¿Por qué es Importante una Ley de Procedimiento Administrativo? 1
Responder a esta pregunta, que parecería retórica, dada la importancia obvia que presupone una ley de procedimiento administrativo, se hace urgente en nuestro país, que empieza a dar los primeros pasos hacia la consagración de un verdadero derecho administrativo acompañado de su respectiva ley de procedimientos. Al explicar esta relevancia convendría afirmar que la condición actual de esta materia ha sido determinada por condicionantes políticos que a lo largo de la historia se han caracterizado por la arbitrariedad y el desorden en la organización del Estado. Ahora su perspectiva es definida por un amplio proceso de reformas que pretende encaminarnos hacia el ideal Estado social y democrático de derecho, consagrado literal y programáticamente en la Constitución dominicana, dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010. En sentido jurídico general un procedimiento conlleva una serie de trámites, pasos y plazos cuyo cumplimiento debe hacer posible la efectividad de una demanda judicial, tanto para su inicio, desarrollo y conclusión. Cabe agregar que todo procedimiento jurisdiccional es activado en reacción a la afectación de un bien jurídico protegido por la ley. La ciencia del derecho, en respuesta a una serie de particularidades que cada especialidad jurídica desarrolla, crea un procedimiento ajustado al requerimiento de cada una. De ahí que exista un procedimiento civil, un procedimiento penal o un procedimiento en materia de tránsito, con sus respectivas jurisdicciones. Pero en el caso del procedimiento administrativo se presenta una particularidad extraña a lo antes dicho, pues el mismo no implica un procedimiento judicial, judicial, sino más bien, un procedimiento que regula las actuaciones del ciudadano ante la administración. Juan Carlos Cassagna, en su texto titulado “Derecho Administrativo”, presenta una una diferencia clave: el procedimiento administrativo es dirigido y coordinado por la administración pública (cuya finalidad es perseguida en el interés público y el bien común) y el procedimiento (o proceso) jurisdiccional, por el juez, o el tribunal administrativo. Aporta a su importancia, la finalidad fundamental del procedimiento administrativo: la emisión de un acto administrativo. Esto así en el entendido de que, “tal y como sostiene Brewer-Carías, Brewer -Carías, el acto se encuentra sujeto al procedimiento. En ese sentido, en aquellos países donde existen legislaciones que regulan la actividad de la administración, se dispone que el acto administrativo deberá dictarse previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al efecto” cuyo cumplimiento condiciona generalmente la validez de los actos dictados (Rafael R. Dickson Molares, “Nociones Generales sobre la Teoría del Acto Administrativo” , artículo publicado en Revista de Administración Pública, Prof. Fabricio Collado Abogado
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“Organización de la Administración Pública”, Pública”, Año IV, 2010, Ministerio de Administración Administración Pública). En este caso, la finalidad del procedimiento es legitimar el contenido del acto administrativo o funcionar como “instrumento de control de la legitimidad”, que es como le llama Juan Carlos Cassagna en su obra citada. Para el mismo autor, el procedimiento administrativo es también un instrumento “del acierto de los actos en relación al interés general o bien común, que es el fin que la administración persigue (control de oportunidad, mérito o conveniencia)”. Igualmente, dadas las facultades exorbitantes de la administración, el procedimiento administrativo se convierte en una garantía del ciudadano de que la administración no va a actuar de modo arbitrario y discrecional, de manera que se evite la indefensión del particular. Ejemplos de esta garantía son la publicación y la notificación; el procedimiento participativo o la celebración de audiencias públicas, para que el afectado pueda expresar su parecer; las reglas de control previo del acto administrativo. administrativo. Es igualmente trascendental, que al procedimiento administrativo le son aplicables las reglas del debido proceso, sin cuyo cumplimiento el acto no sería válido. La Suprema Corte de Justicia, tribunal de mayor jerarquía del Poder Judicial de la República Dominicana, en uno de los Considerandos de su Resolución No.1920-2003, establece: establece: “CONSIDERANDO: Que a fin de asegurar un debido proceso de ley, la observancia de estos principios y normas es imprescindible en toda materia, para que las personas puedan defenderse adecuadamente y hacer valer sus pretensiones del mismo modo, ante todas las instancias del proceso. Que estas garantías son reglas mínimas que deben ser observadas no sólo en los procesos penales, sino, además, en los que conciernen a la determinación de los derechos u obligaciones de orden civil, laboral, administrativo, fiscal, disciplinario o de cualquier otro carácter, siempre que estas sean sean compatibles con la materia que se trata”. Hay que agregar a esta explicación, que el debido proceso entraña tres derechos fundamentales, detallados por Cassagna en el siguiente orden: “a) derecho a ser oído; b) derecho a ofrecer y producir pruebas; c) derecho a una decisión fundada”. Ahora bien, la importancia del procedimiento administrativo también se nutre de sus principios, algunos de los cuales hemos tratado. Estos principios conforman al procedimiento administrativo en un sistema “garantístico “ garantístico y de eficacia administrativa”, al decir de Juan Carlos Cassagna, además de que reviste deberes de la administración administración para con el ciudadano.
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El principio de legalidad aplicado al procedimiento administrativo consiste en “ajustar el obrar administrativo administrativo al ordenamiento jurídico positivo” y así limitar el poder jurídico de cualquier órgano que ejerza una función administrativa. Pero, como sostiene Agustín Gordillo, en su libro “Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 2”, cuando habla de este principio lo denomina “de la legalidad objetiva”, en el entendido de que debe consistir en “la aplicación razonada y jerárquica de los grandes principios jurídicos”. Otro principio, a mi entender novedoso (como el de la legalidad objetiva) porque se sitúa siempre a favor del administrado y que rompe con el formalismo que algunas veces se convierte en una camisa de fuerza, es el del informalismo, que se debe a que el procedimiento procedimiento administrativo carece carece de formalidades f ormalidades escritas, escritas, según afirma Agustín Gordillo. Por su parte, Juan Carlos Cassagna consigna que este principio “permite que se excuse a los interesados, de la inobservancia de exigencias formales no esenciales, que puedan cumplir a posteriori ”. ”. De esta manera, no se retrasaría el procedimiento, al menos que se trate de formas esenciales, que traigan como consecuencia su nulidad absoluta. Aparejados a éste principio se puede citar el principio de eficacia junto a los de celeridad, economía y sencillez, pues el principio de legalidad visto como objetivo, coadyuvaría a la eficacia de la administración y, además, Sin lugar a dudas, el procedimiento administrativo organiza la compleja actividad administrativa en el ámbito de los tres órganos esenciales del Estado, a saber: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esto se logra con el afianzamiento de la unidad del procedimiento, evitando la dispersión de las formalidades, dirigidas hacia la cohesión y la coherencia. coherencia. Finalmente, Finalmente, estos principios importantizan al procedimiento procedimiento administrativo al cargarlo de una serie de derechos favorables al ciudadano en la medida que “garantizan tanto: a) la defensa de los derechos civiles y humanos en general del individuo y de las asociaciones en el procedimiento singular, como b) la indispensable participación de la sociedad y la defensa de los derechos de incidencia colectiva en la previa elaboración y debate no solamente individual sino específicamente y publico, de normas generales y grandes proyectos que afectan a la colectividad y al medio ambiente, grandes contrataciones, licencias o concesiones, renegociaciones, etc.” etc .” (Gordillo, Agustín, "Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 2” , 8ª decisión).
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