“AÑO DEL
DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL ”
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
TEMA: Código Procesal Constitucional Peruano y su estructura normativa
CURSO: Derecho Procesal Constitucional
DOCENTE: Dr. Oscar Valladares Moncada
INTEGRANTES: Castañeda Seminario, Keine Pacherres Olaya, Ingrid Rujel Vinces, Danitza
CICLO: VIII
TUMBES - PERÚ 2018
INDICE
INTRODUCCIÓN
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CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL PERUANO
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Jurisdicción Constitucional
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Modelos
4
Importancia
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El nuevo Código Procesal Constitucional del Perú
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Estructura normativa
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BIBLIOGRAFÍA
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INTRODUCCIÓN La aprobación de un Código Procesal Constitucional con alcance nacional se dio finalmente en primer lugar en el Perú, dentro de un proceso que ha sido descrito en numerosos y muy completos textos, el cual a todas luces rebasa los alcances del presente trabajo. Basta con efectuar una revisión de lo sucedido en el escenario peruano luego de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional para apreciar una a todas luces cualitativa mejora del tratamiento de estos temas en nuestro país. Mediante su publicación en la edición del Diario Oficial "EI Peruano" del 31 de Mayo de 2004, se ha dado a conocer la ley 28237, ya habitualmente denominada Código Procesal Constitucional, vigente desde Diciembre de 2004. AIIí, lejos de quedarse en la puntual sistematización de la hasta hoy diversa y dispersa normativa relacionada a los diferentes procesos constitucionales previstos en el ordenamiento jurídico peruano, se busca introducir importantes cambios en la regulación de estos mecanismos procesales, replantea los términos de la relación entre los medios ordinarios para la tutela de los derechos fundamentales y los procesos constitucionales de la libertad, disponiendo
finalmente
la
instalación
especializados en materia constitucional.
3
de
juzgados
con
juzgadores
CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL PERUANO 1.1. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Se acostumbra denominar como "Jurisdicción Constitucional", al conjunto de mecanismos procesales destinados a defender la Constitución, sea en su aspecto orgánico o el dogmático. Dentro de ella tiene destacada importancia el control constitucional de las leyes y la defensa de los derechos humanos. Por influencia francesa también se suele utilizar el término "Justicia Constitucional", que en rigor significa prácticamente lo mismo, tanto es así que el gran teórico de la disciplina, Hans KELSEN, les dio un significado equivalente. La tendencia contemporánea se orienta a reconocer funciones jurisdiccionales constitucionales a órganos distintos de los judiciales. Es en este campo que intervienen principios de técnica jurídica, para lograr la realización del principio de legalidad que es propio del Estado Constitucional de Derecho, el principio de la independencia de los órganos constitucionales, como también el principio de la oportunidad política, atribuyendo mayor amplitud a órganos que parecen ser más idóneos que la magistratura ordinaria. 1.2. MODELOS Los "Modelos" o "Sistemas" de Jurisdicción Constitucional, vienen a ser las formas, usos, estilos o estructuras existentes para analizar, procesar y resolver los problemas que plantea la Constitución y su defensa. Esto significa que para llegar al tema de los "Modelos", no hace falta tomar partido con las disquisiciones teóricas existentes, sino partir de ellas y seguir adelante. Al parecer, la caracterización de los modelos como "Concentrado" y "Difuso", se deben a Carl SCHMITT (El defensor de la Constitución), entendiendo por Difuso el Norteamericano, y Concentrado el Europeo Continental. Por tanto, en Schmitt se encuentra la caracterización de tales 4
modelos, conjuntamente con el Político. De esta suerte, los modelos, caminos o vías de ejercer la jurisdicción constitucional, serían el difuso o americano, concentrado o europeo o mejor aún Kelseniano.
El Modelo Difuso nace en Norteamérica, como fruto de una larga experiencia colonial alimentada por la experiencia inglesa, y que se fija en 1803 en el célebre caso Marbury vrs. Madison. Luego viene un largo silencio hasta después de la Guerra Civil en donde nuevamente es retomado el problema lentamente, y se reanuda en el siglo XX, especialmente en la denominada Revolución Constitucional de la Corte Suprema, a raíz de su enfrentamiento con Rooselvelt, Bajo este Modelo, es el Poder Judicial el responsable del control constitucional
La experiencia Norteamericana, nacida dentro de una familia jurídica distinta a como lo es el common law, fue mal vista en Europa. Fue así que nació el llamado Modelo Kelseniano, plasmado en un proyecto de 1918, sancionado por el Parlamento Austriaco en 1919 y hecho realidad en la Carta Austriaca de 1920, correspondiendo al Tribunal Constitucional el control de la Constitución.
Por otro lado, además de estos dos modelos clásicos, se ha colocado el denominado Modelo Político, creado por la Revolución Francesa, desahuciado desde KELSEN, pero admitido en cuanto modalidad existente, y que consiste en que la tarea del control constitucional se adjudica a un órgano político, clásicamente al Parlamento. Ahora bien, estos tres modelos surgidos en el siglo XIX, tanto en Estados Unidos, como en Europa, son los que más se han desarrollado y han alcanzado mayor influencia. Los modelos antes señalados, son los que por comodidad podemos llamar originarios, pues nacieron con una relativa autonomía, fruto de especiales circunstancias. Al lado de los originarios existen los derivados, 5
que son los que, partiendo de éstos, han ido más lejos y han creado una nueva realidad. Entre estos derivados tenemos: 1.2.1. EL MODELO DUAL Puede llamársele indistintamente, es aquel que se presenta cuando en un mismo país, en un mismo ordenamiento jurídico, coexisten el Modelo Americano y el Modelo Europeo, pero sin mezclarse, deformarse ni desnaturalizarse. 1.2.2. EL MODELO PERUANO Tiene su partida de nacimiento en la Constitución de 1979, reiterada en la vigente Carta de 1993. La actual Constitución mantiene en sustancia el modelo Dual o Paralelo, esto es tanto el Difuso o Norteamericano, como el Concentrado o Europeo, con las siguientes variantes que no alteran su esencia:
Las Acciones de Hábeas Corpus, Acción de Amparo, Acción de Cumplimiento, Acción de Hábeas Data y Ación Popular, corresponde conocer en su inicio al Poder Judicial, con sujeción a normas procesales que regulan su ejercicio (Modelo Difuso).
Adopta el nombre de Tribunal Constitucional, más técnico en opinión del Dr. Domingo GARCIA BELAUNDE, (Modelo Concentrado).
Sus resoluciones no operan en casación, sino en fallo definitivo para conocer los instrumentos protectores que ahora
son
más:
Hábeas
Corpus
y
Amparo,
y
adicionalmente, el Hábeas Data y la Acción de Cumplimiento, pero sólo para las sentencias denegatorias que se dan en tales acciones, el resto se mantienen en sede judicial. 6
Resuelve en exclusiva los conflictos de competencia o función que tengan o se produzcan en los Órganos del Estado que señala la ley.
1.3. IMPORTANCIA Nadie pone en duda que las normas reguladoras de los Procesos Constitucionales deben ser estudiadas con independencia de las normas sustantivas; sin embargo, décadas atrás, los estudios de los procesos constitucionales eran asumidos por los constitucionalistas con evidentes deficiencias de técnica procesal. En la actualidad, no obstante, el reclamo de que su estudio requiere una perspectiva estrictamente procesal, esta disciplina viene, por lo general, siendo diseñada por los propios constitucionalistas y quizás el fermento del tiempo ha podido revelar una serie de dudas y hoy se podría con vigorosa firmeza proclamar que el Derecho Procesal Constitucional tiene ya un sitial en el conocimiento de las demás ramas del Derecho Procesal. Un breve planteamiento demasiado esquemático confirma la existencia de esta rama procesal cuando se observa que, frente al Código Civil (código sustantivo) le corresponde su respectivo Código Procesal Civil (código adjetivo), ocurre con igual fuerza de estudio las disciplinas jurídicas específicas: el Derecho Civil y el Derecho Procesal Civil. Lo propio ocurre con el Código Penal cuyas disciplinas académicas llamadas a estudiarlo son el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. En realidad, podemos afirmar que, las normas jurídicas sean sustantivas o procesales del derecho civil o penal o de cualquier otra norma "sustantiva", son simplemente eso: normas de conductas, mandatos, imputaciones que prescriben algo; en cambio, la ciencia jurídica correspondiente en cada materia, estudia y describe dichas normas, como objeto de estudio. Esta descripción también es aplicable al Derecho Constitucional y al Derecho Procesal Constitucional, en términos de disciplinas científicas. El primero estudia a la Constitución, sea en su lectura del texto formal o 7
material o todo lo que se presente como fenómeno constitucional, esté o no normado. En la realidad, sumado al texto o código fundamental, existe una suerte de Código Procesal Constitucional que se refleja dispersamente en una serie de instituciones procesales tendientes a hacer prevalecer la "parte sustantiva" de aquel Código Constitucional. En definitiva, se trata de que un virtual Código Procesal Constitucional regule los procesos constitucionales que se reflejan en las diversas "Garantías Constitucionales" y, por tanto, traten de afirmar la defensa de la Constitución a través de los diversos mecanismos
procesales
que
establezca
la
propia
normatividad
constitucional. A este tipo de instituciones de naturaleza procesal constitucional, distintas a las otras normas, le asiste la respectiva disciplina llamada a cubrir su estudio: el Derecho Procesal Constitucional. El Artículo 200º, de la Constitución Política del Perú de 1993, prescribe: "Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas"; empero, hasta la fecha el Congreso no ha cumplido con este mandato, incurriendo en una grave omisión constitucional. En este marco situacional es que se erige la gravitante personalidad de Domingo GARCIA BELAUNDE quien, a la sazón y sin disputa alguna, es el máximo representante del movimiento constitucional peruano y uno de los más grandes interlocutores del pensamiento jurídico- constitucional latinoamericano entrelazado con Europa y Estados Unidos. Por lo demás GARCIA BELAUNDE presidió la comisión que elaboró un anteproyecto de Código Procesal Constitucional, cuya norma procesal enriquecerá el objeto de estudio de nuestra novísima disciplina, el Derecho Procesal Constitucional Peruano. 1.4. EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ El 15 de diciembre del 2003, el anteproyecto de Código Procesal Constitucional fue presentado como proyecto de ley por un grupo multipartidario de congresistas integrantes de la Comisión de Justicia y 8
Derechos Humanos del Congreso de la República. Con anterioridad, se habían presentado varios proyectos de ley por parte de diversos congresistas y del propio Poder Ejecutivo, que proponían reformas puntuales a los procesos constitucionales pero que, ciertamente, carecían de una visión de conjunto. Dicho proyecto contó con los dictámenes favorables de la Comisión de Constitución y Reglamento, y de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, las cuales introdujeron contadas modificaciones. El dictamen que propuso mayores cambios fue el elaborado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, los cuales en su mayoría no fueron acogidos en la versión final del Código. Además, a través del Oficio Nº 182-2004-CCYRCR de 18 de febrero del 2004, la Comisión de Constitución y Reglamento solicitó la opinión del Tribunal Constitucional. Su Presidente remitió el Oficio Nº 012-2004-P/TC manifestando que debía aprobarse la referida iniciativa y a la vez propuso algunos cambios puntuales. El 6 de mayo del 2004, el Pleno del Congreso inició su discusión y aprobó el proyecto por 72 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, inició su discusión y el 28 del mismo mes fue promulgado por el Presidente de la República. El 31 de mayo se publicó en el diario oficial la Ley 28237, que aprobó el primer Código Procesal Constitucional peruano. Los dos cambios sustanciales que sufrió el anteproyecto en el Congreso de la República fueron a los artículos 15 y 22, que regulan las medidas cautelares y las medidas coercitivas. Asimismo, la Comisión de Constitución agregó el artículo 63, que regula la ejecución anticipada en el proceso de Hábeas Data, y que inicialmente no había sido previsto en el anteproyecto. Como se ha indicado, la Comisión de Constitución y Reglamento introdujo un párrafo al artículo 15, estableciendo un procedimiento especial tratándose de medidas cautelares contra actos administrativos municipales y regionales. Es decir, el Código cuenta con dos procedimientos en materia cautelar: uno general, para todo tipo de acto lesivo y uno especial, aplicable 9
exclusivamente cuando se trate de actos administrativos municipales y regionales. Se trata de un cambio manifiestamente injustificado y que generará problemas a los justiciables. De otro lado, la versión final del artículo 22 elimina la medida coercitiva de prisión incorporada por el anteproyecto, que debilita la ejecución de las sentencias. Título Preliminar
El Código incorpora diversas novedades en la regulación de los procesos constitucionales, con la finalidad de modernizarlos y dotarlos de una mayor eficacia. En ese sentido en el Título Preliminar aparecen: Los principios procesales en el Código.
El principio de dirección judicial del proceso se enmarca
como la expresión más evidente de una concepción publicista del proceso. Esto es, la consideración de que éste tiene por finalidad permitir que el Estado imponga la vigencia del sistema jurídico que ha propuesto y no, como se consideró en el siglo XIX, un medio para que los particulares discutan sus derechos privados.
El principio de economía procesal, que intenta enfrentar no
sólo el tema de los costos, sino también de la duración y de la cantidad de actos que deben realizarse en un proceso. Probablemente, sus expresiones más importantes sean la economía de tiempo y de esfuerzo.
El principio de socialización del proceso probablemente sea
uno de los más trascendentes del proceso civil, y tal vez sea el menos usado hasta la fecha por el juez peruano. Sin embargo, se guarda la esperanza de que en sede constitucional el empleo de la norma sea mayor. Lo que ésta regula es la facultad concedida al Juez de intervenir en el proceso, a fin de
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evitar las naturales desigualdades en que concurren los litigantes.
El principio de impulso oficioso, esto es, el deber procesal
que tiene el juez del proceso constitucional de conducirlo a su conclusión, más allá del eventual desinterés del sujeto en su resultado.
El principio de elasticidad, según el cual las formalidades
previstas para los actos procesales, deben ser exigidas atendiendo a la función que éstas cumplen en el proceso y en la obtención de su resultado, a criterio del juez. 1.5. ESTRUCTURA NORMATIVA En cuanto a su estructura, el código cuenta con un Título Preliminar y trece títulos, compuesto por 121 artículos, siete disposiciones finales y dos transitorias. En el Título Preliminar se fijan algunos principios y criterios generales, existiendo un título que reúne disposiciones generales comunes para los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento; y otro título para las disposiciones generales comunes a los procesos de inconstitucionalidad y acción popular. Sin perjuicio de ello, existen títulos específicos para la regulación detallada de cada uno de estos procesos. Estructura de Código Procesal Constitucional.
Título Preliminar.
Título I: Disposiciones Generales de los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento.
Título II: Proceso de Hábeas Corpus.
Título III: Proceso de Amparo.
Título IV: Proceso de Hábeas Data.
Título V: Proceso de cumplimiento.
Título VI: Disposiciones generales de los procesos de acción popular e inconstitucionalidad. 11
Título VII: Proceso de acción popular.
Título VIII: Proceso de inconstitucionalidad.
Título IX: Proceso competencial.
Título X: Jurisdicción Internacional.
Título XI: Disposiciones Generales aplicables a los procedimientos ante el tribunal constitucional.
Título XII: Disposiciones Finales.
Título XIII: Disposiciones Transitorias y Derogatorias.
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BIBLIOGRAFIA
Constitución y Política, Biblioteca Peruana de Derecho Constitucional, 1era. edición, Lima 1981; 2da. edición, revisada y ampliada, EDDILI, Lima 1991; 3ra. edición revisada y corregida, Biblioteca Peruana de Derecho Constitucional, Lima 2007.
Esquema de la Constitución peruana, Ediciones Justo Valenzuela, Lima 1992.
Teoría y práctica de la Constitución peruana, EDDILI-Justo Valenzuela, 2 tomos, Lima 1989-1993.
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