TEMA 6 CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
6.1 PROCEDIMIENTO DE OFICIO
Para el inicio de oficio de un procedimiento debe existir disposición de una autoridad superior debidamente fundamentada, una motivación basada en el cumplimiento de un deber legal o el mérito de una denuncia. Respecto de la denuncia, toda persona está facultada para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contratos al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento. El procedimiento debe ser impulsado de oficio en todos sus trámites. La administración tiene la obligación y responsabilidad de dirigir el procedimiento, ordenando que se practique todas las diligencias necesarias para dictar la resolución. Es responsabilidad de tramitar el procedimiento a los titulares del órgano y el personal que esté a su cargo. 6.2 PROCEDIMIENTO A PETICIÓN DE PARTE
Los administrados pueden promover, de manera individual o colectiva, por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante cualquier entidad. Este derecho implica la obligación de la administración de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. Toda persona tiene derecho a recurrir a la administración. El derecho de petición administrativa comprende las siguientes facultades: ·Presentar solicitudes en interés particular del administrado para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición. Presentar solicitudes o contradecir actos en interés general de la colectividad. Esta facultad comprende la posibilidad de comunicar y obtener respuesta sobre la existencia de problemas, trabas u obstáculos normativos o provenientes de prácticas administrativas que afecten el acceso a las entidades, la relación con administrados o el cumplimiento de los principios procedimentales, así como a presentar alguna sugerencia o iniciativa dirigida a mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o cualquier otra medida que suponga un mejor nivel de satisfacción de la sociedad respecto a los servicios públicos. Formular consultas por escrito a las autoridades administrativas, sobre las
materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente que comprende su accionar, particularmente aquella emitida por la propia entidad. Presentar solicitudes de gracia, es decir, solicitar al titular de la entidad competente la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación de un servicio cuando no se cuenta con otro título legal específico que permita exigirlo como una petición en interés particular. 6.3 PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN
El procedimiento administrativo de oposición, u oposición administrativa, es un procedimiento por medio del cual el particular puede afectarse con una resolución administrativa ocurre a las propias autoridades, haciendo valer un derecho anterior, solicitando de ella revise sus procedimientos, antes de resolver en definitiva. Fue considerada en su momento como anticonstitucional, calificando de arbitraria la resolución administrativa al resolver el derecho controvertido. Pero también se encuentran opiniones que consideran totalmente legitima, eficaz para que la autoridad revises sus propias determinaciones. 6.4 PROCEDIMIENTO DE ELECCION
6.5 PROCEDIMIENTO DE REVISION
6.6 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
6.7 OTRAS CLASIFICACIONES
Existe por ejemplo el procedimiento que regula la ley de inversiones y marcas para dictar las declaraciones de nulidad de una patente o de una marca. Para llegar a la declaración que consiste en que el interesado presente su solicitud con los documentos en los cuales apoye su promoción en que se haga conocer dicha solicitud a la contraparte señalándole un plazo para que presente sus objeciones u observaciones que estime pertinente y una vez que halla transcurrido el termino para formular objeciones y previo estudio de los antecedentes relativos se dictara la resolución administrativa que corresponda la que le comunicara a los interesados.
TEMA 7 EL PROCEDIMIENTO GENERAL EN LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 7.1 CONCEPTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Los Recursos Administrativos surgen como un remedio a la legal actuación de la administración. Son medios legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los particulares para lograr, a través de la impugnación, que la Administración rectifique su proceder. Son la garantía del particular para una efectiva protección de su situación jurídica. Son denominados Recursos, porque se trabaja con un acto preexistente, es decir, con una materia procedimental ya decidida, que en este caso, es un acto administrativo de efectos particulares, nunca general (Artículo 85). El Recurso Administrativo es un acto por el que un sujeto legitimado para ello pide a la Administración que revise, revoque o reforme una resolución administrativa, o excepcionalmente un trámite, dentro de unos determinados lapsos y siguiendo unas formalidades establecidas y pertinentes al caso. Los Recursos Administrativos se interponen y resuelven ante la misma Administración, por lo que esta se convierte así en Juez y parte de los mismos. De ahí que la garantía que se pretende asegurar ofreciendo mediante la interposición de recursos una posibilidad de reacción contra las resoluciones administrativas se vea limitada por el hecho de ser la propia Administración la que ha de resolver el litigio planteado y que deriva de un acto suyo. 7.1.1 ELEMENTOS 1.
Un acto administrativo previo: presupone la existencia de un acto emanado de la Administración Publica que lesiona al particular. 2. Un interés jurídico lesionado: debe de existir un sujeto con interés jurídico derivado de un derecho subjetivo que la ley reconoce a su favor, que al ser desconocido por la autoridad le causa un agravio directo, personal, y actual. 3. Previsión en la ley: debe de existir una vía legal que prevea la procedenci9a del recurso, ya que las ³inconformidades´ resultan improcedentes. 4. Instancia de parte: su inicio solo se puede producir a través de la instancia de parte, con lo cual se delimita el objeto de la pretensión. 5. Procedimiento administrativo: se trata de un procedimiento administrativo, ya que se desenvuelve ante la propia administración que resolverá la instancia.
6.
Mantenimiento de la legalidad: tiene como finalidad el mantenimiento de la legalidad de la actividad administrativa para garantizar los derechos de los administrados.
7.1.2 TIPOS Hay
cuatro tipos de recursos, que pueden ser interpuestos según las circunstancias de cada caso: Alzada Potestativo de Reposición Extraordinario de revisión Reclamaciones previas a las acciones civiles y laborales El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. El recurso de alzada es el que se interpone contra las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa y los actos de trámite, si éstos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Puede fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad. El recurso potestativo de reposición se puede interponer contra actos que pongan fin a la vía administrativa. Ponen fin a la vía administrativa. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezcan.
Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. El recurso extraordinario de revisión es el que se interpone contra los actos que agotan la vía administrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Las reclamaciones previas a las acciones civiles y laborales son aquellas que se interponen contra decisiones de la Administración fundadas en derecho privado o laboral. Son además un requisito previo al ejercicio de cualquier reclamación jurisdiccional en este sentido, salvo los supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición con rango de Ley. 7.2 FASES DEL PROCEDIMIENTO
ETAPA I: Inicio del procedimiento administrativo El procedimiento administrativo se inicia de oficio por decisión del órgano competente o a petición de parte. ETAPA II: Ordenación e Instrucción del procedimiento Una vez iniciado el procedimiento administrativo debe desarrollarse de modo sencillo y eficaz sin reconocer formas determinadas, fases procesales, momentos procedimentales rígidos para realizar determinadas actuaciones o responder a precedencia entre ellas, salvo disposición expresa en contrario de la ley en procedimientos especiales. Asimismo, le corresponde a la autoridad administrativa promover toda actuación que fuese necesaria para la tramitación del procedimiento y para superar cualquier obstáculo que se oponga a su regular tramitación. La autoridad administrativa deberá determinar la norma aplicable aun cuando no haya sido invocada por el administrado o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.
A fin de pronunciarse a través de sus resoluciones, la administración deberá realizar de oficio los actos de instrucción o indagación necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos requeridos. Esta obligación de la administración no excluye el derecho de los administrados a proponer actuaciones probatorias. a carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio. Sin perjuicio de ello, corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas o aducir alegaciones. A fin de poder decidir un procedimiento, podrán utilizarse todos los medios de prueba que resulten necesarios. En particular, en el procedimiento administrativo procede: 1.
Recabar antecedentes y documentos.
2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo. 3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de ellos declaraciones por escrito. 4. Consultar documentos y actas. 5. Practicar inspecciones oculares. Por otra parte, la autoridad se encuentra facultada a exigir a los administrados la comunicación de informaciones, la presentación de documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones de sus bienes, así como su colaboración para la práctica de otros medios de prueba. No obstante, el administrado puede rechazar el pedido cuando implique la violación al secreto profesional, una revelación prohibida por la ley, suponga directamente la revelación de hechos perseguibles practicados por el administrado, o afecte los derechos constitucionales. ETAPA III: Conclusión del Procedimiento Administrativo Una vez agotada la etapa de la instrucción y obtenidos los elementos suficientes para decidir, la autoridad administrativa emite una resolución pronunciándose sobre el fondo del asunto. Es posible además que el procedimiento administrativo concluya por otros medios como serían la aplicación del silencio administrativo positivo o negativo, según corresponda, el desistimiento, el abandono, el acuerdo por conciliación o transacción o la prestación efectiva de lo solicitado en caso de la petición graciable.
ETAPA IV: Ejecución de resoluciones Los actos administrativos son ejecutorios, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley.
TEMA 8 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
8.1 DISPOSICIONES GENERALES
Conocer, dirimir y resolver por la vía jurisdiccional los conflictos jurídicos que se generan o crean por resoluciones o actos de las autoridades administrativas del Distrito Federal, que principalmente pudieran ser en agravio de los gobernados.
Al acudir al Tribunal se tiene la oportunidad de contar gratuitamente con asesoría y, en su caso, representación legal para que se analice y estudie el conflicto con las autoridades administrativas. De preferirlo así el gobernado, puede optar por acudir directamente, demandando a través de su escrito inicial: 1.
La nulidad del acto o resolución que considere ilegal. 2. Que a la autoridad se le obligue a contestar una petición escrita. 3. Que se le restituya en el goce de sus derechos indebidamente afectados. 4. Que se obligue a la autoridad a actuar apegada estrictamente a la ley en los actos o resoluciones que realice o emita en el ejercicio de sus funciones.
8.2 INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal se integrará con los siguientes órganos, unidades administrativas y servidores públicos: a) Sala Superior; b) Presidencia;
c) Salas Ordinarias; d) Salas Auxiliares; e) Secretaría General de Acuerdos; f) Secretaría General de Compilación y Difusión; g) Secretaría General de Asesoría y Defensoría Jurídica; h) Secretarios de Acuerdos de la Sala Superior , Salas Ordinarias y Salas Auxiliares; i) Actuarios de la Sala Superior , Salas Ordinarias y Salas Auxiliares; j) Dirección Administrativa, y k) Los demás servidores públicos que las necesidades del servicio requieran y determine su Presupuesto. 8.3 SALA SUPERIOR
Además de la competencia y atribuciones que le confieren los artículos 20 y 21 y demás relativos de la Ley del Tribunal, así como otras disposiciones legales aplicables, corresponde a la Sala Superior: a) Designar cada cuatro años en la primera sesión ordinaria anual, de entre sus miembros, al Presidente del Tribunal quien lo será también de la Sala Superior. Los Magistrados de la Sala Superior deberán asistir a las sesiones de pleno a que sean convocados; en caso de no hacerlo, deberán justificar la causa de su ausencia, que será calificada por la Propia Sala. Tres o más faltas consecutivas injustificadas, se considerarán como licencia en los términos del inciso d) del presente artículo. b) (DEROGADO, G.O. 27 DE ABRIL DE 2000) c) Conceder licencias a los Magistrados de las diferentes Salas hasta por quince días con goce de sueldo, o hasta por tres meses sin goce de sueldo, cada año, siempre que el solicitante haya cumplido cuando menos un año de servicios, exista causa justificada para ellos, y no se altere o perjudique el buen funcionamiento del Tribunal; d) Conceder licencias hasta por un mes sin goce de sueldo, cada año, en los términos de las disposiciones legales aplicables, a los Secretarios
y Actuarios de las diferentes Salas del Tribunal, previa anuencia del Magistrado al que estén adscritos; e) Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto, eficaz y expedito de los asuntos de la competencia del Tribunal. La Sala Superior estará integrada por siete Magistrados: El Presidente del Tribunal, que lo será de la Sala Superior y que no presentará proyectos de resoluciones sobre los recursos de apelación, instancias de queja y reclamaciones que se interpongan, y seis Magistrados que actuarán en ponencias numeradas progresivamente.
8.4 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
Son atribuciones del Presidente del Tribunal: I.- Representar al Tribunal ante toda clase de Autoridades; II.- Despachar la correspondencia del Tribunal, de la Sala Superior y de la Junta de Gobierno; III.- Presidir la Junta de Gobierno, así como las comisiones que ésta designe, y las que establezca la Sala Superior; IV.- Dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones de la Junta de Gobierno y la Sala Superior; V.- Denunciar a la Sala Superior las contradicciones de que tenga conocimiento entre sentencias dictadas por las Salas; VI.- Designar por turno al Magistrado Instructor en los recursos de apelación y en los de reclamación; y al Magistrado Ponente en los de queja. Dar cuenta a la Sala Superior hasta ponerlos en estado de resolución; VII.- Nombrar al personal administrativo del Tribunal, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; VIII.- Conceder o negar licencias al personal administrativo de la Sala Superior en los términos de las disposiciones aplicables, previa opinión, en su caso, del Magistrado al que esté adscrito;
IX.- Dictar las ordenes relacionadas con el ejercicio del presupuesto del Tribunal; X.- Autorizar, en unión del Secretario General de Acuerdos, las actas en que se hagan constar deliberaciones y acuerdos de la Sala Superior o de la Junta de Gobierno; CORRESPONDE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL, EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY: a) Dirigir los debates y mantener el orden en las sesiones de la Sala Superior. Iniciada la Sesión sólo podrán suspenderse por mayoría de votos de los Magistrados presentes; b) Designar por riguroso turno al Magistrado Ponente de la Sala Superior en los recursos de apelación y en las quejas que se interpongan; c) Dar cuenta a la Sala Superior con las excitativas de justicia, para que acuerde lo procedente; d) Convocar a la Sala Superior a sesiones ordinarias por lo menos una vez a la semana, y a sesiones extraordinarias, cuando a su criterio lo requieran las necesidades del Tribunal, o lo solicite por las mismas razones debidamente justificadas, alguno de los Magistrados de dicha Sala; e) Resolver los conflictos que surjan en o entre las diversas Salas Ordinarias y las Salas Auxiliares del Tribunal, oyendo en su caso la opinión de la Sala Superior. Los Magistrados de las Salas en conflicto tendrán únicamente voz informativa, y no voto; f) Convocar a los Magistrados de las Salas Ordinarias y de las Salas Auxiliares cuando lo considere necesario para tratar asuntos de interés general para el Tribunal, y en su caso, comunicar los criterios sustentados por la Sala Superior, así como las determinaciones que sean tomadas por la misma. 8.5 SALAS REGIONALES
Las Salas del Tribunal son competentes para conocer: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las Autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales;
II. De los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, cuando actúen con el carácter de autoridades; III. De los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la Administración Pública del Distrito Federal en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido o cualesquiera otras que causen agravio en materia fiscal 8.6 PERSONAL DEL TRIBUNAL
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo se compondrá de una Sala Superior integrada por siete Magistrados, y por tres Salas Ordinarias de tres magistrados cada una, de las cuales una tendrá como competencia exclusiva la materia de uso de suelo. Cuando las necesidades del servicio lo requieran, a juicio de la Sala Superior, se formarán Salas Auxiliares integradas por tres Magistrados cada una. La Sala Superior determinará la sede de las Salas Ordinaria y de las Auxiliares. 8.7 PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO El juicio contencioso administrativo es un procedimiento que se desarrolla en las siguientes fases, las cuales serán incluidas en el nuevo sitio: 8.8 DISPOSICIONES GENERALES
Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala ésta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; en materia fiscal al Código Financiero del Distrito Federal. Y en su caso al Código Fiscal de la Federación en lo que resulten aplicables. 8.9 NOTIFICACIONES Y TERMINOS
Las resoluciones serán notificadas: personalmente, dentro del tercer día a partir de aquel en que se pronunció la resolución; o por lista, al día siguiente de ser pronunciada; o por correo certificado con acuse de recibo, caso en el que la pieza postal deberá ser depositada en el correo al día siguiente de la resolución. Las personas físicas o morales, en el primer escrito que presenten, deberán señalar domicilio en el Distrito Federal, para que se hagan las notificaciones personales a que se refiere esta Ley. Asimismo, procederán a notificar oportunamente el cambio del mismo. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios contencioso administrativos regulados por esta ley, todos los días del año, con exclusión de los sábados y
domingos, 1o. de enero, 5o. de febrero, 2 1 de marzo 1o. y 5 de mayo, 16 de septiembre, 12 de octubre, 20 de noviembre y 25 de diciembre, así como aquellos en los que suspendan las labores por acuerdo de la Sala Superior del Tribunal o por determinación de otras disposiciones legales.
8.10 IMPEDIMENTOS
Los Magistrados y Secretarios de las Salas, estarán impedidos para actuar y deberán excusarse en los siguientes casos: I.- Si son cónyuges o parientes consanguíneos o afines de las partes o de sus representantes en línea recta sin limitación de grado; dentro del cuarto grado, en lo colateral por consanguinidad, o dentro del segundo en lo colateral por afinidad; II.- Si tuvieren interés personal en el asunto que motive el juicio; III.- Si han sido representantes de cualquiera de las partes en el mismo asunto; IV.- Si tuvieren amistad o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes o sus representantes; V.- Si han intervenido en la formulación o emisión del acto impugnado o en la ejecución del mismo; VI.- Si son partes en un juicio similar, pendiente de resolución por parte del Tribunal; y VII.- Los demás que señalen el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Incurre en responsabilidad el Magistrado o Secretario que siendo impedido para intervenir en un negocio no se excuse, o que no estándolo pretenda excusarse en causas diversas de las señaladas.
8.11DEMANDA
La demanda deberá interponerse por escrito dirigido al Tribunal y deberá llenar los siguientes requisitos formales: I.- Nombre y domicilio del actor y, en su caso, de quien promueva en su nombre; II.- Las resoluciones o actos administrativos que se impugnan; III.- La autoridad, autoridades o partes demandadas; IV.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere; V.- La pretensión que se deduce; VI.- La fecha en la que se tuvo conocimiento de la resolución o resoluciones que se impugnan; VII.- La descripción de los hechos, y de ser posible, los fundamentos de derecho; VIII.- La firma del actor; si éste no supiere o no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego, poniendo el primero su huella digital; y
IX.- Las pruebas que se ofrezcan. El actor deberá acompañar una copia de la demanda y de los documentos anexos a ella, para cada una de las demás partes.
8.12 CONTESTACIÓN
El término para contestar correrá para las partes individualmente. Las partes demandadas y el tercero perjudicado en su contestación se referirán a cada uno de los puntos contenidos en el escrito de demanda, citarán los fundamentos legales que consideren aplicables y ofrecerán las pruebas que estimen pertinentes. Si la parte demandada, no contestara dentro del término señalado en el artículo próximo anterior, el Tribunal declarará la preclusión correspondiente considerando confesados los hechos salvo prueba en contrario. Admitida la demanda, pasará el expediente al Magistrado que corresponda, quien será el encargado de continuar la instrucción hasta la audiencia. El Magistrado Instructor examinará el expediente y si encontrare acreditada debidamente alguna causa evidente de improcedencia o de sobreseimiento, propondrá a la Sala el correspondiente proveído en el que se dé por concluido el juicio. El proveído se dictará por unanimidad o por mayoría de votos de los Magistrados que integren la Sala.
8.13 SUSPENSIÓN
La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo podrá ser acordada por el magistrado instructor que conozca del asunto, haciéndolo del conocimiento inmediato de las autoridades demandadas para su cumplimiento, previa verificación de la existencia y autenticidad del acto que se impugna y consulta ciudadana de los lineamientos establecidos por el Título Tercero Capítulo IV, de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en lo que corresponda. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio y tendrá por efecto evitar que se ejecute la resolución impugnada. Sólo podrá ser concedida por el magistrado instructor que conozca del asunto, a quien le haya sido solicitada por el actor dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la verificación de la existencia y autenticidad del acto que se impugna y, en su caso, a la consulta ciudadana a que se refiere el artículo anterior. 8.14 IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
El juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal es improcedente: I.- Contra actos o resoluciones de autoridades que no sean del Distrito Federal;
II.- Contra actos o resoluciones del propio Tribunal; III.- Contra actos o resoluciones que sean materia de otro juicio contencioso administrativo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo actor contra las mismas autoridades y el mismo acto administrativo, aunque las violaciones reclamadas sean distintas; IV.- Contra actos o resoluciones que hayan sido juzgados en otro juicio contencioso administrativo, en los términos de la fracción anterior; V.- Contra actos o resoluciones que no afecten los intereses legítimos del actor, que se hayan consumado de un modo irreparable o que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos últimos aquellos contra los que no se promovió el juicio dentro de los plazos señalados por esta Ley. Procede el sobreseimiento del juicio: I.- Cuando el demandante se desista del juicio; II.- Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; III.- Cuando el demandante falleciere durante la tramitación del juicio, si el acto impugnado sólo afecta su interés; IV.- Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del actor, o revocado el acto que se impugna; y V.- Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el término de ciento ochenta días naturales ni el actor hubiera promovido en ese mismo lapso. Procederá el sobreseimiento en el último caso si la promoción no realizada es necesaria para la continuación del procedimiento .
8.15 INCIDENTES
8.16 PRUEBAS
En el escrito de demanda y en el de contestación deberán ofrecerse las pruebas. Las supervenientes podrán ofrecerse cuando aparezcan y hasta en la audiencia respectiva. Se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional, y las que fueren contrarias a la moral y al derecho. Aquellas que ya se hubiesen rendido ante las autoridades demandadas, a petición de parte, deberán ponerse a disposición del Magistrado instructor con el expediente relativo. Las Salas del Tribunal podrán acordar, de oficio, el desahogo de las pruebas que estimen conducentes para la mejor decisión del asunto, notificando oportunamente a las partes a fin de que puedan intervenir, si así conviene a sus intereses.
Las Salas del Tribunal podrán decretar en todo tiempo la repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que lo estime necesario. Los hechos notorios no requieren prueba. A fin de que las partes puedan rendir oportunamente sus pruebas, las autoridades tienen la obligación de ordenar la expedición inmediata de las copias certificadas de los documentos que le sean solicitados. Si las autoridades no cumplieren con dicha obligación, los interesados solicitarán al Magistrado Instructor que las requiera para tales efectos, aplazando la audiencia por un término que no excederá de diez días. Si no obstante el requerimiento, las autoridades no expiden las copias que se les hubieren solicitado con oportunidad, el Tribunal hará uso de los medios de apremio conducentes en los términos de esta Ley o de las demás disposiciones legales aplicables.
8.17 AUDIENCIA
La audiencia tendrá por objeto desahogar en los términos de esta Ley las pruebas ofrecidas y oír los alegatos correspondientes. La falta de asistencia de las partes, no impedirá la celebración de la audiencia. Si en la audiencia no se pronunciare la sentencia, el Presidente de la Sala acordará que se pronuncie dentro del término a que se refiere el artículo 78. Presentes los Magistrados de la Sala, ésta se constituirá en audiencia pública el día y hora señalados al efecto. A continuación el Secretario llamará a las partes, peritos, testigos y demás personas que por disposición de la Ley deban intervenir en la audiencia, y el presidente de la Sala determinará quiénes deberán permanecer en el recinto y quiénes en lugar separado para llamarlos en su oportunidad.
8.18 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
El actor podrá acudir en queja ante la Sala respectiva, en caso de incumplimiento de la sentencia y se dará vista a la autoridad responsable por el término de cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Una vez cumplido el término de cinco días, la Sala resolverá si la autoridad ha cumplido con los términos de la sentencia; de lo contrario, la requerirá para que cumpla en un término de otros cinco días, amonestándola y previniéndola de que en caso de renuencia se le impondrá una multa de 50 a 180 días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal. Si la autoridad persistiere en su actitud, la Sala Superior resolverá, a instancia de la Sala respectiva, solicitar del Jefe del Distrito Federal, como superior jerárquico, obligue al funcionario responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del Tribunal en un plazo no mayor de cinco días; sin perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesario, la multa impuesta.
Las sanciones antes mencionadas también serán procedentes, cuando no se cumplimente en sus términos la suspensión que se decrete respecto del acto reclamado en el juicio.
8.19 RECURSOS
El Recurso de Reclamación es procedente contra las providencias o los acuerdos de trámite dictados por el Presidente del Tribunal, por el Presidente de cualesquiera de las Salas o por los Magistrados, así como en los demás casos, señalados por esta Ley. El recurso se interpondrá con expresión de agravios, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación correspondiente, ante la Sala de adscripción del Magistrado o Presidente que haya dictado el acuerdo recurrido. La Sala competente suplirá las deficiencias de los agravios expresados en el recurso, pero no su ausencia. El recurso se substanciará con vista a las demás partes, por un término común de tres días, para que expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho término, la Sala resolverá lo conducente.
8.19.1 QUEJA 8.19.2 RECLAMACIONES 8.19.3 REVISIÓN 8.20 JURISPRUDENCIA
Las sentencias de la Sala Superior constituirán Jurisprudencia que será obligatoria para ella y las demás Salas del Tribunal, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por el voto de cinco Magistrados en el mismo sentido. Para interrumpir o modificar la Jurisprudencia del Tribunal se requerirá del voto en el mismo sentido de cinco Magistrados por lo menos, en una resolución cuando se trate de interrupción, en el mismo número y condiciones señaladas para su fijación, cuando se trate de modificarla. Cuando no se logre esta mayoría en dos sesiones, se tendrá por desechado el proyecto y se designará otro Magistrado Ponente para que formule nuevo proyecto. La Jurisprudencia perderá tal carácter cuando se pronuncie una resolución en contrario, debiendo expresarse en ella las razones que funden el cambio de criterio, las cuales deberán referirse a las que se tuvieron en consideración para establecerla.
BIBLIOGRAFIA PAGINAS WEB http://www.fimevic.df.gob.mx http://www.tcadf.gob.mx LIBROS
DERECHO ADMINISTRATIVO GABINO FRAGA ED. PORRUA
DERECHO ADMINISTRATIVO SERRA ROJAS ANDRES ED. PORRUA
