Tema 8

Organización y competencias de juzgados y tribunales

Tema VIII ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIAS DE JUZGADOS Y TRIBUNALES (II)

DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA. DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN. DE LO MERCANTIL Y DE MARCA COMUNITARIA DE ALICANTE. DE LO PENAL. DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. DE LO SOCIAL. DE VIGILANCIA PENITENCIARIA. DE MENORES. JUZGADOS DE PAZ.

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Organización y competencias de juzgados y tribunales

LOS JUZGADOS ............................................................................................................................................ 3

Juzgados de primera instancia e instrucción. .................................................................................................. 3 Competencia de los juzgados de primera instancia. ........................................................ ................................ 3 El registro civil................................................................................................................................................. 3 Juzgados de lo mercantil.................................................................................................................................. 3 Juzgados de violencia sobre la mujer ......................................... ..................................................................... 6 Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el orden penal ....................................................................... 7 Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el orden civil .................................................. ...................... 7 Juzgados centrales de instrucción .................................................................................................................... 8 Juzgados de lo penal ........................................................................................................................................ 8 Juzgados de lo contencioso-administrativo ..................................................................................................... 8 Juzgados de lo social ....................................................................................................................................... 9 Juzgados de vigilancia penitenciaria. .............................................................................................................. 9 Juzgados de menores. .................................................................................................................................... 10 El Tribunal de Marca Comunitaria. ............................................................................................................... 10 Los juzgados de paz. ...................................................................................................................................... 12

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Organización y competencias de juzgados y tribunales

LOS JUZGADOS Juzgados de primera instancia e instrucción.

- El Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con el informe previo de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia, podrá establecer la separación entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción en aquellos partidos judiciales en los que el número de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción así lo aconseje. - El Ministro de Justicia podrá establecer que los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sean servidos por Magistrados, siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de  población de hecho que superen dicha cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija. - En cada partido habrá uno o más juzgados de primera instancia e instrucción con sede en la capital de aquel y  jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. Competencia de los juzgados de primera instancia.

Los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil: 1. 2. 3. 4. 5.

En primera instancia, de los juicios que la LOPJ no atribuya a otros juzgados o tribunales. De los actos de jurisdicción voluntaria en los términos que prevean las leyes. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del partido. De las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de Paz del partido. De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

El registro civil

- El Registro Civil estará a cargo de los Jueces de Primera Instancia y, por delegación de estos, de los de paz, de conformidad con lo que establezca la Ley, sin perjuicio de lo que se disponga en ella para los demás Registros Civiles, en su caso.  La Ley de Planta determinará las poblaciones en las que uno o varios jueces desempeñarán con exclusividad funciones de Registro Civil, y en las ciudades en que hubiere más de un juzgado de primera instancia, cual o cuales de entre ellos se encargarán del Regist ro Civil. Juzgados de lo mercantil

- Con carácter general, en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o varios  juzgados de lo mercantil.  También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la  población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción.  Podrán establecerse juzgados de lo mercantil que extiendan su jurisdicción a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma, con la salvedad prevista a continuación.  Los juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora.

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Organización y competencias de juzgados y tribunales - En todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 1. Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  Con el mismo alcance conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de la Ley Concursal. Artículo 17.1 1. A petición del legitimado para instar el concurso necesario, el juez, al admitir a trámite la solicitud, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad del patrimonio del deudor, de conformidad con lo  previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan mod ificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores.  En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley Concursal, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral. 3. Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea e l órgano que la hubiera ordenado. 4. Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número 1. º y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los árbitros durante un procedimiento arbitral. 5. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gr atuita. 6. Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento. - Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden  jurisdiccional civil, respecto de: a. Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial,  propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden  jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.  b. Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional. c. Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Marítimo. d. Las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia. e. Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria  para este procedimiento. f. De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.

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Organización y competencias de juzgados y tribunales Artículo 81 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en: a. Fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción.  b. Limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones. c. Repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento. d. Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva. e. Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos 2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho. 3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:  Cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,  Cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas.  Cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que: a. Impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos.  b. Ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate. Artículo 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea - Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo. - Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en: a. Imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas;  b. Limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores; c. Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; d. Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos. - También conocerán los asuntos atribuidos a los juzgados de primera instancia en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje cuando vengan referidos a materias contempladas en este apartado. Artículo 8. Tribunales competentes para las funciones de apoyo y control del arbitraje.

Para el nombramiento y remoción judicial de árbitros será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga lugar el arbitraje; de no estar éste aún determinado, la que corresponda al domicilio o residencia habitual de cualquiera de los demandados; si ninguno de ellos tuviere domicilio o residencia habitual en España, la del domicilio o residencia habitual del actor, y si éste tampoco los tuviere en España, la de su elección. Para la asistencia judicial en la práctica de pruebas será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del arbitraje o el del lugar donde hubiere de prestarse la asistencia. Para la adopción judicial de medidas cautelares será tribunal competente el del lugar en que el laudo deba ser ejecutado y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (sigue)

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Para la ejecución forzosa de laudos o resoluciones arbitrales será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en qu e se haya dictado de acuerdo con lo previsto en apartado 2 delyartículo 545 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Organización y competencias deeljuzgados tribunales Civil. Para conocer de la acción de anulación del laudo será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde aquél se hubiere dictado. 6. Para el reconocimiento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aquellos, determinándose subsidiariamente la competencia territorial por el lugar de ejecución o donde aquellos laudos o resoluciones arbitrales deban producir sus efectos. Para la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros será competente el Juzgado de Primera Instancia con arreglo a los mismos criterios.

- Los Juzgados de lo Mercantil tendrán competencia para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, cuando éstas versen sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal. Juzgados de violencia sobre la mujer

- La instauración de estos juzgados se realizo tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género - En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de aquél y  jurisdicción en todo su ámbito territorial.  Tomarán su designación del municipio de su sede. - No obstante lo anterior, podrán establecerse, excepcionalmente, Juzgados de Violencia sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia. - El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que, en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos que la LOPJ, corresponda a uno de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o de Instrucción en su caso, determinándose en esta situación que uno solo de estos Órganos conozca de todos estos asuntos dentro del partido  judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias. - En los partidos judiciales en que exista un solo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos atribuidos a los juzgados de violencia sobre la mujer. - La planta inicial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer será la establecida por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, que ha modificado a la Ley de Demarcación y Planta del año 1988. - La concreción de la planta inicial y la que sea objeto de desarrollo posterior, será realizada mediante Real Decreto y se ajustará a los siguientes criterios:  Podrán crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer en aquellos partidos judiciales en los que la carga de trabajo así lo aconseje.  En aquellos partidos judiciales en los que, en atención al volumen de asuntos, no se considere necesario el desarrollo de la planta judicial, se podrán transformar algunos de los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento en Juzgados de Violencia sobre la Mujer.  Asimismo cuando se considere, en función de la carga de trabajo, que no es precisa la creación de un órgano judicial específico, se determinará, de existir varios, qué Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, asumirán el conocimiento de las materias de violencia sobre la mujer en los términos de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género con carácter exclusivo junto con el resto de las correspondientes a la jurisdicción penal o civil, según la naturaleza del órgano en cuestión.

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Organización y competencias de juzgados y tribunales - Serán servidos por Magistrados los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que tengan su sede en la capital de la  provincia y los demás Juzgados que así se establecen en el anexo XIII de la LO 1/2004. - La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 87 ter (los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal), legisla sobre los juzgados cuyas competencias abarcan la violencia sobre las mujeres. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el orden penal

- Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los  procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos: a. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad pena l por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.  b. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. c. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia. d. Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a de este apartado. e. Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la Ley. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el orden civil

- Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los  procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos: a. Los de filiación, maternidad y paternidad.  b. Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio. c. Los que versen sobre relaciones paterno filiales. d. Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar. e. Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores. f. Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. g. Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. -Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a. Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el listado anterior.  b. Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1.a del presente artículo. c. Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. d. Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.

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Organización y competencias de juzgados y tribunales - Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente. - En todos estos casos está vedada la mediación. Juzgados centrales de instrucción

- En la villa de Madrid podrá haber uno o más Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y que tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, y de extradición pasiva en los términos previstos en la Ley. Juzgados de lo penal

- En el sistema español es siempre un juez el que investiga un delito (juez de instrucción o juez central de instrucción según los casos) y otro el que finalmente juzga el tema que es, el juez de lo penal, juez central de lo  penal o Audiencia Nacional o provincial. 

Se realiza de esta manera para evitar que la persona que investiga genere perjuicios a favor o en contra de la  persona investigada.

- En cada provincia, y con sede en su capital, habrá uno o varios Juzgados de lo Penal.  Podrán establecerse Juzgados de lo Penal cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la misma  provincia, conforme a lo que disponga la legislación sobre Demarcación y Planta Judicial, que fijara la ciudad donde tendrán su sede.  Los Juzgados de lo Penal tomaran su denominación de la población donde tengan su sede. - Los Juzgados de lo Penal enjuiciarán las causas por delito que la Ley determine.  A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno o varios Juzgados en cada provincia.  Corresponde asimismo a los Juzgados de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en c ausas por delito  por los Juzgados de Instrucción, y el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español. - En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de lo Penal que conocerán, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos cuyo conocimiento corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y de los demás asuntos que señalen las leyes.  Corresponde asimismo a los Juzgados Centrales de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas  por delito por los Juzgados Centrales de Instrucción. - Corresponde a los Juzgados de lo Penal el reconocimiento y ejecución de las resoluciones de decomiso transmitidas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español. Juzgados de lo contencioso-administrativo

- En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. - Cuando el volumen de asuntos lo requiera, se podrán establecer uno o mas Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo en las poblaciones que por Ley se determine. Tomarán la denominación del municipio de su sede, y extenderán su jurisdicción al partido correspondiente. 8

Organización y competencias de juzgados y tribunales - También podrán crearse excepcionalmente juzgados de lo contencioso-administrativo que extiendan su  jurisdicción a más de una Provincia dentro de la misma Comunidades Autónomas. - En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá Juzgados Centrales de lo Contenciosoadministrativo que conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional, en los términos que la Ley establezca. - Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos que expresamente les atribuya la Ley. - Corresponde también a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo autorizar, mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del titular, cuando ello  proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración. Juzgados de lo social

- En cada Provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de lo social, también podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de trabajo lo aconsejen, delimitándose, en tal caso, el ámbito de su  jurisdicción. - Los juzgados de lo social podrán excepcionalmente extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma Comunidades Autónomas. - Los juzgados de lo social conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a otros órganos del mismo. Juzgados de vigilancia penitenciaria.

- En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios juzgados de vigilancia  penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos  penitenciarios y demás que señale la Ley. - Podrán establecerse juzgados de vigilancia penitenciaria que extiendan su jurisdicción a dos o más provincias de la misma Comunidades Autónomas. - También podrán crearse juzgados de vigilancia penitenciaria cuya jurisdicción no se extienda a toda la Provincia. - En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, citadas antes, y demás que señale la ley, en relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional.  En todo caso, la competencia de estos Juzgados Centrales será preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional. - El cargo de juez de vigilancia penitenciaria será compatible con el desempeño de un órgano del orden  jurisdiccional penal. - El número de juzgados de vigilancia penitenciaria se determinará en la Ley de planta, atendiendo principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes y a la clase de éstos. - El Gobierno establecerá la sede de estos juzgados, previa audiencia de la Comunidades Autónomas afectada y del Consejo General del Poder Judicial.

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Juzgados de menores.

- En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de Menores.   No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse Juzgados de Menores cuya  jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o agrupación de partidos o bien a dos o más  provincias de la misma Comunidad Autónoma. 

Tomarán su nombre de la población donde radique su sede.

- En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá un Juzgado Central de Menores, que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores. - Corresponde a los jueces de menores el ejercicio de las funciones que establezcan las Leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la Ley como delito o falta y aquellas otras que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las Leyes. El Tribunal de Marca Comunitaria.

La marca comunitaria. 

El 20 de diciembre de 1993 el Consejo de la Unión Europea aprobó el Reglamento Nº 40/94 sobre Marca Comunitaria, cuyo objetivo es el de promover un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, generando condiciones de mercado análogas a las nacionales en un ámbito geográfico de mayores dimensiones.

- El 1 de enero de 1996 en la ciudad de Alicante comenzó su funcionamiento la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), organismo encargado de la tramitación, examen, concesión, conservación, denegación y anulación de las marcas en el ámbito de los Estados Miembros de la UE. - La marca comunitaria es una marca con validez en todo el territorio de la Unión Europea y registrada en la OAMI conforme a lo dispuesto por los Reglamentos relativos a la marca comunitaria. Ámbito de aplicación y validez - La marca comunitaria es válida en toda la Unión Europea.   No es posible limitar el alcance geográfico de la protección a ciertos Estados miembros.  Nivel de protección - La marca comunitaria confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizar la marca e impedir el uso no autorizado  por terceros de una marca idéntica o similar para productos y/o servicios idénticos o relacionados con aquéllos para los que la marca comunitaria esté protegida. Valor - El sistema de la marca comunitaria consiste en un único procedimiento de registro, que se compone de lo siguiente:  una solicitud única;  una lengua de procedimiento única;  un único centro administrativo; y  un único expediente que tramitar. - La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo en los 27 Estados miembros de la Unión Europea a un coste razonable. - En caso de futuras ampliaciones de la Unión Europea, se ampliarán automáticamente las solicitudes o registros de marcas comunitarias a los nuevos Estados miembros, sin trámites ni tasas adicionales.

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Organización y competencias de juzgados y tribunales

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Este Reglamento establece un régimen jurídico que permite la armonización entre la protección nacional de las marcas en cada uno de los Estados miembros y las disposiciones de libre comercio existentes en la Unión, eliminando los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la prestación de los servicios,  permitiendo un desarrollo integral de las empresas comunitarias.

- En lo referente al concepto de marca, las condiciones de acceso y los derechos que otorga, los puntos más interesantes que destacar son los siguientes:  Puede solicitar la marca cualquier persona jurídica o física, que estará legitimada para solicitar la marca comunitaria.  Tiene carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad, por lo tanto sólo podrá ser registrada, denegada, cedida, anulada, caducada o prohibido su uso para todos los Estados unionistas de forma conjunta.  Pueden constituir la marca comunitaria todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, dibujos, letras, cifras, etc., siempre que sean apropiados para distinguir los servicios y productos propios de los de otras empresas.  La marca comunitaria es válida durante 10 años y puede renovarse indefinidamente por periodos de diez años, con obligación de uso efectivo en la Comunidad, aunque sólo sea para exportación.  No es necesario justificar el uso en cada uno de los países. 

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Entre las ventajas de la marca comunitaria se encuentra el que convivirá con las distintas protecciones existentes en la actualidad, ya sean solicitudes nacionales, ya convenios internacionales como el Arreglo de Madrid. - El Reglamento establece el reconocimiento de los derechos de marca ya inscritos con anterioridad al registro de marca comunitaria a través de la llamada «reivindicación de antigüedad», es decir, que cuando se accede al registro de marca comunitaria se gozará en el país donde ya estuviera registrado de los mismos derechos que ya se poseían con la marca nacional o internacional anteriormente registrada, realizando un único pago de mantenimiento y con aplicación de la legislación comunitaria. 

- Esto es de vital importancia, ya que algunas legislaciones nacionales poseen disposiciones muy específicas en lo referente al uso de la marca o determinados impedimentos legales que por este procedimiento son inexistentes. Sede y competencias - Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos números 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.  En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Juzgados de Marca Comunitaria. - En primera instancia les corresponde conocer de todas las acciones vinculadas a la marca comunitaria y a los dibujos y modelos comunitarios, conforme a los correspondientes reglamentos reguladores (acción por violación y  – si la legislación nacional la admite –  por intento de violación de una marca comunitaria; acciones de comprobación de inexistencia de violación, si la legislación nacional las admite; demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria, etc.). - La sección o secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen al efecto conocerán además, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refieren los Reglamentos mencionados sobre la marca comunitaria y sobre los dibujos y modelos comunitarios.

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Al igual que los juzgados de lo mercantil de Alicante, a estos efectos y en el ejercicio de esta competencia extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y también a estos solos efectos se denominarán tribunales de marca comunitaria.

Los juzgados de paz.

- En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz. - Podrá existir una sola Oficina judicial para varios juzgados. Los Juzgados de Paz conocerán, en el orden civil:  

De la substanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la Ley determine. Cumplirán también funciones de Registro Civil y las demás que la Ley les atribuya.

En el orden penal, conocerán en primera instancia  

De los procesos por faltas que les atribuya la Ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas otras que señalen las Leyes. - Nota: Juzgan las faltas (infracciones penales leves) a las que se refieren los arts.620.1 y 2, 626, 630, 632 y 633 del Código Penal, excepto cuando el ofendido sea alguna de las personas a que se refiere el art. 1 73.2 del mismo código Artículo 620.

Serán castigados con la pena de multa de diez a veinte días: 1. Los que de modo leve amenacen a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, o los saquen en riña, como no sea en justa defensa, salvo que el hecho sea constitutivo de delito. 2. Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito. Artículo 626.

- Los que deslucieren bienes muebles o inmuebles de dominio público o privado, sin la debida autorización de la Administración o de sus propietarios, serán castigados con la pena de localización permanente de dos a seis dí as o tres a nueve días de trabajos en beneficio de la comunidad. Artículo 630.

- Los que abandonaren jeringuillas, en todo caso, u otros instrumentos peligrosos de modo o con circunstancias que  pudieran causar daño a las personas o contagiar enfermedades, o en lugares frecuentados por menores, serán castigados con las penas de localización permanente de seis a 10 días o multa de uno a dos meses. Artículo 632.

1.

El que corte, tale, queme, arranque, recolecte alguna especie o subespecie de flora amenazada o de sus  propágulos, sin grave perjuicio para el medio ambiente, será castigado con la pena de multa de 10 a 30 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 20 días. 2. Los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente sin incurrir en los supuestos previstos en el artículo 337 serán castigados con la pena de multa de 20 a 60 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 20 a 30 días.

Artículo 633.

- Los que perturbaren levemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos, en espectáculos deportivos o culturales, solemnidades o reuniones numerosas serán c astigados con las penas de localización permanente de dos a 12 días y multa de 10 a 30 días.

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Organización y competencias de juzgados y tribunales Elección y nombramiento - Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un periodo de cuatro años por la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.  El nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento. - Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por el pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten.  Si no hubiere solicitante, el pleno elegirá libremente. - Aprobado el acuerdo correspondiente, será remitido al juez de primera instancia e instrucción, quien lo elevará a la Sala de Gobierno. - Si en el plazo de tres meses, a contar desde que se produjera la vacante en un juzgado de paz, el ayuntamiento correspondiente no efectuase la propuesta prevenida en los apartados anteriores, la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia procederá a designar al juez de pa z.  Se actuará de igual modo cuando la persona propuesta por el ayuntamiento no reuniera, a juicio de la misma sala de gobierno y oído el Ministerio Fiscal, las condiciones exigidas. - Los jueces de paz prestarán juramento ante el juez de primera instancia e instrucción y tomarán posesión ante quien se hallara ejerciendo la jurisdicción. - Podrán ser nombrados jueces de paz, tanto titular como sustituto, quienes, aún no siendo licenciados en derecho, reúnan los requisitos establecidos en la LOPJ el ingreso en la carrera judicial, y no estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles. - Los Jueces de Paz serán retribuidos por el sistema y en la cuantía que legalmente se establezca, y tendrán, dentro de su circunscripción, el tratamiento y precedencia que se reconozcan en la suya a los jueces de primera instancia e instrucción. - Los Jueces de Paz y los sustitutos, en su caso, cesarán por el transcurso de su mandato y por las mismas causas que los jueces de carrera en cuanto les sean de aplicación.

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