LOS CONTROLES DEMOCRÁTICOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL A. LA
AUSENCIA DE CONTROLES DEMOCRÁTICOS GENERADORES DE CORRUPCIÓN
Podría decirse que en la región Latinoamericana los controles democráticos sobre las actividades de las Fuerzas Armadas y sobre todo en los manejos presupuestales, entre 1979 y 1990, período en el que las últimas dictaduras del siglo XX se batían en retirada, resultaban inexistentes y se manejaban con carácter de secreto. En tal sentido, las fuerzas armadas al interior de las instituciones se conducían a su libre albedrío y no rendían cuentas a ningún órgano de control; en todo caso las inspectorías militares sólo cumplían una función formal, ya que dicho cargo siempre recaía en un general de confianza del Comandante General, que a su vez él lo nombraba. La debilidad de los procesos de transición de dictaduras a democracias en la región, dificultaba la instalación de mecanismos democráticos de control más aún si la transición había sido negociada políticamente para que no se efectuara ningún tipo de enjuiciamiento político contra los usurpadores de la democracia. De esa manera los gobiernos democráticos instalados en la subregión a partir de la década de 19801990, resultaron democracias incipientes que no mostraban real interés en establecer mecanismos de control de las l as actividades y presupuestos de las fuerzas armadas. En el cuadro que reproducimos al pie de Oliver Dabène4 se aprecia la relación de presidentes que inauguraron las nuevas democracias y resulta fácil deducir las dificultades que atravesaron dichos gobiernos en su etapa de transición democrática . TRANSICIONES A LA DEMOCRACIA: 1979-1990
PRESIDENT E QUE INICI Perú El Salvado r Hondur as
1980
Elección Nominación
Fernando Belaúnde Terry José Napoleón Duarte Roberto Suazo Córdova Hern n
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Chile
1989
Panamá
1989
Nicarag ua
1990
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Elección Intervención militar Elección
Patricio Aylwin Guillermo Endara** Violeta Barrios de Chamorro
El general Andrés Rodríguez con un golpe de Estado acabó con la dictadura del presidente Stroessner, y luego se hizo elegir presidenteconstitucional.
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Tropas norteamericas invadieron Panamá para instalar en el poder al ganador de las elecciones que el general Noriega antiguo aliado del gobierno americano se negaba a reconocer.
En el Perú como en otras partes de Latinoamérica los controles democráticos sobre las fuerzas armadas prácticamente han sido inexistentes, se manejaban con autonomía presupuestal, sus adquisiciones y planificación de las hipótesis de guerra respondían a criterios que se resolvían sólo entre militares, las compras de armas sirvieron para el enriquecimiento de sus ejecutores. Por otro lado, la Contraloría General de la República no tenía normatividad que le permitiera siquiera conocer en lo general lo que al interior de estas instituciones ocurría. En el Congreso no había forma de ejercer control sobre ellos. Y en materia de inteligencia, la sola firma del Jefe del Servicio Nacional de Inteligencia servía para justificar los enormes presupuestos dedicados a los llamados gastos reservados, que durante la década del gobierno autoritario sirvieron ilegalmente para realizar seguimientos a políticos, periodistas, empresarios, comprar a congresistas y directores de medios de comunicación que les viabilizara su consolidación en el poder.
.ENTRE EL CONTROL SUBJETIVO Y EL CONTROL OBJETIVO DE LOS MILITARES B
La crisis política que vivió el país el año 2000, permitió conocer cómo se conducían estas instituciones realmente, carentes de control de todo tipo y cómo las fuerzas armadas y el sistema de inteligencia se ponían al servicio de propósitos políticos y personales e incluso evidenció los casos de corrupción que el país conoció como producto de esta crisis. Dicha crisis afectó la moral de las Fuerzas Armadas ya que los Altos Mandos se vieron envueltos en juicios políticos por poner a la institución militar al servicio de un gobierno de facto y porque además participaron en diversos casos de corrupción, lo que dio pie a que por primera vez el aparato político del ejecutivo y el legislativo, intentara iniciar y diseñar mecanismos que pudieran controlar las actividades y los gastos de las Fuerzas Armadas y del Sistema de Inteligencia. Teóricamente se tomó en cuenta la dicotomía que señala Samuel Huntington en su libro El Estado y el Soldado 5. El autor señala que se pueden ejercer dos tipos de control sobre los militares: un control subjetivo y un control objetivo.
Control Subjetivo: Entiende él por control subjetivo, aquel que se da en las Constituciones cuando expresan que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y están subordinadas al
poder elegido por el voto popular; este tipo de control dice el autor citado, es sólo de forma ya que en más de una ocasión las Fuerzas Armadas dejaron de lado su rol técnico militar para convertirse en alternativas de poder que desplazaban a los partidos políticos.
Control Objetivo: El control objetivo, consiste en “militarizar a los militares”, es decir evitar que se involucren en política y se ciñan a lo que dispone la Constitución con relación a garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial del país, “haciéndolos la herramienta del Estado”. Por ello Huntington, añade: “El control civil en el sentido objetivo es llevar al máximo el profesionalismo militar, porque la antítesis del control civil objetivo es la participación militar en política”. C.INICIO
DEL CONTROL DEMOCRÁTICO DE LAS FUERZAS ARMADAS
La discusión teórico-política sobre cómo iniciar un control real de l as fuerzas armadas y los aparatos de inteligencia, afloró durante la crisis del año 2000, y uno de los primeros actos del presidente Alejandro Toledo fue nombrar una Comisión Especial 6 conformada por civiles y militares que propusiera los cambios más significativos que había que realizar en las fuerzas armadas para institucionalizarlas, despolitizarlas de los extremos a la que había sido conducida afectando su propia moral, prestigio y reconocimiento por la ciudadanía, con la finalidad que no intervengan ni
condicionen la toma de decisiones políticas y en cambio, ejecuten la política de defensa y militar decidida por el gobierno libremente elegido por el pueblo. La Comisión Especial cuyo informe integral puede verse en el Anexo 1, recomendó la ejecución de tres tipos de medidas: a) reformas de la Constitución, específicamente al Capítulo XII, titulado “De la Seguridad y la Defensa Nacional”, b) modificación de las leyes vigentes, y c) implementación de acci ones desde el Ministerio de Defensa. En el marco de estas recomendaciones de la Comisión Especial, el gobierno del presidente Alejandro Toledo puso en ejecución las siguientes medidas de reestructuración de las Fuerzas Armadas las que se ajustan al llamado control objetivo: ·Reducción del personal ·Reducción del presupuesto ·Cierre de bases militares ·Venta de bienes inmuebles ·Modificación de la ley del Ministerio de Defensa. ·Modificación de la ley de situación militar. ·Modificación de las leyes que permitieron el ascenso de especialistas.
·Desarmamentismo unilateral. Al producirse la crisis del año 2000, el presupuesto del sector defensa que se encontraba en el 9.48% inició otra etapa de mayores recortes, motivados principalmente por los casos de corrupción descubiertos al interior de las fuerzas armadas, llegando al año 2003 a ser apenas del 5.85% del presupuesto nacional. Estas decisiones no cabe duda afectaron en mayor proporción el entrenamiento, equipamiento y la renovación de equipos militares hasta convertirse en una seria vulnerabilidad de tipo militar, que se comenzó a corregir con la creación del Fondo de Defensa el año 2005. En cuanto al personal militar, en aquella ocasión más de mil quinientos oficiales fueron dados de baja y se cerraron bases militares contrasubversivas considerando erradamente que la subversión había sido derrotada. También se dispuso que la nueva ley del Ministerio de Defensa, se orientará a convertir a éste en un instrumento de control democrático de las Fuerzas Armadas y dirigir el proceso de reestructuración de las mismas. D.
EL CONTROL POLÍTICO DEL SECTOR DEFENSA EJERCIDO POR EL CONGRESO
Actualmente el control político del sector defensa es efectuado por el Congreso de la República a través de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Se trata de una Comisión multipartidaria compuesta de 26 representantes. Como indica su reglamento es un Grupo de Trabajo Especializado cuya función principal es el estudio y dictamen de las proposiciones legislativas, así como la absolución de consultas dentro de su especialidad. Esta Comisión se encarga del seguimiento y fiscalización de las entidades que componen la administración pública en el ámbito de la defensa nacional, orden i nterno, desarrollo alternativo y lucha contra las drogas. Aprueba su Plan de Trabajo en base a los ejes temáticos de su competencia, establece prioridades, actividades y metas por alcanzar en el Periodo Anual; para el período 2008 – 2009 por ejemplo estableció las siguientes prioridades: •
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Invitar a Ministros de Estado y Altos Funcionarios de la administración vinculados a los ejes temáticos de la Comisión, para explicar las Políticas que viene llevando su sector en la lucha contra la corrupción. Visitar a bases e instalaciones militares (Bases Navales, Aéreas y Cuarteles; Bases Contra subversivas y Puestos de Vigilancia) en Lima y provincias. Dependencias policiales (Regiones y comisarías), para observar e interpretar la buena marcha de los mismos. Solicitar informes por escrito cada vez que las circunstancias o los hechos lo demanden.
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E.
Investigar las denuncias que reciba la Comisión, siendo estas previamente calificadas, verificando su procedencia o improcedencia, para luego ser tramitadas conforme a Ley y al Reglamento del Congreso.
MINISTROS DE DEFENSA CIVILES Uno de los cambios más significativos en el Sector Defensa ha sido el reemplazo de Ministros de Defensa militares por civiles; esto ha sido notorio en la actual administración del Presidente Alan García Pérez. A la fecha han sido nombrados tres ministros civiles: el embajador Allan Wagner Tizón, el abogado Antero Flores- Araoz y el ingeniero industrial Rafael Rey. Es notorio que los ministros civiles están permanentemente abocados a tratar de resolver los problemas de coyuntura y centrados en erradicar los rezagos del terrorismo y su alianza con el narcotráfico en el VRAE. El otro tema que la opinión pública ha exigido no se descuide, es la situación de la seguridad militar con relación al armamentismo chileno con armas ofensivas y el desarrollo de ejercicios militares simulando un país ficticio que es el Perú. A raíz de estos problemas el presupuesto del sector defensa se han incrementado gradualmente a partir del 2006, pero los montos asignados no resultan suficientes para atender la posibilidad del desarrollo de una crisis político- militar que propiciaría Chile, si los resultados de la demanda peruana en la Corte Internacional de la Haya por la definición de la frontera marítima no le resulten favorables. También llama la atención que no se de una continuidad en el planeamiento estratégico de mediano y largo plazo sobre las bases de los objetivos y políticas públicas de seguridad que se encuentran en el Libro Blanco de la Defensa Nacional. Lamentablemente, las políticas públicas de seguridad referidas a los riesgos y amenazas en los gobiernos regionales, son actualmente letra muerta a pesar que la ley dispone su permanente participación y actualización. Al parecer se ha tomado a pie juntillas que el control democrático consiste únicamente en subordinar a los militares y no en reconocer que lo que prima son los serios problemas de seguridad (riesgos y amenazas) internos y externos a los que el Perú está expuesto y tiene que hacer frente.
