Analisis y Opinion de La Ley 1689 y 3058 Imprimir

ANALISIS Y OPINION DE LA POLITICA HIDROCARBURIFERA EN BOLIVIA (LEY 1689 Y LEY 3058)

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ANÁLISIS DE LA LEY HIDROCARBURIFERA EN BOLIVIA 1. INTRODUCCIÓN Por la importancia de la Nueva Ley es necesario hacer un análisis comparativo entre la antigua Ley de Hidrocarburos 1689 y la actual Ley de Hidrocarburos 3058, para identificar las transformaciones en la política energética del Estado y las consecuencias que tuvo para el país su aprobación. Por la amplitud y complejidad de la Nueva Ley, es necesario identificar los elementos centrales de esta Nueva Ley, para analizarlos. Consideramos los sgtes. Puntos fundamentales:  Propiedad de los hidrocarburos  Fortalecimiento de YPFB  Contratos  Regalías y participaciones  Impuesto Complementario a los Hidrocarburos  Exportación e industrialización

2. PROPIEDAD DE LOS HIDROCARBUROS Ley de Hidrocarburos 1689 La Ley de Hidrocarburos 1689 promulgada el 30 de abril de 1996 por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, transfirió la propiedad efectiva de los hidrocarburos a las empresas transnacionales. Esta ley indica que mientras el gas y el petróleo se encuentran en el subsuelo son propiedad del Estado boliviano, pero la propiedad efectiva de estos recursos solo se ejerce mediante Contratos de Riesgo Compartido. El Art. 1º de la Ley 1689 indica: “El derecho de explorar y de explotar los campos de hidrocarburos y de comercializar sus productos se ejerce por el Estado mediante YPFB. Esta empresa pública, para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos celebrara necesariamente contratos de riesgo compartido, por tiempo limitado, con personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras...” (Ley 1689).

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La comercialización de los hidrocarburos anteriormente controlada por el Estado, a partir de esta ley, libera a las empresas para realizar los movimientos comerciales que vean convenientes, al margen de las necesidades del país y el control del Estado como se menciona en el Art. 5º “Es libre la importación, la exportación y la comercialización interna de hidrocarburos y sus productos derivados…” (Ley 1689). El Art. 24º de esta ley ratifica la propiedad efectiva de las empresas -que hayan firmado contratos de riesgo compartido sobre los hidrocarburos, en todas las fases de la cadena productiva: Art. 24º “Quienes celebren CRC con YPFB para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos adquieren el derecho de prospectar, explotar, extraer, transportar y comercializar la producción obtenida…” (Ley 1689). La entrega del derecho propietario de los hidrocarburos, fue consolidada por el D.S. 24806 promulgado el 4 de agosto de 1997 por Gonzalo Sánchez de Lozada, que en su cláusula tercera indica: “Cláusula Tercera: (objeto del contrato).- Es facultar al TITULAR para realizar actividades

de

Exploración,

Explotación

y

Comercialización

de

Hidrocarburos en el Área de Contrato, mediante el cual el TITULAR adquiere el derecho de propiedad de la producción que obtenga en Boca de Pozo y la disposición de la misma conforme a las previsiones de la Ley de Hidrocarburos. Este contrato no establece la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos “in situ”... ” (D.S. 24806). La promulgación de este decreto ha significado la entrega de todos los derechos de propiedad a las empresas titulares de los CRC, para la disposición completa de los recursos en todo el proceso de producción y comercialización en base a la Ley 1689. En los hechos este decreto permitió la apropiación de 28,69 TCF de reservas de gas boliviano y 486.1 millones de barriles de petróleo boliviano por parte de las empresas transnacionales hasta el año 2036, cuando finaliza la suscripción de los contratos.

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Ley de Hidrocarburos 3058

ARTÍCULO5°(PropiedaddelosHidrocarburos).Pormandat osoberanodelpuebloboliviano,expresadoenlarespuesta a la pregunta número 2 Del Referéndum Vinculantede18dejulio del 2004,y en aplicación del Artículo 139º de la Constitución Política del Estado, se recupera la propiedad de todos los Hidrocarburos en Boca de Pozo para el Estado boliviano. El Estado ejercerá a través de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) su derecho propietario sobre la totalidad de los Hidrocarburos. Los Titulares que hubieran suscrito Contratos de Riesgo Compartido para ejecutar las actividades de Exploración, Explotación y Comercialización, y hubieran obtenido licencias y concesiones al amparo de la Ley deHidrocarburosNº1689de30deabrilde1996,deberánconvert irse obligatoriamente a las modalidades de contratos establecidasenlapresenteLey,yadecuarseasusdisposicione senelplazode180díascalendariocomputablesapartirdesuvig encia. ARTÍCULO16° (Propiedad de los Hidrocarburos). Los Yacimientos de Hidrocarburos cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son de dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna Concesión o Contrato, puede conferirla propiedad de los Yacimientos de Hidrocarburos ni de los Hidrocarburos en Boca de Pozo ni hasta el punto de Fiscalización. El Titular de un Contrato de Producción Compartida, Operación o Asociación está obligado a entregar al propietario, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la totalidad de los Hidrocarburos producidos en los términos contractuales que se han establecidos con el Estado.

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El Art. 5°ha generado discusiones pues habla sobre la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado, cuyo derecho propietario se realizará a través de YPFB. Pero además establece la migración obligatoria de los contratos a esta nueva ley, es decir, que los contratos existentes deben adecuarse a las nuevas normas. Las empresas petroleras se han opuesto a este punto pues alegan que se están vulnerando sus derechos al desconocer los antiguos contratos. Por ello declararon que acudirían a Tribunales de arbitraje internacional para que sean ellos los que decidan. Sin embargo, hace algunas semanas el Tribunal Constitucional

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estableció que estos contratos debían ser aprobados en la cámara de diputados motivo por el cual estos contratos no serían de ninguna forma válidos Por eso hay expectativa Art. 16 º habla Sobre la propiedad de hidrocarburos donde se recupera en base ala CPE, el dominio directo inalienable e imprescriptible de los hidrocarburos a favor del Estado boliviano. Este artículo se constituye en uno de los más importantes pues los hidrocarburos pertenecerían nuevamente al pueblo boliviano.

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entre algunos sect

3. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS (Y.P.F.B) Ley de Hidrocarburos 1689 Según los Art. 14º, 17º y 73º de esta Ley, una vez realizada la capitalización de YPFB se establece que las actividades de exploración, explotación y comercialización serán desarrolladas mediante Contratos de Riesgo Compartido, suscritos con empresas transnacionales. YPFB se encargara de suscribir estos contratos. 4


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Es decir que la Ley 1689, convierte a YPFB en una empresa residual cuya única función es suscribir contratos con las petroleras para exploración, explotación y comercialización. Por otro lado, esta Ley indica que: “Las actividades de refinamiento, transporte, distribución de gas natural por redes e industrialización serán llevadas por privados mediante concesiones administrativas y licencias de operación. La SUPERINTENDENCIA otorgara las concesiones y licencias”. (Art.33 Ley 1689). Este artículo, reduce a YPFB a una simple oficina burocrática que no tiene posibilidad de intervenir en la producción, pero tampoco en la regulación de las actividades de refinamiento, transporte y distribución, ya que esta tarea queda en manos de la Superintendencia de Hidrocarburos. Claramente se promueve el fortalecimiento de la Superintendencia en desmedro de YPFB, ya que a partir de esta Ley se le asigna a YPFB un presupuesto solo para actividades administrativas (0,5 % del 6% de participación a favor del TGN). Mientras que la Superintendencia de Hidrocarburos tiene un presupuesto asignado mucho mayor (hasta 1% del valor bruto obtenido en tarifas de transporte, hasta el 1% del valor bruto de las ventas en refinerías, hasta el 1% del valor de las ventas brutas de gas natural por redes) (Art. 6º Ley 1689). Ley de Hidrocarburos 3058

ARTÍCULO 6° (Refundación de YPFB). Se refunda Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recuperando la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas de manera que esta Empresa Estatal pueda participar en toda la cadena productiva de los Hidrocarburos, reestructurando los Fondos de Capitalización Colectiva y garantizando el financiamiento del BONOSOL. ARTÍCULO 22º (Refundación de YPFB) Se refunda (YPFB) como Empresa Pública Autárquica de Derecho Público, bajo la tuición del Ministerio de Energía e Hidrocarburos, para ejercer el derecho propietario sobre la totalidad de los Hidrocarburos en nombre del Estado

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El artículo 6° habla sobre la refundación de YPFB y se recuperan las acciones de las empresas capitalizadas para que pueda participar de toda la cadena productiva. El Artículo 22, habla sobre refundación de YPFB bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos. Establece que se formará un directorio, aunque no dice en qué forma se constituye el directorio. Dentro de esta estructura hay un Vicepresidente de Administración, Contrato y Fiscalizaciónque este hecho es discutible pues será el encargado de administrar los contratos que el Estado suscriba, incluyendo los actuales de riesgo compartido, además, el inciso e)

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boliviano y ejecutar la Política Nacional de los Hidrocarburos, YPFB estará constituida en su más alta estructura jerárquica por un Directorio, un Presidente Ejecutivo y dos Vicepresidencias la Primera de Administración, Contrato y Fiscalización; y la Segunda de Operaciones, el resto de su estructura será aprobada por Decreto Supremo. II. La Vicepresidencia de Administración, Contrato y Fiscalización, tendrá las siguientes competencias: a) Ejercer el derecho propietario a nombre del Estado boliviano sobre la totalidad de los Hidrocarburos. b)Representar al Estado en la suscripción de los contratos establecidos en la presente Ley con personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado de conformidad a los Artículos 59º, atribución 5ªy7ª y 139º dela C.P.E. c) Administrar los Contratos Petroleros que suscriba, incluidos los Contratos actuales de Riesgo Compartido. d) Fiscalizar las actividades de Exploración y Explotación, previniendo daños a los yacimientos. e) Fiscalizarla producción de Hidrocarburos en calidad y volumen para efectos impositivos, regalías y participaciones. f) Asumir el rol de agregador, vendedor y administrador en Contratos de Exportación de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos, donde YPFB suscriba los mismos y el Estado boliviano sea el gestor. g) Asumir la administración del (CNIH).(Modificado en casi toda su extensión).

le da atribuciones para fiscalizar la producción de hidrocarburos en calidad y volumen para el cobro de regalías e impuestos. ElEAC considera que en un tema tan fundamental como este, debe ser una persona que represente al estado, y no a las petroleras, quien asuma este importante cargo. Las modificaciones del Senado hechas en este artículo mencionan, entre sus principales características, que la estructura. Funciones y conformación del directorio de YPFB se hará a través del establecimiento de estatutos a aprobar. Además, la primera Vicepresidencia ve recortada sus funciones a administrar y fiscalizar y ya no de realizar contratos. Este recorte de funciones ha generado críticas entre algunos sectores de la población.

4. CONTRATOS Ley de Hidrocarburos 1689 Según Ley 1689 (derogada) Art. 1º. Por norma constitucional, yacimientos

de

los

hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se

encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos…Sin embargo, de

inmediato, se dice: las

empresas

petroleras

transnacionales asumen el protagonismo y la propiedad real. Contrato de Riesgo Compartido-Cláusula tercera.- (Objeto del contrato).- es facultar al titular para realizar actividades de exploración, 6

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explotación y comercialización de hidrocarburos en el área de contrato bajo los términos y condiciones de este contrato, mediante el cual el titular adquiere el derecho de propiedad de la producción que obtenga en boca de pozo y de la disposición de la misma conforme a las previsiones de la Ley de Hidrocarburos. Este contrato no confiere al titular la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos “in situ”. La forma que asume este hecho concreto está plasmada en los contratos de riesgo compartido suscritos entre el Estado boliviano y las

empresas petroleras transnacionales. Es a través de estos

contratos

que

legaliza como

la propiedad de

los

recursos hidrocarburíferos se

privada, y la fe y buena voluntad del Estado, son

sujetadas al cumplimiento de lo convenido. De esa

manera, la

producción ha transformado a los recursos naturales en mercancías, en valores destinados a incrementar el capital invertido en la producción mediante su realización, cuyo único propietario es quien planificó el proceso, lo desarrollo y ejecutó, y controla el resultado obtenido, es decir, la empresa petrolera transnacional. Pero además, porque la liberalización del sector

tiene una

visión

integral y va más allá de la exploración y explotación; rompe con el monopolio estatal sobre el resto de la cadena de hidrocarburos y privatiza las actividades de comercialización, refinación y exportación. Ley 1689 (derogada) Art. 1º “El transporte de los hidrocarburos y la distribución de gas natural por redes será objeto de concesión (…) a favor de personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras…” En el Art. 44ºde la Ley 1689“La refinación e industrialización de hidrocarburos, así como la comercialización de sus productos, es libre y podrá ser realizada por cualquier persona individual o colectiva, nacional o extranjera…”

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Ley de Hidrocarburos 3058 Quién tiene la propiedad de las

reservas de hidrocarburos. Art. 5º

(Propiedad de los Hidrocarburos) Por mandato soberano del pueblo boliviano, expresado en la respuesta a la pregunta número 2 del Referéndum Vinculante de 18 de julio de 2004, y en aplicación del Art.139º de la Constitución Política del Estado, se recupera la propiedad de todos los Hidrocarburos en Boca de Pozo para el Estado boliviano. El Estado ejercerá a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos su derecho propietario sobre la totalidad de los Hidrocarburos. ¿Qué cambia con la migración de los contratos? El mismo Art. 5º de la actual Ley establece:(Propiedad de los Hidrocarburos)… Los Titulares que hubieran suscrito Contratos de Riesgo Compartido para ejecutar las actividades de Exploración, Explotación y Comercialización, y hubieran

obtenido

licencias

y

concesiones al amparo de la Ley de Hidrocarburos 1689 de 30 de abril de 1996, deberán convertirse obligatoriamente a las modalidades de contratos establecidos en la presente Ley y adecuarse a sus disposiciones en el plazo de 180 días calendario computables a partir de su vigencia. Con la Ley de Hidrocarburos 1689 se firmaron 71 contratos suscritos con 12 empresas petroleras transnacionales. Estos documentos, según la nueva

norma, tendrían que convertirse

necesariamente en una de las siguientes modalidades de contratos: 

De Producción Compartida,



De Operación o



De Asociación.

Por lo tanto se decreta que: El Titular de un Contrato de Producción Compartida, Operación o Asociación está obligado a entregar al Estado, la

totalidad

de

los

Hidrocarburos

producidos

contractuales que sean establecidos por éste. 8

en

los

términos

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De inmediato aclara

que la propiedad jurídica

garantizada, únicamente, hasta

el

punto

del Estado está

de fiscalización de los

hidrocarburos: Art. 16º (Propiedad de los Hidrocarburos)… Ningún contrato puede conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos ni de los hidrocarburos en Boca de Pozo ni hasta el punto de fiscalización. Disponiendo que a partir de este lugar el titular de cualquier contrato petrolero, asume el derecho propietario de los hidrocarburos: En cada uno de estos documentos debe establecerse una cláusula específica que haga referencia al régimen de regalías al cual se somete el titular del contrato (la empresa petrolera). Ley 3058 Art. 67º“los operación

y asociación

contratos de producción que Yacimientos

compartida,

Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB) suscriba con personas individuales o colectivas, nacionales

o extranjeras,

públicas o privadas deberán celebrarlos

mediante escritura otorgada ante notario de gobierno y contener, bajo sanción

de

nulidad,

cláusulas referentes a: Régimen de patentes,

regalías, participaciones, impuestos y bonos”. En cuanto a los contratos de producción compartida y de asociación, la ley

establece claramente que

YPFB y el titular del contrato

se

distribuirán la participación neta que a cada uno le corresponde después del pago de regalías y participaciones.

5. REGALIAS PARTICIPACIONES E IMPUESTOS Ley de Hidrocarburos 1689 (Regalías y Participaciones a la Nación) El D.S. 24419 realiza una reclasificación de los campos hidrocarburíferos dividiéndolos en: Hidrocarburos existentes.- Son los reservorios que están en producción, en la fecha de promulgación de la Ley de Hidrocarburos

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1689, certificadas al 30Abril de 1996 por empresas especializadas. (Ley 1689) Hidrocarburos nuevos.- Todos los hidrocarburos no contenidos en la definición de hidrocarburos existentes. (Ley 1689) Esta redefinición de los hidrocarburos, define a partir de esta Ley la modalidad de pago de regalías y participaciones. Cuadro Comparativo de Regalías, Ley: 1689 y 3058 Regalias y Participaciones Regalía Departamental Regalía Nacional Compensatoria Regalía Nacional Complementaria Participación Nacional Participación a favor de YPFB Total

Ley 1689 11% 1% 6% 18%

Ley 3058 11% 1% 6% 18%

Las regalías y participaciones son un porcentaje definido que las empresas pagan al Estado, sobre la producción bruta en boca de pozo, menos los costos de transporte. Ley de Hidrocarburos 3058

ARTÍCULO52º (Regalías y Participaciones e Impuestos). Este artículo fue modificado y se crearon tres artículos nuevos I. El Titular está sujeto al pago de las siguientes regalías y participaciones sobre la producción fiscalizada, pagaderas de manera mensual en dólares americanos, o su equivalente en moneda nacional, o en especie a elección del beneficiario. 1. Una Regalía Departamental equivalente al once por ciento (11%) de la Producción Departamental Fiscalizada de Hidrocarburos, en beneficio del Departamento donde se origina la

El Articulo 52: D o n d e se establece las regalíasdel18%dividasen 11%pararegalías departamentales,1%paralosdepartamentosde Beni y Pando(enfunciónalaley981)y6%para elTGN.Tambiénsehablasobrelosimpuestosdel32%q uenosonacreditables(paracubrira otros impuestos) ni deducibles (con facturas). La sección II de este capítulo sobre el régimen tributario, establece que las empresas están sujetas al régimen tributario, es decir, pagar IVA, IT, etc., aunque estos impuestos si son deducibles, por lo que no representan un gran costo para ellos. Aquí el debate se centra en el cobro del 50% a las petroleras, las cuales consideran que este cobro es excesivo por lo que tanto algunas de estas empresas como gente vinculada al tema consideran que las inversiones se paralizarán, además de que muchas empresas decidirán abandonar el país. Sin embargo, el EAC opina que

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producción. 2. Una Regalía Nacional Compensatoria del uno por ciento (1%) de la Producción Nacional Fiscalizada de los Hidrocarburos, pagadera a los Departamentos de Beni (2/3%) y Pando(1/3%),de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº981de 7 de marzo de 1988. 3. Una participación del seis por ciento (6%)de la Producción Nacional Fiscalizada en favor del Tesoro General de la Nación(TGN). II. Además de lo establecido en el precedente numeral I, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dedicadas a la Exploración y Explotación de Hidrocarburos estarán sujetas al pago de un Impuesto Directo a los Hidrocarburos(IDH)del treinta y dos por ciento (32%), que se aplica de manera directa o no progresiva sobre el cien por ciento(100%) de los volúmenes de Hidrocarburos medidos en el Punto de Fiscalización, en su primera etapa

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una vez que se cobre la mitad a las petroleras, de todas maneras estas seguirán obteniendo importantes utilidades por lo cual es poco probable que alguna se marche del país, teniendo en cuenta que ya se han invertido millones de dólares en la construcción de refinerías, ductos, etc. Las modificaciones hechas en la cámara de Senadores se refieren a tres artículos nuevos. La primera modificación se expresa en el artículo 53 que crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a cobrarse en boca de pozo y medido y pagado como regalías. La segunda modificación, en el artículo 54 sobre el Objeto (producción de hidrocarburos), Hecho Generador (estableciendo que el cobro del impuesto se perfecciona en el punto de fiscalización de los hidrocarburos, además de la adecuación para su transporte) y Sujeto Pasivo(es decir, todo aquel que produce hidrocarburos: persona natural o jurídica, pública o privada.).Finalmente, el tercer artículo nuevo que es fruto de esta modificación, es el artículo 55 que trata sobre base imponible, Alícuota, liquidación y periodos de pago; es decir, establece los mecanismos legales para efectuar el pago de este nuevo impuesto.

decomercialización.Esteimpuestosepagarádemanera mensual yno adm

La sumatoria de los ingresos

establecidos en los numerales I y II no será en ningún caso menor al cincuenta por ciento (50%) del valor de la producción de los Hidrocarburos a favor del Estado boliviano, en concordancia con el Artículo8º de la presente Ley.

Esta Ley, además de ratificar la reclasificación de campos, sumamente perjudicial a las recaudaciones del Estado boliviano, otorga una serie de ventajas adicionales a las empresas, como por ejemplo:  En el caso de existir el subsidio del GLP, el valor de las regalías que pagan las empresas productoras se disminuirá de manera proporcional al valor del subsidio, es decir que las regalías se reducen exactamente en el monto subsidiado por el Estado. 11


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 En caso de que las empresas productoras estén bajo la modalidad TAKE ORPAKE pagarán las regalías en el momento que sus compradores cancelen la compra de su producción. (Ley 3058) En base a esta nueva reclasificación, se define el siguiente régimen: 

Los hidrocarburos existentes: pagan 50% de regalías y participaciones.



Los hidrocarburos nuevos: pagan solo el 18% de regalías y participaciones.



Las regalías pagadas por los campos existentes (50%), son distribuidas de la siguiente forma: 11% Departamento productor 1% Departamentos no productores (Beni 2/3 y Pando 1/3) 6% Participación YPFB – TGN

6. IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) La Nueva Ley pretende cobrar mayores impuestos a las empresas petroleras, planteando el Impuesto Directo a los Hidrocarburos como un impuesto nuevo, que permitiría llegar a cobrar hasta un 50 % producción hidrocarburífera. Cuadro Comparativo de Impuestos, Ley: 1689 y 3058 Impuestos Impuesto al Valor agregado IVA Impuesto a las Transacciones IT Régimen Complementario al IVA Impuesto a las utilidades de las Empresas IUE Impuesto a las utilidades por Remesas al Exterior IURE Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados IEHD Impuesto al Consumo Especifico

Ley 1689 13% 3% 13% 25%

Ley 3058 13% 3% 13% 25%

12,5%

12,5%

? Bs.

? Bs.

? Bs.

? Bs.

Impuesto Directo a los Hidrocarburos

-

32%

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IDH Destino de los Recursos del IDH 

Prefecturas  Desarrollo Económico  Desarrollo Social  Seguridad Ciudadana



Municipios  Educación  Salud  Fomento al desarrollo económico local y promoción de empleo  Seguridad Ciudadana



Universidades  Infraestructura y equipamiento académico  Programas de Mejoramiento de la calidad y rendimiento académico  Investigación científica, tecnológica e innovación  Programas de interacción social dirigidos a la población vulnerable y con altos índices de pobreza

7. EXPORTACION E INDUSTRIALIZACION LEY de Hidrocarburos 1689 Esta ley promueve las actividades de exportación e industrialización solo para las empresas privadas y no para las empresas estatales, ya que indica en su Art. 5º: “Es libre la importación, la exportación y la comercialización interna de hidrocarburos y sus productos derivados…” (Ley 1689) de esta forma libera a las empresas petroleras, de cualquier tipo de control en la comercialización por parte del Estado e impide que YPFB intervenga en el proceso de comercialización. El Art. 44º de esta ley indica: “La refinación e industrialización de hidrocarburos, así como la comercialización de sus productos, es libre y podrá ser realizada por cualquier persona...”, (Ley 1689) así mismo se excluye a YPFB del proceso de industrialización y se libera a las

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empresas del control del Estado en la industrialización y transformación de los hidrocarburos. Ley de Hidrocarburos 3058 Artículo 7 (Exportación e Industrialización del Gas). El Poder Ejecutivo, dentro del Régimen Económico establecido en la Constitución Política del Estado, será responsable de: a) Establecer la política para el desarrollo y apertura de mercados para la Exportación del gas. b) Promover el consumo masivo del gas en todo el territorio nacional para mejorar la calidad de vida de los bolivianos, dinamizar la base productiva y elevar la competitividad de la economía nacional. c) Desarrollar la política y los incentivos para la Industrialización del Gas en el territorio nacional. d) Fomentar la participación del sector privado en la Exportación del Gas y su Industrialización. El Poder Ejecutivo destinará los ingresos nacionales provenientes de la exportación e industrialización del gas, principalmente, a la atención de la educación, salud, caminos y empleos. 8. La Gestión Ambiental y el Sector Hidrocarburífero La gestión ambiental respecto del sector hidrocarburífero estuvo desde siempre y hasta hora, llena de falencias, debilidades y profundas inconsistencias, cuya raíz estuvo tanto en la preeminencia o prerrogativa del sector, como en el marginamiento del tema ambiental, que hizo y hace el Estado una práctica regular. La falta de voluntad política para hacer cumplir las normas e instrumentos ambientales fue a la par de una abierta complicidad de los gobiernos con el sector energético. El cumplimiento de las normas ambientales y sus instrumentos fueron percibidos como obstáculos, no solo por las empresas sino por 14


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sucesivos ministros de hidrocarburos que hicieron gala de una prepotencia y desprecio irritantes hacia los temas ambientales. La debilidad y marginamiento de la gestión ambiental se traduce en que las acciones y mecanismos de control y fiscalización sean deficientes e insuficientes. Existe una penosa insuficiencia en el campo de los operadores de la norma, lo que implica una seria deficiencia de logísticas, presupuestos, personal técnico y legal especializado. La escasa aplicación de las normas y la inacción de las autoridades y oficinas responsables han ocasionado que proliferen los problemas ambientales en diversas regiones y escalas. Es generalizada la falta de un adecuado seguimiento a los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), a los Programas de Prevención y Mitigación (PPM) o los Planes de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) o al propio Manifiesto Ambiental. Esto repercute en múltiples omisiones y contravenciones de la norma y a compromisos asumidos por empresas y proyectos. No existen adecuados sistemas de monitoreo ambiental en las reparticiones del Estado, tampoco sistemas de alerta temprana ante emergencias ambientales, no hay sistemas de información y los que se fueron formando fueron desbaratados o paralizados. 8.1.

Ley del Medioambiente y Ley 1689 La Ley del Medio Ambiente Nº 1333, en materia de recursos energéticos, establece que los mismos son factores esenciales para el Desarrollo Sostenible del país, debiendo realizarse eficientemente su aprovechamiento, bajo las normas de protección y conservación del medio ambiente. La citada norma indica también que las actividades hidrocarburíferas deberán contemplar medidas ambientales de prevención y control de contaminación, deforestación, erosión y sedimentación así como de protección de flora y fauna silvestre, paisaje natural y áreas protegidas.

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De la misma manera, deberán implementarse planes de contingencias para evitar derrames de hidrocarburos y otros productos contaminantes. Pese a los enunciados explícitos de la Ley Nº 1333, la actividad hidrocarburífera en el país no ha estado exenta de problemas ambientales de consideración durante la última década, tal es el caso por ejemplo del prolongado incendio de gas natural en el pozo Madrejones en Tarija, o el derrame de ingentes cantidades de petróleo en el río Desaguadero, o los daños provocados al Bosque Chiquitano en Santa Cruz por la construcción del gasoducto. Estos problemas ambientales pusieron en descubierto la existencia de numerosas falencias en la gestión ambiental del sector hidrocarburos, en el marco de la entonces Ley de Hidrocarburos 1689 y su reglamentación, vigentes hasta mayo del año 2005. Al amparo de la Ley 1689incrementando el escenario de conflictividad-, se otorgaron concesiones hidrocarburíferas en Áreas Protegidas, sin que se consideren procesos de consulta o coordinación con las instancias del Estado y de la sociedad civil, desconociendo las disposiciones normativas específicas en la materia. Esto ha puesto en riesgo los objetivos de creación de estas unidades fiscales, por la intención de implementar los proyectos petroleros en de alta sensibilidad ambiental como ocurre al interior de zonas de protección estricta, sin considerar además las consecuencias reales por impactos directos, indirectos, y futuro inducido tomando en cuenta el desarrollo de la cadena productiva, incluyendo los efectos sobre las poblaciones originarias, indígenas y campesinas en sus patrones de conducta, organización social, economía. Bajo el contexto normativo de entonces, la gestión ambiental en el sector hidrocarburos se vio seriamente debilitada al momento de implementar los proyectos petroleros, principalmente debido a una normativa precaria en materia ambiental, con muchos vacíos técnicos y procedimentales para una adecuada fiscalización, evaluación, seguimiento y monitoreo,

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entre otros, así como por un alcance verdaderamente limitado en materia de participación social durante todo el proceso.

8.2.

Política Sectorial y Principios Generales Según la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 vigente, se establecen en los siguientes lineamientos políticos que el Estado, a través de sus órganos competentes, en ejercicio y resguardo de su soberanía, establecerá la política sectorial del país en todos sus ámbitos. En este sentido, el aprovechamiento de hidrocarburos deberá:  Promover el desarrollo integral, sustentable y equitativo del país, esto implica: a) En lo integral, se buscará el bienestar de la sociedad en su conjunto; b) En lo sustentable, el desarrollo equilibrado con el medio ambiente, resguardando los derechos de los pueblos, velando por su bienestar y preservando sus culturas; c) En lo equitativo, se buscará el mayor beneficio para el país, incentivando la inversión, otorgando seguridad jurídica y generando condiciones favorables para el desarrollo del sector.  Garantizar el aprovisionamiento de hidrocarburos al mercado interno.  Incentivar la expansión del consumo en todos los sectores de la sociedad.  Desarrollar su industrialización en el territorio nacional.  Promover la exportación de excedentes en condiciones que favorezcan los intereses del Estado y el logro de sus objetivos de política interna y externa. La mencionada Nueva Ley de Hidrocarburos (Nº 3058) menciona: “Los planes, programas y actividades del sector de hidrocarburos serán enmarcados en los principios del Desarrollo Sostenible”, dándose 17


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cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Art. 171º de la Constitución Política del Estado, la Ley del Medio Ambiente. Con la Nueva Ley de Hidrocarburos Nº 3058, de fecha 17 de mayo de 2005, gestada en un escenario político social muy distinto a la anterior Ley 1689, se tenía la esperanza de que el establecimiento de nuevas disposiciones, buscaban, además de la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado Boliviano, el desarrollo equilibrado con el medio ambiente, resguardando los derechos de los pueblos, velando por su bienestar y preservando sus culturas. Asimismo de acuerdo al Art. 11º, entre los objetivos de la Política Nacional de Hidrocarburos se prevé que la utilización de los mismos debe constituirse en un factor del desarrollo nacional e integral de forma sostenible y sustentable en todas las actividades económicas y servicios, tanto públicos como privados. De acuerdo a lo expuesto, las actividades hidrocarburíferas en Bolivia deben incorporar la dimensión ambiental y social en absolutamente todos

los

procesos que

van

desde

la

Planificación

hasta

la

Comercialización de los productos provenientes de esta riqueza. La observancia en estos niveles prevé la aplicación compatible de los alcances del Art. 5º de la Ley del Medio Ambiente. Teóricamente, la Nueva Ley de Hidrocarburos 3058, debería cubrir varios vacíos y deficiencias en materia socio – ambiental:  Mejorar los procesos de participación y consulta principalmente con los pueblos campesinos, indígenas y originarios, en cumplimiento con lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Ley de la República Nº 1257, lográndose avances reglamentarios a través del Decreto Supremo Nº 29033 del 16 de febrero de 2007, que trata específicamente sobre consulta y participación para actividades hidrocarburíferas.  Resolver discrepancias a cerca de la pertinencia de intervención petrolera en Áreas Protegidas, sitios sagrados y otras áreas de 18

2013


valor

natural

y

cultural,

así

como

las

restricciones,

condicionamientos y exigencias para tal efecto. En este ámbito se valora positivamente la exigencia de Evaluaciones Ambientales Estratégicas que permitan realizar análisis integrales y participativos para determinar la viabilidad de los emprendimientos sectoriales en el marco del desarrollo sustentable, previo al otorgamiento de concesiones y permisos. Este

instrumento

requiere

una

reglamentación

específica

con

participación de todos los actores involucrados bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental Competente y el Organismo Sectorial Competente.  Al respecto, cabe aclarar que si bien se han establecido y otorgado Áreas Reservada a YPFB, a través de decretos Supremos (DS Nº 29130 del 13 de mayo del 2007; DS Nº 29217 del 2 de agosto de 2007; DS Nº 29226 del 9 de agosto de 2007), y se ha hecho oficial la autorización de conformación de una sociedad de economía mixta entre YPFB y PDVSA BOLIVIA S.A., denominada “YPFB – PETROANDINA S.A.M.”, para el desarrollo de actividades de exploración y explotación, tales disposiciones no privan el cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos en todos los acápites existentes en materia socio – ambiental.  Fortalecer la fiscalización y monitoreo socio – ambiental a través de los recursos financieros dispuestos por ley y la organización y coordinación social e interinstitucional, de acuerdo al nuevo Decreto Supremo Nº 29103 que versa sobre la materia.  Establecer el marco legal y principios rectores de la actividad hidrocarburífera, donde queda sentada la actuación en el marco del principio de integralidad, sustentabilidad, equitativita y precautorio, además de la obligatoriedad de cumplimiento de la Ley del Medio Ambiente y su reglamentación, el convenio 169 de la OIT y reglamentos conexos, la Ley Forestal, el Régimen Especial de Áreas Protegidas y los Convenios Internacionales Ambientales

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2013


ratificados por el Estado en el marco del Desarrollo Nacional Sustentable. El nuevo marco regulatorio en materia de hidrocarburos en el país ha generado diferentes reglamentos, a nivel de Decretos Supremos, que tienen relación de omisión y superposición con temas ambientales:  Decreto Supremo No. 28366 de 21 de septiembre de 2005 Reglamento de Delimitación de Áreas de Contratos Petroleros  Decreto Supremo No. 28467 de 24 de noviembre de 2005 Reserva a favor de YPFB áreas de interés hidrocarburífero:  Decreto Supremo No. 28310 de 26 de agosto de 2005 División del

Territorio

Nacional

en

Zonas

Tradicionales

y

No

Tradicionales  Decreto Supremo No. 29033 de 16 de febrero de 2007 Reglamento

para

Consulta

Pública

en

actividades

hidrocarburíferas  Decreto Supremo No. 28393 de 6 de octubre de 2005 Reglamento de Unidades de Trabajo para la Exploración de Hidrocarburos  Decreto Supremo No. 28398 de 6 de octubre de 2005 Reglamento de Licitación de Áreas para Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos  Decreto Supremo No. 28420 de 21 de octubre de 2005 Reglamento de Devolución, Selección y Retención de Áreas  Decreto Supremo No. 29103 de 23 de abril de 2007 Reglamento de

Monitoreo

Hidrocarburíferas

Socio-Ambiental Dentro

el

Territorio

en de

Actividades los

Pueblos

Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas 8.3.

Políticas en Áreas Protegidas La definición de áreas de interés hidrocarburífero debe ser objeto de coordinación entre el Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAMA) y el

20


2013

Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) en el marco de sus competencias específicas. La identificación de áreas de interés hidrocarburífero, previas a su nominación formal, es competencia del Ministerio de Hidrocarburos, el MDRAMA y el SERNAP cuando coinciden geográficamente en áreas protegidas. Una vez que se hayan nominado las áreas de interés hidrocarburífero, las actividades hidrocarburíferas podrán desarrollarse en tanto la categoría y zonificación del AP lo permita y si se encuentra aprobado por un Estudio Ambiental Estratégico. Se deduce, de un primer análisis, que no pueden realizarse actividades de hidrocarburos en APs, con categoría de Parque Santuario y Monumento Natural, toda vez que son las categorías de mayor restricción para el desarrollo de diferentes actividades. Además deberá respetarse la zonificación propia de cada área protegida, lo que amplía las restricciones para el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas que se encuentren bajo la categoría de Reserva de Vida Silvestre, ANMI y Reserva Natural de Inmovilización. La realización de un Estudio Ambiental Estratégico es otro requisito que prevé la Ley 3058 previa a la autorización o concesión de actividades hidrocarburíferas. El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Estratégico (EEIAE) se encuentra previsto de forma enunciativa y genérica en los Reglamentos de Gestión y Prevención y Control Ambiental de manera tangencial, pero no se cuenta con una reglamentación que defina en detalle los procedimientos de actuación. Sin embargo su alcance está previsto únicamente a nivel de planes y programas, vale decir vinculado más a la Gestión Ambiental y determinación de políticas y planes intersectoriales, que como instrumento de prevención y control ambiental. Sin embargo de acuerdo al Art. 138º “Definiciones” de la Ley 3058 la Autorización únicamente otorga un derecho para desarrollar gestiones 21


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comerciales o económicas de la actividad hidrocarburífera en forma temporal. Por otro lado la Concesión de acuerdo al referido Art. 138ºde la Ley, únicamente expresa el derecho para desarrollar o ejecutar actividades de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, Distribución de Gas Natural por Redes, Suministro y Distribución de Productos Refinados de Petróleo y la refinación propiamente dicha, no previendo sin embargo las actividades de exploración y explotación. Esto constituiría una limitante a momentos de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) previa a la suscripción de Contratos Petroleros de Exploración y Explotación que era lo que debería haber consignado la norma. Este vacío normativo se considera el más importante cuando se trata de precautelar los valores de conservación de áreas protegidas y que debe ser analizado adecuadamente correspondiendo en todo caso tener que sujetarse genéricamente al Art. 31º de la Ley 3058. Complementándose el análisis del Art. 32º de la Ley, las actividades hidrocarburíferas

no

deben

poner

en

riesgo

los

objetivos

de

conservación servicios ambientales, recursos genéticos, espacios arqueológicos y socio culturales, correspondiendo en todo momento estar sujetas también al Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental previsto por el Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la Ley del Medio Ambiente. Sitios Sagrados y Áreas de Valor Natural y Cultural La Ley de Hidrocarburos dentro del Título VIII referido al Medio Ambiente, prevé limitaciones expresas al desarrollo de actividades hidrocarburíferas. El Art. 132º prohíbe la realización de licitaciones y la extensión de autorizaciones y concesiones para Actividades, Obras o Proyectos en áreas

protegidas,

sitios

RAMSAR

(Convención

de

Humedales),

arqueológicos y paleontológicos así como en lugares sagrados de

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2013

comunidades y pueblos campesinos, indígenas y originarios y otras áreas que por su biodiversidad o valor histórico sean relevantes. No obstante ello se prevé la excepción a la regla al sujetar a un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Estratégico (EEIAE) la viabilidad de su implementación. El Art. 133º por su parte, autoriza las actividades relacionadas con el “uso” (sic.) de hidrocarburos en áreas protegidas en sujeción plena a la categorización, zonificación, planes de manejo, realización de consulta pública además del cumplimiento del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental cuando no pongan en riesgo los objetivos de conservación del área protegida. El artículo, adolece de un vacío conceptual respecto del término de “uso” que debe ser contextualizado en la reglamentación correspondiente pudiendo en su caso inviabilizar la aplicación del artículo en su integridad. Asimismo la Ley utiliza de forma indistinta las categorías de “Estudio Ambiental Estratégico” (descrito en el Art. 32º) y el “Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Estratégico” (descrito en el Art. 132º) que pueden entenderse como sinónimos salvo diferenciación a nivel reglamentario. El EAE, de acuerdo al artículo 32, únicamente es previa a la autorización o concesión de actividades hidrocarburíferas, y no así para exploración y explotación. El EEIAE de acuerdo al Art. 132º es para todas las actividades hidrocarburíferas previstas en el Art. 31ºde la Ley a fin de determinar la viabilidad de la actividad. Por su parte el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo a lo que prevé la Ley del Medio Ambiente y el Reglamento General de Prevención y Control Ambiental se debe aplicar a cualquier AOP no previstas en las exclusiones legales entre las que se encuentran las de hidrocarburos. Comités de Monitoreo Socio-Ambiental Una vez suscritos los Contratos Petroleros se prevé la conformación de los Comités de Monitoreo Socio-Ambiental a fin de evaluar los posibles daños socio-económicos y ambientales que se produzcan a nivel local y 23


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se puedan tomar las medidas correctivas y de mitigación más recomendables y de la forma más oportuna posible. La conformación de esté comité a nivel local está dada por un representante de la sección municipal competente, dos representantes de las comunidades indígenas y un representante del titular del contrato petrolero. A nivel nacional también se crea un Comité de Monitoreo Socio-Ambiental que debe estar compuesta por el Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Desarrollo Sostenible (actualmente en ambigüedad institucional), el Ministerio de Participación Popular, YPFB y un representante de los pueblos indígenas. Como lo expone su nombre los referidos comités tienen facultades para monitorear las actividades hidrocarburíferas que se puedan implementar. La incorporación de estas estructuras organizativas, responde a los principios del control social y la participación de los pueblos indígenas, comunidades originarias previstas en el Convenio 169 de la OIT. Esta figura no fue establecida nunca de una forma consistente en las regiones bajo actividades hidrocarburíferas. Actividades Hidrocarburíferas y Pueblos Indígenas La Ley 3058, incorpora un Título integro referido a la consolidación, en materia hidrocarburífera, de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y originarias. Prevé los siguientes derechos:  Consulta  Compensaciones e Indemnizaciones.  Intangibilidad de sitios.  Servidumbres. La Consulta es obligatoria y debe ser realizada con carácter previo y oportunamente al desarrollo de cualquier actividad hidrocarburífera. El objeto de la Consulta es contar con el consentimiento o disentimiento de la comunidad o pueblo afectado y sus resultados deben ser respetados. La consulta de acuerdo a los incisos a) y b) del Art. 115º de la Ley deben realizarse previamente a:

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2013


 La Licitación (posterior a la nominación de áreas de interés hidrocarburífero).  Autorización (posterior a la explotación para la gestión comercial o económica)  Contratación (posterior a la licitación y antes de la suscripción del Contrato Petrolero)  Convocatoria (se entiende como Licitación)  Aprobación

de

medidas,

obras

o

proyectos

(

la

reglamentación deberá desarrollar las especificaciones)  A la aprobación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (por la autoridad ambiental competente de acuerdo al RGPCA). La Compensación entendida como un monto económico para impactos socio-ambientales negativos, directos, acumulado y a largo plazo tomando como base el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y otros medios que permitan valorar los daños no cuantificados. La Indemnización como medida por daños y perjuicios emergentes de las actividades, obras o proyectos y considerados en la medida de los perjuicios derivados de la pérdida de beneficios por actividades productivas, conocimientos tradicionales o aprovechamiento de recursos naturales. La Intangibilidad de Sitios Sagrados y Áreas de Especial Valor Natural y Cultural, garantiza el derecho a la tierra de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y originarias, sean de carácter individual o comunitario, eximiéndoles de los procedimientos de expropiación salvo que una Ley expresa declare la utilidad y necesidad pública y siempre y cuando tenga los estudios de evaluación de impactos económicos, sociales, culturales y ambientales correspondientes y proporcionando en caso

de

emitirse

esta

declaratoria

un procedimiento

justo

de

expropiación y una compensación territorial a favor del pueblo o la comunidad afectada.

25


2013

Las Servidumbres se consideran para el caso de actividades de Transporte y Distribución de Gas por Redes e indistintamente del tipo de propiedad individual o comunal del pueblo o comunidad indígena, campesina u originaria y sujeta a un monto compensatorio por las afectaciones socio - ambientales que puedan sufrir de acuerdo a los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental realizados. Se puede concluir que la participación social en materia de gestión ambiental, durante años pasados, se ha limitado a la consulta pública convocada por los Representantes Legales de las AOP, realizada en la mayoría de los casos de forma precaria y a fin de cumplir con los meros requisitos legales, en cumplimiento con lo establecido en el Art. 162º del Reglamento de Prevención y Control Ambiental que establece: “En la fase de identificación de impactos para considerar en un EEIA el Representante Legal deberá efectuar la Consulta Pública para tomar en cuenta observaciones, sugerencias y recomendaciones del público que pueda ser afectado por la implementación del proyecto, obra o actividad. Si en el EEIA no estuviese prevista la misma, la Autoridad Ambiental Competente procederá a someter el EEIA a un período de consulta pública y a recabar los informes que en cada caso considere oportunos, antes de emitir la DIA” Los siguientes instrumentos legales en cuanto a la participación social se encuentran vigentes:  Reglamento

de

Consulta

y

Participación

para

actividades

hidrocarburíferas, Decreto Supremo 29033 del 16 de febrero de 2007.  Reglamento

de

monitoreo

socio-ambiental

en

actividades

hidrocarburíferas dentro del territorio de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas, Decreto Supremo 29103 del 24 de abril de 2007.

26


Otros

recursos

de

participación

menos

usados

han

sido

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las

manifestaciones por escrito, a través de OTBs, con observaciones, críticas y proposiciones respecto de una Actividad, Obra o Proyecto ante la Autoridad Ambiental Competente u Organismo Sectorial Competente, en forma técnica y legalmente sustentada durante la fase de revisión de la Ficha Ambiental, el EEIA o Manifiesto Ambiental y Declaratoria de Impacto Ambiental o Declaratoria de Adecuación Ambiental. Así también los reglamentos RPCA y RGGA, prevén, durante cualquier fase de revisión de los instrumentos de regulación de alcance particular hasta el vencimiento del plazo para el otorgamiento o rechazo de la Licencia Ambiental, la petición o iniciativa de audiencias públicas. Finalmente, en cualquier momento de la vida útil de la AOP la presentación de denuncias, a través de la OTB, con la consiguiente fundamentación técnica escrita. Gestión Ambiental Empresarial en el Sector de Hidrocarburos, el reto de mejorar el desempeño Coello (2007) identifica un doble desafío en ésta muy difícil proyección. a) Encontrar un modo de satisfacer la demanda pública creciente, nacional e internacional, por abundantes productos del petróleo y del gas a bajo costo, junto con el interés económico implícito, las divisas y otros beneficios que genera el sector para el país. b) Satisfacer las expectativas y requerimientos de las empresas y entidades matrices, de la sociedad y el Estado Nacional en relación a la responsabilidad social y ambiental, así como el cumplimiento

de

la

normativa

vigente,

incluyendo

la

protección de la biodiversidad. Se puede considerar que para el logro de este desafío, bastaría contar con la política explícita formulada a partir de la Ley del Medio Ambiente Nº 1333 y la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, a la cual las empresas,

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2013


tanto nacionales como internacionales del sector hidrocarburos, deben circunscribirse. El Ministerio de Hidrocarburos, como cabeza de sector, debe velar por el cumplimiento de la Política Nacional de Hidrocarburos debiendo supervisar el cumplimiento de disposiciones legales y normas en materia de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el accionar de las empresas que trabajan en el sector, bajo tuición propia (Y.P.F.B.) o mediante contratos petroleros, en concesión o sociedad mixta. Por otro lado, se prevé que la Superintendencia de Hidrocarburos actúe como Ente Regulador velando por el cumplimiento, entre otros, de los derechos y obligaciones de las entidades sujetas a su competencia. De acuerdo a los estatutos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos promulgados por Decreto Supremo Nº 28669 de 5 de abril de 2006, Y.P.F.B. tiene como una de sus atribuciones “Desarrollar de manera eficiente sus actividades en un marco de transparencia y responsabilidad

socio

ambiental”

(inciso

d,

Art.

4º),

siendo

responsabilidad de su Directorio, entre otros, “Asegurar que Y.P.F.B. participe en proyectos eficientes que se ejecuten en un marco de transparencia y responsabilidad socio – ambiental”. 8.4.

Ejemplos de Falencias Actuales de Gestión A pesar del nuevo marco normativo del sector hidrocarburífero que incorpora con mayor sustancialidad los temas ambientales y sociales, es decir más allá del discurso, las nuevas políticas hidrocarburíferas en función a la necesidad de reactivación de YPFB, presentan similar grado de agresividad hacia los espacios naturales protegidos y las TCO´s, por ejemplo al abrir nuevas zonas “reservadas” a la exploración y explotación, incluso en las zonas núcleo de áreas protegidas como el Parque Madidi y proponer la “flexibilización” de las normas ambientales con el fin de facilitar dichos ingresos. Se observa por ejemplo, el incremento del área reservada para YPFB en el Bloque Madidi con el último Decreto Supremo 29224 (Nuevo Bloque 28


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Madidi con 690.000 Ha.) relacionado con el anterior Decreto Supremo 28467 (Antiguo Bloque Madidi con 242.500 Ha.). Es evidente que el último Decreto Supremo que reserva y otorga áreas de interés para YPFB, así como los anteriores, no observan lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 que textualmente indica: “El Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas previo a las nominaciones de áreas de interés hidrocarburífero, coordinarán actividades en el marco de sus competencias cuando las mismas coincidan en áreas geográficas. Las actividades de hidrocarburos, en sus diferentes fases, podrán desarrollarse en áreas protegidas, reservas forestales, tierras de producción forestal permanente, reservas de patrimonio privado natural respetando su categoría y zonificación, cuando el Estudio Ambiental Estratégico, previo a la autorización o concesión, lo apruebe y no se ponga en riesgo los objetivos de conservación, servicios ambientales, recursos genéticos, espacios arqueológicos y socio – culturales, en el ámbito del desarrollo sostenible. Estas actividades estarán sujetas a reglamentos requiriéndose en todos los casos un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.”. Al margen de la decisión política, hecha manifiesta a través del Decreto Supremo de reserva de áreas para YPFB, se debe efectuar una representación y gestión oficial ante las instancias competentes a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Nº 3058, en cuanto a la aplicación de la política hidrocarburífera, que en lo sustentable establece el desarrollo equilibrado con el medio ambiente, resguardando los derechos de los pueblos, velando por su bienestar y preservando sus culturas, enmarcados a los Principios del Desarrollo Sostenible, dando cumplimiento a las disposiciones del artículo 171 de la Constitución Política del Estado, la Ley del Medio Ambiente 1333.

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9. CONCLUSIONES  La propiedad del energético no está definida en esta Nueva Ley, queda relegada a una decisión del mismo gobierno para concertarla posteriormente con las petroleras, cuando se defina la parte que se entrega en propiedad a las empresas mediante los nuevos contratos de producción compartida.  La industrialización no recibe ningún incentivo real, más bien la Nueva ley le trae más obstáculos e impedimentos. La iniciativa privada es relegada a favor de las transnacionales. El Sistema de Producción Nacional es golpeado manteniéndole los precios altos y dependientes de acuerdo al precio del petróleo internacional para los combustibles que se producen y consumen en nuestro país.  El impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), que implica cuantiosas regalías actuales o potenciales a las regiones, además de haber generado un mar de rencillas, no sólo entre las regiones, sino entre las regiones y el nivel central del Estado, no ha aportado ni un centavo para fines de fortalecimiento efectivo de la paupérrima gestión ambiental del gobierno central o de las prefecturas. Paradójicamente, no se ha previsto ningún insumo para el sector ambiental, que es precisamente el más vapuleado por las actividades hidrocarburíferas.  Se hace necesario, diseñar canales alternativos de articulación entre conservación y desarrollo, que puedan ir más allá que la aplicación de instrumentos y recaudos ambientales clásicos como el principio precautorio. Esto es evidente cuando llegan a las regiones recursos del IDH, que producen un apoyo social regional incondicional a la explotación petrolera o gasífera, situación que no se daba antes.  El mayor desafío de YPFB en relación a la conexión Ley 1333 y Ley 3058, es integrar políticas ambientales y buscar mejoras continuas, en procura de lograr certificaciones de calidad (Ej.: ISO 14000) y el cumplimiento de la norma.

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 Un elemento recurrente en el historial de las políticas públicas del país, es la debilidad crónica de la gestión ambiental y este es sin duda, una de las raíces fundamentales de la proliferación de impactos ambientales y sociales, derivados de los sectores extractivos como hidrocarburos o minería.  Al momento no se ha logrado un real compromiso del sector para el cumplimiento de la Ley del Medio Ambiente Nº 1333 y su reglamentación, incluyendo la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 y los Reglamentos de Monitoreo Socio – Ambiental y Consulta Pública. Ello implica que no se está garantizando que el sector Hidrocarburos esté enmarcado en la Política Nacional para “Vivir Bien”. El sector hidrocarburífero considera a los temas socio ambientales como simples trabas u obstáculos al libre desarrollo de sus actividades.  Se ha denotado a partir de varios estudios y denuncias, el mal desempeño social de las empresas petroleras. La volatilidad de los contratos petroleros y los numerosos cambios, transferencias, alianzas, etc., por parte de las empresas, suscitados en tiempos relativamente cortos, ha ocasionado que los impactos y contravenciones ocasionadas en las diversas regiones de operación con anterioridad, no tengan seguimiento y adscripción de responsabilidad.

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Analisis y Opinion de La Ley 1689 y 3058 Imprimir

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