“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO”
ALUMNOS: PEÑA GUEVARA SOFÍA LAZARTE CONTRERAS MARÍA MILAGROS YEMINÁ ACHA SALAZAR SALAZAR ROSSELYN MERINO NUÑEZ GRETHA CÓRDOVA GARCÍA MIGUEL ÁNGEL GUERRERO BERECHE HAROLD
DOCENTE: DR. LIZANA BOBADILLA
CURSO: DERECHO LABORAL
CICLO: IV
TEMA: PRECEDENTE VINCULANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE DERECHO LABORAL
PIURA 2014
EXP. N.- 02974-2010-PA/TC CALLAO SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE ALICORP S.A.A Hechos: 1. El sindicato interpone demanda de amparo contra la empresa ALICORP S.A.A el 05 de diciembre del 2008, solicitando que se ordene la nivelación de las remuneraciones, jornales y cualquier otro tipo de beneficio de carácter laboral de los trabajadores sindicalizados y la suspensión inmediata de todo acto o mecanismo que afecte la afiliación de los trabajadores.
2. El primer juzgado civil del callao, con fecha 13 de julio del 2009 declaró infundada la demanda, por considerar que de autos no se desprende la existencia de un trato remunerativo discriminatorio entre los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados, así como no se puede inferir la diferencia de los pagos a algunos trabajadores.
3. Sentencia expedida por la segunda sala civil de la corte superior de justicia del callao, con fecha 14 de enero del 2010, que declaró infundada la demanda de amparo de autos.
4. Recurso de agravio constitucional interpuesto por el sindicato nacional de trabajadores de ALICORP S.A.A contra la sentencia del 14 de enero del 2010.
5. Sentencia del tribunal constitucional del 24 de octubre del 2011 que declaró infundada la demanda de autos.
Planteamiento del problema: ¿Ante un proceso de libertad sindical e igualdad ante la ley, donde los demandantes alegan discriminación, la parte demandada puede alegar diferenciación?
Análisis: A) Normativo: El tribunal ha considerado tomar como precedente la sentencia número 02062005-PA/TC, basándose en el Art. VII del Título Preliminar del código procesal constitucional tenemos: Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el
extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.
Luego atendiendo el Art.2 de la Constitución Política del Perú, tenemos: Toda persona tiene derecho:
Inc2) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
Inc3) A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.
Art.22 de la Constitución Política del Perú: El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.
Art.26 de la Constitución Política del Perú: En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la constitución y la ley. 3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.
Art. 28 de la Constitución Política del Perú: El estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. 1. Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacifica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito concertado. 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones.
Finalmente podemos citar, en razón de recordar, al Art.29 de la Constitución Política del Perú: El estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación.
B) Doctrinario:
¿Qué es un sindicato?
Sindicato es la organización de los trabajadores que sirve para defensa de sus derechos laborales así como para luchar por mejores condiciones de salario, de vida y de trabajo.
¿Qué tipos de sindicatos existen?
Estos pueden ser: a) De empresa. Se necesitan 20 afiliados como mínimo. b) De actividad c) De gremio d) De oficios varios. En los tres últimos tipos se necesitan 50 afiliados como mínimo. Pueden ser de alcance nacional, regional o local y constituir con sus afliados, una sección sindical en cada empresa.
¿Qué es la libertad sindical?
La libertad sindical es un derecho humano y fundamental que permite a los trabajadores la defensa y promoción de sus intereses profesionales. Es un derecho humano porque es consustancial a la dignidad del hombre en el trabajo y porque es una condición indispensable para el progreso económico y social. Permite participar en el mundo del trabajo y con su participación se defienden y hacen efectivos otros derechos para asegurar las condiciones de salario, de vida y de trabajo. Permite el derecho a formar sindicatos, a la negociación colectiva y a la
huelga. Su
incumplimiento por parte de los empleadores y del gobierno pueden ser denunciados ante organismos nacionales e internacionales.
¿Cuáles son los instrumentos de derechos humanos/sindicales de ámbito universal y regional?
Estos son: a) Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 23. b) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Arts. 1, 2 y 3. c) Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Art. 8. d) Convenios Internacionales de la OIT 87, 98 y 151.
¿Cuáles son los instrumentos de derechos humanos/sindicales de ámbito nacional?
Estos son: a) Constitución Política del Perú, Art. 28. b) Decreto Supremo Nº 010-2003-TR. c) Decreto Supremo Nº 011-92-TR, modificado por D.S. 009-93-TR y D.S. 013-2006TR.
Igualdad como: principio y derecho fundamental
La Constitución Política del Perú, reconoce el derecho a la igualdad, cuyo artículo 2 inciso 2, determina: “Toda persona tiene derecho: (...) A la igualdad ante la ley. Nadie
debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole”, lo que significa que estamos frente aún
derecho fundamental y no puede interpretarse de forma literal contraria, pues no consiste en la facultad de las personas de exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación. Siendo el Tribunal Constitucional, supremo interprete de la Constitución, el cual ha venido otorgando contenido a sus principios a través de su jurisprudencia constitucional, al cual podemos definir como una herramienta fundamental para la construcción y defensa permanente del Estado Social y Democrático de Derecho, pues permite que el modelo mismo de organización política no sólo se consolide sino que se desarrolle un diálogo fructífero y constante entre el texto y la realidad constitucional, es decir “La
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional es, en buena cuenta, Constitución viviente de la sociedad plural”, lo que se puede apreciar c uando el Tribunal ha recogido y
concretizado jurisprudencialmente en un postulado normativo, el principio –derecho de la dignidad humana,”…de forma similar a la igualdad, debido proceso, tutela jurisdiccional…”, es decir para el Tribunal Constitucional, co mo órgano máximo de interpretación de la Constitución ha reconocido y afirmado que “la igualdad
consagrada constitucionalmente detenta la doble condición de principio y derecho fundamental ”; que a continuación vamos a explicar: “La igualdad como Principio”: Es
uno de los pilares del orden constitucional, lo que permite la convivencia armónica en sociedad, es también principio rector del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos, el cual vincula de modo general y se proyecta sobre el ordenamiento jurídico, pero la aplicación del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual, pues no todo trato desigual constituye discriminación, sino aquellas desigualdades que carezcan de justificación objetiva y razonable, por tanto un trato desigual no vulnerara el principio de igualdad si se establece sobre bases objetivas y razonables; y, “La igualdad como Derecho Fundamental”:
Es el
reconocimiento de un derecho subjetivo es decir la titularidad de la persona sobre un bien constitucional, pues el “derecho a la igualdad ante la ley”, prevista en el art. 2 inc. 2, de la Constitución quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentran en la situación descrita en el supuesto de la norma; y que dicha igualdad contiene un mandato derivativo de aquel, que es la prohibición de discriminación en cuanto constituye el derecho a no ser discriminado por razones proscritas por la propia constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras (motivo de cualquier otra índole), que jurídicamente resulten relevantes, derecho que se traduce en una exigencia individualizable que el individuo puede oponer frente al Estado para que este lo respete, proteja o tutele. Aunado a ello podemos destacar lo establecido por el Tribunal Constitucional, para quien el derecho a la igualdad,”… a su vez tiene dos dimensiones: formal y material.
En su dimensión formal, impone una exigencia al legislador para que esté no realice diferencias injustificadas; pero también a la administración pública y aun a los órganos de la jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley). En su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo una exigencia negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además, una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales. Tratar iguales a los iguales y desigual a los desiguales, pues, no se traduce en el derecho a ser objeto del mismo trato, con independencia del contexto o
las circunstancias en las que un sujeto se encuentre, sino a que se realice un tratamiento diferenciado si es que dos sujetos no se encuentran en una situación igual. Por tanto, el problema es determinar qué tratos diferenciados son constitucionalmente admisibles, lo que deberá de analizarse en cada caso concreto conforme al test de razonabilidad y proporcionalidad
De la igualdad ante la ley a la igualdad en la aplicación de la ley.
En un contexto liberal decimonónico, el principio constitucional de igualdad representaba la ruptura con la anterior sociedad estamental, marcada por la desigualdad, los privilegios y las exenciones, y venía a confiar al legislador ordinario la implantación de un ordenamiento jurídico igual para todos los ciudadanos. La igualdad ante la ley, entendida como una consecuencia de la generalidad de la norma, significaba en ese momento histórico la sumisión a un mismo ordenamiento y la igual protección para todos de los derechos reconocidos en la ley. De forma progresiva y natural, la “igualdad ante la ley” pasó a ser entendida como “igualdad en la aplicación de la ley”. Ya no era suficiente que la ley fuese general e
impersonal, sino que los poderes públicos encargados de su aplicación regular y adecuada debían hacerlo sin otras distinciones que las establecidas en la norma (rompiéndose la igualdad si la aplicación se realizaba con acepción de personas concretas). Según el menor o mayor margen de apreciación o discrecionalidad previsto en la propia norma, la aplicación desigual de la ley podía confundirse con un problema de mera inaplicación de la propia ley o dar lugar a una auténtica aplicación arbitraria de aquélla. Es justo reconocer que el Derecho administrativo, con sus técnicas tradicionales sobre control de la arbitrariedad de la Administración Pública, ha aportado mucho en este terreno, habiéndose orientado la labor del Derecho constitucional y los Tribunales constitucionales fundamentalmente a perfilar la igualdad en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de justicia ordinarios. En un claro intento de ser tremendamente respetuoso con la independencia judicial, nuestro TC se preocupa de poner el acento en la necesidad de justificar la congruencia del cambio de criterio y en el carácter general del mismo, negando así la imposibilidad de realizar dicho cambio. La igualdad jurídica o formal exige que de supuestos de hecho iguales deriven consecuencias jurídicas iguales y que para introducir diferencias debe existir una justificación fundada y razonable.
Pero no debemos olvidar que durante todo este discurso nos hemos limitado a los aspectos formales de la ley (o lo que es lo mismo, al problema de su eficacia general), sin cuestionar su contenido, asimilando el principio de igualdad ante la ley al principio de legalidad.
Conclusión: Sí, ya que como principio reconocido por la constitución atiende que no todo acto desigual es discriminatorio, es decir que cierta diferenciación se funda en causas objetivas y razonables.
NUESTRO COMENTARIO RESPECTO AL PRECEDENTE VINCULANTE PRESENTADO Y ANÁLIZADO
Siendo la sentencia del TC un precedente vinculante, es decir referente tomado en cuenta para los siguientes casos similares, con carácter de obligatorio. Tenemos en cuenta las diferenciaciones, definiciones e interpretación de la norma, materia de derecho laboral. En el presente caso Los trabajadores alegan la vulnerabilidad de la libertad sindical y el derecho de igualdad con prácticas discriminatorias en cuanto a las remuneraciones, ya que a los trabajadores no sindicalizados o que procedían a retirarse de dicho sindicato eran motivados con un aumento remunerativo. Dicha reflexión debe darse bajo el principio de la supremacía de la realidad, Debemos entender también que los trabajadores piden que se remunere según las labores que realizan, entonces quiere decir que la empresa ALICORP, está remunerando a trabajadores que cumplen la misma función con diferente cantidad de pago. Cuando hablamos de desigualdad, no exigimos un trato igual a los demás , sino a ser tratados del mismo modo que los que presentan una situación similar. Y habrá desigualdad siempre y cuando carezca de justificación objetiva y razonable. El TC dice entonces que todo acto desigual no acarrea una discriminación y que el principio de igualdad no excluye un tratamiendo desigual por eso el TC dice que no se vulnera dicho principio por diferencia de trato. Ahora bien, a efectos de determinar si en el caso concreto se está frente a una quiebra del derecho-principio a la igualdad cuándo se está frente a un trato desigual con base en justificaciones objetivas y razonables o cuándo frente a un trato arbitrario, caprichoso e injustificado y, por tanto, discriminatorio es en resumen el test de razonabilidad. Primero tomando en cuenta el convenio colectivo. Donde se determina la cantidad de pago al trabajador. Luego la negociación colectiva se constituye como el acuerdo destinado a regular las remuneraciones y demás condiciones de trabajo entre trabajadores
y empleadores, por medio de las organizaciones sindicales que son las encargadas de representar el conjunto de trabajadores.
Por último que la empresa prueba no haber realizado actos discriminatorios a los trabajadores sindicalizados ya que hay un convenio colectivo entre sindicato y empleadores en el cual se acordó un aumento general a partir del 1 de agosto de 2008 a favor de los trabajadores sindicalizados, por lo que se evidencia que no existe un trato discriminatorio en cuanto al petitorio de la parte pecuniaria, se relaciona directamente al principio de la igualdad de trato, basado en la no discriminación de cualquier índole, protegida por la Constitución, en el caso concreto debido a la pertenencia al sindicato. Ahora en cuestión es delgada la línea que nos pone frente a este supuesto, si bien es cierto la existencia de un acuerdo en donde se firmó el aumento salarial a los trabajadores a los trabajadores sindicalizados, acuerdo que no estaba cumpliendo su cometido, también es un punto a observar que las homologaciones son procesos paulatinos que no pueden darse de un momento a otro, donde los primeros beneficiados pudieron ser trabajadores que libremente optaron por salir del sindicato no siendo este el criterio tomado por los empresarios, con lo que no se estaría incurriendo ante discriminación. Por otro lado en relación a la propugnación de la desafiliación de los sindicalizados por parte de la empresa, no hay pruebas fehacientes que lo acrediten, por lo que queda única constancia que los miembros tienen la libertad de decidir integrarse, organizarse o desafiliarse.
