“LOS DELITOS TRIBUTARIOS EN EL PERÚ” PERÚ ” Problemas Fundamentales Beyker Chamorro López Estudiante de Maestría en Ciencias Penales de la USMP Defensor Público del Ministerio de Justicia de Lima Noviembre 2011
1. INTRODUCCIÓN Con la dación del Decreto Legislativo No. 813 – Ley Penal Tributaria el 20 de mayo de 1996, se cuenta con una norma especial para tipificar las conductas que lesionen o pongan en peligro a la función tributaria o hacienda pública, pública, -dependiendo del criterio que se adopte respecto al bien jurídico que se protege con estos delitos-, derogándose los artículos 268° y 269° del Código Penal; bajo el fundamento, según se advierte de su exposición de motivos, de especialidad y de generar mejores resultados en términos de política preventiva (crear mayor conciencia tributaria). Del mismo modo, en el aspecto procesal, se buscó dotar a los operadores jurisdiccionales, de vías y métodos eficaces, técnicos y céleres para investigar, perseguir y sancionar éstos ilícitos; más aún, con la promulgación del Decreto Legislativo No. 957 (Código Procesal Penal) de fecha 29 de julio de 2004, que incorpora en su Segunda Disposición Modificatoria y Derogatoria una serie de numerales referidos a la acción penal en casos de diversos delitos económicos (modificándose los artículo 7° y 8° de la Ley Penal Tributaria). Se procuró también, describir mejor las conductas que ponen o lesionan los bienes jurídicos recogidos por los tipos penales fiscales, es decir, respetar con solvencia el principio de legalidad y sus manifestaciones, identificando sus elementos y contenido; para diferenciarlos con rigor de las meras infracciones administrativas tributarias.
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De otro lado, se tiene además que estos delitos presentan técnicas de remisión; que no existe uniformidad de criterios para definir los momentos en su ejecución y consumación, así como en la identificación y definición del bien jurídico protegido, entre otros aspectos.
2. PROBLEMA Así como se concibe una problemática dogmática alrededor de los delitos tributarios, desde su redacción típica, la identificación del momento de su consumación, el bien jurídico, el objeto del delito (ley penal en blanco), su concurso con otros delitos, si estamos ante un delito de peligro o de lesión, especial o común, de dominio o de infracción de deber , y el tratamiento de la figura de regularización tributaria, etc., se advierte también una incertidumbre sobre el procedimiento especial que se utiliza para viabilizar la persecución del Estado, como el levantamiento del secreto tributario constitucionalmente protegido, el pago de la caución, entre otros, y fundamentalmente, un problema mayor sobre su efecto y utilidad políticocriminal, es decir, si en concreto estos delitos, motivan su prevención. Estando a la publicación del día 05 de Octubre de 2011 de el Diario El Comercio, en su artículo “SUNAT ajustó el ranking de los principales morosos” , se detalla entre otros datos, que de los 20 primeros deudores,
siete son personas naturales, y que los 100 principales morosos tributarios acumulan deudas por S/. 14.676 millones al cierre de agosto del presente ejercicio, y que de éstos destacan las mineras; se infiere que la Administración Tributaria es deficiente para revertir la situación tributaria, y que los índices de comisión de infracciones tributarias es considerable. En la misma línea, se advierte que los sentenciados por la comisión de delitos tributarios son escasos, percibiéndose un clima de impunidad. Dada la naturaleza del presente trabajo, y a fin de cumplir con los objetivos preestablecidos de la cátedra (Derecho Penal Especial IV – Delitos Especiales), nos circunscribiremos en enfatizar y abordar la problemática Página 2 de 17
relativa a la conveniencia y utilidad de contar con una ley penal especial que regule los delitos tributarios, identificando alguna de las dificultades que se derivan de ésta técnica, enfocándonos también en el análisis de la parte adjetiva de dicha norma, considerando además la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, y la emisión del Acuerdo Plenario Nro. 22009/CJ-116 denominado – Regularización Tributaria.
3. OBJETIVOS DEL TRABAJO
Identificar y describir la conveniencia y utilidad de contar con una Ley Especial sobre Delitos Tributarios, y de qué manera ésta fórmula legislativa incide en el cumplimiento de la función preventiva del derecho penal. Fundamentando la necesidad o no de modificarla.
Determinar la pertinencia de establecer el pago de una caución (Artículos 10° al 16° de la Ley Penal Tributaria), deducida de forma porcentual, sobre la base del monto tributario que se presume ha sido defraudado.
Determinar la contundencia y fiabilidad de los argumentos esgrimidos en el Acuerdo Plenario No. 2-2009/CJ-116 – Regularización Tributaria, sobre las notas características esenciales de los delitos tributarios.
Identificar los fundamentos sobre la necesidad de establecer montos referenciales para normativizar con mayor solvencia, el contenido ilícito del delito tributario.
Explicar la participación que tiene el Órgano de la Administración Tributaria en la tramitación de un delito tributario conforme a la Ley Penal Tributaria y Nuevo Código Procesal Penal, y si ésta regulación resulta compatible con los fines de recaudación del Estado.
4. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN Página 3 de 17
La creación de delitos tributarios, se condice con la necesidad del Estado de atender las necesidades de la sociedad en su conjunto, es decir de atender a sus propios fines, a saber, redistribución de las riquezas, propiciando y fomentando con tal actividad, el bienestar general.
& Al margen de la discusión existente sobre la identificación del bien jurídico protegido, éste delito se instituyó en el Código Penal de 1991 (Artículos 268° y 269°), siendo derogado tal regulación por el Decreto Legislativo No. 813 – Ley Penal Tributaria, y conforme se colige de su Exposición de Motivos, era por la necesidad de una norma especial, y señalando lo siguiente: “resulta necesario que en una ley penal especial se legisle sobre esta
materia. En este sentido, el delito de defraudación tributaria puede ser legislado íntegra y ordenadamente en su parte sustantiva; asimismo, pueden establecerse normas procesales que posibiliten una efectiva investigación y especializado juzgamiento en su parte adjetiva. Por su parte, la existencia de una norma penal especial origina un mayor conocimiento y difusión de la materia que se legisla, así como un mayor efecto
preventivo
en
la
sociedad.
Estos
efectos
deben
ser
necesariamente considerados al momento de legislar sobre el delito de defraudación tributaria, a fin de generar una mayor conciencia tributaria y una abstención en la comisión del citado ilícito, dado que el mismo afecta de manera significativa a la sociedad, por cuanto perjudica el proceso de ingresos y egresos a cargo del Estado, imposibilitando que éste pueda cumplir con su rol principal de brindar los servicios básicos a los miembros de la sociedad y generando además planes de desarrollo global. La dación de una norma penal especial en materia penal no afecta el sistema jurídico penal, ni procesal penal, por cuanto los principios Página 4 de 17
rectores del derecho penal, así como las garantías contenidas en el derecho procesal penal, son de aplicación obligatoria a todas las normas relacionadas con estas materias. Por consiguiente, las disposiciones de esta norma penal especial no alteran el sistema jurídico penal, ni por ende los derechos y garantías de las personas, contenidas en la Constitución Política del Perú.”
& En la misma línea de comento, la Ley Penal Tributaria –en adelante, LPT-, normativiza en sus artículos 10° al 16° la aplicación de la Caución, en la sustanciación de los Delitos Tributarios abordados; y que como bien sabemos, éste instituto tiene por finalidad asegurar la presencia del procesado durante el desarrollo del proceso, y asegurar – de modo eventual - la posible y futura imposición de una pena. Así, contempla la imposición de una caución, que se determina en forma porcentual sobre la base del monto tributario dejado de pagar en cada supuesto de delito tributario, conforme se trascribe a continuación; TITULO III CAUCION
Artículo 10.- En los casos de delito de defraudación tributaria, el Juez al dictar mandato de comparecencia o la Sala Penal al resolver sobre la procedencia de este mandato, deberá imponer al autor la prestación de una caución de acuerdo a lo siguiente: a) En los delitos previstos en los Artículos 1, 3 y 5 del presente Decreto Legislativo, se aplicarán las normas generales que rigen a la caución. b) En los delitos previstos en el Artículo 2 del presente Decreto Legislativo, la caución será no menor al treinta por ciento (30%) del monto de la deuda tributaria actualizada, excluyéndose los montos por concepto de multas, de acuerdo a la estimación que de aquella realice el Órgano Administrador del Tributo. Página 5 de 17
c) En el delito previsto en el inciso a) del Artículo 4 del presente Decreto Legislativo, la caución será no menor al monto efectivamente dejado de pagar, reintegrado o devuelto, de acuerdo a la estimación que de este realice el Órgano Administrador del Tributo. d) En el delito previsto en el inciso b) del Artículo 4 del presente Decreto Legislativo, la caución será no menor al cincuenta por ciento (50%) del monto de la deuda tributaria actualizada, excluyéndose los montos por multas, de acuerdo a la estimación que de aquella realice el Órgano Administrador del Tributo. Artículo 11.- En los casos de delito de defraudación tributaria, el Juez o la Sala Penal, al conceder la libertad provisional, deberá imponer al autor una caución de acuerdo a las reglas establecidas en el Artículo 10 del presente Decreto Legislativo. Artículo 12.- En los casos de mandato de comparecencia o libertad provisional, el monto mínimo por concepto de caución a que se refiere el Artículo 10 del presente Decreto Legislativo, será el que estime el Órgano Administrador del Tributo a la fecha de interposición de la denuncia o a la fecha de solicitud de la libertad provisional respectivamente. Los recursos administrativos interpuestos por el contribuyente contra la determinación de la deuda tributaria, estimada por el Órgano Administrador del Tributo, no impedirán la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo. Artículo 13.- En los casos que se haya cumplido con el pago de la deuda tributaria actualizada, el Juez o la Sala Penal, según corresponda, determinará el monto de la caución de acuerdo a la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, así como a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión.
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Artículo 14. En el caso que se impute la comisión de varios delitos de defraudación tributaria, y a fin de cumplir lo dispuesto en el Artículo 10 del presente Decreto Legislativo, la caución deberá fijarse en base al total de la deuda tributaria que corresponda. Artículo 15.- En el caso que sean varios los imputados que intervinieron en la comisión del hecho punible, el Juez o la Sala Penal impondrá al partícipe, un monto no menor al diez por ciento (10%) de la caución que corresponde al autor. Artículo 16.- En los casos que sean varios imputados, los autores responderán solidariamente entre sí por el monto de la caución determinada según corresponda. Igual tratamiento recibirán los partícipes.
& El día 13 de noviembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la República ha pronunciado el Acuerdo Plenario No. 2-2009/CJ-116 su asunto: Regularización Tributaria, el mismo que si bien desarrolla con mayor amplitud el tema de su cometido, también traza algunas características esenciales de los delitos tributarios, que serán comentados en el siguiente apartado, en tanto más, constituye también objetivo del presente.
& De otro lado, se tiene también que en nuestra actual regulación, no se ha establecido referencia cuantitativa alguna o monto mínimo de la deuda tributaria, (considerando el tipo de hecho imponible), para poder configurar un delito de defraudación tributaria, más solo conforme se tiene en el artículo 3° de la LPT, se ha establecido una suma referencial, para atenuar la pena. "Artículo 3.- El que mediante la realización de las conductas descritas en los Artículos 1 y 2 del presente Decreto Legislativo, deja de pagar los Página 7 de 17
tributos a su cargo durante un ejercicio gravable, tratándose de tributos de liquidación anual, o durante un período de 12 (doce) meses, tratándose de tributos de liquidación mensual, por un monto que no exceda de 5 (cinco) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al inicio del ejercicio o del último mes del período, según sea el caso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 (dos) ni mayor de 5 (cinco) años y con 180 (ciento ochenta) a 365 (trescientos sesenta y cinco) días-multa. Tratándose de tributos cuya liquidación no sea anual ni mensual, también será de aplicación lo dispuesto en el presente artículo."
& Con la entra en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal –
en
adelante, NCPP – se ha rediseñado el modo de participación accesoria del Órgano de Administración Tributaria (OAT), dado que conforme lo contemplaban los dispositivos derogados (Artículos 7° y 8° de la LPT), el OAT era quien disponía ante el indicio de un delito tributario, cual acción privada, cuando iniciar investigación administrativa y contra quien o quienes entablar una denuncia ante el Ministerio Pública. Sin embargo ésta aparente solución, también será objeto de ser tratado en el presente.
5. TESIS (POSTURA DEL ESTUDIANTE) 1. Consideramos que la dación de una norma especial para regular los Delitos Tributarios – en estricto, Defraudación Tributaria-, no ha sido del todo la más acertada, pues si bien sistematiza mejor los supuestos que contemplaba el Código Penal, ésta no deja de ser desordenada, pues bien señala Percy García Cavero 1: “el Decreto Legislativo 813 regula, en primer lugar, el tipo básico del delito de defraudación tributaria (artículo 1°). En el artículo 2° se establecen modalidades especiales del delito defraudación
tributaria,
las
cuales,
si
seguimos
lo
señalado
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Percy García Cavero – Derecho Penal Económico / Tomo II, Grijley 1° Edición, Octubre 2007. Pagina 611. Página 8 de 17
expresamente en la exposición de motivos, deberían mantener los elementos principales y constitutivos del tipo base. No obstante, una revisión de la redacción típica de las modalidades especiales de defraudación tributaria permite concluir que, posiblemente del mismo modo que sucede con las defraudaciones especiales en el delito de estafa, estos tipos especiales no necesariamente reúnen todos los elementos constitutivos del tipo base de defraudación tributaria [ …].La ley penal tributaria establece además un tipo penal atenuado en función del monto defraudado (artículo °3), así como ciertos supuestos en los que se agrava la pena prevista en el tipo penal básico (artículo 4). En estos casos, sí resulta claro que se trata de tipos penales derivados que tienen como base los elementos constitutivos de la defraudación tributaria simple. Como tipo penal autónomo, se regula en el artículo 5° la llamada infracción de deberes contables tributarios.”
Considérese también, que el cometido inicial de LPT, de instaurar en el colectivo una mayor conciencia tributaria, no ha sido del todo eficaz. La inclusión de normas del ámbito procesal ha abonado, en nuestro concepto, en desarticular la coherencia de la parte procesal del derecho penal. Es en tanto atendible nuestra postura, la reinserción de estos tipos penales en el catálogo de normas penales, ya que como veremos más adelante, no solo vamos en dirección estética o de uniformidad, sino en términos de coherencia legislativa entre la norma sustancial/procesal y constitucional. 2. El pago de la caución reside en el fundamento principal, de asegurar la concurrencia del inculpado durante el proceso (sustento cautelar), y éste conforme lo prescribe el artículo 143° del Código Procesal Penal de 1991, se sujeta también a la posibilidad económica del imputado, prescribiéndose en el apartado 183° de la misma norma: “La caución se Página 9 de 17
fijará solamente cuando se trate de imputados con solvencia económica, y consistirá en una suma de dinero que se fijará en la resolución. El imputado que carezca de solvencia económica ofrecerá fianza personal escrita de una persona natural o jurídica. Así, tenemos que si la LPT fija porcentajes, para sustanciar la caución impuesta en un proceso penal por delito tributario, etapa en la que el imputado goza de la presunción de inocencia, éste se encontraría, en la imposibilidad de ofrecer fianza personal. “La caución, conforme al artículo 10 incisos b), c) y d), y al artículo 15 ° de
la Ley Penal Tributaria, resulta inaplicable por contravenir a las siguientes normas constitucionales: a) Artículo 104 (delegación de facultades al Poder Ejecutivo); b) Artículo 2 inciso 2 (derecho a la igualdad ante la Ley); c) Artículo 2 inciso 24 literal b (sobre la restricción de la libertad personal)….2 ”
3. Respecto a los argumentos esbozados en el Acuerdo Plenario No. 22009/CJ-116 de fecha 13 de noviembre de 2009, éste señala en su fundamento segundo – la regularización tributaria – que los delitos tributarios tienen las siguientes características esenciales: A.
Se configuran como un delito especial propio y de infracción del deber de contribuir mediante el pago de tributos al sostenimiento de los gastos Públicos.
2
Armando, Salvador Neyra – “La inaplicación vía control difuso de la regulación de la caución en los delitos tributarios”, Gaceta Penal No. 2, Agosto de 2009. Página 10 de 17
B.
Tienen una naturaleza patrimonial, pero es de tener en cuenta su carácter público en atención a la función que los tributos cumplen en un Estado social y democrático de derecho.
C.
Son delitos de resultado. Se exige la producción de un perjuicio que se consuma desde el momento en que se deja de pagar, total o parcialmente, los tributos o que se obtenga o disfruta indebidamente de un beneficio tributario.
D.
El núcleo típico es la elusión del pago de tributos debidos o la obtención indebida de beneficios tributarios, cuya perpetración puede producirse tanto por acción, como por omisión.
E.
Es un delito doloso –directo o eventual-, centrada en el conocimiento de la afectación del interés recaudatorio del Fisco. Además, se requiere de un elemento subjetivo especial o de tendencia: el ánimo de lucro en provecho propio como de un tercero [LUIS ALBERTO BRAMONT ARIAS TORRES/MARÍA DEL CARMEN GARCÍA CANTIZANO: Manual de Derecho Penal – Parte Especial, Tercera edición, Editorial San Marcos, Lima, 1977, página 478], aunque no hace falta que se alcance efectivamente. ” 3
Sobre estos puntos fijados por el Acuerdo, creemos que debió efectuarse una mayor precisión en su redacción e identificación de tales características para evitar mayor confusión, dado que no es tan cierto, que éstos constituyan una infracción de deber en puridad, pues conforme se puede colegir en su redacción básica, se requiere que el agente efectúe una conducta dolosa (comisiva u omisiva) de defraudación, destinada a evitar el pago de los tributos que se deben hacer, es decir no basta con infraccionar el deber.
3
Acuerdo Plenario N° 2-2009/CJ-116.- Fundamento 8° Página 11 de 17
Sobre lo referido en el apartado
, toca alegar que la doctrina
B
mayoritaria, no se aúne al concepto patrimonialista del bien jurídico de los delitos tributarios, considerando que es la recaudación y distribución de los tributos (como proceso), el que se ve afectado, y de modo general la Hacienda Pública como ente colectivo. Del mismo modo, no es absoluta la afirmación de que se tratan de delitos de resultado, pues se contempla el delito de contabilidad paralela (artículo 5° de la LPT), la cual es de peligro concreto, pues lo que genera esta conducta operacional, es atentar a la actividad recaudadora. Así también, en el uso de comprobantes de pago con operaciones no reales, de gran incidencia en los delitos tributarios, considero que el solo hecho de que éstos sean ingresados a la Administración Tributaria por el contribuyente, con la finalidad que incidan en la determinación de un tributo de menor cuantía respecto al que en realidad es, ya han quedado agotado todos los elementos de la acción que el tipo requiere por parte del agente, al punto que la Regularización Tributaria es concebida como una causa material de exclusión de pena , que opera antes de se inicie investigación o en su defecto, que el obligado reciba notificación alguna por parte de la Administración). 4. La norma penal tributaria así dada, permite penalizar fraudes que importen montos impagos mínimos (bagatelas), pudiéndose admitir arbitrariedades, siendo por ello necesario establecer de modo referencial, algún parámetro para su determinación, máxime que el artículo 3° de la LPT fija una atenuante-agravante si el monto dejado de pagar, no supera las 5 UIT’s. 5. Respecto a la participación en el proceso del OAT, considero que ésta debe reglamentarse, pues deja abierta la posibilidad de ver a éste Órgano, distrayendo su real objetivo de recaudación, atendiendo de Página 12 de 17
forma saturada, los requerimientos fiscales para la investigación de supuestos delitos tributarios. Si bien, son motivos de especialización en materia tributaria, los que demandan su participación en una investigación, debe establecerse la creación de un ente adjunto al Ministerio Público encargado de efectuar tales actos técnicos de investigación, y acompañar al ente persecutor, en la sustanciación de todo el proceso (investigación preliminar, investigación preparatoria y juicio oral), pero siempre, con el apoyo básico del OAT.
6. POSICIONES CONTRARIAS En este apartado, consideraremos solo algunas posiciones contrarias respecto a nuestra postura asumida, ya que en mayor parte, el presente trabajo ha cuestionado el fundamento de contar con una Ley Penal Tributaria, la regulación diferenciada de la caución para éstos delitos, los argumentos del Acuerdo Plenario de Regularización Tributaria sobre los Delitos Tributarios y la regulación de la participación del Órgano de la Administración Tributaria en la tramitación de los ilícitos tributarios. Respecto a los argumentos para contar con una Ley Especial, no se ha observado autor o texto que abone y respalde la posición de seguir contando con ésta norma, existiendo, en todo caso, mayoría sobre su rediseño e inclusión en el Código Penal. De igual forma, sobre el instituto de la caución, no hay mayor dificultad en afirmar que los posicionamientos que existen, suman a favor de concebir a la regulación que hace la LPT de ésta, como inconstitucional, por no respetar el principio de igualdad ante la ley. Sin embargo hay autores que desarrollan y explican la naturaleza de la caución regulada por al LPT sin
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hacer acotación alguna al respecto, así Silfredo, Hugo Vizcardo4 hace un breve desarrollo del mismo. También señala éste autor lo siguiente en dicho trabajo: “La construcción técnico-jurídica del delito de defraudación tributaria encuentra su fundamento en un acto omisivo basado en el incumplimiento por parte del obligado a la contribución (contribuyente), de su obligación a contribuir con el sostenimiento de los gastos del Estado…” Lo cual contradice nuestra posición, en el sentido que nosotros consideramos que el delito tributario requiere de una acción que se valga de un acto defraudatorio, por parte del actor. En cuanto a las notas esenciales de los delitos tributarios que anota el Acuerdo Plenario en su fundamento 8°, se tiene lo siguiente: También Percy, García Cavero indica, “Una operación no real es absoluta cuando nunca se realizó, pese a lo cual se encuentra acreditada en un comprobante de pago. Si se presenta este comprobante de pago a la Administración Tributaria con la finalidad de justificar la realización de una operación patrimonial, no hay duda de que se estará ante un engaño capaz de incidir en la determinación de los tributos a pagar. Si se consigue efectivamente dejar de pagar, en todo o en parte, los tributos legalmente establecidos, entonces se cumplirá con todos los elementos constitutivos del delito de defraudación tributaria previstos en el tipo básico del artículo I de la LPT.”5
4
HUGO VISCARGO, Silfredo; artículo “Análisis de los delitos tributarios en el Perú”; revista Actualidad Jurídica, Tomo 172. 5
GARCÍA CAVERO, Percy; artículo “El delito de defraudación trib utaria cometido a través de operaciones no reales”; Gaceta Penal y Procesal Penal, Tomo 19, 2011. Gaceta Jurídica – Perú.
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Se aprecia que el autor, señala en síntesis que se habrá cumplido con todos los elementos del tipo, solo si se consigue efectivamente dejar de pagar, es decir que estaríamos ante un delito de resultado, lo que contraria nuestra tesis, ya que hemos anotado que estamos ante un delito de actividad, que se consuma cuando el agente culmina su accionar (valiéndose del engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta), para defraudar al Estado.
Daniel, Yacolca Estares anota que el bien jurídico protegido en estos delitos es la haciendo pública 6, considerando que somos de la idea que en se menoscaba a la actividad recaudadora del Estado (primer momento) y luego a la hacienda pública.
7. CONCLUSIONES
La dación de una Ley Especial para regular a los delitos tributarios, ha traído consigo incongruencias normativas, al punto que se ha incurrido en un error insalvable al regular la imposición de la caución, por contravenirse a la constitución.
Los delitos tributarios no son en estricto delitos de infracción de deber, pues si bien el agente tiene como fin ulterior no solventar los tributos que le son imponibles, éste debe desplegar una acción – principalmente- valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, para dejar de pagar.
Respecto a la identificación del bien jurídico tutelado en los delitos tributarios, creemos que en un primer plano se atenta a la actividad de recaudación, y en un segundo momento al patrimonio del Estado.
6
YACOLCA ESTARES, Daniel: artículo “El bien jurídico protegido en los delitos tributarios”, revista JUS – Gestión Pública – 2008, Editorial Grijley, Perú. Página 15 de 17
Es necesario establecer un monto mínimo defraudado para colocarnos en un ilícito tributario, en tanto que si se trata de uno menor a éste, pueda ser considerado como falta, y si estamos ante conductas reincidentes o habituales, bien podrían ser consideradas delitos.
Somos de la opinión que estamos ante un delito de actividad y/o de peligro, mas no de resultado, lo que se condice con la figura de la Regularización Tributaria como causa de exculpación de pena.
Se requiere la creación de un ente especializado en el Ministerio Público que efectúe la labor investigativa en estos delitos, para no distraer el real objetivo de la Administración Tributaria, gestionar la actividad recaudadora.
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BIBLIOGRAFÍA
Decreto Legislativo No. 813 – Ley Penal Tributaria.
Decreto Supremo No. 135-99-EF - Texto Único Ordenado del Código Tributario.
Decreto Legislativo No. 957 - Código Procesal Penal de 2004.
Constitución Política del Perú de 1993.
El Ejercicio de la Acción Penal en los Delitos Tributarios y el Código Procesal Penal de 2004 – Luis F., Bramont-Arias Torres / Revista VOX JURIS, Edición 15, 2009.
El bien jurídico tutelado en los delitos tributarios – Daniel, Yacolca Estares / Revista JUS, Doctrina y Práctica, Edición 1, 2009.
Análisis de los delitos tributarios en el Perú – Silfredo, Hugo Vizcarro / Revista Actualidad Jurídica, Edición 172, año 2008.
Acuerdo Plenario No. 2-2009/CJ-116 – Regularización Tributaria.
Acuerdo Plenario No. 3-2010/CJ-116 – El Delito de Lavado de Activos.
Derecho Penal Económico – Percy García Cavero / Tomo II, Grijley primera Edición, Octubre 2007.
El Delito de Defraudación Tributaria Cometido a Través de Operaciones No Reales. – Percy García Cavero / Tomo 19, Gaceta Penal y Procesal Penal, 2011.
La Inaplicación Vía Control Difuso de la Regulación de la Caución en los Delitos Tributarios / Armando, Salvador Neyra / Gaceta Penal y Procesal Penal, Tomo 2, Agosto 2009. Perú.
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