LEY 39/2015. UNIDAD I

Massive Online Open Course MOOC de la Escuela de Administración Pública de Extremadura

MOOC 7

Procedimiento Administrativo Nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Unidad didáctica I

http://mooc.eap.juntaex.es

SUMARIO

Tema 1. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 1.1. Razones de la reforma. 1.2. Objeto. 1.3. Ámbito subjetivo de aplicación.

Tema 2. Principios generales de actuación, organización y funcionamiento del sector público. Artículos 3 y 4 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 2.1. Principios constitucionales. 2.2. Otros principios generales contenidos en la Ley 40/2015, de RJSP. 2.3. Principios de intervención de las Administraciones públicas para el desarrollo de una actividad.

Tema 3. La actividad de las Administraciones Públicas. Principios rectores de las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. 3.1. 3.1. Derechos Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. 3.2. Derecho Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 3.3. El derecho de acceso a la información pública. 3.4. Los registros y el acceso a los archivos públicos. 3.5. El deber de colaboración y comparecencia de las personas.

Tema 4. Los interesados en el procedimiento administrativo. 4.1. Capacidad de obrar y concepto de interesado. 4.2. Representación. Registros electrónicos de apoderamientos. 4.3. Pluralidad de interesados. Nuevos interesados en el procedimiento. 4.4. Identificación y firma de los interesados. interesados.

2 Escuela de Administración Pública de Extremadura

1

Tema 1 LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. RAZONES DE LA REFORMA. El informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas en junio de 2013 parte del convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes y ágiles por lo que recogía la conveniencia de la aprobación de nuevas leyes administrativas con el fin de racionalizar la actuación de las instituciones y entidades del poder ejecutivo, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad. Los defectos que tradicionalmente se han venido atribuyendo a las Administraciones españolas obedecen a varias causas, una de ellas es que el ordenamiento normativo en el que se ha desenvuelto la actuación pública ha propiciado la aparición de duplicidades e ineficiencias, con procedimientos administrativos demasiado complejos. Para superar estas deficiencias se ha realizado una reforma integral y estructural que permita clarificar como se organizan y relacionan las Administraciones tanto externamente, con los ciudadanos y empresas, como internamente, con el resto de Administraciones e instituciones del Estado. Por ello la reforma se ha articulado en dos ejes fundamentales, publicándose dos nuevas leyes, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que regula las relaciones “ad extra” entre la Administración y los administrados y la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público que contiene la regulación “ad intra” del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre las distintas Administraciones. Una segunda razón que aconsejaba la reforma se encuentra en que el enorme desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación ha afectado profundamente a la forma y al contenido de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas. Si bien la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ya fue consciente del impacto de las nuevas tecnologías, fue la Ley 11/2007, de 22 de junio, de

3 Procedimiento Administrativo · Unidad didáctica I

acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la que les dio carta de naturaleza legal, al establecer el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Pero en el entorno tecnológico actual debía irse más lejos y la tramitación electrónica debe constituir, no solo una opción, sino la actuación habitual de las Administraciones. La regulación en esta materia adolecía de un problema de dispersión normativa y superposición de distintos regímenes jurídicos no siempre coherentes entre si, de lo que es muestra la sucesiva aprobación de normas con incidencia en la materia, entre las que cabe citar: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 2/2011, de 4 de marzo de economía sostenible; la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ante este escenario legislativo resultaba clave contar con una nueva Ley que clarificara e integrara el contenido de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y que profundizara en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico.

2. OBJETO DE LA LEY. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas ( en adelante, LPAC) establece una regulación completa y sistemática de las relaciones “ad extra” entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente a la potestad de autotutela, en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo relativo al procedimiento administrativo común y al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa.

La LPAC tiene por objeto, tal y como dispone su artículo 1, “regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria”. La nueva Ley, por tanto, regula un único procedimiento administrativo común estableciendo especialidades para el procedimiento sancionador y el procedimiento de responsabilidad patrimonial, pero pasando estos procedimientos que en la anterior Ley 30/1992 eran especiales, a ser procedimiento común con determinadas especialidades, quedando por tanto derogados los reglamentos que regulaban anteriormente ambos procedimientos.


Se amplía, por tanto, el ámbito objetivo de la Ley con respecto a la Ley 30/1992 ya que además de la regulación del procedimiento sancionador y el de reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, se incluye también la regulación de los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria para conseguir un marco normativo de calidad, recogiéndose en el Título VI las exigencias derivadas de las prácticas de “Better regulatión” impulsadas por la UE y la OCDE. El punto 2 del artículo 1 establece asimismo que “ Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar”. Esta limitación es consecuencia directa de unos de los principios de actuación de la Administración Pública contenidos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de RJSP, el de racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos.

3. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN. Tal y como establece su artículo 2, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se aplica al sector público, que comprende: ·

La Administración General del Estado.

·

Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

·

Las Entidades que integran la Administración Local y

·

El sector público institucional.

El sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la Ley PAC.


Se amplia también con respecto a la Ley 30/1992, el ámbito subjetivo de aplicación al incluir a “Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de la Ley de PAC que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas” inciso, este último, cargado de buenas intenciones, coherente con el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, pero que contiene una expresión que no es correcta, en tanto en cuanto una entidad de derecho privado (Fundación, sociedad mercantil, etc…) no puede ejercer potestades administrativas, aunque sí prestar servicios públicos. En principio, hay que aplaudir la consideración de estas entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de alguna Administración Pública dentro del ámbito del sector institucional público por considerarlas como entidades contingentes, creadas buscando la gestión más eficaz por la flexibilidad de régimen jurídico que comportan, con fines sectorialmente especializados y autonomía funcional para lograrlos, no vinculadas por una relación de jerarquía con la Administración de la que dependen pero controladas por esa Administración que las ha creado y, desde luego, con un campo de acción y unos intereses propios. En su punto 3 este artículo 2 nos aclara que “ Tienen la consideración de Administraciones Públicas, la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas”. No otorga consideración de Administración Pública a las Universidades públicas ( que si figuraban con esa naturaleza en el Proyecto de Ley sometido a información pública) aspecto, este último, criticado por la doctrina. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una administración Pública, y supletoriamente por la LPAC. Son Corporaciones de Derecho Público los Colegios Profesionales.


2

Tema 2 PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO

1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. La Constitución recoge en su Título IV, bajo la rúbrica “Del gobierno y la Administración” , los rasgos propios que diferencian al Gobierno de la Administración, definiendo al primero como un órgano eminentemente político al que se reserva la función de gobernar, el ejercicio de la potestad reglamentaria y la dirección de la administración y estableciendo la subordinación de ésta a la dirección de aquel, estableciendo en el artículo 103 los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas entre los que destacan los de eficacia y legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La Ley 40/2015 de RJSP reproduce como “ principios generales” los enunciados en el artículo 103.1 C.E. legalidad, objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. La materialización de estos principios se produce en en el procedimiento administrativo constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas, por ello su estudio y conocimiento es previo al estudio de la LPAC. •

Principio de legalidad.

Implica el sometimiento de los ciudadanos y de los poderes públicos al ordenamiento jurídico. Este sometimiento es pleno y más intenso para la Administración que para los ciudadanos ya que el ordenamiento jurídico no solo delimita los aspectos formales de su organización y de su actuación, sino que determina también los fines que la justifican, artículo 106.1 CE. •

Principio de objetividad.

La declaración constitucional de que la Administración sirve con objetividad los interesases generales interpretada como un mandato de neutralidad política y de imparcialidad afecta a las autoridades y al per-


sonal de las Administraciones Públicas y tiene como objetivo la neutralidad de la Administración frente a los intereses particulares. La formulación del principio de imparcialidad se manifiesta en los motivos de abstención (que pueden dar lugar a la recusación) y en la separación de las fases de instrucción y de sanción en los procedimientos sancionadores. •

Principios de jerarquía, descentralización y desconcentración.

El principio de jerarquía como principio organizativo elevado a rango constitucional supone que en toda organización administrativa hay un orden de prelación jerárquico. La importancia de este principio es que es utilizado como sistema o vía para atribuir competencias a los órganos de gobierno (órganos políticos) a través de las cuales dirigen las Administraciones Públicas. El principio de descentralización como principio organizativo de distribución del poder y de las competencias supone el traslado de la competencia de un Ente Público a otro o de una Administración Pública a otra, es decir, supone una transferencia de competencias entre Administraciones Públicas. Ejemplo de descentralización es la creación constitucional de las tres ramas de la Administración (Central, Autonómica y Local) y las Leyes dictadas en su consecuencia. El principio organizativo de desconcentración, también con rango constitucional (art. 103.1 C.E. reproducido en el art. 3.1 LRJSP y que es al mismo tiempo mecanismo de traslación de competencias (artículo 8.2 LRJSP), tanto de su titularidad como de su ejercicio, supone el traslado de la competencia entre órganos de una misma Administración de los superiores a los inferiores, o, más concretamente, desde el órgano que la tiene atribuida a los que son jerárquicamente dependientes de este último. •

Principio de eficacia.

El principio constitucional de eficacia (virtud de alcanzar el objetivo pretendido) es doblemente mencionado en el artículo 3 de la LRJSP que exige una actuación eficaz para el cumplimiento de los objetivos fijados, mientras que la eficiencia en la asignación y utilización de los servicios públicos, incluida también con el carácter de principio general en la nueva LRJSP, hace relación a la mejor relación entre los medios empleados y los fines alcanzados, es decir, ser eficaz con el menor coste.

2. OTROS PRINCIPIOS GENERALES CONTENIDOS EN LA LRJSP. Los principios de transparencia y participación ciudadana, ya enunciados en la anterior Ley 30/1992, se materializan fundamentalmente, por lo que se refiere al principio de transparencia, en la obligación de las Administraciones Públicas de publicar y mantener actualizados en los “Portales de Transparencia y participación ciudadanas” creados al efecto, determinada información (organización y funciones, contratos públicos adjudicados, concesión de servicios públicos, convenios de colaboración suscritos, subvenciones y ayudas otorgadas, estados de ejecución presupuestaria, ... entre otros) cuyo conocimiento por el ciudadano es relevante para el control de la actividad pública, todo ello como consecuencia de la Ley


19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en nuestra Comunidad Autónoma la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de gobierno abierto de Extremadura en todo lo que no se oponga a la anterior. Como manifestaciones más significativas del principio de participación ciudadana ya contempladas en la anterior Ley se encuentran, la ampliación del concepto de interesado, incluyendo en el mismo a los titulares de intereses legítimos colectivos y a las organizaciones representativas de intereses económicos y sociales que tendrán esta condición en los términos que la Ley les reconozca. Manifestación también de este principio de participación ciudadana y ello es una novedad de la LPAC es el hacer extensiva por primera vez la capacidad de obrar ante la Administración, cuando la Ley así lo declare expresamente, a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Destaca como novedad la incorporación en el artículo 3 de la LRJSP del principio de planificación y dirección por objetivos, principios íntimamente relacionados con los de eficacia y eficiencia, y que trae su causa del mandato contenido en el artículo 6 de la mencionada Ley 19/2013, de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno, ver asimismo, artículo 6 de la Ley 4/2013 de gobierno abierto de Extremadura, que establece que las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración competente. Respecto a la inclusión de la racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos como principio de actuación hay que mencionar como principal manifestación la contenida en el artículo 1.2 de la LPAC que establece “Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar”. Se establece asimismo la obligación de que las administraciones públicas se relacionen entre si por medios electrónicos, previsión que se desarrolla posteriormente en el título referente a la cooperación interadministrativa. Para ello también se contempla como nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los medios y sistemas electrónicos y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. La enumeración del artículo 3 LRJSP se completa con otros principios de funcionamiento y actuación ya incluidos en la norma anterior como son los de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos y, por supuesto, el principio de responsabilidad, que obliga a los poderes públicos a indemnizar a los particulares por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de


los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. Como la ley anterior, la LRJSP, ha renunciado a regular la otra cara del principio de responsabilidad, es decir, la responsabilidad del particular por los daños que cause a la administración, a no ser en aquellos casos en que los daños hayan sido originados por hechos constitutivos de infracción administrativa.

3. PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD. El artículo 4 de la LRJSP reproduce el anterior artículo 39 bis de la Ley 30/1992, al proclamar el que podíamos denominar, principio de mínima y proporcional intervención administrativa al establecer que “ Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de una de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. Manifestación de este principio es la posibilidad de presentar en multitud de procedimientos por parte del interesado declaraciones responsables y comunicaciones, documentos regulados en el articulo 69 de la LPAC. La Administración Pública competente, no obstante, está obligada a “velar por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrá, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias”.


3

Tema 3 LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRINCIPIOS RECTORES DE LAS RELACIONES ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LOS CIUDADANOS

1. DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN. Siempre se ha hablado de derechos de los ciudadanos, de los vecinos, de los administrados, de los contribuyentes, de los españoles, de los extranjeros… En plena era digital la nueva Ley de Procedimiento no puede hablar sino de derechos de las personas, detallados en el artículo 13, que establece que quienes tienen capacidad de obrar ante las administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.


h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo. Vemos cómo el listado acaba con una cláusula abierta que establece una remisión genérica a otras leyes, empezando por la propia Constitución. Dos de esas leyes son, en primer lugar, la misma LPC que en su artículo 53 recoge en este caso los derechos de los interesados, esto es, los que tienen tal condición en relación a un procedimiento administrativo y que serán tratados en el tema dedicado al estudio de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo. En puridad, es este listado el que realmente constituye esa versión actualizada del catálogo de derechos del antiguo artículo 35 de la Ley 30/1992.Y en segundo lugar la Ley de Bases del Régimen Local, que regula los derechos de los vecinos en relación a la administración más próxima, motivo por el cual la mayoría de estos derechos son de participación.

2. DERECHO Y OBLIGACIÓN DE RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN. Regulada en el artículo 14 LPAC, la principal novedad de la Ley es que identifica a los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, ya que establece que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a hacerlo por medios electrónicos. El medio elegido puede, no obstante, ser modificado en cualquier momento. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: ·

Las personas jurídicas

·

Las entidades sin personalidad jurídica

·

Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones Públicas en el ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, en este colectivo están incluidos notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.


·

Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

·

Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público en la forma que se determine reglamentariamente por cada Administración.

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. El régimen jurídico aplicable a la Administración electrónica en nuestra Comunidad Autónoma en todo lo que no se haya visto afectado por la regulación básica en esta materia contenida en la nueva Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común viene establecido en el Decreto 225/2014, de 14 de octubre de régimen jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura que aborda los siguientes aspectos: ·

Órganos competentes en materia de Administración electrónica.

·

Puntos de acceso electrónico corporativos de la Junta de Extremadura en Internet.

·

El registro electrónico.

·

La identificación y autentificación electrónica en la relación jurídica administrativa entre ciudadanos y la Administración Pública.

·

El expediente electrónico.

·

Las comunicaciones y notificaciones electrónicas.

·

La gestión del procedimiento administrativo electrónico.

·

La representación y habilitación de los ciudadanos con la creación de un instrumento para la gestión de dichas representaciones, el registro electrónico de representantes, equivalente al registro electrónico de apoderamientos contemplado en el artículo 6 de la LPAC.


3. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública de acuerdo con lo previsto en el artículo 105.b) de la Constitución y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno . Debe tenerse en cuenta que la Disposición final novena de ésta Ley estableció que los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales disponen de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en la misma. Tal plazo, por tanto, concluyó, el 10 de diciembre de 2015. En nuestra comunidad autónoma el ejercicio de este derecho se encuentra regulado en la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de gobierno abierto de Extremadura en todo lo que no se oponga a la regulación básica contenida en la mencionada Ley 19/2013. La Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley ( de forma general el sector público ) y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Debemos distinguir entre lo que La Ley 19/2013 denomina publicidad activa, es decir la información pública que las Administraciones Públicas están obligadas a publicar de oficio de forma periódica y actualizada por ser relevante su conocimiento por parte de los ciudadanos para garantizar la transparencia de la actividad administrativa y el derecho de acceso del ciudadano, sin que precise ostentar la condición de interesado, previa solicitud.

•

Publicidad activa:

El contenido de esta publicidad activa a la que están obligadas las Administraciones Públicas y resto de sujetos integrantes del Sector Público es el siguiente: ·

Información institucional, organizativa y de planificación . Funciones que desarrollan, normativa que les sea de aplicación y estructura administrativa con identificación de los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.

·

Información de relevancia jurídica . Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares y respuestas a preguntas planteadas que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Decretos Legislativos así como los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda así como las memorias del análisis del impacto normativo y las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativos. Deberán ser objeto de publicidad también cualquier otro documento que conforma a la legislación sectorial vigente deba estar sometido a un periodo de información pública durante su tramitación.


·

Información económica, presupuestaria y estadística a la que nos referimos anteriormente al tratar los principios de transparencia y participación ciudadana, planificación y dirección por objetivos. En concreto, es importante destacar la obligación de publicar en los portales de transparencia: - Todos los contratos con indicación de su objeto, duración, importe de licitación y de ad judicación, procedimiento utilizado, identidad del adjudicatario y el número de licitadores participantes en el procedimiento, entre otros datos. - La relación de los convenios suscritos. - Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo, finalidad y beneficiarios. - Los presupuestos y su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. - Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditorías de cuentas y de fiscalización. -Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos así como las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo - Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad de los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos. - La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos en los términos que defina cada administración competente.

•

El derecho de acceso del ciudadano a la información pública:

Para su ejercicio no es preciso ostentar la condición de interesado en un procedimiento administrativo. El procedimiento para ejercer este derecho se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información o los documentos contenidos en procedimientos administrativos concluidos a los que se pretenda acceder. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso. Sin embargo podrá exponer (siempre será aconsejable) los motivos por los que solicita la información que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. La ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.


El derecho de acceso podrá ser limitado cuando el acceso a la información suponga un perjuicio para: ·

La seguridad y defensa nacional.

·

Las relaciones exteriores.

·

La seguridad pública.

·

La prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

·

La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

·

Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

·

Los intereses económicos y comerciales.

·

La política económica y monetaria.

·

El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

·

El secreto requerido en procesos de toma de decisiones.

·

La protección del medio ambiente.

4. LOS REGISTROS Y EL ACCESO A LOS ARCHIVOS PÚBLICOS •

4.1. REGISTROS

Regulados en el artículo 16 de la LPAC, debemos tener en cuenta que todas las previsiones relativas al registro electrónico, producirán efectos, de acuerdo con lo establecido en la Disposición final séptima, a los dos años de la entrada en vigor de la Ley 39/2015 de PAC, es decir a partir del 2 de octubre de 2018. Hasta entonces el régimen transitorio en materia de registros, archivos y punto de acceso general lo marca la Disposición Transitoria cuarta de la LPAC que establece:

“Mientras no entren en vigor (2 octubre 2018) las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, las Administraciones Públicas mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones.”


Es decir, las previsiones relativas al registro electrónico que contiene la Ley en su articulo 16 no producen efectos hasta el 2/10/2018 pero desde la entrada en vigor de la LPAC, 2/10/2016, debe garantizarse el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones

Registro electrónico general. Otros registros. Establece el artículo 16 que “Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.” Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo. Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles. En la sede electrónica de acceso a cada registro figurarán la relación actualizada de tramites que pueden realizarse en el mismo.

Actividad registral. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. El registro electrónico garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en


su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquier otra Administración Pública u organismo o entidad integrado en el sector público institucional. b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Presentación de documentos de manera presencial. La LPAC, como hemos visto, establece en su artículo 14 la obligación que tienen determinadas personas de relacionarse electrónicamente con la administración, sin embargo, las personas físicas pueden elegir en todo momento si se relacionan con la administración a través de medios electrónicos o no, e incluso el medio elegido puede ser modificado en cualquier momento. Si los documentos son presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. Si el documento que se presenta presencialmente es una solicitud por parte de alguno de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, se requerirá al interesado para que lo subsane a través de su presentación electrónica. Artículo 68.4.


Posibilidad de presentación electrónica obligada. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Relaciones entre los registros. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. En este sentido la Disposición adicional segunda de la LPAC establece que para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico, archivo electrónico único, registro electrónico de apoderaminetos, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia.

Regulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. El registro electrónico de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regulado en el capítulo IV del Decreto 225/2014, de régimen jurídico de la administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura está integrado en el registro único creado por Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito y tiene por objeto facilitar la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones correspondientes a los procedimientos y actuaciones de su competencia. Dicho registro es accesible a través la sede electrónica corporativa, la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse durante las veinticuatro horas de todos los días del año. A los efectos del cómputo de plazos el registro electrónico se regirá por el calendario de días inhábiles aprobado anualmente.

•

4.2. ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Regulado en el artículo 17, al igual que en el caso anterior, las previsiones relativas al archivo electrónico único producirán efectos, de acuerdo con lo establecido en la disposición final séptima de la Ley, a los dos años de la entrada en vigor de la Ley, es decir, el 2 de octubre de 2018.


Establece el artículo 17 que cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.

5. EL DEBER DE COLABORACIÓN Y COMPARECENCIA DE LAS PERSONAS Mientras que la LRJSP consagra de forma expresa los principios de transparencia y participación, no ocurre lo mismo con el principio general de colaboración ciudadana con la administración para el buen funcionamiento de los servicios públicos y la adecuada realización de las tareas que tiene encomendadas. Solo aparece enunciado en el artículo 18 de la LPAC con dos manifestaciones muy concretas:

1. Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la Ley que en cada caso resulte aplicable, y a falta de previsión expresa, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias, salvo que la revelación de la información solicitada por la Administración atentara contra el honor, la intimidad personal o familiar o supusieran la comunicación de datos confidenciales de terceros de los que tengan conocimiento por la prestación de servicios profesionales de diagnóstico, asesoramiento o defensa, sin per juicio de lo dispuesto en la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas. Debe tenerse en cuenta que cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en otros lugares que requieran autorización del titular, la administración deberá obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.


2. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.”

En cuanto a la comparecencia de las personas en las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.


4

Tema 4 LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. TÍTULO I DE LA LEY 39/2015.

1. CAPACIDAD DE OBRAR Y CONCEPTO DE INTERESADO •

Capacidad de obrar

Regulada en el artículo 3 de la LPAC, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas además de las personas físicas o jurídicas que la ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos derechos o intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico administrativo sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, a excepción de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate. La principal novedad de la LPAC es hacer extensiva por primera vez la capacidad de obrar, cuando la Ley así lo declare expresamente, a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. •

Concepto de interesados

Según el artículo 4 de la LPAC se consideran interesados en el procedimiento: a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.


La ley añade que las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. Debe tenerse en cuenta que cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho- habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

2. REPRESENTACIÓN. REGISTROS ELECTRÓNICOS DE APODERAMIENTOS •

Representación. Artículo 5. LPAC.

Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por si mismos, o bien a través de un representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación en contra del interesado. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano , o un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados •

Registros electrónicos de apoderamientos.

Regulados en el artículo 6 de la LPAC, precepto que producirá efectos, según la Disposición final séptima de la Ley, a los dos años de la entrada en vigor de la Ley, es decir el 02/10/2018, debe tenerse en cuenta que en nuestra Comunidad Autónoma han sido creados, con la denominación de registro electrónico de representantes por Decreto 225/2014, de régimen jurídico de administración electrónica de la CA Extremadura, que los regula en el Capítulo IX).


El artículo 6 de la LPAC establece que la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder. Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscribirán los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos. Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos. El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.

Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En el registro electrónico de representantes de la CAE se inscribirán también las habilitaciones para la representación por terceros de entidades y colectivos colaboradores, como corporaciones, asociaciones... así como las habilitaciones de funcionarios públicos para identificación y autenticación de ciudadanos.

3. PLURALIDAD DE INTERESADOS. NUEVOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO El artículo 7 de la LPAC establece que cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. Por otra parte el artículo 8 dispone que si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. Se pretende con ello que estos titulares de derechos o intereses legítimos puedan comparecer en el procedimiento y adquirir de esa forma la condición de interesados.


4. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Una de las novedades más importantes de la LPAC es la distinción entre los medios de identificación electrónica, regulados en el artículo 9, que permiten verificar la identidad del interesado, y los medios de firma electrónica, regulados en el artículo 10 que permiten acreditar su voluntad y consentimiento.

Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes: a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Cada Administración Pública podrá determinar si sólo admite alguno de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos, si bien la admisión de alguno de los sistemas de identificación previstos en la letra c) conllevará la admisión de todos los previstos en las letras a) y b) anteriores para ese trámite o procedimiento. Se establece, como vemos, con carácter básico, un conjunto mínimo de categorías de medios de identificación y firma a utilizar por todas las Administraciones, disponiéndose asimismo que

“ En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo”


•

Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas

1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. 2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

Cada Administración Pública, Organismo o Entidad podrá determinar si sólo admite algunos de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos de su ámbito de competencia.

3. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. 4. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.

Asimismo, la Ley PAC establece, con carácter general, la suficiencia de la identificación ya que el artículo 11 establece que “con carácter general, para realizar cualquier actividad prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta ley”.


Por ello, las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: ·

Formular solicitudes.

·

Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

·

Interponer recursos.

·

Desistir de acciones.

·

Renunciar a derechos.

En nuestra Comunidad Autónoma la identificación y autenticación (firma) electrónica de los interesados se encuentra regulada en el Capítulo V del Decreto 225 / 2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de la administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.


Escuela de Administración Pública de Extremadura http://mooc.eap.juntaex.es

LEY 39/2015. UNIDAD I

Recommend Documents