TERMINACION ANTICIPADA DE PROCESO 1. CONCEPTO Es un procedimiento simplificado que opera como un filtro selectivo, consensualmente aceptado, en donde la premialidad correlativa a la solicitud o a la aceptación de tales filtros incentiva incentiva su funcionamiento; funcionamiento; deja a las partes desde una lógica propia del procedimiento acusatorio, un poder dispositivo para que puedan configurar el objeto del proceso. BARONA VILAR sostiene que “ el consenso opera de modo básico sobre el tipo de pena y sobre la calificación jurídica y, como efecto reflejo, sobre el procedimiento, al determinar una particular clausura del mismo ”1.
El objeto de la negociación es, pues, la pena, aunque desde ya es del caso puntualizar, siguiendo a Pedro BUTRON BALIÑA, que “ ello no importa negociar el cargo que se imputa o una pena distinta a la prevista legalmente, lo que a nuestro juicio revela que este instituto respeta las fuentes mismas del principio de legalidad l egalidad 2 , en todas sus dimensiones ”. ”.3 1 2
BARONA VILAR, Silvia. “La conformidad en el proceso penal”. Primera Edición. Editorial Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia. 1994. Pág. 116. PEÑA CABRERA, Raúl; “Terminación anticipada del proceso”. Primera Edición. Editorial GRIJLEY. Lima. pág. 53-56.: “ El principio de legalidad impera en el nuevo Código penal en el título IV del título Preliminar y en el nuevo Código Procesal Penal, artículo III del título preliminar. Este se encuentra vinculado al carácter retributivo de la pena en boga en la teoría absoluta de la pena estatal: el castigo como mal que se aplica a quien ha obrado mal, así pues el principio de legalidad oficializa la persecución penal, ésta se extiende al Ministerio público y a los funcionarios de la policía en base a que la promoción de la persecución penal constituye un poder. La noticia “criminis” provoca la reacción necesaria que viabiliza la decisión judicial. Pero lo destacable es que una vez iniciada la persecución penal, no es posible suspenderla ni interrumpirla o hacerla cesar, salvo por la irretractabilidad por el modo y forma previstos en la ley procesal. En realidad, el sistema penal regido por el principio de legalidad registra su aplicación tan sólo a determinados y a pocos hechos punibles; en el ámbito de la inobservancia de las normas la cantidad es escasa. La selección que opera al no recoger todas las infracciones crea inevitables desigualdades, criminalizando a las mayorías y descriminalizando a las minorías. Lo definitivo es que la cifra negra es abultada, la desproporción entre las denuncias procedentes de las víctimas y los contabilizados por los órganos de la persecución penal, es alarmante. La gravedad no se atenúa dentro del sistema, la selección avanza irritante e indefinible; los operadores –Ministerio público, policía, tribunales- como segmentos integrantes del sistema ponen su cuota en el proceso de selección. Los criterios de selección son más informales que formales: la percepción del daño social, la posición de los órganos persecutorios, la estimación económica que irroga la persecución penal; se
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2. ANTECEDENTES DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO Este procedimiento tiene su origen en el instituto del “patteggiamento” italiano, introducido por la ley Nº 689, del 24 de noviembre de 1981. según la jurista BARONA VILAR4, la mayoría de la doctrina italiana entiende que ese término es la traducción del “plea bargaining”5 del sistema angloamericano, pero, lo cierto es que defiere notablemente de dicho modelo procesal. En nuestro país, su incorporación a tomado como fuente los artículos 444 al 448 del código de Procedimiento Penal colombiano, respetándose claro está, su redacción original, la misma que fue modificada por ley N 81, del 2 de noviembre de 1993. al respecto PABLO SANCHEZ VELARDE sostiene que nuestro legislador la utiliza como única fuente legislativa, no tomando en cuenta que el citado artículo ya había sido modificado, es decir, se modificó dicha norma mucho antes de su vigencia en nuestro país. Al decir, del mismo autor, se legisló sobre la base de una legislación que ya no resultaba útil en el país de origen y sin conocer cuáles habían sido los problemas de orden operativo presentados en su aplicación. La terminación anticipada del proceso está regulada en el artículo 2 de la ley Nº 26320, vigente desde el 02 de Junio de 1994, que viene a constituir una de las formas de simplificación y aceleración del proceso penal peruano. Esta institución procesal surge en una coyuntura jurídica universal, como ya se dijo en Italia, en el derecho anglosajón norteamericano; veamos pues su origen en distintos países que han servido de base para la formación de este instituto en nuestro país como son: Argentina, España, Italia, Colombia. 2.1. EN ARGENTINA: En el proyecto del código Procesal penal argentino se incluyó el denominado “ procedimiento monitorio ”6, que consiste en un proceso especial destinado al enjuiciamiento de las
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incluye también la calidad de los auto-disidentes, los disidentes –llámese político o sexuales- , los sectores sociales más cadenciados. La consecuencia es fácil valorar ya que el espigamiento consciente o inconsciente resulta fácil o difícil controlarlos jurídica y políticamente”..
BUTRON VILAR, Pedro. “La conformidad del acusado en el proceso penal” Primera Edición. Editorial MC GRAW HILL. Madrid. 1998. pág. 135. Ídem. Pág. 113. Acto por el cual el imputado manifiesta su decisión de declararse culpable, aceptando los cargos que se le formula y renunciando de esta manera a ciertas garantías preestablecidas en el proceso. Conocido también como Derecho penal de Condena.
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contravenciones penales o faltas, informado por el principio de la escritura, y caracterizado por la inmediata creación de un título penal de ejecución, que en ningún caso ha de llevar aparejado pena privativa de libertad alguna y frente al cual se confiere al imputado el derecho a aquietarse su oposición, mediante la instauración del contradictorio. Este es un procedimiento que busca la economía para el imputado y para el propio estado, obviamente ahorrándose las mortificaciones de un juicio, con la posibilidad siempre dañosa para las partes. El objetivo de este procedimiento lo representan las faltas, preponderantemente castigadas con pena de multa. “pero no toda falta ha de ser dilucida a través del procedimiento monitorio, sino tan sólo aquellas en las que esté suficientemente acreditado el hecho punible y la participación de su autor. Consiguientemente, dicho proceso especial ha de ser reclamable en todos los supuestos de delito flagrante y en aquellos en los que, a través de la declaración del imputado o de otras fuentes de pruebas, quede en los autos suficientemente justificada la pre- existencia del hecho punible y su atribución a una persona determinada ”.7
2.2. En ESPAÑA: La ley de enjuiciamiento criminal de 1882, normaba “la conformidad del acusado ”. Esta figura jurídica se remonta, según ALCALÁ ZAMORA, a la ley provisional reformada, prescribiendo reglas para la aplicación de las disposiciones del código penal de 1850; dicha institución establece dos momentos procesales: el primero establece una calificación provisional de las defensas y, el segundo, los prolegómenos del juicio oral o la confesión del procesado. Este proceso se refiere a un procedimiento especial que lo solicita el imputado para que se dicte en base a la calificación y la pena pedida por el fiscal, el cual lo ha aceptado plenamente en consulta con su abogado defensor, rehuyendo de esta manera a la iniciación del juicio 7
GIMENO SENDRA, Vicente. “Los procedimientos penales simplificados”. En jornadas sobre la justicia penal en España, - principio de oportunidad y proceso penal monitorio-. Madrid. 24 al 27 de marzo de 1987. pág. 37.
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oral; siempre y cuando se estime que los hechos calificados no revistan de mucha gravedad, pues de lo contrario se continuará con el proceso. Cabe anotar que la ley de enjuiciamiento criminal, en vigencia hace más de cien años, ha sido objeto no solamente de meras modificaciones, sino de marcadas transformaciones que han trastocado sus principios fundamentales, cambios que se han sucedido a raíz de los regímenes autoritarios que han imperado a lo largo del tiempo. 2.3. En ITALIA: En octubre de 1989 se promulgó, en Italia, el nuevo Código de procedimiento penal, en cuyo texto se ha introducido la institución del “patteggiamento”, el mismo que es el antecedente más cercano que ha servido al legislador colombiano y, posteriormente, a nuestros legisladores para regular esta figura jurídica procesal, pero en dicho precepto no sólo se ha establecido este mecanismo, de rito procesal, con la finalidad de evitar el juicio oral, sino que existen otros con igual criterio de oportunidad en el procedimiento, como son los “juicios inmediatos” o “por decreto”, pero de estas formulas, en el acuerdo entre las partes con el propósito de no llegar a la audiencia pública, lo que más se asemeja, por sus características, a la institución de nuestra investigación, es la aplicación de la pena por solicitud de las partes, conocida mejor como “patteggiamento” . A través de este instituto procesal italiano, el juez no está vinculado al acuerdo, lo determinante aquí es la convicción de que el delito existe, de que se establezca una pena y que se advierta los deberes a que el imputado se vincula o se adhiere; asimismo, se aplican las formalidades de la ley. 2.4. En COLOMBIA: El Código Adjetivo Colombiano, en su artículo 37°, inserta en su sistema jurídico procesal “la terminación anticipada del proceso ”. Esta institución, sin antecedentes en la legislación de esta parte de nuestro continente, desubicó intelectual y psicológicamente, 4
ya que es una norma mas adecuada al pragmatismo anglosajón, que al idealismo latinoamericano, ante los vacíos existentes que se advertía en la norma, incardina variaciones en este instituto mediante la ley 81 , del 02 de noviembre de 1993, artículo 3,4 y 5. divide el artículo 37° originario y agrega los artículos 37°-A y 37°-B. el cambio de la norma originaria, en este país, significó ampliar las bases de esta forma de procedimiento especial al regularse una nueva modalidad de terminación anticipada de proceso como es la “ sentencia anticipada ”8, también de raigambre italiana, en el que, ante la evidencia derivada de una situación de flagrancia o en el reconocimiento directo del imputado acerca de los hechos, el fiscal puede presentar al sindicato ante el juez, mediante una audiencia especial, en la que habrá de presentar los cargos, para que éste proceda a la imposición de la pena. En cuanto a la terminación anticipada del proceso en Colombia, ahora es normado en el artículo 37-A de su ley, destacando entre sus líneas las siguientes reformas: 8
En: www.google.com.pe/derechopenal/procesos/terminacion...: “ Esta institución jurídica es una de las formas de terminación abreviada del proceso penal, y responde a una política criminal cuya finalidad es la de lograr mayor eficiencia en la aplicación de justicia, pues mediante ella se autoriza al juez para emitir el fallo que pone fin al proceso antes de agotarse o cumplirse todas las etapas procesales establecidas por el legislador, las que se consideran innecesarias, dada la aceptación por parte del procesado de los hechos materia de investigación y de su responsabilidad autor o participe de los mismos. Dicha actuación por parte del procesado es catalogada como una colaboración con la administración de justicia que le es retribuida o compensada con una rebaja de pena cuyo monto depende del momento procesal en que ésta se realice...Si el implicado solicite que se dicte sentencia anticipada durante la etapa de investigación o en la etapa de juzgamiento, el procesado ya a tenido la oportunidad de ser oído dentro del proceso –indagatoria- y de ejercer el derecho de defensa al igual que el de contradicción . la sentencia anticipada compete dictarla al juez del conocimiento, quien tiene a su cargo la labor de juzgamiento. En la mediada en que el acta tiene el mismo valor de la resolución acusatoria, es obligación del juez respetar el principio de congruencia, dictando la sentencia en armonía con lo acordado en ella. Es el juzgador quien debe ejercer el control de legalidad, con el fin de verificar si en las actuaciones procesales se han violado garantías fundamentales del procesado. La oportunidad que tiene el juez del conocimiento de oír personalmente al implicado dentro del proceso penal tiene ocurrencia en la audiencia pública de juzgamiento, la que no tiene lugar cuando se trata de proferir sentencia anticipada, si pues, en tal diligencia se busca por parte del juez el esclarecimiento de los hechos y la culpabilidad del procesado, ¡qué sentido tendría celebrar tal audiencia cuando el mismo implicado ha aceptado los hechos y su autoría o coparticipación en ellas?...El juez no puede fallar basando exclusivamente en el dicho o aceptación de los hechos por parte del procesado, sino en las pruebas que ineludiblemente lo lleven al convencimiento de que éste es culpable. La aceptación por parte del implicado del ser el autor o participe de los hechos investigados penalmente, aunada a la existencia de prueba suficiente e idónea que demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de inocencia…Si en el proceso penal existen suficientes elementos de juicio que permiten demostrar que la aceptación, tanto de los cargos como de su responsabilidad, por parte del implicado, son veraces y se ajustan a la realidad, no tiene sentido observar una serie de ritos procesales para demostrar lo que ya esta suficientemente demostrado. Contar con un sistema judicial eficiente, que no dilate los procesos y permita resolverlos oportunamente, sin desconocer las garantías fundamentales del procesado, es un deber del estado y un derecho de todos los ciudadanos. Una política criminal que conceda beneficios a quienes actúen observando el principio de lealtad procesal, logrando además la aplicación de una justicia pronta y cumplida, sin desconocer ningún derecho o garantía del procesado, no puede tildarse de atentatoria de los derechos inalienables del individuo…”.
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a. El momento procesal para acogerse a este procedimiento es hasta antes de que se produzca el cierre de la investigación. b. Se especifica mejor los puntos a tratar entre el fiscal y el sindicato en la audiencia, así se tomará en cuenta la tipicidad, el grado de participación, las circunstancias del delito, la forma de culpabilidad, la pena y la ejecución condicional de la sentencia, además de la posibilidad de preclusión por otros comportamientos. c. Desaparición de la intervención del juez en la audiencia especial de terminación anticipada del proceso, pues se le otorga, solamente, el control de la legalidad de lo acordado y sin intervenir en el acuerdo. Bajo esta potestad el juez puede efectuar observaciones, mediante un auto que no admite recurso Alguno, devolviendo el caso a la fiscalía. d. El beneficio que trae a colación este instituto jurídico es la rebaja de la pena, la misma que se extiende de una sexta parte, en caso de llegarse a un acuerdo. e. se establece, de manera expresa, que desde el momento en que se solicita esta audiencia especial queda suspendida la actuación procesal ordinaria; precisando además, que este proceso no puede exceder de treinta días hábiles. No obstante ello se tiene algunas excepciones, como la urgencia de practicarse pruebas, con el fin de evitar su desaparición o alteración. f. Puede romperse la unidad procesal cuando se trate de varios procesados y uno o varios de ellos no quiera acogerse a este procedimiento o en el caso de que se den acuerdos parciales. g. Se precisa, explícitamente, que los cargos formulados en la audiencia, así como el acta que da lugar al pronunciamiento de sentencia, constituyen una verdadera resolución de acusación. Esta institución constituye un instrumento importante en la búsqueda de la legalidad de las actuaciones judiciales penales, de la resolución definitiva de los conflictos y del fortalecimiento de la actividad investigativa del estado.
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3. NATURALEZA JURÍDICA. Entender el por qué de este instituto jurídico o conocer mejor “la razón de ser” de las formas de simplificación procesal en el ámbito penal, es decir, expresar su naturaleza jurídica9, implica situarnos en un marco genérico de cómo se ha venido desenvolviendo el procedimiento penal tradicional que, justamente por entenderse así, hoy en día, sus instituciones cumplen su finalidad, creándose así un malestar generalizado en la sociedad, que en la coyuntura actual implica una desconfianza total en el órgano jurisdiccional. Todo ello ha dado paso a que asomen instituciones modernas, como la figura que tratamos, la cual viene siendo acogida ampliamente en el derecho comparado. Así, es evidente que una de las características prevalecientes en nuestro sistema de la administración de justicia penal, descansa indudablemente en que el estado ejerce el monopolio de la persecución penal. Políticamente el estado de esta manera se convierte en el gran detentor del poder penal, es decir, el estado acaparará la herramienta más temible, entre otras, que alberga el control social: la pena estatal como expresión de este poder político. Sin embargo, no siempre el derecho penal tuvo como fundamento esta configuración política. Solo basta recordar a la inquisición que jugó un enorme poder político durante varios siglos. La organización de los estados nacionales y la conformación de entidades locales abatieron las diversas columnas enraizadas por la religión católica institucionalizada. En puridad, el liberalismo triunfante del siglo XVIII propició la transformación del derecho penal, sentando como caso definitivo la regla del monopolio persecutorio del estado. 3.1.
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Ámbito de la aplicación: El procedimiento de terminación anticipada, institución procesal innovadora, está circunscrito, en cuanto a su delimitación objetiva, a los siguientes rubros delictivos: casos de
PEÑA CABRERA, Alonso y FRISANCHO APARICIO, Manuel. “Terminación anticipada del proceso”. Primera Edición. Editorial Jurista Editores. Lima. 2003. pág. 51.
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tráfico de drogas, previstos en el Art. 296°: Tipo básico y comercialización de materia prima o insumos destinados a la elaboración de droga; Art. 298°: posesión, fabricación, extracción o preparación de pequeña cantidad de droga o materia prima: Art. 300°: prescripción, administración o expendio abusivo por profesional sanitario de medicamentos que contengan droga toxica: Art. 301°: Imposición de consumo simple o agravado; y, Art. 302°: instigación o inducción al consumo indebido de droga simple o agravado: Art. 121°: lesiones graves: Art. 122°: lesiones leves; Art. 185°: hurto simple; Art. 186°: hurto agravado; Art. 188°: robo simple; y, Art. 189°: robo agravado; la totalidad de los delitos aduaneros, regulados en la ley Nº 28008. Además, la Fiscalía de la Nación reguló el comportamiento procesal de los fiscales en el proceso de terminación anticipada en tráfico ilícito de drogas, a través de la circular Nº 005-95-MP-FN, publicada el 16 de noviembre de 1995, mediante resolución Nº 107195-MP-FN. Para este efecto, y como se trata d un procedimiento limitado a determinados delitos, debe estarse a los expresamente consignados en el auto de apertura de instrucción. El cuestionamiento sobre la tipificación del delito no puede hacerse a través de la solicitud de terminación anticipada. Por consiguiente, en este caso, sólo será procedente dar curso a la solicitud respectiva, una vez que se haya dilucidado, en incidencia aparte, cuál es el tipo penal que se amolda a los hechos objeto del proceso penal. Si la causa también se sigue por otros delitos –acumulación- el procedimiento de terminación anticipada puede instaurarse, en la medida que dichos ilícitos no sean de mayor gravedad. Rige el principio de primacía de mayor gravedad de la infracción; es decir, el delito más grave, cuando exista concurso procesal de delitos sujetos a trámites distintos, determina el procedimiento a seguir. 4. CONCLUSIÓN ANTICIPADA 8
Esta forma procesal llamada conclusión anticipada de la instrucción, no es más que una de las variadas formas de terminar un proceso penal de la manera más rápida posible sin necesidad de llegar a las diversas estaciones procesales, cuando concurran determinadas circunstancias que así lo ameriten.10 Cabe decir que bajo esta denominación, se conoce a la reciente modificación operada en legislación procesal penal peruana, nos referimos a la ley Nº 28122: “Ley sobre conclusión anticipada de la instrucción en procesos por delitos de lesiones, hurto, robo y microcomercialización de droga descubiertos en flagrancia, con prueba suficiente o imputados sometidos a confesión sincera”, publicada el 16 de diciembre del 2003. contiene aspectos procedimentales positivos y su trascendencia radica en la importancia, llamada a ejercer, en la práctica procesal penal nacional “reflejada concretamente en la Ejecutoría Suprema recaída en el recurso de Nulidad Nº 1766-04-callao, convertida ahora en precedente vinculante, sin olvidar la importancia de este criterio de oportunidad en el sistema acusatorio que inspira el nuevo código procesal penal ”11
2.1. La conclusión anticipada en el código procesal penal: la modificación en 3el procedimiento penal de algunos procesos, en específico, operada a través de la ley Nº 28122, guarda estrecha relación con la promulgación del nuevo código Procesal penal, publicado en Julio del 2004. este último, no hace sino, recoger las voces que claman por dotar, a la administración de justicia peruana, de instrumentos procesales modernos, que permitan superar los problemas que actualmente lo agobian; lo cual se producirá sólo si se produce el cambio del sistema procesal penal mixto al sistema acusatorio, de corte adversativo, dejando de lado el sistema inquisitivo. Es por ello que, antes de abordar el tema de conclusión anticipada – instituto procesal recogido en el texto adjetivo- resulta necesario 10 11
ROSAS YATACO, Jorge. “Conclusión anticipada del proceso penal: Tráfico Ilícito de Drogas”. Editorial Jurídica Grijley. Lima. 1995. Pág. 25. VEGA BILLAN, Rodolfo. “La conclusión anticipada. Ley N° 28122. En : Diálogos con la jurisprudencia”. Primera edición. Editorial GACETA JURÍDICA. Lima. 2005. pág. 60
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abordar el tema de la norma en referencia, lo cual nos servirá parta mejor comprender y llegar a entender la importancia de la figura jurídica bajo investigación, al margen de los diversos nombres que se le hayan dado. El sistema inquisitivo, conforme lo sostiene la doctrina nacional comparada, representa un sistema penal en decadencia, incapaz de hacer frente a los nuevos problemas que aquejan, cual males mortales, a la administración de justicia peruana. Este mismo sistema, por el cual la sociedad civil percibe como lento e ineficiente Al poder judicial, muestra un preocupante desprecio por los derechos humanos y cobija a principios procesales que no guardan relación con los principios del estado democrático de derecho, con etapas procesales repetitivas, con mentalidad formalista y mecanizada, entre otros aspectos fundamentales. Por el contrario, el sistema acusatorio moderno garantista o adversario, busca lograr un equilibrio en la relación permanente que existe entre el estado y sus ciudadanos, respetando tanto los derechos individuales, como los colectivos, entre otros tantos aspectos positivos, tales como servir de propulsor para generar en los ciudadanos una mentalidad inclinada a la negociación como regla, aplicando “los criterios de oportunidad ”, incentivando el llamado derecho penal premial12.
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En: www.pucp/revistaderechoysociedad.com/investigación...n° 22: “Estamos pues, en ese período mágico intermedio, aún no hemos salido del viejo sistema procesal penal mixto, pero tampoco estamos en el nuevo o moderno sistema procesal penal acusatorio, nos encontramos, pues, ante el umbral de lo que podría ser la nueva justicia penal en el Perú. Tenemos la certidumbre de que la nueva justicia penal debe tener como uno de sus primordiales pilares al sistema convencional, es decir, aquel donde las partes propicien voluntaria, conscientemente y de la manera más justa posible, la solución de su causa; en el que estén convencidos de la necesidad de ahorrar tiempo y dinero en busca de una solución práctica a la que acatan y se someten ¡será posible? Creemos firmemente que sí lo es. Julio Veme hablaba del Nautilus en una época en la que los submarinos, con la moderna y sofisticada tecnología que ahora poseen, era simplemente una utopía; nuestros abuelos quizás ni siquiera hubieran imaginado los alcances de la globalización, sobre todo del dinamismo de las comunicaciones de las cuales la Internet, es solo una pequeña muestra. Así pues, es posible visualizar un futuro cercano en la que los procesos penales puedan ser resueltos quizás a lo mucho en dos mese, en la que las cárceles no sean tales, sino verdaderos centros de tratamiento psicológico y de rehabilitación, con equipos técnicos –médicos, abogados, asistentes sociales, etc.- verdaderamente comprometidos con la transformación del ser humano y por tanto de la sociedad; con procesos en las que ciertamente se realicen los principios rectores de la función jurisdiccional –derecho de defensa, derecho de inocencia, in dubio pro reo, entre otros- y en los que se vea al procesado como lo que verdaderamente, es un ser humano, cuya naturaleza esencial necesita de un trabajo interior para lograr su evolución”.
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La conclusión anticipada, regulada a través de la ley Nº 28122, permite afrontar con éxito –al menos conforme su formulación- los males acarreados por el sistema mixto, actualmente en decadencia, que no ha hecho sino dejarnos problemas insalvables por sí mismos, traducidos en una elevada sobrecarga procesal, cárceles en hacinamiento en cuyos interiores se encuentra una gran cantidad de personas a la espera de que el poder judicial defina su situación jurídica procesal. Todo ello conlleva a que la sociedad exprese opinión en contrario, calificándola de lenta, corrupta y burocrática. Esta es la misión del nuevo código procesal penal, revertir la percepción social que se tiene de la administración de justicia, pero para que aquello llegue a ser realidad, se requiere el compromiso de todos los sectores de la colectividad, incluidos los magistrados, abogados, personal jurisdiccional y de apoyo a la función judicial. Los nuevos tiempos demandan la existencia tanto de jueces, fiscales, abogados, e incluso litigantes, con vocación conciliadora, negociadora, tendiente a buscar la mejor solución para el problema jurídico-social acaecido, y que permita alcanzar una rápida y efectiva solución, evitando así infinidad de procesos, los cuales no hacen sino sobrecargar los despachos judiciales, restando tiempo y dedicación de los operadores del derecho en los casos graves. Queda en mano de todos lo peruanos hacer un adecuado uso de los criterios de oportunidad, ya vigentes en nuestra legislación nacional. En este punto, es necesario remarcar el papel fundamental que ejerce la jurisprudencia emitida por la corte suprema, en especial en los últimos tiempos, ya que se han emitido Ejecutorias supremas de procedente Vinculante; como la emitida con ocasión del Recurso de Nulidad Nº 1766-04-sala penal permanente del callao, del 17 de noviembre del 2004, la cual trae consigo un amplio abanico de lecciones que deberán de ser estudiadas, analizadas y discutidas por todos los hombres del derecho.
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Entre los aspectos positivos de esta Ejecutoria suprema, en comentario, encontramos, entre otro, la importancia que ejerce la necesidad de interpretación de la ley, con la finalidad de llenar los vacíos de la misma. En esta misma resolución observamos que la Corte Suprema ha procedido a delimitar claramente las formas de conclusión anticipada y ha procedido a establecer la importancia de su diferenciación. 3. DELITOS Y CASOS EN LOS QUE RESULTA PROCEDENTE Puede concluir anticipadamente la instrucción judicial, cuando se den los presupuestos siguientes13: a. delito de lesiones graves, que se encuentra prescrito en el artículo 121° de nuestro Código penal. b. Delito de lesiones leves, que esta regulado en el artículo 122°. Del código penal. c. Delito de Hurto simple, en el artículo 185° del código penal. d. Delito de hurto Agravado, en el artículo 186° del código Penal. e. Delito de Robo Simple, en el artículo 188° del código penal. f. Delito de robo Agravado, en el artículo 189| primer párrafo del código penal. g. Delito de comercialización y Micro producción de drogas, en el artículo 298° del código penal. Ahora bien para aplicar en los mencionados delitos la culminación inmediata del proceso incoado pueden presentarse cualquiera de los casos siguientes: 3.1. Delito flagrante: Esto es cuando en los mencionados delitos la culminación inmediata del proceso, conforme a la definición establecida en el artículo 4° de la ley Nº 2793414. La palabra flagrante viene del latín flagrans-flagrantis, participio de presente del verbo 13 14
ROSAS YATACO, Jorge. “Derecho procesal Penal”. Primera Edición. Editorial IDEMSA. Lima. 2004. pág. 251. La ley Nº 27934 prescribe en el artículo 4° a la flagrancia como: “A los efectos de la presente ley se considera que existe flagrancia cuando la realización del acto punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo”.
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flagrante, que significa arder o quemar, y se refiere a aquello que esta ardiendo o resplandeciendo como fuego o llama, y en este sentido ha pasado a nuestros días, de modo que por delito flagrante en el concepto usual hay que entender aquel que se está cometiendo de manera singularmente ostentosa o escandalosa. La flagrancia es una situación fáctica que se produce cuando el agente es visto o sorprendido en el momento que perpetra un delito, en las circunstancias inmediatas a su realización, o cuando el agente tiene en su poder los objetos o huellas que nos permite inferir que viene de cometer un delito. Los casos de flagrancia que se incorporan en esta ley son: a. Flagrancia propiamente dicha: esto es cuando el hecho punible es actual y en esa circunstancia el autor es descubierto, es lo que comúnmente se conoce como, con la “ masa en las manos ”. b. Cuasi Flagrancia: Cuando el autor es perseguido y capturado inmediatamente de haber cometido el hecho punible. El ejemplo, del que arrebataba una cartera a una dama y emprende la fuga, siendo que se inicia la persecución policial o por parte de la misma víctima y es capturado. c. Presunción Legal de flagrancia: se presenta cuando el autor es sorprendido con los objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo. El caso de que se encuentra al agente llevando en su poder un aparato electrodoméstico que acaba de sustraerlo de una vivienda. 3.2. Prueba suficiente: vale decir cuando las pruebas recogidas por el fiscal o por la policía, pero con intervención del fiscal, y que han sido presentadas con la denuncia fiscal, fueran suficientes para promover el juzgamiento sin necesidad de otra diligencia. Se entiende como prueba suficiente cuando de los recaudos e investigaciones que se acompañan a la denuncia, constituyen suficientes elementos de prueba y que acreditan efectivamente que el 13
hecho punible ha tenido lugar en la realidad, así mismo que dichos elementos de prueba vinculen al procesado con el evento criminal, sea en su condición de autor o partícipe. Esta prueba que obra en dicho proceso penal recién iniciado debe ser suficiente para que el juzgador al valorarlo pueda legar a un grado de convicción de que el delito se ha cometido y que guarda un vínculo con el procesado. Como bien lo señala ECHANDIA15 , que debe ponerse el máximo cuidado en esta operación perspectiva, para precisar con exactitud, en cuanto sea posible, el hecho, o la relación, o la cosa, o el documento, o la persona objeto de ella, pues sólo así se podrá apreciar luego su sinceridad y su verdad o falsedad. Esto es evidente, aun respecto de la observación de las cosas o pruebas materiales, porque si bien estas son ciertas en sí mismas, presentan modalidades, detalles, huellas, de las cuales dependen de las inducciones a que den lugar. Bien dice FRAMARINO DEL MALATESTA que la voz de las cosas jamás es falsa por sí misma, pero que las cosas tienen varias voces, y no siempre se aprecia correctamente cuál es la que corresponde a la verdad. Para esto debe hacerse su valorización objetiva y subjetiva, separando lo que en ellas puede haber de alteración o falsificación por obra del hombre, y ello solo es posible examinando cuidadosamente si las condiciones en que se presentan permiten esa posibilidad, para en caso afirmativo verificarla. 3.2.1. Confesión sincera: Es decir, cuando el imputado ha confesado ante el juez conforme al artículo 136° del código de procedimientos penales. Este punto es materia de nuestro trabajo de investigación que será desarrollado en el capitulo III del presente trabajo de Investigación.
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DEVIS ECHANDIA, Hernando. “Teoría general de la prueba judicial”. Tomo I. Primera Edición. Colombia. 2002.Pág. 276
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AUTOR : Abogado Juan Alex Cubas Bravo. Magíster en Derecho Penal. Por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Egresado del Programa de Doctorado en Derecho y Ciencia Política de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Egresado del Programa de Maestría en Docencia Universitaria XVI. Escuela Internacional de Post Grado de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Diplomado en Derecho Humanos. Derecho Penal. Derecho Procesal Penal. Tráfico Ilícito de Drogas, Adicciones y Violencia Social, y; Corrupción, crimen organizado y Lavado de Activos. Ex Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Ministerio Público-Distrito Judicial de Lambayeque 2001-2005. Ex Asesor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Periodo 1997-2001.
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