Político Elecciones de 1990, Vargas Llosa, quien formó el Frente Democrático (Fredemo). Candidato oficialista del Partido Aprista y ex ministro de economía, Luis Alva Castro. Sin embargo, a pocas semanas para las elecciones, surgió un total desconocido en política, llamado Alberto Fujimori, quien logró forzar una segunda vuelta electoral el 10 de junio de 1990 derrotando a Vargas Llosa.
Económico La violencia política involucró a las universidades estatales, donde primero Sendero Luminoso y luego el MRTA se concentraron en captar cuadros entre estudiantes y docentes. Durante 1991 las Fuerzas Armadas ingresaron a las universidades nacionales estableciendo bases de control militar, primero de facto y luego amparados en una modificación a la Ley Universitaria efectuada por el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. Durante 1991 las Fuerzas Armadas ingresaron a las universidades nacionales estableciendo bases de control militar, primero de facto y luego amparados en una modificación a la Ley Universitaria efectuada por el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori
Entendemos por violencia social un estado en el cual el comportamiento de los individuos y grupos sociales lleva al uso de la fuerza destructiva como solución para los conflictos económicos, sociales y políticos Factor económico; : la pobreza y la desigualdad distributiva, el 60 % de la población se encontraba por debajo de la línea de la pobreza, 30 % por debajo de la línea de la indigencia.
Es una organización terrorista de tendencia ideológica marxista, leninista y maoísta originada en el Perú.1 La meta de Sendero Luminoso es reemplazar las instituciones peruanas, que consideran burguesas, por un régimen revolucionario campesino comunista, presumiblemente iniciándose a través del concepto maoísta de la Nueva Democracia. En 1980, desató el conflicto armado interno del cual participó como principal agente hasta la captura de su líder, Abimael Guzmán Reynoso en 1992, tras lo cual sólo ha tenido actuaciones esporádicas. La ideología y tácticas de Sendero Luminoso han tenido influencia sobre grupos insurgentes de corte maoísta como el Partido Comunista de Nepal y organizaciones afiliadas al Movimiento Revolucionario Internacional.
Se implementó una estrategia de lucha clandestina contra la subversión. De acuerdo a esta misma fuente, en el año 1991 se dispuso de agentes de inteligencia operativa (AIO) pertenecientes al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) para formar un comando dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército Peruano (DINTE), que después se conoció como el Destacamento Colina. De acuerdo a lo sostenido por el Ministerio Público, las operaciones militares violatorias de los derechos humanos ocurridas en 1991 fueron encargadas a los oficiales Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, entonces con rango de comandante del EP, a Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue Guevara, ambos capitanes EP, y al subalterno Marco Flores Albán, quienes coordinaban con el comandante EP Roberto Páucar Carvajal y con el capitán EP Ronald Robles Córdova, que pertenecían al SIN, y con el teniente primero Antonio Ríos Rodríguez de la Marina de Guerra del Perú.
La organización secreta COMACA (Comandantes, Mayores y Capitanes), hace llegar al congresista Henry Pease un documento anónimo en el que se detalla el operativo de secuestro y asesinato en La Cantuta. En dicho documento se señala como autores directos del acto: Santiago Martin Rivas, jefe de los Equipos de "Trabajos Especiales" del Ejército, Carlos Pichilingue Guevara, con el conocimiento y aprobación del gral. Hermoza, el ex-capitán Vladimiro Montesinos Torres (jefe real del SIN), el gral. Juan Rivero Lazo (jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército DINTE-), el gral. Luis Pérez Documet, el crnl. Federico Navarro Pérez, el cmdte. inf. Carlos Miranda Balarezo (jefe del BIP No39 La Pólvora, a cargo del control de La Cantuta) y el cmdte. inf. Manuel Guzmán Calderón (jefe del Batallón de Comandos No19). (Abril 1993)
Antecedentes: INICIOS DE “LA CANTUTA” La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fue fundada como un centro de preparación de docentes en 1822. Fue cerrada por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú en 1977 y reabierto en 1980. Debido a su remota ubicación, lejos del centro de la ciudad de Lima, la mayoría de sus estudiantes provienen de zonas empobrecidas del interior del país que buscaban tener la profesión de educadores. De esa forma La Cantuta se ganó la reputación de ser un centro de cultivo de políticas radicales desde los años 1950.
Antecedentes: “LA CANTUTA” EN LOS AÑOS 80
Antecedentes: PRESENCIA DE SENDERO LUMINOSO EN LA UNIVERSIDAD Es a partir de 1984 cuando el PCP-SL comienza a entrara en las universidades. En la UNE, la mirada vigilante de Abimael Guzmán, enarbolando una bandera con la hoz y el martillo, dibujado en la pared del comedor universitario poco después de la matanza de los penales representó simbólicamente el dominio de PCP-SL sobre la universidad. Después de 1986, la organización senderista dejo de ser un grupúsculo y paso a imponer condiciones en la universidad. Su crecimiento lento y pausado se produjo gracias a la acción de un grupo intelectual conducido por la profesora de Filosofía Nilda Atanasio y a las repetidas divisiones de sus adversarios políticos (Rúa: 2000).
Antecedentes: PRESENCIA DE SENDERO LUMINOSO EN LA UNIVERSIDAD Con el poder adquirido Sendero comenzó a presionar a las autoridades para tener control sobre el manejo administrativo. Logra que se autorice la utilización de los sótanos de la biblioteca para el desarrollo de sus escuelas populares. "Los senderistas principalmente era gente que venía de afuera que no formaba parte de la universidad, no copaban toda la universidad no tenían la presencia con los medios de comunicación o alguna gente interesada quería dar a conocer que todo el que estaba en la Cantuta ya era senderista".
A mediados de julio de 1992, Lima y el país estaban conmovidos por el atentado perpetrado por SL 16 de ese mes en el jirón Tarata.
Secuestro de nueve estudiantes y un profesor en el campus de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta entre la 1.30 a.m. y 2 a.m. del 18 de julio de 1992. Este hecho es verificable por: La ejecución de los secuestrados por parte del comando militar a cargo del Mayor EP Santiago Martín Rivas en el lugar denominado "Boca del Diablo", polígono de tiro de Huachipa, altura km. 1.5 de la carretera Ramiro Prialé entre las 4.30 y 5.15 de la madrugada del 18 de julio de 1992. Entierro primario de las víctimas casi a flor de tierra en el mismo lugar de la ejecución el 18 de julio de 1992; luego de dos días se hace un nuevo entierro en tres fosas. Demostrable con los mismos documentos que probarían la ejecución así como con los restos encontrados en el polígono de Huachipa
Desentierro de los cadáveres para trasladarlos a la quebrada de Chavilca, altura del Km. 14 de la carretera a Cieneguilla. Comprobable con
Calcinación de restos óseos antes de volverlos a enterrar en Cieneguilla. Encubrimiento de los hechos
Solo el Diario «La Republica», al día siguiente de encontrar los cadáveres saco la noticia
Posteriormente, le seguiría la Revista «Sí».
Victimas directas
Victimas indirectas ANALISIS DE LOS ACTORES
Las familias de los desaparecidos
DEMANDA Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Representantes
Centro de Estudios y Acción para la Paz (CEAPAZ)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Estado Peruano Alberto Fujimori Fujimori.
ANALISIS DE LOS ACTORES
Vladimiro Montesinos Torres
Como jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional,
El general Nicolás Hermoza Ríos
Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Juan Yanqui Cervantes
Director de Inteligencia del Ejército
Carlos Sánchez Noriega
Sefe del SIE
José Salinas Zuzunaga
Jefe de Contrainteligencia del SIE.
ACUSADOS
Grupo Colina
Derechos según la convención Americana de los Derechos Humanos: • Artículo 1 (Obligación de respetar derechos) • Artículo 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) • Artículo 3 (personalidad jurídica) • Artículo 4 (Derecho a la vida) • Artículo 5 (Derecho a la integridad personal) • Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) • Artículo 8 (Garantías judiciales) • Artículo 25 (Protección judicial)
La Corte dispone que, La Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas constituye per se una forma de reparación.
El Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para completar eficazmente y llevar a término, en un plazo razonable, las investigaciones abiertas. Reparaciones
El Estado debe llevar a cabo, en el plazo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
El Estado debe pagar a los familiares, en el plazo de un año, las cantidades fijadas en el párrafo 220 de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, por daño inmaterial.
La Corte dictamina que, El Estado violó el derecho a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Puntos resolutivos El Estado violó el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado incumplió su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno a fin de adecuar la normativa interna a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecida en el artículo 2 de la misma.
Comentarios de las autoridades En un comienzo las autoridades no dieron mayor importancia a la desaparición de los nueve alumnos y el profesor, sin embargo tras casi un año de lo acontecido, el 2 de abril de 1993 el ex congresista Henry Pease anuncia al pleno del congreso el hallazgo de un sobre en su escaño, el cual contenía documentos elaborados por el grupo COMACA, organización compuesta por militares, que denunciaban la matanza de un profesor y nueves estudiantes de la universidad La Cantuta
La entonces congresista Martha Chávez amenazó a los periodistas de la revistas “Sí” aduciendo que éstos iban en contra de la administración de justicia. Y Gilberto Siura, congresista del oficialismo, afirmó que todo se trataba de una "conspiración contra el gobierno del presidente Fujimori". (Junio 1993).
Comentarios de las autoridades NAKASAKI el entonces abogado de Alberto Fujimori, en el juicio oral contra Fujimori por los casos de barrios altos y la cantuta, hace alusión a que las víctimas eran terroristas, basado en el testimonio de NORMA ESPINOZA OCHOA, ex estudiante de la universidad la cantuta y testigo presencial de la noche del 17 de julio de 1992. El fiscal supremo adjunto Avelino Guillén sostuvo (jueves, 17 de julio de 2008) “… que las matanzas perpetradas por el grupo Colina en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) fueron “fríamente” planeadas y tenían el aval del presidente Alberto Fujimori y no fueron “simples excesos”, como pretende minimizar el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos.
Comentarios de las autoridades “La condena impuesta por la Sala Penal Especial es el triunfo de la justicia contra la impunidad, y de la perseverancia contra la indolencia y el olvido”. Juan Tutuy Rector Universidad La Cantuta “Más allá de los 25 años hay dos mensajes claves, que nadie está por encima de la ley y que el fin no justifica los medios”. Juan Eguren Presidente de la comisión de constitución “Yo he visto una sentencia muy bien sustentada, no he visto ningún elemento subjetivo infiltrado”. Yonhy Lescano (Congresista de AP)
No cabe duda de que, con el control del magisterio y la presencia de los diferentes gremios de trabajadores y dirigencias barriales ubicadas a lo largo de la carretera central, la UNE fue considerada un espacio estratégico dentro de los planes militares del PCP-SL por ello, la UNE concebida inicialmente como un espacio de reclutamiento y capacitación de cuadros, pasó a convertirse en una plataforma para el asalto a la capital.
El PCP-SL supo ubicarse como fuerza opositora. El uso de la fuerza y la amenaza que encarnaba implicó para los alumnos y profesores estar entre la espada y la pared o, mejor dicho, entre la vida y la muerte, ya que el PCP-SL representó una fuerza a la cual nadie podía enfrentar sin arriesgar su integridad física.
La tradición radical y la mística de la Cantuta, en cierta manera, fueron confirmadas como el asesinato de los nueve estudiantes y un profesor que, finalmente, alimentaria una suerte de radicalismo contestatario en cuyo imaginario estas víctimas son mártires que recuerdan a la larga tradición de agresiones estatales al alma mater de la Educación.
Finalmente se reconoce el valioso aporte de la prensa en el esclarecimiento de la desaparición y asesinato de las víctimas en el año 1993 permitió el Poder Judicial iniciar las investigaciones.
Desarrollar políticas y normas para la colaboración indispensable entre la policía Nacional, los municipios y la ciudadanía, en la cual haya una interacción de estos organismos
Establecimiento de un sistema especializado temporal para procesar casos e crímenes y violaciones de los derechos humanos.
Fortalecer la justicia de paz, dándole competencias suficientes como para que pueda solucionar buena parte de los conflictos de la vida cotidiana de las personas las cuales mantienen su debido respeto.
Establecer un sistema de defensa de los derechos humanos mediante la creación de instancias especializadas en el ámbito policial, judicial y del ministerio Publico, especialmente en zonas de la violencia tuvo mayor impacto.
