Director de la Oficina de Conflictos de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Ronald Ibarra y Víctor Aragón, encargado del Ministerio del Interior Paúl Paredes Sánchez y Narciso Huamán Raymi, Prensa de Energía y Minas Paola Placido Salas, Director de Electrificación de Energía y Minas Marco Mendoza Becerra; para sostener una reunión en el aeropuerto Inca Manco Capac de Juliaca; acordando sin embargo retirarse con destino a la ciudad de Arequipa en razón de no contar con las garantías del caso, al haber sido informados que un aproximado de cinco mil personas los esperaban en la Plaza de Armas de Puno; por lo que previamente procedieron a entregar al Director de la XII DIRTERPOLPNP-Puno General PNP Tomas Guibert Sagástegui la Resolución Vice Ministerial N° 589-2011-VMPCIC-MC del 13 de mayo 2011 -firmada por el Viceministro de Patrimonio Cultural e Industria Culturales-, que declaraba Patrimonio Cultural de la Nación al monumento arqueológico prehispánico "Cerro Khapia" que delimita a los distritos de Yunguyo, Copani, Pomata, y Zepita, estableciendo que cualquier proyecto de obra nueva, caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o agropecuarios, obras habitacionales y otros que pudiese afectar o alterar el paisaje de los monumentos arqueológicos prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de la Nación, deberán contar con la aprobación previa del órgano competente del Ministerio de Cultura. - El día 20 de mayo 2011, retorna a Puno la referida comisión, sosteniendo
una reunión de dialogo con el Presidente del Gobierno Regional de Puno Mauricio RODRÍGUEZ, Alcalde Provincial de Yunguyo Walker Chalco Rondón y diez alcaldes provinciales de la zona Sur de Puno, reunión que se llevó a cabo, en el Cuartel de N° 04 Coronel La Rosa - Juliaca; donde el presidente de la Comisión de Alto Nivel en la Mesa de Diálogo presentó un proyecto de ley -sin firmas- sobre mecanismos para ver la normatividad legal sobre la Mina Santa Ana, siendo analizado entre los presentes, y al advertir que el referido documento no estaba firmado, los alcaldes procedieron a abandonar la mesa de diálogo a horas 18:45 aproximadamente, retirándose con dirección a Puno. Seguidamente los 14
alcaldes que participaron de la mesa de diálogo se hicieron presentes en la Plaza de Armas de Puno, donde luego de informar a los pobladores el "rompimiento del dialogo", procedieron a quemar copia de la Resolución Ministerial N° 589-2011-VMPCIC-MC de fecha 13 de Mayo 2011 en la que declara patrimonio cultural de la Nación al monumento arqueológico prehispánico del cerro Khapia, por considerar que el mencionado cerro había sido entregado al Estado y que los pobladores no podrán asistir al mismo en forma libre sino solicitando permiso al Ministerio de Agricultura. - A horas 20:25 , Walter Aduviri Calisaya en la ciudad de Puno, convoca a
todos los dirigentes presentes de la Zona Sur, para adoptar medidas de protesta sobre el asunto informado, decidiendo retornar a sus lugares de srcen para reforzar los bloqueos y nuevamente retornar el 23 de mayo del 2011 y continuar con su medida de fuerza. -
Como consecuencia de los hechos precedentes y después de la reunión sostenida el día viernes 20 de mayo 2011, los dirigentes del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, realizaron asambleas en Desaguadero y Juli, a fin de acordar la adopción de medidas radicales en el paro; retornando a Puno el día lunes 23 de mayo
de 2011, en que un aproximado de 9,000 pobladores provenientes de la zona Sur de Puno (Yunguyo, Huacullani, Zepita, Desaguadero y Juli), a bordo de diferentes vehículos camiones, entre otros y con motivo de protestas mineras arribaron a la ciudad de Puno, cercando los límites de la urbe y bloqueando la salida Puno - Desaguadero. Concentrándose los manifestantes en la Plaza de Armas de Puno, el parque Mariátegui y el Campo deportivo de la Urbanización Chanu Chanu, utilizando el campo deportivo del Cuartel del Ejército Peruano "Manco Capac" como lugar de descanso y resguardo de los vehículos en los cuales se habían trasladado hasta la ciudad de Puno; dándose inicio de ésta manera a la denominada "huelga indefinida de protesta anti minera" asumida por el Frente de Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur Puno. - AI día siguiente, 24 de mayo de 2011, se radicalizan las medidas de
fuerza asumidas por el FDRNZS-P, realizando los manifestantes bloqueos con piedras en la Avenida El Sol - Puno, carreteras Puno-llave, Puno - Laraqueri y Puno - Juliaca, así como conformaron piquetes de 15
aproximadamente 200 personas marchando por diversas arterias de la ciudad obligando a cerrar los centros comerciales y por medida de seguridad se paralizó el transporte urbano e interprovincial en su totalidad, así como los centros de abastos, las entidades bancarias, entre otros centros de atención al público, no desarrollando con normalidad sus actividades para evitar ser agredidos y sufrir daños materiales, y de otro lado los centros educativos suspendieron las labores escolares. - Ante tal circunstancia, en fecha 25 de mayo de 2011, arriba a la ciudad
de Juliaca una comisión de alto nivel integrada por el Vice Ministro de Energía y Minas Fernando Gala Soldevilla, Viceministro de Agricultura Luís Sánchez, Viceministro del Interior Jorge Luís Caloggero Encinas, Viceministro de Cultura Bernardo Alonso de La Cruz Roca Rey, Representante del Ministerio del Medio Ambiente Ana Palomino Sotelo, Director de la Oficina de Conflictos de la PCM Ronald Ibarra y Víctor Aragón, sosteniendo una reunión en las instalaciones del Cuartel del Ejército en Juliaca con los dirigentes de la Zona Sur-Puno, con la finalidad de dar solución a las medidas de fuerza, en donde deciden conformar dos comisiones multisectoriales, no llegándose a ningún acuerdo positivo, suspendiéndose la misma y "rompiéndose el dialogo" una vez más. En la misma fecha -25 de mayo de 2011-, en el local de la Unión de Comunidades Aimaras (UNCA), se convoca a grupos de reservistas afines al etnocacerismo-, acordando radicalizar aún más sus medidas de protesta, para lo cual los reservistas deberían actuar como fuerza de choque; siendo estos grupos los que entraron en acción, previas reuniones en el Parque Mariátegui, lugar donde se concentraron los manifestantes al mando del acusado Gregorio Ururi Fernández Teniente Gobernador de Carancas sector Huanucollo, del distrito de Desaguadero. - En adelante, el día
26 de mayo del 2011, a horas 16:00 pm.
aproximadamente, un promedio de 15,000 pobladores de la Zona Sur de Puno, continuaban con los bloqueos de la Avenida El Sol, la carretera Puno-Juliaca a la altura de Yanamayo, las vías Puno-Laraqueri, Punollave, no permitiendo el libre tránsito de vehículos, formando piquetes de lucha; y, bajo amenazas de saqueo, los manifestantes, obligaron el cierre de los centros comerciales y de abastos, cuyos representantes o 16
propietarios también se vieron obligados a pegar carteles con la inscripción "viva el paro", por cuanto existía la amenaza de que iban a apedrear sus locales en caso de no colocar dicha inscripción; paralizándose de ésta manera las normales actividades y prestación de servicios públicos de transporte urbano e interprovincial en la ciudad de Puno. - En horas de la tarde del mismo día 26 de mayo del 2011, los
manifestantes del FDRNZS-P, provistos de zurriagos, palos, fierros, piedras, entre otros objetos contundentes, por grupos, procedieron a movilizarse a diferentes lugares de la ciudad de Puno; siendo que a horas
15:00 aproximadamente, movilizándose por el Jirón Puno, tercera cuadra, por donde a su paso lanzaban objetos contundentes a las instalaciones de la entidad bancaria "Mi Banco" ubicada en el Jr. Puno N° 334, ocasionando daños materiales en su estructura - rotura de vidrios-, pretendiendo incluso ingresar al interior, sin lograr dicho objetivo al no poder fracturar la reja metálica de ingreso: siguiendo su recorrido por el Jirón Arequipa hacia el Hotel Casona Plaza, Caja Municipal de Ahorro
y Crédito Arequipa y la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cuzco, continuando su recorrido a horas 16:00 aproximadamente, ocasionando también daños materiales en las instalaciones de las referidas entidades. - Otro grupo de manifestantes, se trasladó por inmediaciones del Jirón
Lima, por donde proceden a lanzar piedras a las lunas de las ventanas y causar destrozos en los vidrios de las entidades bancarias Banco de
Crédito del Perú, oficina del Diario Correo, Interbank, Banco Continental BBVA, casa de juegos Tragamonedas, esto a las 16:00 horas, para luego ambos grupos dirigirse a las instalaciones de la SUNAT y la ONG SOLARIS, ubicadas en el Jirón Arequipa, primera cuadra, donde previamente se agruparon en las calles de los jirones Deza y Oquendo, formando barreras de contención, a fin de impedir el tránsito de personas ajenas a la movilización, para luego proceder a forzar y fracturar las puertas de ingreso, sacando los bienes de las instituciones antes mencionadas, quemándolas en el frontis de dichas entidades; mientras que otros manifestantes causaban daños y saqueaban las instalaciones de la SUNAT y la ONG SOLARIS, aprovechando el desconcierto, zozobra 17
y temor de las personas, habiéndose producido tales hechos entre horas
16:15 a 17:00 aproximadamente. - Continuando con los desmanes a horas 17:20 aproximadamente, los
manifestantes acometieron las oficinas del Ministerio Público ubicado en el Jirón Teodoro Valcárcel N° 118 , arrojando objetos contundentes ocasionando la rotura de vidrios que colindan con la parte exterior de dicha instalación, a fin de amedrentar y/o intimidar a los funcionarios de dicha institución, a que desistan de una posible participación investigadora sobre los hechos que se estaban suscitando. - En tales circunstancias, otro grupo de manifestantes -naturales de la
localidad de Juli-, partió desde el Campo deportivo de Chanu Chanu por la Avenida Ejército, donde lanzaron piedras hacia los vidrios de las ventanas, causando roturas de vidrios y otros daños materiales a las instalaciones del Ministerio Público ubicado en la avenida Laykakota N° 339, a las 16:00 horas aproximadamente; siguiendo su recorrido a la Plaza de Armas de Puno y luego a las 17.20 horas a las instalaciones de la Gobernación de Puno, ubicado en la intersección de los jirones Ricardo Palma y Tacna; y a las 18:00 horas, la Contraloría General de
la República-Oficina Regional Puno, ubicada en el Jirón Arequipa N° 1052-1054, en donde en forma simultánea, se instalaron grupos de contención en las calles de acceso a las instituciones atacadas, así mismo, piquetes de huelguistas que se encargaban de amenazar a los transeúntes para que se retiren de las inmediaciones del lugar, premunidos de objetos contundentes como fierros, palos, zurriagos, hondas y con visibles signos de ebriedad agredían a las personas, restringiendo el paso por las inmediaciones y procediendo a violentar las puertas, sacando los bienes, enseres, documentación, equipos de cómputo y otros, que fueron incendiados en el frontis de los locales de dichas entidades.
2.2.1. CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL 2.2.1.1.
CONFLICTO
Según el Diccionario ABC tu diccionario hecho fácil, señala como conflicto: “Una situación que implica un problema, una dificultad y puede suscitar 18
posteriores enfrentamientos, generalmente, entre dos partes o pueden ser más también, cuyos intereses, valores y pensamientos observan posiciones absolutamente disimiles y contrapuestos”.
A partir de la definición de conflicto social, propuesta por la Defensoría del Pueblo (2015), como un “Proceso complejo en el que grupos sociales, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores, creencias son incompatibles o contradictorios, y esa contradicción puede derivar en violencia”.
2.2.1.2.
CONFLICTO SOCIAMBIENTAL
Es aquel que gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos, estando presentes, además, elementos sociales, políticos, económicos y culturales. A su vez, los conflictos socioambientales se subdividen por la actividad presente en el problema, que puede ser minera, hidrocarburífera, energética, forestal, agroindustrial, sobre residuos y saneamiento y otros.
2.2.1.3.
ESTADOS DEL CONFLICTO SOCIAL
Es importante reconocer características de un conflicto, aunque según la Defensoría del Pueblo (2012) resalta la relevancia de los estados que se refieren al momento en general del conflicto, pero para precisar el conflicto analizaremos los estados de un conflicto.
2.2.1.3.1. ESTADO ACTIVO DEL CONFLICTO SOCIAL EL AYMARAZO - Se manifiesta públicamente por acción de una de las partes, en el
presente caso las protestas de la población Aymara se presentaron con anterioridad no fueron de un momento improvisado, este conflicto estaba activo desde años atrás, el gobierno nunca le tomo la importancia debida. - Se dieron demandas en las que se sentía una posición determinada
(amenazante o dañina), la población se sentía que estaban destrozando su habitad que le estaban quitando su territorio, su cultura. -
Existían manifestaciones de protesta o declaraciones en los medios o de comunicaciones más formales (procedimientos regulados por las normas
19
y ante autoridades competentes), acciones que no fueron tomadas en cuenta por el Estado.
2.2.1.3.2. ESTADO LATENTE - El problema ha sido percibido y se ha identificado a los actores en
controversia de una parte la población que exigía que se respete sus derechos sobre el territorio y el respeto a su cultura y el Estado que otorgo las concesiones mineras. -
Puede que el conflicto aún no se ha manifestado públicamente en medios de comunicación del estado, esto debido a que estos problemas no son tomados en cuenta por la prensa nacional.
2.2.1.3.3. ESTADO RESUELTO - En el presente caso no se llega a una solución acordada, no hay
satisfacción de los actores. -
2.3.
Hay posibilidad de que el conflicto se retorne.
PROTECCION NORMATIVA DEL TERRITORIO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
2.3.1. LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Mediante Resolución Nº A/RES/61/295, durante el 61º periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en adelante DNUDPI, en setiembre del 2007. Este instrumento, a diferencia del Convenio 169 de la OIT, no es vinculante sino un compromiso para los Estados partes, en el marco de eliminación de la discriminación a los indígenas. Los artículos pertinentes al Derecho de propiedad sobre los territorios de los pueblos indígenas están recogidos en la DNUDPI en los artículos 25, 26, 27 y 28. Así, el artículo 25 nos dice que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u 20
ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras”. Como podremos reparar, el
espíritu de este artículo permite comprender la dimensión del derecho, señalando su implicancia del derecho sobre las tierras y territorios de los pueblos indígenas en su dimensión colectiva que implica lugares de culto, aguas (ríos, lagos, manantiales, etc.), mares y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado. Artículo 26. (…). 3. El Estado asumirá el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. “En este sentido el artículo 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas estipula que al brindar el reconocimiento y protección jurídicos a las tierras, los territorios y los recursos de los pueblos indígenas, los Estados lo harán respetando debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. En consecuencia, la identificación de dichas tierras, territorios y recursos y la determinación del alcance de los derechos inherentes a tales tierras y recursos, no puede basarse únicamente en conceptos y tradiciones jurídicos a los que el estado ha adherido, que con frecuencia entran en conflicto directo con aquellos de los pueblos indígenas”, la interpretación que se le da a este artículo
respecto del deber del Estado de hacer respetar las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencias de tierras de los pueblos indígenas, comprende, desde mi punto de vista, un deber de garantizar no sólo por instrumentos legislativos como a veces podríamos pensar, sino que este deber también podría lograrse por la vía jurisdiccional, en particular, para el objeto de éste trabajo, por la vía Civil. De hecho, al menos en nuestro país, Perú, la exigencia de estos derechos se ha venido tramitando con particular énfasis en la vía Constitucional así como en la penal, relacionado a actos de violación del derecho de propiedad territorial y en la vía penal, del ejercicio jurisdiccional de los pueblos indígenas que también está relacionado con el derecho de propiedad sobre los territorios indígenas, mientras que en la vía civil es nula, esto se deba, probablemente, a la falta de conocimiento y estudio de las normas que favorecen a los pueblos indígenas por los operadores del derecho civil. 21
De todos modos, cual fuere la situación de aplicabilidad, la DNUDPI es un instrumento que refuerza el derecho de propiedad reconocido en el Convenio 169 de la OIT, vinculante para los Estados partes. Y como veremos más adelante, será materia de fundamentación jurídica para las recientes sentencias tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica como el de las jurisdicciones nacionales de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.
2.3.2. LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos con sede en San José de Costa Rica, en sendas sentencias ha venido ratificando la jurisprudencia predominante de reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva sobre las Tierras – Territorios de los pueblos indígenas que tradicionalmente vienen ocupando. Esta Corte, para justificar jurídicamente el derecho a la propiedad sobre los territorios que los pueblos indígenas tradicionalmente ocupan, se ha basado en los artículos XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar. Artículo de la Convención Americana Derechos Humanos. 1. Toda21 persona tiene derecho al uso y sobre goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre los “Derechos de los pueb los indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales del 2010”, recoge la afirmación de la Corte que establece 22
como criterio de interpretación que, “el artículo 21 de la Convención Americana
reconoce el derecho de propiedad de los pueblos indígenas en el marco de la propiedad comunal”; y que el derecho a la propiedad bajo el artículo XXIII de la Declaración Americana “debe ser interpretado y aplicado en el contexto de las
comunidades indígenas con la debida consideración por los principios que se relacionan con la protección de las formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural y de los derechos a la tierra, los territorios y los recursos”.
La Corte Interamericana reconoce “que tanto la propiedad privada de los
particulares como la propiedad comunitaria de los miembros de las comunidades indígenas tienen la protección convencional que les otorga el artículo 21 de la Convención Americana.”Según la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, este reconocimiento por la Corte, derivan del deber de no discriminación establecido en la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los derechos a la igualdad ante la ley, a la igualdad de trato y a la no discriminación implican que los Estados deben establecer los mecanismos legales necesarios para aclarar y proteger el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales, al igual que se protegen los derechos de propiedad en general bajo el sistema jurídico doméstico”. En cuanto al respeto por el Estado del derecho a la tierra – territorio de los pueblos indígenas “la Comisión Inte ramericana de Derechos Humanos (en
adelante CIDH) ha sostenido que el respeto por los derechos colectivos a la propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios ancestrales es una obligación de los Estados Miembros de la OEA; el incumplimiento de esta obligación compromete la responsabilidad internacional de los Estados”. Como podemo s observar en este párrafo, la CIDH, sostiene que
los estados miembros de la OEA, respeten el derecho a la tierra y territorio de los pueblos indígenas, lo que podría significar sin mayores problemas, en caso de que el Estado-Legislativo o Ejecutivo, no emita normativa que la regule, el Estado-Judicial podría resolver, vía sentencia, el reconocimiento del derecho y
23
ordenar a la entidad correspondiente para la inscripción respectiva en los registros.
¿Y cuál es el fundamento del derecho a la propiedad territorial de los pueblos indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Para la Corte Interamericana, el fundamento no está en el reconocimiento oficial del Estado, sino, como ya hicimos hincapié cuando explicamos los artículos pertinentes del Convenio 169 de la OIT, en “el uso y la posesión tradicionales de las tierras y recursos”, “les pertenecen por su uso y ocupación ancestral”, a su vez, se fundamenta el derecho a la propiedad comunal indígena “en las culturas
jurídicas indígenas, y en sus sistemas ancestrales de propiedad, con independencia del reconocimiento estatal; el srcen de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales se encuentra también, por ende, en el sistema consuetudinario de tenencia de la tierra que ha existido tradicionalmente entre las comunidades”.
El informe de la CIDH, en su párrafo 69, es aún más explícito en cuanto al Derecho al Territorio de los pueblos indígenas y al otorgamiento de títulos por el Estado. Nos dice: “dado que el fundamento de la propiedad territorial es el uso y
ocupación históricos que han dado lugar a sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales “existen aún sin actos estatales que los precisen”, o sin un título fo rmal de propiedad. Las acciones de reconocimiento oficial “deben ser consideradas no como meras transferencias sino como procesos de “otorgamiento de prueba para que las comunidades pudiesen acreditar su dominio anterior”, y no como el
otorgamiento de nuevos derechos. Precisamente, la Corte interamericana, en la sentencia - Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, del 29 de marzo del 2006, en su párrafo 128 “concluye que: 1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro; 3) los miembros de los pueblos indígenas que 24
por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe; y 4) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y estas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad. Consecuentemente la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indígenas”.
2.3.3. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ. Como no podía ser de otra manera, nuestro Tribunal Constitucional hace suya los criterios jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de Derechos de Pueblos Indígenas, en particular en cuanto al Derecho de Propiedad territorial, así lo ha expresado el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 01126-2011-HC/TC, de fecha 11 de setiembre del 2012, considerando 21, “Pero esta visión civilista de la propiedad debe ser
recompuesta desde una mirada multicultural, esto es, tomando en cuenta aspectos culturales propios para el caso de los pueblos indígenas. Así, este Tribunal ya ha establecido en anteriores sentencias la relevancia que las tierras tienen para los pueblos indígenas. En efecto, en la STC 0022-2009-PI/TC, este colegiado recogió e hizo suyos los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yakye Axa vs Paraguay. Específicamente en lo concerniente al vínculo espiritual de las comunidades para con sus territorios. (…)”. O sea, en los casos que implique el Derecho de
Propiedad de territorios indígenas, el Tribunal Constitucional Peruano, no sólo deberá tener en cuenta, desde el ámbito del Derecho Civil los cuatro atributos del derecho de propiedad que son el usar, disfrutar, disponer y reivindicar, sino que además se deberá considerar el criterio cultural, esa relación especial que los pueblos indígenas tienen con sus territorios. Vale la pena recoger el esclarecimiento que el Tribunal Constitucional hace en cuanto a la interrelación de los términos “tierra” y “territorio” qu e tanto el Convenio 25
169 de la OIT y la DNUDPI utiliza como conceptos que se implican, en cuanto a derecho de pueblos indígenas; el TC peruano nos dice “La diferencia entre el
concepto tierra y territorio radica en que el primero se encuentra dentro de una dimensión civil o patrimonial, mientras que el segundo tiene una vocación política de autogobierno y autonomía. Así, esta dimensión política del término territorio se ajusta a la realidad de los pueblos indígenas, que descienden de las poblaciones que habitan lo que ahora es el territorio de la República del Perú. Pero que, no obstante, luego de haber sido víctimas de conquistas y colonizaciones, mantienen sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o partes de ellas”.
Si bien es cierto que nuestra Constitución Política de 1993 recoge en diversos artículos el derecho de Propiedad [artículo 2.8; 2.16; artículo 70] las que concretamente explicitan el Derecho a la Propiedad Comunal Campesina y Nativa son los artículos 88º y 89º de la Carta Magna, por supuesto, el mismo Tribunal Constitucional ha manifestado que “Estos derechos de los pueblos
indígenas no son ajenos a nuestra Constitución, cuyo artículo 88 precisa que el Estado garantiza “el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma priv ada o
comunal o en cualquiera otra forma asociativa”. Así mismo, el artículo 89 de la misma Ley Fundamental establece que “Las Comunidades Campesinas y las Nativas (…) son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el
uso y la libre disposición de sus tierras (…). La propiedad de sus tierras es imprescriptible”.
Es oportuno insistir en el desarrollo y fortalecimiento de esta posición jurisprudencial del TC en cuanto al Derecho de Propiedad territorial de los Pueblos Indígenas, con el fin de esclarecer cualquier duda en cuanto a la legitimidad que tienen los pueblos indígenas como titulares del derecho de propiedad sobre sus territorios, puesto que es conocida estrategia de las empresas y entidades estatales peruanas argüir que “los pueblos in dígenas no
cuentan con el título de propiedad sobre los territorios que reclaman, por lo tanto no son titulares de ningún derecho” y estos pueblos, por desconocimiento de sus
derechos son objeto de atropellos.
26
Dicho esto, ya para concluir y respondernos a la pregunta implícita en cuanto a la necesidad de contar, o no, con un título “formal” de propiedad sobre los
territorios de los pueblos indígenas, el TC recoge lo establecido por la Corte IDH y sentencia “Desde luego, el carácter especial y, al mismo tie mpo, relacional del
derecho a la propiedad comunal, acarrea determinadas consecuencias. En ese sentido, como ha indicado la Corte Interamericana, la posesión tradicional resulta equivalente al título de pleno dominio otorgado por el Estado, por lo que los indígenas tienen el derecho a exigir el reconocimiento oficial de su propiedad y su registro. (…)”.
Hasta aquí nos hemos permitido sustentar la titularidad del derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, lo que sin duda es amparable jurídicamente, siendo prescindible para tal fin el reconocimiento oficial por el Estado mediante un documento formal, bastando la demostración del uso y posesión tradicional sobre las tierras y territorios, requisito que podría ser sustentado por pericias antropológicas que demuestre su preexistencia al Estado. En seguida, después de hacer un breve comentario a la fundamentación jurídica que ampara las sentencias del TC, proseguiremos con una breve introducción al derecho a vivir en un ambiente sano de los pueblos indígenas, sujetos de nuestra investigación, las comunidades afectadas por la contaminación que generan las Empresas mineras por ende estas deberían ser consultadas antes de otorgar en concesión sus territorios, debido a que muchos de estos son titulares del derecho a la tierra y al territorio, tienen derecho a la debida compensación e indemnización por los daños causados por la contaminación ambiental. Pueda que resulte innecesaria hacer mención a los fundamentos jurídicos en las que se basa el TC para justificar la aplicación de la normativa y jurisprudencia internacional para resolver los reclamos legítimos de los pueblos indígenas, sin embargo creo que es oportuno hacer, al menos, una breve referencia, más cuando la regulación interna en materia de Derecho de Pueblos Indígenas esta poco desarrollada y en particular en el ámbito Civil.
27
El Tribunal Constitucional en la Sentencia de fecha 19 de febrero del 2009, en su fundamento 31 sustenta que “…nuestro sistema de fuentes normativas
reconoce que los tratados de derechos humanos sirven para interpretar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Por tanto, tales tratados constituyen parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y libertades”...
Asimismo,
este
Tribunal
ha
afirmado
que
los
“tratados
internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino que, además, ostentan rango constitucional”... De tal manera, habiéndose aprobado el Convenio N.° 169 mediante Resolución Legislativa N.° 26253, publicada el 5 de diciembre de 1993, su contenido pasa a ser parte del Derecho nacional, tal como lo explicita el artículo 55 de la Constitución, siendo además obligatoria su aplicación por todas las entidades estatales. Por consiguiente, en virtud del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el tratado internacional viene a complementar normativa e interpretativamente las cláusulas constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes”. Este mismo Tribunal, en cuanto a la
vinculatoriedad o no de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas nos dice “la DNUDPI, será considerada por
este Tribunal en su calidad de norma de carácter de soft law,sin que se genere una obligación convencional por parte del Estado peruano”. Con ello queda asentado que si bien, este instrumento jurídico, no es vinculante para los Estados, tiene carácter de norma de referencia.
Por supuesto la obligatoriedad de aplicar los Tratados Internacionales viene impuesto por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en sus artículos 26 y 27, Convención que fue ratificado por el Estado peruano el 14 de diciembre del año 2000 mediante Decreto Supremo Nº 029-2000-RE. En cuanto a la vinculatoriedad de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado peruano, nos debemos a la membresía de la Organización de los Estados Americanos.
28
2.4.
DERECHO FUNDAMENTAL A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO
2.4.1. MEDIO AMBIENTE Según el Diccionario de uso Español (1994), La palabra Medio ambiente procede del latín médium (forma neutral); como adjetivo del latín medius ambientis, y esta de ambere “rodear”, (estar a ambos lados) que se aplica a
cualquier flujo que rodea a un cuerpo.
2.4.1.1.
TEORIAS DEL TERMINO AMBIENTE:
Sobre este particular cabe mencionar que en nuestro marco normativo el concepto de MEDIO AMBIENTE resulta ser un concepto jurídico indeterminado, teniendo este una naturaleza dinámica, según la doctrina este concepto tiene dos vertientes muy definidas. La primera vinculada a una concepción estricta y la segunda a una concepción amplia (Lamadrid, 2011. p. 77). Ambas tendencias resultan ser de importancia para el análisis del concepto: -
Teoría muy estricta (elementos naturales: agua y aire)
-
Teoría estricta (elementos naturales: agua, aire y suelo)
- Teoría amplia (elementos naturales y culturales: agua, aire, suelo,
subsuelo, paisaje, flora, fauna, patrimonio histórico, artístico, monumental y centros históricos) -
Teoría muy amplia (elementos naturales y culturales, urbanos y sociales: agua, aire, suelo, subsuelo, paisaje, flora, fauna, patrimonio histórico, artístico, monumental y centros históricos, ordenación del territorio,
relaciones de intercambio entre la sociedad y la naturaleza) 2.4.1.2. DERECHO A UNA MEDIO AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO EN
LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Primeramente, encontramos la Declaración de Estocolmo de 1972 que surgió en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En ella por primera vez se habló del derecho a un medio ambiente sano como un derecho de la humanidad y también se estableció la obligación de los Estados de no generar daño a otro Estado. Sin embargo, es necesario tener claro que este instrumento internacional no tiene efectos vinculantes para los Estados 29
precisamente por su carácter declarativo. Las principales recomendaciones que en este instrumento se concibieron se refirieron al agua y al manejo del agua ya que es un recurso indispensable para el desarrollo y supervivencia de la humanidad. También encontramos la Declaración de Río de Janeiro (1992), la cual tampoco tiene efectos vinculantes, precisamente por su carácter declarativo. Es el primer instrumento que logró unir el tema del derecho a un medio ambiente sano con el concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible hace referencia a la búsqueda de un equilibrio armónico entre el desarrollo económico y el gasto de la oferta ambiental en que se sustenta, con el objetivo de guardar y proteger los recursos naturales para las generaciones futuras. En el año 2012 a 20 años de la Declaración de Río, los Estados se reunieron nuevamente para reafirmar los principios de las declaraciones antes citadas. Sin embargo, a pesar de los compromisos asumidos por los Estados, todavía no se ha adoptado a nivel universal un tratado convencional que reconozca al derecho a gozar de un ambiente adecuado para la vida. Al respecto, es necesario mencionar que el primer informe del experto John H. Knox “(…) ningún acuerdo mundial establece un derecho explícito a un medio ambiente saludable” (KNOX, 2012), habiendo optado los órganos de derechos
humanos de las Naciones Unidas por enfatizar la relación de los Derechos Humanos existentes con el Medio Ambiente. De ahí, que se han identificado dos conjuntos de derechos estrechamente vinculados al medio ambiente: a) los derechos cuyo disfrute es particularmente vulnerable a la degradación del medio ambiente y b) los derechos cuyo ejercicio respalda una mejor formulación de políticas ambientales. En consecuencia, a nivel universal podemos identificar como atributos del derecho materia de nuestro estudio: a) El ambiente natural o artificial de calidad. b) Este ambiente debe permitir una vida saludable y digna, c) Un medio ambiente cada vez mejor y
30
d) Requiere que se prevenga y reduzca la exposición de la población a sustancias tóxicas.
2.4.1.3.
DERECHO A UNA MEDIO AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN VIGENTE
Luego de haber señalado los principales atributos que caracterizan al derecho a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado al desarrollo de la vida en el ámbito universal e interamericano, conviene precisar si nuestro ordenamiento jurídico reconoce también estos atributos, ampliándolos o restringiéndolos, para así, verificar si promueve un mayor o menor grado de protección de este derecho a nivel nacional. En nuestro país, siguiendo lo proclamado en la Conferencia de Estocolmo, la Constitución Política de 1979 reconoce que “todos tienen el derecho de habitar en ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza”, así como el deber de conservar dicho ambiente. Además, que el
Estado está obligado a prevenir y controlar la contaminación ambiental (artículo 123). En esa misma línea, mediante Decreto Legislativo N° 613, se aprobó el Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (CMARN), publicado el 08 de setiembre de 1990 (actualmente derogado), en el artículo I de su Título Preliminar, reconoce expresamente el derecho a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, el cual es irrenunciable y que la obligación del Estado citada deviene de la obligación de mantener la calidad de vida de las personas compatible con la dignidad humana. Dicha norma también reconocía el derecho de toda persona a ser informada de aquellas medidas y actividades que puedan afectar la salud de las personas o al ambiente (artículo VI). Posteriormente, la Constitución Política de 1993 también reconoce que toda persona tiene el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (artículo 2 inciso 22); reconociendo, en calidad de derecho fundamental, el atributo subjetivo de “gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo” de la vida de la persona. Esto quiere decir que, es el 31
derecho fundamental a la protección de la calidad de nuestro entorno o ambiente para beneficio de nosotros mismos y de manera indirecto para beneficio de otras especies. Como lo mencionáramos anteriormente, este es un derecho de tercera generación, debido a que busca preservar la integridad de la sociedad humana, resulta oponible al Estado y exigible a él, pero que requiere el concurso de todos los actores sociales para su cumplimiento efectivo (Caro, 1999, p. 69). Además, de lo mencionado en esta Constitución se establece que el Estado se encuentra obligado a determinar la política nacional del ambiente, promoviendo el uso sostenible de sus recursos naturales (artículo 67). Sin embargo, a diferencia del anterior texto constitucional, no se hace referencia expresa a que el ambiente debe ser saludable y a la obligación del Estado de prevenir y controlar la contaminación ambiental. Luego se promulgó la Ley N° 28611(Ley General del Ambiente), publicada el 15 de octubre de 2005, que derogó el Decreto Legislativo N° 613 (Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales). En su primer artículo del Título Preliminar reconoce el derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente con sus componentes, “(…)
asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, (…), el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país”. Es decir, la citada norma pone un especial énfasis
en la salud humana como uno de los fines de la protección ambiental. Hasta aquí, tenemos que la Constitución Política de 1993 consagra el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida sin hacer alusión a la salud humana, omitiendo identificar como obligaciones inherentes a este derecho la prevención y control de la contaminación ambiental, a diferencia de su antecesora. Sin embargo, la Ley General del Ambiente al señalar que este ambiente debe asegurar la salud de las personas y reconocer, entre los principios ambientales el de prevención.
32
2.4.2. AFECTACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO Para desarrollar este derecho a profundidad haremos un análisis de nuestra Constitución, el desarrollo jurisprudencial y doctrina de las normas que amparan este derecho. Primeramente, haremos mención a la Constitución Política de 1993 que establece entre los derechos fundamentales enumerados en su artículo 2, uno que constituye materia de éste trabajo. Aparece en su numeral 22: “Artículo 2.-
Toda persona tiene derecho: (…).
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. (…)”.
Nuestra Constitución como norma fundamental del ordenamiento jurídico peruano es el instrumento jurídico y social que convierte a una colectividad desorganizada en una colectividad jurídicamente institucionalizada (Arce, 2013, p. 120), debido a eso es necesario empezar analizar la variable haciendo un llamado a la Constitución en el Título I, Capítulo I, referido a los derechos fundamentales, el cual tiene como propósito el incluir el derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente sano como un derecho fundamental de la persona. Para el adecuado análisis de este derecho es necesario delimitar, principalmente, su contenido. Sin antes primero analizar previamente el significado de “medio ambiente”, pues es un concepto que es esencial al
contenido mismo del derecho en cuestión.
Estando de acuerdo con Alejandro Lamarid Ubillus (2011) con la clasificación dada al término Medio Ambiente nosotros adoptaremos la teoría amplia para la presente investigación. Desde la perspectiva constitucional, y a efectos de su protección, se hace referencia, de modo general, al medio ambiente como el lugar donde el hombre y los seres vivos se desenvuelven, En dicha definición se incluye “(...) espacios naturales y recursos que forman
33
parte de la naturaleza: aire, agua, suelo, flora, fauna, como el entorno urbano”. (p. 77)
Con fecha 01 de abril del 2005, el Tribunal Constitucional dictó sentencia en el caso REGALÍAS MINERAS. En el segundo párrafo de su fundamento 17, se lee que: “Desde una perspectiva constitucional, y a efectos de su protección, se hace referencia, de modo general, al medio ambiente como el lugar donde el hombre y los seres vivos se desenvuelven. En dicha definición se incluye (…) tanto el entorno globalmente considerado, espacios naturales y recursos que forman parte de la naturaleza: aire, agua, suelo, flora, fauna, como el entorno humano; además, el medio ambiente, así entendido, implica las interrelaciones que entre ellos se producen: clima, paisaje, ecosistema, entre otros.”
Aquí se trata de una conceptualización que incluye un gran universo de objetos, abarcando la totalidad del entorno de la naturaleza y del entorno humano. Por nuestra parte, consideramos que el medio ambiente puede ser entendido como un conjunto de muchas partes o como un todo sistemáticamente organizado. -
Desde la primera óptica, se puede decir que al medio ambiente: “(…) lo
integran diversos elementos. La mayor parte son físicos: la tierra, suelo, atmósfera y el espacio ultraterreno, las aguas, la flora, la fauna, las minas; los recursos naturales, en suma. Otros elementos son inmateriales (el ruido por ejemplo) o, de creación humana. Estos últimos derivan de la transformación de aquellos (producción industrial, agrícola, forestal, etc.) o consisten en fenómenos sociológicos (aglomeraciones urbanas, etc.). -
Finalmente, desde el segundo punto de vista, podemos considerar que: “El ambiente debe ser entendido como un sistema, vale decir, como un
conjunto de elementos que interactúan entre sí, pero con la precisión de que estas interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades globales, no inherentes a los elementos aislados que constituyen el sistema.”
Ahora que ya tenemos en claro el concepto de medio ambiente, nos vamos a referir al análisis del derecho en sí mismo.
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Este derecho ha sido desarrollado de forma precisa, por el Tribunal Constitucional a través de la sentencia recaída en el expediente N°048-2004 PI/TC, de fecha 01 de abril de 2005, donde señala: “Nuestra Constitución ha elevado al nivel de fundamental dicho derecho; siendo ello así, el E s tado tiene el deber de efectivizar su plena vigencia, así como prever los mecanismos de su garantía y defensa en caso de transgresión (F.J.17).”
Al haber sido elevado al nivel de fundamental el mencionado derecho, el Estado tienen que ayudar al cumplimiento debido de este derecho. Esto es que el Estado tiene el deber de efectivizar su plena vigencia, así como prever los mecanismos de su garantía y defensa en caso de transgresión. Una vez resuelto la naturaleza de este derecho en nuestro país, ahora analizaremos el contenido de este Derecho Fundamental, el cual es desarrollado por el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia recaída en el expediente N°00470-2013 PI/TC, de fecha 08 del mes de mayo del 2013, señalando que: “(…) el contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona está determinado por el derecho a gozar de ese medio ambiente y el derecho a que ese medio ambient e se preserve” (FJ 12).
Elementos que analizaremos detalladamente a continuación:
2.4.3. EL DERECHO A GOZAR DEL MEDIO AMBIENTE Según el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia recaída en el expediente N°00470-2013 PI/TC, de fecha 08 del mes de mayo del 2013, señala que: “(…) el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que s us elementos s e des arr ollan e interr elaci onan de manera natural y armóni ca; y, en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente”.
Esto que nos trata de explicar que el disfrute no tiene que ser cualquier entorno, sino este debe ser el adecuado para el desarrollo de la persona y de su 35
dignidad. La dignidad humana aquella que es entendida como principio, como derecho, como razón de ser del Derecho, aquella que se funda en la persona misma, creando la obligación de la sociedad y del Estado de defenderla y respetarla. Aquella que se menciona en el Artículo 1 de nuestra actual Constitución Peruana. “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. De lo contrario, su goce
se vería frustrado. Esto expresado también en la sentencia recaída en el expediente N°0482004 PI/TC, de fecha 01 de abril de 2005, que dice lo siguiente: “No de cualquier entorno, s ino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de cont enido” (FJ 17; 5to párrafo).
Asimismo, la sentencia recaída en el expediente N°03448-2005-PA/TC, 1 de julio del 2005 FJ. 03, establece que: “(…) Esto supone, por tanto, el disfrute de un entorno que pueda ser catalogado como adecuado para el des arrollo de la pers ona. De este modo, no se trata de cualquier entorno, pues afirmar lo contrario afectaría el goce del derecho de gozar de un medio ambiente sano y equilibrado”.
2.4.4. DERECHO A QUE EL MEDIO AMBIENTE SE PRESERVE El tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 03448-2005-AA, FJ 3., señala que: “De otro lado, el derecho a que el medio ambiente se preserve entraña oblig aciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute (…)”.
Menciona también en la sentencia recaída en el expediente N° 3510-2003AA/TC, del 29 de junio del 2005: “El Tribunal Constitucional señala que, si bien es cierto que el Estado no puede garantizar a los seres humanos que su existencia se desarrolle en un ambiente sano; estos sí pueden exigir que el
Estado adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo hagan posible, añadiendo que esta labor es 36
es pecialmente importante para el g oce de dic ho derecho (FJ 2.).”
La desidia de las entidades del Estado en su labor de adoptar medidas de prevención ante la contaminación otorga concesiones sin tener la cautela respectiva y haciendo caso omiso de los tratados internacionales y vulnerando derechos fundamentales. En el caso de la Constitución de 1993, el artículo 44º establece como una obligación del Estado peruano “garantizar los derechos humanos”. Se trata de
una mención general, ubicada en un artículo de una sección del texto constitucional que se revisa poco. Expresión que usa la propia Constitución, como defender la soberanía nacional, proteger a la población de las amenazas a su seguridad, y promover el bienestar general. En el caso de la Constitución de 1993, el artículo 44 establece como una obligación del Estado p eruano “garantizar los derechos humanos”. Se trata de una mención general, ubicada en un artículo de una sección del texto constitucional que se revisa poco. Además, aparece mencionada junto con otros “deberes primordiales del Estado”, expresión que usa la propia Constitución,
como defender la soberanía nacional, proteger a la población de las amenazas a su seguridad y promover el bienestar general. En el caso de las normas internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 1, inciso 1, y en el artículo 2, las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos en general. También en la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 03448-2005-AA, (FJ 4) señala que: “(…) tal obligación alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente (…)”.
2.4.5. DERECHO DE LAS FUTURAS GENERACIONES Según Jorge Herrero y Willy Pineda (2011) nos señala: “El derecho al Medio Ambiente sano reconoce, tácitamente, los
derechos de las generaciones futuras, los llamados Derechos 37
intergeneracionales; así, por ejemplo, los Derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales no podrán ser ejercitados en un mundo donde la irresponsabilidad haya dañado e incluso destruido el medio ambiente” (p.109).
De esta forma el aprovechamiento del medio ambiente y de sus recursos debe efectuarse y planificarse bajo el enfoque del “Desarrollo Sostenible”. Para
un mejor entendimiento el Informe del Banco Mundial de 1992 afirma que: “Desarrollo es mejorar el nivel de bienestar de las personas. Elevar el nivel de vida y mejorar la educación, la salud y la igualdad de oportunidades son componentes esenciales del desarrollo económico. Garantizar los derechos políticos y civiles es una meta de desarrollo en sentido más amplio. El crecimiento económico es un medio esencial para que pueda haber desarrollo económico. Garantizar los derechos políticos y civiles es meta de desarrollo en sentido más amplio. El crecimiento económico es un medio esencial para que pueda haber desarrollo, pero en sí mismo es un indicador sumamente imperfecto del progreso”.
Si bien el termino desarrollo implica consigo un avance, una mejora en la calidad de vida, ya sea en lo personal, económico, humano y social, esto acarrea una responsabilidad la cual es no dejar de lado el pensar en el bienestar social, esto es tener en cuenta el manejo adecuado del entorno natural que nos ayuda a satisfacer las necesidades básicas de las mayorías sociales en lugar de responder a los intereses de los grupos dominantes y es ahí que nace el término “Desarrollo sostenible”.
Termino definido en el informe Bruntland realizado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, de fecha 4 de agosto de 1987, que definió: “(…) el desarrollo sostenible como aquel proceso en donde se asegura la satisfacción de las necesidades humanas del presente sin que se ponga en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades y que, por ende, involucre la utilización de recursos, la dirección de las inversiones y la orientación de los cambios tecnológicos e institucionales que acrecienten el potencial actual y futuro de los recursos naturales en aras de atender las necesidades y aspiraciones humanas(…)”.
La definición de desarrollo sostenible que hemos venido analizando, tienen como uno de sus elementos centrales la satisfacción de las necesidades humanas presente y futuras, estando estas referidas justamente a las 38
condiciones ambientales, económicas y sociales; garantizando estas la equidad, salubridad y dignidad ya sea este en un presente y en un futuro, esto necesariamente desarrollado con una adecuada planeación, estrategia y limitaciones o restricciones que garanticen los derechos de las generaciones de la generaciones futuras, llegando este a ser considerado como un sujeto de derecho. Para tener en claro el término “futura Generación”, Es necesario hacer un
hincapié en el término “generación”, esto considerada como: “conjuntos indefinidos de individuos que nacen en un período similar de años (aproximadamente entre diez y treinta años de tiempo son suficientes para marcar una generación) y que comparten elementos culturales, morales o de creencias que han marcado sus vidas”.
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CONCLUSIONES 1. Se ha explicado el caso Aymarazo – Puno y se comprobó que se srcinó como consecuencia de la vulneración del derecho fundamental a gozar de un medio ambiente sano. 2. Existe un Marco normativo del derecho fundamental que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 3. Se viene afectando el Derecho fundamental que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, debido a las concesiones desmedidas que otorga el Gobierno Nacional en territorios de los pueblos indigenas, y en un futuro se va privar de una adecuada condición ambiental a las futuras generaciones. 4. Existe el suficiente marco normativo, en materia ambiental, para la protección de los territorios de los pueblos indígenas; sin embargo, a pesar de ello, hasta la fecha el gobierno no implantas acciones para el control de estas, tampoco eleva los ECAs ó EIAs. 5. Las comunidades indígenas afectadas por la Concesión minera, no respetando su Propiedad sobre esos territorios y sus recursos, por el uso y la posesión tradicional, independientemente de que tal derecho hubiera sido reconocido por el Estado. 6. Esta propiedad está constituida básicamente por el medio ambiente en su estado natural compuesto por el suelo, el agua, el aire, la capa de ozono, el clima, los animales, las plantas y otros organismos vivos, así como las interacciones entre ellos (bienes ecológicos), el medio ambiente puro, con los que ha convivido el hombre indígena y subsiste de ella. En definitiva, este “medio ambiente puro” que circunscribe las tierras y territorio de los
pueblos indígenas es su principal patrimonio jurídicamente tutelado.
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