Perito judicial de prevención de riesgos laborales
Módulo 4
Deberes, derechos y responsabilidades del perito judicial La abstención, recusación y tacha de peritos Estos tres conceptos nacen de la necesidad de que el perito sea una persona independiente en el desarrollo del proceso, que pueda ayudar a posicional al Juez en una resolución justa y no condicionada. Para garantizar dicha independencia, la legislación procesal establece estas tres figuras que describimos seguidamente:
La abstención Se entiende por abstención a aquella situación en la que es el propio perito el que asume la decisión de no participar en el proceso, debido a la existencia de una causa o una relación que pudiera condicionar su libre decisión o valoración. Dicha figura está regulada en el artículo 105 de la LEC y tanto para cuando la causa es previamente conocida, cuando deviene en el curso de proceso. 1. El perito designado por el Juez, Sección o Sala que conozca del asunto deberá abstenerse si concurre alguna de las causas legalmente previstas. La abstención podrá ser oral o escrita, siempre que esté debidamente justificada. 2. Si la causa de abstención existe al tiempo de ser designado, el perito no aceptará el cargo, y será sustituido en el acto por el perito suplente, cuando éste hubiere sido designado. Si el perito suplente también se negare a aceptar el cargo, por concurrir en él la misma u otra causa de abstención, se aplicará lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 342 de esta Ley. Si la causa es conocida o se produce después de la aceptación del cargo de perito, la abstención se elevará al Juez o Magistrado, si se trata de un Juzgado, o al Magistrado ponente, si se trata de una Sección o Sala, el cual decidirá la Ampell Formación, S.L. C/Pirineos, 45 4º 28040 Madrid www.ampellformación.com
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cuestión, previa audiencia de las partes. Contra el auto del Juez o Magistrado no se dará recurso alguno.
La recusación de los peritos La recusación de los peritos está regulada en los artículos 124 a 128 de la nueva LEC y es la que se refiere al procedimiento utilizado por las partes para instar el relevo del perito nombrado por el juez, al considerarle persona no idónea para el desarrollo del proceso. Por lo que respecta a las causas para ejercer la recusación de los peritos, estas están reguladas en el artículo 219 de la LOPJ. La recusación puede ser planteada tanto en el momento de la designación del perito, como a posteriori cuando sobreviene una causa de recusación y siempre con carácter previo a la emisión del dictamen. 1. Sólo los peritos designados por el tribunal mediante sorteo podrán ser recusados, en los términos previstos en este capítulo. Esta disposición es aplicable tanto a los peritos titulares como a los suplentes. 2. Los peritos autores de dictámenes presentados por las partes sólo podrán ser objeto de tacha por las causas y en la forma prevista en los artículos 343 y 344 de esta Ley, pero no recusados por las partes. 3. Además de las causas de recusación previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, son causas de recusación de los peritos: a. Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso. b. Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo. c. Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso. La recusación se plantea por escrito y en ella se proponen los medios de prueba necesarios para comprobar su justificación.
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En el supuesto de que el perito la acepte y el juez la estime suficiente, el perito será reemplazado, pero cuando se produzca una contradicción entre la pretensión recusadora y el propio perito, se practicarán las pruebas para resolverla y el juez dictaminará mediante auto no recusable.
La Tacha de los peritos A diferencia de la recusación, la tacha de los peritos pretende poner en conocimiento del juez una causa que pudiera comprometer la imparcialidad del perito, sin pedir para ello su relevo. La tacha de los peritos está regulada en los artículos 343 y 344 de la nueva LEC. Con respecto a esta figura, está perfectamente regulado el momento procesal en el que puede practicarse. Así pues, en el juicio ordinario no podrá presentarse o formularse después de la audiencia pública previa al juicio. Como en la recusación, para la tacha podrán proponerse cualquier medio de prueba que pueda comprobar la imparcialidad del perito. Dicha tacha podrá ser contradicha por cualquiera de las partes que intervengan en el proceso. No existe una resolución concreta sobre la tacha, pero el tribunal la deberá de contemplar y tener en cuenta en la correspondiente resolución final del juicio.
Deberes de los peritos judiciales Sobre los deberes de los peritos debemos de señalar al menos los dos más importantes: por una parte, la correcta, objetiva y puntual elaboración de su dictamen, y por otra la comparecencia al juicio cuando así sea acordado. Por lo que respecta al primer deber, hay que decir, como veremos más adelante, que el no tenerlo en cuenta y respetarlo puede dar lugar a responsabilidades de diferente tipo, incluso las penales. Para garantizar dicho deber, el perito deberá de prestar juramento previo al juicio de decir la verdad. Por lo que respecta a la incomparecencia al juicio cuando esté citado el perito,
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el juez podrá acordar la suspensión del juicio, así como la imposición de una multa por no acudir, que podrán encontrarse entre los 180 a 600 euros. Para el supuesto de que el perito fuera sancionado, en dicho acto será nuevamente requerido a comparecimiento, bajo apercibimiento de que si no lo efectúa podrá ser declarado en desobediencia.
Derechos de los peritos judiciales Seguidamente, comentaremos los principales derechos de los peritos: los honorarios profesionales. En principio, los peritos judiciales tienen el derecho a percibir los honorarios por su trabajo o, en su caso, los aranceles estipulados en el concurso o ámbito en el que se desenvuelve su pericia. En base a este derecho, el perito puede solicitar de la autoridad judicial, que se le aprueba la percepción de una cantidad a cuenta de la liquidación última y posterior. Una vez finalizada la emisión del peritaje y, en su caso, del proceso judicial, el perito pasará la liquidación final por su trabajo. Como ya se ha comentado anteriormente, corresponde a la parte solicitante el abono de la cantidad a cuenta o de la correspondiente factura, mientras que en los supuestos en los que se acuerde la peritación por ambas partes, dichos aranceles u honorarios serán abonados por ambas partes. Por lo que respecta al importe de dichos honorarios, éstos podrán variar sustancialmente en función de diferentes variables, como las cualidades profesionales del perito, la complejidad del caso, la premura del dictamen o la distancia del mismo. No existe una limitación a los mismos en la legislación procedimental. El importe del peritaje deberá de ser tenido en cuenta en el proceso de declaración de las costas procesales (artículos 241 a 246 de la LEC). Así pues, cuando las pretensiones de la parte demandante sean desestimadas, los costes del perito de la parte demandada serán abonados por aquella. Ampell Formación, S.L. C/Pirineos, 45 4º 28040 Madrid www.ampellformación.com
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Por lo que respecta a la citada provisión de fondos, la misma deberá de ser acorde a las necesidades del perito para comenzar sus trabajos y podrá ser solicitada en los tres días siguientes a su nombramiento. Una vez aceptada la prueba pericial propuesta, el tribunal solicitará a la parte proponente del peritaje que en el término de cinco días deposite el importe de la provisión de fondos solicitada.
Responsabilidades del perito judicial El perito judicial puede estar sujeto a responsabilidades en el ámbito penal y civil en el desarrollo de su ejercicio en cualquier tipo de proceso.
a. Responsabilidades penales del perito judicial Por lo que respecta a las responsabilidades penales en las que pudiera incurrir el perito judicial, las mismas responden a las figuras delictivas del cohecho y de la negociación y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, que se encuentran reguladas en los artículos 439 y 440 Artículo 439. La autoridad o funcionario público que, debiendo informar, por razón de su cargo, en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años. Artículo 440. Los peritos, árbitros y contadores partidores que se condujeren del modo previsto en el Artículo anterior, respecto de los bienes o cosas en cuya tasación, partición o adjudicación hubieran intervenido, y los tutores, curadores o albaceas respecto de los pertenecientes a sus pupilos o Ampell Formación, S.L. C/Pirineos, 45 4º 28040 Madrid www.ampellformación.com
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testamentarías, serán castigados con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, guarda, tutela o curatela, según los casos, por tiempo de tres a seis años. Dichas figuras delictivas pueden dar lugar a las responsabilidades penales reguladas en los artículos 458 a 460. Artículo 458. 1. El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses. 2. Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado. 3. Las mismas penas se impondrán si el falso testimonio tuviera lugar ante Tribunales Internacionales que, en virtud de Tratados debidamente ratificados conforme a la Constitución Española, ejerzan competencias derivadas de ella, o se realizara en España al declarar en virtud de comisión rogatoria remitida por un Tribunal extranjero. Artículo 459. Las penas de los Artículos precedentes se impondrán en su mitad superior a los peritos o intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente en su dictamen o traducción, los cuales serán, además, castigados con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años. Artículo 460. Cuando el testigo, perito o intérprete, s in faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la pena de Ampell Formación, S.L. C/Pirineos, 45 4º 28040 Madrid www.ampellformación.com
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multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años.
b. Las responsabilidades disciplinarias de los peritos judiciales En el desarrollo de su profesión, los peritos judiciales también pueden verse
incurso
en
las
responsabilidades
disciplinarias
de
sus
organizaciones asociativas o colegiales.
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