Las Causales de contradicción en proceso de ejecución

PERCY HOWEL SEVILLA AGURTO

LAS CAUSALES DE CONTRADICCIÓN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN

GACETA & procesal civil

PERCY HOWEL SEVILLA AGURTO

LAS CAUSALES DE CONTRADICCIÓN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN

LAS CAUSALES DE CONTRADICCIÓN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN PRIMERA EDICIÓN SETIEMBRE 2014 4,440 ejemplares

© Percy Howell Sevilla Agurto © Gaceta Jurídica S.A. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DERECHOS RESERVADOS D.LEG. Nº 822

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 2014-13193 LEY Nº 26905 / D.S. Nº 017-98-ED ISBN: 978-612-311-173-1 REGISTRO DE PROYECTO EDITORIAL 31501221400858 DIAGRAMACIÓN DE CARÁTULA

Martha Hidalgo Rivero DIAGRAMACIÓN DE INTERIORES

Rosa Alarcón Romero

Gaceta Jurídica S.A. Angamos Oeste 526 - Miraflores Lima 18 - Perú Central Telefónica: (01)710-8900 Fax: 241-2323 E-mail: [email protected] Impreso en: Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L. San Alberto 201–Surquillo Lima 34–Perú

A mi hermana Elizabeth ya que sin su apoyo y fe en mí, no sería el profesional que soy ahora.

INTRODUCCIÓN Debo comenzar dando mi agradecimiento a Gaceta Jurídica –en especial a Franco Montoya– ya que desde hace unos años atrás me han permitido difundir mis ideas a través de diversos artículos publicados en las distintas revistas que ofrece; ahora, a través del presente trabajo, se me permite con mayor amplitud opinar sobre un tema tan debatible como es la oposición –mal llamada contradicción por nuestro legislador– en el proceso único de ejecución. He querido abordar en un inicio el origen de la ejecución ya que como consecuencia de ella se originó la oposición, la cual –esta última– siempre tuvo como finalidad atacar o contrarrestar una ejecución ilegítima o injusta, así fue en sus inicios en el Derecho antiguo romano y así es en la actualidad tal y como ha sido regulada dentro de nuestro vigente proceso único de ejecución. Además, se estudia al proceso de ejecución debido a que se parte de la premisa de que no podría analizarse aisladamente la oposición por cuanto esta es parte de aquel, lo cual origina que el estudio del proceso de ejecución se realice ubicándolo en la teoría general del proceso, sin perder de vista que todo proceso es la herramienta otorgada por el legislador para hacer efectivos los derechos sustanciales que no son cumplidos voluntariamente. Aunado a ello, se hace un estudio del proceso de ejecución a fin de que el lector pueda comprender ante qué clase de mecanismo de tutela jurisdiccional nos encontramos, y como dicho mecanismo forma parte del derecho de toda persona a la tutela jurisdiccional. La efectividad de la tutela implica básicamente que la

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Percy Howell Sevilla Agurto

tutela otorgada por los órganos jurisdiccionales se concrete en la realidad. El proceso de ejecución no puede ser visto como un simple instrumento de cumplimiento coactivo de lo ordenado, sino por el contrario, como mecanismo complementario del proceso de cognición que legitima en gran medida a la función jurisdiccional dotándola de poder coercitivo, facultad esta que debe tener todo órgano que imparte justicia. Además, se realiza un estudio de los aspectos más discutidos en la doctrina acerca del proceso de ejecución como lo es su naturaleza. De otro lado, respecto a la oposición se analiza su fundamento, la naturaleza de dicho instituto, si es un mecanismo de ataque o de defensa y qué efecto genera lo resuelto en el incidente generado por la oposición. Como quiera que este trabajo tiene como principal fuente al vigente proceso único de ejecución, se hace un pequeño análisis de la visión que tuvo el legislador a fin de promulgar el decreto legislativo que lo originó. Por último, se realiza un estudio extenso de las formas como puede introducirse la oposición en el proceso único de ejecución, y esto es de gran importancia debido a que es la casuística la que nos dice cómo nuestros jueces las entienden, muchas veces desnaturalizando su sentido. Es este el motivo por el que –compartiendo la idea de la doctrina especializada– se estudia a las causales de oposición básicamente analizando qué aspecto ataca cada una de ellas, unas atacan aspectos procesales (excepciones procesales y defensas previas) y otras atacan los aspectos sustanciales referidos al título ejecutivo o la obligación que este contiene. En esta última parte es donde he podido criticar algunos aspectos de la regulación procesal que me parecen equívocos, y generan clara restricción al derecho de defensa y transgreden de forma objetiva el derecho a la tutela jurisdiccional.

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Introducción

Espero que el lector encuentre en el presente trabajo información que pueda serle útil como consulta en la práctica del Derecho Procesal. De ser así considero que habré alcanzado el objetivo que me propuse al empezar a elaborar esta obra.

EL AUTOR

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CAPÍTULO I

EL PROCESO DE EJECUCIÓN EN GENERAL

I. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

1. La proscripción de la acción directa como fuente del nacimiento del proceso El proceso como manifestación de la racionalidad del hombre para resolver los conflictos que se dan en las sociedades, tuvo como origen la proscripción de la acción directa, autotutela o justicia por mano propia. La idea del proceso nace con la aparición del hombre y evoluciona conforme su creador (el hombre) lo ha hecho en el devenir de los tiempos, el hombre es por naturaleza conflictivo, por ello la subsistencia de la raza humana en sociedad como seres racionales se dio a través de varios pasos que conllevaron a crear los Estados y que estos sean los que reglamenten y/o regulen el comportamiento y las relaciones entre los hombres con el fin de evitar la violencia y el caos. No estamos aquí ante un discurso filosófico o histórico de cómo ocurrió la evolución del hombre, pero esta breve síntesis servirá para tener claro que sin la existencia del proceso, y en mayor medida del Derecho Procesal, la vida en sociedad no sería pacífica, siendo que el caos originado por la violencia gobernaría nuestras ciudades y devendría en la extinción del ser humano. Esto se genera debido a que los bienes por los cuales el hombre puede satisfacer sus intereses son escasos y ello conlleva a un gran problema, la distribución de los bienes y la satisfacción de tales intereses. Por ello, se ha dicho que “Si el grupo humano hubiera dependido de la acción directa para solucionar sus conflictos, muy prontamente se hubiera extinguido. Ante un medio ambiente agresivo y hostil, la única posibilidad que tuvo el animal humano para subsistir dependió de la formación de grupos (clanes, tribus, gangs, etc.). Lo que explica un rasgo del hombre tan antiguo como su existencia: su sociabilidad. (…) Así y todo, la estabilidad de estos grupos estuvo condicionada a que el hombre consiguiera su primer éxito político y colectivo: la prohibición de la acción directa. En estricto, todo lo logrado a la fecha en materia de

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desarrollo y progreso de la humanidad es consecuencia de la aplicación relativamente exitosa de una breve norma de conducta: la prohibición de la acción directa”1. Nacidas las sociedades de los hombres, y estos eligiendo a un grupo de personas que los dirijan en la consecución de sus fines (Estado), existe también la posibilidad latente de los conflictos, ante el incumplimiento de las normas de conducta dictadas por ese grupo de personas elegidas, siendo necesaria la intervención de alguna entidad llamada a dirimir estos conflictos y no retroceder volviendo a la acción directa. Es así “que ante tales hechos, únicamente caben dos soluciones: o permitir que cada uno persiga su defensa y busque aplicar lo que entienda ser su justicia, personal y directamente, o atribuir al Estado la facultad de dirimir tales controversias”2. Obviamente, se optó por la segunda opción y así surgió el poderdeber del Estado para dirimir los conflictos, este poder-deber del Estado no solo puede concebirse en el hecho de decidir quién tiene la razón y quién no, sino que debe permitir que su decisión se cumpla en la realidad, de lo contrario seguiría gobernando precisamente lo que se buscaba reprimir, esto es, “la justicia por mano propia”. 2. El surgimiento de la ejecución Como he señalado anteriormente, el Derecho tiene sus orígenes en la proscripción de la acción directa, siendo que en la antigua Roma está acción directa o justicia privada como la denominaban algunos, estuvo permitida por el Derecho, es decir, estuvo legitimada. Así, “Los primeros impulsos del derecho lesionado consisten inevitablemente en una violenta reacción contra la injusticia causada, que origina la defensa privada y la venganza; especie de justicia salvaje, como la llama Bacon. Pero este origen, con arreglo a nuestros pensamientos actuales, es solo el caos que precede a la fundación del Estado,

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MONROY GÁLVEZ, Juan. Teoría General del Proceso. 3ª edición, Communitas, Lima, 2009, p. 41. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones generales de Derecho Procesal Civil. 2ª edición, Temis, Bogotá, 2009, p. 1.

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Las causales de contradicción en el proceso de ejecución

periodo en que el derecho y la fuerza no se han separado aún; momento impropio todavía para la manifestación del derecho, que, según nuestras ideas, nace a medida que el Estado, rechazando esas explosiones del sentimiento jurídico subjetivo, crea órganos encargados de realizar el derecho, cuyo origen data, según nuestro actual modo de ver, de la época de la creación de las funciones judiciales. Así, pues, el orden jurídico y administración de la justicia por el Estado son sinónimos”3. Incluso antes de la creación de los órganos encargados de las funciones judiciales, ya el derecho se realizaba a través de la justicia privada y ello era propio de la idiosincrasia de las comunidades antiguas. “El sentimiento del derecho implica el instinto de realizarse, y un ultraje a él no alcanza solo al individuo aislado, sino que despierta ese instinto en todos los demás individuos. Si ese sentimiento no tiene para cumplirse un órgano constituido al efecto tratará de satisfacerse directamente. (…) Lo que en las circunstancias actuales hacen el temor de la pena legal y la espada vengadora de la ley, allí lo efectuaba el temor del brazo, doquier siempre presente, de esta justicia del pueblo (…)”4. Así las cosas, “(…) cuando el derecho del uno y la injusticia del otro aparecían clarísimos era cuando la defensa privada podía estar segura del socorro moral y físico que garantiza su resultado y consagraba en cierto modo su carácter como institución jurídica. Cuando la pretensión era de naturaleza dudosa, su persecución con ayuda de la justicia privada debió necesariamente ocasionar una lucha bárbara, y tuvo que suplirse con la creación de instituciones que tuviesen por fin la decisión de la disputa”5. En aquella época, “no hay proceso sino allí donde la pretensión es debatible; cuando es evidente, la ejecución tiene lugar en seguida, y es solo el interesado quien la persigue, las autoridades no tienen para qué intervenir (…). El que tiene un derecho evidentísimo no tiene necesidad

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VON IHERING, Rudolph. El espíriu del Derecho Romano en las diversas fases de su desarrollo. 2ª edición, Comares, Granada, 2011, p. 80. 4 Ibídem, p. 82. 5 Ídem.

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de la autoridad para hacerlo reconocer ni para realizarlo. El conseguirlo concierne solo al interesado (…)”6. Entonces, se puede concluir que existía proceso una vez que el derecho era dudoso y cuestionado, surgiendo con ello la figura del vindex quien es un tercero que podía suspender el curso de la ejecución contradiciendo o cuestionando la legitimidad de la misma, por lo general, este era una persona cercana a la persona a quien se le iba a ejecutar, siendo que en caso era vencido tenía que pagar la misma suma que el deudor a título de pena. La importancia en el estudio del antiguo Derecho Romano radica precisamente en que es ahí donde nace a grandes rasgos lo que es objeto de nuestro estudio, la oposición (contradicción según nuestro Código Procesal Civil) a la ejecución y no como en diversos tratados se nos ha querido enseñar. En efecto, las dos especies principales del antiguo Derecho Romano como acto solemne son lo que hoy se puede considerar como la ejecución forzada propiamente dicha, “la manus injectio consistía en poner la mano sobre la persona del deudor, la pignoris capio en el embargo de sus cosas; la primera era, por consiguiente, un acto de ejecución personal; la segunda un acto de ejecución real”7. Estas dos subespecies de procedimiento del Derecho antiguo romano son el origen de las legis actio per manus injectionem y per pignoris capionem, las cuales a decir de la mejor doctrina son “en realidad verdaderas especies de procedimiento (…), sino como condicionalmente para el caso en que el derecho del acreedor al ejercer la justicia privada fuera controvertido. Entonces surgía un pleito, en el cual el acreedor tenía que establecer el derecho que se disputaba y justificar el acto que, por su propia voluntad, había realizado”8. Respecto de la manus injectio el deudor podía oponerse tanto de hecho como de “derecho”, siendo que la oposición de derecho es la que

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Ibídem, p. 83. Ibídem, pp. 98-99. Ibídem, p. 99.

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nos importa, pudiendo debatir “las condiciones exigidas para el ejercicio de la manus injectio. Podía, por ejemplo, negar la existencia o el importe de la deuda; el cumplimiento de las dilaciones legales, en una palabra; podía discutir la legitimidad de la acción de su acreedor; en ese caso era preciso saber, según la ley de las XII tablas, si había alguno que quisiera sostener el proceso ocupando el lugar y sitio del deudor; este no era ya admitido como parte de la causa, que se incoaba en seguida con su representante el vindex”9. Así, respecto a la legis actio per pignoris capionem, también el deudor o embargado tuvo la posibilidad de oponerse a la misma, de lo contrario perdería sentido que para una legis actio si se permitiera el ejercicio de la defensa y para otra no. “Es evidente, sin embargo, que el Derecho antiguo debía haber previsto para este caso; de otra suerte, cualquiera hubiera podido a su antojo verificar un embargo, y el embargado se hubiera visto indefenso ante una legis actio per pignoris capionem sin garantía de su legitimidad, es decir, sin un procedimiento que la amparase hubiera sido un bill de indemnidad concedido a toda clase de secuestros, al bandolerismo y a la violencia. En una palabra, todas las formalidades que presidian (y de ello poseemos prueba) a la ejecución personal debían acompañar también a la ejecución real. Al acto de la manus injectio, como al de la pignoris capio, debía seguir un procedimiento que tuviese por fin el examen de su legitimidad; y no es seguramente suposición atrevida la de creer que este procedimiento tomó el nombre de legis actio per pignoris capionem, así como el procedimiento relativo a la manus injectio el de legis actio per manu injectionem, del nombre del acto que les dieron origen”10. Veremos más adelante que la oposición o contradicción a la ejecución es un acto de ataque del ejecutado, denominado demanda incidental, tal y como en el antiguo derecho de Roma se concibió la posibilidad de controvertir judicialmente la ejecución, es decir, las características fueron las mismas, esto es, conceder al deudor-ejecutado la posibilidad de defenderse de la ejecución que se está despachando en su contra a

9 Ibídem, p. 100. 10 Ibídem, pp. 103-104.

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través de una pretensión nueva que buscará restarle la certeza al Derecho en virtud del cual se despacha la ejecución. Hay que tener presente que en el antiguo derecho ya se hablaba de la posibilidad de que el deudor alegue no deber nada, lo cual –hoy por hoy– podríamos considerarlo como la causal principal de las oposiciones, que no es otra cosa que la extinción de la obligación por cumplimiento. Siendo esto así, resulta claro que la ejecución como ahora la conocemos tiene su origen en el antiguo Derecho Romano, y la oposición a esta tenía como fundamento siempre no dejar en indefensión al deudor permitiéndole de alguna u otra forma cuestionar la ejecución que se atenta contra él de considerarla ilegítima o injusta. 3. La ejecución en el Derecho Romano Como advertí anteriormente, la ejecución en la época del derecho de las legis actiones, tuvo su origen en la justicia privada permitida por el antiguo Derecho Romano, solo que aquí se evidenció la existencia de un procedimiento que buscaba garantizar la posibilidad del deudor de defenderse. Ya con posterioridad, en el periodo del proceso formulario se buscó la existencia de un proceso más informal y menos sujeto a solemnidades, siendo que para proceder a la ejecución se necesitaba contar con una sentencia condenatoria y posterior a ella, para iniciar la ejecución, se creó la actio iudicati, es decir, la ejecución tuvo su propio proceso. Se ha dicho respecto al proceso formulario lo siguiente: “lo normal fue que el ejecutado confesara su deuda y se procediera a la ejecución, y lo excepcional, la defensa (infitatio). Si esta se producía, se llegaba a la litis contestatio, a la emisión de la fórmula por el pretor en la que se fijaban los términos de la controversia y se nombraba al iudex, pasándose a la segunda fase del proceso in iudicium, en la que podía condenarse nuevamente al deudor (…)”11.

11 ARIANO DEHO, Eugenia. El proceso de ejecución. Rodhas, Lima, 1996, p. 17.

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Luego en el periodo de la cognitio extraordinem ya afianzada la potestad del Estado –a través de sus jueces– de la dirimencia de las controversias, “la ejecución sobre el patrimonio se afirma y adquiere una verdadera característica satisfactiva de los intereses del acreedor”12. En este periodo también para iniciar la ejecución debía contarse con la sentencia condenatoria. Tenemos entonces que en el Derecho Romano desde el derecho de las legis actio hasta el periodo de la cognitio extraordinem nace la sentencia condenatoria como título ejecutivo, vehículo por el cual se puede despachar la ejecución. 4. El processus executivus Este proceso nace como consecuencia de la creación de nuevos títulos ejecutivos distintos a la sentencia, y como quiera que estos nuevos títulos tenían como fundamento satisfacer las necesidades del tráfico mercantil de aquella época, debían –como consecuencia lógica– tener una vía procedimental más rápida y sumaria para la realización de los derechos impregnados en aquellos títulos. Como muy bien lo explica la doctrina “el pujante comercio de las ciudades italianas a finales de la Edad Media se veía dificultado por un sistema procesal basado en el proceso común, en el llamado solemnis ordo iudiciarius. La lentitud del proceso ordinario se estimó incompatible con las necesidades del tráfico mercantil. Una primera solución se encontró en los procesos plenarios rápidos, que tienen su origen en los estatutos de algunas ciudades italianas, pero los mercaderes aspiraban a algo más; aspiraban a un sistema que permitiera iniciar la ejecución sin necesidad de que existiera antes una sentencia condenatoria después de un proceso de declaración, por estimar que este era siempre lento y complicado”13. El primer documento que adquirió la calidad de título ejecutivo –distinto de la sentencia– y con ello la posibilidad de ejecutarse (executio

12 Ibídem, p. 21. 13 MONTERO AROCA, Juan. Tratado de proceso de ejecución Civil. Tomo I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 39.

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parata) fue la instrumenta guarentigia que era un documento expedido por el notario, el cual contenía tres actos, el primero era el acto jurídico objeto de celebración, la confesión de las partes de la obligación asumida y el mandato del notario a ejecutar la obligación conforme a los términos pactados, siendo que en determinada época (siglo XIV), las cláusulas que otorgaban la posibilidad de la ejecución contenida dentro de estos instrumentos, ya no fueron acordadas por las partes, sino que por imperio de la Ley, ellas eran colocadas indefectiblemente. Nos dice Montero Aroca –respecto a la evolución de los títulos ejecutivos distintos a la sentencia– que “el último paso de la evolución tiene su origen en Francia. En este país la ejecución se confiaba a los huissiers, personal no jurisdiccional ante el que no cabía una oposición que pudiera calificarse de jurisdiccional, por lo que los actes par davant notaire se asimilaron con mayor énfasis a la sentencia firme, dando siempre lugar a una ejecución pura, equiparando la oposición del ejecutado a la sentencia con la oposición del ejecutado al título ejecutivo notarial, debiendo de realizarse las dos de forma autónoma ante el juez competente”14. Como consecuencia de la creación de estos títulos ejecutivos distintos de la sentencia, la técnica procedimental de aquella época amoldándose a la realidad originó un proceso con una vía procedimental más rápida y sumaria, por esto, se ha dicho que “la finalidad práctica de los documentos cum executio parata era dar al acreedor un título que le garantizará obtener rápidamente la satisfacción de su crédito, documentos que a su vez dieron origen a una nueva forma procedimental abreviada dirigida hacia la ejecución: el processus executivus”15. Obviamente los deudores –y como en Roma lo hicieron– tenían la posibilidad de formular la oposición a la ejecución, siendo que esa oposición era visto mediante una cognición sumaria, por ello “la limitación de defensas fue muy rigurosa durante el siglo XIII, admitiéndose únicamente las excepciones perentorias, pero luego en los siglos sucesivos, por equidad y atendiendo a que el proceso ejecutivo basado en instrumento con ejecución aparejada no había sido precedido de ninguna

14 Ibídem, p. 40. 15 ARIANO DEHO, Eugenia. Ob. cit., p. 33.

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cognición judicial, el número de excepciones se fue ampliando con relación a las que eran oponibles a las sentencias. Así fue, inclusive posible deducir las excepciones de falsedad y de nulidad del documento y del negocio jurídico que contenía”16. 5. La ejecución en el Derecho español Debemos revisar brevemente la ejecución en el Derecho español debido a su gran influencia en esta parte del continente, y con mayor precisión su influencia en nuestra legislación. Puedo afirmar sin temor a equivocarme, que la ejecución en el Derecho español fue concebida bajo la premisa de un sistema unitario, es decir, tanto los títulos ejecutivos judiciales como los extrajudiciales eran tramitados bajo un mismo proceso de ejecución, siendo que tal sistema se rompe con la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855, es allí donde se abrió la distinción entre la ejecución de las sentencias y el juicio ejecutivo donde se ejecutaban los títulos extrajudiciales. La explicación a este cambio radicó en que “(…) los autores de la LEC de 1855 prescindieron de modo consciente de los códigos europeos y especialmente del Code de procédure civil francés de 1806, el cual no tuvo influencia general. La doctrina partía de la excelencia de lo español y se apartaron de lo que estaba sucediendo en Europa”17. Lo más resaltante entonces con el cambio de sistema en el proceso de ejecución español de dicha época fue que en la ejecución de sentencias y otros títulos judiciales no existía medio de defensa alguno –oposición–, por el contrario, en el juicio ejecutivo18 donde se ejecutaban títulos extrajudiciales sí era permitida la defensa. Posterior a ello, con la entrada en vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881 se inició la polémica acerca de la naturaleza del juicio ejecutivo, dado que un sector de la doctrina lo catalogaba

16 Ibídem, pp. 34-35. 17 MONTERO AROCA, Juan. Ob. cit., p. 50. 18 Los españoles denominaban juicio ejecutivo al proceso de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, denominación que fuera acogida en forma similar por nuestro legislador en el Código Procesal Civil de 1993, hasta la modificación al proceso de ejecución mediante el Decreto Legislativo N° 1069.

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como un proceso de cognición sumario –que más adelante analizaremos– perdiendo entonces su naturaleza ejecutiva, hecho este que irradió en el pensamiento de nuestro legislador de nuestro Código Procesal Civil de 1993. En la actualidad, con la Ley de Enjuiciamiento Civil española del 2000, se ha vuelto a unificar el sistema, aunque obviamente siempre existirán algunas diferencias en el procedimiento respecto a la ejecución de títulos judiciales con la ejecución de títulos extrajudiciales, ello se da por la misma naturaleza de título, pero el proceso de ejecución es único. II. SU UBICACIÓN DENTRO DE LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO

Según la teoría general del proceso existen tantos procesos como pretensiones hubiera, siendo que es casi uniformemente aceptada la tesis de la existencia de tres grandes procesos, los cuales serían el proceso o pretensión de cognición, el proceso de ejecución y el proceso cautelar, siendo que tal como lo expone Liebman “(…) la única clasificación legítima e importante es aquella que se hace referencia a la especie y a la naturaleza de la providencia que se pide”19. 1. El proceso de cognición En esta clase de procesos lo que se discute es una pretensión declarativa interpretada en todo el sentido de la palabra, es decir, no únicamente en la que el juez a través de la sentencia verificará la existencia o no del derecho discutido, sino que la declaración también servirá de premisa necesaria para la providencia solicitada (ya sea también constitutiva o condenatoria), es por este motivo que en este tipo de procesos el juzgador debe tener una cognición completa, y se caracteriza por la existencia de un contradictorio pleno, donde las partes (demandante como demandado), tienen la misma oportunidad de alegar y probar los hechos que sustentan sus posiciones, no existiendo restricción alguna en cuanto a esos aspectos de orden cognitivo. En el proceso de cognición

19 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Derecho Procesal Civil. EJEA, Buenos Aires, 1980, p. 120.

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pueden discutirse los tres tipos de pretensiones existentes y reconocidas casi uniformente por la doctrina. 1.1. Las pretensiones declarativas o declarativas puras Como enseña Guasp “cuando lo que se solicita del órgano jurisdiccional es la simple declaración de una situación jurídica, que existía con anterioridad a la decisión, buscando su sola certeza, la pretensión recibe el nombre de declarativa. Este tipo de pretensiones, (…), tiene como característica esencial la de que la petición de la parte que la constituye tiende a la mera constatación, fijación o expresión judicial de una situación jurídica ya existente, no a su imposición a persona distinta ni a la producción de una nueva”20. Entonces, en este tipo de pretensiones se busca la declaración de la existencia o la negación de existencia de un derecho o una situación jurídica que está siendo controvertida o en todo caso podría ser controvertida, por lo tanto, lo que se busca con esta pretensión es la obtención de certeza jurídica, ejemplos tenemos a la pretensión de nulidad de acto jurídico, la de prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, declaración de mejor derecho de propiedad, etc. La pretensión incoada en este proceso es satisfecha con la sola emisión de la sentencia ya sea amparándola o desestimándola, no se necesita de algún acto concreto posterior para la satisfacción de la pretensión, salvo en algunos casos la remisión de los partes judiciales a alguna entidad como por ejemplo la remisión de los partes registrales en el caso de que se declare fundada la pretensión de prescripción adquisitiva de dominio, pero ya la sola sentencia cumplió el fin por el que fue solicitada, esto es, satisfacer la pretensión. 1.2. Las pretensiones constitutivas Es aquella pretensión mediante la cual se persigue la constitución (creación), modificación o extinción de una relación jurídica.

20 GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo I, 4ª edición, Thomson Civitas, Madrid, 1998, p. 207.

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Cabe aclarar que “también en la sentencia constitutiva hay, ante todo, una declaración de certeza, propiamente la declaración de la existencia de las condiciones queridas por la ley para que pueda producirse el cambio jurídico; y a ello se agrega el pronunciamiento del cambio mismo”21. Ejemplos de este tipo de pretensiones son las de divorcio, anulabilidad de actos jurídicos, resolución del contrato, etc. Aquí también la sola emisión de la sentencia producirá la satisfacción de la pretensión solicitada, no siendo pasible de ejecución posterior, más que el mero acto administrativo para la inscripción de la misma de ser necesario. Ya la doctrina se ha encargado de diferenciar plenamente este tipo de pretensión con las pretensiones declarativas o declarativas puras, aunque existe aún confusión en un sector de la doctrina que confunde a la pretensión de nulidad de acto jurídico como si fuera una pretensión constitutiva, lo que evidentemente resulta una equivocación. Al respecto, “la diferencia entre nulidad y anulabilidad está precisamente toda aquí: la primera es consecuencia de un defecto tan radical, que el contrato no ha llegado nunca a tener existencia jurídica; en cambio, las causas de anulabilidad permiten la existencia del contrato, aunque sea viciado, y solamente la sentencia del juez producirá su anulación”22. 1.3. Las pretensiones condenatorias o declarativas condenatorias En esta pretensión lo que se busca es la orden del cumplimiento de una prestación, es decir, se busca que el juez condene al demandado al cumplimiento de una prestación ya sea de dar, hacer o no hacer. Como es uniformemente aceptado por la doctrina, este tipo de pretensión tiene una naturaleza mixta, “ya que contiene dos pronunciamientos, declarativo y de condena. Debido a la circunstancia de que dicha pretensión surge cuando el actor alega la existencia de unos hechos a los que la norma asocia el cumplimiento por el demandado de una prestación, la pretensión de condena ha de contener, en primer

21 LIEBMAN, Enrico Tullio. Ob. cit., p. 140. 22 Ibídem, p. 141.

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lugar, una petición declarativa, dirigida al juez a fin de que reconozca la existencia del derecho subjetivo o de crédito y, en segundo lugar, una petición de condena al deudor por el incumplimiento de su obligación dimanante de aquel derecho de crédito”23. Se nos ha enseñado que “la sentencia de condena produce un doble efecto: es un título ejecutivo y, además, contiene una declaración irrevocable del derecho. Dicho de otra forma: es título ejecutivo y produce cosa juzgada; efectos que son distintos y que no siempre coinciden”24. En este orden de ideas, –para lo que nos interesa– las sentencias que son originadas por esta pretensión, constituyen un título ejecutivo, por ende, son este tipo de sentencias el título ejecutivo por excelencia, debido a que o el demandado cumple voluntariamente la orden de la sentencia o es necesario la actividad jurisdiccional para hacerla cumplir, naciendo con ella la posibilidad de recurrir al proceso de ejecución. Por ello se ha dicho que “no hay duda que la sentencia condenatoria no presenta el mismo grado de efectividad que la declarativa y la constitutiva, pues su realización práctica requiere la realización de actividades complementarias. Pero eso se debe a la propia naturaleza de la crisis de derecho material, no al tipo de tutela jurisdiccional”25. Resumiendo, la pretensión del demandante no puede verse satisfecha con la sentencia condenatoria, sino que ante el incumplimiento de esta, a través de la jurisdicción se le permitirá ingresar al proceso de ejecución para concretar el derecho material que le corresponde y que no es cumplido por el demandado. 2. El proceso de ejecución El proceso de ejecución, también denominado de ejecución forzada es “aquella actividad con la cual los órganos judiciales tratan de poner en existencia coactivamente un resultado práctico equivalente a aquel

23 GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho Procesal Civil. Tomo I, 2ª edición, Colex, Madrid, 2007, p. 215. 24 MONTERO AROCA, Juan; GÓMEZ COLOMER, Juan Luis y BARONA VILAR, Silvia. Derecho Jurisdiccional. Tomo I, 20ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 233. 25 DOS SANTOS BEDAQUE, José Roberto. Efectividad del proceso y técnica procesal. Communitas, Lima, 2010, p. 758.

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que habría debido producir otro sujeto, en cumplimiento de una obligación jurídica. Es, pues, el medio por el cual el orden jurídico reacciona ante una forma particular de ilícito, consistente en la transgresión de una regla jurídica concreta, de la cual surge la obligación de un determinado comportamiento a favor de otro sujeto”26. De lo cual, “se advierte que –diversamente del proceso de cognición, cuya función consiste en la formación del accertamento jurisdiccional– el propósito objetivo del proceso ejecutivo se identifica en la llamada atribución y restitución forzada, es decir, en la producción de determinadas modificaciones de la realidad empírica, idóneas para alcanzar, caso por caso, la adecuación de la realidad concreta al orden jurídico”27. Debemos tener presente que cuando se habla del proceso de ejecución o ejecución forzada en el ámbito del Derecho Procesal, se refiere a la ejecución motivada por la renuencia del deudor a cumplir su prestación, descartándose la ejecución voluntaria por parte del deudor cumpliendo lo ordenado en la sentencia, en dicho caso, hay un cumplimiento voluntario y no se necesita ya del órgano jurisdiccional a través del proceso de ejecución. 3. El proceso cautelar En doctrina existe discusión en cuanto a la existencia del proceso cautelar, o si este en verdad es un procedimiento, aquí no se dará una respuesta a aquella discusión por cuanto no forma parte esencial del presente trabajo, por lo tanto, nos ceñiremos a lo que la posición mayoritaria nos enseña. “La satisfacción de las pretensiones interpuestas ante los órganos jurisdiccionales puede no alcanzarse de modo completo con los procesos de declaración y ejecución. Estos procesos, por su propia naturaleza de sucesión de actos, necesitan un periodo de tiempo más o menos largo para realizarse, tiempo que, por su mero transcurso o por la actividad del demandado, puede hacer inútil la resolución que se dicte.

26 LIEBMAN, Enrico Tullio. Ob. cit., p. 150. 27 ANDOLINA, Ítalo. “Cognición” y “ejecución forzada” en el sistema de la tutela jurisdiccional. Communitas, Lima, 2008, pp. 145-146.

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Para suplir esta deficiencia aparece una tercera subfunción de la jurisdicción, llamada de cautela o de seguridad, que se realiza a través del proceso cautelar, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de las otras dos subfunciones”28. Entonces, debe entenderse por proceso cautelar aquel que busca asegurar la eficacia de lo resuelto tanto en los procesos de cognición como en los procesos de ejecución, es decir, tiene una finalidad asegurativa o de cautela, y por ello su naturaleza es coadyuvar como mecanismo procesal a la concretización del derecho discutido en el proceso. III. NOCIÓN

Respecto al proceso de ejecución o ejecución forzada, existen diversos juristas que nos han brindado una noción de la misma, siendo que en la presente obra recogeremos algunas de dichas nociones. En Alemania, Rosenberg señala que “la ejecución forzosa, llamada también proceso ejecutivo y anteriormente ejecución, es un procedimiento para la realización de las pretensiones de prestación o por responsabilidad, mediante coacción estatal”29. En Italia, el maestro Chiovenda nos enseña al respecto lo siguiente: “Llámese ejecución forzosa procesal la actuación práctica, por parte de los órganos jurisdiccionales, de una voluntad concreta de ley que garantice a alguno un bien de la vida y que resulta de una declaración; y llámese proceso de ejecución forzosa el conjunto de actos coordinados a este fin”30. Carnelutti dice que “cuando no se trata ya de pretensión discutida (‘contestata’), sino de pretensión insatisfecha, para que se alcancen entonces los fines del orden jurídico es necesaria, no la formación, sino

28 MONTERO AROCA, Juan; GÓMEZ COLOMER, Juan Luis y BARONA VILAR, Silvia. Ob. cit., p. 235. 29 ROSENBERG, Leo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo III, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1955, p. 3. 30 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954, p. 330.

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la efectuación del mandato. El proceso (conjunto de actos) necesario para la efectuación del mandato, se llama ejecución”31. Para Micheli “por ejecución forzada se entiende aquel tipo de tutela jurisdiccional que es necesaria al objeto de actuar efectivamente determinados intereses, cuando la declaración de certeza de los derechos se manifiesta como insuficiente. La declaración de certeza es, pues, el presupuesto lógico de la ejecución forzada, aunque a veces la ley no exija una previa declaración –autoritativa– del juez y se contente en cambio con actos de parte que contengan una autodeclaración de certeza, ya sea porque provengan de aquel que resulte deudor (letras de cambio, cheques), ya sea por los particulares poderes de supremacía reconocidos a ciertos acreedores (actos administrativos). Pero, en todo caso, hay una intervención del juez –siempre a instancia de parte– que realiza, a través de una serie de actos, una determinada forma de tutela que no se agota en la reafirmación solemne del derecho en el caso concreto, sino que consigue la satisfacción del derecho tutelado, sustituyéndose a la voluntad, que falta, del deudor”32. En España, Guasp señala que el proceso de ejecución es “(…) aquella en que lo que se pide al órgano jurisdiccional no es la emisión de una declaración de voluntad, sino una manifestación de voluntad, esto es, la realización de una conducta, no ideal, sino material o física”33. El profesor De la Oliva enfatiza lo siguiente, “el proceso de ejecución es el instrumento de pretensiones de transformación material de la realidad para intentar acomodarla a parámetros jurídicos preestablecidos. Esos parámetros, de los que luego habrá que tratar por extenso, son sentencias o documentos que la ley entiende que consta suficientemente lo que cabe considerar jurídico respecto de ciertos sujetos jurídicos: son los denominados títulos ejecutivos”34.

31 32 33 34

CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Tomo I, Uteha, Buenos Aires, 1944, p. 213. MICHELI, Gian Antonio. Curso de Derecho Procesal Civil. Tomo III, Ejea, Buenos Aires, 1970, p. 4. GUASP, Jaime. Ob. cit., p. 209. DE LA OLIVA SANTOS, Andrés; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio y VEGA TORRES, Jaime. Derecho Procesal Civil. Ejecución forzosa procesos especiales. 2ª edición, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2003, pp. 17-18.

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Ortells Ramos señala que el “proceso de ejecución es aquel en que un órgano jurisdiccional, ante el ejercicio de la acción correspondiente por el legitimado, ejerce su potestad para producir un cambio físico o material en la realidad social con el fin de acomodarla al deber de prestación impuesto por un título ejecutivo, consistente en un pronunciamiento jurisdiccional de condena o en otros hechos o actos que legalmente constaten la existencia de aquel deber”35. Para culminar la investigación acerca de la noción del proceso de ejecución, la –noción– que me parece la más completa desde un punto de vista técnico del Derecho Procesal, es la que nos brinda Montero Aroca, estableciendo lo siguiente, “precedido o no de la declaración jurisdiccional del derecho, el proceso de ejecución es aquel en el que, partiendo de la pretensión del ejecutante, se realiza por el órgano jurisdiccional una conducta física productora de un cambio real en el mundo exterior para acomodarlo a lo establecido en el título que sirve de fundamento a la pretensión de la parte y a la actuación jurisdiccional”36. Esta actividad jurisdiccional actúa suplantando la voluntad del obligado a cumplir la prestación, ya que este es reacio al cumplimiento voluntario. Por cuanto, conforme lo enseña el profesor de la Universidad de Valencia –citando a Carreras– “la actividad jurisdiccional ejecutiva es sustitutiva de la conducta que debiera haber realizado el ejecutado, si voluntariamente hubiera procedido a cumplir la prestación contenida en el título ejecutivo. Si el condenado a pagar una cantidad de dinero no lo hace, el tribunal procederá a enajenar bienes de aquel y con su producto pagará al acreedor ejecutante. Ello es posible porque en nuestro ordenamiento se considera jurídicamente fungible la actividad del ejecutado sobre su patrimonio, esto es, porque algunas conductas personales privadas pueden ser sustituidas de derecho por medio del ejercicio de la potestad pública atribuida al tribunal”37 (el resaltado es mío).

35 ORTELLS RAMOS, Manuel. Derecho Procesal Civil. 10ª edición, Thomson Reuters, Navarra, 2010, p. 687. 36 MONTERO AROCA, Juan. Ob. cit., p. 37. 37 Ibídem, p. 391.

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IV. NATURALEZA

1. ¿Jurisdiccional o administrativa? Como hemos visto, dentro de la teoría general del proceso, el proceso de ejecución está visto como uno de los tres grandes procesos que existen como mecanismo de tutela jurisdiccional, aunque existe discusión acerca de si su naturaleza es jurisdiccional o netamente administrativa. La tesis que consideraba que el proceso de ejecución tenía naturaleza administrativa y, por ende, correspondía su ejercicio al Poder Ejecutivo, partía de la premisa de que la jurisdicción solo contenía la función declaratoria del Derecho, es decir, la jurisdicción culminaba con la decisión de quién tenía la razón. Esta postura –limitada por cierto–, tuvo como principal exponente al Derecho Procesal francés, dicho esto, Baptista Da Silva –citando a Garsonnet-Cézar-Bru– nos enseña que la doctrina francesa tenía la siguiente premisa en cuanto a la función de la jurisdicción, “se puede establecer la regla en virtud de la cual el derecho a proceder a la ejecución forzada no pertenece más que a personas investidas de un carácter público y designadas a este efecto por la ley, por la justicia o por la parte demandante: no compete jamás a la parte que podría ejercerla con pasión, que provoque al demandado con represalias y genere así un pretexto o excusa para violencias que atenten contra el orden público. Algunas decisiones se ejecutan por parte del juez; las que ordenan un acto de instrucción son confiadas a su ministerio, así como una investigación, una inspección o un interrogatorio sobre hechos y circunstancias, pero solo los auxiliares judiciales y algunas veces los portadores de las órdenes ejecutivas tienen calidad para proceder a la ejecución forzada”38. Contraria a esta postura, para nuestro ordenamiento jurídico el proceso de ejecución tiene naturaleza jurisdiccional y, por lo tanto, son los órganos jurisdiccionales quienes tienen la potestad de realizarla.

38 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Jurisdicción y ejecución en la tradición romano-canónica. Palestra Editores, Lima, 2005, p. 60.

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Como señalé anteriormente, en el antiguo Derecho Romano la ejecución era parte de la justicia privada, es decir, el propio acreedor realizaba la ejecución, siendo que cuando el deudor cuestionaba su legitimidad, a través del vindex se suspendía la ejecución y se determinaba la procedencia o no de la ejecución en el procedimiento ante quién hacía las veces de lo que hoy denominamos como juez, entonces se puede establecer que la ejecución en aquella época no tenía naturaleza jurisdiccional, siendo que el cuestionamiento a la ejecución si se discutía en sede jurisdiccional, pero –como veremos más adelante– este cuestionamiento no forma parte de la estructura de la ejecución, sino es un incidente eventual nada más. Conforme al transcurrir del tiempo y de la extinción casi por completo de la justicia privada o acción directa39, la posibilidad de la ejecución casi siempre ha sido tomada como parte de uno de los atributos de la jurisdicción. Concordante con esta postura, “se dice, para justificar el carácter no jurisdiccional de la ejecución, que esta no constituye un derecho de petición ante la autoridad, sino una manifestación pública del derecho de propiedad (…) Pero qué quiere decir manifestación pública del derecho de propiedad? Toda propiedad del deudor constituye una garantía común de todos sus acreedores y esa garantía solo se puede hacer efectiva merced a la actividad de la jurisdicción. No subsisten, decíamos, salvo excepciones de muy escasa significación, formas de ejecución privada (…) La manifestación pública quiere decir, pues, manifestación a través de la jurisdicción (…) La actividad ejecutiva es actividad jurisdiccional. Los órganos de la jurisdicción no pierden en ningún momento, dentro de ella, la actividad cognoscitiva, y si bien en los hechos la actividad de los auxiliares es más visible que la actividad de los magistrados, no es menos cierto que solo actúan dentro de nuestro derecho, por delegación de estos”40. Como se pude apreciar, solo a través de la actividad jurisdiccional es posible que se lleve a cabo el proceso de ejecución, lo contrario sería retroceder en el avance del Derecho y permitir esta actividad como

39 Salvo las excepciones otorgadas por Ley, como en el Código Civil son permitidas la defensa posesoria, el derecho de retención, la resolución extrajudicial de un contrato, etc. 40 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4ª edición, Editorial IBdef, Buenos Aires, 2010, pp. 361-362.

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forma de la justicia privada, lo cual en nuestros días sería inconcebible e insostenible. Bajo esta premisa se nos ha enseñado lo siguiente, “la jurisdicción, que sustituye la autotutela o ‘justicia privada’, ha de ofrecer y ofrece, no solo la posibilidad de declarar o crear idealmente lo jurídico en casos concretos; debe cumplir también, respecto de casos concretos, el cometido de intentar –no siempre lo consigue– acomodar la realidad a lo jurídico, es decir, realizarlo. Sin este último cometido y la correspondiente actividad, la función jurisdiccional resultaría incompleta y fallida y podría llegar a legitimarse socialmente un regreso o retroceso a la realización del Derecho por propia mano”41. El fundamento o la razón por la que uno de los atributos de la jurisdicción es la coercibilidad o el hacer cumplir sus decisiones –ejecución– es que sin aquella perdería toda legitimidad y su razón de ser dentro de un Estado organizado carecería de sentido, por cuanto sus decisiones serían meras consultas sin ningún efecto vinculante para los ciudadanos. “Como resulta evidente, el reconocimiento teórico de la autoridad judicial pero acompañado de su desobediencia práctica convertirían a la jurisdicción en una actividad inútil y absurda. El prestigio social de la jurisdicción se debe, en considerable medida, al hecho de que sus decisiones deben ser obedecidas por el ciudadano u órgano obligado a ellas. Y no se trata simplemente de un mandato moral, sino que vinculado a él se encuentra la fuerza material del Estado, su imperio expresado en la posibilidad de utilizar algunas de sus instituciones como instrumentos coercitivos a fin de hacer cumplir el mandato judicial que ha alcanzado la calidad de definitivo o de todo aquel que requiera ejecución, según decisión del órgano jurisdiccional”42. Por ello, “caracteriza el proceso de ejecución (o ejecución forzosa) la utilización por el órgano jurisdiccional de su potestad coactiva y

41 DE LA OLIVA SANTOS, Andrés; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio y VEGA TORRES, Jaime. Ob. cit., p. 18. 42 MONROY GÁLVEZ Juan. Ob. cit., pp. 413-414.

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coercitiva, aplicada a la realidad material, a fin de transformarla, venciendo resistencias y sustituyendo voluntades (…)”43. Con lo expuesto hasta aquí, puedo afirmar que –sin perjuicio de que en otros países el proceso de ejecución tenga naturaleza administrativa– considerar al proceso de ejecución como parte de la función administrativa del Estado es un error, debido a que es el Estado, a través de su órgano jurisdiccional, quien soluciona los conflictos que se originan en la sociedad, y parte de esta solución no se agota solo con la declaración de quien tiene o no la razón, sino que se agota en que las cosas sean tal y como tienen que ser en la realidad cumpliéndose lo resuelto, el órgano jurisdiccional al ejercer la jurisdicción debe estar siempre premunido de la potestad de hacer cumplir sus mandatos, ello es así, por nuestro propio sistema y porque va acorde con los principios imperantes en el Estado Constitucional de Derecho que gobierna en la mayoría de los países del mundo –incluido el nuestro–. 2. ¿El proceso de ejecución es un proceso de cognición sumaria? Como ya lo mencioné anteriormente, en España surgió la posición de quienes sostienen que el proceso de ejecución es en verdad un proceso de cognición sumaria, esta postura pierde de vista la naturaleza propia del proceso de ejecución, conforme lo explico a continuación. En primer lugar, debemos establecer qué se entiende por proceso de cognición sumaria, y como contrapartida, tenemos que establecer entonces cuál es el motivo por el que se hace dicha distinción. En el marco del estudio del Derecho Procesal se ha establecido una clasificación de los procesos tomando como medida el grado de certeza que puede obtener el juez dentro del proceso, es decir, de acuerdo a la mayor o menor cognición (conocimiento) que puede tener el juez para poder resolver el mérito de la controversia. Según esta clasificación existen los procesos plenarios u ordinarios y los procesos sumarios.

43 DE LA OLIVA SANTOS, Andrés; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio y VEGA TORRES, Jaime. Ob. cit., p. 18.

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2.1. Los procesos plenarios u ordinarios Son aquellos donde las partes tienen la mayor amplitud de alegación –demanda, contestación, impugnaciones, etc.– y de probar, es decir, no existe restricción alguna en cuanto a la posibilidad de debate, de ello se desprende que sean procesos largos, donde los plazos son amplios para determinados actos procesales, como consecuencia de esto, se presume que el juez tiene una cognición amplía de la controversia que deberá decidir. “Por ello, el juicio ordinario, debe permitir a las partes completen lo mejor posible, y con toda la extensión necesaria, sus medios de ataque y defensa, y que los apoyen sobre todas las pruebas que estimen del caso –y que sean admisibles, a juicio del tribunal–. Igualmente, sus medios de impugnación son los más amplios del sistema procesal44. Desde un punto de vista vertical, es decir, desde una perspectiva del magistrado por encima de las partes, este tiene el conocimiento completo para poder dirimir, mientras que desde un punto de vista horizontal, ambas partes tendrán en igualdad de condiciones las más amplias posibilidades de defensa, ataque y prueba. Ahora bien, siendo que el proceso plenario de por sí es lento y dispendioso, los procesalistas a través de la técnica procesal crearon una subespecie de dichos procesos, los denominados procesos plenarios rápidos ideados a fin de hacer más rápido el trámite procedimental, es decir, el juez tendrá igual una cognición completa y las partes podrán alegar y probar sin restricción alguna, pero los plazos serán recortados, lo único que existe es un recorte de plazos y concentración de actuaciones judiciales, pero la cognición del juez seguirá intacta. Por ello, se ha dicho que “los procedimientos plenarios rápidos, se diferencian del ordinario, simplemente por su forma, más corta, pero no por su contenido, que es el mismo cualitativamente, jurídicamente plenario”45.

44 FAIREN GUILLÉN, Víctor. Temas del ordenamiento procesal. Tomo II, Tecnos, Madrid, 1969, p. 825. 45 Ibídem, p. 828.

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2.2. Los procesos sumarios Son aquellos que por razones de política legislativa, se opta por la restricción en la posibilidad de alegación como en la posibilidad de probar, lo cual trae consigo que la cognición del juez sea parcial, siendo que su trámite por su propia estructura también es relativamente más abreviado que un plenario, pero esto no es su nota distintiva, sino la limitación en cuanto a la cognición del juez para pronunciarse sobre el mérito. El proceso sumario “es igual a juicio con limitaciones de las alegaciones de las partes, del objeto de la prueba, y en ocasiones incluso de los medios de prueba, y de la cognición judicial (…)”46. Ratificando lo dicho, se nos enseña que “el calificativo de sumariedad no descansa tanto en la brevedad del procedimiento (lo cual distingue a los plenarios rápidos), cuanto en la limitación de medios de defensa y de prueba y, en consecuencia, de los efectos que ha de producir la sentencia que resuelve estos procesos sumarios. Es decir, la simplificación y brevedad del procedimiento no es la causa de la naturaleza sumaria de estos procesos, sino su efecto, o mejor dicho, dado que se quiere ofrecer una tutela rápida para determinados derechos, esto solo puede lograrse limitando los medios de ataque y de defensa y, en su caso, los medios de prueba, lo que consecuentemente tendrá que limitar la eficacia procesal de la sentencia que resuelva estos procesos. Precisamente la limitación de la eficacia procesal significa que la sentencia no producirá el efecto de cosa juzgada”47. Habiendo aclarado la distinción dentro de los procesos de cognición entre plenarios y sumarios, debo señalar que la confusión de afirmar que el proceso de ejecución era uno de cognición sumaria se debió fundamentalmente a la dualidad de ejecuciones que tuvo España a lo largo de su historia, siendo que en la ejecución de sentencias no existía la posibilidad de oponerse a la ejecución, mientras en la ejecución de títulos extrajudiciales –denominado juicio ejecutivo– sí existía tal

46 MONTERO AROCA, Juan; GÓMEZ COLOMER, Juan Luis y BARONA VILAR, Silvia. Derecho Jurisdiccional Proceso Civil. Tomo II, 20ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 199. 47 LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, Tomás. Proceso Civil Práctico. Tomo III, La Ley, Madrid, 2007, p. 297.

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posibilidad, motivo por el cual es al juicio ejecutivo al que se le denominaba de cognición sumaria. Dice Montero Aroca que “así estaban las cosas cuando Fenech, sin excesiva fundamentación, distinguió los procesos de ejecución en sumarios y no sumarios, tomando como base la existencia de título extrajudicial o judicial y vayan o no precedidos de un proceso de declaración, para, a continuación, clasificar los procesos sumarios según se admita o no que dentro del proceso de ejecución se instaure uno de declaración para discutir la ejecutabilidad del título, de modo que el juicio ejecutivo era un proceso sumario de ejecución con posibilidad de oposición al título”48. Siendo esto así, y teniendo como fundamento principal el hecho que el proceso ejecutivo era considerado un proceso sumario por cuanto en este era posible oponerse a la ejecución, mientras en el proceso de ejecución de sentencias no, la misma doctrina española aceptaba que cuando se hablaba de proceso ejecutivo nos encontramos en presencia de un auténtico proceso de ejecución y como tal goza de sus rasgos y características, más aún si es aceptado que en los procesos de ejecución de sentencias también puede formularse oposición a la ejecución. “En buena medida el núcleo de la discusión debió radicar en la posibilidad o no de que se inserte un incidente declarativo en un proceso de ejecución, esto es, en si cabe o no oposición del ejecutado en el proceso de ejecución de sentencias. Si en esta alternativa se respondía negativamente, había que negar naturaleza ejecutiva a todo proceso en el que sea posible el incidente declarativo; si se respondía afirmativamente, había que concluir que el juicio ejecutivo era un proceso de ejecución. A estas alturas, y después de que la LEC de 2000 ha regulado la oposición a la ejecución cuando se trata de la ejecución de sentencias, el mismo planteamiento de la alternativa es absurda, si bien ya lo era antes de la dicha LEC”49. Entonces, resulta correcto afirmar que cuando se trata de ejecución de títulos extrajudiciales “el hecho de que dentro de su evolución

48 MONTERO AROCA Juan. Ob. cit., p. 58. 49 Ibídem, p. 64.

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histórica se haya permitido la incrustación dentro de su estructura de un incidente de cognición limitado –la ahora llamada contradicción– no le priva su naturaleza ejecutiva”50. “El juicio ejecutivo es un proceso de ejecución y los actos que en él se practican son actos ejecutivos. Acto ejecutivo es la demanda, con la que se ejercita la pretensión ejecutiva; acto ejecutivo es el mandato ejecutivo por el que se intima al ejecutado para que cumpla con su prestación bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada; (…), y, por supuesto, todos los demás actos prístinamente ejecutivos como la realización forzada de los bienes y pago del acreedor, acto final del proceso con el cual se satisfacen los intereses del ejecutante. El incidente de contradicción y la sentencia, el primero eventual y la segunda necesaria, son actos que no deberían formar parte de ningún proceso de ejecución (…)”51. Por lo tanto, la ejecución de títulos judiciales como extrajudiciales podrá tener diferencias en cuanto a su trámite procedimental debido al grado de certeza del título, pero de igual manera, siempre existirá la posibilidad de oponerse a la ejecución y como tal, dichos títulos serán ejecutados en el proceso de ejecución. La regla a seguirse es que la cognición es incidental, quiere decir esto que, no forma parte de la estructura del proceso de ejecución sino que se puede dar de forma eventual cuando se pretende cuestionar la ejecución. V. ¿PROCESO DE EJECUCIÓN O CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE COGNICIÓN?

En la doctrina se discute si en verdad existe el proceso de ejecución o este no es más que una fase o continuación del proceso de cognición. Algunos apuntan a que esta polémica tiende a ser solucionada por el Sistema que opte cada país al regular la ejecución. En mi opinión –concordante con la posición de la doctrina mayoritaria– existe un proceso de ejecución, el cual tiene sus propios

50 ARIANO DEHO, Eugenia. Ob. cit., p. 173. 51 Ibídem, p. 174.

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presupuestos que lo hacen totalmente autónomo del proceso de cognición y como tal cumple una función complementaria a dicho proceso, es decir, hace que el derecho se torne posible en los hechos. Conviene transcribir lo que con brillantez nos expone Liebman, “la jurisdicción no agota sus cometidos con la cognición y con el juicio que de ella resulta. Además de constatar y declarar los derechos, hay que proveer a fin de que sean satisfechos; además de formular la regla jurídica concreta que regula una determinada situación, es necesario proveer a actuarla, a traducirla en hechos reales, modificando la situación de hecho existente, en modo de hacerla que llegue a ser conforme a lo que debería ser (…). Esta segunda forma de la tutela jurisdiccional del derecho se cumple por medio del proceso de ejecución, que se contrapone y se coloca al lado del proceso de cognición para constituir juntamente el cuadro de las actividades fundamentales, por medio de las cuales se ejercita la jurisdicción”52 (el resaltado es nuestro). La profesora Ariano –con la lucidez que la caracteriza– nos enseña que “el proceso de ejecución como conjunto de actos del órgano jurisdiccional dirigidos a la satisfacción de los intereses del derecho habiente constituye, como ya lo dijimos, una forma de tutela autónoma y distinta de las demás formas de tutela jurisdiccional. (…) Los presupuestos concretos del proceso de cognición son distintos de los del proceso de ejecución, distintas son las pretensiones ejercitadas en uno y otro, distinta es la relación procesal que en ellos se genera, y por todo ello afirmamos que el proceso de ejecución es autónomo del proceso de cognición”53. Si esto es así, ¿como se explica la confusión que enfoca al proceso de ejecución como una fase del proceso de cognición?, pues, en la medida que la sentencia condenatoria o declarativa condenatoria era –antiguamente– el único título ejecutivo, esta abría la fase de la ejecución luego de concluido el proceso de cognición. Entonces, el fundamento de quienes sostienen que el proceso de ejecución es una fase del proceso de cognición, no es la naturaleza jurídica o sus presupuestos, sino la técnica del legislador para implantar la

52 LIEBMAN, Enrico Tullio. Ob. cit., p. 149. 53 ARIANO DEHO, Eugenia. Ob. cit., pp. 164-165.

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ejecución en el proceso, es decir, se parte del sistema adoptado por el legislador y no por las vicitudes que caracterizan y diferencian a uno y otro proceso, lo que no puede ser aceptado, por cuanto las instituciones procesales deben ser analizadas de conformidad con sus particularidades, siempre –claro está– teniéndose en cuenta que son instrumentos destinados a la efectividad del derecho material. Aunado a lo expuesto, solo existirá esta discusión en los casos de ejecución de las sentencias condenatorias o declarativas condenatorias que vienen precedidas por un proceso de cognición, siendo que debe tenerse en consideración que existe la posibilidad de iniciar el proceso de ejecución con títulos ejecutivos extrajudiciales que no necesitan constituirse mediante un proceso previo. “Así pues el problema de la autonomía del proceso de ejecución solo es ventilable cuando el proceso de cognición tenga por objeto emitir una sentencia de condena (ciertamente no cuando este tenga por objeto emitir una sentencia meramente declarativa o constitutiva, pues en estos dos últimos casos, la necesidad de tutela jurisdiccional se agota en la sentencia misma) sentencia esta que cierra la fase jurisdiccional de cognición y que a su vez constituye el presupuesto para iniciar la fase jurisdiccional de ejecución”54. Incluso en Brasil donde la ejecución de sentencia es una fase posterior del mismo proceso de cognición (al igual que en nuestro país), la doctrina no se anima a establecer que la ejecución es una fase propia del proceso de cognición, sino que se refiere a la técnica utilizada por el legislador. Al respecto se ha dicho que: “La realización práctica de la tutela destinada a acabar con el incumplimiento de una obligación puede darse en el mismo proceso o en uno autónomo. En el primer caso tenemos una sentencia ejecutiva o condenatoria-ejecutiva; en el segundo aquella es simplemente condenatoria. Es decir, la crisis de cumplimiento puede ser solucionada por cualquiera de esas dos especies, cuya clasificación tiene en cuenta la técnica adoptada por el legislador para la efectividad de la tutela. Si la práctica de los actos de ejecución exigiera un proceso autónomo, la tutela cognitiva será simplemente condenatoria. Si la cognición

54 Ibídem, p. 177.

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y la ejecución ocurrieran en el mismo proceso –aquí denominado sincrético– estaremos frente a una tutela condenatoria ejecutiva o ejecutiva”55. Resulta evidente que los actos ejecutivos no son per se parte del proceso de cognición, en dicho proceso el juez no compele al cumplimiento de las prestaciones, no puede sustituir la voluntad del deudor reacio al cumplimiento de la sentencia. Es en el proceso de ejecución –sin importar si tiene una regulación autónoma o forme parte del proceso de cognición como una fase posterior a la emisión de la sentencia– donde se puede suplantar la voluntad del deudor, y este proceso de ejecución tiene sus propios presupuestos, características y lo que nos importa principalmente, la finalidad de uno y otro son distintas, mientras en el proceso de cognición se declara quién tiene o no razón, en el proceso de ejecución se lleva lo declarado a la realidad mediante otro tipo de actividad jurisdiccional, esto es, mediante los actos ejecutivos. De lo cual se colige que “no se llega apreciar, por tanto, cómo la sentencia destinada a eliminar la crisis de cumplimiento pueda ser suficiente, por sí sola, para alcanzar este objetivo. Siempre habrá necesidad de actos subsiguientes, normalmente de naturaleza subrogatoria, destinados a hacer que los efectos de la inactividad del deudor sean removidos. En otras palabras, solamente después de la condena habrá verdadera agresión al patrimonio del demandado. Si eso se da en el mismo proceso, o no, es indiferente a efectos de la clasificación de la sentencia, así como no influye en la mayor o menor efectividad de ella”56. Siendo esto así, coincidimos con la profesora Ariano quien señala lo siguiente: “Podemos concluir citando a Liebman que ´la sentencia es entonces conjuntamente el acto con el cual culmina el proceso de cognición, y con el cual se abre el camino y se legitima el inicio del proceso de ejecución´. La sentencia es el título ejecutivo por excelencia, es el nexo entre cognición y ejecución, dos formas de tutela jurisdiccional distintas desde todo punto de vista”57.

55 DOS SANTOS BEDAQUE, José Roberto. Ob. cit., pp. 757-758. 56 Ibídem, p. 762. 57 ARIANO DEHO, Eugenia. Ob. cit., p. 178.

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VI. EL TÍTULO EJECUTIVO

El título ejecutivo es el presupuesto infaltable en el proceso de ejecución, es el medio para abrirnos paso dentro de este mecanismo de tutela, siendo que nos permite el ingreso a dicho proceso y así instamos la actividad jurisdiccional ejecutiva. Siendo ello así, el título ejecutivo como tal importa únicamente en el proceso de ejecución, es decir, su importancia radica en el hecho que nos permite ingresar a dicho proceso con la consecuente actividad jurisdiccional hasta ver satisfecho el cumplimiento íntegro de la obligación contenida en aquel. Por ello se ha dicho que “la tipicidad supone que no se pueda dar un concepto abstracto de título ejecutivo y partiendo del mismo buscar en la realidad jurídica documentos que se acomoden a ese concepto. Esa labor es inútil porque el título ejecutivo no es una categoría. Documentos título ejecutivo son los que el legislador quiere que sean; atendiendo a razones de oportunidad política, el legislador atribuye a determinados documentos la cualidad de título ejecutivo y nada más (…) Esos documentos típicos, que son título ejecutivo en cuanto tales, importan únicamente desde el punto de vista del proceso de ejecución, no interesando lo que puedan significar fuera de este proceso. Fuera del proceso de ejecución los documentos no operan como títulos ejecutivos. En este proceso el documento típico es presupuesto legal de la actividad jurisdiccional”58. El legislador a través de la ley, es quien señala qué documentos constituyen títulos ejecutivos, ello con la finalidad de darle a ciertos documentos la posibilidad de su ejecución rápida y con ello facilitar el tráfico comercial, siendo que tales documentos deben ceñirse a ciertos parámetros, el título ejecutivo “es aquel documento al que la ley le otorga la idoneidad para conformar un título ejecutivo: documento que contiene o incorpora una obligación cierta, expresa, exigible, y, tratándose de una obligación pecuniaria, líquida, o liquidable, el mismo que constituye el presupuesto necesario y suficiente para legitimar al titular

58 MONTERO AROCA, Juan. Ob. cit., pp. 91-92.

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del derecho señalado en el título del ejercicio de la pretensión ejecutiva contra quien en el título aparece como obligado”59. Ahora bien, teniendo claro cuál es la importancia del título ejecutivo, esto es, que el mismo nos permite acceder al proceso de ejecución, dichos títulos tienen diversa naturaleza, es decir, se clasifican de acuerdo a su origen, por ello su clasificación es la siguiente: 1. Títulos ejecutivos de naturaleza judicial Estos títulos tienen su origen –por lo general– en un proceso de cognición previo, el cual contiene una pretensión condenatoria o declarativa condenatoria, y está resulta siendo acogida en la sentencia, tenemos entonces a la sentencia condenatoria como el principal y primigenio título ejecutivo. En este orden de ideas, este título ejecutivo irradia certeza debido a que su constitución ha sido precedido de un proceso judicial con todas las garantías de un debido proceso –posibilidad a la partes de alegación y prueba–. El legislador –en su afán de crear títulos ejecutivos– asemeja a la sentencia otras resoluciones emanadas por el órgano jurisdiccional que también les otorga esta característica, ellos pueden ser las transacciones aprobadas judicialmente, las conciliaciones aprobadas judicialmente, los laudos arbitrales60, etc. 2. Títulos ejecutivos de naturaleza extrajudicial Estos títulos, evidentemente no vienen precedidos de proceso judicial alguno, y son considerados como tales por la opción del legislador que les da tal mérito. “Al instituir títulos más allá de la sentencia condenatoria civil ordinaria, el legislador opera mediante un criterio de probabilidad, sabiendo

59 ARIANO DEHO, Eugenia. Ob. cit., p. 192. 60 Los laudos arbitrales se asemejan a las sentencias pese a que no son emanadas por los jueces, sino por los árbitros, siendo que en nuestro medio el arbitraje importa ejercer función jurisdiccional.

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que siempre algún riesgo habrá, pero entendiendo también que vale la pena correrlo; vale la pena, porque los beneficios obtenidos en la gran mayoría de casos tienen mucho más significado social que los eventuales males sufridos en casos proporcionalmente reducidos (…)”61. Por citar algunos, tenemos a las letras de cambio, los pagarés, las escrituras públicas, las actas de conciliación extrajudicial, etc. Es justamente en estos títulos ejecutivos donde existe el mayor peligro de una ejecución injusta debido al origen contractual o convencional de los mismos, por ello es usual que ante la ejecución de estos títulos se permita mayor amplitud de alegación para oponerse a la misma.

61 DINAMARCO, Cándido Rangel. La instrumentalidad del proceso. Communitas, Lima, 2009, p. 442.

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CAPÍTULO II

EL PROCESO DE EJECUCIÓN COMO MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

I. NOCIÓN DE TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

Como lo señala Priori, “la noción de tutela hace referencia a la necesidad de protección que surge a consecuencia del incumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico que lesionan los principios generales establecidos como base de la convivencia social o las situaciones jurídicas de ventaja de los particulares”62. Esa protección la brinda el Estado a través de la jurisdicción casi de forma total, salvo en los casos permitidos de autotutela. El mismo autor –citando a Luiso– nos dice que “la tutela jurisdiccional es, por ello, aquella forma de protección que brinda el Estado en todos aquellos casos en los que los principios generales no se han realizado espontáneamente o en los que los intereses que subyacen a las situaciones jurídicas de ventaja no han encontrado satisfacción por el comportamiento espontáneo de los sujetos; actuando, por ello, en auxilio la tutela jurídica”63. Importa para nuestro estudio un breve análisis del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, debido a que –como veremos– el proceso de ejecución es un elemento esencial de este derecho fundamental. La tutela jurisdiccional efectiva o tutela judicial efectiva “se concreta en el derecho que tienen todas las personas al acceso a los órganos jurisdiccionales con arreglo a las normas de procedimiento legalmente establecidas y a obtener de ellos una respuesta motivada y de fondo, dotada de invariabilidad, y a la ejecución de lo resuelto”64 (el resaltado es nuestro). En palabras de González Pérez “El derecho a la tutela jurisdiccional es el derecho de toda persona a que se le ‘haga justicia’; a que cuando

62 PRIORI POSADA, Giovanni F. La tutela cautelar su configuración como derecho fundamental. ARA Editores, Lima, 2006, p. 31. 63 Ibídem, p. 32. 64 MONTERO AROCA, Juan y FLORS MATIES, José. Amparo constitucional y proceso civil. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 64.

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pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas”65. En ese orden de ideas, resalta el profesor español que “(…) El derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a la Justicia; segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos. Acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de la sentencia”66 (el resaltado es nuestro). Chamorro Bernal al respecto señala que “son cuatro derechos básicos los que componen el derecho a la tutela judicial efectiva: i) El derecho de libre acceso a la jurisdicción y al proceso en las instancias reconocidas, ii) El derecho de defensa o la prohibición constitucional de indefensión, iii) El derecho a obtener una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso, y; iv) El derecho constitucional a la efectividad de la tutela judicial”67 (el resaltado es nuestro). En nuestro medio, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, trata de explicarnos lo que para el legislador es la tutela jurisdiccional efectiva, aunque lo denomina como tutela procesal efectiva, dicho dispositivo legal dispone lo siguiente: Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respeten, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometida a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal (el resaltado es nuestro).

65 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Derecho a la tutela jurisdiccional. 3ª edición, Civitas, Madrid, 2001, p. 33. 66 Ibídem, p. 57. 67 CHAMORRO BERNAL, Francisco. La tutela judicial efectiva. 1ª edición, Bosch, Barcelona, 1994, p. 13.

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De todo lo expuesto, puedo afirmar que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho fundamental de naturaleza procesal y que está compuesto por: i) el acceso a la jurisdicción sin limitaciones arbitrarias, ii) el debido proceso o proceso debido, es decir, ventilar las pretensiones en un proceso adecuado y que reserve todas las garantías mínimas exigidas (entre ellas el derecho al contradictorio, a la prueba, a una resolución motivada, a las instancias legalmente establecidas, etc.), y; iii) la decisión se torne eficaz. II. LA EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL Y EL PROCESO DE EJECUCIÓN

Siendo esto así, lo importante del estudio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es encontrar dentro de cuál de los derechos que lo componen, se encuentra el proceso de ejecución. Aunque en otros lugares, la efectividad de la tutela jurisdiccional tenga otras denominaciones, esta siempre tendrá el mismo contenido, por eso, el proceso de ejecución es parte del derecho a la efectividad de las resoluciones. La doctrina brasileña sostiene que “la concepción del derecho de acción como un derecho a una sentencia de fondo no podía tener una vida muy larga, toda vez que el juzgamiento de fondo solamente tiene importancia –como debería ser obvio– si el derecho material involucrado en el litigio fuera realizado, además de reconocido por el Estadojuez. En este sentido, el derecho a la sentencia debe ser visto como un derecho al proveimiento y a los medios ejecutivos capaces de dar efectividad al derecho sustancial, lo que significa un derecho a la efectividad en sentido estricto”68 (el resaltado es nuestro). En ese sentido, el derecho a la efectividad implica que lo decidido jurisdiccionalmente se torne –valga la redundancia– eficaz en la realidad, por ende, el concepto de eficaz contiene al de ejecución pero no solo lo abarca a él.

68 GUILHERME MARINONI, Luiz. Derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. Palestra Editores, Lima, 2007, p. 220.

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El Tribunal Constitucional español en reiterada jurisprudencia ha dicho que “el derecho fundamental a la tutela efectiva (art. 24.1 CE) comporta un contenido complejo que comprende: 1) El deber del órgano del Poder Judicial de poner en marcha la actividad jurisdiccional; 2) la realización del proceso de declaración con todas las garantías propias del mismo; 3) Que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto planteado por las partes, y 4) Que, en su caso, se proceda a la ejecución de la misma, mediante el proceso de ejecución. Sin la ejecución el derecho a la tutela judicial efectiva se vería privado de algo tan importante como es la realización práctica del derecho; sería cualquier cosa menos efectiva”69. Me explico, las sentencias declarativas y constitutivas70 son eficaces con su sola expedición, ya que resuelven la pretensión discutida en el proceso y las mismas satisfacen la tutela solicitada, siendo que los actos de índole administrativo posteriores no pueden considerarse como actos ejecutivos, porque no constriñen y menos sustituyen la voluntad del demandado. Así las cosas, ese tipo de sentencias también forman parte de la eficacia de la tutela jurisdiccional y no son pasibles de ingresar a proceso de ejecución, lo cual es acorde con sus características. Ahora bien, el reconocimiento del proceso de ejecución como parte integrante del derecho a la eficacia de la tutela jurisdiccional, no solo es estudiado y aceptado por la doctrina, sino que ha sido reconocido expresamente por nuestro Tribunal Constitucional, el cual ha dejado sentada su posición al respecto en el fundamento 9 de la sentencia recaída en el Expediente N° 01592-2011-PA-/TC, estableciendo que: La doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional –por su parte– ha comprendido que el derecho a la ejecución de resoluciones constituye parte inseparable de la exigencia de efectividad de la tutela judicial. En efecto, en las sentencias Nºs 0015-2001-AI/TC, 0016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC el Tribunal ha dejado establecido que “el derecho a la

69 MONTERO AROCA, Juan. Ob. cit., p. 32. 70 La doctrina denomina a las sentencias declarativas y constitutivas como autosuficientes, por cuanto no necesitan de actos ejecutivos posteriores para su concreción en la realidad, sino que su sola emanación satisface la pretensión hecha valer en el proceso.

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ejecución de resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (...). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido” [fundamento 11]. En esta misma línea de razonamiento, se ha precisado en otra sentencia que “la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela”, reiterando la íntima vinculación entre tutela y ejecución al establecer que “el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución” (STC Nº 4119-2005AA/TC, fundamento 64) (el resaltado es nuestro). De lo cual se colige que, el proceso de ejecución es parte del derecho a la eficacia de la tutela jurisdiccional y como tal es un derecho fundamental, por tanto, se encuentra protegido por los valores y principios recogidos en nuestra Constitución. Es decir, el proceso de ejecución debe ser visto como la principal –no la única– manifestación del derecho a la eficacia de la tutela jurisdiccional. III. EL DEBIDO PROCESO Y LA EJECUCIÓN

González Pérez señala que “(…) Llamamos proceso debido a aquel proceso que reúna las garantías ineludibles para que la tutela jurisdiccional sea efectiva, empezando por la garantía del juez natural”71. El profesor Couture enseña que “(el debido proceso) se trata, en resumen, de que nadie puede ser privado de las garantías esenciales que la Constitución establece, mediante un simple procedimiento: ni por un trámite administrativo cualquiera que prive del derecho a defenderse y a disponer de la garantía que constituye el Poder Judicial para todos los ciudadanos. Se necesita, no ya un procedimiento, sino un proceso.

71 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Ob. cit., p. 163.

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El proceso no es un fin sino un medio; pero es el medio insuperable de la justicia misma. Privar de las garantías de defensa en juicio, equivale, virtualmente, a privar del derecho”72. Nosotros entendemos el debido proceso como aquel derecho que garantiza a las partes, dentro de un proceso o procedimiento, el respeto a las garantías mínimas dentro de este, como el derecho a la defensa, al Juez predeterminado por ley, a la posibilidad de alegar y probar o derecho al contradictorio, a la motivación de las resoluciones, a recurrir a las instancias legalmente establecidas, etc. Siendo esto así, todo proceso jurisdiccional –en especial– debe adecuarse al cumplimiento de este derecho, no siendo excepción el proceso de ejecución, por tanto, en dicho proceso –pese a su grado de certeza en su inicio– también deben observarse el cumplimiento irrestricto de las garantías mínimas enmarcadas en el debido proceso y como tal, la vulneración de alguna de estas garantías acarrearía que el proceso de ejecución fuera ilegítimo.

72 COUTURE, Eduardo J. Estudios de Derecho Procesal Civil. Tomo I, 3ª edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1979, p. 194.

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CAPÍTULO III

EL DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN: “LA OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN”

I. NOCIÓN DE LA OPOSICIÓN

Podría decirse que “la oposición a la ejecución es el medio de defensa que se ofrece al ejecutado para combatir la ejecución despachada frente a él, y puede tener por fundamento la existencia de vicios o anomalías que afecten a sus presupuestos o a su licitud, o estar basada en la concurrencia de determinados hechos que afectan a la esencia misma de lo que constituye su objeto, de modo que su prosecución carezca de sentido. De lo dicho se desprende que tales causas pueden consistir en defectos procesales o en motivos de fondo”73. Se dice que es el medio de defensa, entendido este en sentido amplio, ya que –como veremos más adelante– es la manifestación del derecho de defensa del ejecutado, pero no implica defenderse, sino por el contrario, implica un ataque al título ejecutivo en sí o al crédito que representa aquel. En efecto, la posibilidad de que el ejecutado pueda defenderse de una ejecución injusta o ilegítima se da a través de la oposición, que no es otra cosa que aquel mecanismo procesal puesto a disposición del ejecutado a fin de contrarrestar el inicio de un proceso de ejecución en su contra, a través de un juicio de cognición que puede ser sumario o no. II. FUNDAMENTO DE LA OPOSICIÓN

Como ya he sostenido anteriormente, el primer bosquejo de la oposición como ahora la conocemos fue en el antiguo Derecho de Roma, y tuvo como fundamento repeler una ejecución injusta, cuestionando su legitimidad. Debemos tener presente que en aquella época no existía la figura del título ejecutivo, y al ser una ejecución extrajudicial la cual se llevaba a cabo a través de la justicia privada, se partía de la premisa que si se

73 MONTERO AROCA, Juan. Ob. cit., p. 680.

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procedía a la ejecución era porque se estaba ante –prima facie– una ejecución justa por tener certeza de la obligación. Con el paso del tiempo nace el título ejecutivo como medio para acceder al proceso de ejecución, de ahí la famosa frase “no hay ejecución sin título” (nulla executio sine titulo). En este orden de ideas, debemos partir de la siguiente premisa: para acceder al proceso de ejecución que trae consigo la actividad jurisdiccional debemos tener un título ejecutivo que nos dé tal derecho, a contrario sensu, la ejecución no podría llevarse a cabo si no contamos con título ejecutivo o el que teníamos en realidad no era tal título. Por ello, como enseña Andolina, “es necesario partir de la consideración fundamental de que el título no está en posibilidad de suministrar una garantía absoluta con respecto a la actual y efectiva existencia del crédito representado en aquel. Si el título fuera capaz de proveer tal garantía, es evidente que no habría necesidad de prever mecanismos procesales especiales destinados a realizar el control cognitivo en cuestión: en efecto, en el momento en que el acreedor hiciera su ingreso en el recinto de la ejecución forzada, se tendría siempre la certeza de la real existencia de una obligación con contenido exactamente correspondiente a la consagrada en el título ejecutivo”74 (el resaltado es nuestro). Siendo esto así, el fundamento por el cual la oposición es permitida en el proceso de ejecución radica en posibilitar al afectado con la ejecución el poder cuestionar el título ejecutivo, ya sea este como tal o al crédito que representa, “si el fundamento fáctico de la ejecución es el título ejecutivo, pues la oposición del ejecutado tendrá por objeto eliminar aquella aparente certeza de la existencia del derecho que da justamente el título ejecutivo”75. Obviamente, existirá mayor riesgo ante la presencia de los títulos extrajudiciales que en presencia de títulos judiciales ya que estos últimos tienen la calidad de cosa juzgada y, por lo tanto, no pueden ser

74 ANDOLINA, Ítalo. Ob. cit., pp. 133-134. 75 ARIANO DEHO, Eugenia. Ob. cit., p. 467.

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cuestionados respecto a su formación, pero no es óbice suficiente para que en cualquier título ejecutivo (judicial o extrajudicial) exista el riesgo de una ejecución ilegítima o injusta, es decir, “existe, y esto es evidente (sobre todo en los títulos de formación extrajudicial), el riesgo de que la acción ejecutiva no tenga como referente, en el terreno sustancial, la real existencia de una obligación de contenido exactamente correspondiente con la consagrada en el título ejecutivo”76. Por ello, en la mayoría de las legislaciones –incluida la nuestra– los supuestos de oposición son mayores cuando se trata de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, “esta ampliación resulta razonable habida cuenta de que tales títulos no gozan de las garantías del que está revestido el título formado en un proceso judicial”77. III. ¿MECANISMO DE ATAQUE O DE DEFENSA?

Como ya había adelantado, la oposición es el medio de defensa que tiene el ejecutado para contrarrestar una ejecución injusta o ilegítima en su contra, pero este medio de defensa no debe ser considerado como una manifestación del derecho de contradicción78, sino por el contrario, como una manifestación del derecho de acción, ya que importa en puridad la interposición de una pretensión79 que buscará restarle eficacia ejecutiva al supuesto título ejecutivo, y con ello evitar la continuación del proceso de ejecución con su consecuente culminación. Conforme lo enseña la profesora Ariano –citando al maestro brasileño Buzaid– “existe una diferencia sustancial entre el proceso de

76 ANDOLINA, Italo. Ob. cit., p. 147. 77 LAFUENTE TORRALBA, Alberto José. La oposición a la ejecución. 1ª edición, Thomson Civitas, Navarra, 2006, p. 71. 78 El derecho de contradicción consiste en el derecho fundamental de todo demandado o imputado de acudir al órgano jurisdiccional a fin de solicitarle la tutela jurisdiccional, no importando para este derecho si la sentencia sale a favor o en contra de sus intereses. El ejercicio del derecho de acción del actor automáticamente genera el surgimiento del derecho del demandado, al cual llamamos derecho de contradicción, teniendo este último una relación de dependencia con el primero, pues el derecho de contradicción no se puede ejercer de manera autónoma, sino que depende del ejercicio del primero. En cambio, el ejercicio del derecho de acción no tiene dependencia con otro derecho, se ejerce libremente. 79 No decimos la interposición de una demanda, por cuanto lo que el órgano jurisdiccional dirime no es la demanda sino la pretensión que ingresa al proceso a través del acto jurídico procesal que le da inicio, esto es, la demanda.

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ejecución y el proceso de cognición. Mientras que en el proceso de cognición existe el principio de igualdad entre los contenedores, puesto que hasta el momento de la sentencia no se sabe cuál de ellos tiene la razón; en el proceso de ejecución, al contrario, el acreedor goza de una posición de preeminencia que le es asegurada por la eficacia del título, al cual corresponde, por parte del deudor, un estado de sujeción. En el proceso de ejecución el deudor no se defiende, impugna: no contesta, embarga (opone); no se limita a contradecir, propone una acción”80. En efecto, la oposición como tal genera la cognición y es allí donde el juez tendrá que resolver la procedencia o no de esta, con las consecuencias que trae consigo cualquiera de las decisiones que se adopten. Sería ilógico asemejar el proceso de ejecución con el proceso de cognición en cuanto a su trámite procedimental, ya que “en el proceso de ejecución no existe una fase postulatoria sustentada en el principio de contradicción acción-defensa, demanda-contestación (…) la oposición no puede ser concebida como defensa, como contestación, sino como una auténtica acción, cuyo ejercicio da lugar a un auténtico proceso de cognición”81. A mayor abundamiento, respecto a nuestro actual proceso de ejecución se ha dicho que “la contradicción que formule no puede equipararse a la que se desarrolla con el emplazamiento o citación de los procesos de cognición, pues en el declarativo estamos ante la expresión del principio de audiencia o contradicción, con tal fuerza que aunque el demandado no se apersone el actor debe probar los hechos alegados si quiere obtener una sentencia favorable, de modo que la no comparecencia del demandado se hace equivaler como la admisión tácita de hechos. En el procedimiento ejecutivo, la contradicción está limitada y de ahí que el ejecutante, a pesar de la citación, no deba probar nada, partiendo de la existencia y de la regularidad del título”82 (el resaltado es nuestro).

80 ARIANO DEHO, Eugenia. Ob. cit., pp. 465-466. 81 Ídem. 82 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo III, 1ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 413.

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Inclusive en otros ámbitos se dice que, “sería absurdo considerar que en el juicio ejecutivo estábamos ante un proceso declarativo con demanda, contestación y réplica, pero sin dúplica, tan absurdo que hubiera sido inconstitucional por contrario a la igualdad de las partes en el proceso y al principio de contradicción. Es razonable, por el contrario, estimar que el proceso de ejecución se iniciaba por demanda, despacho de la ejecución sin oír al ejecutado, embargo, y a partir de ahí el ejecutado podía iniciar un incidente declarativo por medio de demanda incidental, de la que se daba traslado al ejecutante para contestación”83. Aunado a ello, debe tenerse presente que el juez cuando resuelve la oposición se pronuncia estimándola o desestimándola, es decir, resuelve aquí la pretensión del ejecutado, por lo tanto, es la pretensión cognitiva del ejecutado la que se dirime a través de la resolución judicial que resuelve la oposición. En la actualidad, hay quienes piensan lo contrario, y entienden que la oposición a la ejecución sería una contestación limitada –aunque pareciera que lo niegan–. En dicho sentido, se ha dicho que “el contradictorio en cualquier proceso de ejecución, según las reglas del proceso civil se hace a través de la contradicción, esta no puede ser considerada como una contestación de demanda, simplemente porque nos encontramos en un proceso de ejecución y no en un proceso de cognición. La contestación de demanda es propia de los procesos de cognición, con la cual, los demandados pueden ejercer ampliamente su derecho de defensa. Por el contrario, la contradicción es un mecanismo limitado de defensa que tienen los ejecutados en el proceso de ejecución”84 (el resaltado es nuestro). Por todo lo expuesto, no podría entenderse entonces a la oposición como manifestación del derecho de contradicción del ejecutado, menos aún como una contestación limitada, en tanto y en cuanto, la oposición

83 MONTERO AROCA, Juan. Ob. cit., p. 64. 84 HURTADO REYES, Martín. “En búsqueda de la tutela perdida en los procesos de ejecución de hipoteca, apuntes iniciales”. publicado en: Proceso y Constitución. Efectividad y ejecución de las resoluciones judiciales. Ponencias del Cuarto Seminario Internacional de Derecho Procesal: Proceso y Constitución. Palestra Editores, Lima, 2014, pp. 713-714.

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es la que genera el juicio de cognición precisamente al interponerse la misma, siendo un mecanismo de ataque –acción– que buscará desvirtuar al título ejecutivo que sirve de base para el proceso de ejecución. IV. NATURALEZA DE LA OPOSICIÓN

Doctrinariamente se discute acerca de la naturaleza declarativa o constitutiva del proceso o incidente que se crea por la oposición, es decir, si la pretensión contenida en la oposición es una pretensión declarativa o es constitutiva. En nuestra opinión, esta discusión es vana e inútil desde un punto de vista práctico del proceso de ejecución, porque una u otra postura no enervará el hecho de que con la oposición se buscará siempre terminar una ejecución ilegítima, nada más que eso busca el ejecutado con su interposición. Sin perjuicio de ello, y teniendo presente que como parte del estudio del Derecho Procesal deberá darse alguna respuesta a dicha cuestión, la profesora Ariano85 hace un estudio pormenorizado respecto a dicho tema. Señala que tanto Liebman como Amaral Santos consideran que la sentencia que declara fundada la oposición es de naturaleza constitutiva, por cuanto lo que se logra con la oposición no es sino la desconstitución de la eficacia del título ejecutivo. Para Zanzucchi y Redenti, dicha sentencia tiene naturaleza declarativa negativa, por cuanto para estos autores, el acogimiento de la oposición es una declaración negativa del derecho del ejecutante de proceder con la ejecución. Para Satta no importa dicha distinción y Mandrioli la concibe como de declaración de certeza. Resulta errado pronunciarse sobre esta cuestión solo teniendo en consideración si la oposición es declarada fundada, ya que lo que

85 ARIANO DEHO, Eugenia. Ob. cit., pp. 468-472.

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importará para distinguir su naturaleza deberá circunscribirse a si la oposición resulta ser estimada o desestimada. En ese sentido, la pretensión hecha valer por medio de la oposición que es acogida por el juez mediante la providencia correspondiente (sea sentencia o auto) no puede ser constitutiva, debido a que de acogerse la misma, estaríamos en presencia de un pronunciamiento que determinará la existencia de una ejecución ilegítima debido a que el título ejecutivo o el crédito que este representa no contiene los elementos necesarios para despachar ejecución y, por lo tanto, no debió siquiera darse trámite a la misma. No puede alegarse entonces que declarada fundada la contradicción desde dicho momento en adelante el título ejecutivo no tendrá eficacia, sino por el contrario, el título ejecutivo no tenía eficacia desde el inicio del proceso de ejecución, pero por las circunstancias el juez no podía saberlo, entonces el proceso de ejecución no debió entablarse y menos aún darse trámite, es un pronunciamiento ex tunc (retroactivo), efecto que diferencia a las sentencias declarativas de las constitutivas, estas últimas siempre son ex nunc (desde su dación en adelante). Posición que resulta concordante si la oposición es desestimada (improcedente86 o infundada87), por cuanto dicho pronunciamiento también será declarativo ya que señalará que estamos ante una ejecución legítima y que el título ejecutivo cumple sus requisitos, es decir, ratificará la validez del título ejecutivo y de la obligación que contiene. V. TRÁMITE PROCEDIMENTAL DE LA OPOSICIÓN EN EL DERECHO COMPARADO

En el Derecho comparado existen diversas formas de cómo formular la oposición a la ejecución, ya sea introduciéndola como un mecanismo incidental dentro del proceso de ejecución o estableciéndola como una pretensión autónoma que genera un proceso de cognición autónomo.

86 Los pronunciamientos improcedentes son desestimatorios por razones formales o procesales. 87 Los pronunciamientos infundados son desestimatorios habiéndose pronunciado sobre el mérito (fondo) de la pretensión hecha valer.

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1. Oposición como incidente dentro del proceso de ejecución En nuestro continente, tanto en el Código de Procedimiento Civil colombiano, el Código de Procedimiento Civil de Ecuador, el Código General del Proceso Civil del Uruguay, el Código Procesal Civil argentino, el Código Procesal Civil de Paraguay y el Código Procesal Civil de Chile, se regula la posibilidad de proponer oposición dentro del proceso de ejecución –haciendo la salvedad de que en estos países existe dualidad de ejecución–, basada solamente en las causales establecidas en tales leyes (númerus clausus), y con restricción en cuanto a las alegaciones y en materia de pruebas, motivo por el cual existe la posibilidad de un juicio plenario posterior que revise estos procesos, a excepción del Código de Procedimiento Civil colombiano que no restringe la alegación y prueba en el caso de la oposición cuando se ejecutan títulos extrajudiciales, es decir, la oposición en estos casos genera una cognición completa para el juez y, por lo tanto, se trata de una cognición plena. Como ya se adelantó, con la Ley de Enjuiciamiento Civil de España de 2000, se unificó el proceso de ejecución en dicho país, siendo la oposición un incidente que se sustancia dentro del proceso de ejecución con restricción de alegación y prueba, y está disponible la posibilidad de un juicio plenario posterior. 2. Oposición como proceso autónomo El Código de Processo Civil de Brasil, el Código Procesal Civil portugués, el Código de Procedimientos Civiles de Italia y la ZPO (Ordenanza Procesal Civil) alemana, otorgan la posibilidad de formular oposición a la ejecución de títulos extrajudiciales, la cual genera un proceso de cognición plenario autónomo. VI. LA OPOSICIÓN EN EL DERECHO PERUANO

Debemos recordar que durante nuestra etapa como República, hemos tenido hasta la actualidad tres códigos que regulaban el proceso civil, siendo que tales han tenido sus modificatorias –unas buenas otras malas–, proseguiré con un breve estudio de la regulación de la oposición en dichos códigos.

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1. El Código de Enjuiciamientos Civil de 1852 Respecto al proceso de ejecución, este código distinguía entre ejecución de sentencias y el juicio ejecutivo, donde se ejecutaban títulos ejecutivos extrajudiciales. Además, se ha dicho que “fue el peor código latinoamericano del siglo pasado”88. La oposición se realizaba dentro del proceso de ejecución como un incidente, esta generaba una cognición plena debido a que el ejecutado podía alegar todas las excepciones posibles con tal de restarle fuerza ejecutiva al título o cuestionar la obligación en sí, siendo que el artículo 1161 disponía que se podían oponer todas las excepciones que tiendan a enervar la fuerza ejecutiva del instrumento o a acreditar que la obligación no ha sido contraída, o que fue extinguida, pudiéndose ofrecer todos los medios probatorios tendientes a la acreditación de tales excepciones, conforme rezaba el artículo 1162. Pese a que se generaba un incidente de cognición plena, era posible iniciar un juicio ordinario, es decir, se trató legislativamente a la oposición como un juicio sumario. 2. El Código de Procedimientos Civiles de 1912 Este código denominado por la doctrina como “un pésimo Código por cuanto se inspiraba en un sistema caduco y obsoleto, cuál era el proceso común medieval”89, también dividía al proceso de ejecución en ejecución de sentencias y el juicio ejecutivo donde se ejecutaban los títulos de naturaleza extrajudicial. En cuanto a la ejecución de sentencias, no era posible formular oposición alguna conforme así lo disponía el artículo 1154, la idea del legislador se trasluce en la exposición de motivos que señalaba lo siguiente: “la ley concede amplia protección a la defensa de los derechos, mientras estén en tela de juicio. Mas, una vez que la ley ha declarado el derecho de una de las partes por el órgano de los jueces, toda dilación

88 ARIANO DEHO, Eugenia. Ob. cit., p. 128. 89 Ibídem, p. 129.

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inmotivada en el cumplimiento del fallo, es un ataque a ese derecho y causa alarma para todos”90. Respecto del proceso ejecutivo, si era factible la interposición de la oposición, la que también generaba una cognición plena para el juzgador, porque el ejecutado podía formular todas las excepciones para alegar la nulidad o falsedad de la obligación o del título ejecutivo, la plus petición y el exceso de la conversión, así como ofrecer todos los medios probatorios disponibles sin limitación alguna, siguiendo la tendencia de su antecesor código, así la intención del legislador sobre este punto fue expresamente declarada en la exposición de motivos, señalando que: “Si el demandado se opone a la ejecución, deberá proponer y especificar en el escrito de oposición, todas las excepciones dilatorias y perentorias que le favorezcan (…) el sistema de limitación se funda en la necesidad primordial de no alterar o dilatar las proposiciones del juicio y en la presunción de que solo es posible acreditar de un modo breve y expedito, ciertas excepciones que tiendan a destruir el mérito del título ejecutivo, reservando para el juicio ordinario las demás, como la lesión, error, nulidad o falsedad de la obligación, etc., pero si se deja al demandado libertad de interponer todas las que le favorezcan, siempre que las pruebe dentro del término legal, no se perjudica absolutamente al ejecutante y se brinda a aquel, la ocasión de libertarse de una ejecución indebida, sin esperar el resultado de un juicio ordinario”91. Aquí, tampoco el proceso ejecutivo generaba cosa juzgada y podía ser revisado en un proceso plenario posterior denominado ordinario. 3. Otras normas reguladoras del proceso de ejecución Debemos señalar que antes de la entrada en vigencia de este código, se emitieron una serie de leyes que regulaban en esencia varios aspectos del proceso de ejecución, como la Ley Orgánica del Banco Industrial de Perú promulgada mediante el Decreto Legislativo Nº 202, el 12 de junio de 1981, que reguló una forma de ejecución extrajudicial de bienes a favor de dicho banco.

90 Ibídem, p. 143. 91 Ibídem, pp. 135-136.

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Otra norma es la Ley Orgánica del Banco de Vivienda del Perú promulgada mediante Decreto Legislativo Nº 203, el 12 de junio de 1981, que reguló un proceso de ejecución especial para este banco. Tenemos a la Ley Orgánica del Banco Central Hipotecario del Perú que fuera promulgada por el Decreto Legislativo Nº 204 en la misma fecha que las anteriores, regulando un proceso de ejecución especial a su favor. Luego viene la Ley de Ejecución de Garantías que fue promulgada mediante Decreto Legislativo Nº 215 en la misma fecha que las otras leyes, que reguló el proceso de ejecución de garantías para todas las empresas estatales –incluidas las empresas estatales de derecho privado–. También podría referirse al artículo 1069 del Código Civil de 1984 –actualmente derogado– que reguló una especie de ejecución extrajudicial, donde no era necesario contar con título ejecutivo –entonces podríamos preguntarnos ¿qué se ejecutaba?– para realizar los bienes prendados. Asimismo, podemos hablar de la Ejecución de Hipoteca que fuera introducida sigilosamente por el Decreto Legislativo Nº 495, el 14 de diciembre de 1998, regulando la realización de los bienes hipotecados tanto extrajudicial como de manera judicial. Por último, tenemos la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros que fue promulgada mediante el Decreto Legislativo Nº 637, el 25 de abril de 1991, el cual regulaba la realización de los bienes hipotecados a favor de las empresas bancarias y financieras. 4. El Código Procesal Civil de 1993 El Código Procesal Civil de 1993 se jacta de ser un código que cambia sustancialmente el sistema adoptado por el proceso civil peruano,

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pasamos de un sistema privatístico puro92 a un sistema publicístico moderado93, también se dice que con la entrada en vigencia de este código pasamos del procedimentalismo al procesalimo. En cuanto al proceso de ejecución, se hizo una triple división de este, en ese entonces teníamos tres clases de ejecuciones, conforme seguidamente lo detallamos: 4.1. El proceso ejecutivo En el denominado proceso ejecutivo, se ejecutaban los títulos ejecutivos extrajudiciales que contenían obligaciones de dar (ejecución de dar suma de dinero y dar bien mueble determinado), hacer (ejecución de obligación de hacer) o no hacer (ejecución de obligación de no hacer). Las causales de contradicción eran limitadas (1. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación; 2. Nulidad formal o falsedad del título y llenado contrario a los acuerdos en el caso de títulos valores emitidos en forma incompleta; 3. Extinción de la obligación; y, 4. Excepciones y defensas previas), es decir, había restricción en la alegación y a su vez en la posibilidad de ofrecer medios probatorios –solo cabían la declaración de parte, los documentos y la pericia–, conforme a lo regulado en su artículo 700. La contradicción se podía formular en el plazo de cinco días de notificado con el mandato ejecutivo, de esta se corría traslado al ejecutante por tres días a fin de que la absolviera, absuelta la contradicción el juez fijaba fecha para audiencia única y luego de ello sentenciaba, si no había contradicción sentenciaba directamente ordenando llevar adelante la ejecución.

92 El sistema privatísitico debe entenderse como aquel sistema donde el proceso se mueve a voluntad de las partes, es decir, la función del juez es de un mero espectador que solo escucha a las partes y resuelve lo que se le pide sin tener facultades de dirección alguna sobre el proceso, aquí prima la idea de que el proceso es de las partes, por cuanto son los intereses de ellos los que están en juego y el juez no tiene implicancia alguna. 93 Por el contrario, el sistema publicístico entiende que están en juego en el proceso los intereses de las partes, pero también está en juego los intereses de la sociedad en abstracto, por lo tanto, el juez como funcionario del Estado tiene el deber de dirigir el proceso e impulsarlo en cuanto le sea posible, ya no se considera al proceso como de las partes, sino el proceso como manifestación de solución de conflictos a través del Estado, el representante del Estado deberá velar por un adecuado resultado de este.

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En síntesis, se puede afirmar entonces que, con la contradicción –oposición– se generaba un incidente de cognición sumaria. Por opción del legislador no cabe la posibilidad de un juicio plenario posterior, además, se ha dicho que la sentencia que resolvía la contradicción adquiría la calidad de cosa juzgada, es decir, un juicio sumario o de cognición sumaria alcanzaba la calidad de cosa juzgada. En esa línea de ideas, el principal autor del Código Procesal Civil de 1993 decía que: “Este proceso –processus executivus– elaborado por la doctrina de los siglos XIII y XIV, se extendió de manera universal. Sin embargo, es cierto también que en su forma clásica –la italiana– ha evolucionado de manera distinta. Con algunos cambios, este es el proceso que se encuentra vigente en el Perú. De pronto el cambio más saltante que podemos mostrar respecto del anterior es la eliminación del proceso ordinario (ahora sería de conocimiento) posterior”94. Esta opción ha sido duramente criticada por la doctrina nacional, la cual alega lo siguiente: “si solo se permiten estas limitadas cuestiones cognitorias (de fondo o de forma) donde se podrán alegar y probar las otras que se tienen necesariamente que reservar. El error del Código no está tanto en la reconsagración del proceso ejecutivo histórico, sino en la consagración a medias; se consagra la posibilidad de una oposición (a la cual irracionalmente le cambian el nombre por contradicción) limitada cuantitativamente, pero no se consagra la provisionalidad de la cognición, lo que significa que no hay un límite cualitativo, es decir, que frente al silencio de la ley, aquella sentencia que resuelve la contradicción hace cosa juzgada sustancial sobre la cuestión debatida. (…) Al limitar la cognición que pueda dar lugar la oposición a la ejecución, se viola abiertamente el principio constitucional de acceso a la justicia, de tutela jurisdiccional de los derechos; nos encontramos ante una arbitraria limitación del derecho de acción, por cuanto, lo resuelto en causa sumaria no será siquiera revisable en un proceso ulterior”95.

94 MONROY GÁLVEZ, Juan F. La formación del proceso civil peruano (Escritos reunidos). 3ª edición, Communitas, Lima, 2010, pp. 885-886. 95 ARIANO DEHO, Eugenia. Ob. cit., pp. 481-482.

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4.2. El proceso de ejecución de resoluciones judiciales Aquí se ejecutaban las sentencias condenatorias –emitidas en los juicios plenarios y que habían adquirido la calidad de cosa juzgada– y todas aquellas resoluciones que se le equiparaban como una transacción homologada judicialmente donde se hayan transigido obligaciones pasibles de ejecución, las resoluciones que aprueban una conciliación, los laudos arbitrales que contengan obligaciones de dar, hacer o no hacer, etc. Obviamente y como quiera que estábamos ante la ejecución de resoluciones con la autoridad de cosa juzgada, las causales de contradicción eran limitadas así como la posibilidad de probar. En efecto, la contradicción solo podía sustentarse en el cumplimiento de lo ordenado o extinción de la obligación (el cumplimiento de lo ordenado da lugar a la extinción de la obligación por ello no entendemos qué quiso decir el legislador, tan solo con señalar como causal de contradicción la extinción de la obligación hubiera bastado), y como único medio de prueba se aceptaban documentos, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 718. La contradicción se podía formular dentro del plazo de tres días de notificado con el mandato ejecutivo, realizada la misma se corría traslado al ejecutante por tres días y con la absolución (el código señalaba que era contestación), o sin ella el juez resolvía mandando a seguir la ejecución o fundada la contradicción (no se señalaba si era a través de una sentencia o un auto). 4.3. El proceso de ejecución de garantías El denominado proceso de ejecución de garantías, como ya lo señalé en anterior oportunidad, “es aquel proceso donde la pretensión ejecutiva es la de obligación de dar suma de dinero –que consta en un título ejecutivo–, y que tiene la particularidad que aquella obligación se encuentra garantizada por una garantía real –hipoteca, anticresis o garantía mobiliaria– la cual será realizada en la etapa de ejecución

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forzada de no darse el cumplimiento voluntario por parte del sujeto pasivo de la relación obligacional –deudor–”96. Ello resulta evidente por cuanto, para entablar un proceso de ejecución se debe contar con algún título ejecutivo que contenga alguna obligación, en este caso de dar suma de dinero, sino existe el título ejecutivo que contenga esta obligación, no podemos estar en presencia de un proceso de ejecución. Siendo esto así, debiera entenderse que a través de este proceso se ejecutaron cualquier clase de títulos ejecutivos –judiciales o extrajudiciales– que contengan una obligación de dar suma de dinero y que esta obligación se encuentra respaldada por alguna garantía real. Ahora bien, las causales para formular contradicción eran limitadas y solo podían tener como fundamento la nulidad formal del título, inexigibilidad de la obligación o que la misma haya sido pagada o ha quedado extinguida de otro modo, o que se encuentre prescrita; y como medios de prueba solo se aceptaban documentos tal y como se desprende del artículo 72297, lo cual evidencia que la cognición era sumaria. El plazo para interponer la contradicción era de tres días luego de notificado el mandato ejecutivo, la cual era trasladada al ejecutante para su absolución en el plazo de tres días (el código lo denominaba contestación), el juez podía resolver ordenando sacar a remate los bienes otorgados en garantía o declarando fundada la contradicción, en caso no existiera contradicción el juez emitía un auto ordenando sacar a remate los bienes otorgados en garantía. Asimismo, resulta conveniente precisar que pese a que el legislador no tenía en mente dejar la posibilidad de interponer excepciones en el proceso de ejecución de garantías, ya que no lo legisló expresamente

96 SEVILLA AGURTO, Percy Howell. “El saldo deudor en el proceso único de ejecución de garantías”. En: Gaceta Civil & Procesal Civil. Tomo 5, Gaceta Jurídica, Lima, noviembre, 2013, p. 222. 97 Debemos ser enfáticos en señalar que el legislador tenía una deficiente manera de legislar –falta de técnica legislativa– las causales de contradicción en el denominado proceso de ejecución de garantías, debido a que no se explica por qué señalaba como una de las causales que la obligación haya sido pagada o ha quedado extinguida de otro modo, siendo necesario solamente que se refiera a la extinción de la obligación; además, cuando señala también como causal de contradicción que la obligación se encuentre prescrita, dicha causal debía ser interpuesta mediante la excepción de prescripción.

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ni por remisión, los jueces pensaban lo contrario e incluso en el Pleno Jurisdiccional Civil llevado a cabo en Cusco del 22 al 25 de setiembre de 1999, optaron por lo siguiente: (...) ¿Limita el artículo 722 del Código Procesal Civil la posibilidad de proponer excepciones procesales? CONSIDERANDO: Que si bien es cierto en el proceso de ejecución de garantías reales no se permite el trámite de excepciones, sin embargo, el demandante al contradecir la demanda sí puede hacer notar al juez la falta de algún requisito de procedencia de la misma. Que, en este sentido, el artículo no limita porque se puede deducir excepciones pertinentes dentro de la propuesta de la contradicción y resolverlas como argumento de defensa. Que es preciso establecer una relación procesal válida en todo proceso. Que, no obstante lo expuesto, una posición en minoría sostiene que sí existe limitación legal porque el artículo 722 del CPC señala que procede la contradicción solamente por los supuestos taxativamente enumerados. EL PLENO ACUERDA: POR MAYORÍA (44 votos) No limita la posibilidad de proponer excepciones procesales. Se hacen valer dentro de la contradicción y sin dar lugar al trámite de las excepciones. Ello en virtud a que toda demanda, incluida la de Ejecución de Garantías, debe cumplir con los requisitos de procedencia prescritos en el artículo 427 del Código Procesal Civil, pudiéndose deducir como medio de defensa la ausencia de presupuestos procesales o de las condiciones de acción.

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POR MINORÍA (14 votos) Sí limita la posibilidad de proponer excepciones procesales pues dicha norma contiene mandato expreso. En síntesis, podemos decir que pese a los avances que tuvo el Código Procesal Civil de 1993 en cuanto al estudio científico del Derecho Procesal y de sus instituciones con respecto a su antecesor –Código de Procedimientos Civiles de 1912–, el proceso de ejecución no tuvo una regulación adecuada, es más, la historia nos dice que existieron procesos donde ni siquiera existían títulos ejecutivos pasibles de ejecución98, lo que ocasionaba una flagrante vulneración a la ley y principalmente al derecho de los ejecutados que veían cómo se remataban sus bienes ilegítimamente. Tendencia que aún en la actualidad está vigente en la mente de nuestros magistrados.

98 Como en los denominados procesos de ejecución de garantías donde para la mayoría de los jueces el título ejecutivo era la escritura pública de constitución de la garantía y el estado de cuenta de saldo deudor, siendo que ninguno de estos documentos tenía y tiene mérito ejecutivo, salvo en los casos donde en la misma escritura pública de constitución de hipoteca se encuentre contenida a su vez la obligación a ejecutarse. Es abundante la jurisprudencia de aquella época en que no se revisaba si los títulos valores –que eran los títulos ejecutivos– cumplían con sus requisitos esenciales que les permitiera despachar ejecución, por cuanto, tenían como argumento absurdo que el título ejecutivo eran copulativamente la escritura pública que contiene la garantía y el estado de cuenta de saldo deudor, es decir, lo irracional fue aceptado casi uniformemente. Por ejemplo, en la Casación N° 133-2001-La Libertad, publicada en El Peruano el 02/02/2002, p. 8384 se estableció lo siguiente: “En el proceso de ejecución de garantías el título de ejecución está constituido por los documentos que contienen la garantía real acompañada del saldo deudor y no por el pagaré por lo que cualquier cuestionamiento al aspecto formal de este último no es pertinente en esta clase de procesos”.

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CAPÍTULO IV

LA MAL LLAMADA CONTRADICCIÓN (OPOSICIÓN) EN NUESTRO ACTUAL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN

I. EL PROCESO DE EJECUCIÓN EN EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1069 –EL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN–

Teniendo como premisa que el proceso de ejecución regulado en el Código Procesal Civil de 1993 era deficiente, por cuanto –como ya se ha hecho mención– se vulneraban los derechos de los ejecutados que perdían sus bienes en un proceso de ejecución, el cual fue instaurado sin siquiera contar con un título ejecutivo que legitime dicha ejecución. Aunado a ello, la tripartición del proceso de ejecución donde habiendo saldo deudor se tenía que iniciar otro proceso, lo que generaba un doble gasto para el litigante, y doble trabajo para la jurisdicción cuando todo ello podía tranquilamente realizarse en un único proceso, más aún en los tiempos actuales donde el gobierno debe dar prioridad y seguridad a los inversionistas y ello solo puede brindarse respetando y privilegiando las relaciones comerciales que no hacen otra cosa que otorgar bienestar al país, todo ello originó la promulgación del Decreto Legislativo Nº 1069. En efecto, la finalidad de este cambio normativo fue “modernizar el marco normativo que regula los procesos destinados al cumplimiento de compromisos en títulos valores y demás títulos ejecutivos, dado que estos redundan en el ámbito comercial del país; en aras de satisfacer el interés del justiciable, brindando mayores niveles de seguridad jurídica que propicie la inversión nacional y extranjera”99. El legislador –en primer término– quiso dejar claro que para ingresar al proceso de ejecución se deberá contar con un título ejecutivo –ello siempre debió ser así–, con ello buscó evitar las ejecuciones ilegítimas que abundaban y aún tienen lugar en nuestro medio.

99 Exposición de Motivos del Decreto Legislativo Nº 1069, p. 1 (Este texto no fue publicado en el diario oficial El Peruano, ha sido enviado por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante Oficio Nº 650-2008-DP/ SCM, de fecha 24 de noviembre de 2008).

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Bajo dicha premisa, se ha establecido que la razón del cambio de normativa busca que “quien cuenta con una garantía real y su obligación no está contenida en un título ejecutivo, primero deberá iniciar un proceso de conocimiento y una vez que cuente con una sentencia favorable firme, recién podrá acudir al proceso de ejecución a fin de ejecutar su garantía (…) estableciendo en forma expresa –en el proceso único de ejecución sugerido–, que solo se puede acceder al proceso de ejecución por medio de un título ejecutivo (judicial o extrajudicial), vamos a lograr que la ejecución sea mucho más segura para el deudor y evitar que nuestros tribunales deban recurrir a ficciones para encontrar el título, como afirmar que este es el documento donde consta la garantía copulativamente con la liquidación de saldo deudor”100. Y en segundo lugar, buscó uniformizar el proceso de ejecución, por cuanto este instrumento tiene un solo fin, esto es, hacer que el acreedor vea satisfecho su derecho el cual ha sido incumplido y como tal el ordenamiento jurídico debe brindar una herramienta que haga posible el cumplimiento del derecho en la realidad, más aún si no existía y mucho menos existe justificación razonable alguna para diversificar el proceso de ejecución, ya sea por razones del título ejecutivo o de cualquier otra índole. Por ello, nuestro legislador a fin de sustentar su nueva visión del proceso de ejecución ha señalado que “en cuanto a los procesos de ejecución cabe anotar, que no existe justificación racional para dar un tratamiento distinto a los títulos ejecutivos, cuando la única diferenciación es su origen, esto es, de naturaleza judicial o extrajudicial101; sin que ello

100 Ibídem, pp. 9-10. 101 Artículo 688 del CPC.- Títulos Ejecutivos Solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial según sea el caso. Son títulos ejecutivos los siguientes: 1. Las resoluciones judiciales firmes; 2. Los laudos arbitrales firmes; 3. Las actas de conciliación de acuerdo a ley; 4. Los Títulos Valores que confieran la acción cambiaria, debidamente protestados o con la constancia de la formalidad sustitutoria del protesto respectiva; o, en su caso, con prescindencia de dicho protesto o constancia, conforme a lo previsto en la ley de la materia; 5. La constancia de inscripción y titularidad expedida por la Institución de Compensación y Liquidación de Valores, en el caso de valores representados por anotación en cuenta, por los derechos que den lugar al ejercicio de la acción cambiaria, conforme a lo previsto en la ley de la materia; 6. La prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido; 7. La copia certificada de la prueba anticipada que contiene una absolución de posiciones, expresa o ficta;

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obligue a una tramitación distinta con plazos diferentes, esquemas distintos multiplicando innecesariamente el número de procesos, lo que provoca dispersión, confusión y costos de oportunidad”102. Entonces, resulta válido afirmar que el proceso de ejecución regulado en nuestro país y denominado Proceso Único de Ejecución tiene como principal objetivo dar certeza y seguridad a los comerciantes, haciéndoles ver que existe un mecanismo de tutela de sus intereses que resulta ser seguro, económico y rápido, ello sin desproteger al deudor que tendrá la posibilidad de cuestionar la ejecución en su contra de considerarla ilegítima. II. TRÁMITE PROCEDIMENTAL (OPOSICIÓN)

DE

LA

CONTRADICCIÓN

Tanto en nuestro ordenamiento procesal como en el español, “el trámite de la oposición, en general, se configura como un incidente declarativo incrustado en la ejecución y caracterizado por su sumariedad, es decir, se restringen considerablemente no solo las posibilidades de alegación, sino también las de prueba”103. Esto quiere decir, que la oposición o contradicción como lo llama nuestro Código Procesal Civil genera una cognición sumaria dentro del Proceso Único de Ejecución por medio del cual se pone en tela de juicio el mérito ejecutivo del título ejecutivo o se cuestiona la obligación contenida en aquel. Decimos cognición sumaria ya que –como veremos luego– las causales para interponerla son taxativas, por lo tanto, hay restricción en cuanto a las posibilidades de alegación del ejecutado, quien solo podrá sustentar su contradicción (oposición) en las causales establecidas en la ley. También hay restricción en cuanto a la posibilidad de suministrar

8. El documento privado que contenga transacción extrajudicial; 9. El documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se acredite instrumentalmente la relación contractual; 10. El testimonio de escritura pública; 11. Otros títulos a los que la ley les da mérito ejecutivo. 102 Ibídem, p. 7. 103 LAFUENTE TORRALBA, Alberto José. Ob. cit., p. 29.

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u ofrecer medios de prueba104, ya que solo se podrá ofrecer los medios de prueba que establece la ley. El proceso único de ejecución se inicia con la demanda ejecutiva, y si la misma cumple con los requisitos de ley, el juez emitirá el correspondiente mandato ejecutivo ordenando al ejecutado cumpla con la obligación contenida en el título ejecutivo dándole un plazo para ello, bajo el expreso apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. Ante esta resolución judicial, el ejecutado tiene la posibilidad de formular contradicción (oposición), formulada esta, será trasladada al ejecutante para que absuelva la misma, pudiendo ofrecer los medios de prueba que señala la ley, luego de ello el juez resolverá mediante un auto105 –denominado por nuestra judicatura como auto final– declarándola fundada, fundada en parte, infundada o improcedente, excepcionalmente y cuando se amerite la actuación de los medios probatorios, el juez fijará fecha de audiencia y resolverá allí la contradicción o en un plazo mínimo posterior a la audiencia. III. CAUSALES DE LA CONTRADICCIÓN (OPOSICIÓN)

En cuanto a las causales de contradicción (oposición) reguladas actualmente en nuestro Código Procesal Civil, se vislumbra que el legislador continuó optando por permitir al ejecutado cuestionar aspectos formales o procesales a través de las excepciones y/o defensas previas, así como aspectos relativos al título y la obligación que contiene, los cuales podríamos denominarlas como aspectos sustanciales o de mérito.

104 Tanto jurisprudencial como doctrinariamente se ha establecido que el derecho a la prueba está compuesto de cuatro momentos: i) el derecho a ofrecer los medios probatorios que las partes consideren pertinentes para probar los hechos en que se fundan sus pretensiones; ii) el derecho a que se admitan los medios probatorios sin que existan limitaciones irrazonables; iii) el derecho a que se practiquen los medios de prueba admitidos, y; iv) el derecho a que dichos medios probatorios sean valorados por el juzgador al resolver el mérito. 105 Según nuestro ordenamiento procesal existen tres clases de resoluciones: i) los decretos que son resoluciones de mero trámite; ii) los autos que son resoluciones interlocutorias, las que resuelven incidentes que necesitan sustanciación, por ello deben ser motivadas, y; iii) las sentencias que son las resoluciones que ponen fin a la instancia y por regla general deberían ser las que se pronuncian sobre el mérito de las pretensiones, aunque excepcionalmente se podría pronunciar sobre defectos procesales.

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El artículo 690-D del Código Procesal Civil106, regula los supuestos en los cuales podrá fundamentarse la contradicción (oposición), los que trataré en forma detallada y separada a continuación: 1. Excepciones procesales Las excepciones procesales107 son las denominadas por la doctrina como defensas de forma, Nuestro Código Procesal Civil ha regulado trece excepciones, las que buscan poner de manifiesto la falta de algún presupuesto procesal (competencia, capacidad procesal y requisitos de la demanda) o también la falta de algún presupuesto para el pronunciamiento sobre el fondo (interés para obrar o legitimidad para obrar), por ello las excepciones procesales son denominadas como motivos de oposición por aspectos formales o procesales. Previo al estudio de cada una de ellas, pasaremos a tratar si es factible o no su interposición en cualquier modalidad del proceso único de ejecución.

106 Artículo 690-D del CPC.- Contradicción Dentro de cinco días de notificado el mandato ejecutivo, el ejecutado puede contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales o defensas previas. En el mismo escrito se presentarán los medios probatorios pertinentes; de lo contrario, el pedido será declarado inadmisible. Solo son admisibles la declaración de parte, los documentos y la pericia. La contradicción solo podrá fundarse según la naturaleza del título en: 1. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título; 2. Nulidad formal o falsedad del título; o, cuando siendo este un título valor emitido en forma incompleta, hubiere sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso observarse la ley de la materia; 3. La extinción de la obligación exigida; Cuando el mandato se sustente en título ejecutivo de naturaleza judicial, solo podrá formularse contradicción, dentro del tercer día, si se alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación, que se acredite con prueba instrumental. La contradicción que se sustente en otras causales será rechazada liminarmente por el juez, siendo esta decisión apelable sin efecto suspensivo. 107 En doctrina también se dice que las excepciones pueden ser: i) dilatorias que son aquellas que solo tienen como finalidad poner en conocimiento del juzgador la falta de algún presupuesto procesal que puede ser subsanado pero origina la conclusión del proceso, y; ii) perentorias que son aquellas que atacan un presupuesto para el pronunciamiento sobre el fondo y su falta puede hacer que el proceso concluya, e inclusive este pronunciamiento adquiere la calidad de cosa juzgada, es decir, atacan la pretensión.

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A) Las excepciones procesales en la ejecución de títulos judiciales En efecto, el artículo 690-D del CPC en su cuarto párrafo regula la contradicción en el supuesto de la ejecución de títulos judiciales y dispone lo siguiente: Cuando el mandato se sustente en título ejecutivo de naturaleza judicial, solo podrá formularse contradicción, dentro del tercer día, si se alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación, que se acredite con prueba documental. Si interpretamos restrictivamente esta norma, alguien podría afirmar que en el caso de la ejecución de títulos judiciales el legislador no da opción al ejecutado de formular oposición por aspectos formales o procesales, es decir, no podría formular excepciones y defensas previas. Ahora bien, si vemos que la intención del legislador con el Decreto Legislativo N° 1069, fue precisamente regular un único proceso de ejecución, en el cual no se discrimine el trámite procedimental por el hecho de que la obligación conste en títulos ejecutivos de distinta naturaleza u origen, es conveniente considerar que si es factible la posibilidad del ejecutado de presentar defensas de forma, evidentemente, estos defectos procesales tendrán que haber operado posterior al momento en que la resolución judicial adquiere la calidad de cosa juzgada, ya que mediante la oposición a los títulos judiciales “no se ataca la cosa juzgada, se ataca el título ejecutivo, que per se es autónomo, por cuanto, crea una situación de derecho sustancial distinta de la que fue objeto del proceso de cognición”108. Entonces, dicho dispositivo deberá ser interpretado en el sentido que en la contradicción (oposición) por aspectos sustanciales o de mérito –aquí el CPC lo denomina contradicción– si hay diferente tratamiento cuando se trate de ejecución de títulos ejecutivos judiciales y títulos ejecutivos extrajudiciales, pero, como regla general

108 ARIANO DEHO, Eugenia. Ob. cit., p. 474.

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ya sea que nos encontremos ante la ejecución de cualquier clase de título ejecutivo, siempre será factible la posibilidad de oponerse por aspectos formales o procesales, es decir, siempre cabrá la posibilidad de interponer las excepciones y defensas previas. B) Las excepciones procesales en el proceso único de ejecución en la modalidad de ejecución de garantías Ahora bien, respecto al proceso único de ejecución en la modalidad de ejecución de garantías, en un reciente artículo hay quien afirma que no es posible interponer excepciones procesales, al respecto se ha dicho que “(…) haciendo una interpretación literal pensaríamos que por fin se ha establecido la paridad en el proceso de ejecución de garantías reales, al parecer no es así. Veamos, el primer párrafo del citado artículo 690-D, prevé que solo cuando se notifique el ´mandato ejecutivo, la parte ejecutada puede proponer excepciones procesales o defensas previas, en los artículos subsiguientes al contemplarse las ejecuciones de dar bien muebles, así como las obligaciones de hacer o de no hacer, también se habla de ´mandato ejecutivo´; sin embargo, cuando ingresamos al Capítulo IV del citado Código Procesal, el cual trata sobre la ejecución de garantías, advertimos de la sumilla y del texto del artículo 721 que ya no se habla de mandato ejecutivo sino de ‘mandato de ejecución’, debemos concluir en consecuencia que ¿la oposición por motivos procesales está vedada para la ejecución de garantías? ¿No que se trata de un proceso único de ejecución? ¿No que los derechos de acción y contradicción son correlativos y complementarios y persiguen por ende la misma finalidad? ¿En qué quedamos?”109. Después de formular todas estas interrogantes llega a la conclusión de que “el Decreto Legislativo N° 1069 al incorporar el artículo 690-D, el cual ya no contiene el adverbio ´solamente´ sino ´solo´, el significado de dicho adverbio es el mismo, es decir, se refiere a que únicamente se puede formular contradicción en un proceso de ejecución de garantías reales por las causales establecidas en el tercer párrafo del dispositivo legal anotado; por tanto, la Ley Procesal

109 TAIPE CHÁVEZ, Sara. “La contradicción en el proceso de ejecución”. En: Las garantías reales. 1ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2014, pp. 301-302.

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Civil no deja abierta la posibilidad para formular, admitir, tramitar y resolver oposiciones por motivos procesales”110. Esta interpretación le resta todo sentido al Decreto Legislativo Nº 1069, no podemos obviar que nuestros legisladores –lamentablemente– carecen de técnica para legislar, pero resulta evidente que su intención fue reparar el vacío dejado con la normativa anterior y que fuera suplido por los propios jueces. Es decir, cuando el artículo 722111 del CPC nos remite a las disposiciones generales para la contradicción, lo que ha hecho el legislador es remitirnos a lo que regula el artículo 690-D en su totalidad, por ello, el título de dicho artículo es Contradicción, lo mejor hubiese sido que el legislador se refiera a las excepciones y defensas previas como contradicción por aspectos formales o procesales y las otras causales de contradicción por aspectos sustanciales o de mérito (y lo óptimo que en vez de decir contradicción se diga oposición), pero ello no puede restarle la finalidad a la modificación. A mayor abundamiento, la mayoría de los presupuestos procesales y presupuestos para el pronunciamiento sobre el fondo pueden ser vistos de oficio por el juzgador, salvo que la ley expresamente diga lo contrario (como en la prescripción extintiva), motivo por el cual, debe ser repelida toda aquella interpretación que busque evitar o restringa la posibilidad de interponer oposición por aspectos formales o procesales en el proceso único de ejecución. Culminado este breve comentario acerca de la posibilidad de oponerse a la ejecución por motivos formales o procesales en nuestro proceso único de ejecución, a continuación, se realizará un estudio de las excepciones procesales pasibles de interposición en el proceso único de ejecución:

110 Ibídem, p. 303. 111 Artículo 722 del CPC.- Contradicción El ejecutado, en el mismo plazo que tiene para pagar, puede contradecir con arreglo a las disposiciones generales.

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1.1. Excepción de incompetencia Mediante la excepción de incompetencia se denuncia la falta de competencia del juez que conoce el proceso. “La excepción de incompetencia no requiere mayor explicación, como aparece evidente, quien la interponga está denunciando la falta de aptitud válida del juez ante quien ha sido emplazado para ejercer su función jurisdiccional en el caso concreto”112. Esto quiere decir, que el ejecutado pone de manifiesto al juez –que emitió el mandato ejecutivo– que carece de competencia para conocer el proceso de ejecución y la consecuencia de amparar esta excepción sería que el juez anule lo actuado y diera por concluido el proceso113 en los casos de incompetencia por razón de materia, cuantía o funcional; o, si se trata de incompetencia territorial relativa114 se remitirá los actuados al juez competente115. Lamentablemente parte de nuestra Judicatura no comparte esta opinión, así tenemos el auto de improcedencia liminar de una demanda ejecutiva, pese a existir sometimiento expreso de las partes a la competencia territorial, en ese sentido, el 7° Juzgado de Paz Letrado del Cercado de Lima, en el Expediente N° 1545-2011 ha señalado lo siguiente: Tercero: A que, en efecto, el artículo 14 del Código Procesal Civil que establece la competencia del juez del domicilio del demandado, es una regla general aplicable a todos los procesos, y por ende prorrogable, ya sea mediante convenio o mediante la prórroga tácita prevista en el artículo 26 del citado cuerpo de ley. En cambio, en el

112 MONROY GÁLVEZ, Juan F. La formación del proceso civil peruano (Escritos reunidos). Ob. cit., p. 385. 113 Artículo 451 del CPC.- Efectos de las excepciones (…) 5 Anular lo actuado y dar por concluido el proceso, si se trata de las excepciones de incompetencia, (…). 114 Cuando se habla de competencia territorial relativa, la ley se refiere a que la competencia territorial es flexible, por cuanto, el juez no deberá declarar su incompetencia de oficio, sino esperar que el demandado en este caso ejecutado la cuestione, de lo contrario se entenderá que existe una aceptación tácita a la competencia del juez y deberá continuar conociendo el proceso, y ya habrá precluido la oportunidad para cuestionar la competencia. 115 Artículo 451 del CPC.- Efectos de las excepciones (…) 6 Remitir los actuados al juez que corresponda, si se trata de la excepción de competencia territorial relativa.

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proceso de alimentos, por ejemplo, el artículo 560 del Código Procesal Civil señala una competencia especial determinada únicamente por el domicilio del demandando o del demandante, por lo que la misma resulta improrrogable. Esta conclusión se refuerza con el hecho de que, no puede operar la prórroga tácita, porque aquella depende de que el demandado cuestione o no la competencia, pero en el proceso de alimentos no puede hacerlo, porque el artículo 560 del Código Adjetivo ordena que el juez rechace de plano este pedido, esto es que le está prohibido deducir excepción, y también le está prohibido formular contienda de competencia en atención al artículo 37 del Código Adjetivo. Por tanto, si el demandado no puede cuestionar la competencia ni por excepción ni por contienda, entonces la misma debe ser controlada de oficio por el juez desde la calificación de la demanda. (…). Octavo: A que, siendo ello así, la cláusula glosada es válidamente aplicable a los Juzgados Especializados que son competentes en todo el Distrito Judicial, pero no es expresa ni precisa respecto a las reglas de competencia aplicables al interior del distrito judicial cuando se trata de Juzgados de Paz Letrados. Por tanto la cláusula antedicha no es suficiente para determinar que la competencia se ha prorrogado a este Juzgado de Paz Letrado del Cercado de Lima. Este criterio no es aislado en el pensamiento de nuestros jueces, por el contrario, parece que está teniendo más adeptos, sino cómo podemos explicar el 4° Juzgado de Paz Letrado del Cercado de Lima, en el Expediente N° 6065-2013, con una motivación confusa y menos extensa concluye lo mismo. Cuarto: Que, de la revisión de la demanda se advierte que el demandado domicilia en el distrito de Pachacámac; asimismo, el artículo 25 del Código Adjetivo señala que las partes pueden convenir por escrito someterse a la competencia territorial de un juez distinto al que corresponde, salvo que la ley la declare improrrogable; siendo esto así, y no advirtiéndose del título valor que se adjunta prórroga que hagan variar esta situación pues al señalarse concretamente en la cláusula sétima especial que se someten a la “Jurisdicción y competencia de los jueces del Distrito Judicial del

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lugar de emisión del presente pagaré”, siendo este Lima, ello significa estrictamente que puede y deben acudir en el caso del nivel de Paz Letrado ante quien territorialmente corresponda de la ciudad de Lima, y no ante los jueces de Paz Letrado de Lima - Cercado, lo que en todo caso debió pactarse con precisión, para poder acceder esta judicatura al conocimiento de la causa; QUINTO: Que, siendo ello así, esta judicatura no resulta competente para conocer de la presente demanda en aplicación del artículo 14 del Código Procesal Civil y estando a las consideraciones antes glosadas y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 427, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, SE RESUELVE: Declarar: IMPROCEDENTE la demanda interpuesta, dejando a salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer conforme corresponda, devolviéndose los anexos presentados; debiéndose ARCHIVAR los presentes actuados, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución.- Notifíquese. Asimismo, y resolviendo excepciones de esta naturaleza en los autos finales, los jueces comerciales se consideran competentes, cuando existe sometimiento expreso de competencia, con relación a ello, el 15° Juzgado Comercial de Lima, en el Expediente N° 8782-2012 ha dicho lo siguiente: Quinto: Que, respecto a la excepción de incompetencia, se aprecia que en la cláusula 14 de la escritura pública del 6 de agosto de 2008 se fijó que las partes renunciaban al fuero de su domicilio y se sometían al fuero del domicilio señalado en el anexo B, el cual sitúa el mismo en la ciudad de Lima (fojas 13), por lo que la excepción formulada debe ser declarada infundada. Por último, tenemos el pronunciamiento del 1° Juzgado de Paz Letrado del Cercado de Lima, en el Expediente N° 624-2010, en la cual se aducía que el juez no era competente en razón de la cuantía de la pretensión del Proceso Único de Ejecución. Tercero: Por la excepción de incompetencia, el demandado denuncia la falta de aptitud del juez para ejercer la función jurisdiccional en el proceso planteado. Para estos efectos, la competencia debe ser entendida como un fenómeno de distribución del poder jurisdiccional, en atención a diversos criterios como son los de materia, grado,

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función o territorio. La competencia del juez es un presupuesto procesal, pues si el juez no cuenta con la debida competencia no podrá emitir una sentencia válida. En el caso de autos conforme al artículo 690-B del Código Procesal Civil incorporado por el artículo único del Decreto Legislativo número 1069, la competencia del Juzgado de Paz desde el veintiocho de junio del dos mil ocho es cuando la cuantía de la pretensión no sea mayor a Cien Unidades de Referencia Procesal, en tal sentido el monto contenido en la pretensión objeto de la presente acción es de conocimiento de este Despacho, máxime que el artículo 696 del Código Procesal Civil en que funda la Excepción ha sido derogada, por lo que deberá desestimarse la Excepción formulada. 1.2. Excepción de incapacidad del demandante (ejecutante) o de su representante Esta excepción “se encuentra referida a la ausencia de capacidad procesal en el demandante o en su representante. Esta constituye un presupuesto fundamental y debe ser entendida como la aptitud para ser titular de situaciones jurídicas procesales y para desarrollarlas por sí mismo”116. Se puede decir que está excepción encierra dos supuestos de defectos de índole procesal, el primero referido a la incapacidad del ejecutante o en su defecto a la incapacidad del representante del ejecutante. Lo que se cuestiona es la falta de capacidad procesal, la cual “no es otra cosa que la aptitud que tienen los intervinientes en el proceso, específicamente las llamadas partes procesales, para realizar actividad jurídica válida al interior, precisamente, del proceso”117. Es decir, todo sujeto de derecho puede ser parte material de un proceso, pero ello no quiere decir que tenga capacidad para ejercer válidamente sus derechos, por ende, aquí lo que se cuestiona es la falta de capacidad de ejercicio o también denominada capacidad de obrar del

116 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo II, 1ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 446. 117 MONROY GÁLVEZ, Juan F. Ob. cit., p. 380.

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sujeto de derechos, mas no la capacidad jurídica que es inherente a cualquier sujeto de derechos. Ejemplos claros de incapacidad procesal la tienen los menores de edad, los mayores de edad que han sido declarados interdictos, las personas jurídicas, etc. Ahora bien, en cuanto a la falta de capacidad del representante, se cuestiona también la capacidad procesal pero ya no del ejecutante, sino de quien lo va a representar en el proceso, podemos citar como ejemplo el caso de las personas jurídicas en que su representante que suscribe la demanda ha sido declarado interdicto y, por lo tanto, no goza este de capacidad procesal. Por último, debemos precisar que este requisito procesal –capacidad procesal del ejecutante o su representante– debe ser controlado de oficio por el juez o también por el ejecutado a través del incidente de contradicción (oposición) mediante la excepción procesal. 1.3. Excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante (ejecutante) o del demandado (ejecutado) “La excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado a diferencia de la anterior, está específicamente centrada en la ausencia (defecto) o en la insuficiencia (imperfección) de la representación procesal con la que está actuando alguien en nombre del demandante o, eventualmente, la que se le ha imputado al demandado, probablemente sin tenerla”118. Esta excepción también regula dos supuestos en los que encontramos un defecto procesal, ya que cuando se refiere a la representación defectuosa se cuestiona que el supuesto representante no se le ha otorgado el poder que a través de la representación pretende ostentar, o en su defecto la representación no ha sido conferida mediante escritura pública o poder por acta119, mientras que cuando se señala la

118 Ibídem, p. 386. 119 Artículo 72 del CPC.- Clases de poder atendiendo a la formalidad empleada El poder para litigar se puede otorgar solo por escritura pública o por acta ante el juez del proceso salvo disposición legal diferente. Para su eficacia procesal, el poder no requiere estar inscrito en los Registros Públicos.

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representación insuficiente, se cuestiona que el representante si tiene poder y efectivamente si es representante del ejecutante o ejecutado, pero el poder otorgado no se expresa la facultad para poder entablar la demanda en el caso del ejecutante o formular contradicción (oposición) en el caso del ejecutado. A continuación puede verificarse el criterio del 4° Juzgado Comercial de Lima, en el Expediente N° 2687-2010 donde se formuló esta excepción, alegando básicamente que el apoderado no acreditaba con documento idóneo la representación que ostentaba, excepción que fuera declarada infundada. Tercero: Que, la excepción es un instituto procesal, que constituye un medio de defensa por el cual el demandado puede oponerse a la pretensión del actor; con ella cuestiona el aspecto formal o de fondo del proceso, persiguiendo anular la acción incoada. En el presente caso el ejecutado Fernando Elisban Manayay Contreras mediante escrito de fojas cuarentinueve a cincuentidós deduce Excepción de Representación Defectuosa o Insuficiente del demandante en los términos expuestos en el escrito de la referencia. Cuarto: Que, con respecto a la excepción de representación defectuosa de la demandante señala que el apoderado Percy Howell Sevilla Agurto inicia el presente proceso judicial, sin embargo, manifiesta no acreditar con documento idóneo la representación que ostenta, debido a que si bien recauda a la demanda un Testimonio de Escritura Pública mediante el cual las personas de don Miguel Eduardo Bueno Olazábal y Leonor María Avendaño Araña le delegan poder para juicios, empero no adjunta el poder en la que las mencionadas personas estén premunidas de facultades para representar a la entidad financiera y para delegar dichas facultades, lo cual argumenta que se incumple con lo previsto en el inciso 2 del artículo 425 del Código Procesal Civil. Quinto: Que, en tal contexto es necesario distinguir claramente las Instituciones procesales referidas a: Representación procesal de la persona jurídica y de apoderado judicial. Que, respecto al primero, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 64 del Código Procesal Civil que textualmente señala: que las personas jurídicas están representadas en el proceso de acuerdo a lo que dispongan

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la Constitución, la ley o el respectivo estatuto; y en cuanto a lo segundo lo dispuesto en los artículos 68 y 72 del Código acotado que dispone que: Quien tiene capacidad para comparecer por sí al proceso y disponer de los derechos que en él se discuten, puede nombrar uno o más apoderados. Si son varios, lo serán indistintamente y cada uno de ellos asume la responsabilidad por los actos procesales que realice; y además, que el poder para litigar se puede otorgar solo por escritura pública o por acta ante el juez del proceso, salvo disposición legal diferente. Para su eficacia procesal, el poder no requiere estar inscrito en los Registros Públicos. Asimismo la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado, “se relaciona con la llamada representación voluntaria, esto es, con aquella representación que se genera en la voluntad del otorgante de la representación y que se cristaliza mediante el poder, y que para intervenir en el proceso en representación de alguna de las partes, esa persona debe estar premunida de un poder suficiente que la faculte para intervenir en el proceso”. Sexto: Que, estando a que la demandante es una persona jurídica, en consecuencia, para la realización de sus actos está representada de acuerdo a lo que disponga la Ley o su respectivo estatuto. De la revisión del documento de poder que corre de fojas seis a veinte, obra copia legalizada del Testimonio de la escritura pública otorgada ante la Notaría Jorge Luis Gonzales Loli sobre delegación de facultades, se dispuso insertar la parte pertinente del Acta de Sesión de Directorio de fecha dieciséis de octubre del año dos mil dos y de la Escritura Pública del veinte de febrero del año dos mil tres, sesión en la cual se acordó aprobar la nueva estructura de poderes y la relación de facultades para el otorgamiento de los poderes de representación del Banco Continental, debidamente inscrita en la partida correspondiente al Banco accionante, se acordó otorgar poder a favor de don Miguel Eduardo Bueno Olazábal y doña Leonor María Avendaño Arana, siendo el caso que dichas personas se encuentran debidamente premunidas de sus facultades conforme se evidencia de la fe notarial otorgada, delegando sus facultades a favor del apoderado recurrente, entre las que se detallan la de interponer demandas, en tal sentido, lo alegado por la excepcionante merece ser desestimado; máxime aun cuando mediante Escritura Pública de Nombramiento de Apoderados y Designación de Facultades de

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fecha veintitrés de noviembre del año dos mil nueve obrante a fojas ciento cuarentiséis a ciento sesentinueve se ratificó el acuerdo de la nueva escala de poderes y delegación de facultades del banco accionante y entre los apoderados se encuentran las personas de doña Leonor María Avendaño Arana y Miguel Eduardo Bueno Olazábal, que como se ha indicado en líneas precedentes han delegado facultad de representación en la persona que ha interpuesto la presente demanda. 1.4. Excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda También es conocida como excepción de defecto legal y “constituye el medio acordado para denunciar la omisión o formulación imprecisa o ambigua de las enunciaciones legalmente exigibles al escrito de interposición de la demanda”120, además se dice que “constituye el fundamento idóneo de la excepción la falta de claridad en la exposición de los hechos configurativos de la pretensión, siempre que esa circunstancia sea susceptible de obstaculizar el derecho de defensa del demandado”121. En el proceso único de ejecución es difícil encontrar algún supuesto donde pueda ser amparada esta excepción, aunque es posible ya que la misma debe poder responder las siguientes preguntas ¿Quién demanda?, ¿a quién se demanda?, ¿qué se demanda? o ¿por qué se demanda?, debemos precisar que tanto el petitorio como la causa petendi en este proceso se circunscribirá al título ejecutivo y el contenido que de este se desprenda. En la práctica judicial, en el proceso único de ejecución en muy pocas oportunidades se interpone esta excepción, siendo que existen mínimos casos en que sí es materia de pronunciamiento, como en el resuelto ante el 4° Juzgado Comercial de Lima, bajo el Expediente N° 10782-2009.

120 PALACIO, Lino Enrique. Derecho Procesal Civil. Tomo VI, 2ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 111. 121 Ibídem, p. 114.

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Sétimo: Que, la excepción es un instituto procesal, que constituye un medio de defensa por el cual el demandado puede oponerse a la pretensión del actor; con ella cuestiona el aspecto formal o de fondo del proceso, persiguiendo anular la acción incoada. Octavo: Que, en función de ello y pronunciándose en torno a la excepción de ambigüedad en el modo de proponer la demanda, deducida por el tercero con interés doña Hanny Ysela Salazar Salas, dicha parte señala que la ejecutante en el tercer otrosí de su demanda pide notificar a los poseedores del inmueble a rematar y que cuenta con doce departamentos, cuya numeración detalla, cuando la misma conocía perfectamente que son propietarios y eso constituye ambigüedad en el modo de proponer la demanda, puesto que los derechos que les confiere la propiedad son distintos de los que confiere la posesión y al calificársele solo como poseedores ha pretendido ocultar su conocimiento del financiamiento que ha realizado a su favor, por el saldo de precio de venta de dichos departamentos, así como de los créditos aun no desembolsados por dicho concepto y que abonan a la cancelación de la obligación puesta a cobro, agrega que la ejecutante es consciente de que sino calificaba como propietarios a los litisconsortes, esta judicatura no habría emitido mandato ejecutivo, ya que la escritura que constituye su título de ejecución trasunta su derecho a cobrar los precios de venta de los departamentos que integran el predio cuyo remate solicita y que no ha renunciado a dicho derecho. Asimismo, se precisa, que esta parte ha ofrecido como medios probatorios de la excepción que deduce, las instrumentales referidas a la Escritura Pública de fecha veinticinco de abril del dos mil ocho y los recibos de pago, los cuales se tienen presente al momento de resolver la presente excepción por ser instrumentales. Noveno: Que, al respecto es necesario indicar que esta excepción solo es procedente cuando por su forma la demanda no se ajusta a los requisitos y a las solemnidades que la ley señala o cuando no existe conexión lógica entre los hechos expuestos y la o las pretensiones procesales propuestas. Décimo: Que, sin embargo, del tenor de la demanda de fecha doce de octubre del año dos mil nueve, se establece que Banco Financiero del Perú interpone demanda de Ejecución de Garantía Hipotecaria,

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en la vía correspondiente al proceso único de ejecución, acción que dirige contra BCHK S.A.C., a efectos que cumpla con pagarle la suma de US$ 113,651.41, bajo apercibimiento de procederse al remate del inmueble hipotecado a su favor, hasta por la suma de US$ 430,000.00 y que se ubica en el jirón San Martín Nº 441-443Fundo Orbea - Distrito de Magdalena del Mar, anexando para tal fin la Escritura Pública de Constitución de Hipoteca de fecha trece de junio del dos mil siete, celebrado entre ambas partes, es decir; se concluye con total objetividad que la pretensión de la parte demandante o accionante resulta ser clara y precisa, cumpliéndose de este modo con el requisito que exige el inciso 5) del artículo 424 del Código Procesal Civil, precisándose que si se dispuso notificar a los poseedores del inmueble a rematar, fue con el único fin de cautelar lo regulado en el último párrafo del artículo 720 concordante con el artículo 690 del mismo cuerpo legal; argumentos que sirven para desestimar la presente excepción propuesta. 1.5. Excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa “La siguiente excepción no requiere de ninguna explicación, su nombre expresa su contenido, la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Como es obvio, tiene que ver con el incumplimiento del actor en transitar por todo el recorrido que tiene el procedimiento administrativo antes de recurrir al órgano jurisdiccional”122. Resulta poco viable esta excepción en el proceso único de ejecución, por cuanto allí no se necesita vía administrativa previa para poder iniciarlo, ya que el mismo gira en torno al título ejecutivo. Aunque recuerdo haber visto un caso donde un ejecutado planteó esta excepción alegando que previamente se debía iniciar un procedimiento de conciliación extrajudicial antes de acudir al Proceso único de ejecución. Obviamente ello es un gran error, en primer lugar, porque previo al proceso único de ejecución no se necesita recurrir a la conciliación

122 MONROY GÁLVEZ, Juan F. Ob. cit., p. 387.

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extrajudicial previa123, y en segundo lugar, porque la conciliación no puede ser considerada como una vía administrativa124. 1.6. Excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante (ejecutante) o del demandado (ejecutado) La legitimidad para obrar o legitimación como algunos la denominan se da “cuando quien comparece ante el órgano judicial afirma su titularidad del derecho subjetivo material e imputa al demandado la titularidad de la obligación”125. Concordante con esta posición, la doctrina brasileña enseña que “la legitimidad para obrar, en principio, solamente la posee quien se afirma titular de un determinado derecho y pretende verlo tutelado en el ámbito del proceso”126. Entonces podemos afirmar que la legitimidad para obrar implica la sola afirmación o invocación de ser titular del derecho discutido y que el emplazado es quien debe soportar cumplir y/o respetar dicho derecho, como consecuencia lógica no es necesario ser titular del derecho discutido ya que ello será analizado en la etapa correspondiente. En el proceso único de ejecución, la legitimidad para obrar no se afirma y mucho menos se invoca, la misma se desprende del título ejecutivo, por lo tanto, para verificarla se deberá analizar el título y de dicho documento se desprenderá quienes son los legitimados para actuar en el proceso como ejecutantes y quienes estarán legitimados para actuar como ejecutados.

123 Artículo 9 de la Ley N° 26872 (Ley de Conciliación).- Inexigibilidad de la Conciliación Extrajudicial Para efectos de la calificación de la demanda judicial, no es exigible la conciliación extrajudicial en los siguientes casos: a) En los procesos de ejecución. (…). 124 Artículo 5 de la Ley N° 26872 (Ley de Conciliación).- Definición La Conciliación es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un Centro de Conciliación extrajudicial a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. 125 MONTERO AROCA, Juan. De la legitimación en el proceso civil. 1ª edición, Bosch, Barcelona, 2007, p. 152. 126 DOS SANTOS BEDAQUE, José Roberto. Ob. cit., p. 404.

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Bajo estas premisas, inclusive “antes de despachar la ejecución, el tribunal debe comprobar la legitimación del sujeto que presenta la demanda ejecutiva y del sujeto frente al que se pide en esta el despacho de la ejecución. El tribunal no debe despachar ejecución a instancia de un sujeto no legitimado activamente (como regla, de un sujeto que no aparezca como acreedor en el título ejecutivo), ni tampoco debe despachar ejecución frente a un sujeto no legitimado pasivamente (en general, no lo está quien no figure como deudor en el título)127. Por ello, es común ver cómo está excepción al ser interpuesta por los ejecutados es desestimada en la mayoría de casos. 1.7. Excepción de litispendencia Mediante esta defensa, el ejecutado denunciará que existe otro proceso en trámite mediante el cual se le está solicitando el cumplimiento de la misma obligación que se le solicita en el proceso único de ejecución. Por este motivo se ha dicho que “se califica a esta excepción cuando existe otro proceso pendiente entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto, es decir, frente a la coexistencia de dos pretensiones cuyos elementos son idénticos”128. En el proceso único de ejecución la pretensión se circunscribirá a lo contenido en el título ejecutivo y solo podrán ser obligaciones de dar, hacer o no hacer. Anterior a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1069 surgía el problema a raíz de que los ejecutantes optaban por dos procesos de ejecución, uno el proceso de ejecución de garantías y otro el proceso ejecutivo de obligación de dar suma de dinero. La razón que explicaba el inicio de dos procesos paralelos era que los ejecutantes tenían claro que en el proceso de ejecución de garantías estaban limitados en cuanto al cobro de su acreencia hasta por el

127 DE LA OLIVA SANTOS, Andrés; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio y VEGA TORRES, Jaime. Ob. cit., p. 58. 128 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. cit., p. 460.

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importe del gravamen129, entonces, por el saldo iniciaban el proceso ejecutivo de obligación de dar suma de dinero donde pretendían embargar el inmueble hipotecado o el bien mueble otorgado en prenda –si estaba en ese momento vigente ya que la misma actualmente está derogada desde el 2006– o garantía mobiliaria. Esta forma de viabilizar la pretensión ejecutiva del ejecutante, teniendo que iniciar dos procesos de ejecución, trajo consigo una multiplicidad de interposiciones de la excepción de litispendencia. Con la entrada en vigencia el Decreto Legislativo N° 1069 y modificado que fuera el artículo 724130 del CPC, en el mismo proceso único de ejecución en la modalidad de ejecución de garantías se podrá continuar con la ejecución de haber saldo pendiente131. Otro supuesto de litispendencia podría darse en el caso de que exista dos procesos iniciados, es decir, se inicia un proceso de ejecución, y a su vez inicia un proceso declarativo condenatorio pretendiendo el mismo pago solo que la causa petendi tiene como fundamento la relación causal. Aunque pareciera viable esta situación y algunos puedan decir que no son procesos idénticos, creemos que sí estamos ante procesos que encierran la misma pretensión y, por lo tanto, el acreedor debe optar por una u otra vía, es decir, en estos casos la posibilidad del acreedor de ejercer los mecanismos legales a fin de procurar el cumplimiento de la obligación tiene carácter residual mas no alternativo.

129 Artículo 724 del CPC (actualmente modificado).- Saldo deudor Si después del remate del bien dado en garantía, hubiera saldo deudor, este será exigible mediante proceso ejecutivo. 130 Artículo 724 del CPC.- Saldo deudor Si después del remate del bien dado en garantía, hubiera saldo deudor, se proseguirá la ejecución dentro del mismo proceso, conforme a lo establecido para las obligaciones de dar suma de dinero. 131 Para un estudio detallado al respecto, recomiendo mi artículo titulado: “El saldo deudor en el proceso único de ejecución de garantías”, publicado en Gaceta Civil & Procesal Civil. Tomo 5, Gaceta Jurídica, Lima, noviembre, 2013, pp. 218-232.

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1.8. Excepción de cosa juzgada La excepción de cosa juzgada viene a ser el mecanismo otorgado por el legislador para hacer valer la cosa juzgada en el nuevo proceso donde se pretenda volver a reiterar el juicio que ya fue resuelto mediante sentencia con calidad de cosa juzgada. “La cosa juzgada implica que en un proceso adelantado con anterioridad y solucionado por una sentencia de mérito, se haya decidido exactamente la misma pretensión que de nuevo se somete a proceso. La pretensión será la misma, si en ambos procesos se la estructura con exacta coincidencia de sus elementos esenciales. Son así las tres identidades que tradicionalmente caracterizan a la cosa juzgada: eadem res, eadem personarum, eadem causa petendi. Las mismas personas, el mismo objeto y la misma causa”132. Corresponde aclarar que “la excepción puede ser opuesta por cualquiera de las partes (res iudicata inter partes), con prescindencia de la posición de vencedoras o vencidas en que hayan sido colocadas por la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”133. Bajo estas premisas, para que se interponga esta excepción tendríamos que estar ante la presencia de dos procesos únicos de ejecución, uno –el primero– concluido por un auto final y, el otro ,iniciado con el mismo título ejecutivo o con otro que represente la misma obligación, en dicho ejemplo se verifica que estamos en presencia de esta excepción. Empero, qué sucedería si nos encontramos ante un primer proceso declarativo condenatorio –proceso de cognición– donde ya el juez se ha pronunciado sobre el fondo de la controversia –sentencia de mérito–, y luego se inicia un proceso único de ejecución pero con un título ejecutivo extrajudicial, el cual contiene la obligación que fue resuelta en el proceso declarativo condenatorio anterior.

132 QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio. Teoría general del proceso. 3ª edición, Temis, Bogotá, 2000, p. 397. 133 PALACIO, Lino Enrique. Derecho Procesal Civil. Tomo V, 2ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 500.

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En mi opinión también nos encontramos en presencia de esta excepción, siendo que el ejecutado deberá probar que tanto la obligación contenida en el título extrajudicial que ahora se pretende satisfacer es la misma obligación contenida en el proceso declarativo condenatorio anterior. Así sucedió en el Expediente N° 7608-2012, tramitado ente el 3° Juzgado Comercial de Lima, donde para el juzgador no existía cosa juzgada. Octavo: La excepción de cosa juzgada se presenta cuando se ha entablado, con anterioridad al de autos, un proceso idéntico –esto es, tramitado entre las mismas partes, con iguales pretensiones procesales y promovidos en virtud del mismo interés, a tenor de lo dispuesto por los artículos 452 y 453 del Código Procesal Civil– el que ya fue resuelto y cuenta con sentencia o laudo firme. Noveno: Según la copia certificada de la sentencia expedida con fecha 10 de junio de 2003, que obra a folios ciento veintisiete a ciento veintiocho, se tiene que el alegado proceso idéntico y anterior al de autos, es uno de obligación de dar suma de dinero interpuesto por Banco Nuevo Mundo en liquidación contra Octavio Napoleón Gómez Díaz y Rosa Portugal Flores de Gómez, de lo que se concluye que dicho proceso no es uno similar al de autos, toda vez que en uno y otro no intervienen exactamente las mismas partes, y aun cuando en el primero exista sentencia firme, el interés no es el mismo, por lo que esta excepción debe desestimarse igualmente. 1.9. Excepción desistimiento de la pretensión Como enseña la profesora Ledesma “el desistimiento de la pretensión se califica como la abdicación, renuncia o dejación del derecho material producida en el ámbito del proceso. Su naturaleza es un acto jurídico dispositivo tendiente a extinguir derechos. En el proceso se inclina como un acto unilateral de abdicación al derecho en el proceso (…). El desistimiento de la pretensión, si es procedente, dará por terminado el litigio. En lo sucesivo las mismas partes no podrán promover otro proceso por el mismo objeto y causa. En caso de intentar un nuevo litigio con las identidades descritas, el demandado podría oponer la excepción del desistimiento de la pretensión con la prueba documental

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de la existencia del proceso donde exista la resolución que admite dicho desistimiento, pero siempre y cuando hubiese operado dicho desistimiento en un proceso contencioso”134. Ahora bien, al ser aprobado el desistimiento de la pretensión la consecuencia es que dicho pronunciamiento equivale a una sentencia que declara infundada la demanda con la autoridad de cosa juzgada135, es decir, el efecto del desistimiento de la pretensión es tener como –por ficción legal– resuelto el mérito de la pretensión en sentido adverso. Si esto es así, habría que preguntarnos ¿por qué está excepción está regulada de forma separada si encaja dentro de los alcances de la excepción de cosa juzgada?, a ello podemos responder que el legislador se equivocó, y ello resulta evidente por cuanto este supuesto perfectamente puede ser promovido como excepción de cosa juzgada, es decir, se reguló dos veces lo mismo. De otro lado, para que se interponga esta excepción tendríamos que estar ante la presencia de dos procesos únicos de ejecución, uno –el primero– concluido por la aprobación del desistimiento y el otro iniciado con el mismo título ejecutivo, pues en dicho ejemplo se verifica que estamos en presencia de la excepción de desistimiento de la pretensión. Empero, que sucedería si nos encontramos ante un primer proceso declarativo condenatorio –proceso de cognición– donde se aprueba el desistimiento de la pretensión y posterior a ello, se inicia un proceso único de ejecución pero con un título ejecutivo extrajudicial, el cual contiene la obligación que fue resuelta en el proceso declarativo condenatorio anterior, en nuestra opinión también estaríamos en presencia de esta excepción, siendo que el ejecutado deberá probar que tanto la obligación contenida en el título extrajudicial que ahora se pretende satisfacer es la misma obligación que el ahora ejecutante se desistió en el proceso declarativo condenatorio anterior.

134 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. cit., p. 464. 135 Artículo 344 del CPC.- Desistimiento de la pretensión La resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión, produce los efectos de una demanda infundada con la autoridad de la cosa juzgada (…).

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1.10. Excepción de conclusión del proceso por conciliación o transacción Entendemos que esta excepción puede ser formulada cuando existe aprobación judicial de la conciliación136 o de la transacción137, es decir, nos encontremos ante una conciliación judicial o una transacción judicial, ello se desprende de una interpretación lógica de las normas que regulan dichas instituciones, mientras que aquellas conciliaciones y transacciones no homologadas judicialmente no serían causales para interponer esta excepción, sino como causales de sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional138. Lamentablemente mediante el Primer Pleno Casatorio Civil, se declaró lo siguiente: “b).- DECLARA QUE CONSTITUYEN DOCTRINA JURISPRUDENCIAL los siguientes precedentes vinculantes: 1.- La Transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como Excepción procesal conforme a lo regulado por el inciso 10 del artículo 446 e inciso 4 del artículo 453 del Código Procesal Civil, por interpretación sistemática de dichas normas con las que contiene el Código Civil sobre la Transacción (…)”.

136 Artículo 327 del CPC.- Conciliación y proceso Si habiendo proceso abierto, las partes concilian fuera de este, presentarán con un escrito el Acta de Conciliación respectiva, expedida por un Centro de Conciliación Extrajudicial. Presentada por las partes el acta de conciliación, el juez aprobará previa verificación del requisito establecido en el artículo 325 y, declarará concluido el proceso. (…). Artículo 328 del CPC.- Efectos de la conciliación La conciliación surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de la cosa juzgada. 137 Artículo 335 del CPC.- Requisitos de la transacción (…). Si habiendo proceso abierto las partes transigen fuera de este, presentarán el documento que contiene la transacción, legalizando sus firmas ante el Secretario respectivo en el escrito en que la acompañan, requisito que no será necesario cuando la transacción conste en escritura pública o documento con firma legalizada. Artículo 337 del CPC.- Homologación de la transacción El Juez aprueba la transacción siempre que contenga concesiones recíprocas, verse sobre derechos patrimoniales y no afecte el orden público o las buenas costumbres, y declara concluido el proceso si alcanza a la totalidad de las pretensiones propuestas. Queda sin efecto la decisión sobre el fondo que no se encuentre firme. La transacción que pone fin al proceso tiene la autoridad de la cosa juzgada. El incumplimiento de la transacción no autoriza al perjudicado a solicitar la resolución de esta. (…). 138 Para un estudio detallado al respecto, recomiendo mi artículo titulado: “Implicancias de la sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional”, publicado en la Revista Jurídica del Perú. Nº 135, Gaceta Jurídica, Lima, mayo de 2012, pp. 245-258.

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Lo resuelto allí, es de obligatorio cumplimiento, por ello ahora con las transacciones extrajudiciales será posible interponer una excepción de transacción y de ser el caso, el juez deberá ampararla. En cuanto a las transacciones y conciliaciones aprobadas judicialmente, estas tienen la calidad de cosa juzgada. Si esto es así, habría que preguntarnos nuevamente ¿por qué está excepción está regulada de forma separada si encaja dentro de los alcances de la excepción de cosa juzgada?, a ello podemos responder que el legislador se equivocó nuevamente, y no debió regular estas causales de excepción de forma separada a la excepción de cosa juzgada. Ello resulta evidente por cuanto este supuesto perfectamente puede ser promovido como excepción de cosa juzgada, es decir, se reguló dos veces lo mismo. 1.11. Excepción de caducidad La excepción de caducidad es aquel mecanismo que pone de manifiesto al juez que tanto la pretensión que se incoa en el proceso –en este caso pretensión ejecutiva– como el derecho discutido se han extinguido, y ello debido a que la Ley le ha fijado un plazo de vida. Como muy bien dice Spota “no se trata ni de pena, ni de imposibilidad material o jurídica de ejercer el derecho, sino de la extinción del derecho, sin que para ello cuente la intención de su titular o la imposibilidad de ejercer la prerrogativa jurídica”139. El fundamento de la caducidad se encuentra en la necesidad de liquidar situaciones inestables que producen inseguridad, pues el orden social exige que se dé fijeza y seguridad a los derechos y se aclare la situación de los patrimonios a fin de que las personas gocen de tranquilidad de espíritu para poder llevar adelante el destino que se han trazado La caducidad es una institución del Derecho Civil y no debe entenderse como un instituto de Derecho Procesal, debe entenderse también

139 SPOTA, Alberto G. Prescripción y caducidad. 2ª edición, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 385.

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que amparada está excepción mediante auto, la misma genera la calidad de cosa juzgada y no puede ser discutida ya en proceso posterior. Resulta claro que cuando nuestro Código Civil140 se refiere a la extinción de la acción, lo que quiso decir es la extinción de la pretensión. Además la caducidad puede ser vista de oficio por el juez141. En el proceso único de ejecución, es muy remota la posibilidad de interponer está excepción, ya que nos encontramos ante pretensiones sobre relaciones obligacionales y, por lo general, estas tienen plazo de prescripción mas no de caducidad. 1.12. Excepción de prescripción extintiva Conforme lo señalé al tratar la excepción de caducidad, cuando el legislador del Código Civil142 hizo referencia a la extinción de la acción, lo que debió decir fue que se extingue la pretensión, como consecuencia de lo anterior, cuando se interpone esta excepción se está señalando que la pretensión incoada ya se extinguió y ello es debido al transcurso del tiempo, por lo tanto, puede que el demandante tenga derecho a lo que pide, pero dicho derecho ya no es exigible por cuanto la pretensión –mecanismo para poder solicitar tutela jurisdiccional– ha fenecido. Siendo esto así, el fundamento o la racionalidad o ratio del instituto de la prescripción radica en la despreocupación e inejercicio del derecho con el que cuenta el acreedor de acudir al órgano jurisdiccional a solicitar se haga efectivo su derecho durante un lapso de tiempo determinado. En el proceso único de ejecución debido a que estamos en presencia de pretensiones ejecutivas sobre relaciones obligacionales, esta excepción puede ser invocada con frecuencia.

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Artículo 2003 del CC.- Definición La caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente. Artículo 2006 del CC.- Declaración de caducidad La caducidad puede ser declarada de oficio a petición de parte. Artículo 1989 del CC.- Definición La prescripción extingue la acción pero no del derecho mismo.

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En efecto, podemos poner como ejemplo un contrato de mutuo elevado a escritura pública, con lo cual, nos encontramos ante un título ejecutivo extrajudicial, si del plazo de vencimiento de la obligación a la fecha de la interposición de la demanda transcurren más de diez años143, la obligación contenida en el título ha prescrito, y por tanto ya no puede ser exigida judicialmente. Incluso, según la redacción de nuestro Código Civil144 deberían transcurrir más de diez años hasta antes de la notificación con la resolución que admite la demanda o en el caso del proceso único de ejecución con el mandato ejecutivo –lo cual es por decirlo menos debatible–. Así tenemos lo resuelto por el 12° Juzgado Comercial de Lima, Expediente N° 9053-2007 donde, valgan verdades, existe en primer término error en la aplicación de la normativa procesal dado que por temporalidad no debía aplicarse el Decreto Legislativo N° 1069, sino la normativa anterior, y segundo, allí se puede verificar como por razones no imputables al acreedor puede verse desprotegido –se presentó la demanda el 2007 y se notifica el 2009–. Quinto: Que, según lo dispone el artículo 690-D del Código Adjetivo la parte ejecutada puede contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales y defensas previas; además que solo podrá fundarse la misma en la inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título, en la nulidad formal o falsedad del título, o completado en forma contraria a los acuerdos; y en la extinción de la obligación exigida; siendo que la parte ejecutada ha formulado contradicción al mandato ejecutivo, sin embargo, no señala el supuesto de contradicción, solo hace referencia a la prescripción extintiva normada en el Libro VIII del Código Civil; alegando principalmente que (…) conforme al artículo 1993 del Código Civil “la prescripción comienza a correr desde el día que puede ejercitarse la acción” la

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Artículo 2001 del CC.- Plazos de prescripción Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 1. A los diez años, la acción personal… Artículo 1996 del CC.- Interrupción de la prescripción Se interrumpe la prescripción por: (…) 3 Citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor, aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente.

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misma que en el caso de autos tiene un plazo de duración de diez años, conforme al artículo 2001, numeral 1) del Código Civil, y se advierte de la liquidación ofrecida por la parte ejecutante que desde la fecha de pago de la cuota número veintitrés, del nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, hasta que se notifica la presente demanda –veinte de mayo del año dos mil nueve– ha operado la prestación acotada en el artículo 2001 numeral 1) del Código Civil concordado con lo establecido en los artículos 9 y 178 del Decreto Legislativo Nº 770 - Ley General de Instituciones Bancarias y Financieras y de Seguros y los artículos 2 y 63, del Código de Comercio –normas vigentes al momento de la existencia de la prenda y que habiéndose presentado la demanda con fecha dieciocho de julio del año dos mil siete, notificada el veinte de mayo del año dos mil nueve, interrumpido el recurso prescriptorio, el reclamo contenido en ella ya no era tutelable judicialmente dado que el plazo de diez años, había expirado indefectiblemente el nueve de diciembre del dos mil ocho– fecha del último pago. (…) Noveno.- Que, de los autos fluye que el contrato de constitución de garantía (prendaria) celebrado entre las partes, data del año mil novecientos noventa y seis, siendo que según liquidación que obra a fojas diecisiete, el nueve de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho fue la última fecha de pago que efectuara la parte ejecutada, y desde esa fecha la parte ejecutante tenía diez años para demandar y que sea notificada la parte ejecutada; sin embargo, de autos se tiene que no fue así, además, que la demanda fue interpuesta con fecha dieciocho de julio del año dos mil siete, emitiéndose el mandato de ejecución con fecha veinticinco de julio del año dos mil siete, el mismo que obra a fojas treinta y treinta y uno; y siendo notificados con el mandato de ejecución con fecha veintiséis de mayo del año dos mil nueve, según cargos que obran en autos, es decir habiendo ya transcurrido más de diez años para poder accionar, tal y como lo señala nuestro ordenamiento sustantivo en su artículo 2001, numeral 1); además cabe indicar que (…) se ha establecido en reiteradas ejecutorios (…) que la interrupción de la prescripción se produce mediante la citación con la demanda y no con su interposición (…); por tanto habiendo pasado más de diez

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años, tal y como lo señala nuestro ordenamiento sustantivo, corresponde declarar la prescripción extintiva de la obligación puesta a cobro. Otro ejemplo evidente resulta de la prescripción de la “acción cambiaria”145 conforme a lo regulado por Ley de Títulos Valores, la cual podría verificarse si se pretende ejecutar un pagaré donde desde la fecha de vencimiento a la presentación de la demanda146 han transcurrido más de tres años, en este caso, la obligación contenida en el título valor no podrá ser exigible a través del proceso único de ejecución por cuanto al perder “la acción cambiaria” dicho título valor habrá perdido su mérito ejecutivo según lo dispone la propia ley. Como se habrá observado, estos ejemplos mencionados tratan sobre las obligaciones contenidas en títulos ejecutivos extrajudiciales, pero en nuestra opinión es perfectamente factible que esta excepción pueda ser propuesta ante la ejecución de títulos judiciales. En efecto, las obligaciones contenidas en los títulos judiciales también prescriben147, y si una sentencia declarativa condenatoria, un laudo arbitral condenatorio, una transacción o conciliación judicial que contenga prestaciones, deberán ser ejecutadas dentro de los diez años posteriores a su vencimiento, de lo contrario la obligación habrá prescrito y la pretensión ejecutiva habrá fenecido, por lo tanto, la obligación contenida en el título judicial ya no podrá se exigible, es decir, se tornará inexigible. En esta misma línea de ideas, se ha dicho que “(…) la acción que nace de una ejecutoria –reconocida en el inciso 1 del artículo bajo

145 Artículo 96 de la LTV.- Plazos de prescripción de las acciones cambiarias 96.1 Las acciones cambiarias derivadas de los títulos valores, prescriben: a) A los tres años, a partir de la fecha de su respectivo vencimiento, la acción directa contra obligado principal y/o sus garantes;… 146 Artículo 95 de la LTV.- Ejercicio de las acciones cambiarias (…) 95.2 El proceso judicial o arbitral cuya demanda haya sido presentada ante la respectiva autoridad judicial o arbitral antes que venzan los plazos de prescripción no será afectado por la conclusión de dichos plazos en el curso del respectivo proceso; salvo que este sea declarado en abandono. 147 Artículo 2001 del CC.- Plazos de prescripción Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 1. A los diez años, (…), la que nace de una ejecutoria.

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comentario– estaría, en efecto, prevista solo para las sentencias de condena, es decir, para aquellas que ‘condenan’ al demandado a la ejecución de una prestación de dar, hacer o no hacer. Esta clase de sentencias son, en esencia, ‘títulos ejecutivos judiciales’ (…), que confieren al titular un derecho (reconocido y declarado en un proceso de cognición previo) el poder de requerir al Estado la ulterior ejecución forzada del mismo en caso el obligado no cumpla con hacerlo voluntariamente. Luego, podría decirse que las sentencias de condena ‘prescriben’ en diez años”148 (el resaltado es nuestro). Debemos tener en cuenta que si una obligación prescribe no podrá ser exigible judicialmente, esto –en mi opinión– hace devenirla en una obligación natural, lo cual concuerda con el concepto tradicional de la misma. Bajo esta línea de ideas, la doctrina enseña que “la obligación natural, añaden Planiol y Ripert, es, por su origen, una obligación civil, pero imperfecta, ya que se haya desprovista del principal atributo de la obligación ordinaria, o sea, de la facultad de constreñir al deudor a su cumplimiento. La imperfección de que se halle afectada procede de que su desarrollo, por así decirlo, ha sido entorpecido al nacer, por un obstáculo jurídico, o por el hecho de que, posteriormente, como consecuencia de especiales circunstancias, se ha visto privada de su sanción, si bien subsiste en todo lo demás”149. Por último, la declaración de la prescripción extintiva solo puede ser invocada por la parte a quien lo beneficia y en ningún caso se admite que el juez la haga valer de oficio150. 1.13. Excepción de convenio arbitral Esta excepción pone de manifiesto que existe un acuerdo entre las partes de someter el conflicto de intereses a la jurisdicción arbitral, y

148 PALMADERA ROMERO, Doris. Código Civil comentado. Tomo X, 2ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2007, p. 243. 149 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Compendio de Derecho de las Obligaciones. Palestra, Lima, 2008, p. 135. 150 Artículo 1992 del CC.- Prohibición de declarar de oficio la prescripción El juez no puede fundar sus fallos en la prescripción si no ha sido invocada.

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por ende, el juez ordinario resultaría ser incompetente para conocer el proceso. En el proceso único de ejecución, podría darse el caso en que en el mismo título ejecutivo se pacte que su ejecución se dé a través de arbitraje, o en su defecto, se pueda acreditar de cualquier otra forma la existencia del convenio arbitral151 para la ejecución del título ejecutivo cuya ejecución se está solicitando en sede judicial. Debemos tener en consideración que “para la celebración de convenios arbitrales, la nueva LA ha dispuesto que el convenio arbitral debe constar por escrito (art. 13.2), pero no sanciona con nulidad su inobservancia, como ocurría bajo la vigencia de la Ley Arbitral derogada de 1996. En tal sentido, la nueva LA ha abandonado la exigencia de una formalidad solemne (escrito) para la celebración de un convenio arbitral y ha optado por una formalidad ad probationem (…). Por lo tanto, con la nueva LA ya no se debe cumplir con una formalidad solemne para celebrar el convenio arbitral, únicamente se requiere el consentimiento (acuerdo) de las partes de someter a arbitraje sus controversias presentes o futuras. La nueva LA solamente se limita a señalar que el convenio arbitral ‘debe constar por escrito’; sin embargo, no sanciona con nulidad la inobservancia de este requisito (conste por escrito), por

151 Artículo 13 de la LGA.- Contenido y forma del convenio arbitral 1. El convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. 2. El convenio arbitral deberá constar por escrito. Podrá adoptar la forma de una cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. 3. Se entenderá que el convenio arbitral es escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio. 4. Se entenderá que el convenio arbitral consta por escrito cuando se cursa una comunicación electrónica y la información en ella consignada es accesible para su ulterior consulta. Por “comunicación escrita” se entenderá toda comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de datos. Por “mensaje de datos” se entenderá la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax. 5. Se entenderá además que el convenio arbitral es escrito cuando esté consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte, sin ser negada por la otra. 6. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula de arbitraje constituye un convenio arbitral por escrito, siempre que dicha referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. 7. (…).

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lo que estamos ante una formalidad ad probationem. Así, las partes pueden celebrar un convenio arbitral verbalmente, por medios electrónicos o por mensajes de voz, lo importante hoy día será probar la existencia del consentimiento de las partes”152. Lo discutible será poder dirimir si la jurisdicción arbitral será competente para conocer el proceso de ejecución, lo cual no es parte de nuestro estudio y podrá servir para un trabajo posterior. 2. Defensas previas “La defensa previa como su nombre lo anticipa, consiste en el cuestionamiento que el demandado hace a la oportunidad en que se ha iniciado el proceso, atendiendo a que el demandante debía haber realizado un acto previo, configurante de una especie de requisito para el ejercicio válido del derecho de acción por el demandante. Esta actividad previa está prevista regularmente en la norma jurídica, aunque en casos excepcionales puede ser convenida por las partes”153. En este sentido, las defensas previas pueden darse en el proceso único de ejecución, “como el beneficio de inventario y el beneficio de excusión, que dicho sea de paso difícilmente encuentran actuación en el proceso de cognición, siendo su sede natural el proceso de ejecución porque están relacionadas con el principio de responsabilidad patrimonial que justamente el proceso de ejecución (de dar sumas de dinero) tiende a actuar”154. En el siguiente caso, tramitado ante el 3° Juzgado Comercial de Lima, Expediente N° 7480-2013, el ejecutado interpone una defensa previa, señalando que la misma consiste en que venía negociando con el ejecutante la posible solución de la deuda, motivo este que no puede argüirse como defensa previa, veámoslo:

152 SOTO COAGUILA, Carlos Alberto. Comentarios a la Ley peruana de arbitraje. Tomo I, 1ª edición, Instituto Peruano de Arbitraje, Lima, 2011, p. 168. 153 MONROY GÁLVEZ, Juan F. Ob. cit., p. 376. 154 ARIANO DEHO, Eugenia. Ob. cit., pp. 480-481.

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Tercero: Por escrito de folios noventa y nueve a ciento cuatro, la demandada Fernando Zevallos Cabellos S.A.C. formula contradicción al mandato de ejecución, oponiendo defensa previa y la causal de inexigibilidad de la demanda, alegando, esencialmente, lo siguiente: a) respecto de la defensa previa: i) que la demandante debe presentar previamente el informe sobre la gestión iniciada por los ejecutados garantes, tendientes a solucionar el extremo de los intereses y penalidad que inciden directamente en la obligación total, donde se encuentra el monto demandado; ii) que la demanda fue presentada el 2 de agosto de 2013, es decir, dos meses antes del inicio a las gestiones antes referidas; iii) que con fecha 2 de octubre de 2012, las partes iniciaron un trato directo para dar solución a la obligación que se había generado, conjuntamente con los intereses y penalidades, desconociendo el inicio de la demanda de autos, presumiendo que se ha originado por tratarse de áreas diferentes y que no ha habido una comunicación directa que ponga en conocimiento de los precitados acuerdos, lo que se acredita con los medios de prueba que se anexa; iv) que, consecuentemente, estando en vías de solución la cancelación de la deuda, resulta necesario se requiera a la actora los informes sobre el aludido trámite que se inició a fin de colisionar derechos; v) que, asimismo, con fecha 2 de octubre de 2013 se concretó trámites internos con la demandante, donde se generó la obligación mayor, habiéndose solicitado la condonación de los intereses y penalidades que le permita honrar el consolidado de los créditos vencidos; vi) que resulta irregular la acción ejecutiva iniciada ya que no se encuentra determinada la fecha de vencimiento o inicio de exigibilidad que se demanda, tanto más si se encuentra dentro de una obligación mayor y en trámite para solucionar el pago, por lo que la pretensión incoada resulta prematura; y, vii) que existen diferencias en cuanto al monto materia de la reclamación de la demandante, lo que significa graves perjuicios a su precaria situación; en efecto, mientras en la carta de 17 de octubre de 2013, se señala un monto de doscientos once mil cincuenta y seis y 68/100 nuevos soles, en la demanda se indica un monto diferente, por lo que se deberá cuál es monto real adeudado (…). Cuarto: Por su parte, el banco demandante, por escrito de folios ciento veintiséis a ciento treinta, absuelve la contradicción, esencialmente, en los siguientes términos: a) respecto de la defensa previa:

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i) que niega que haya pactado con los demandados la suspensión del cobro de la deuda mientras existan reuniones, conversaciones y negociaciones para cancelar la deuda puesta a cobro; ii) que la demandada Fernando Cabellos S.A.C. reconoce que no ha cancelado sus deudas contraídas, ni lo ha demostrado, lo que ha generado que se ejecute la garantía hipotecaria constituida para respaldar el cumplimiento de las mismas (…). Quinto: Conforme a lo dispuesto por el artículo 455 del Código Procesal Civil, las defensas previas son aquellas que se encuentran previstas por la norma sustantiva, como el beneficio de excusión, el beneficio de inventario, entre otros, a los que debe agregar que el objeto de las mismas es que se suspenda el desarrollo del proceso hasta que el demandante realice la actividad que el derecho sustantivo prevé como acto previo al planteamiento de la demanda. Sexto: La defensa previa planteada por la demandada Fernando Zevallos Cabellos S.A.C. no se encuentra prevista en el Código Civil ni en ninguna otra norma sustantiva, razón por la que, de por sí, debe ser desestimado dicho medio de defensa procesal. Sétimo: Por el contrario, los fundamentos esgrimidos al respecto, importan un modo de defensa contra los argumentos propios de la demanda, relativos a la inexigibilidad de la ejecución, la que también ha sido planteada como causal de contradicción, lo que será analizado en adelante. 3. Inexigibilidad de la obligación Uno de los supuestos de contradicción (oposición) por aspectos sustanciales o de mérito comúnmente utilizado por los ejecutados en el proceso único de ejecución es la inexigibilidad de la obligación. Entendemos que este medio de ataque a la ejecución cuestiona la obligación contenida en el título ejecutivo, es decir, cuestiona al acto contenido en aquel y no al documento que lo contiene. Doctrinariamente, hay distintos discursos de que comprende la inexigibilidad de la obligación, algunos señalan que: “El derecho que el título reconoce debe ser exigible, lo cual supone la concurrencia de dos

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circunstancias: 1. Que sea de plazo vencido: es pacífico en la doctrina de que si existe plazo este debe haber vencido. En las obligaciones a plazo se encuentra supeditada su exigibilidad en tanto el tiempo indicado no transcurra, ya sea para que se ejercite (plazo suspensivo) o para que este cese (plazo resolutorio). Hay obligaciones en las que no existe plazo, son obligaciones exigibles en todo momento; y 2. Que no se halle sujeto a condición: la obligación puede estar sujeta al acaecimiento de un hecho incierto y futuro para su adquisición o resolución. La obligación sujeta a condición no es exigible, para ello es necesario que se verifique la condición”155. Para verificar cuando nos encontramos ante una obligación inexigible, en primer lugar debemos entender que implica una obligación exigible –según el derecho de obligaciones–, para lo cual tomaré el concepto brindado por el profesor español Díez-Picazo, quien enseña que “la obligación es una situación jurídica, en la cual una persona (acreedor) tiene un derecho, que pertenece a la categoría de lo que más arriba hemos llamado derechos personales o de crédito. Es un derecho que le permite exigir o reclamar un comportamiento de otra persona (deudor), que soporta el deber jurídico de realizar en favor de aquel un determinado comportamiento (deber de prestación). Así considerada, la obligación no solo es el deber jurídico, sino también un derecho subjetivo, perteneciente a la categoría de los derechos personales o de crédito. Si se prefiere, es la correlación entre ambos elementos componentes: un deber y un derecho; el crédito y la deuda”156 (el resaltado es nuestro). Para otros, la exigibilidad de la obligación radica “en la facultad que asiste al acreedor de requerir, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento forzoso de la obligación”157. Como podemos observar un rasgo inherente a la obligación es precisamente que jurídicamente pueda ser exigible, es decir, brinda al acreedor los mecanismos legalmente establecidos –extrajudiciales y

155 TAIPE CHÁVEZ, Sara. Ob. cit., p. 304. 156 DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. II Las Relaciones Obligatorias. 6ª edición, Thomson Civitas, Madrid, 2007, p. 49. 157 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Ob. cit., p. 721.

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judiciales– a fin de concretar en la realidad la prestación que se debe realizar por parte del deudor158, en pocas palabras, el acreedor puede solicitar al órgano jurisdiccional competente que se compele al deudor al cumplimiento de la obligación. Priori señala que “el sustento de este mecanismo es el siguiente: si la relación obligatoria ha nacido para satisfacer el interés del acreedor, resulta evidente que este solo podrá verse satisfecho en la medida en que se cumpla con aquella conducta debida. Por ello, si el ordenamiento jurídico protege el interés del acreedor, resulta claro que le debe permitir al acreedor exigir al deudor esa conducta a la que se había obligado, para obtener con ello la satisfacción de su interés (…). Recordemos que en virtud de la relación obligatoria, el deudor está en una situación jurídica de sujeción y como tal el acreedor puede solicitar que el deudor cumpla con la conducta a la que se ha obligado, incluso, forzadamente (…)”159 (el resaltado es nuestro). Lo hasta aquí expuesto permite concluir que las obligaciones de por sí son exigibles, porque es un rasgo inherente a ellas, siendo que su inexigibilidad se puede dar por diversos factores, como por ejemplo una obligación prescrita y que dicha prescripción ha sido declarada judicialmente –ya sea en vía de proceso autónomo o en vía de excepción–, la misma deviene en inexigible ya que la posibilidad de solicitar su cumplimiento judicialmente se ha extinguido. En este orden de ideas, también una obligación deviene en inexigible, cuando esta resulta ser una obligación modal, ello debido a que las obligaciones son clasificadas de acuerdo a como deben cumplirse, clasificándose en obligaciones puras y obligaciones modales.

158 Artículo 1219 del CC.- Acciones del acreedor como efecto de las obligaciones Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo siguiente: 1. Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado. (…). 159 PRIORI POSADA, Giovanni. Código Civil comentado. Tomo VI, 2ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2007, p. 326.

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“Son puras las obligaciones contraídas para cumplirse en forma inmediata y usual. Son modales, cuando ellas están sujetas a condición, que puede ser suspensiva o resolutoria, a plazo o a cargo”160. Debemos tener en cuenta que “los actos modales se ubican en el campo de las relaciones obligacionales y es la razón por la cual el tratamiento legislativo de las modalidades los vincula al Derecho de las obligaciones. Sin embargo, es conveniente precisar que en atención a la sistemática del Código Civil están comprendidos en el tratamiento legislativo que a la teoría del acto jurídico le dispensa nuestro ordenamiento civil”161. En este sentido, estas obligaciones modales son también denominados como los elementos accidentales en la teoría del acto jurídico, y son “denominados así porque no están en la esencia o en la naturaleza del acto jurídico, sino que son elementos meramente eventuales que se incluyen en un determinado acto jurídico por voluntad de las partes, como la condición, el plazo y el modo. No son necesarios para que el acto jurídico cumpla su función social y económica; no afectan la validez, sino la eficacia del acto. No obstante, el plazo y la condición pueden estar impuestos por el ordenamiento jurídico, en cuyo caso ya no son elementos accidentales sino esenciales”162. Tenemos entonces que las modalidades de las obligaciones son la condición, el plazo y el modo o cargo. De no cumplirse estas modalidades pueden hacer devenir en inexigibles las obligaciones, y por tanto, nos encontraríamos ante lo regulado por esta causal de contradicción (oposición), es de notar que lo que se ataca es la obligación que está contenida en el título ejecutivo, mas no el título ejecutivo en sí. Ahora bien, la condición “es el evento futuro e incierto (natural o humano), establecido arbitrariamente por la voluntad del agente (conditio facti), de cuya verificación se hace depender el surgimiento

160 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Ob. cit., p. 124. 161 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. El acto jurídico. 9ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 392. 162 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Acto jurídico. 2ª edición, Idemsa, Lima, 2001, p. 438.

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(condición suspensiva) o la cesación (condición resolutoria) de la eficacia de un acto jurídico (…)”163. Para el proceso único de ejecución debe importar que la obligación contenida en el título ejecutivo no esté sujeta a condición, como por ejemplo, si mediante una escritura pública Z da en posesión el inmueble de su propiedad a B y pacta que B tendrá la obligación de restituirle la posesión a Z cuando W cumpla la mayoría de edad, en caso Z quiera ejecutar la obligación contenida en la escritura pública –título ejecutivo– W tendrá que haber cumplido la mayoría de edad, de lo contrario la obligación será inexigible por cuanto no se ha cumplido la condición. El plazo “como modalidad es el evento futuro y cierto de cuyo acaecimiento se hace depender el nacimiento, la exigibilidad o la finalización de los efectos del acto jurídico”164. A fin de evitar confusiones, debemos indicar que la diferencia entre la condición y el plazo radica en que en el primero el evento futuro es incierto, es decir, no se sabe si ocurrirá o la fecha en que ocurrirá, en cambio, en el segundo se tiene la certeza del hecho a realizarse. En la mayoría de los títulos ejecutivos, el plazo está señalado expresamente, así en los títulos valores como los pagarés, las letras de cambio, etc.; además de las obligaciones contenidas en otros títulos extrajudiciales. En cuanto a los títulos judiciales, estos son exigibles ante el incumplimiento de la obligación contenida ya sea en la sentencia, en el laudo arbitral, en la conciliación judicial, en la transacción judicial, en el auto que aprueba costas o costos procesales. Ahora bien, es claro que ante la ejecución de títulos ejecutivos judiciales nuestro ordenamiento jurídico solo da la posibilidad al ejecutado de contradecir (oponerse) por extinción de la obligación, es decir, la causal de inexigibilidad de la obligación no podrá ser formulada por el ejecutado como causal de su contradicción.

163 Ibídem, p. 440. 164 Ibídem, p. 481.

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Existe un caso regulado en nuestro Código Procesal Civil, en el que podría darse el caso de la ejecución de un título judicial y la obligación contenida en aquel pueda ser inexigible, y el ejecutado ante esta ejecución ilegítima e injusta no tendrá mecanismo procesal alguno para atacar dicha ejecución, nos referimos a la famosa sentencia con condena a futuro165 regulada para los procesos de desalojo. En este supuesto el ordenamiento otorga la posibilidad de solicitar al órgano jurisdiccional tutela preventiva a fin de obtener una sentencia que acogerá una pretensión declarativa condenatoria, es decir, pasible de ejecución, siendo que el plazo para que sea exigible la prestación aún no se ha cumplido, que sucedería si quien obtuvo una sentencia de este tipo a su favor solicita la ejecución de dicho título judicial, es decir, solicita el lanzamiento y el juez lo ordena pese a que el plazo para la restitución del bien no ha vencido, ¿el ejecutado cómo podrá atacar esa ilegítima ejecución?, pues obviamente a través de la contradicción (oposición) sustentada en la causal de inexigibilidad de la obligación, pero la Ley Procesal no le otorga esa posibilidad –lo cual por decirlo menos– es discutible. Como último supuesto de obligaciones modales, tenemos al cargo que “viene a ser un hecho que genera un dar o un hacer que se impone como restricción a la ventaja económica que obtiene la parte que es favorecida con un acto jurídico de disposición gratuita, de una liberalidad en beneficio del propio disponente o de un tercero”166, este supuesto se da muy poco en la práctica. Se puede concluir entonces que si una obligación es modal, es decir, está sometida a condición, plazo o cargo, dicha modalidad tiene que previamente haberse cumplido para que la obligación se torne exigible, caso contrario, el ejecutado podrá interponer su contradicción (oposición) bajo la causal de inexigibilidad de la obligación.

165 Artículo 594 del CPC.- Sentencia con condena a futuro El desalojo puede demandarse antes del vencimiento del plazo para restituir el bien. Sin embargo, de ampararse la demanda, el lanzamiento solo puede ejecutarse luego de seis días de vencido el plazo. (…). 166 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Ob. cit., p. 441.

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En la práctica, vemos que los jueces afirman que el Código Procesal Civil no señala que implica la causal de inexigibilidad de la obligación, pero, la jurisprudencia sí lo ha establecido afirmando casi de manera uniforme que la inexigibilidad se da por razones de tiempo, lugar y modo, en ese sentido, tenemos lo resuelto por el 12° Juzgado Comercial de Lima, en el Expediente N° 307-2010. Sétimo.- Que, según lo dispone el artículo 690-D del Código Adjetivo la parte ejecutada puede contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales y defensas previas; donde la contradicción solo podrá fundarse según la naturaleza del título en: 1. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título; 2. Nulidad formal o falsedad del título; o, cuando siendo este un título valor emitido en forma incompleta, hubiere sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso observarse la ley de la materia; 3. La extinción de la obligación exigida; asimismo la contradicción que se sustente en otras causales será rechazada liminarmente por el juez, siendo esta decisión apelable sin efecto suspensivo; por lo que es pertinente resolver la contradicción, por lo que procederemos a realizar el análisis respectivo de la contradicción formulada. i)

Respecto a la causal de inexigibilidad de la obligación contenida en el título deducida por la parte ejecutada

Octavo: Que, tratándose de la inexigibilidad de un título de ejecución, esta debe estar referida a que dicha obligación se encuentre sujeta a plazo todavía no vencido o sometida a condición o cargo pendiente de cumplimiento; es decir, cuando no se presentan razones de tiempo, lugar y modo para poder ser reclamada válidamente, estas razones se definen de la manera siguientes: 1) RAZÓN DEL TIEMPO: Está referida a “una obligación con plazo que no ha vencido”; en el presente caso, al no haberse cumplido con el pago de la deuda puestas a cobro, se procedió a solicitar el pago de la misma o la ejecución del bien dado en garantía; 2) RAZÓN DEL LUGAR: Se presenta “cuando el actor acude a un juez de un lugar distinto del que se señala en los títulos que contienen la obligación para su cumplimiento”; en este proceso, las partes se sometieron a la jurisdicción de los jueces de Lima, en atención a su domicilio, por lo que es competente este juzgado; y, 3) RAZÓN DE MODO: Está referida

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a que “la obligación está sujeta de una CONDICIÓN o un CARGO, que debía ser cumplido por el ejecutante o cuando la ejecución no se realiza en la forma acordada al contraerse la obligación; en este caso no existe condición, ni cargo pendiente que deba cumplir el ejecutante; por lo que no es procedente amparar la contradicción efectuada, ya que la alegación corresponde a que el referido título valor ha sido llenado de una forma antojadiza y posterior a la aceptación, correspondiendo esta a la causal de emisión de título valor en forma incompleta, o que hubiese sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso observarse la ley de la materia; debiendo por ende ampararse la demanda materia de autos. En mi opinión, este razonamiento en cierta medida resulta erróneo, porque como se ha dicho, para que una obligación sea inexigible debe esta estar sujeta a alguna modalidad, esto es, condición, plazo o modo. Siendo esto así, la razón del lugar pactado para el cumplimiento de la obligación podría ser un supuesto de plus petición, el que ha sido acogido por nuestro legislador regulado como otro medio de defensa, es decir, a través de la excepción de incompetencia. Nos explicamos, “si la petición del actor excede al contexto de los hechos y derecho descritos en su demanda, se va a presentar una situación procesal anómala que es conocida con el nombre de plus petición. Está puede ser de tiempo, cantidad o lugar. Es de tiempo cuando se demanda antes de la fecha en que la obligación es exigible; de cantidad cuando se pretende excesivamente más de lo que se debe y de lugar cuando se demanda en un sitio jurídicamente distinto o precisado por la ley”167. Entonces la plus petición como es conocida por la doctrina y en otras legislaciones, ha sido desarrollada en nuestra legislación procesal mediante otros mecanismos procesales, para la plus petición por razón de tiempo en el proceso único de ejecución podríamos plantear contradicción (oposición) basada en la causal de inexigibilidad de la obligación teniendo como sustento que el plazo para el cumplimiento de la obligación aún no ha vencido y en un proceso de cognición se podría

167 MONROY GÁLVEZ, Juan F. Ob. cit., p. 217.

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plantear una defensa atípica señalando que el demandante carece de interés para obrar168 por las mismas razones que en la contradicción; para la plus petición por razón de lugar la herramienta brindada por le ley procesal es la excepción de incompetencia por razón de territorio –ya tratada anteriormente– tanto en el proceso único de ejecución como en un proceso de cognición. El problema radica en la plus petición por razón de cantidad, ello debido a que el legislador omitió un mecanismo procesal típico para ponerlo de manifiesto, en el proceso de cognición podría plantearse una defensa de fondo señalando que el demandante pretende más de lo que realmente tiene derecho, y si esto es así, el juez en la sentencia declarará fundada en parte la demanda y reducirá el monto a pagar en caso sea una pretensión dineraria; en el proceso único de ejecución para un sector de la doctrina “la solución elemental (y para ello no se requiere sino, como dijimos, tener algo de sentido común), es que frente al acto ‘confesorio’ del ejecutado-deudor de deber menos de lo indicado en el título (pero deber al fin), si es que el acreedor acepta haber recibido tales ‘pagos’ –que en buena sustancia es un ‘allanamiento’ frente a la contradicción del ejecutado– o, inclusive, frente a su negativa, se prueba dichos ‘pagos’, la contradicción es decididamente fundada. Pero, (…) la consecuencia no puede ser la improcedencia de la ejecución, sino que siga la ejecución teniendo en cuenta dichos ‘pagos parciales’ al momento en el que depositado el producto del remate del bien objeto de la ejecución (…)”169. El hecho de que el legislador no haya regulado la plus petición por razón de cantidad como causal de contradicción (oposición), no obvia que el juez valore los pagos parciales realizados por los ejecutados y en todo caso si existe contradicción (oposición), deberá declarar fundada en parte la misma y ordenar proseguir adelante con la ejecución, siendo que dichos pagos parciales serán tomados en consideración en la etapa de la ejecución forzada.

168 El interés para obrar es un presupuesto procesal de la pretensión para posibilitar una sentencia de fondo o de mérito mediante la cual se demuestra que el demandante agotó todos los mecanismos posibles (extrajudiciales) para ver satisfecha su pretensión o en todo caso solo a través del proceso pueda verse satisfecha la misma, siendo que su pedido debe ser exigible jurídicamente al momento de la interposición de la demanda. 169 ARIANO DEHO, Eugenia. Problemas del proceso civil. 1ª edición, Jurista Editores, Lima, 2003, p. 525.

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Ello no quiere decir que la plus petición por razón de cantidad forme parte de la causal de inexigibilidad de la obligación como motivo de contradicción (oposición), debido a que no se ajusta a los parámetros establecidos dentro de dicho supuesto de ataque sustancial, pero ello no quita que mediante una causal de contradicción (oposición) atípica se ponga a conocimiento del juez los pagos a cuenta y este tendrá el deber de tenerlo presente al momento de dictar su auto final. Para culminar el estudio de la causal de inexigibilidad de la obligación como causal de contradicción (oposición), debemos precisar que una obligación se torna inexigible no solo cuando ella está sujeta a alguna modalidad, esto es, condición, plazo o modo, sino podría caber cualquier otro motivo que podría hacer devenir a la obligación en inexigible, lo que debe ser analizado caso por caso, ejemplo de ello lo podemos encontrar ante un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor170 donde estos eventos impedirían la ejecución total o parcial de la obligación, por ello, cuando se interponga la contradicción (oposición) sustentada en la causal de inexigibilidad de la obligación, el juez debe analizar caso por caso las circunstancias que sustentan dicha causal. En este orden de ideas, tenemos lo resuelto por el 14° Juzgado Comercial de Lima, en el Expediente N° 1459-2011, donde el Juzgado declaró fundada la contradicción sustentada en inexigibilidad de la obligación y en consecuencia improcedente la demanda, ello en virtud a que el cronograma de pagos contenido en el título ejecutivo que sustentó la pretensión ejecutiva, había sido dejado sin efecto, por lo tanto, la obligación reclamada tal y como se estableció en la demanda resultaba inexigible. §

Fundamentos de la contradicción

Quinto. El ejecutado José Manuel Franco Argomedo formuló contradicción alegando que la obligación que se le reclama ha devenido en inexigible porque si bien suscribió el contrato de arrendamiento financiero de fecha veintiuno de abril de dos mil nueve que

170 Artículo 1315 del CC.- Caso fortuito o fuerza mayor Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

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se menciona en la demanda y en dicho documento asumió el cronograma de pagos de treinta y seis cuotas que allí aparece inserto, empero, precisa que la entidad demandante ha ocultado que el indicado cronograma de pago fue dejado sin efecto porque ambas partes suscribieron el Testimonio de Escritura Pública del veinte de mayo de dos mil diez (documento que acompaña a su escrito de contradicción) en cuyas cláusulas primera, segunda y tercera se aprecia que el cronograma de pagos estipulado en la Escritura Pública del veintiuno de abril de dos mil nueve fue modificado por las partes en dos oportunidades, estableciéndose nuevas cuotas y plazos, apreciándose de la cláusula tercera del testimonio del veinte de mayo de dos mil diez que se estableció que las cotas debían ser en número de cuarenta y siete, estableciéndose la última cuota para el veintiuno de agosto de dos mil trece. Por las razones reseñadas, el ejecutado considera que el monto aludido en la demanda y contenido en el mandato ejecutivo resulta inexigible al haberse variado los plazos de vencimiento de las cuotas y habiéndose asimismo convenido un nuevo cronograma de pagos. §

Fundamentos de la absolución de la contradicción

Sexto. Al absolver el traslado de la contradicción, la defensa del banco demandante reconoció lo afirmado por el ejecutado en cuanto a la existencia de la modificación del cronograma de pagos del contrato de leasing convenido mediante Escritura Pública del veintiuno de abril de dos mil nueve y sostuvo que por “error involuntario” omitió mencionar dicha circunstancia en su escrito de demanda, precisando que lo único que se rectificó fue el cronograma señalado dado que adolecía de error, motivo por el cual el pago se realizaría en cuarenta y siete cuotas mensuales e indicando que según la Cuarta Cláusula de la Escritura Pública del veinte de mayo de dos mil diez, las partes ratificaron en todos los extremos el Contrato de Arrendamiento Financiero del veintiuno de abril de dos mil nueve, por lo que conforme a las Cláusulas Décimo Novena y Vigésima de dicho contrato, se cursó la carta notarial al demandado por la que se dio por resuelto de pleno derecho el contrato de arrendamiento, debido a que el ejecutado adeudaba más de dos cuotas por concepto de renta, conforme se aprecia de la Liquidación de Leasing Resuelto N° 000384646387 que acompaña a su escrito de absolución.

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Finalmente, sostiene que es evidente que la nueva liquidación guarda total relación con el cronograma contenido en la Escritura Pública del veinte de mayo de dos mil diez, por lo que el ejecutado mal hace en alegar que la acreencia es inexigible, pues considera que se ha acreditado la exigibilidad por razón de tiempo, lugar y modo. (…) Octavo. Establecido lo anterior, corresponde analizar la contradicción formulada, para lo cual debemos indicar que si bien la legislación procesal vigente, así como la anterior, no define las razones por las cuales es posible amparar la contradicción por la causal de inexigibilidad de la obligación puesta a cobro, empero, a partir de la labor realizada en los tribunales podemos afirmar que ella consiste en la falta de vencimiento del plazo o incumplimiento de alguna condición establecida por las partes en la celebración del acuerdo, ya que la exigibilidad se presenta cuando “(…) el derecho, aún cierto y líquido, no esté sujeto en su ejercicio a hechos, eventos o actos que impidan el ejercicio mismo de él. Así, si existe un plazo, este deberá haber expirado; si existe una condición suspensiva, esta deberá haberse verificado; si hay la obligación de una contraprestación, esta deberá haber sido prestada o, por lo menos, ofrecida; si debe realizarse un acto precedente al ejercicio del derecho, se lo deberá haber cumplido previamente, etc.” (ROCCO, Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Volumen IC, Temis - Depalma, Buenos Aires, 1976, p. 145). Noveno. En el presente caso, pese a que inicialmente se sustentó la pretensión postulada en el mérito de la Escritura Pública del veintiuno de abril de dos mil nueve y el incumplimiento del cronograma de pagos que en dicho documento aparece inserto (además de la carta notarial cursada al ejecutado), durante el desarrollo del proceso se ha acreditado que dicho cronograma de pagos fue dejado sin efecto y modificado por expreso acuerdo de las partes, primero, mediante Escritura Pública del veintiocho de abril de dos mil diez y, luego, por Escritura Pública del veinte de mayo de dos mil diez, según se aprecia de las Cláusulas Primera, Segunda y Tercera del último de los documentos mencionados.

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Décimo. Siendo así, es evidente que la demanda no resulta atendible pues el sustento invocado al interponerla ha quedado totalmente desvirtuado con el mérito de la Escritura Pública del veinte de mayo de dos mil diez (fs. 47 a 50), en cuya virtud se acredita plenamente que el cronograma de pagos contenido en la Escritura Pública del veintiuno de abril de dos mil nueve (fs. 8 a 18) fue dejado sin efecto y modificado, motivo por el cual la obligación reclamada deviene en inexigible en los términos en que se planteó la demanda, máxime si como se aprecia de contrastar las liquidaciones de fojas 20 y 76, la propia parte ejecutante reconoce las modificaciones en el cronograma de pagos, siendo que en la primera liquidación se consignó que las cuotas seis, siete, ocho y nueve tenían como fecha de vencimiento los días veintiuno de los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil diez y veintiuno de enero de dos mil once, en tanto que en la segunda liquidación se consigna que las mismas cuotas seis, siete, ocho y nueve ahora aparecen con fechas de vencimiento los días veintiuno de los meses de marzo, abril, mayo y junio del año dos mil diez, siendo lo más resaltable (que ratifica la decisión en cuanto a que la incoada no es amparable por inexigibilidad de la obligación) el hecho que en esta última liquidación –completamente diferente a la acompañada a la demanda– las aludidas cuotas seis, siete, ocho y nueve aparecen como “cuotas pagadas” a diferencia de lo que ocurre en la liquidación acompañada a la demanda donde aparecen como “cuotas no pagadas”. Décimo primero. Siendo así, se concluye que las obligaciones cuyo cumplimiento se reclama a través de la demanda no resultan exigibles según el material probatorio incorporado al proceso, debiendo agregar que este Despacho no puede soslayar que en la carta notarial de resolución de contrato de fojas 19 se imputa al ejecutado el incumplimiento de pago de dos cuotas, según lo acordado en la Escritura Pública del veintiuno de abril de dos mil nueve, pese a que el cronograma de pagos allí contenido fue modificado hasta en dos ocasiones, siendo la última la acordada en la Escritura Pública del veinte de mayo de dos mil diez que, a mayor gravedad, resulta ser un acuerdo anterior a la mencionada carta notarial, fechada y diligenciada en el mes de enero de dos mil once.

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4. Iliquidez de la obligación Cuando nuestra ley procesal señala como causal de contradicción (oposición) a la iliquidez de la obligación, lo que hace es brindar la herramienta al ejecutado de atacar la ejecución en su contra por cuanto no se cumple uno de los caracteres de la obligación que se pretende ejecutar, es decir, nos encontramos ante el cuestionamiento de un aspecto sustancial de la obligación, y esto se da en las obligaciones de dar suma de dinero171. Hay quienes han señalado “que la liquidez supone dos condiciones de la obligación, a saber, certeza en cuanto a su existencia y determinación respecto a su cuantía”172, lo cual es un error evidente, debido a que se trata de dos aspectos diferentes, esto es, el de la certidumbre y de la liquidez. Esta confusión puede deberse a que tanto nuestro Código Civil y el Código Procesal Civil no señalan que es una obligación líquida, debiendo por tanto recurrirse para ello a la doctrina. “La certeza de una deuda –precisan– responde a su existencia indiscutida, mientras que lo relativo a la determinación de su importe, el conocer a cuánto asciende lo que se debe, es en verdad la cuestión de liquidez”173. En España, Montero nos enseña que “requisito inexcusable para el despacho de la ejecución dineraria es que del título mismo, sea judicial o extrajudicial, resulte el deber de entregar una cantidad de dinero líquida (art. 571). La LEC considera líquida toda cantidad determinada que se exprese en el título mediante letras, cifras o guarismos comprensibles, señalando que en el caso de que exista disconformidad entre diversas expresiones de cantidad, prevalecerá la que conste con letras (art. 572.1). (…) Es evidente que la LEC no eleva la liquidez a requisito ineludible para despachar la ejecución, pues siempre es posible la existencia de

171 Artículo 689 del CPC.- Requisitos comunes Procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser, además, líquida o liquidable mediante operación aritmética. 172 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Ob. cit., p. 719. 173 Ibídem, p. 720.

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prestaciones no directamente pecuniarias; pero lo que la LEC sí hace es considerar la liquidez elemento necesario para despachar la ejecución cuando se trata de obligaciones pecuniarias, de modo que, para los casos en que el título no es líquido establece que es necesario liquidar antes de despachar la ejecución. Tratándose de obligaciones dinerarias no hay despacho de ejecución que no se refiera a una cantidad líquida, esto es, perfectamente determinada”174. Lo expuesto en el párrafo anterior es perfectamente aplicable a nuestro ordenamiento jurídico, motivo por el cual, el que la obligación contenida en el título ejecutivo sea líquida o liquidable mediante operación aritmética, es un requisito para que el juez pueda despachar ejecución con el correspondiente mandato ejecutivo. Cuando la norma procesal señala que la obligación contenida en el título ejecutivo debe –por lo menos– ser liquidable mediante operación aritmética, quiere decir que dicha obligación debe ser pasible de determinarse a través de operaciones como la suma o adición, resta o sustracción, multiplicación y división. Ahora bien, en el caso en que el juez obvie este requisito para despachar ejecución, el ejecutado podrá formular contradicción (oposición) atacando la ejecución por la causal de iliquidez de la obligación, esto es, alegando –y probando– básicamente que la cuantía de la obligación no está determinada y tampoco es pasible de determinarse mediante operación aritmética, con lo cual el juez tendrá que declarar fundada la contradicción y denegar proseguir con la ejecución. Lo extraño resulta que tanto los títulos ejecutivos judiciales como extrajudiciales pueden contener obligaciones ilíquidas y nuestra normativa procesal NO permite interponer esta causal de contradicción (oposición) contra la ejecución de títulos judiciales, lo que evidentemente atenta contra el derecho del ejecutado a una tutela jurisdiccional efectiva, en estricto a la posibilidad de cuestionar una ejecución ilegítima.

174 MONTERO AROCA, Juan. Tratado de proceso de ejecución civil. Tomo II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 1274.

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5. Nulidad formal del título La nulidad formal del título es aquel ataque al documento en sí, es decir, no busca atacar a la obligación contenida en el título ejecutivo, sino por el contrario, cuestiona la falta de requisitos de validez del título ejecutivo como documento, se cuestiona si el documento título ejecutivo ha sido emitido conforme a ley, y no se ataca el acto jurídico que da origen a la obligación. En este orden de ideas, se dice que mediante esta causal de contradicción (oposición) se cuestiona “la mera nulidad del documento, de la forma externa que asume el título, no del acto que contiene (…)”175. Además se dice que el título ejecutivo “se cuestiona de nulo cuando no acoge la forma señalada por ley”176. Los títulos ejecutivos extrajudiciales podrán ser posibles de cuestionamiento formal si no cumplen con los requisitos de ley, como por ejemplo en el caso que el título ejecutivo lo constituya una escritura pública que contenga la obligación que se pretenda ejecutar, y esta no cumpla con los requisitos exigidos por la Ley del Notariado, dicho documento será nulo formalmente, asimismo, en el caso de títulos valores que no cumplan los requisitos esenciales señalados en la Ley de Títulos Valores, los mismos serán nulos formalmente. Como se observa, con esta causal de contradicción no se ataca la obligación contenida en la escritura pública o en los títulos valores, sino se cuestiona que los documentos no cumplen los requisitos legalmente establecidos para que tengan la calidad de títulos ejecutivos, y por tanto, no podrían despachar ejecución. Por otro lado, un punto que merece ser abordado es la diferencia entre esta causal de contradicción (oposición) y la cuestión probatoria de la tacha.

175 ARIANO DEHO, Eugenia. El proceso de ejecución. Ob. cit., p. 480. 176 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo III. Ob. cit., p. 407.

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En efecto, a través de la tacha se busca restar eficacia probatoria a un documento –medio probatorio– admitido al proceso177, por ser nulo o falso. Cuando el Código Procesal Civil se refiere a la posibilidad de interponer tacha contra los documentos –además contra los testigos– esto debe darse únicamente en los procesos de cognición178, y no en el proceso único de ejecución –no regula el trámite de la tacha–, ello porque en la Ejecución no hay medio probatorio alguno, el título ejecutivo contiene un derecho cierto y, por lo tanto, no puede restársele eficacia a través de una tacha porque no es un medio probatorio. Además, entendida la contradicción (oposición) como demanda incidental dentro del proceso único de ejecución se entiende que la causal de nulidad formal del título es la herramienta adecuada para cuestionar una ejecución ilegítima porque el supuesto título ejecutivo no cumple los requisitos señalados por ley para despachar ejecución. Por lo general, ocurre que los ejecutados al plantear la contradicción sustentada en la causal de nulidad formal del título, se refieren a aspectos sustanciales del contenido de la obligación, o, en su defecto, cuestionan documentos que son requisitos de procedencia de la demanda ejecutiva en ciertos casos –demanda de ejecución en la modalidad de ejecución de garantías–179, pero no son el título ejecutivo, así podemos

177 Artículo 243 del CPC.- Ineficacia por nulidad de documento Cuando en un documento resulte manifiesta la ausencia de una formalidad esencial que la ley prescribe bajo sanción de nulidad, aquel carece de eficacia probatoria. Esta declaración de ineficacia podrá ser de oficio o como consecuencia de una tacha fundada. 178 Artículo 301 del CPC.- Tramitación La tacha u oposición contra los medios probatorios se interponen en el plazo que establece cada vía procedimental. 179 Artículo 720 del CPC.- Procedencia 1. Procede la ejecución de garantías reales, siempre que su constitución cumpla con las formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada se encuentre contenida en el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo. 2. El ejecutante anexará a su demanda el documento que contiene la garantía, y el estado de cuenta de saldo deudor. 3. Si el bien fuere inmueble, debe presentarse documento que contenga la tasación comercial actualizada realizada por dos ingenieros y/o arquitectos colegiados, según corresponda, con sus firmas legalizadas. Si el bien fuere mueble, debe presentarse similar documentos de tasación, la que, atendiendo a la naturaleza del bien, debe ser efectuada por dos peritos especializados, con sus firmas legalizadas. 4. No será necesaria la presentación de nueva tasación si las partes han convenido el valor actualizado de la misma. 5. Tratándose de bien registrado se anexará el respectivo certificado de gravamen. (…).

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citar lo resuelto por el 14° Juzgado Comercial de Lima, en el Expediente N° 5716-2011. Octavo. Que, en relación a la causal de nulidad formal del título, debe indicarse que ello exige probar que existe un defecto de forma, mas no de fondo, en relación al título ejecutivo. En cuanto este tema, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, al analizar la causal de nulidad formal del título ejecutivo que en su momento previó el artículo 700 del Código Procesal Civil (hoy derogado), en razonamiento aplicable mutatis mutandis al presente caso, señaló: “(…) cuando se invoca la nulidad formal de un título ejecutivo el juzgador no podrá fundar su decisión en cuestiones de fondo sino únicamente en cuestiones formales relativas al título (…)” pues “(…) la nulidad formal establecida en dicho proceso ejecutivo se configura cuando el título presenta defectos formales, esto es, vicios relacionados con la parte externa del mismo, que tornan inviable su ejecución (…)” (Cfr. Casación Nº 2150-2008-LAMBAYEQUE del dieciocho de noviembre de dos mil ocho, publicada en el portal del Poder Judicial: . Noveno. Que, de la lectura de los argumentos expuestos en una y otra contradicción, se tiene que la alegada nulidad formal invocada por los dos ejecutados no contiene cuestionamiento alguno dirigido a demostrar la existencia de defectos formales en el título materia de ejecución. Por lo demás, los argumentos expuestos por ambos ejecutados carecen de asidero pues: (i) En el presente caso sí se ha presentado estado de cuenta de saldo deudor, documento que obra a fojas 33 y 34, debiendo precisar que allí aparece claramente consignado el nombre de la persona responsable de su elaboración y que no existe dispositivo legal alguno que imponga la formalidad de legalización de firma en torno a dicha instrumental; (ii) La tasación comercial actualizada de los dos inmuebles materia de ejecución, suscrita por dos ingenieros cuyas firmas han sido legalizadas, obra de fojas 35 a 39; (iii) Los certificados de gravamen por cada uno de los inmuebles hipotecados aparecen de fojas 54 a 59, documentación presentada en cumplimiento de lo ordenado por resolución uno; (iv) Del contenido de la escritura pública del treinta de julio de dos mil ocho se aprecia que los ahora ejecutados son, a la vez, deudores y garantes

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hipotecarios; (v) Con el mérito de los certificados de gravamen mencionados precedentemente y la escritura pública de Aclaración de Compraventa e Hipoteca de fecha veintiocho de junio de dos mil diez (acompañada al escrito de subsanación de demanda) que obra de fojas 60 a 63, se acredita que los bienes hipotecados sí existen; y en cuanto a la alegada prohibición de constituir hipoteca sobre bienes futuros, debe indicarse que dicho argumento no se relaciona con la validez formal del título materia de ejecución, por lo que no es idóneo para sustentar la contradicción formulada, máxime si ambos ejecutados reconocen que sí firmaron la constitución de garantía hipotecaria. 6. Falsedad del título A través de esta causal de contradicción (oposición), el ejecutado ataca al documento y no a la obligación contenido en aquel, aunque en muchos casos podría darse el supuesto que coincida tanto la falsedad del documento como la falsedad del acto jurídico que contiene la obligación. Aquí, el ejecutado podrá alegar que el título ejecutivo ha sido adulterado, ya sea en todo o en parte, y como tal no tiene mérito ejecutivo. En efecto, cuando se ha falsificado la firma de un aceptante –deudor– de un título valor, este podrá contradecir (oponerse) a la ejecución alegando que el título ejecutivo es falso, en este supuesto, podría darse el caso que efectivamente si exista la obligación, pero ante la falsificación de la firma en el título valor le resta mérito ejecutivo al mismo, y no podría considerársele como un título ejecutivo. De igual forma si nos encontramos ante una escritura pública adulterada, donde la firma del deudor ha sido falsificada nos encontraremos ante el mismo supuesto, aquí puede darse el caso que el acto jurídico carezca de manifestación de voluntad por cuanto el deudor no manifestó su voluntad en el contrato –al no suscribir la escritura pública–, pero debemos tener presente que ello no se ataca con esta causal de contradicción (oposición), sino se procura restarle mérito ejecutivo al “título ejecutivo”.

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Obviamente y como demanda incidental que es la contradicción (oposición), la carga de probar sus afirmaciones la tiene el ejecutado que contradice (opone), por lo que es común que se ofrezca como medio probatorio la pericia grafotécnica. Ahora bien, conforme se expuso al estudiar a la nulidad formal del título como causal de contradicción (oposición), la falsedad de un documento también es atacada a través de la tacha en los procesos de cognición, por tanto, los argumentos que esgrimimos anteriormente son perfectamente aplicables para diferenciar esta causal de contradicción (oposición) con la tacha contra los medios probatorios. Para culminar, debemos tener en cuenta que es posible que en la práctica se dé algún supuesto de falsificación de títulos judiciales, ante ello, habría que preguntarnos ¿acaso no es posible que se falsifique una sentencia, una transacción homologada judicialmente, una conciliación aprobada judicialmente o un laudo arbitral?, pues para nosotros a pesar de ser difícil que ello se dé en la práctica, la respuesta es afirmativa. Es más, para ejecutar un laudo arbitral, el ejecutante solo deberá adjuntar copia simple del laudo180, y este despachará ejecución, de lo cual se colige que no existe mecanismo procesal en el caso de títulos judiciales para cuestionar su falsedad. Sobre todo, en los casos como el laudo arbitral donde el expediente no está en potestad del juez, lo que dificultará que conozca la falsedad o no del laudo. Inclusive, en el derecho comparado si se prevé está situación. En España la doctrina nos enseña que “(…) Consecuencia de ello ha sido añadir un número 4° en el artículo 559.1 de la LEC, conforme al cual se configura como causa de oposición por defectos procesales la falta de autenticidad del laudo, si bien únicamente cuando no se hubiere procedido a la protocolización notarial del laudo”181.

180 Artículo 68 de la LGA.- Ejecución judicial 1. La parte interesada podrá solicitar la ejecución del laudo ante la autoridad judicial competente acompañando copia de este y de sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones y, en su caso, de las actuaciones de ejecución efectuada por el tribunal arbitral. 181 MONTERO AROCA, Juan. Tratado de proceso de ejecución civil. Tomo II. Ob. cit., p. 823.

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7. Llenado de título valor emitido de forma incompleta contrario a los acuerdos adoptados Esta causal de contradicción (oposición) abarca un supuesto específico y distinto a la nulidad formal del título o a la falsedad del título, para este caso específico, el legislador optó por regularlo expresamente atendiendo a que en la práctica comercial se hizo común la emisión en forma incompleta de títulos valores para su posterior llenado por parte del acreedor, lo que en cierta medida podía ocasionar abusos por parte de estos contra sus deudores. En efecto, el artículo 10 de la Ley de Títulos Valores182 permite la emisión de esta clase de títulos valores, teniendo como límite que en su llenado se respeten los acuerdos adoptados entre el acreedor y deudor, esta práctica es realizada en su mayoría por las entidades del sistema financiero, para ser más exactos, por los bancos, los mismos que hacen firmar a sus deudores títulos valores en blanco, para en caso de que con posterioridad incumplan sus préstamos, ellos puedan llenar conforme a lo establecido en los contratos que originan estos títulos valores, y así puedan ingresar directamente al proceso único de ejecución y no tengan que transitar por un proceso de cognición. Al comentar el mencionado artículo 10 de la Ley de Títulos Valores, la doctrina ha enfatizado que: “El artículo 10 de la Ley admite la posibilidad de que un título valor se haya emitido en forma incompleta, es decir, que le falte alguno de los requisitos que ella señala, pero permite que el título pueda ser completado posteriormente. (…) El deudor, al aceptar un título valor en blanco o incompleto, asume un compromiso con el texto completo de aquellos, admitiendo por anticipado las añadiduras que se le hagan para integrarla, siempre y cuando estas se efectúen de acuerdo a lo convenido. (…) El artículo 10 reconoce la licitud del título valor incompleto, disciplinando uno de los aspectos más discutidos, o sea, el acuerdo de completar el título respecto a las modalidades y al contenido de lo que se ha de llenar, vale decir, la integración del título

182 Artículo 10 de la LTV.- Título valor emitido incompleto 10.1 Para ejercitar cualquier derecho o acción derivada de un título valor emitido o aceptado en forma incompleta, este deberá haberse completado conforme a los acuerdos adoptados. En caso contrario, el obligado podrá contradecir conforme al artículo 19 inciso e).

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con los elementos que le faltan, pero esto en referencia a las relaciones entre las partes y el tercero poseedor de buena fe”183. En ese orden de ideas, la propia Ley de Títulos Valores184, señala que para este supuesto de contradicción (oposición), el ejecutado deberá necesariamente adjuntar el documento donde consten los acuerdos que alega han sido contravenidos, esto guarda perfecta relación con el discurso esbozado, es decir, que la contradicción (oposición) es una demanda incidental dentro del proceso único de ejecución y como tal quien la formula tendrá la carga de probar los hechos alegados a fin de restarle la eficacia ejecutiva al título –en este caso al título valor–. Por lo expuesto, queda claro que el llenado contrario a los acuerdos adoptados genera que el título valor –considerado dentro del proceso único de ejecución como título ejecutivo– carezca de mérito ejecutivo y por tanto deberá denegarse la ejecución. En consonancia con la posición adoptada por el legislador respecto a la carga de la prueba cuando se alega esta causal de contradicción (oposición), tenemos lo resuelto por el 8° Juzgado Comercial de Lima, Expediente N° 440-2011, donde efectivamente el acuerdo fue adjuntado por el ejecutado y el juez verificó que no se habían transgredido los acuerdos adoptados. 1.1.1. Como se ha señalado, el coejecutado ha contradicho el mandato único de ejecución afirmando que se ha completado el pagaré contraviniendo lo acordado por las partes, y refiere que el pacto para el llenado se encuentra contenido en la cláusula cuarta del contrato de mutuo con garantía hipotecaria de fojas cuarenta y dos. (…)

183 MONTOYA MANFREDI, Ulises; MONTOYA ALBERTI, Ulises y MONTOYA ALBERTI, Hernando. Comentarios a la Ley de Títulos Valores. 8ª edición, Idemsa, Lima, 2012, p. 78. 184 Artículo 19 de la LTV.- Causales de contradicción (…). e) que el título valor incompleto al emitirse haya sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, acompañando necesariamente el respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos por el demandante; y…

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En la cláusula cuarta de este segundo contrato, se tiene que en caso de incumplimiento por parte de los mutuatarios, la empresa financiera estaba facultada a dar por vencidos todos los plazos y exigir el pago del íntegro del saldo, y a dichos efectos se autorizaba al banco a completar el pagaré que en ese momento se emite en forma incompleta. De esta manera se tiene, por un lado, que es verdad se emitió el título valor objeto de proceso, en forma incompleta, como lo asevera el ejecutado y como reconoce tácitamente el ejecutante, en su escrito de absolución de contradicción. Por otro lado, se ha acompañado el documento, en este caso, la cláusula cuarta en la cual se han acordado las condiciones para su llenado. 1.1.2. El ejecutado señala que no es cierto que, su persona y su cónyuge hayan aceptado, el diez de setiembre del dos mil ocho y tampoco han pactado la fecha de vencimiento del mismo el día treinta de octubre del dos mil ocho. Se verifica de la lectura de la precitada cláusula cuarta del contrato de préstamo hipotecario que el pagaré no contenía monto, tasa de interés compensatorio y moratorio, ni fecha de vencimiento, por lo que no se acredita que la fecha de vencimiento que aparece en el título sea distinta a la pactada puesto que al momento de emitirse el mismo, no se encontraba consignada, no existiendo un llenado que contraviene lo acordado por las partes. Y en el segundo caso tramitado ante el 12° Juzgado Comercial de Lima, Expediente N° 7925-2012, donde el ejecutado pretendió invertir la carga de la prueba señalando que el ejecutante debió adjuntar el contrato donde constaban los acuerdos adoptados, criterio este que contraviene expresamente lo establecido por la Ley de Títulos Valores y que felizmente no fuera acogido por el juez. Cuarto: Asimismo, de conformidad con el artículo 690-D del Código Procesal Civil dentro de cinco días de notificado el mandato ejecutivo, el ejecutado puede contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales o defensas previas, ofreciendo los medios probatorios que considere pertinente.

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En el caso de autos, el ejecutado formuló contradicción dentro del plazo que establece la ley, invocando que se había completado el título valor contrariamente a los acuerdos adoptados, por lo siguiente: 1) haberse consignado un monto excesivo; 2) no haberse acompañado el contrato y liquidación que dé sustento a la cantidad puesta a ejecución, por que lo sugiere se practique prueba de oficio. Mediante escrito de fecha 21 de marzo de dos mil trece el banco ejecutante absuelve la contradicción invocando haber llenado el título valor de acuerdo a los acuerdos adoptados con el ejecutado, conforme se desprende del contrato de tarjeta empresarial capital de trabajo suscrito con el ejecutado y que con la carta notarial se prueba que el pagaré puesto a cobro fue llenado sin transgredirse ni violándose los acuerdos pactados. Quinto: Respecto a la causal invocada, el artículo 19 literal e) de la Ley Nº 27287 señala que el demandado puede contradecir la acción fundándose en “(…) que el título valor incompleto al emitirse haya sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, acompañando necesariamente el respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos por el demandante (…)”. Pues bien, en el caso de autos el ejecutado no ha acompañado el documento en donde consten los acuerdos que invoca no se han observado, lo que hace improcedente su contradicción. Sin perjuicio de ello, el banco ejecutante acompaña el contrato de cuenta especial tarjeta de crédito de fojas cincuenta y nueve a sesenta y uno vuelta, en cuya cláusula dieciocho se establecen las reglas para completar el pagaré emitido por el demandado. La cláusula señala en principio que el banco podrá completar los datos cuando el cliente incurra en cualquiera de los supuestos comprendidos en las cláusulas décimo tercera (hoja resumen informativa) y décimo cuarta (vencimiento anticipado de plazos) Este primer punto ha quedado acreditado desde que el mismo ejecutado reconoce en su escrito de contradicción adeudar al banco ejecutante precisando “considero que le adeudo una suma menor a lo señalado por ellos (…)”, por lo que siendo que las afirmaciones vertidas por las partes en sus escritos, tienen la condición de declaración asimilada, de acuerdo al artículo 221 del Código procesal Civil, este primer supuesto está acreditado.

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Por otro lado, al sostenerse por la parte demandada que se encuentra adeudando una suma de dinero al ejecutante también se acredita que le es de aplicación lo previsto en el literal e) de la cláusula décimo cuarta del contrato de cuenta especial - tarjeta de crédito, según la cual se autoriza a completar el pagaré y llevarlo a cobro cuando el cliente mantiene una o más obligaciones vencidas con el banco. En cuanto al monto del pagaré, la cláusula dieciocho que es citada, autoriza al banco a realizar una liquidación en la que se incluya la suma total adeudada hasta la fecha de dicha liquidación, comprendiéndose capital, intereses compensatorios, moratorios, comisiones, seguros y gastos a las tasas más altas que tenga establecidas. Pues bien, la parte ejecutada sostiene que considera que el monto que adeuda es menor, pero no precisa la suma que a su criterio adeuda, ni menos aún acredita que deba un monto distinto al consignado en el pagaré. Adicionalmente, con la carta de fojas sesenta y uno (que fue remitida por vía notarial al ejecutado), se demuestra que el ejecutante puso en conocimiento de su deudor el monto por el cual posteriormente procedería a completar el título valor, comunicación cuyo contenido no fue cuestionado por el ejecutado, por lo que este extremo de la defensa también debe desestimarse. Sexto: Además de lo dicho, se expone como fundamento de la contradicción no haberse acompañado el contrato de cuenta especial tarjeta de crédito y la liquidación que sustenta la cantidad puesta a ejecución; sin embargo el contrato fue presentado por el ejecutante al absolver la contradicción (el mismo que corre de fojas cincuenta y nueve a sesenta y uno) y en cuanto a la liquidación, toda vez que según la carta de fojas sesenta y uno, al completarse el pagaré únicamente se consignó la suma capital, resulta irrelevante el contar con la liquidación de los otros conceptos permitidos por el contrato; más aún cuando el mismo ejecutado no prueba cuál sería la suma menor que, de acuerdo a su dicho, debe a BBVA Banco Continental, razones estas por las que también se desestima este extremo de la contradicción. Para culminar el estudio de esta causal de contradicción (oposición), en el año 2011 se llevó a cabo el Pleno Jurisdiccional Distrital Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde se tocó un tema que

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tiene relación con el objeto de estudio, para efectos prácticos y educativos transcribimos lo pertinente: TEMA I Caso propuesto: Una institución bancaria interpone una demanda en la vía del proceso único de ejecución cobrando un título valor emitido o aceptado en forma incompleta y completado por dicha institución. Omite mencionar que se trata de un título valor emitido o aceptado incompleto. El ejecutado al formular contradicción señala que se trata de un título valor emitido de manera incompleta y que se ha completado contraviniendo los acuerdos adoptados. Además, manifiesta que se han hecho pagos parciales, presenta algunos voucher de pago y concluye que la suma por la cual se completó el título valor es mucho mayor a la que realmente adeuda al banco (o que no adeuda suma alguna). No presenta el documento donde consten los acuerdos adoptados que habrían sido transgredidos ni liquidación alguna que demuestre como los argüidos pagos parciales han disminuido la deuda (o la han extinguido). El banco al absolver la contradicción, reconoce que se trata de un título valor emitido incompleto, reconoce parte de los pagos efectuados por el ejecutado como vinculados con la obligación que dio origen a la emisión del título valor incompleto; y, afirma que dichos pagos parciales efectuados con anterioridad al vencimiento del título valor han sido tomados en cuenta al momento de completar el mismo. Acuerdo plenario.- El juez debe dictar una resolución ordenando como prueba de oficio que la entidad ejecutante presente una liquidación de estado de cuenta de saldo deudor y el contrato o relación causal que le dio origen a efectos de verificar cómo es que la entidad ejecutante determinó el monto que se consignó en el título valor incompleto, discriminando el capital adeudado, intereses y otros conceptos que se hayan incorporado en el mencionado monto.

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En este caso propuesto por los jueces comerciales del distrito judicial de Lima, vemos como la casuística supera lo establecido en abstracto por el legislador. En efecto, mediante este acuerdo plenario se desprende que en casos como estos, la regla de la carga de la prueba, esto es, quien alega un hecho debe probarlo, pasa a un segundo plano. Ello se da porque se entiende que el incidente de contradicción (oposición) genera una cognición sumaria, lo cual origina que el juzgador tenga el deber de ordenar pruebas de oficio conforme a las reglas establecidas para ello185, a fin de esclarecer si el título ejecutivo –en este caso título valor– cumple los requisitos establecidos por la ley –llenado de acuerdo a lo acordado–. Es decir, cuando el ejecutado cuestione el monto consignado en el título valor emitido de forma incompleta y para ello adjunte recibos de pagos anteriores a la fecha de vencimiento del mismo, es el ejecutante quien deberá acreditar cómo se han imputado esos pagos parciales y que dicha imputación está conforme con lo acordado para el llenado del título valor. Esta postura podría considerarse como proteccionista o pro deudor, pero si analizamos en concreto, es el ejecutante quien estará en mejor posición de explicar cómo ha imputado los pagos parciales, es decir, estamos en buena cuenta ante una inversión de la carga de la prueba de facto o lo que la doctrina argentina señala como cargas probatorias dinámicas186. 8. Extinción de la obligación Esta causal de contradicción (oposición) por aspecto sustancial o de mérito, tiene como fundamento algún hecho extintivo de la obligación,

185 Para que sea factible la prueba de oficio en el proceso civil, la doctrina ha establecido ciertos requisitos los cuales deben cumplirse a fin de que la imparcialidad del juzgador no se vea trastocada, dichos requisitos son: i) Debe referirse a hechos controvertidos, es decir, hechos necesitados de probarse; ii) La fuente de prueba debe desprenderse del proceso, en el caso propuesto por los jueces comerciales tanto en la contradicción (oposición) como en su absolución (contestación a la oposición) se menciona a los acuerdos para el llenado del título valor; y, iii) Habrá que respetarse el principio de contradicción en materia probatoria. 186 La doctrina de las cargas probatorias dinámicas no es otra cosa que una manifestación del principio de colaboración en el proceso civil, y esto quiere decir que quien esté en mejores posibilidades de probar debe hacerlo.

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es decir, mediante este ataque a la ejecución, lo que se cuestiona es la existencia de la obligación, se cuestiona el derecho contenido en el título ejecutivo, motivo por el cual las causas de extinción de obligaciones están reguladas en la norma sustantiva, es decir, en el Código Civil. Asimismo, debe apreciarse que es la única causal para formular contradicción (oposición) a un título ejecutivo de naturaleza judicial. En efecto, según lo regulado en el tercer párrafo del artículo 690-D187 del CPC “(…) la contradicción se basa solo en dos causales ´el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación´, sin embargo, debemos tener en cuenta que en el caso del pago, la redacción del artículo se torna en redundante, pues el cumplimiento de este, es una forma de extinguir la obligación. Concurren aquí ambos supuestos”188. La extinción de la obligación abarca diversos supuestos, siendo por excelencia el pago uno de ellos, motivo por el cual tendremos que realizar un análisis de todos los supuestos que pueden abarcar esta causal de contradicción (oposición). Como ya lo he señalado líneas arriba, el pago189 es el medio natural de extinción de las obligaciones, por ello se ha dicho que “el pago puede definirse como el medio ideal de extinción de las obligaciones. El pago implica la ejecución de la obligación en las condiciones convenidas en su origen, es decir, el cumplimiento dentro de los términos previstos. Pagar es actuar conforme a lo debido. Pagar es llegar al destino natural de toda obligación. Significa la ejecución voluntaria de la misma, en estricto orden a lo convenido o previsto por la ley”190. El maestro francés Pothier respecto al pago nos enseña que “el pago real es el cumplimiento real de lo que uno se ha obligado a dar o hacer.

187 Artículo 690-D del CPC.- Contradicción (…) Cuando el mandato se sustente en título ejecutivo de naturaleza judicial, solo podrá formularse contradicción, dentro del tercer día, si se alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación, que se acredite con prueba documental. (…). 188 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Ob. cit., p. 416. 189 Artículo 1220 del CC.- Noción de pago Se entiende efectuado el pago solo cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación. 190 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Ob. cit., p. 444.

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Cuando la obligación es de hacer alguna cosa, el pago real de esta obligación consiste en hacer la cosa que uno se ha obligado a hacer (…). Cuando la obligación es de dar alguna cosa, el pago es la traslación de la propiedad de esta cosa (…). Es evidente que aquel que ha satisfecho su obligación queda libre de ella: de donde se sigue que el pago real, que no es otra cosa que el cumplimiento de la obligación, es la manera más natural de extinguir la obligación”191. En virtud de ello, entendemos que el pago implica el cumplimiento de la prestación, ya sea de dar, hacer o no hacer; en el caso de una prestación de dar podría ser el caso en que en un título valor (título ejecutivo) se refleja la obligación de pagar una suma de dinero, en dicho caso el deudor al pagar el monto contenido en dicho título valor habrá extinguido su obligación; en el caso de una prestación de hacer si dicha obligación se encuentra en una escritura pública (título ejecutivo), imaginemos realizar una pintura con tales características, si el pintor realiza la pintura con las características pactadas habrá pagado su obligación y la misma como consecuencia se habrá extinguido, para el caso de las prestaciones de no hacer se entiende el mismo fundamento solo que la prestación consistirá en no realizar un acto durante un tiempo determinado, obligación contenida también en una escritura pública (título ejecutivo), cumplido el plazo sin hacer dicho acto se habrá extinguido la obligación por pago. Por otro lado, tenemos a la dación en pago192 como otro medio de extinción de las obligaciones, así, “el acreedor puede exigir o el deudor puede ofrecer una prestación que no sea la adecuada, cuando se les haya reconocido una facultad en ese sentido (…). Y lo mismo cuando el acreedor y el deudor, en el momento de hacerse efectiva la prestación, se pongan de acuerdo en que esta recaiga sobre un objeto no adeudado”193. “Bajo esta perspectiva, la dación en pago es el medio extintivo de obligaciones por ejecución de una prestación diversa al objeto de la

191 POTHIER R.J. Tratado de las obligaciones. Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1947, p. 325. 192 Artículo 1265 del CC.- Definición El pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como cancelación total o parcial una prestación diferente a la que debía cumplirse. 193 VON THUR A. Tratado de las obligaciones. Editorial Comares, Granada, 2007, p. 269.

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deuda (…). De este modo, la satisfacción del interés del acreedor podrá llevarse a cabo mediante la solutio (exacto cumplimiento de lo pactado) o, de manera excepcional, a través de la satisfactio (cumplimiento de una prestación distinta a la debida que, por acuerdo de partes, satisface la acreencia y libera al deudor)”194. Un ejemplo evidente de esta modalidad de extinción de obligaciones resultaría en el caso que exista un mutuo de dinero contenido en una escritura pública (título ejecutivo), y el deudor le otorga la propiedad de su inmueble al acreedor para cancelarle la deuda, si ambas partes se ponen de acuerdo en ello resultará que estamos en presencia de una dación en pago. El problema puede radicar debido a que la norma sustantiva permite una dación en pago que genera una cancelación parcial de obligaciones, es decir, estamos ante la figura de la extinción parcial de obligaciones, motivo por el cual en un proceso único de ejecución donde se derive está situación, el juez deberá proceder a declarar fundada la contradicción, pero no denegará la ejecución sino continuará con la misma deduciéndose lo ya cancelado parcialmente. Otra forma de extinción de las obligaciones es la novación195, mediante esta figura del Derecho Civil, se extingue una obligación creándose otra, es decir, “el acreedor adquiere en lugar de la prestación a que tenía un derecho un nuevo crédito contra el deudor y este se exime de su deuda sin cumplirla, mediante una nueva promesa al acreedor”196. Además, “la novación es un modo de extinguir las obligaciones semejante a la dación en pago. Pero, mientras que en la datio in solutum el deudor se exime radicalmente de su obligación, en la novación sigue hallándose vinculado como deudor a su acreedor, aunque no sea por efecto de la obligación primitiva, sino de otra nueva”197.

194 195

OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Ob. cit., p. 604. Artículo 1277 del CC.- Definición Por la novación se sustituye una obligación por otra. Para que exista novación es preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitablemente en la nueva obligación, o que la existencia de la anterior sea incompatible. 196 VON THUR A. Tratado de las obligaciones. Ob. cit., p. 378. 197 Ídem.

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Un ejemplo de novación dentro del proceso único de ejecución se daría en el supuesto que el ejecutante pretenda el cumplimiento de la obligación primigenia y el ejecutado en su contradicción (oposición) alegue y pruebe que dicha obligación fue extinguida por el nacimiento de una obligación posterior, la cual sirvió para extinguir la primigenia obligación. La compensación198, es otro medio de extinción de las obligaciones y como tal podría ser sustento de una contradicción (oposición) basada en el causal de extinción de la obligación. “La compensación tal cual se encuentra regulada en el Código Civil peruano, es un medio extintivo de obligaciones que opera cuando una persona es simultánea y recíprocamente deudora y acreedora de otra, respecto de créditos líquidos, exigibles y de prestaciones fungibles entre sí, que el propio Código Civil califica, adicionalmente, como homogéneas, cuyo valor puede ser idéntico o no”199. En otros ordenamientos jurídicos200, la compensación puede ser interpuesta como excepción material201 o como una reconvención202, inclusive podría ser pasible de una demanda declarativa autónoma.

198 Artículo 1288 del CC.- Definición Por la compensación se extinguen las obligaciones recíprocas, líquidas, exigibles y de prestaciones fungibles y homogéneas, hasta donde respectivamente alcancen, desde que hayan sido opuestas la una a la otra. La compensación no opera cuando el acreedor y el deudor la excluyen de común acuerdo. 199 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Ob. cit., p. 715. 200 Artículo 408 de la LEC Española.- Tratamiento procesal de la alegación de compensación y de la nulidad del negocio jurídico en que se funde la demanda. Cosa juzgada. 1. Si, frente a la pretensión actora de condena al pago de cantidad de dinero, el demandado alegare la existencia de crédito compensable, dicha alegación podrá ser controvertida por el actor en la forma prevenida para la contestación a la reconvención, aunque el demandado solo pretendiese su absolución y no la condena al saldo que a su favor pudiera resultar. 2. Si el demandado adujere en su defensa hechos determinantes de la nulidad absoluta del negocio en que se funda la pretensión o pretensiones del actor y en la demanda se hubiere dado por supuesta la validez del negocio, el actor podrá pedir al Secretario judicial contestar a la referida alegación de nulidad en el mismo plazo establecido para la contestación a la reconvención, y así lo dispondrá el Secretario judicial mediante decreto. 3. La sentencia que en definitiva se dicte habrá de resolver sobre los puntos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo y los pronunciamientos que la sentencia contenga sobre dichos puntos tendrán fuerza de cosa juzgada. 201 En doctrina se denomina excepción material a la alegación de un hecho impeditivo, extintivo o excluyente, se caracterizan porque son hechos nuevos y distintos a los alegados por el actor en la demanda. 202 La reconvención es aquella demanda que interpone el demandado dentro de un proceso, introduciendo en el mismo nuevas pretensiones que van dirigidas contra quien lo demandó.

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En nuestro ámbito, entendemos que la compensación tanto convencional203 como unilateral204 dentro del proceso único de ejecución podrá ingresar mediante la contradicción (oposición) sustentada en la causal de extinción de la obligación y el juez deberá verificar los requisitos legales para que pueda compensarse la obligación que se pretende ejecutar, esto es, obligaciones líquidas, exigibles y de prestaciones fungibles; mientras, en el proceso de cognición podrá ser interpuesta mediante contestación a la demanda, es decir, mediante una defensa de fondo o a través de lo que nuestro Código Procesal Civil denomina reconvención (contrademanda)205, incluso podría ser pasible de una demanda declarativa autónoma. Otro supuesto de extinción de las obligaciones viene a ser la condonación206, la misma que implica –en pocas palabras– la renuncia del acreedor a la obligación que el deudor mantenía para con él, siendo el elemento característico de esta forma de extinción de obligaciones la gratuidad, la misma que “implica un acto de liberalidad por parte del acreedor, quien se encuentra realizando un acto parecido a la donación, pero no respecto a un bien, sino en relación a un crédito, en favor de la misma persona que está obligada a satisfacerlo”207. En este orden de ideas, si en un proceso único de ejecución se pretende el cumplimiento de una obligación que consta en un título ejecutivo y dicha obligación ha sido condonada previamente por el ejecutante, el ejecutado podrá formular su contradicción (oposición) bajo la causal de extinción de la obligación, por cuanto dicha obligación ha sido condonada, para lo cual deberá probar dicha alegación.

203 La compensación convencional es aquella que se da por acuerdo de las partes. 204 La compensación unilateral es aquella que se manifiesta a través de la oposición del deudor-acreedor al cual el acreedor-deudor le está requiriendo el cumplimiento de la obligación. 205 Artículo 445 del CPC.- Reconvención (…). La reconvención es procedente si la pretensión contenida en ella fuese conexa con la relación jurídica invocada en la demanda. En caso contrario, será declarada improcedente. (…). 206 Artículo 1295 del CC.- Extinción de obligación por condonación De cualquier modo que se pruebe la condonación de la deuda efectuada de común acuerdo entre el acreedor y el deudor, se extingue la obligación, sin perjuicio del derecho de tercero. 207 Ibídem, p. 755.

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La consolidación o confusión208 es otra de las causas de extinción de obligaciones reguladas en el Código Civil, la misma se refiere a que la calidad de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona, por ello, “para efectos de otorgar un concepto eficiente a esta figura, es necesario recalcar que tan importante como reunir en una sola persona las calidades de acreedor y deudor, lo es también establecer que ambas calidades deben estar referidas a una misma obligación. De lo contrario, estaríamos hablando de una elemental compensación”209. Ahora bien, nuestra normativa procesal ha determinado que en caso de darse la consolidación una vez que hay proceso abierto, el proceso fenece sin declaración sobre el fondo210, debiendo precisarse que dicha forma de extinción de la obligación debe ser íntegra, es decir, por toda la obligación, de lo contrario, deberá continuar el proceso. Esto es perfectamente aplicable al proceso único de ejecución, por lo tanto, de haber consolidación una vez iniciado este proceso, el juez deberá emitir un auto declarando la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo, lo que equivale a decir que existe una sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional. El otro supuesto sería que habiéndose realizado la consolidación antes de iniciado el proceso único de ejecución, el ejecutante interpone la demanda ejecutiva, emitiéndose el correspondiente mandato ejecutivo, ante dicha situación el ejecutado podrá interponer contradicción (oposición) bajo la causal de extinción de la obligación por consolidación, en caso esto sea así, el juez deberá declarar fundada la contradicción y denegar proseguir con la ejecución. En caso la consolidación sea parcial, deberá declarar fundada la contradicción, pero no denegará proseguir la ejecución, sino continuará con la misma deduciéndose lo ya cancelado parcialmente.

208 209 210

Artículo 1300 del CC.- Consolidación total o parcial La consolidación puede producirse respecto de toda la obligación o de parte de ella. Ibídem, p. 769. Artículo 321 del CPC.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: (…) 7. Sobreviene consolidación en los derechos de los litigantes.

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Otro supuesto de extinción de obligaciones es el mutuo disenso211, que implica dejar sin efecto un acto jurídico bilateral (contrato) o plurilateral, por acuerdo de las partes. También ha de tenerse presente que las obligaciones pactadas no deben haber sido íntegramente cumplidas, de lo contrario, las obligaciones ya se habrían extinguido por pago. Ahora bien, este supuesto de extinción de obligación es poco probable que se plasme en el proceso único de ejecución por cuanto ambas partes deben estar obligadas a una prestación, y si una cumplió su prestación y la otra no lo hizo, el dejar sin efecto el acto jurídico no sería un mutuo disenso sino una condonación, ya que la parte que sí cumplió renunciará a la contraprestación, por ello esta causal de extinción de obligaciones es muy poco frecuente en el ámbito del proceso en sí (de ejecución o de cognición cuando sean pretensiones declarativas condenatorias). En cuanto a la transacción212 tanto judicial como extrajudicial, pese a que según el derecho sustantivo también es una causal de extinción de las obligaciones, no es pasible de interponerla en el proceso a través de la contradicción por la causal bajo estudio, sino, por el contrario, como anteriormente lo hemos visto, debe ser interpuesta mediante excepción. Además de las causas señaladas, pueden existir otras causas de extinción de la obligación como por ejemplo si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor213, por ello, bajo este supuesto podrían encuadrarse diversas situaciones que originen la extinción de la obligación reclamada en un proceso único de ejecución y que no se sustente en las tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico.

211 Artículo 1313 del CC.- Definición Por el mutuo disenso las partes que han celebrado un acto jurídico acuerdan dejarlo sin efecto. Si perjudica el derecho de tercero se tiene por no efectuado. 212 Artículo 1302 del CC.- Definición Por la transacción las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. Con las concesiones recíprocas, también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. La transacción tiene valor de cosa juzgada. 213 Artículo 1316 del CC.- Extinción de obligación por causa no imputable al deudor La obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor. (…).

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9. Las excepciones o defensas en la Ley de Títulos Valores Debo comenzar el análisis de las excepciones en la Ley de Títulos Valores como causales de contradicción (oposición) dentro del proceso único de ejecución, precisando que la acción cambiaria que tienen los títulos valores, no equivale a decir que ellos tengan mérito ejecutivo. En efecto, el mérito ejecutivo, es decir, la calidad de título ejecutivo la tienen los documentos que la ley expresamente les otorga mérito ejecutivo, es en dicho sentido que, la Ley de Títulos Valores, de forma expresa le otorga mérito ejecutivo a los Títulos Valores214, y como tales pueden ser ejecutados a través del proceso único de ejecución de cumplir con todos sus requisitos esenciales, pero ello no obsta para que el acreedor o tenedor de un título valor pueda ejercitar la acción –pretensión– cambiaria o la acción –pretensión– causal en un proceso de cognición. Es decir, “el acreedor cambiario puede ejercitar su derecho de crédito planteando o una pretensión declarativa de condena o una pretensión ejecutiva, que es lo mismo que puede hacer cualquier acreedor que posee cualquier otro título ejecutivo extrajudicial (así, por ejemplo, una escritura pública) el que en vez de acudir directamente al proceso ejecutivo (como podría hacerlo si, por ejemplo, el acto elevado a escritura pública crea una obligación cierta, expresa y exigible) opta por acudir a la vía declarativa, utilizando el documento como prueba del hecho constitutivo del derecho de crédito con la finalidad de obtener una sentencia de condena”215.

214 Artículo 18 de la LTV.- Mérito ejecutivo y ejercicio de las acciones cambiarias 18.1 Los títulos valores tienen mérito ejecutivo, si reúnen los requisitos formales exigidos por la presente Ley, según su clase. 18.2 El tenedor podrá ejercitar las acciones cambiarias derivadas del título valor en proceso distinto al ejecutivo, observando la ley procesal. 18.3 El mérito ejecutivo respecto a los valores con representación por anotación en cuenta, recae en la constancia de inscripción y titularidad que expida la respectiva Institución de Compensación y Liquidación de Valores, conforme a la ley de la materia. 215 ARIANO DEHO, Eugenia. Problemas del proceso civil. Ob. cit., p. 405.

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Aclarado ello, la ley de títulos valores a su vez, regula los medios de defensa216 contra las acciones –pretensiones– que emergen del título valor, y en buena cuenta, en el proceso único de ejecución se ejecutan títulos valores y como tales, estas causales de contradicción (oposición) a la ejecución, podrán ser formuladas. “Como se ve, este artículo establece cuáles son las únicas oposiciones que puede hacer valer el demandado respecto a las obligaciones consignadas en el título valor, señalando, en forma taxativa, los recursos que pueden hacerse valer en contra de los títulos valores para impedir se enerven los efectos que derivan de ellos mediante el uso de todos los medios de defensa que se emplean en el campo procesal (…)”217. Lo que siempre preocupó a la doctrina fue si estas causales de contradicción (oposición) reguladas para atacar los efectos de los títulos valores eran permitidas en el proceso ejecutivo regulado por el Código Procesal Civil de 1993 y si actualmente son permitidas a la luz de lo regulado en el proceso único de ejecución. Es perfectamente fundada la observación de la profesora Ariano respecto a este tema, y aplicable al proceso único de ejecución (debiendo precisarse que cuando se hace alusión al artículo 700 del CPC, debemos remitirnos el actual artículo 690-D del CPC), la misma nos dice lo siguiente: “Ahora bien, ningún problema puede suscitarse al demandado cuando el tenedor del título valor acuda a la vía declarativa. En tales casos el demandado podrá, en su contestación de la demanda,

216 Artículo 19 de la LTV.- Causales de contradicción 19.1 Cualquiera que fuere la vía en la que se ejerciten las acciones derivadas del título valor, el demandado puede contradecir fundándose en: a) El contenido literal del título valor o en los defectos formales de este; b) La falsedad de la firma que se le atribuye; c) La falta de capacidad o representación del propio demandado en el momento que se firmó el título valor; d) Que el título valor incompleto al emitirse haya sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, acompañando necesariamente el respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos por el demandante; y e) La falta de cumplimiento de algún requisito señalado por la ley para el ejercicio de la acción cambiaria. 19.2 El deudor también puede contradecir al tenedor del título valor, proponiendo las defensas que se deriven de sus relaciones personales y las que resulten procedentes, según la ley procesal. 19.3 El demandado no puede ejercer los medios de defensa fundados en sus relaciones personales con las otras obligaciones del título valor, ni contra quienes no mantenga relación causal vinculada al título valor, a menos que al adquirirlo, el demandante hubiese obrado a sabiendas del daño de aquel. 217 MONTOYA MANFREDI, Ulises; MONTOYA ALBERTI, Ulises y MONTOYA ALBERTI, Hernando. Ob. cit., p. 115.

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hacer valer todas las excepciones –reales y personales– que estime conveniente y que la Ley le permite. Sin embargo, el problema sí se presenta cuando, como es lo usual, el tenedor acuda a la vía ejecutiva (…). ¿Podría acaso el demandado-ejecutado alegar –como excepción personal– el dolo, el error, la violencia, la simulación o, en general, la nulidad del acto que originó la emisión del título valor? ¿Podría acaso sostener en la denominada contradicción del proceso ejecutivo que, por ejemplo, la letra de cambio fue aceptada de favor para permitir al giradortomador el descuento de la cambial? La respuesta es negativa pues ninguno de estos supuestos encajan dentro de las previsiones del artículo 700 del CPC, por lo que puede producir indefensión en el ejecutado, que no encontrará lugar y momento para poder alegar y probar alguna de las excepciones que podría legítimamente (según la ley de títulos valores) alegar, pero no puede hacerlo porque la ley procesal se lo impide (…). Lo mismo cabe decir del supuesto señalado en el artículo 21 de la NLTV. ¿Podrá el deudor-ejecutado en un proceso ejecutivo alegar como excepción la nulidad del título valor obtenido por el tenedor-ejecutante en representación o en pago de préstamos con intereses usurarios o prohibidos por la ley? La respuesta es igualmente negativa”218. Creo por el contrario a lo expuesto por la profesora Ariano, que sí es posible la interposición de la contradicción (oposición) basada en todas las causales permitidas por la Ley de Títulos Valores, e inclusive ya nuestros juzgados comerciales de la Corte Superior de Lima dan trámite a las mismas, obviamente esto es posible siempre y cuando los jueces tengan presente que las normas procesales no pueden ser mecanismos para restringir derechos, por el contrario, deben considerarse como medios para obtener de forma adecuada los derechos que la ley material o sustantiva nos brinda. Ello no quita, que de una interpretación literal de las normas procesales se desprende que no sería factible alegar excepciones personales en el proceso único de ejecución, pero el derecho procesal no puede ser un fin en sí mismo, las formalidades no pueden ser excusa para vulnerar derechos, y menos a un derecho fundamental como lo es el de la tutela jurisdiccional y los derechos que lo componen.

218 Ibídem, p. 408.

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Lo que sí deberán tener en cuenta los jueces al dar trámite a las contradicciones (oposiciones) bajo las causales de la Ley de Títulos Valores, es que las mismas deben probarse únicamente a través de los medios probatorios permitidos por la Ley Procesal, lo contrario, permitiría se desnaturalice al proceso único de ejecución como ha sido concebido en nuestro país, y en mayor medida sería desnaturalizar el incidente de la contradicción (oposición) que como se ha dicho genera un incidente de cognición sumaria dentro de nuestro proceso único de ejecución, prohibiéndose una cognición plena, la cual podría entablarse como pretensión autónoma. IV. BREVES REFLEXIONES ACERCA DEL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN

En estas breves reflexiones que hago acerca de nuestro vigente proceso único de ejecución, trato de exponer lo que mi corta experiencia profesional me ha dejado acerca del tratamiento de este mecanismo procesal de tutela jurisdiccional. En virtud de ello, discrepo con parte de la doctrina nacional, porque –en muchos de los casos– brindan sus opiniones sentados desde un escritorio sin siquiera conocer el pensamiento de los jueces, o tener la experiencia de litigar a través de esta clase de proceso. 1. La primera reflexión que puedo brindar es que casi la totalidad de nuestros jueces, e incluso nuestros jueces civiles subespecializados en lo comercial de la Corte Superior de Lima, no tienen siquiera idea de la existencia de la exposición de motivos del Decreto Legislativo Nº 1069, es decir, no saben cuál fue la razón de la modificación de nuestro proceso de ejecución, y en caso sepan que existe no la han leído, lo cual evidentemente ocasiona que el razonamiento de nuestros magistrados –en la mayoría de los casos– no haya variado y sea tan difícil que entiendan la nueva visión del legislador acerca de este mecanismo de tutela jurisdiccional. 2. La segunda reflexión es tal vez la más elemental de todas, tanto la actual legislación (y su exposición de motivos) y la doctrina son uniformes en señalar que para dar inicio a un proceso de ejecución, denominado en nuestro país como proceso único de ejecución, se

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debe contar con un título ejecutivo, entonces es irrazonable que pese a la modificación normativa ocurrida ya hace seis (6) años atrás, una parte de la doctrina y gran parte de nuestra jurisprudencia no sepan cuál es el título ejecutivo en el proceso único de ejecución en la modalidad de ejecución de garantías o proceso de ejecución de garantías como lo denomina la mayoría.

En efecto, Cavani recientemente ha señalado que “(…) la introducción del llamado ‘proceso único de ejecución’ (Decreto Legislativo Nº 1069, de julio de 2008) poco de positivo trajo: aún se mantienen los problemas sobre la defensa del ejecutado, la incertidumbre respecto del título ejecutivo en la ejecución de garantías, (…)”219 (el resaltado es nuestro).

Esta incertidumbre se ve reflejada en la creación de conceptos artificiales acerca del título ejecutivo, como el señalar que el título en estos procesos puede ser completo o complejo.

Al respecto, se nos quiere enseñar lo siguiente: “Que la obligación garantizada se encuentre contenida en el documento constitutivo (escritura pública de hipoteca), esto es, que se encuentre contenida en la escritura pública correspondiente, lo cual implica que en la misma no solo se encuentre determinada la obligación, su monto, forma de pago, cuotas, intereses, entre otros (suele ocurrir en la compraventa de inmuebles con garantía hipotecaria y en el contrato de mutuo con garantía hipotecaria), sino que además se haya constituido hipoteca para garantizar el pago del precio de venta o de la suma mutuada. En este supuesto podríamos encontrarnos frente a lo que podemos llamar título completo, porque no se requiere de otro documento que lo complemente, el contenido de la escritura pública es suficiente (…) Si la obligación no se encuentra contenida en la escritura pública que contiene el acto constitutivo, debe acompañarse además el documento en el que se encuentre contenida la obligación, pero, el mismo debe ser un documento que califique

219 CAVANI, Renzo. “Incoherencias del proceso de ejecución peruano: causales de contradicción y suspensión de la ejecución. Análisis desde el derecho fundamental a la tutela efectiva, adecuada y tempestiva”, publicado en Proceso y Constitución efectividad y ejecución de las resoluciones judiciales. Ponencias del Cuarto Seminario Internacional de Derecho Procesal: Proceso y Constitución. Palestra Editores, Lima, 2014, p. 580.

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como título ejecutivo, conforme a lo señalado en el artículo 688 del CPC. Esta situación especial se presenta cuando la hipoteca garantiza obligaciones eventuales o futuras que aparecen señaladas de forma genérica en el acto constitutivo. Suele ocurrir en los contratos de suministro de bienes, este tipo de garantías reales son de estilo cuando se busca garantizar obligaciones cuyo monto se determinará en el futuro (por tarjetas de crédito, títulos valores incompletos, contratos de los cuales se genere una cuenta corriente, entre otros) (…). En este caso el título será complejo, ya que se complementa la escritura pública de hipoteca con el título ejecutivo, ambos constituyen en conjunto el título para la ejecución de la hipoteca”220 (el resaltado es nuestro).

Es claro que, el título ejecutivo en el proceso único de ejecución sea en la modalidad que fuere, será alguno de los señalados en el artículo 688 del CPC, y para ello debe contener una obligación cierta, expresa y exigible, los títulos ejecutivos no contienen garantías reales, lo que se ejecuta en el proceso de ejecución, aquí y en cualquier otro lado son obligaciones de dar, hacer o no hacer, no garantías reales. La garantía real es un accesorio de una obligación y por ende no puede constituir un título ejecutivo.

Una frase de casi todos los abogados que comúnmente escuchamos es “ejecutar la garantía” o “ejecutar la hipoteca”, lo cual es errado, si ello fuera así, entonces porque también no decimos “ejecutar el embargo”, pues no escuchamos ello, debe entonces entenderse que lo ejecutable es la obligación, si se tiene afectado un bien ya sea con una garantía real (hipoteca, anticresis o garantía mobiliaria) o una garantía extrajudicial (embargo), de no cumplir el ejecutado con el mandato ejecutivo, se procederá a la ejecución forzada, es decir, se realizará el bien afectado con la garantía, y con el producto de la venta judicial –remate judicial– del bien se pagará la obligación contenida en el título ejecutivo, si esto es así, ¿cómo podemos hablar de la ejecución de garantía o ejecución de hipoteca?, ¿cómo aún no se entiende cuál es el título en esta modalidad del proceso único

220 HURTADO REYES, Martín. Ob. cit., p. 708.

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de ejecución?, a estas alturas resulta paradójico seguir debatiendo acerca de este punto tan elemental. 3. Otro punto importante a reflexionar es la contradicción (oposición) en el caso de ejecución de títulos judiciales, como se desprende del estudio de las causales de contradicción (oposición) que se ha realizado en el presente trabajo, la restricción a sola una causal de contradicción (oposición) realizada por el legislador en la ejecución de títulos judiciales resulta ser equívoca y arbitraria.

El legislador parte de una premisa errada, la cual es mayor restricción porque se atacaría la cosa juzgada, pero en definitiva con la contradicción (oposición) no se ataca la cosa juzgada, se atacarían eventos posteriores a la cosa juzgada que podrían hacer que la obligación contenida en la resolución judicial se torne inejecutable.

Por ello, coincido con la profesora Ariano, quien señala lo siguiente: “Cuando decimos que se debería reconocer la posibilidad de alegar cualquier hecho modificativo, impeditivo o extintivo a través de la oposición, queremos decir que se reconozca la posibilidad de que esa realidad declarada en la sentencia puede haber mutado, y como tal, se debe permitir al ejecutado el poder alegar y probar esa mutación, justamente en la oposición”221.

4. En doctrina mucho se ha discutido acerca de la restricción que existe en las causales de contradicción (oposición) cuando se ejecutan títulos extrajudiciales, lo cual ha sido tildado de violación al derecho a la tutela jurisdiccional, sobre todo, porque no se ha regulado un proceso plenario posterior donde se permita revisar lo que ha sido resuelto mediante una cognición sumaria generado por el incidente de la contradicción (oposición) dentro del proceso único de ejecución.

Es un hecho que no admite duda que la limitación cognitiva de las causales de contradicción (oposición), tanto de alegación como de prueba, generan una cognición sumaria y que resuelto ello, dicha resolución no puede adquirir la calidad de cosa juzgada –afirmar

221 ARIANO DEHO, Eugenia. El proceso de ejecución. Ob. cit., p. 478.

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lo contrario implicaría que existe una vulneración clara y evidente al derecho del ejecutado–, pese a que la doctrina y la jurisprudencia entiendan que esa resolución producto de la cognición sumaria sí adquiere la calidad de cosa juzgada.

Para contrarrestar esta violación del derecho a la tutela jurisdiccional, se han propuesto diversas soluciones, unas como que se admita la posibilidad de un plenario posterior222, o que se opte por una oposición amplia mediante proceso de conocimiento incidental al proceso de ejecución como está regulado en el Código de Processo Civil brasileño, y una oposición limitada dentro del proceso de ejecución223.

Resulta loable que la doctrina se ocupe de este tema, la cuestión sería determinar cuál de las soluciones sería la más apropiada para nuestro medio, en lo que a mí respecta considero que no está prohibido el plenario posterior pese a no estar legislado de forma positiva.

Existe una regla de orden constitucional, por la cual lo que no está prohibido está permitido224, y en el Código Procesal Civil, no existe disposición alguna que señale que los autos finales adquieran la calidad de cosa juzgada, es más si se quería suprimir el proceso plenario posterior debió establecerse expresamente, y en el supuesto negado que existiera un defecto o vacío en el código, deberá recurrirse a los principios generales del Derecho Procesal y a la doctrina225.

222 Para un estudio detallado de esta posición, recomiendo leer el libro de CASASSA CASANOVA, Sergio Natalino. El debido proceso de ejecución de obligación de dar suma de dinero. En busca de un proceso justo. Ara Editores, Lima, 2013. 223 Para un estudio de esta posición, recomiendo el artículo de CAVANI, Renzo. “Incoherencias del proceso de ejecución peruano: causales de contradicción y suspensión de la ejecución. Análisis desde el derecho fundamental a la tutela efectiva, adecuada y tempestiva”, publicado en: Proceso y Constitución Efectividad y ejecución de las resoluciones judiciales. Ponencias del Cuarto Seminario Internacional de Derecho Procesal: Proceso y Constitución. Palestra Editores, Lima, 2014, pp. 579-601. 224 Artículo 2 de la CPP.- Toda persona tiene derecho: (…). 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. 225 Artículo III del CPC.- Fines del proceso e integración de la norma procesal (…).

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Fuera de la discusión de si está o no prohibido el proceso plenario posterior para revisar lo resuelto en el incidente de cognición sumaria generado en el proceso único de ejecución, lo importante radica en establecer si nuestro actual proceso único de ejecución cumple con su finalidad sin desproteger el derecho a la tutela jurisdiccional del ejecutado, es decir, su posibilidad de atacar la ejecución que considere ilegítima.

En la mayoría de los casos en nuestro país, lo que señala el título ejecutivo extrajudicial coincide con el derecho material y en muy pocas ocasiones nos podemos encontrar ante ejecuciones injustas, y si estas se dan, las mismas son por el desconocimiento de lo que es e implica el proceso único de ejecución, tanto de los abogados litigantes como de los jueces.

Si esto es así, no sería factible regresar a un sistema como en el Código de Procedimientos Civiles de 1912 donde se permitía expresamente la revisión de lo resuelto en los procesos –mal llamados– ejecutivos en un proceso ordinario posterior, ello generaría mayor carga procesal de la que ya existe y posibilitaría que los deudores a sabiendas que no tienen la razón inicien el proceso plenario posterior como última oportunidad ante la ejecución, este sistema ya es uno que hemos vivido y que no trajo buenos resultados, entonces ¿por qué volver a dicho sistema?

Ta vez, un sistema que pueda ser más proporcional tanto para el ejecutante como ejecutado, es que en el mismo proceso único de ejecución se permita una contradicción (oposición) amplia, es decir, que no haya ningún tipo de restricción en cuanto a la alegación y a la prueba, o sea un proceso de ejecución parecido al establecido en Colombia, y una vez resuelto el incidente de cognición plena se pase a la etapa de ejecución forzada, por supuesto, que la impugnación a través de la apelación a lo resuelto deberá por regla general ser sin efecto suspensivo y solo en caso el ejecutado proporcione una caución –fianza– podrá suspenderse el inicio de la ejecución forzada,

En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios generales del Derecho Procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del caso.

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asimismo debería prohibirse el recurso de casación en esta clase de procesos, ello porque ha quedado demostrado que los ejecutados utilizan este recurso extraordinario a fin de aletargar el inicio de la ejecución forzada. Además, debe expresamente señalarse que no existe la posibilidad de un plenario posterior que revise lo decidido en el incidente de contradicción (oposición), ya que su cognición será plena.

Debo precisar que esta idea, no ha sido aún desarrollada y menos aún puede ser expuesta con amplitud ya que escapa al tema del presente trabajo, pero como idea que es, puede –tal vez– ayudar a repensar los posibles defectos que tiene nuestra regulación procesal en el proceso único de ejecución.

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ANEXOS*

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Se anexa la jurisprudencia consultada emitida por los Juzgados de Paz Letrado del Cercado de Lima y los Juzgados Comerciales de Lima.

COMPETENCIA Y EXCEPCIÓN DE COMPETENCIA EN EL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN

JUZGADO 07 EXPEDIENTE Nº : 01545-2011-0-1801-JP-CI-07 MATERIA

: OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO

ESPECIALISTA : ANTONIO ABANTO DÁVILA DEMANDADO : COMECA VALLEJOS, JHON LENIN DEMANDANTE : BANCO DE COMERCIO RESOLUCIÓN Nº 01

Lima, siete de abril de dos mil once AUTOS Y VISTOS; y ATENDIENDO: PRIMERO: A que, la competencia es una calidad inherente al órgano jurisdiccional, y consiste en la aptitud para ejercer válidamente la jurisdicción. Es decir, no basta que un órgano jurisdiccional sea tal para que pueda actuar en cualquier proceso válidamente, es necesario que cumpla con cierto número de requisitos, los que suelen denominarse elementos de la competencia. Esto son cinco: la cuantía, la materia, el turno, el grado y el territorio. SEGUNDO: A que, tanto los elementos de la competencia objetiva (cuantía y materia) como los referidos a la competencia funcional (turno y grado) son exigibles de manera vinculante, es decir obligatoria, por lo que se le conoce como competencia absoluta, mientras que la competencia territorial es de naturaleza relativa, por cuanto puede ser renunciada expresa o tácitamente por el demandado, por lo que se le denomina prorrogable, salvo que la ley la declare improrrogable. Nótese que en este último caso no se requiere que la ley consigne en forma textual la

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palabra “improrrogable”, sino que es suficiente que pueda advertirse que en una determinada materia la ley ha establecido criterios especiales y exclusivos de la competencia. TERCERO: A que, en efecto, el artículo 14 del Código Procesal Civil que establece la competencia del juez del domicilio del demandado, es una regla general aplicable a todos los procesos, y por ende prorrogable, ya sea mediante convenio o mediante la prórroga tácita prevista en el artículo 26 del citado cuerpo de ley. En cambio, en el proceso de alimentos, por ejemplo, el artículo 560 del Código Procesal Civil señala una competencia especial determinada únicamente por el domicilio del demandando o del demandante, por lo que la misma resulta improrrogable. Esta conclusión se refuerza con el hecho de que, no puede operar la prórroga tácita, porque aquella depende de que el demandado cuestione o no la competencia, pero en el proceso de alimentos no puede hacerlo, porque el artículo 560 del Código Adjetivo ordena que el juez rechace de plano este pedido, esto es, que le está prohibido deducir excepción, y también le está prohibido formular contienda de competencia en atención al artículo 37 del Código Adjetivo. Por tanto, si el demandado no puede cuestionar la competencia ni por excepción ni por contienda, entonces la misma debe ser controlada de oficio por el juez desde la calificación de la demanda. CUARTO: A que, en materia de títulos valores, rige el principio de literalidad contenido en el artículo 4 de la Ley Nº 27287, cuyo acápite 4.1 establece que el texto del documento determina los alcances y modalidad de los derechos y obligaciones contenidos en el título valor, o en su caso, en hoja adherida a él. Esto significa que, ninguna condición que no resulte del tenor de documento puede hacerse valer mediante él, y que lo que allí aparece resulta determinante respecto a la situación del titular. De otro lado, el artículo 66 de la Ley Nº 27287 dispone que el título valor debe ser presentado para su pago en el lugar designado al efecto en el documento, y a falta de indicación expresa, la citada instrumental se entiende pagadera en el domicilio que figure junto al nombre de quien resulte ser el obligado principal, lo cual concuerda con los artículos 158.1.f) y g), y 162 de la glosada normatividad. Por tanto, estando a que dicho requerimiento de pago puede ser extrajudicial o judicial, y teniendo en cuenta el principio de literalidad, se concluye que la Ley de Títulos Valores establece un caso de competencia especial, que

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está determinada por el lugar de pago señalado en el título. Asimismo, si bien el artículo 55 de la Ley Nº 27287 establece la posibilidad de la prórroga convencional de la competencial territorial, aquella es factible siempre y cuando el convenio conste en forma expresa en el propio título valor, estando al principio de literalidad citado, no siendo viable en consecuencia la prórroga convencional contenida en documento distinto al título ni la prórroga tácita prevista en el artículo 26 del Código Procesal Civil, por tratarse de un consentimiento extracartular, por lo que en estos últimos 2 supuestos nos encontramos frente a una competencia improrrogable. QUINTO: A qué, la prórroga convencional es un acto voluntario en que las partes acuerdan y declaran la competencia de los órganos jurisdiccionales de un territorio concreto, para el supuesto de que surja algún litigio sobre el negocio jurídico celebrado, siendo que, estando al carácter dispositivo del acuerdo, es necesario que el mismo sea expreso, y además preciso. Esto se explica debido a la indefensión que puede significar para una de las partes, la más débil, la firma de este pacto, máxime cuando obra en un formato (que implica una cláusula de adhesión), con el cual debe renunciar al fuero de su propio domicilio a favor del señalado anteladamente por el otro contratante. Ello debe ser verificado por el juez al momento de calificar la demanda, teniendo en cuenta el principio de socialización del proceso, previsto en el numeral VI del Código adjetivo, por el cual en el presente caso, no será posible que el juez se atribuya una competencia territorial que no ha sido prorrogada claramente. SEXTO: A que, en el presente caso, el Banco de Comercio interpone demanda de ejecución de obligación de dar suma de dinero contra Jhon Lenin Comeca Vallejos, a fin de que cumpla con pagarle la suma de S/. 5, 452.02 nuevos soles, importe del pagaré que acompaña, en cuyo formato aparece consignada la cláusula: “Nos sometemos a la Jurisdicción y Competencia de los Jueces del Distrito Judicial del lugar de emisión del pagaré o, a elección del Banco de Comercio, del domicilio del emitente o aval”. Cabe agregar que en este caso el lugar de emisión es Lima. SÉTIMO: A que, de lo expuesto se desprende en primer lugar que, se está acordando una cláusula de prórroga al Distrito Judicial de Lima, conforme a lo previsto en el artículo 55 de la Ley Nº 27287. En segundo

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lugar, estando a los principios de literalidad y de socialización del proceso, ya explicados, se concluye que dicha prórroga al Distrito Judicial de Lima efectuada en un formato, se hace para excluir de la competencia a otros Distritos Judiciales en que puede domiciliar el deudor, pero no precisa nada respecto a las reglas de competencia que rigen dentro de un mismo Distrito Judicial para los casos en que, como el presente, corresponde el conocimiento de la causa a los Jueces de Paz Letrados. OCTAVO: A que, siendo ello así, la cláusula glosada es válidamente aplicable a los Juzgados Especializados que son competentes en todo el Distrito Judicial, pero no es expresa ni precisa respecto a las reglas de competencia aplicables al interior del distrito judicial cuando se trata de Juzgados de Paz Letrados. Por tanto la cláusula antedicha no es suficiente para determinar que la competencia se ha prorrogado a este Juzgado de Paz Letrado del Cercado de Lima. NOVENO: A que, por consiguiente, para determinar la competencia del Juzgado de Paz Letrado respectivo, debe tenerse en cuenta los diversos dispositivos señalados en el cuarto considerando, que disponen que el título valor debe ser presentado para su pago en el lugar designado al efecto en el documento, y a falta de indicación expresa, en el domicilio que figure junto al nombre del obligado principal (que es su domicilio), siendo que en este caso, el obligado principal, esto es el emitente, domicilia en el Distrito de San Martín de Porres, circunscripción que se encuentra ubicada fuera de la competencia territorial de este Juzgado perteneciente al Distrito del Cercado de Lima, por ende, este Despacho no es competente para conocer la presente causa, al tratarse de un supuesto de competencia improrrogable. En tal virtud y estando a los artículos 35, 690-A, 690-F y 427 inciso 4 del Código Procesal Civil: SE DECLARA: IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por el Banco de Comercio, sobre ejecución de obligación de dar suma de dinero, por falta de competencia de este Juzgado, dejando a salvo su derecho a fin de que lo haga valer conforme a ley; archivándose los autos y devolviéndose los anexos a la recurrente, bajo constancia.

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Las causales de contradicción en el proceso de ejecución JUZGADO 04 EXPEDIENTE Nº : 06065-2013-0-1801-JP-CI-04 MATERIA


ESPECIALISTA : YOLANDA RAMOS MANSILLA DEMANDADO : RAMOS TORO, JOHAN DEMANDANTE : BANCO DE COMERCIO RESOLUCIÓN Nº 01

Lima, dos de diciembre de dos mil trece AUTOS Y VISTOS: Con los documentos que se adjuntan, a los autos; Y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, las normas contenidas en este código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario, conforme lo dispone el artículo IX del título preliminar del Código Procesal Civil; SEGUNDO: Que, corresponde al Juez verificar que en la demanda incoada concurran la condición de la acción y los presupuestos procesales, los que posibilitarán, con posterioridad, un pronunciamiento válido sobre el fondo de la controversia, caso contrario, el juzgador está facultado para declarar liminarmente su inadmisibilidad o improcedencia, según los presupuestos previstos en los artículos 426 y 427 del Código Procesal Civil; TERCERO: Que, el artículo 14 del Código Procesal Civil establece en el primer párrafo las reglas generales de la competencia, que a la letra dice: “cuando se demanda a una persona natural, es competente el Juez del lugar de su domicilio, salvo disposición legal en contrario”; CUARTO: Que, de la revisión de la demanda se advierte que el demandado domicilia en el distrito de Pachacamac; asimismo el artículo 25 del Código Adjetivo señala que las partes pueden convenir por escrito someterse a la competencia territorial de un juez distinto al que corresponde, salvo que la ley la declare improrrogable; siendo esto así, y no advirtiéndose del título valor que se adjunta prórroga que hagan variar esta situación, pues al señalarse concretamente en la cláusula sétima especial que se someten a la “Jurisdicción y Competencia de los jueces del Distrito Judicial del lugar de emisión del presente Pagaré”, siendo este Lima, ello significa estrictamente que puede y deben acudir en el caso del nivel de Paz Letrado ante quien territorialmente corresponda de la ciudad

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de Lima, y no ante los Jueces de Paz Letrado de Lima-Cercado, lo que en todo caso debió pactarse con precisión, para poder acceder esta judicatura al conocimiento de la causa; QUINTO: Que, siendo ello así, esta Judicatura no resulta competente para conocer de la presente demanda en aplicación del artículo 14 del Código Procesal Civil y estando a las consideraciones antes glosadas y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 427, inciso cuarto, del mismo cuerpo Legal, SE RESUELVE: Declarar: IMPROCEDENTE la demanda interpuesta, dejando a salvo el derecho del recurrente para que lo haga valer conforme corresponda, devolviéndose los anexos presentados; debiéndose ARCHIVAR los presentes actuados, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución. Notifíquese.

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Las causales de contradicción en el proceso de ejecución 15° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL EXPEDIENTE Nº : 08782-2012-0-1817-JR-CO-15 MATERIA


ESPECIALISTA : BALAREZO FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS DEMANDADOS : EDITORA ARGENTINA S.R.L.; HERRERA JARAMILLO, PATRICIA ENCARNACIÓN; HERRERA JARAMILLO, TULIO VINICIO DEMANDANTE : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ RESOLUCIÓN Nº 08

Lima, 19 de agosto de dos mil trece AUTOS Y VISTOS: Que mediante escrito de fojas 51 a fojas 61 el Banco de Crédito del Perú interpone demanda de OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO contra Editora Argentina S.R.L., Patricia Encarnación Herrera Jaramillo y Tulio Vinicio Herrera Jaramillo, a efectos de que cumplan con pagar la suma de US$ 63,029.38 dólares americanos, producto del incumplimiento del pago de las cuotas en el contrato de arrendamiento financiero y su addendum más los intereses compensatorios y moratorios devengados y por devengarse; además de interponer una demanda de OBLIGACIÓN DE DAR BIEN MUEBLE, contra Editora Argentina S.R.L. para que cumpla con devolver 01 impresora marca Heilderberg, Modelo: Speedmaster, serie: 620922, plaqueta. 13098 y 01 transformador de aislamiento, marca Selectronics, modelo: 60ICUA, serie: 201008, Plaqueta 15289. Fundamentándose en lo siguiente: 1. Que, según escritura pública del 6 de agosto de 2008 se suscribió el contrato de arrendamiento financiero con Editora Argentina S.R.L. en calidad de arrendadora esta última, respecto de los bienes materia de devolución en la presente demanda, en dicha escritura los codemandados Patricia Encarnación Herrera Jaramillo y Tulio Vinicio Herrera Jaramillo se constituyeron como fiadores solidarios de la arrendadora, por escritura de fecha 12 de enero de 2009 se suscribió el addendum al contrato de arrendamiento financiero modificándose el cronograma de pagos.

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2. Que, habiéndose vencido dos cuotas, se cursó carta notarial al ejecutado Editora Argentina S.R.L. con fecha 16 de julio de 2012, donde se pone a conocimiento la resolución del contrato de pleno derecho conforme a la cláusula décimo primera del contrato de arrendamiento financiero; 3. Por resolución N° 01 de fecha 4 de diciembre de 2012, se admitió la demanda, ordenando que los ejecutados Editora Argentina S.R.L., Patricia Encarnación Herrera Jaramillo y Tulio Vinicio Herrera Jaramillo cumplan con pagar la suma de US$ 55,222.08 dólares americanos más intereses compensatorios, moratorios, costas y costos; y que Editora Argentina S.R.L. cumpla con restituir bienes muebles dados en garantía, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzada, a fojas 115 a 120 corren los cargos de notificación del mandato de ejecución a los coejecutados; y mediante escrito de fecha 3 de abril de 2013, la ejecutada PATRICIA ENCARNACIÓN HERRERA JARAMILLO, formula excepción de incompetencia por territorio y contradice fundamentándose en que: 4. El ejecutante no acredita que corresponda competencia en autos al presente despacho, por lo que solicita se le emplace en su domicilio de Lima Norte y por tanto se demande en dicha jurisdicción. 5. Que fundamenta su contradicción señalando la inexigibilidad de la obligación, señala que si bien el banco ejecutante solicita la rescisión del contrato de arrendamiento la misma que tiene que ser declarada judicialmente, que este despacho no puede diferenciar en donde la ley no diferencia, ni interpretar más allá de ella, además señala que según el contrato al darse la comunicación del incumplimiento del contrato se le cursaría carta notarial en un plazo menos de los 10 días, sin embargo el actor le otorgó un plazo de 15 días calendarios por lo tanto la actora se ha apartado por propia voluntad de su aplicación, y en consecuencia en ejercicio de sus derechos deberá ceñirse a las normas del derecho común; 6. Mediante escrito de fecha 30 de abril de 2013, el demandante Banco de Crédito del Perú absuelve el traslado de la excepción y la contradicción señalando con respecto a la primera que debe ser declarada improcedente, ya que la competencia territorial es prorrogable y con respecto a la segunda debe ser declara infundada

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ya que la resolución de pleno derecho es perfectamente válida e incluso está regulada en nuestro ordenamiento civil, careciendo de asidero legal lo señalado por el ejecutado. 7. Que por resolución N° 07 de fecha 14 de mayo de 2013, se rechaza el escrito de excepción y contradicción formulado por el ejecutado Editora Argentina S.R.L. por no haber absuelto lo requerido por resolución N° 06, en consecuencia se pone a despacho para resolver, los autos se encuentran expeditos para emitir auto final. CONSIDERANDOS: PRIMERO: Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 299 señala que el contrato de Arrendamiento Financiero es un Contrato Mercantil que tiene por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria, mediante pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la arrendataria de comprar dichos bienes por un valor pactado. SEGUNDO: Que, a tenor de lo que señala el artículo 1360 de la norma sustantiva los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Siendo que se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla. TERCERO: Que, el artículo 1361 del mismo cuerpo normativo señala que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. CUARTO: Que, de fojas 6 a 16 corre la escritura pública del contrato de arrendamiento financiero de fecha 6 de agosto de 2008, suscrito entre la ejecutante y los ejecutados, a fojas 17 a 21 corre el addendum del mismo. QUINTO: Que, respecto a la excepción de incompetencia, se aprecia que en la cláusula 14 de la escritura pública del 6 de agosto de 2008 se fijó que las partes renunciaban al fuero de su domicilio y se sometían al fuero del domicilio señalado en el anexo B, el cual sitúa el mismo en la ciudad de Lima (fojas 13), por lo que la excepción formulada debe ser declarada infundada.

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SEXTO: Que, respecto a la contradicción formulada, es preciso señalar que la inexigibilidad de la obligación, esta procede por razones de tiempo, lugar y modo; es decir, si la obligación se encuentra sujeta a plazo todavía no vencido, si el demandante acude a un juez de lugar distinto al pactado, si la obligación de pago está pendiente de una condición o cargo pendiente de cumplimiento por parte del acreedor, o cuando la ejecución no se realiza en la forma señalada, ninguna de dichas razones se aprecia configurada en el presente caso. SÉTIMO: Que, a mayor abundamiento es menester indicar que en la cláusula 11 se fijaron los motivos por el cual se resolvería el contrato, siendo que entre ellas se estableció el incumplimiento en las obligaciones de pago estipuladas en la cláusula 8 de la misma escritura pública y señaladas en el addendum. OCTAVO: Que, en atención a lo anterior se envió una carta notarial a Editora Argentina S.R.L. (fojas 24), con la cual se resolvió el contrato conforme a lo pactado y al mismo tiempo se le exigió el pago de las cuotas pendientes de pago así como la entrega de los bienes otorgados en arrendamiento financiero (addendum), dando cumplimiento así a lo señalado en las cláusulas antes citadas, por lo que la contradicción formulada debe declararse infundada y debe ordenarse la ejecución forzada. RESUELVO: INFUNDADA la excepción de incompetencia formulada por PATRICIA ENCARNACIÓN HERRERA JARAMILLO. INFUNDADA la contradicción formulada por PATRICIA ENCARNACIÓN HERRERA JARAMILLO y ordeno llevar adelante la ejecución forzada en los seguidos por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con EDITORA ARGENTINA S.R.L., PATRICIA ENCARNACIÓN HERRERA JARAMILLO y TULIO VINICIO HERRERA JARAMILLO, con costas y costos. Notificándose a las partes.

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Las causales de contradicción en el proceso de ejecución JUZGADO 01 EXPEDIENTE Nº : 00624-2010-0-1801-JP-CI-01 MATERIA


ESPECIALISTA : ELSA T. CARCASI LUQUE DEMANDADO : CORPORACIÓN FLORIDA S.R.L. DEMANDANTE : BANCO FINANCIERO DEL PERÚ SENTENCIA RESOLUCIÓN Nº 05

Lima, veintinueve de diciembre de dos mil once VISTOS: Puestos los autos a Despacho en la fecha para resolver; 1. Resulta de autos que mediante escrito de 13 a 17, Banco Financiero del Perú interpone demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero contra Corporación Florida S.R.L. y Comercializadora de Productos Textiles S.A., en la vía de proceso único de Ejecución. Petitorio 2. La demandante solicita que las ejecutadas cumplan con pagarle la suma de veintitrés mil ochocientos catorce nuevos soles, más intereses moratorios y compensatorios, suma representada en la letra de cambio de fojas 8. Fundamentos de Hecho y Derecho 3. Señala el actor que la coejecutada, Corporación Florida S.R.L., realizó una operación de descuento de letra demandada, emitió a su favor el Pagaré anexo a la demanda por S/. 4226.54 con vencimiento el once de marzo de dos mil ocho; siendo que ante el incumplimiento de pago del título valor procedió a protestarlo y precisados a interponer la presente demanda.

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Trámite 4. Mediante resolución número uno de fojas 18 se admitió a trámite la demanda, corriéndose el traslado a las ejecutadas y, solo la coejecutada, Comercializadora de Productos Textiles S.A., se apersona a la instancia mediante su escrito de fojas 37 a 40, deduce la Excepción de Incompetencia y formula contradicción al mandato de Ejecución basada en las causales de Inexigibilidad y Extinción de la Obligación exigida. 5. La coejecutada ha ofrecido como medios probatorios de la Contradicción: a) la declaración de parte del representante Legal de su coejecutada Corporación Florida S.R.L., al respecto en aplicación de lo que dispone el artículo 213 del Código Procesal Civil se declara: Improcedente dicho medio probatorio, b): declaración de parte del Representante Legal del Banco ejecutante, dada la naturaleza documental de los medios probatorios aportados, resulta innecesaria la actuación de dicho medio probatorio, dado que no se va enervar la fuerza probatoria de los instrumentos aparejados en calidad de medios probatorios, por lo que se rechaza dicho medio probatorio y resulta innecesario se cite a una audiencia de pruebas, por lo que siendo el estado de emitir decisión, este despacho pasa a expedirla; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, según lo dispone el artículo 690-F del Código Procesal Civil; de existir contradicción y/o excepciones procesales o defensas previas y, con la absolución o sin ella por parte del ejecutante, el juez resolverá mediante un auto, observando las reglas para el saneamiento procesal, y pronunciándose sobre la contradicción propuesta. SEGUNDO: Asimismo, el artículo 690-D del Código Procesal Civil, prescribe que solo pueden ser alegadas como causal de contradicción, la inexigibilidad o iliquidez de la obligación, la nulidad formal o falsedad del título; o, cuando siendo este un título valor emitido en forma incompleta, hubiere sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados; y en la extinción de la obligación exigida.

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TERCERO: Por la excepción de incompetencia, el demandado denuncia la falta de aptitud del juez para ejercer la función jurisdiccional en el proceso planteado. Para estos efectos, la competencia debe ser entendida como un fenómeno de distribución del poder jurisdiccional, en atención a diversos criterios como son los de materia, grado, función o territorio. La competencia del juez es un presupuesto procesal, pues si el juez no cuenta con la debida competencia no podrá emitir una sentencia válida. En el caso de autos conforme al artículo 690-B del Código Procesal Civil incorporado por el artículo único del Decreto Legislativo número 1069, la competencia del Juzgado de Paz desde el veintiocho de junio del dos mil ocho es cuando la cuantía de la pretensión no sea mayor a Cien Unidades de Referencia Procesal, en tal sentido el monto contenido en la pretensión objeto de la presente acción es de conocimiento de este Despacho, máxime que el artículo 696 del Código Procesal Civil en que funda la Excepción ha sido derogada, por lo que deberá desestimarse la Excepción formulada. CUARTO: Conforme a la cláusula cuarta contenida en el título valor, se desprende que se ha establecido el pacto de no protesto, en atención a lo que dispone el artículo 81.1 de la Ley de Títulos valores, por lo tanto no requiere ser protestada a su vencimiento. QUINTO: El artículo 90.2. de la Ley de Títulos valores establece: “El mismo tenedor está facultado a ejercer conjunta o sucesivamente a la acción directa, la acción cambiaria de regreso, contra los endosantes, garantes de estos y demás obligados del título, distintos al obligado principal y/o garantes de este”, tal y conforme sucede en el caso de autos, en razón de que el Banco se encuentra accionando contra su endosante Corporación Florida S.R.L. y contra la girada Comercializadora de Productos Textiles S.A., en tal sentido se establece la legitimidad e interés para obrar de la parte accionante. SEXTO: La Inexigibilidad de la obligación exige la probanza de la inconcurrencia al crédito de que lo puesto a cobro no resulta reclamable por no haber vencido el plazo para su satisfacción, por no ser oponible en razón de territorio, por pacto determinado entre los contratantes por no ser la vía de ejecución, la idónea para el cumplimiento de la obligación. En el caso que nos ocupa la parte que opone la contradicción la funda en el hecho de que la operación comercial con su coejecutada no se concretó por lo que la letra objeto de la presente acción fue anulada,

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sin embargo no ha aportado al proceso prueba idónea que acredite que en efecto la emisión de la letra tiene su razón de ser en la entrega de un lote de pantalones y que esta operación no se ejecutó por incumplimiento de su coejecutada y por lo tanto se hubiera anulado la citada letra, lo cual debió efectuarse mediante comunicación o documento de fecha cierta que se encuentra ausente en el presente proceso, por lo que la contradicción basada en dicha causal deviene en Improcedente. SÉTIMO: Conforme el artículo 1.156 del Código Civil, “las obligaciones se extinguen: por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de derechos de acreedor y deudor, por la compensación y por la novación”. En el caso de autos no se han dado ninguna de estas situaciones, toda vez que el incumplimiento alegado por el contradicente respecto de su coejecutada, no se encuentra acreditada con medio probatorio alguno, en tal virtud conforme lo señala el artículo 11.1. de la Ley de títulos valores: “Los que emitan, giren, acepten, endosen o garanticen títulos valores, quedan obligados solidariamente frente al tenedor, salvo cláusula o disposición legal, expresa en contrario. Este puede accionar contra dichos obligados, individual o conjuntamente, sin tener que observar el orden en el que hubieren intervenido”. Por lo que es evidente que la contradicción por dicha causal deviene en improcedente. OCTAVO: Respecto al pago de intereses, procede el pago de intereses compensatorios y moratorios, según lo pactado en el título valor y a los artículos 1243 y 1333 del Código Civil y 51 de la Ley de Títulos Valores. NOVENO: En consecuencia, no habiendo la ejecutada desvirtuado los fundamentos que sirvieron de base para expedir el auto de pago, ni acreditado haber cancelado la suma puesta a cobro, debe llevarse adelante la ejecución, autorizándose al acreedor a ejercer las acciones legales destinadas a la satisfacción de su crédito, conforme faculta el artículo 1219 inciso 1) del Código Civil; Por las consideraciones expuestas, y a los artículos 122 y 412 del Código Procesal Civil, el Primer Juzgado de Paz Letrado de Lima;

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RESUELVE: DECLARAR IMPROCEDENTE la CONTRADICCIÓN de fojas 37 a 40; en consecuencia, haciéndose efectivo el apercibimiento decretado en la resolución número uno, no habiéndose cumplido con la obligación puesta a cobro: SE ORDENA llevar adelante la ejecución hasta que las ejecutadas: CORPORACIÓN FLORIDA S.R.L. y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TEXTILES S.A. paguen al ejecutante las suma de: VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CATORCE NUEVOS SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios; con costas y costos del proceso. Notificándose.

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EXCEPCIÓN DE REPRESENTACIÓN DEFECTUOSA O INSUFICIENTE EN EL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN

4° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL EXPEDIENTE

: 2687-2010-0-1801-JR-CO-04

MATERIA


ESPECIALISTA : RAÚL BULNES SOTOMAYOR DEMANDADOS : FERNANDO ELISBAN MANAYAY CONTRERAS Y OTRA DEMANDANTE : BANCO CONTINENTAL RESOLUCIÓN Nº 10

Miraflores, veintidós de julio de dos mil once AUTOS Y VISTOS; Puesto a Despacho para resolver la Excepción y Contradicción formulada por el ejecutado FERNANDO ELISBAN MANAYAY CONTRERAS mediante escrito de fojas cuarentinueve a cincuentidós: Y ATENDIENDO; PRIMERO: Que, del escrito de demanda de fojas veintiocho a veintinueve, el ejecutante BANCO CONTINENTAL solicita que los ejecutados FERNANDO ELISBAN MANAYAY CONTRERAS y MARÍA DEL CARMEN OYAGUE VÁSQUEZ cumpla con pagarles la suma de S/. 79, 257.61 (setentinueve mil doscientos cincuentisiete y 61/100 Nuevos Soles), más intereses compensatorios y moratorios pactados, costas y costos del proceso. SEGUNDO: Que, según lo dispone el artículo 690-E del Código Procesal Civil; de existir contradicción y/o excepciones procesales o

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defensas previas y, con la absolución o sin ella por parte del ejecutante, el juez resolverá mediante un auto, observando las reglas para el saneamiento procesal, y pronunciándose sobre la contradicción propuesta. TERCERO: Que, la excepción es un instituto procesal, que constituye un medio de defensa por el cual el demandado puede oponerse a la pretensión del actor; con ella cuestiona el aspecto formal o de fondo del proceso, persiguiendo anular la acción incoada. En el presente caso, el ejecutado Fernando Elisban Manayay Contreras mediante escrito de fojas cuarentinueve a cincuentidós deduce Excepción de Representación Defectuosa o Insuficiente del demandante en los términos expuestos en el escrito de la referencia. CUARTO: Que, con respecto a la excepción de representación defectuosa de la demandante señala que el apoderado Percy Howell Sevilla Agurto inicia el presente proceso judicial, sin embargo manifiesta no acreditar con documento idóneo la representación que ostenta, debido a que si bien recauda a la demanda un Testimonio de Escritura Pública mediante el cual las personas de don Miguel Eduardo Bueno Olazábal y Leonor María Avendaño Arana le delegan poder para juicios, empero no adjunta el poder en el que las mencionadas personas estén premunidas de facultades para representar a la entidad financiera y para delegar dichas facultades, lo cual argumenta que se incumple con lo previsto en el inciso 2 del artículo 425 del Código procesal Civil. QUINTO: Que, en tal contexto es necesario distinguir claramente las instituciones procesales referidas a: Representación procesal de la Persona Jurídica y de Apoderado Judicial. Que, respecto al primero, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 64 del Código Procesal Civil que textualmente señala: que las personas jurídicas están representadas en el proceso de acuerdo a lo que dispongan la Constitución, la ley o el respectivo estatuto; y en cuanto a lo segundo lo dispuesto en los artículos 68 y 72 del Código acotado que dispone que: Quien tiene capacidad para comparecer por sí al proceso y disponer de los derechos que en él se discuten, puede nombrar uno o más apoderados. Si son varios, lo serán indistintamente y cada uno de ellos asume la responsabilidad por los actos procesales que realice; y además, que el poder para litigar se puede otorgar solo por escritura pública o por acta ante el juez del proceso, salvo disposición legal diferente. Para su eficacia procesal, el poder no requiere estar inscrito en los Registros Públicos. Asimismo, la

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Excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado, “se relaciona con la llamada representación voluntaria, esto es, con aquella representación que se genera en la voluntad del otorgante de la representación y que se cristaliza mediante el poder, y que para intervenir en el proceso en representación de alguna de las partes, esa persona debe estar premunida de un poder suficiente que la faculte para intervenir en el proceso”. SEXTO: Que, estando a que la demandante es una persona jurídica, en consecuencia, para la realización de sus actos está representada de acuerdo a lo que disponga la Ley o su respectivo estatuto. De la revisión del documento de poder que corre de fojas seis a veinte, obra copia legalizada del Testimonio de la escritura pública otorgada ante la Notaría Jorge Luis Gonzales Loli sobre delegación de facultades, se dispuso insertar la parte pertinente del Acta de Sesión de Directorio de fecha dieciséis de Octubre del año dos mil dos y de la Escritura Pública del veinte de febrero del año dos mil tres, sesión en la cual se acordó aprobar la nueva estructura de poderes y la relación de facultades para el otorgamiento de los poderes de representación del Banco Continental, debidamente inscrita en la partida correspondiente al Banco accionante, se acordó otorgar poder a favor de don Miguel Eduardo Bueno Olazábal y doña Leonor María Avendaño Arana, siendo el caso que dichas personas se encuentran debidamente premunidas de sus facultades conforme se evidencia de la fe notarial otorgada, delegando sus facultades a favor del apoderado recurrente, entre las que se detallan la de interponer demandas; en tal sentido, lo alegado por la excepcionante merece ser desestimado; máxime aun cuando mediante Escritura Pública de Nombramiento de Apoderados y Designación de Facultades de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil nueve obrante a fojas ciento cuarenta y séis a ciento sesenta y nueve se ratificó el acuerdo de la nueva escala de poderes y delegación de facultades del Banco accionante y entre los apoderados se encuentran las personas de doña Leonor María Avendaño Arana y Miguel Eduardo Bueno Olazábal, que como se ha indicado en líneas precedentes han delegado facultad de representación en la persona que ha interpuesto la presente demanda. SÉTIMO: Que, respecto a la Contradicción formulada por don Fernando Elisban Manayay Contreras, es de advertir que esta se sustenta en la nulidad formal del título ejecutivo e Inexigibilidad de la

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Obligación puesta a cobro; indica como sustento que, el pagaré que se pretende ejecutar ha sido emitido en forma incompleta y llenado contrario a los acuerdos, que fue firmado en blanco en garantía de un crédito que se otorgó de S/. 74,453.18 (setenticuatro mil cuatrocientos cincuentitrés y 18/100 Nuevos Soles), que no se ha tenido en cuenta los pagos efectuados a cuenta que ascienden a la suma de S/. 21,167.73 (veintiún mil ciento sesentisiete y 73/100 Nuevos Soles), contraviniendo lo expresamente señalado en el artículo 10 de la Ley de Títulos Valores; señala que con los pagos efectuados a cuenta solo adeuda a la suma de S/. 53,285.45 (cincuentitrés mil doscientos ochenticinco y 45/100 Nuevos Soles). OCTAVO: Que, la Nulidad Formal del Título procede cuando en el documento ejecutivo no reúne alguno de los elementos esenciales determinados ni cumple con las formalidades previstas por la ley de la materia, bajo sanción de nulidad, de forma tal que su inobservancia hace inviable accionar en la vía ejecutiva. Asimismo, es menester precisar que tratándose de títulos valores a los cuales la Ley les confiere mérito ejecutivo, son eminentemente formales y están investidos de principios jurídicos de incorporación del derecho subjetivo en el documento, literalidad, legitimación activa y pasiva y la buena fe del tenedor. En tal sentido, de conformidad con el principio de literalidad, el texto del documento determina los alcances y modalidad de los derechos y obligaciones contenidos en el título valor o, en su caso en hoja adherida a él, de conformidad con lo previsto por el numeral 4.1 del artículo 4, de la Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores, es decir, en aplicación del principio jurídico de literalidad, el título valor debe contener la expresión textual del derecho subjetivo que aparece incorporado en él. NOVENO: Que, además, se debe tener presente que nuestra legislación cambiaria posibilita la creación y emisión de títulos valores incompletos, siendo el caso, que para ejercitar cualquier derecho o acción que derivada de un título valor emitido o aceptado, en forma incompleta, este deberá haberse completado conforme a los acuerdos adoptados de conformidad con lo dispuesto por el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores; en este contexto, el supuesto de contradicción según lo prescrito por el literal e) del artículo 19 de la acotada norma legal, que el título valor incompleto al emitirse haya sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, para tal

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efecto, se deberá acompañar necesariamente el respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos por el demandante. DÉCIMO: En este orden de ideas, corresponde a la ejecutada, adjuntar los medios probatorios idóneos a fin de acreditar y sustentar su contradicción de conformidad con la norma acotada y lo dispuesto en el artículo 196 del Código Procesal Civil; sin embargo, la recurrente no ha acreditado de modo, ni forma alguna la transgresión al completarse el pagaré sublitis. Asimismo, conforme fluye de lo expresado en el escrito de contradicción no ha negado haber firmado dicho título; sin perjuicio de lo expuesto es de sindicar que el documento adjuntado en el escrito de la absolución de la contradicción obrante a fojas veinticinco denominado Liquidación de Saldo Deudor Créditos Comerciales, que sirve de sustento de su contradicción no hace sino acreditar la pretensión demandada toda vez que conforme se desprende del tenor de dicho documento a la obligación pendiente de pago y que es aceptada por la ejecutada, se le ha agregado los montos por intereses Compensatorios, Moratorios, el monto de las cuotas pendientes de pago, que en forma global arroja la suma de S/. 79,275.61 (setentinueve mil doscientos setenticinco y 61/100 Nuevos Soles) que coincide perfectamente con el monto consignado en el Pagaré materia de ejecución, debiendo tenerse en cuenta que dentro de las cláusulas del contrato de refinanciamiento de deuda de productos masivos de donde emerge el citado pagaré obrante a fojas sesenta a sesenticuatro, las partes acordaron que en caso de incumplimiento este sería completado además del importe del saldo de la operación con los intereses, comisiones, reajustes, gastos y demás cargos, en tal sentido la contradicción formulada merece ser desestimada. DÉCIMO PRIMERO: A ello, debe agregarse que la ejecutada no ha adjuntado medio probatorio idóneo con el que acredite haber cumplido con la obligación puesta a cobro tal como lo prescribe el artículo 1229 del Código Civil; más todavía si los vouchers que en copia se acompaña (de fojas treinta y seis a cuarenta y tres) datan de fecha anterior al vencimiento de la obligación puesta a cobro. DÉCIMO SEGUNDO: Que, siendo ello así, estando a que como se aprecia del pagaré de fojas veintiuno reúnen todos los requisitos señalados en el artículo 158 de la Ley de Títulos Valores, y no habiéndose desvirtuado su mérito ejecutivo, consecuentemente, subsisten los

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fundamentos que sirvieron de base para expedir el mandato ejecutivo, por lo que, la demanda merece amparo. DÉCIMO TERCERO: Que, en cuanto al pago de los intereses, es menester precisar que conforme al artículo 159, literal b) de la Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores, el pagaré generará los intereses compensatorios pactados hasta su vencimiento; así como los intereses compensatorios y moratorios para el periodo de mora, por lo que la demanda de su propósito merece amparo en dicho extremo; por estas consideraciones y estando a las normas antes acotadas. SE RESUELVE: Declarando INFUNDADA LA EXCEPCIÓN e INFUNDADA LA CONTRADICCIÓN formulada por el ejecutado FERNANDO ELISBAN MANAYAY VÁSQUEZ mediante escrito de fojas cuarentinueve a cincuentidós y, se ordena LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN FORZADA debiendo el accionante señalar el modo y forma de la misma, más intereses, compensatorios y moratorios pactados, costas y costos del proceso. Notificándose.

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EXCEPCIÓN DE AMBIGÜEDAD U OSCURIDAD EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA EN EL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN

4° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL EXPEDIENTE Nº : 10782-2009-0-1817-JR-CO-04 MATERIA

: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

ESPECIALISTA : CAJUSOL GUTIÉRREZ, CARLOS RESOLUCIÓN Nº 35

Miraflores, cinco de setiembre de dos mil trece AUTOS Y VISTOS: Puesto a despacho de oficio en la fecha; Y; ATENDIENDO: PRIMERO: Que, estando a los Principios de Vinculación y de Formalidad, las normas procesales son de obligatorio cumplimiento, salvo regulación permisiva en contrario. SEGUNDO: Que, asimismo, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. TERCERO: Que, los presentes actuados versan sobre uno de Ejecución de Garantías tramitado en la vía procedimental correspondiente al Proceso Único de Ejecución, promovido por Banco Financiero del Perú contra BCHK S.A.C., a efectos que cumplan con pagarle la suma de US$ 113,651.41 Dólares Americanos, bajo apercibimiento de darse inicio a la ejecución forzada y procederse al remate del inmueble hipotecado a su favor. CUARTO: Que, dentro de dicho contexto, el segundo párrafo del artículo 690-D del Código Procesal Civil, señala que en el mismo escrito se presentarán los medios probatorios pertinentes, de lo contrario el pedido será declarado inadmisible. Solo son admisibles la declaración

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de parte, los documentos y la pericia. Que, en función a ello y estando al estado del proceso y conforme se verifica de autos, si bien mediante resolución número treinta y cuatro, de fecha dieciséis de abril último, se dispuso poner los autos en despacho a efectos de emitir el auto final y resolver las contradicciones formuladas en autos; también lo es que previo a dicho trámite y con el fin de no incurrir en nulidades posteriores, esta Judicatura debe cautelar el trámite previsto para esta clase de procesos y que se encuentra consagrado o establecido en Nuestro Ordenamiento Adjetivo. QUINTO: Que, al respecto es necesario indicar que si hay contradicción y/o excepciones procesales o defensas previas, se concede traslado al ejecutante, quien deberá absolverla dentro de tres días proponiendo los medios probatorios pertinentes. Con la absolución o sin ella, el juez resolverá mediante un auto, observando las reglas para el saneamiento procesal y pronunciándose sobre la contradicción propuesta. SEXTO: Que, dentro de dicho contexto y teniéndose en cuenta lo descrito en el considerando anterior y siguiendo las reglas para el saneamiento procesal, se debe indicar que en autos los Terceros con Interés: a) Doña Hanny Ysela Salazar Salas, mediante escrito de fecha doce de noviembre del año dos mil nueve ha deducido la excepción de ambigüedad en el modo de proponer la demanda; y, b) Don Carlos Antonio Vidal Torres, mediante escrito de fecha diecisiete de febrero del año dos mil doce, ha deducido la excepción de falta de legitimidad para obrar; por lo que en esta etapa procesal corresponde pronunciarse respecto a dichas excepciones. SÉTIMO: Que, la excepción es un instituto procesal, que constituye un medio de defensa por el cual el demandado puede oponerse a la pretensión del actor; con ella cuestiona el aspecto formal o de fondo del proceso, persiguiendo anular la acción incoada. OCTAVO: Que, en función a ello y pronunciándose en torno a la excepción de ambigüedad en el modo de proponer la demanda, deducida por el tercero con interés doña Hanny Ysela Salazar Salas, dicha parte señala que la ejecutante en el tercer otrosí de su demanda pide notificar a los poseedores del inmueble a rematar y que cuenta con doce departamentos, cuya numeración detalla, cuando la misma conocía perfectamente que son propietarios y eso constituye ambigüedad

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en el modo de proponer la demanda, puesto que los derechos que les confiere la propiedad son distintos de los que confiere la posesión y al calificársele solo como poseedores ha pretendido ocultar su conocimiento del financiamiento que ha realizado a su favor, por el saldo de precio de venta de dichos departamentos, así como de los créditos aun no desembolsados por dicho concepto y que abonan a la cancelación de la obligación puesta a cobro, agrega que la ejecutante es consciente que si no calificaba como propietarios a los litisconsortes, esta Judicatura no habría emitido mandato ejecutivo, ya que la escritura que constituye su título de ejecución trasunta su derecho a cobrar los precios de venta de los departamentos que integran el predio cuyo remate solicita y que no ha renunciado a dicho derecho. Asimismo, se precisa, que esta parte ha ofrecido como medios probatorios de la excepción que deduce, las instrumentales referidas a la Escritura Pública de fecha veinticinco de abril del dos mil ocho y los recibos de pago, los cuales se tienen presente al momento de resolver la presente (sic) excepción por ser instrumentales. NOVENO: Que, al respecto es necesario indicar que esta excepción solo es procedente cuando por su forma la demanda no se ajusta a los requisitos y a las solemnidades que la ley señala o cuando no existe conexión lógica entre los hechos expuestos y la o las pretensiones procesales propuestas. DÉCIMO: Que, sin embargo, del tenor de la demanda de fecha doce de octubre del año dos mil nueve, se establece que el Banco Financiero del Perú interpone demanda de Ejecución de Garantía Hipotecaria, en la vía correspondiente al Proceso Único de Ejecución, acción que dirige contra BCHK S.A.C., a efectos que cumpla con pagarle la suma de US$ 113,651.41 Dólares Americanos, bajo apercibimiento de procederse al remate del inmueble hipotecado a su favor, hasta por la suma de US$ 430,000.00 Dólares Americanos y que se ubica en el Jirón San Martín Nº 441-443-Fundo Orbea – Distrito de Magdalena del Mar, anexando para tal fin la Escritura Pública de Constitución de Hipoteca de fecha trece de junio del dos mil siete, celebrado entre ambas partes, es decir; se concluye con total objetividad que la pretensión de la parte demandante o accionante resulta ser clara y precisa, cumpliéndose de este modo con el requisito que exige el inciso 5) del artículo 424 del Código Procesal Civil, precisándose que si se dispuso notificar a los poseedores del inmueble a rematar, fue con el único fin de cautelar lo regulado

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en el último párrafo del artículo 720 concordante con el artículo 690 del mismo cuerpo legal; argumentos que sirven para desestimar la presente excepción propuesta. UNDÉCIMO: Que, en lo relacionado a la excepción de falta de legitimidad para obrar, deducida por el tercero con interés don Carlos Antonio Vidal Torres, dicha parte señala que el banco no tiene legítimo interés activo para interponer la presente demanda contra él, toda vez, que no existe coincidencia entre el derecho de fondo que se genera por el amparo que deviene del derecho hipotecario y el derecho adjetivo procesal del demandante, puesto que existe resolución arbitral, que declaro el levantamiento parcial de la hipoteca del banco sobre su inmueble, en virtud del cobro de la suma del remate, por lo que ya no le asiste derecho alguno ejecutable en su contra que se puede fundamentar en dicha hipoteca, lo cual era de pleno conocimiento del banco y con los demás argumentos que expone. Asimismo, se precisa, que esta parte ha ofrecido como medios probatorios de la excepción que deduce, las instrumentales referidas a las copias certificadas del acta de remate público, copias certificadas de las resoluciones números veintiséis, veintisiete y treinta y tres del principal y seis del cautelar, copia certificada de escrito y copia certificada del cargo de recepción del cheque, los cuales se tienen presente al momento de resolver la presente excepción por ser instrumentales. DÉCIMO SEGUNDO: Que, al respecto es necesario indicar que con esta excepción lo que se procura es que existe identificación entre la persona del acto con la persona a cuyo favor esta la ley sustantiva (legitimación activa) y entre la persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ye sustantiva (legitimación pasiva). Es que la relación jurídica material debe trasladarse a la relación jurídica procesal. DÉCIMO TERCERO: Que, conforme se ha precisado anteriormente, Banco Financiero del Perú interpone demanda de Ejecución de Garantía Hipotecaria, en la vía correspondiente al Proceso Único de Ejecución contra BCHK S.A.C., a efectos que cumpla con pagarle la suma de US$ 113,651.41 Dólares Americanos, bajo apercibimiento de procederse al remate del inmueble hipotecado a su favor, esto es, el ubicado en Jirón San Martin Nº 441-443-Fundo Orbea - Distrito de Magdalena del Mar, inscrito en la Partida Electrónica Nº 49085855 de los Registros

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de Propiedad Inmueble de Lima, anexando para tal fin la Escritura Pública de Constitución de Hipoteca de fecha trece de junio de dos mil siete, habiendo intervenido en su celebración el banco demandante y la persona jurídica demandada. Asimismo, esta parte ha anexado a la demanda, el Certificado de Gravámenes y Cargas, correspondiente al predio antes descrito, coligiéndose del mismo, que la hipoteca materia de ejecución ha sido inscrita en el Asiento D00004 del Rubro: Gravámenes y Cargas, de la Partida Electrónica Nº 49085855 y que al ser el predio independizado, esto es, en doce departamentos y cuatro estacionamientos, la hipoteca antes aludida se trasladó a cada una de dichas secciones, tal como se puede colegir palmariamente de las copias certificadas de las Partidas Electrónicas anexadas por la parte demandante y que obran adheridas al proceso. DÉCIMO CUARTO: Que, siendo ello así, queda claro entonces que en el presente caso, la entidad accionante tiene plena legitimidad para promover la presente acción, toda vez, que BCHK S.A.C. ha constituido a su favor Hipoteca respecto al inmueble sito en Jirón San Martín Nº 441-443 - Urbanización del Fundo Orbea - Magdalena del Mar, hasta por la suma de US$ 430,000.00 Dólares Americanos, la cual ha sido trasladada posteriormente a los departamentos y estacionamiento independizados en dicho inmueble, asimismo, dicha hipoteca se encuentra vigente; es decir, no se ha levantado, argumentos que sirven para desestimar también dicha excepción. DÉCIMO QUINTO: Que, de otro lado y en lo relacionado a los medios probatorios se debe indicar que los mismos tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Asimismo, los medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando esta sustenta la pretensión. Los que no tengan esa finalidad, serán declarados improcedentes por el juez. DÉCIMO SEXTO: Que, en función a ello y pronunciándose en torno a los medios probatorios ofrecidos por las partes, se resuelve lo siguiente: DEMANDA: Al Punto Uno: El mérito de la Escritura Pública de Constitución de Hipoteca, de fecha trece de junio del año dos mil siete; Al Punto Dos: El mérito del Certificado de Gravámenes y Cargas; Al Punto Tres: El mérito del Pagaré; Al Punto Cuatro: El mérito de la carta notarial de fecha veintiocho de octubre de dos mil ocho; Al Punto

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Cinco: El mérito de la carta notarial de fecha veintiocho de octubre de dos mil ocho; Al Punto Seis: El mérito del Estado de cuenta de Saldo Deudor; y; Al Punto Siete: El mérito de la tasación de inmueble. CONTRADICCIONES: Terceros con Interés: a) Don AUGUSTO OLÓRTEGUI RODRÍGUEZ y doña JUDY ALIBECH BAZÁN RABANAL: Al Punto Uno: El mérito de la copia de la Minuta de compraventa; Al Punto Dos: El Mérito del Testimonio de Escritura Pública de Compra venta de fecha treinta de octubre de dos mil siete, que obra en original en autos; Al Punto Tres: El mérito de los estados de cuenta, emitidos por el Banco de Crédito del Perú; y, Al Punto Cuatro: Copia del reporte de crédito; b) Doña HANNY YSELA SALAZAR SALAS: Al Punto uno: El mérito del Testimonio de Escritura Pública de Compraventa de fecha veinticinco de abril de dos mil ocho; Al Punto Dos: El mérito de los recibos de pago de cuotas; Al Punto Tres: El mérito de la copia simple de la resolución de vista, de fecha nueve de setiembre de dos mil cinco; Al Punto Cuatro: El mérito de la declaración de parte del representante legal del banco demandante, conforme al pliego interrogatorio que obra en autos; Al Punto Cinco: Estando a que si bien el tercero con interés ha ofrecido como medio probatorio el informe detallado que deberá hacer el ejecutante sobre todos los créditos que ha otorgado para financiar la venta de cada uno de los departamentos y estacionamientos; también lo es que el artículo 690-D del Código Procesal Civil, señala de manera literal que en esta clase de procesos solo son admisibles la declaración de parte, los documentos y la pericia; es decir, no se encuentra contemplado el informe solicitado, fundamentos por los cuales corresponde desestimar dichos medios probatorios; c) Doña MARÍA SOFÍA RODRÍGUEZ SOLANO: Al Punto uno: El mérito del Testimonio de Escritura Pública de Compraventa de fecha quince de noviembre de dos mil siete; Al Punto Dos: El mérito de las copias de declaración jurada de autoavalúo; Al Punto Tres: El mérito de la copia simple de factura; d) Don CARLOS ANTONIO VIDAL TORRES: Al Punto Uno: El mérito de la copia certificada del acta de remate público; Al Punto Dos: El mérito de la copia certificada de las resoluciones números veintiséis, veintisiete y treinta y tres del principal y resolución seis del cuaderno cautelar; Al Punto Tres: El mérito de la copia certificada del escrito del banco demandante; y Al Punto Cuatro: El mérito de la copia legalizada del cargo de recepción de cheque; e) Don FERNANDO MARTÍN SOTOMAYOR PAJUELO: Al Punto Uno: Estando a que la copia del DNI constituye un anexo de la demanda: se dispone: Rechazar la misma

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por impertinente; Al Punto Dos: El mérito de la copia legalizada de la Minuta de Compraventa de fecha quince de diciembre de dos mil siete; Al Punto Tres: El mérito de la copia legalizada de la ADDENDA; Al Punto Cuatro: El mérito de la copia legalizada de los recibos de pago; Al Punto Cinco: El mérito de la copia legalizada de la carta de fecha cuatro de setiembre de dos mil ocho; y, Al Punto Seis: Estando a que si bien el tercero con interés ha ofrecido como medio probatorio la exhibición que deberá hacer el ejecutante del contrato de crédito hipotecario con sus anexos; también lo es, que el artículo 690-D del Código Procesal Civil, señala de manera literal que en esta clase de procesos solo son admisibles la declaración de parte, los documentos y la pericia; es decir, no se encuentra contemplado la exhibición solicitada, fundamentos por los cuales, corresponde desestimar dichos medios probatorios; f) Don DENY MICHEL FALEN REGALADO: Al Punto Uno: El mérito de la copia del tríptico; Al Punto Dos: El mérito de la copia legalizada de minuta de compraventa, de fecha veinticinco de enero del dos mil ocho; Al Punto Tres: El mérito de la copia simple de recibo de pago; Al Punto Cuatro: El mérito de la copia del comprobante de pago; Al Punto Cinco: El mérito de la copia simple del ticket; Al Punto Seis: El mérito de la copia simple del recibo; Al Punto Siete: No constituyendo un medio probatorio en autos: se rechaza el mismo por impertinente; Al Punto Ocho: El mérito de la copia simple de carta. ABSOLUCIÓN DE CONTRADICCIONES: No hay medios probatorios que admitirse al haber presentado sus escritos fuera del plazo de ley; DÉCIMO SÉTIMO: Que, habiéndose admitido como medio probatorio la declaración de parte del demandante y teniéndose que actuar dicha prueba en audiencia, resulta procedente al amparo de lo contemplado en el artículo 690-E del Código Procesal Civil, fijar fecha para la audiencia respectiva, dejándose sin efecto por ahora lo decretado en la resolución número treinta y cuatro, de fecha dieciséis de abril último, esto es, poner los autos en despacho a efectos de emitir el auto final. Por estas razones y conforme al estado del proceso: SE RESUELVE: 1. DEJAR SIN EFECTO lo decretado por resolución número treinta y cuatro, de fecha dieciséis de abril último, esto es, poner los autos en despacho para emitir el auto final.

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2. DECLARAR INFUNDADA la EXCEPCIÓN DE AMBIGÜEDAD EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA, deducida por el Tercero con Interés Doña HANNY YSELA SALAZAR SALAS mediante escrito de fecha doce de noviembre del año dos mil nueve y la EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR, deducida por el Tercero con Interés don CARLOS ANTONIO VIDAL TORRES mediante escrito de fecha diecisiete de febrero del año dos mil doce y SANEADO EL PROCESO Y LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL VÁLIDA EN AUTOS; 3. FÍJESE COMO PUNTOS CONTROVERTIDOS EN AUTOS LOS SIGUIENTES: 2.1.) Determinar si resulta procedente que la ejecutada BCHK S.A.C. debe cumplir con abonar a la parte ejecutante BANCO FINANCIERO DEL PERÚ, el saldo capital ascendente a la suma de US$ 98,524.00 Dólares Americanos o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio del día de pago; más intereses compensatorios y moratorios, costas y costos del proceso, bajo apercibimiento de procederse al remate del inmueble otorgado en garantía hipotecaria, mediante Escritura Pública de Constitución de Hipoteca de fecha trece de junio del año dos mil siete; 2.2) Determinar si el departamento Número 401 - del Edificio Residencial “Independencia” no debe ser afectado en el presente proceso por haberse cancelado en su totalidad su valor a la ejecutada; 2.3.) Determinar si la obligación demandada resulta ser inexigible e ilíquida en lo concerniente al tercero con interés don Hanny Ysela Salazar Salas; 2.4.) Determinar si resulta procedente en este proceso reconocer el derecho de propiedad del tercero con interés doña María Sofía Rodríguez Solano en oposición a los litigantes con relación al Departamento 201 y Estacionamiento 02 del Edificio Residencial Independencia, sito en el Jirón San Martín Número 442-443 - Magdalena del Mar; 2.5) Determinar si la obligación reclamada es inexigible y asimismo se ha extinguido con relación al tercero con interés don Carlos Antonio Vidal Torres, por mandato arbitral; 2.6) Determinar si la obligación materia de ejecución resulta ser inexigible respecto al tercero con interés don Fernando Martín Sotomayor Pajuelo. 4. RECHÁCESE los medios probatorios ofrecidos por el Tercero con Interés doña HANNY YSELA SALAZAR SALAS en el punto cinco

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de sus medios probatorios, esto es, el informe solicitado y el ofrecido por el tercero con interés Don FERNANDO MARTÍN SOTOMAYOR PAJUELO en el punto seis de sus medios probatorios, esto es la exhibición, en base a los argumentos descritos en el décimo sexto considerando de la presente resolución; 4. ADMÍTASE todos los medios probatorios descritos en el décimo sexto considerando de la presente resolución; y, 5. SEÑÁLESE fecha para la AUDIENCIA en autos, para el día DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, a horas DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA, hora exacta, la misma que se realizara con las reglas establecidas para la audiencia única; en el local del Juzgado y bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de ambas partes de darse por concluido los presentes actuados. Reasumiendo sus funciones la Señora Juez Titular que suscribe por disposición Superior. Notificándose.

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EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA EN EL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN

TERCER JUZGADO DE DERECHO COMERCIAL DE LIMA EXPEDIENTE Nº : 7608-2012 DEMANDANTE : BANCO NUEVO MUNDO EN LIQUIDACIÓN DEMANDADO : OCTAVIO GÓMEZ DÍAZ Y OTROS MATERIA

: EJECUCIÓN DE GARANTÍA

AUTO FINAL RESOLUCIÓN Nº 20

Miraflores, veinticinco de abril de dos mil catorce AUTOS Y VISTOS; y, ATENDIENDO a que: PRIMERO: La pretensión demandada se circunscribe al pago de la suma de tres mil setecientos ochenta y cuatro y 26/100 dólares americanos, más intereses legales, bajo apercibimiento de ejecutarse la garantía constituida por testimonio de escritura pública de 22 de noviembre de 1996, que obra a folios catorce, ampliada por escritura de folios veinticuatro y siguientes. SEGUNDO: No obstante su formalidad y la naturaleza del proceso único de ejecución, la normativa permite al emplazado, en observancia del irrestricto derecho de defensa, contradecir el mandato ejecutivo, bajo determinadas causales previstas por el artículo 690-D del Código Procesal Civil, incorporado por el Decreto Legislativo Nº 1069, y tratándose de otro título de ejecución por la normativa respectiva. TERCERO: Por escrito de folios doscientos treinta y dos a doscientos treinta y nueve, los demandados Jorge Adolfo Lazo Portugal y Rocío del Pilar Rubina Arenas formulan contradicción al mandato ejecutivo bajo la causal de nulidad, y deduce las excepciones de litispendencia, cosa juzgada y falta de legitimidad para obrar del demandante,

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alegando, esencialmente, lo siguiente: a) respecto de la excepción de litispendencia: i) que la demandante apareja a su demanda, con la finalidad de acreditar la existencia de la obligación garantizada, copias certificadas del proceso de obligación de dar suma de dinero seguido contra Octavio Napoleón Gómez Díaz y Rosa Portugal Flores de Gómez, seguido ante el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores –Expediente N° 500-2003–, proceso que concluyó con sentencia favorable a la demandante que ordenó el pago de la suma de tres mil setecientos ochenta y cuatro y 26/100 dólares americanos; ii) que la mencionada sentencia quedó consentida, razón por la cual debe ser ejecutada por la parte demandante en el correspondiente proceso de ejecución, pues es improcedente que, habiéndose tramitado el antes aludido proceso, se pretenda ahora el pago de la misma obligación en el de autos; b) respecto de la excepción de cosa juzgada: i) que la demandante apareja a su demanda, con la finalidad de acreditar la existencia de la obligación garantizada, copias certificadas del proceso de obligación de dar suma de dinero seguido contra Octavio Napoleón Gómez Díaz y Rosa Portugal Flores de Gómez, seguido ante el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores –Expediente N° 500-2003–, proceso que concluyó con sentencia favorable a la demandante que ordenó el pago de la suma de tres mil setecientos ochenta y cuatro y 26/100 dólares americanos, sentencia que quedó consentida; ii) que habiéndose tramitado antes el aludido proceso, se pretenda ahora el pago de la misma obligación en el de autos; c) respecto de la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante: i) que la demandante ha ofrecido como medio de prueba para acreditar su calidad de acreedor hipotecario, la escritura pública de 5 de octubre de 2009, por la que Inmobiliaria Turquesa S.A. en liquidación (antes Corporación Gremco S.A.) cedió su posición contractual a la demandante en el contrato materia de la escritura pública del 22 de noviembre de 1996, así como la hipoteca de la misma; ii) que, tal como se puede apreciar de los actuados judiciales ofrecidos como medios de prueba por la demandante, la deuda materia del proceso de autos fue objeto de cobro el año 1994, esto es, cinco años antes de la mencionada cesión, lo que demuestra que careció de objeto al no ser el cedente titular de las acreencias que se pretendió ceder, vía cesión de posición contractual; iii) que, al carecer dicha cesión de objeto, la hipoteca que se cedió conjuntamente con la posición contractual no puede reputarse cedida con respecto a las acreencias que fueron materia de cesión con anterioridad a su cesión, por lo que la demandante carece

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de legitimidad para solicitar el pago de la deuda puesta a cobro; d) respecto de la contradicción: i) que la escritura pública de 22 de noviembre de 1996 no cumple con la formalidad establecida en el inciso 3 del artículo 1099 del Código Civil, sobre los requisitos de validez de la hipoteca, respecto a que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en el Registro de Propiedad Inmueble; ii) que en las escrituras públicas se ha omitido fijar el monto del gravamen, razón por la que la hipoteca resulta nula y no surte efecto legal; iii) que como consecuencia de la mencionada omisión se ha anotado equivocadamente como tipo del gravamen la suma de noventa y siete mil novecientos cuarenta y 00/100 dólares americanos, error de registrado que no convalida y acarrea la nulidad de la hipoteca; y, iv) que la obligación demandada está representada en títulos valores con vencimientos desde el 28 de febrero de 1995 hasta el 28 de noviembre de 2004, que no han sido presentados. CUARTO: Por escrito de folios trescientos sesenta y siete a trescientos setenta y seis, la demandante absuelve la contradicción manifestando, básicamente, lo siguiente: a) respecto de la excepción de litispendencia: i) que no es cierto que el título de ejecución, en este proceso, sean las copias certificadas del proceso de obligación de dar suma de dinero –Expediente N° 500-2003– sino en la escritura pública de 22 de noviembre de 1996, la que fuera cedida al Banco recurrente mediante escritura pública de 5 de octubre de 2009, y en este proceso se está ejerciendo la acción real al amparo del artículo 1117 del Código Civil; ii) que esta excepción se deduce cuando existe un proceso en trámite y no como alegan los demandados, sobre un proceso que se encuentra concluido; y, iii) que para ser atendible esta excepción debe cumplirse con la triple identidad de sujetos, objeto y causa, que no se presenta, ya que en el Expediente N° 500-2003 no se encontraban demandados Jorge Adolfo Lazo Portugal y Rocío del Pilar Rubina Arenas, y el objeto era el pago de letras mediante acción cambiaria al amparo de la Ley N° 16587, y en el presente caso el objeto es el saldo de la hipoteca legal del precio por la compra de los inmuebles, que son objeto y causas distintas; b) respecto de la excepción de cosa juzgada: que los demandados proponen esta excepción bajo los mismos argumentos de la excepción de litispendencia, en la que también se exige la triple identidad, conforme al artículo 452 del Código Procesal Civil, pero, como se ha indicado, los sujetos, las causas y las vías procedimentales no son los mismos;

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c) respecto de la falta de legitimidad para obrar del demandante: i) que los demandados adquirieron un inmueble hipotecado y, como tales, asumen la obligación de sus transferentes, lo cual conforme a lo pactado en la cláusula sétima de la escritura púbica de 22 de noviembre de 1996, podía ser cedida la posición contractual por Corporación Gremco a favor de cualquier entidad bancaria, como ocurrió con la cesión realizada a favor de la recurrente, mediante escritura pública de 5 de octubre de 2009, convirtiéndose en acreedor de la relación sustancial materia del proceso de autos; ii) que, como la deuda fue puesta a cobro el año 1994, esto es, cinco años antes de la cesión, se dice que esta careció de objeto porque Corporación Gremco no era titular de la acreencia que se pretendió ceder; iii) que el proceso signado con el número 500-2033 para el cobro de las tres letras por la acción cambiaria fue presentada por el Banco porque le fueron endosadas, en el que no han intervenido los efectos del acto jurídico que le dieron origen; iv) que en el caso de la cesión de posición contractual, realizada por escritura pública de 5 de octubre de 2009, Corporación Gremco cedió su posición contractual a favor del Banco Nuevo Mundo en liquidación, en el contrato suscrito por escritura pública de 22 de noviembre de 1996 con los codemandados Octavio Napoleón Gómez Díaz y Rosa Elvira Portugal Flores de Gómez siguiendo los requisitos establecidos en el artículo 1435 del Código Civil, acto que comprendió todos los derechos y obligaciones que el cedente pactó con el cedido, en este caso estamos frente a un contrato de compraventa de inmuebles, cuyo cumplimiento estaba garantizado con una hipoteca, teniendo ahora el derecho a ejercitar la acción que como comprador-cesionario-acreedor tiene contra los cedidos y actuales propietarios del inmueble, conforme lo establece el artículo 1117 del Código Civil; d) respecto de la contradicción: i) que la nulidad de hipoteca se alega en vía de acción y no de contradicción al ser su constitución un acto jurídico; ii) que los contratos y sus cláusulas se deben interpretar de manera objetiva, de acuerdo a lo que se haya expresado en el contrato y según el principio de la buena fe, y en forma sistemática, interpretándose unas por medio de las otras en el sentido que resulte del conjunto de ellas, conforme lo disponen los artículos 168 y 169 del Código Civil. QUINTO: La excepción es un instituto procesal por medio del cual la parte emplazada ejerce su derecho de defensa denunciando la existencia de una relación jurídica procesal inválida por omisión o defecto de algún presupuesto procesal –competencia, capacidad o requisitos de

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la demanda–, o el impedimento de pronunciarse sobre el fondo de la controversia por omisión o defecto de una condición de la acción –legitimidad e interés para obrar–. SEXTO: Por la excepción de litispendencia se denuncia la existencia de dos procesos idénticos en trámite que se vienen tramitando entre las mismas partes, con iguales pretensiones procesales y promovidos en virtud del mismo interés, a tenor de lo dispuesto por los artículos 452 y 453 del Código Procesal Civil. SÉTIMO: De acuerdo con lo alegado por la defensa y de las copias de los actuados judiciales que obran a folios ciento cuatro y siguientes, se tiene que dicho proceso no es uno similar al de autos, toda vez que aquel es un procedimiento no contencioso de reconocimiento de obligación, en tanto que este último uno ejecutivo de ejecución de garantías–; a lo que se debe agregar que en uno y otro no intervienen exactamente las mismas partes que conforman el proceso de autos, y el interés no es el mismo– reconocimiento de documentos en el primero y ejecución de garantía en el segundo; tanto más si –como lo alega la demandada–, el primero de los mencionados procesos cuenta con sentencia firme, es decir, ambos procesos no se encuentran, por lo que esta excepción debe desestimarse. OCTAVO: La excepción de cosa juzgada se presenta cuando se ha entablado, con anterioridad al de autos, un proceso idéntico –esto es, tramitado entre las mismas partes, con iguales pretensiones procesales y promovidos en virtud del mismo interés, a tenor de lo dispuesto por los artículos 452 y 453 del Código Procesal Civil– el que ya fue resuelto y cuenta con sentencia o laudo firme. NOVENO: Según la copia certificada de la sentencia expedida con fecha 10 de junio de 2003, que obra a folios ciento veintisiete a ciento veintiocho, se tiene que el alegado proceso idéntico y anterior al de autos, es uno de obligación de dar suma de dinero interpuesto por Banco Nuevo Mundo en Liquidación contra Octavio Napoleón Gómez Díaz y Rosa Portugal Flores de Gómez, de lo que se concluye que dicho proceso no es uno similar al de autos, toda vez que en uno y otro no intervienen exactamente las mismas partes, y aun cuando en el primero exista sentencia firme, el interés no es el mismo, por lo que esta excepción debe desestimarse igualmente.

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DÉCIMO: Por la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante se cuestiona la identidad de la persona del actor con la persona a cuyo favor está la ley sustantiva; esto es, se objeta la relación jurídica material trasladada a la relación jurídica procesal, en lo que respecta al emplazante. UNDÉCIMO: La pretensión demandada deriva de la escritura pública de compraventa de 22 de noviembre de 1996, por la que Corporación Gremco S.A. transfiere la propiedad de los inmuebles materia de autos a favor de Octavio Napoleón Gómez Díaz y Rosa Portugal Flores de Gómez, quienes, en garantía del cumplimiento del saldo pendiente, hipotecaron los bienes en favor de aquella, hasta la completa y total cancelación del precio pactado. DUODÉCIMO: La demandante ha presentado, adicionalmente, la escritura pública de 5 de octubre de 2009, celebrada con Inmobiliaria Turquesa S.A., por la cual esta última declara que Gremco S.A. cambió de denominación social por la de Inmobiliaria Turquesa S.A. en liquidación –tal como consta en el asiento D00006 de folios cincuenta y cinco– y, a la vez, cedió su posición contractual en favor de Banco Nuevo Mundo en Liquidación, en aplicación de lo estipulado en la cláusula sétima de la escritura pública de 22 de noviembre de 1996. DÉCIMO TERCERO: En la referida cláusula sétima de esta última escritura pública establece lo siguiente: “La vendedora podrá ceder el rango de la hipoteca legal constituida en la presente minuta a favor de entidad bancaria o financiera. Asimismo, los compradores dan su conformidad para que la vendedora pueda ceder a institución bancaria o financiera la posición que tiene en el presente contrato, con la obligación a comunicársele por escrito la fecha en que se produzca dicha cesión (…)”. DÉCIMO CUARTO: Conforme se aprecia de la carta notarial de folios ciento tres, la demandante comunicó a los demandados Octavio Napoleón Gómez Díaz y Rosa Portugal Flores de Gómez acerca de la referida cesión de posición contractual respecto de la hipoteca de los bienes materia de autos, cumpliéndose así con lo dispuesto por el artículo 1435 del Código Civil, por lo que, de igual forma, debe desestimarse esta excepción.

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DÉCIMO QUINTO: Respecto de la contradicción, se debe indicar, en primer lugar, que la hipoteca materia de autos fue constituida por escritura pública de 22 de noviembre de 1996, otorgada por Octavio Napoleón Gómez Díaz y Rosa Elvira Portugal Flores de Gómez en favor de Corporación Gremco e inscrita registralmente, conforme se aprecia de la impresión 2 de la Partida N° 41444274 de folios cuarenta y siete. DÉCIMO SEXTO: Posteriormente, se inscribió la cesión de posición contractual en favor de la demandante Banco Nuevo Mundo en liquidación, conforme se aprecia del asiento D 00006 de la misma partida de folios cincuenta y cinco. DÉCIMO SÉTIMO: De lo antes señalado, se concluye que la demandante adquirió, vía cesión de posición contractual, la hipoteca materia de autos, por lo que tiene legitimidad para haber interpuesto y tramitar la demanda de autos. DÉCIMO OCTAVO: De otro lado, La nulidad formal de un documento está referida a la ausencia de una formalidad exigida por ley bajo sanción de nulidad; es decir, se requiere establecer la concurrencia irreal, ficticia o viciada, o la inconcurrencia, de alguno de los elementos esenciales predeterminados en la ley de la materia, de modo que su inobservancia total o parcial haga imposible el reclamo pecuniario en la vía ejecutiva, al entenderse que esta vía es exclusiva para los títulos perfectamente emitidos. DÉCIMO NOVENO: Los fundamentos expuestos en la contradicción no se ajustan a ninguno de los supuestos antes descritos, no solo por tratarse de denuncias no formales, sino porque el hecho de no haberse presentado los títulos valores que requiere la parte demandada no constituye un vicio formal del título. La obligación y su importe se encuentran contenidos en la mencionada escritura pública de 22 de noviembre de 1996 y su ampliación de 5 de octubre de 2009, mas no en los títulos valores a que hace referencia en la contradicción, tanto es así que lo que se reclama es el saldo deudor existente, esto es, capital más intereses devengados, habiéndose delimitado el importe de la pretensión al saldo capital únicamente, conforme se aprecia del mandato ejecutivo.

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VIGÉSIMO: De otro lado, el proceso de autos tiene por finalidad el cobro de una determinada acreencia dineraria y que en caso de no ser satisfecha voluntariamente, se procederá a la venta judicial de los bienes dados en garantía. Siendo así, no corresponde a esta judicatura analizar y pronunciarse sobre los cuestionamientos a la validez de la constitución de la hipoteca por tratarse de aspectos sustantivos –y no formales– referidos al acto jurídico, que solo pueden ser materia de un proceso cognitivo y no en uno ejecutivo, como el de autos. VIGÉSIMO PRIMERO: Por lo señalado precedentemente, corresponde desestimar la contradicción formulada, y comoquiera que la obligación puesta a cobro no ha sido cancelada ni extinguida de algún otro modo, corresponde proceder con el remate de los bienes dados en garantía hipotecaria. Por los fundamentos expuestos, en aplicación de lo previsto en los artículos 722 y 723 del Código Procesal Civil, el primero modificado por el Decreto Legislativo Nº 1069, SE RESUELVE: 1. Declarar INFUNDADAS las excepciones de litispendencia, de cosa juzgada y de falta de legitimidad para obrar del demandante. 2. Declarar INFUNDADA la contradicción formulada. 3. ORDENAR el REMATE de los bienes otorgados en garantía, conforme a los términos del mandato ejecutivo; con costas y costos, consentida o ejecutoriada que sea esta resolución; 4. NOTIFICAR a las partes.

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EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA EN EL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN

EXPEDIENTE Nº : 09053-2007-0-1801-JR-CI-12 ESPECIALISTA : ALFREDO ARELLANO ALVÁN DEMANDANTE : FINANCIERA DAEWOO S.A. EN LIQUIDACIÓN DEMANDADOS : PEDRO ESPINOZA LUDEÑA Y MANUELA LUZ SUÁREZ LIZARBE DE ESPINOZA PROCESO

: EJECUCIÓN

MATERIA

: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

RESOLUCIÓN Nº 13

Lima, veintinueve de enero de dos mil diez Autos y Vistos: Puestos los autos a fin de resolver la contradicción efectuada al mandato de ejecución; y, Atendiendo: PRIMERO: Que, la demanda es un acto jurídico procesal de declaración de voluntad por el cual se ejercita la acción y se formulan las pretensiones ante el Órgano Jurisdiccional, exponiéndose en forma clara y concreta el objeto de la misma y los fundamentos de hecho y de derecho, en que se sustentan, siendo la presente una de Ejecución de Garantía. SEGUNDO: Que, de conformidad con el artículo 188 del Código Procesal Civil los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundar sus decisiones; asimismo, es principio procesal que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, a tenor de lo que dispone el artículo 196 del acotado ordenamiento procesal.

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TERCERO: Que, mediante resolución número uno de fecha veinticinco de julio del año dos mil siete, obrante a fojas treinta y treinta y uno, se admitió la demanda en vía del proceso de ejecución de garantías, en consecuencia se notificó a los ejecutados Pedro Espinoza Ludeña y Manuela Luz Suárez Lizarbe de Espinoza para que dentro del plazo de ley cumplan con abonar a la parte ejecutante Financiera Daewoo S.A. en Liquidación la suma de Cuatro Mil Cincuenta con 04/100 Dólares Americanos (US$ 4,050.04), más los intereses correspondientes, con las costas y costos procesales, bajo apercibimiento de ordenarse el remate del bien dado en garantía. CUARTO: Que, la parte ejecutada conformada por Pedro Espinoza Ludeña y Manuela Luz Suárez Lizarbe de Espinoza se apersonan al proceso, según escrito obrante en autos, y formulan contradicción a la ejecución, basándose en la Prescripción de la acción de pago del saldo deudor al haber transcurrido más de diez años para interponer la demanda, según lo normado en el numeral 1) del artículo 2001 del Código Civil. QUINTO: Que, según lo dispone el artículo 690-D del Código Adjetivo la parte ejecutada puede contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales y defensas previas; además que solo podrá fundarse la misma en la inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título, en la nulidad formal o falsedad del título, o completado en forma contraria a los acuerdos; y en la extinción de la obligación exigida; siendo que la parte ejecutada ha formulado contradicción al mandato ejecutivo, sin embargo no señala el supuesto de contradicción, solo hace referencia a la prescripción extintiva normada en el Libro VIII del Código Civil; alegando principalmente que conforme al artículo 1993 del Código Civil “la prescripción comienza a correr desde el día que puede ejercitarse la acción”, la misma que en el caso de autos tiene un plazo de duración de diez años, conforme al artículo 2001, numeral 1) del Código Civil, y se advierte de la liquidación ofrecida por la parte ejecutante que desde la fecha de pago de la cuota número veintitrés, del nueve diciembre de mil novecientos noventa y ocho, hasta que se notifica la presente demanda –veinte de mayo del año dos mil nueve– ha operado la prestación acotada en el artículo 2001 numeral 1) del Código Civil concordado con lo establecido en los artículos 9 y 178 del Decreto Legislativo Nº 770 –Ley General de Instituciones Bancarias y Financieras

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y de Seguros y los artículos 2 y 63, del Código de Comercio– normas vigentes al momento de la existencia de la prenda y que habiéndose presentado la demanda con fecha dieciocho de julio del año dos mil siete, notificada el veinte de mayo del año dos mil nueve, interrumpido el recurso prescriptorio, el reclamo contenido en ella ya no era tutelable judicialmente dado que el plazo de diez años, había expirado indefectiblemente el nueve de diciembre del dos mil ocho –fecha del último pago–. SEXTO: Que, se advierte de autos que efectivamente existe un contrato de prenda vehicular celebrado entre Financiera Daewoo S.A. (ahora en liquidación) con los ejecutados, obrante a fojas once y doce, no obrando además documento alguno en el sistema que indique algún tipo de pago efectuado como cumplimiento total de la obligación; además que no existe documento alguno que indique que la parte ejecutada haya sido requerida al pago adeudado con fecha anterior al de la prescripción, es decir, con fecha nueve de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho que fue la fecha del último pago realizado, según consta de la liquidación adjuntada a fojas diecisiete. SÉTIMO: Que, el artículo 1989 del Código Civil indica que “la prescripción extingue la acción pero no el derecho mismo”; al respecto cabe señalar que la prescripción extintiva pone término a una situación jurídica de latencia de derechos a fin de que el deudor pueda liberarse de la acción protectora de un derecho subjetivo que gozaba el acreedor, y que por decurso del tiempo previsto en la ley, y por su inacción ya no puede ejercerla. El ordenamiento jurídico hace prevalecer el valor seguridad por encima de otros valores, tales como la justicia o la equidad; al respecto el jurista Vidal Ramírez expresa que “el prescribiente debe probar que la acción era ejercitable desde un determinado día, y que en el decurso prescriptorio no se han presentado causales de suspensión, ni interrupción que habiendo estas últimas devinieron en ineficaces, y que el plazo ha transcurrido para que quede cumplido el decurso prescriptorio”. OCTAVO: Además, el artículo 2001 en el numeral 1) del Código Civil indica que a los diez años, la acción real prescribe; y el artículo 1996 del Código ya glosado en su numeral 3) indica que la prescripción se interrumpe con la citación, con la demanda o por otro acto con el que

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se notifique al deudor, aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente. NOVENO: Que, de los autos fluye que el contrato de constitución de garantía (prendaria) celebrado entre las partes, data del año mil novecientos noventa y seis, siendo que según liquidación que obra a fojas diecisiete, el nueve de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho fue la última fecha de pago que efectuara la parte ejecutada, y desde esa fecha la parte ejecutante tenía diez años para demandar y que sea notificada la parte ejecutada; sin embargo de autos se tiene que no fue así, además que la demanda fue interpuesta con fecha dieciocho de julio del año dos mil siete, emitiéndose el mandato de ejecución con fecha veinticinco de julio del año dos mil siete, el mismo que obra a fojas treinta y treinta y uno; y siendo notificados con el mandato de ejecución con fecha veintiséis de mayo del año dos mil nueve, según cargos que obran en autos, es decir habiendo ya transcurrido más de diez años para poder accionar, tal y como lo señala nuestro ordenamiento sustantivo en su artículo 2001 numeral 1); además cabe indicar que se ha establecido en reiteradas ejecutorias que la interrupción de la prescripción se produce mediante la citación con la demanda y no con su interposición; por tanto habiendo pasado más de diez años, tal y como lo señala nuestro ordenamiento sustantivo, corresponde declarar la prescripción extintiva de la obligación puesta a cobro. Por tales fundamentos, que resultan determinantes de la decisión final y valorando en forma conjunta las pruebas incorporadas al proceso conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil; y a lo establecido por el artículo 689, 720 y 722 del indicado cuerpo normativo, el señor Juez del Décimo Segundo Juzgado Civil Sub Especialidad Comercial de Lima, impartiendo Justicia a nombre de la Nación resuelve: • Declarar fundada la excepción de PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA formulada por los ejecutados Pedro Espinoza Ludeña y Manuela Luz Suárez Lizarbe de Espinoza, en consecuencia se declara la NULIDAD de todo lo actuado y se da por CONCLUIDO el presente proceso; consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución. Notificándose.

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DEFENSAS PREVIAS EN EL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN

TERCER JUZGADO DE DERECHO COMERCIAL DE LIMA EXPEDIENTE Nº : 7480-2013 DEMANDANTE : SCOTIABANK PERÚ S.A.A. DEMANDADOS : FERNANDO ZEVALLOS CABELLOS S.A.C. Y OTROS MATERIA

: EJECUCIÓN DE GARANTÍA

AUTO FINAL RESOLUCIÓN Nº 06

Miraflores, dos de abril de dos mil catorce AUTOS Y VISTOS; y, CONSIDERANDO que: PRIMERO: La pretensión demandada se circunscribe al pago de la suma de ciento sesenta y nueve mil trescientos dos y 37/100 nuevos soles (S/. 169,302.67), más intereses legales, bajo apercibimiento de ejecutarse el bien dado en garantía hipotecaria constituida por testimonio de escritura pública de 6 de enero de 2012, que obra a folios treinta y cinco y siguientes. SEGUNDO: No obstante su formalidad y la naturaleza del proceso único de ejecución, la normativa permite al emplazado, en observancia del irrestricto derecho de defensa, contradecir el mandato ejecutivo, bajo determinadas causales previstas por el artículo 690-D del Código Procesal Civil, incorporado por el Decreto Legislativo Nº 1069, y tratándose de otro título de ejecución por la normativa respectiva. TERCERO: Por escrito de folios noventa y nueve a ciento cuatro, la demandada Fernando Zevallos Cabellos S.A.C. formula contradicción al mandato de ejecución, oponiendo defensa previa y la causal de inexigibilidad de la demanda, alegando, esencialmente, lo siguiente: a) respecto de la defensa previa: i) que la demandante debe presentar previamente el informe sobre la gestión iniciada por los ejecutados

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garantes, tendientes a solucionar el extremo de los intereses y penalidad que inciden directamente en la obligación total, donde se encuentra el monto demandado; ii) que la demanda fue presentada el 2 de agosto de 2013, es decir, dos meses antes del inicio a las gestiones antes referidas; iii) que con fecha 2 de octubre de 2012, las partes iniciaron un trato directo para dar solución a la obligación que se había generado, conjuntamente con los intereses y penalidades, desconociendo el inicio de la demanda de autos, presumiendo que se ha originado por tratarse de Áreas diferentes y que no ha habido una comunicación directa que ponga en conocimiento de los precitados acuerdos, lo que se acredita con los medios de prueba que se anexa; iv) que, consecuentemente, estando en vías de solución la cancelación de la deuda, resulta necesario se requiera a la actora los informes sobre el aludido trámite que se inició a fin de colisionar derechos; v) que, asimismo, con fecha 2 de octubre de 2013 se concretó trámites internos con la demandante, donde se generó la obligación mayor, habiéndose solicitado la condonación de los intereses y penalidades que le permita honrar el consolidado de los créditos vencidos; vi) que resulta irregular la acción ejecutiva iniciada ya que no se encuentra determinada la fecha de vencimiento o inicio de exigibilidad que se demanda, tanto más si se encuentra dentro de una obligación mayor y en trámite para solucionar el pago, por lo que la pretensión incoada resulta prematura; y, vii) que existen diferencias en cuanto al monto materia de la reclamación de la demandante, lo que significa graves perjuicios a su precaria situación; en efecto, mientras en la carta de 17 de octubre de 2013, se señala un monto de doscientos once mil cincuenta y seis y 68/100 nuevos soles, en la demanda se indica un monto diferente, por lo que se deberá establecer cuál es monto real adeudado; b) en lo que respecta a la inexigibilidad de la demanda: i) que al no aparecer con precisión al momento a partir del cual se puede exigir la prestación de los títulos modificados y ampliados, así como sobre los cuales existen trámites iniciados para el cumplimiento de la obligación total, siendo imprecisos estos que vulneran su derecho de contradicción, máxime con los pagos realizados que no se consideran, le causa indefensión, tanto más si lo demandado estaría incluido en el monto demandado ante el Décimo Juzgado de Paz Letrado de Los Olivos – Expediente N° 05048-2013; ii) que, conforme a los títulos aparejados, celebró actos jurídicos que, conforme al transcurso del tiempo fueron modificados y ampliados, sin que se encuentre precisa la fecha que determine el inicio de la exigencia de la obligación contenida en ellos.

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CUARTO: Por su parte, el Banco demandante, por escrito de folios ciento veintiséis a ciento treinta, absuelve la contradicción, esencialmente, en los siguientes términos: a) respecto de la defensa previa: i) que niega que haya pactado con los demandados la suspensión del cobro de la deuda mientras existan reuniones, conversaciones y negociaciones para cancelar la deuda puesta a cobro; ii) que la demandada Fernando Cabellos S.A.C. reconoce que no ha cancelado sus deudas contraídas, ni lo ha demostrado, lo que ha generado que se ejecute la garantía hipotecaria constituida para respaldar el cumplimiento de las mismas; y, b) respecto de la inexigibilidad; i) que el petitorio de la demanda únicamente ha incluido el capital adeudado por cada una de las obligaciones descritas en los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de los fundamentos de hecho de la demanda; ii) que no es verdad que no se encuentre precisada la fecha del inicio de la exigencia; iii) que cada uno de los estados de cuenta que se han presentado con la demanda cuentan con la fecha de vencimiento de las obligaciones incluidas en el petitorio de la demanda; iv) que no es verdad que se pretenda sorprender, que la obligación se encuentra comprendida en dos procesos judiciales, para lo cual acompaña copia de la demanda ante el Décimo Juzgado de Paz Letrado de San Martín de Porres - Expediente N° 054-2013. QUINTO: Conforme a lo dispuesto por el artículo 455 del Código Procesal Civil, las defensas previas son aquellas que se encuentran previstas por la norma sustantiva, como el beneficio de excusión, el beneficio de inventario, entre otros, a los que debe agregar que el objeto de las mismas es que se suspenda el desarrollo del proceso hasta que el demandante realice la actividad que el derecho sustantivo prevé como acto previo al planteamiento de la demanda. SEXTO: La defensa previa planteada por la demandada Fernando Zevallos Cabellos S.A.C. no se encuentra prevista en el Código Civil ni en ninguna otra norma sustantiva, razón por la que, de por sí, debe ser desestimado dicho medio de defensa procesal. SÉTIMO: Por el contrario, los fundamentos esgrimidos al respecto, importan un modo de defensa contra los argumentos propios de la demanda, relativos a la inexigibilidad de la ejecución, la que también ha sido planteada como causal de contradicción, lo que será analizado en adelante.

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OCTAVO: La inexigibilidad de la obligación se configura cuando por razones de tiempo (plazo no vencido), lugar (distinto al señalado en el título para su ejecución), modo (condición, cargo o forma acordada para su cumplimiento) o por alguna otra situación razonable, la obligación no puede ser válidamente reclamada. NOVENO: Al respecto, la obligación materia de autos se encuentra desagregada en los siguientes títulos: a) pagaré por el importe de nueve mil novecientos setenta y siete y 98/199 nuevos soles, con vencimiento al 26 de abril de 2013, obrante a folios trece; b) pagaré por el importe de veinticuatro mil ciento cuarenta y cuatro y 78/100 nuevos soles, con vencimiento al 26 de abril de 2013, obrante a folios dieciséis; c) pagaré por el importe de dieciséis mil trescientos ocho y 078/100 nuevos soles, con vencimiento al 26 de abril de 2013, obrante a folios diecinueve; d) pagaré por el importe de veinte mil y 00/100 nuevos soles, con vencimiento al 23 de enero de 2013, obrante a folios veintidós; e) pagaré por el importe de diez mil ochenta y un y 61/199 nuevos soles, con vencimiento al 26 de abril de 2013, obrante a folios veinticinco; f) pagaré por el importe de ochenta y seis mil y 00/100 nuevos soles, con vencimiento al 21 de enero de 2013, obrante a folios veintinueve; y, g) letra de cambio a la vista por dos mil setecientos ochenta y nueve y 93/100 nuevos soles, con vencimiento a la vista. DÉCIMO: De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 720 del Código Procesal Civil, modificado por el Decreto Legislativo N° 1069, procede la ejecución de garantías reales siempre que su constitución cumpla con las formalidades de ley, y la obligación se encuentre contenida en el mismo documento –garantía– o en cualquier otro título ejecutivo. UNDÉCIMO: En la segunda cláusula adicional, referida a las garantías hipotecarias, las obligaciones reclamadas se encuentran contenidas en títulos valores enumerados en la escritura pública presentada con la demanda –pagarés y letra de cambio a la vista–, todos los cuales tienen fecha de vencimiento –ya cumplidos– y no se encuentran sujetos a condición alguna que suspenda sus efectos. DUODÉCIMO: La parte demandada no ha objetado en ningún extremo la exigibilidad de los títulos valores antes mencionados, limitando sus alegaciones a negociaciones o tratativas que han venido

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realizando con la parte demandante sobre la obligación reclamada y, supuestamente, sobre otra u otras complementarias, como se advierte de los documentos de folios noventa y cinco a noventa y ocho, sobre los cuales, por lo demás, no le corresponde pronunciarse a esta judicatura. DÉCIMO TERCERO: Ahora bien, las negociaciones que hayan venido efectuando las partes con la finalidad de resolver la obligación de autos u otras, de manera extrajudicial, no releva la validez a las que han sido puestas a cobro y, por la ejecutabilidad de los títulos valores presentados como recaudo de la pretensión, no se requiere de ninguna otra información adicional. DÉCIMO CUARTO: De otro lado, este Juzgado se limita a resolver respecto a las pretensiones demandadas y no sobre las que, extrajudicialmente, las partes hayan estado o estén negociando, no existiendo ninguna diferencia en cuanto a los montos reclamados, más allá de los que en el mandato de pago se haya delimitado. DÉCIMO QUINTO: Finalmente, la parte demandada no ha acreditado que haya efectuado pagos parciales o que parte de la suma reclamada en este proceso esté siendo ejecutada en otro juzgado, pues de folios ciento dieciocho y siguientes, se advierte que el reclamo ante el Décimo Juzgado de Paz Letrado de San Martín de Porres, corresponde a una letra de cambio que no es materia de autos, lo que revela un abierto contrasentido en la defensa, cuya finalidad no es otra que la de pretender confundir a la judicatura con el propósito de dilatar el decurso regular del proceso, transgrediendo así los principios de veracidad, probidad, lealtad y buena fe con lo que debe proceder en el proceso. Por los fundamentos expuestos, en aplicación de lo previsto en los artículos 722 y 723 del Código Procesal Civil, el primero modificado por el Decreto Legislativo Nº 1069, SE RESUELVE: 1. Declarar IMPROCEDENTE la defensa previa planteada por la demandada Fernando Zevallos Cabellos S.A.C. 2. Declarar INFUNDADA la contradicción formulada por la misma demandada a fojas noventa y nueve.

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3. ORDENAR el remate del bien dado en garantía, conforme a los términos del mandato ejecutivo, con costas y costos, consentida o ejecutoriada que sea esta resolución. 4. RECOMENDAR, por esta vez, al abogado patrocinador de la parte demandada, que en lo sucesivo proponga sus argumentos y medios de defensa observando los principios señalados en el considerando décimo quinto. 5. NOTIFICAR a las partes.

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INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN

EXPEDIENTE Nº : 00307-2010-0-1801-JR-CO-12 ESPECIALISTA

: ESPINO CABEZAS, MARCO ANTONIO

DEMANDANTE : BANCO FINANCIERO DEL PERÚ : RANZA IMPORTACIONES E.I.R.L. DEMANDADOS IVONNE RAMÍREZ ZAPATA

Y

PROCESO

: ÚNICO DE EJECUCIÓN

MATERIA


VIOLETA

RESOLUCIÓN Nº 10

Lima, treinta de setiembre de dos mil once AUTO FINAL Autos y Vistos: Puestos los autos a despacho para resolver conforme a lo ordenado mediante resolución DIEZ; y, Resulta de autos que mediante escrito de demanda obrante de fojas catorce a DIECINUEVE, la parte ejecutante BANCO FINANCIERO DEL PERÚ interpone demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero en la vía del proceso único de ejecución y la dirige en contra de RANZA IMPORTACIONES E.I.R.L. Y VIOLETA IVONNE RAMÍREZ ZAPATA, a fin de que cumpla con pagarle la suma de S/. 25,989.19 (veinticinco mil novecientos ochenta y nueve con 19/100 dólares americanos), contenidos en el pagaré (anexo 1-D) de fojas ocho a nueve que se adjunta, más los intereses moratorios y compensatorios, con las costas y costos del proceso; que dictado el mandato ejecutivo mediante resolución número uno, su fecha once de marzo del año dos mil once; la parte coejecutada Violeta Ivonne Ramírez Zapata contradice el referido mandato ejecutivo en el plazo establecido por ley, alegando principalmente que: 1) Que, la recurrente mantuvo operaciones de crédito de la demandante BANCO FINANCIERO; sin embargo no recibió la suscrita ni la avalada RANZA IMPORTACIONES E.I.R.L. la cantidad que aparece en el pagaré; que

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sustenta el presente proceso (anexo 1-d) de la demanda, y tratándose la demanda sobre pago de dólares; los cuales tienen su existencia probatoria en el pagare, aparejado en la demanda; y dado que en la fecha de emisión de los mismos no se entregó y/o depósito en mi cuenta la suma que aparece en los pagares); asimismo indica que la entrega de los títulos en calidad de pago es pro solvendo, y no pro soluto, y en ese sentido ante y en ese sentido ante el perjuicio ante el perjuicio de los mismos por cuál del tenedor que en este caso resulta ser el acreedor se produce la extinción de la obligación, y por ende pide la inexigibilidad de la obligación; y que de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1069 que modificó el capítulo V de Procesos de Ejecución del Código Procesal Civil, tomando el nombre de Proceso Único de Ejecución, advirtiéndose que la demanda cumple con los requisitos de los artículos 424 y 425 del mismo cuerpo legal; las partes tienen legitimidad para obrar y el Juez Comercial tiene competencia para conocer el presente proceso, por lo que habiendo formulado contradicción la parte ejecutada, de conformidad con el artículo 690-E del Código Procesal Civil se procede a resolver: i) Respecto al Saneamiento Procesal: PRIMERO: Que, conforme se ve de los autos, el demandado no han formulado excepciones ni defensas previas a fin de denunciar la existencia de vicios en la relación jurídico procesal. SEGUNDO: Que, además subsisten los presupuestos procesales de competencia, requisitos de admisibilidad y procedencia de la demanda y capacidad procesal de las partes, siendo de aplicación de lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 465 del Código Procesal Civil. Por tanto este Juzgado resuelve: •

DECLARAR saneado el proceso, por existir una relación jurídica procesal válida, debiendo continuar el trámite del proceso, siendo el estado del mismo el de expedir el auto correspondiente; y,

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ii) Consideraciones Generales: TERCERO: Que, el debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la Tutela Jurisdiccional de los derechos individuales a través de un procedimiento legal, en que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer su derecho de defensa, de producir prueba y de obtener una resolución que decida la causa dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal. CUARTO: Que, el derecho a tutela jurisdiccional es el de toda persona que persigue obtener justicia cuando pretenda algo de otra y esta prestación sea atendida por un órgano jurisdiccional a través de un proceso con garantías mínimas y que el derecho de la tutela efectiva no consiste en obtener una decisión judicial acorde con las prestaciones que se formulan, sino el derecho a que se dicte una resolución, siempre que cumpla con los requisitos procesales para ello. QUINTO: Que, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, asimismo la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos, tal y como lo consigna los artículos 188 y 196 del Código Procesal Civil. SEXTO: Que, el proceso único de ejecución, es rigurosamente formal y solemne, el mismo que tiene una tramitación ESPECIAL, siendo permitido promover ejecución en virtud del Título Ejecutivo y/o Ejecución, como en el caso de autos que se trata de un Título Ejecutivo consistente en un pagaré, el mismo que ya ha sido glosado. SÉTIMO: Que, según lo dispone el artículo 690-D del Código Adjetivo la parte ejecutada puede contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales y defensas previas; donde la contradicción solo podrá fundarse según la naturaleza del título en: 1. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título; 2. Nulidad formal o falsedad del título; o, cuando siendo este un título valor emitido en forma incompleta, hubiere sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso observarse la ley de la materia; 3. La

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extinción de la obligación exigida; asimismo la contradicción que se sustente en otras causales será rechazada liminarmente por el Juez, siendo esta decisión apelable sin efecto suspensivo; por lo que es pertinente resolver la contradicción, por lo que procederemos a realizar el análisis respectivo de la contradicción formulada. iii) Respecto a la causal de Inexigibilidad de la obligación contenida en el título deducida por la parte ejecutada: OCTAVO: Que, tratándose de la inexigibilidad de un título de ejecución, esta debe estar referida a que dicha obligación se encuentre sujeta a plazo todavía no vencido o sometida a condición o cargo pendiente de cumplimiento; es decir, cuando no se presentan razones de tiempo, lugar y modo para poder ser reclamada válidamente, estas razones se definen de la manera siguiente: 1) RAZÓN DEL TIEMPO: Está referida a “una obligación con plazo que no ha vencido”; en el presente caso, al no haberse cumplido con el pago de la deuda puesta a cobro, se procedió a solicitar el pago de la misma o la ejecución del bien dado en garantía; 2) RAZÓN DEL LUGAR: Se presenta “cuando el actor acude a un Juez de un lugar distinto del que se señala en los títulos que contienen la obligación para su cumplimiento”; en este proceso, las partes se sometieron a la jurisdicción de los jueces de Lima, en atención a su domicilio, por lo que es competente este Juzgado; y, 3) RAZÓN DE MODO: Está referida a que “la obligación está sujeta de una CONDICIÓN o un CARGO, que debía ser cumplido por el ejecutante o cuando la ejecución no se realiza en la forma acordada al contraerse la obligación; en este caso no existe condición, ni cargo pendiente que deba cumplir el ejecutante; por lo que no es procedente amparar la contradicción efectuada, ya que la alegación corresponde a que el referido título valor ha sido llenado de una forma antojadiza y posterior a la aceptación, correspondiendo esta a la causal de emisión de título valor en forma incompleta, o que hubiese sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso observarse la ley de la materia; debiendo por ende ampararse la demanda materia de autos. Por lo tanto, este Juzgado en virtud de los argumentos antes esgrimidos, resuelve: • DECLARAR saneado el proceso, por existir una relación jurídica procesal válida;

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• DECLARAR INFUNDADA la contradicción formulada; y, FUNDADA LA DEMANDA, ordenándose llevar adelante la ejecución, hasta que la parte ejecutada conformada por Ranza Importaciones E.I.R.L. y Violeta Ivonne Ramírez Zapata, cumplan con pagar la suma de US$ 25,989.19 (veinticinco mil novecientos ochenta y nueve con 19/100 Dólares Americanos), contenidos en el pagaré que se adjunta, más los intereses moratorios y compensatorios, con las costas y costos del proceso que se liquidarán en la etapa de ejecución, a favor de la parte ejecutante Banco Financiero del Perú. Notificándose.

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Percy Howell Sevilla Agurto CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA EL DÉCIMO CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL CON SUBESPECIALIDAD COMERCIAL QUE DESPACHA EL JUEZ JOSÉ C. ESCUDERO LÓPEZ EMITE EL SIGUIENTE – AUTOFINAL – EXPEDIENTE Nº 01459-2011-0-1817-JR-CO-14 RESOLUCIÓN Nº 07

Lima, veintitrés de setiembre de dos mil once I. AUTOS Y VISTOS El proceso sobre obligación de dar suma de dinero y obligación de dar bien mueble iniciado por Banco Financiero del Perú contra José Manuel Franco Argomedo. II. CONSIDERANDO § Principales reglas que rigen la actividad procesal PRIMERO: La actividad probatoria se rige, principalmente, por lo establecido en los artículos 188, 196 y 197 del Código Procesal Civil, según los cuales, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones; además, salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos; asimismo, todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, sin embargo, en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión. En la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia se señala que “(…) nuestro ordenamiento establece como regla general en su artículo 194 del Código Procesal Civil que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, por lo que tanto los demandantes como demandados están en la obligación formal de acreditar los hechos en

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que sustenta su acción o defensa, respectivamente, acompañando los medios probatorios correspondientes [sic], toda vez que de esa forma causarán convicción al juez, quien siendo un tercero imparcial podrá resolver el conflicto de intereses sometido a su competencia, en base a las pruebas aportadas en la etapa postulatoria y que posteriormente al tener presente los principios de pertinencia y conducencia, los admitirá o denegará y solo aquellas que sean admitidas serán actuadas en la audiencia correspondiente” y que “(…) según el principio de unidad del material probatorio, todos los medios probatorios deben ser valorados en forma conjunta, confrontándose uno a uno, puntualizando su concordancia o discordancia, con la finalidad de que la decisión final sea una síntesis de la totalidad de los medios de prueba y de los hechos que pretendieron acreditar”. SEGUNDO: De otro lado, es necesario referirnos al principio de congruencia que, como parte del derecho a la motivación de las decisiones judiciales, garantiza que el juzgador emita sus decisiones judiciales evitando la omisión o alteración de las pretensiones formuladas por las partes, debiendo ser razonablemente ponderado de acuerdo al principio de iura novit curia. En tal línea de razonamiento, el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil impone al juez no ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. § Determinación de la pretensión principal TERCERO: Del texto de la demanda se aprecia que al amparo del fundamento jurídico allí expuesto así como de la escritura pública de arrendamiento financiero y fianza solidaria del veintiuno de abril de dos mil nueve (fs. 8 a 18) y carta notarial cursada al ahora demandado (fs. 19), la parte demandante pretende que José Manuel Franco Argomedo le pague la suma que por concepto de capital se detalla en el mandato ejecutivo (más intereses compensatorios y moratorios devengados y por devengarse) y, además, le restituya el volquete marca Donfeng cuyas características se detallan en la mencionada resolución. CUARTO: Como fundamentos de su pretensión sostiene que a consecuencia del incumplimiento por parte del emplazado del pago de las cuotas pactadas en el cronograma contenido en el contrato de arrendamiento financiero contenido en la escritura pública del veintiuno de

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abril de dos mil nueve, cursó una carta notarial a través de la cual comunicó a José Manuel Franco Argomedo que, conforme a lo acordado en las Cláusulas Décimo Novena y Vigésima del aludido contrato, concordante con el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 299 y artículo 1430 del Código Civil, procedía a resolver el contrato de pleno derecho, dándose por vencidas las cuotas pendientes de pago, fundamentos por los que acude a este Poder del Estado a fin de que se cumpla con el pago y restitución postuladas. § Fundamentos de la contradicción QUINTO: El ejecutado José Manuel Franco Argomedo formuló contradicción alegando que la obligación que se le reclama ha devenido en inexigible porque si bien suscribió el contrato de arrendamiento financiero de fecha veintiuno de abril de dos mil nueve que se menciona en la demanda y en dicho documento asumió el cronograma de pagos de treinta y seis cuotas que allí aparece inserto, empero, precisa que la entidad demandante ha ocultado que el indicado cronograma de pago fue dejado sin efecto porque ambas partes suscribieron el Testimonio de Escritura Pública del veinte de mayo de dos mil diez (documento que acompaña a su escrito de contradicción) en cuyas Cláusulas Primera, Segunda y Tercera se aprecia que el cronograma de pagos estipulado en la Escritura Pública del veintiuno de abril de dos mil nueve fue modificado por las partes en dos oportunidades, estableciéndose nuevas cuotas y plazos, apreciándose de la Cláusula Tercera del testimonio del veinte de mayo de dos mil diez que se estableció que las cotas debían ser en número de cuarenta y siete, estableciéndose la última cuota para el veintiuno de agosto de dos mil trece. Por las razones reseñadas, el ejecutado considera que el monto aludido en la demanda y contenido en el mandato ejecutivo resulta inexigible al haberse variado los plazos de vencimiento de las cuotas y habiéndose asimismo convenido un nuevo cronograma de pagos. § Fundamentos de la absolución de la contradicción SEXTO: Al absolver el traslado de la contradicción, la defensa del banco demandante reconoció lo afirmado por el ejecutado en cuanto a la existencia de la modificación del cronograma de pagos del contrato de leasing convenido mediante Escritura Pública del veintiuno de abril de dos mil nueve y sostuvo que por “error involuntario” omitió

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mencionar dicha circunstancia en su escrito de demanda, precisando que lo único que se rectificó fue el cronograma señalado dado que adolecía de error, motivo por el cual el pago se realizaría en cuarenta y siete cuotas mensuales e indicando que según la Cuarta Cláusula de la Escritura Pública del veinte de mayo de dos mil diez, las partes ratificaron en todos los extremos el Contrato de Arrendamiento Financiero del veintiuno de abril de dos mil nueve, por lo que conforme a las Cláusulas Décimo Novena y Vigésima de dicho contrato, se cursó la carta notarial al demandado por la que se dio por resuelto de pleno derecho el contrato de arrendamiento, debido a que el ejecutado adeudaba más de dos cuotas por concepto de renta, conforme se aprecia de la Liquidación de Leasing Resuelto N° 000384646387 que acompaña a su escrito de absolución. Finalmente, sostiene que es evidente que la nueva liquidación guarda total relación con el cronograma contenido en la Escritura Pública del veinte de mayo de dos mil diez, por lo que el ejecutado mal hace en alegar que la acreencia es inexigible pues considera que se ha acreditado la exigibilidad por razón de tiempo, lugar y modo. § Análisis del caso SÉTIMO: En principio, debemos indicar que la parte ejecutada no ha deducido excepciones ni defensas previas, por lo que corresponde declarar saneado el proceso así como la existencia de una relación jurídica procesal válida. OCTAVO: Establecido lo anterior, corresponde analizar la contradicción formulada, para lo cual debemos indicar que si bien la legislación procesal vigente, así como la anterior, no define las razones por las cuales es posible amparar la contradicción por la causal de inexigibilidad de la obligación puesta a cobro, empero, a partir de la labor realizada en los tribunales podemos afirmar que ella consiste en la falta de vencimiento del plazo o incumplimiento de alguna condición establecida por las partes en la celebración del acuerdo, ya que la exigibilidad se presenta cuando “(…) el derecho, aún cierto y líquido, no esté sujeto en su ejercicio a hechos, eventos o actos que impidan el ejercicio mismo de él. Así, si existe un plazo, este deberá haber expirado; si existe una condición suspensiva, esta deberá haberse verificado; si hay la obligación de una contraprestación, esta deberá haber sido prestada o, por lo menos, ofrecida; si debe realizarse un acto precedente al ejercicio del derecho, se lo deberá haber cumplido previamente, etc.” (ROCCO, Ugo.

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Tratado de Derecho Procesal Civil. Volumen IC, Temis - Depalma, Buenos Aires, 1976, p. 145). NOVENO: En el presente caso, pese a que inicialmente se sustentó la pretensión postulada en el mérito de la Escritura Pública del veintiuno de abril de dos mil nueve y el incumplimiento del cronograma de pagos que en dicho documento aparece inserto (además de la carta notarial cursada al ejecutado), durante el desarrollo del proceso se ha acreditado que dicho cronograma de pagos fue dejado sin efecto y modificado por expreso acuerdo de las partes, primero, mediante Escritura Pública del veintiocho de abril de dos mil diez y, luego, por Escritura Pública del veinte de mayo de dos mil diez, según se aprecia de las Cláusulas Primera, Segunda y Tercera del último de los documentos mencionados. DÉCIMO: Siendo así, es evidente que la demanda no resulta atendible pues el sustento invocado al interponerla ha quedado totalmente desvirtuado con el mérito de la Escritura Pública del veinte de mayo de dos mil diez (fs. 47 a 50), en cuya virtud se acredita plenamente que el cronograma de pagos contenido en la Escritura Pública del veintiuno de abril de dos mil nueve (fs. 8 a 18) fue dejado sin efecto y modificado, motivo por el cual la obligación reclamada deviene en inexigible en los términos en que se planteó la demanda, máxime si como se aprecia de contrastar las liquidaciones de fojas 20 y 76, la propia parte ejecutante reconoce las modificaciones en el cronograma de pagos, siendo que en la primera liquidación se consignó que las cuotas seis, siete, ocho y nueve tenían como fecha de vencimiento los días veintiuno de los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil diez y veintiuno de enero de dos mil once, en tanto que en la segunda liquidación se consigna que las mismas cuotas seis, siete, ocho y nueve ahora aparecen con fechas de vencimiento los días veintiuno de los meses de marzo, abril, mayo y junio del año dos mil diez, siendo lo más resaltable (que ratifica la decisión en cuanto a que la incoada no es amparable por inexigibilidad de la obligación) el hecho que en esta última liquidación –completamente diferente a la acompañada a la demanda– las aludidas cuotas seis, siete, ocho y nueve aparecen como “cuotas pagadas” a diferencia de lo que ocurre en la liquidación acompañada a la demanda donde aparecen como “cuotas no pagadas”.

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DÉCIMO PRIMERO: Siendo así, se concluye que las obligaciones cuyo cumplimiento se reclama a través de la demanda no resultan exigibles según el material probatorio incorporado al proceso, debiendo agregar que este Despacho no puede soslayar que en la carta notarial de resolución de contrato de fojas 19 se imputa al ejecutado el incumplimiento de pago de dos cuotas según lo acordado en la Escritura Pública del veintiuno de abril de dos mil nueve, pese a que el cronograma de pagos allí contenido fue modificado hasta en dos ocasiones, siendo la última la acordada en la Escritura Pública del veinte de mayo de dos mil diez que, a mayor gravedad, resulta ser un acuerdo anterior a la mencionada carta notarial, fechada y diligenciada en el mes de enero de dos mil once. DÉCIMO SEGUNDO: Finalmente existen dos puntos en relación a los cuales este Despacho debe hacer expresa mención: (i) El primero es que si bien la incoada no resulta atendible, lo que corresponde es declarar su improcedencia pues los defectos incurridos al sustentar las pretensiones postuladas no pueden convertirse en un impedimento para que, debidamente sustentada y observando la integridad de los acuerdos arribados por las partes, puedan accionarse pretensiones similares, siempre y cuando el ejecutado incurra en alguna de las causales de resolución de contrato pactadas por las partes y se respeten la totalidad de los acuerdos existentes entre las partes, como ya se indicó; (ii) La segunda, que a partir de la afirmación de la defensa de la entidad bancaria demandante en cuanto a que involuntariamente omitió mencionar la modificación del contrato de arrendamiento financiero acompañado a la demanda, se pone de manifiesto un proceder negligente de dicha parte, en relación a lo cual este Despacho estima que ello no es de tal grado que amerite la imposición de una sanción pecuniaria pues es una circunstancia que ha sido inmediatamente reconocida por la parte demandante al momento de absolver la contradicción, debiendo destacar que la parte ejecutada no ha peticionado la imposición de multa alguna. III. DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, el Décimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil con Sub Especialidad Comercial de Lima, impartiendo justicia conforme a las atribuciones reconocidas en la Constitución Política del Estado y el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica

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del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 412, inciso 4), 688, 689 y 690-E del Código Procesal Civil, ha resuelto: Declarar SANEADO el proceso y, en consecuencia, la existencia de una relación jurídica procesal válida; de otro lado, se declara FUNDADA la contradicción formulada por el ejecutado José Manuel Franco Argomedo por la causal de inexigibilidad de la obligación puesta a cobro e IMPROCEDENTE la demanda, dejándose a salvo el derecho del ejecutante a fin de que lo haga valer en el modo y forma legal que corresponda si acaso se configuran las circunstancias para ello, debiendo sujetar su proceder a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe procesal; con costas y costos a cargo del banco demandante cuya suma líquida se determinará en etapa de ejecución; consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución; notificándose.

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NULIDAD FORMAL DEL TÍTULO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA EL DÉCIMO CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL CON SUBESPECIALIDAD COMERCIAL QUE DESPACHA EL JUEZ JOSÉ C. ESCUDERO LÓPEZ EMITE EL SIGUIENTE –AUTOFINAL – EXPEDIENTE Nº 05716-2011-0-1817-JR-CO-14 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS RESOLUCIÓN Nº 08

Lima, veintiséis de abril de dos mil doce I. AUTOS Y VISTOS El proceso de ejecución de garantías iniciado por Banco Financiero del Perú contra Jorge Mateo Chávez Olaya y Alcira Francisca Flores Ramírez. II. CONSIDERANDO § Reglas que rigen la actividad procesal PRIMERO: La actividad probatoria se rige, principalmente, por lo establecido en los artículos 188, 196 y 197 del Código Procesal Civil, según los cuales, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones; además, salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos; asimismo, todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada; sin embargo, en la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión. En

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jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República se ha establecido que “(…) según el principio de unidad del material probatorio, todos los medios probatorios deben ser valorados en forma conjunta, confrontándose uno a uno, puntualizando su concordancia o discordancia, con la finalidad de que la decisión final sea una síntesis de la totalidad de los medios de prueba y de los hechos que pretendieron acreditar” (Primer Considerando de la Cas. N° 4865-2009-AREQUIPA de fecha 5 de agosto de 2010, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de agosto de 2011, Separata “Sentencias en Casación” Año XV / N° 647, p. 30955). SEGUNDO: En el presente caso nos encontramos ante un proceso sobre ejecución de garantías que se viene tramitando conforme a las reglas del proceso único de ejecución, en el cual los ejecutados han formulado contradicción. Por tanto, en razón de que a partir de lo normado en el artículo 722 del Código Adjetivo se tiene que la contradicción se rige por las disposiciones generales del proceso único de ejecución, cabe observar el artículo 690-E del Código Procesal Civil que establece que corresponde resolver mediante un auto, observando las reglas para el saneamiento procesal y, de ser el caso, emitir pronunciamiento en relación a la contradicción propuesta. § Determinación de la pretensión principal TERCERO: Del texto de la demanda se aprecia que, al amparo del fundamento jurídico que allí expone, escritura pública de compraventa, crédito hipotecario y fianza solidaria del treinta de julio de dos mil ocho, estado de cuenta de saldo deudor, pagaré y demás documentos, el ejecutante Banco Financiero del Perú pretende que los emplazados Jorge Mateo Chávez Olaya y Alcira Francisca Flores Ramírez le paguen el capital que se detalla en el mandato de ejecución, más intereses compensatorios y moratorios pactados, costas y costos del proceso. § Actuación de los ejecutados CUARTO: El ejecutado Jorge Mateo Chávez Olaya formuló contradicción al mandato de ejecución invocando la nulidad formal del título, habiendo expresado como fundamentos que si bien constituyó hipoteca junto con su cónyuge codemandada, existe nulidad formal del título ya que para la procedencia del proceso debió anexarse a la demanda

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el documento que contiene la garantía, el estado de cuenta de saldo deudor, tasación comercial, certificado de gravamen y se debe emplazar al deudor principal, garante y poseedor, denunciándose que no se ha presentado el estado de cuenta de saldo deudor con firmas legalizadas ni tasación comercial actualizada suscrita por ingenieros civil y/o arquitecto con firmas legalizadas ni certificado de gravamen ni se ha emplazado al garante como exige la ley, incumplimientos que –según afirma– motivan que el título de ejecución sea formalmente nulo y, en consecuencia, la demanda deviene en improcedente. Además, indica que debe tomarse en cuenta que en la escritura pública de compraventa de bien futuro, crédito hipotecario y fianza solidaria del treinta de julio de dos mil ocho, se celebraron actos jurídicos sobre un bien futuro, habiéndose acordado que el contrato quedaba sujeto a condición suspensiva de que el bien llegue a tener existencia, conforme al artículo 1534 del Código Civil, en tanto que es un requisito esencial para la validez de la hipoteca que recaiga sobre bienes presentes y no futuros, hecho que nulifica el título materia de ejecución y, en consecuencia, la demanda deviene en improcedente. QUINTO: La contradicción formulada por Alcira Francisca Flores Ramírez se sustenta en idénticas razones a las expuestas por su cónyuge coejecutado. § Fundamentos de la absolución de la contradicción SEXTO: Al absolver el traslado de la contradicción, la defensa de la entidad bancaria ejecutante indicó que los ejecutados al fundamentar sus contradicciones no atacan propiamente el título de ejecución, por lo que debió declararse la improcedencia de dichas contradicciones, pero, sin perjuicio de ello, en cuanto a los cuestionamientos de los ejecutados se afirma que no es necesario legalizar la firma de quien suscribe el estado de cuenta de saldo deudor, se ha presentado tasación comercial actualizada, certificado de gravamen y en el presente caso tanto los obligados y los garantes son las mismas personas; finalmente, carece de asidero legal la alegación de que la hipoteca es nula por haber recaído sobre bienes futuros, pues los bienes han existido con posterioridad, conforme a las copias literales de ambos inmuebles, y cuando existieron se procedió a la inscripción de la hipoteca, motivos por los cuales solicita se declare improcedente y/o infundada las contradicciones formuladas.

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§ Análisis del caso SÉTIMO: En razón de que no se han deducido excepciones ni defensas previas, corresponde declarar saneado el proceso y la existencia de una relación jurídica procesal válida y, seguidamente, analizar el fondo de la controversia. OCTAVO: Que, en relación a la causal de nulidad formal del título, debe indicarse que ello exige probar que existe un defecto de forma, mas no de fondo, en relación al título ejecutivo. En cuanto este tema, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, al analizar la causal de nulidad formal del título ejecutivo que en su momento previó el artículo 700 del Código Procesal Civil (hoy derogado), en razonamiento aplicable mutatis mutandi al presente caso, señaló: “(…) cuando se invoca la nulidad formal de un título ejecutivo el juzgador no podrá fundar su decisión en cuestiones de fondo sino únicamente en cuestiones formales relativas al título (…)” pues “(…) la nulidad formal establecida en dicho proceso ejecutivo se configura cuando el título presenta defectos formales, esto es, vicios relacionados con la parte externa del mismo, que tornan inviable su ejecución (…)” (Cfr. Casación Nº 2150-2008-LAMBAYEQUE del dieciocho de noviembre de dos mil ocho, publicada en el portal del Poder Judicial: ). NOVENO: Que, de la lectura de los argumentos expuestos en una y otra contradicción, se tiene que la alegada nulidad formal invocada por los dos ejecutados no contiene cuestionamiento alguno dirigido a demostrar la existencia de defectos formales en el título materia de ejecución. Por lo demás, los argumentos expuestos por ambos ejecutados carecen de asidero pues: (i) En el presente caso sí se ha presentado estado de cuenta de saldo deudor, documento que obra a fojas 33 y 34, debiendo precisar que allí aparece claramente consignado el nombre de la persona responsable de su elaboración y que no existe dispositivo legal alguno que imponga la formalidad de legalización de firma en torno a dicha instrumental; (ii) La tasación comercial actualizada de los dos inmuebles materia de ejecución, suscrita por dos ingenieros cuyas firmas han sido legalizadas, obra de fojas 35 a 39; (iii) Los certificados de gravamen por cada uno de los inmuebles hipotecados aparecen de fojas 54 a 59, documentación presentada en cumplimiento de lo ordenado por resolución uno; (iv) Del contenido de la escritura pública del treinta de

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julio de dos mil ocho se aprecia que los ahora ejecutados son, a la vez, deudores y garantes hipotecarios; (v) Con el mérito de los certificados de gravamen mencionados precedentemente y la escritura pública de Aclaración de Compraventa e Hipoteca de fecha veintiocho de junio de dos mil diez (acompañada al escrito de subsanación de demanda) que obra de fojas 60 a 63, se acredita que los bienes hipotecados sí existen; y en cuanto a la alegada prohibición de constituir hipoteca sobre bienes futuros, debe indicarse que dicho argumento no se relaciona con la validez formal del título materia de ejecución, por lo que no es idóneo para sustentar la contradicción formulada, máxime si ambos ejecutados reconocen que sí firmaron la constitución de garantía hipotecaria. DÉCIMO: Sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, en las que se ha analizado cada uno de los argumentos de defensa en que se sustentan las contradicciones formuladas por los ejecutados, se concluye que las mismas deben ser desestimadas, con expresa condena de costas y costos a la parte ejecutada, quien además se encuentra obligado al pago de los intereses pactados devengados, conclusión a la que se arriba teniendo en cuenta, además, que en el presente caso se han satisfecho plenamente las exigencias contenidas en el artículo 720 del Código Procesal Civil. III. DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, el Décimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil con Sub Especialidad Comercial de Lima, impartiendo justicia conforme a las atribuciones reconocidas en la Constitución Política del Estado y el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 412, inciso 4) del artículo 688, 689 y 690-E del Código Procesal Civil, ha resuelto: Declarar SANEADO el proceso y, por tanto, la existencia de una relación jurídico-procesal válida; y, de otro lado, declarar INFUNDADA tanto la contradicción presentada por Jorge Mateo Chávez Olaya como la formulada por Alcira Francisca Flores Ramírez; y, en consecuencia, se ORDENA el remate de los inmuebles dados en garantía para el pago del capital demandado cuya suma líquida se precisa en el mandato de ejecución, más intereses compensatorios y moratorios, costas y costos del proceso; cuya suma líquida se determinará en ejecución; consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución; notificándose.

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LLENADO DE TÍTULO VALOR EMITIDO INCOMPLETO CONTRARIO A LOS ACUERDOS ADOPTADOS

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA OCTAVO JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIZADO EN LO COMERCIAL EXPEDIENTE Nº : 00440-2011-0-1817-JR-CO-08 MATERIA


RESOLUCIÓN Nº 10

Miraflores, diecinueve de agosto de dos mil trece AUTO DEFINITIVO Materia El Banco Financiero del Perú en su escrito de demanda de fojas veintiuno señala que la sociedad conyugal integrada por Adulberto José Ignacio García y Manuela Dolores Espinoza Ortiz emitieron un pagaré a su favor por la suma de doscientos noventa y ocho mil quinientos nuevos soles, el cual fuera objeto de sucesivas renovaciones, existiendo a la fecha un saldo pendiente de doscientos ochenta y un mil ochocientos cuatro nuevos soles. El ejecutado Adulberto José Ignacio García contradice el mandato de ejecución fundándose en las causales de Nulidad y falsedad del título de ejecución, completado en forma contraria a los acuerdos adoptados y en la inexigibilidad de la obligación. La coejecutada Manuela Dolores Espinoza Cruz no contradijo el mandato único de ejecución. Pretensión demandada Que se ordene el pago de la suma ascendente a Doscientos ochenta y un mil ochocientos cuatro nuevos soles más intereses compensatorios

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y moratorios devengados y por devengarse, deuda contenida en el pagaré N° 370171284. Antecedentes • Este proceso se inició mediante demanda interpuesta el catorce de enero de dos mil once, habiéndose emitido el mandato de ejecución el diecinueve de enero del dos mil once en el cual se ordena el pago de la suma ascendente a Doscientos ochenta y un mil ochocientos cuatro nuevos soles más intereses compensatorios y moratorios, costas y costos. • A través de la resolución cuatro se expidió auto definitivo, el mismo que fue declarado nulo por la Primera Sala Civil Subespecializada en lo Comercial de esta Corte Superior mediante el auto de fecha uno de junio de dos mil doce. • Mediante resolución del veintiuno de setiembre último se corrió traslado de la excepción y contradicción presentada por el coejecutado, la misma que fuera absuelta por escrito de fojas doscientos veinte. • Por resolución ocho se atendió el pedido de nulidad presentado por la codemandada Manuela Dolores Espinoza Ortiz, ordenándose se le notifiquen los actuados que le permitan ejercer su derecho de defensa en este proceso, no habiendo contradicho el mandato único de ejecución. A continuación corresponde glosar los argumentos substanciales que han sido expuestos por las partes y los medios probatorios admitidos al proceso. Parte Expositiva Argumentos y medios probatorios aportados por las partes. 1. Hechos y fundamentos presentados por la actora 1.1. Argumentos de la parte ejecutante

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1.1.1. La entidad financiera demandante afirma que la sociedad conyugal demandada emitió a la orden de su representada un pagaré por la suma de Doscientos noventa y ocho mil quinientos nuevos soles. 1.1.2. El referido título valor fue renovado en sucesivas oportunidades, siendo la última de ellas, el día veinticuatro de agosto de dos mil diez, teniendo como fecha de vencimiento el treinta de agosto de dos mil diez. 1.1.3. Ha vencido dicha fecha y la sociedad conyugal referida no ha dado cumplimiento al pago de la suma pendiente de pago. 1.1.4. Manifiesta que ha cumplido con llenar el pagaré de acuerdo a lo establecido en el contrato de compraventa y préstamo con garantía hipotecaria suscrito por las partes. 1.1.5. Lo alegado por el ejecutado no puede ser considerado como causal de inexigibilidad de la obligación debido a que la deuda deviene en exigible desde que dieron por vencidos los plazos para el préstamo. 2.1. Medios probatorios admitidos 2.1.1. El pagaré N° 370171284 de fojas ocho. 2.1.2. El testimonio de escritura pública de compraventa y crédito hipotecario del cinco de setiembre de dos mil diez. 2.1.3. La carta notarial del diecinueve de octubre de dos mil diez. 2.1.4. Estado de cuenta de saldo deudor. 2. Hechos y medios probatorios del ejecutado 2.1. Argumentos 2.1.1. El coejecutado Adulberto José Ignacio García formula contradicción al mandato de ejecución emitido en los autos, fundándose en las causales de Inexigibilidad de la obligación y nulidad formal y falsedad del título de ejecución, en atención a que fue aceptado en forma incompleta y completado por el actor en forma contraria a lo acordado por las partes.

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2.1.2. Afirma haber celebrado con el banco demandante un contrato de crédito hipotecario para la compra del inmueble de su propiedad, habiendo aceptado un pagaré incompleto, autorizando al banco solo lo complete con el saldo deudor real del préstamo otorgado o con la fecha de vencimiento que se genere en el supuesto de falta de pago injustificado, ello aparece de la cláusula cuarta del contrato de crédito hipotecario. 2.1.3. Manifiesta que el banco ha consignado unilateralmente y con abuso de derecho un monto excesivo que no corresponde a lo que realmente se adeuda y además se ha consignado una fecha de vencimiento falsa, distinta y diferente a la realidad y a los términos acordados en el contrato. 2.1.4. Ha venido cancelando las cuotas pactadas hasta la número veintidós, y estando al incumplimiento del contrato de crédito hipotecario por parte de las empresas Banco Financiero del Perú y Bena Inversiones E.I.R.L. a culminar el proceso de saneamiento de la declaratoria de fábrica y otorgamiento e inscripción de su título de propiedad, decidieron suspender la ejecución de la prestación a su cargo, hasta que el banco o la empresa constructora cumplieran con sanear los papeles de declaratoria de fábrica e independización, que les permitiera inscribir sus títulos de propiedad sobre el inmueble adquirido a través de esta operación crediticia. Expresa que la Municipalidad de San Borja observó el proyecto inmobiliario y ello lo conocía el banco demandante. 2.1.5. Agrega que el banco actor miente al señalar que el título valor fue aceptado y girado en un solo acto y además que se ha estipulado como fecha de vencimiento el día diez de setiembre de dos mil ocho y que fue prorrogada hasta el treinta de agosto de dos mil diez, lo cual no corresponde a la realidad dado que, el banco en su carta notarial del diecinueve de octubre de dos mil diez, recién les comunica que va a completar el pagaré firmado en blanco. 2.2. Medios Probatorios admitidos 2.1.1. El testimonio de escritura pública de fecha cinco de setiembre de dos mil ocho.

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2.1.2. La carta remitida por conducto notarial de fecha diecinueve de octubre de dos mil diez. 2.1.3. La carta notarial de fecha veintidós de noviembre de dos mil diez. 2.1.4. Los vouchers de pagos dobles efectuados al banco. 2.1.5. La copia del informe técnico y la resolución emitida por la jefatura de Obras privadas de la Municipalidad de San Borja. Parte Considerativa 3. Fundamentos El conflicto de intereses a dilucidarse

“Establecer si la obligación puesta a cobro es inexigible y si se ha completado en pagaré en forma contraria a lo acordado con el banco demandante”.

4. Normatividad aplicable •

El artículo 690-D) inciso 2 del Código Procesal Civil relativo a la contradicción amparada en la causal de Nulidad formal y falsedad del título de ejecución.

• El artículo 19.1 inciso e) de la Ley Nº 27287 respecto a que es posible contradecir la acción cuando el título valor incompleto al emitirse haya sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados. •

El artículo 10 de la Ley Nº 27287 relativo a la emisión de títulos valores en forma incompleta.

• El artículo 690-D) inciso 1 del Código Procesal Civil relativo a la contradicción amparada en la causal de Inexigibilidad de la obligación contenida en el título de ejecución. •

El artículo 1426 del Código Civil referido al supuesto de incumplimiento de prestaciones recíprocas.

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5. Análisis del caso 5.1. Aspectos procesales antes de dilucidarse el fondo de la controversia 5.1.1. Don Adulberto José Ignacio García formuló excepción de Incompetencia y presenta los siguientes argumentos: a) reside en el distrito de Nazca departamento de Ica por lo que la jurisdicción y competencia por razón de territorio corresponde a la Corte Superior de Ica, b) el lugar de pago en el pagaré se consignó en Ica. 5.1.2. La doctrina procesal vigente señala que la excepción de Incompetencia “procede, en términos generales, cuando la demanda se interpone ante un órgano jurisdiccional distinto al que le corresponde intervenir en el proceso de acuerdo con las reglas legales atributivas de competencia –salvo que esta sea prorrogable– (…)”. 5.1.3. En el caso que nos convoca encontramos que en el pagaré de fojas ocho contiene dentro de sus cláusulas preimpresas, el sometimiento de las partes, en caso se suscite algún conflicto de intereses referido a este título valor, a la jurisdicción de los jueces y tribunales de Lima, ello indica que se ha producido una prórroga convencional de la competencia territorial conforme lo permite el artículo 25 del Código Procesal Civil, por lo que la excepción planteada debe ser desestimada. 5.2. Aspectos de fondo Causal de Nulidad y falsedad del título. Contravención a lo acordado por las partes en el llenado del pagaré emitido en forma incompleta. 5.2.1. Como se ha señalado, el coejecutado ha contradicho el mandato único de ejecución afirmando que se ha completado el pagaré contraviniendo lo acordado por las partes, y refiere que el pacto para el llenado se encuentra contenido en la cláusula cuarta del contrato de mutuo con garantía hipotecaria de fojas cuarenta y dos. 5.2.2. El Testimonio de escritura pública de compraventa, crédito hipotecario y fianza solidaria fue otorgado por Bena Inversiones

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E.I.R.L. a favor de los ejecutados con la intervención del banco demandante. Se aprecia de la lectura del mismo que, por un lado se elevó a escritura pública la minuta de compraventa de bienes futuros celebrada por Bena inversiones E.I.R.L. y la sociedad conyugal conformada por Adulberto José Ignacio García y Manuela Dolores Espinoza Ortiz de Ignacio y por otro lado, también se aprecia la celebración de otro contrato, el de crédito hipotecario suscrito por el banco actor y la sociedad conyugal emplazada. En la cláusula cuarta de este segundo contrato, se tiene que en caso de incumplimiento por parte de los mutuatarios, la empresa financiera estaba facultada a dar por vencidos todos los plazos y exigir el pago del íntegro del saldo, y a dichos efectos se autorizaba al banco a completar el pagaré que en ese momento se emite en forma incompleta. De esta manera se tiene, por un lado, que es verdad que se emitió el título valor objeto de proceso, en forma incompleta, como lo asevera el ejecutado y como reconoce tácitamente el ejecutante, en su escrito de absolución de contradicción. Por otro lado, se ha acompañado el documento, en este caso, la cláusula cuarta en la cual se han acordado las condiciones para su llenado. 5.2.3. El ejecutado señala que no es cierto que su persona y su cónyuge hayan aceptado el diez de setiembre de dos mil ocho y tampoco han pactado la fecha de vencimiento del mismo el día treinta de octubre del dos mil ocho. Se verifica de la lectura de la precitada cláusula cuarta del contrato de préstamo hipotecario que, el pagaré no contenía monto, tasa de interés compensatorio y moratorio, ni fecha de vencimiento, por lo que no se acredita que la fecha de vencimiento que aparece en el título sea distinta a la pactada puesto que al momento de emitirse el mismo, no se encontraba consignada, no existiendo un llenado que contraviene lo acordado por las partes. 5.2.4. Agrega que es falso que haya aceptado diversas renovaciones, debiéndose reparar en la lectura del propio pagaré, en el cual se ha convenido se aceptan las prórrogas de las obligaciones convenidas

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en el mismo, sin necesidad de que consten sus firmas en cada una de ellas, por lo que tampoco debe ser atendido este argumento de defensa que denuncia una trasgresión de lo acordado por las partes. 5.2.5. Concluye afirmando que se ha completado este pagaré por un monto excesivo y a dichos efectos acompaña los recibos que aparecen en fojas cincuenta y seis y cincuenta y siete, sin embargo de la lectura de los mismos, ninguno de ellos acredita que por concepto de capital, se adeuda una suma menor a la que aparece como pendiente de pago en la última prórroga del pagaré puesto a cobro, a lo cual debe también agregarse, el documento denominado Consulta histórica a transacciones de contratos de la cual fluye que al veinticuatro de agosto del año dos mil diez, la suma consignada en la última prórroga era la que se adeudaba a dicha fecha, en consecuencia, no se acredita que se haya contravenido lo pactado por las partes en el llenado del pagaré puesto a cobro. 5.2.6. El demandado en el punto III.7 del escrito de contradicción señala que, tanto el banco como la empresa Bena inversiones E.I.R.L. incumplieron su obligación de culminar el proceso de saneamiento de la declaratoria de fábrica y otorgamiento de inscripción de sus títulos de propiedad, por lo que suspendieron la ejecución de la prestación a su cargo de pagar las cuotas convenidas para honrar el préstamo. Con relación a este argumento de defensa debe repararse que de la lectura del Testimonio de contrato de compraventa de bien futuro a que se ha hecho ya referencia, se tiene que se celebraron dos contratos, apreciándose claramente que en el primer contrato de compraventa suscrito entre la empresa Bena Inversiones E.I.R.L. y la sociedad conyugal demandada, en la cláusula sexta (fojas cuarenta y tres vuelta), se convino que la obligación de efectuar la inscripción de la declaratoria de fábrica e independización correspondía a Bena Inversiones E.I.R.L. y no al banco demandante, por lo que de conformidad con lo establecido por los artículos 1361 y 1363 del Código Civil, por lo que mal puede señalar el demandado que el incumplimiento de Bena Inversiones E.I.R.L., le autoriza a suspender el pago del préstamo de dinero celebrado con el demandante.

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5.2.7. Por otro lado, apoya su afirmación relativa a que el título es nulo y falso señalando que al momento de remitir la carta notarial de fecha diecinueve de octubre del dos mil diez (fojas cincuenta y dos), el título se encontraba en blanco, lo cual señala lleva a concluir que el banco miente al haber consignado en el pagaré fechas falsas. Como se ha mencionado, la cláusula cuarta del contrato de crédito hipotecario señaló que la fecha de vencimiento no se encontraba consignada en el pagaré, por lo que es válido que el mismo se haya completado en fecha posterior. Como se ha referido precedentemente las partes autorizaron la prórroga del mismo, por lo que el hecho que en la carta notarial de fojas cincuenta y dos se señale se va a completar dicho título incluyendo los intereses moratorios y compensatorios y la misma sea de fecha posterior a la que aparece como última prórroga no implica en forma alguna que se haya trasgredido lo acordado por las partes, por lo que este argumento de defensa debe ser desestimado también. Inexigibilidad de la obligación 5.2.8. Los argumentos que presenta el ejecutado para sustentar la inexigibilidad de la deuda contenida en el pagaré puesto a cobro se refieren al incumplimiento de la obligación del banco en el saneamiento e independización del inmueble ubicado en el distrito de San Borja, debiéndonos remitir por un lado, a lo ya expresado en el fundamento 5.2.6.; por otro lado, no debe dejarse de mencionar que una obligación, es inexigible por circunstancias de tiempo, lugar y modo, situaciones fácticas que no han sido denunciadas por la parte ejecutada. 5.2.9. Finalmente no debe dejarse de mencionar que, en el medio probatorio que ha acompañado, el banco demandante en su escrito de absolución de contradicción de fecha quince de octubre de dos mil doce, aparece un documento denominado Consulta histórica a transacciones de contratos, de la cual se concluye que al dieciséis de marzo de dos mil doce, el monto pendiente de pago es la cantidad de Doscientos ochenta y un mil setecientos noventa y nueve nuevos soles.

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6. Conclusiones 6.1. Estando a los fundamentos expuestos se concluye que la excepción de Incompetencia debe ser declarada Infundada y de igual manera la contradicción amparada en las causales de Nulidad formal, falsedad y que el título valor emitido en forma incompleta se haya llenado en contravención a lo acordado por las partes; y en la Inexigibilidad de la obligación. Por estos considerandos y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 689 del Código Procesal Civil: FALLO Declarando: INFUNDADA la excepción de Incompetencia presentada en fojas sesenta y dos. INFUNDADA la contradicción basada en las causales de Nulidad y falsedad del título de ejecución, título valor completado en forma contraria a los acuerdos adoptados y en la inexigibilidad de la obligación.

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Las causales de contradicción en el proceso de ejecución 1° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL EXPEDIENTE Nº : 07925-2012-0-1817-JR-CO-01 MATERIA


ESPECIALISTA : HORNA TICERAN, SOLANGE MAITE DEMANDADO : JIMÉNEZ ROSALES, ROBERTO HERWING DEMANDANTE : BBVA BANCO CONTINENTAL RPTDO. POR PERCY HOWELL SEVILLA AGURTO RESOLUCIÓN Nº 04

Miraflores, tres de mayo de dos mil trece AUTOS Y VISTOS: Puesto en Despacho para emitir Auto que pone fin a esta instancia y considerando: PRIMERO: Conforme al artículo 690-E del Código Procesal Civil cuando se formula contradicción en un proceso único de ejecución se corre traslado al ejecutante, y posteriormente; con su absolución o sin ella el juez resolverá la contradicción mediante un auto, observando las reglas para el saneamiento procesal y pronunciándose sobre la contradicción propuesta. SEGUNDO: Respecto al saneamiento procesal el Juzgado resulta competente para conocer de la pretensión propuesta en la demanda conforme a la materia y a la cuantía; adicionalmente las partes procesales cuentan con capacidad procesal y el proceso se ha tramitado observando las reglas del debido proceso principalmente en lo referente al ejercicio del derecho de defensa al haber sido notificadas ambas partes según cargos de fojas treinta y nueve a cuarenta y uno, y la parte ejecutada no ha propuesto excepciones, ni defensas previas, correspondiendo entonces declarar saneado el proceso. TERCERO: De otro lado, se tiene que se dictó auto de pago en este proceso en atención a que el pagaré de fojas treinta aparejado a la demanda, constituye título ejecutivo según el artículo 688 inciso 4 del Código Procesal Civil.

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El pagaré antes señalado, emitido por Roberto Herwing Jiménez Rosales a favor de la BBVA Banco Continental, por la suma de noventa y nueve mil novecientos cuarenta y 62/100 nuevos soles, con vencimiento al catorce de setiembre de dos mil doce, cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 158 de la Ley Nº 27287 de Títulos Valores. Adicionalmente se aprecia que el pagaré cuenta con la cláusula de no protesto de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley Nº 27287, por lo que se habría acreditado la obligación de pago. CUARTO: Asimismo, de conformidad con el artículo 690-D del Código Procesal Civil dentro de cinco días de notificado el mandato ejecutivo, el ejecutado puede contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales o defensas previas, ofreciendo los medios probatorios que considere pertinente. En el caso de autos, el ejecutado formuló contradicción dentro del plazo que establece la ley, invocando que se había completado el título valor contrariamente a los acuerdos adoptados, por lo siguiente: 1) haberse consignado un monto excesivo; 2) no haberse acompañado el contrato y liquidación que dé sustento a la cantidad puesta a ejecución, por lo que sugiere se practique prueba de oficio. Mediante escrito de fecha 21 de marzo de dos mil trece el banco ejecutante absuelve la contradicción invocando haber llenado el título valor de acuerdo a los acuerdos adoptados con el ejecutado, conforme se desprende del contrato de tarjeta empresarial-capital de trabajo suscrito con el ejecutado y que con la carta notarial se prueba que el pagaré puesto a cobro fue llenado sin transgredirse ni violándose los acuerdos pactados. QUINTO: Respecto a la causal invocada, el artículo 19 literal e) de la Ley Nº 27287 señala que el demandado puede contradecir la acción fundándose en “(…) que el título valor incompleto al emitirse haya sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, acompañando necesariamente el respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos por el demandante (…)”. Pues bien, en el caso de autos el ejecutado no ha acompañado el documento en donde consten los acuerdos que invoca no se han observado, lo que hace improcedente su contradicción. Sin perjuicio de ello, el banco ejecutante acompaña el contrato de cuenta especial - tarjeta de crédito de fojas cincuenta y nueve a

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sesenta y uno vuelta, en cuya cláusula dieciocho se establecen las reglas para completar el pagaré emitido por el demandado. La cláusula señala en principio que el banco podrá completar los datos cuando el cliente incurra en cualquiera de los supuestos comprendidos en las cláusulas décimo tercera (hoja resumen informativa) y décimo cuarta (vencimiento anticipado de plazos) Este primer punto ha quedado acreditado desde que el mismo ejecutado reconoce en su escrito de contradicción adeudar al banco ejecutante precisando “considero que le adeudo una suma menor a lo señalado por ellos (…)”, por lo que siendo que las afirmaciones vertidas por las partes en sus escritos, tienen la condición de declaración asimilada, de acuerdo al artículo 221 del Código Procesal Civil, este primer supuesto está acreditado. De otro lado, al sostenerse por la parte demandada que se encuentra adeudando una suma de dinero al ejecutante también se acredita que le es de aplicación lo previsto en el literal e) de la cláusula décimo cuarta del contrato de cuenta especial - tarjeta de crédito, según la cual se autoriza a completar el pagaré y llevarlo a cobro cuando el cliente mantiene una o más obligaciones vencidas con el banco. En cuanto al monto del pagaré, la cláusula dieciocho que es citada, autoriza al banco a realizar una liquidación en la que se incluya la suma total adeudada hasta la fecha de dicha liquidación, comprendiéndose capital, intereses compensatorios, moratorios, comisiones, seguros y gastos a las tasas más altas que tenga establecidas. Pues bien, la parte ejecutada sostiene que considera que el monto que adeuda es menor pero no precisa la suma que a su criterio adeuda, ni menos aún acredita que deba un monto distinto al consignado en el pagaré. Adicionalmente, con la carta de fojas sesenta y uno (que fue remitida por vía notarial al ejecutado), se demuestra que el ejecutante puso en conocimiento de su deudor el monto por el cual posteriormente procedería a completar el título valor, comunicación cuyo contenido no fue cuestionado por el ejecutado, por lo que este extremo de la defensa también debe desestimarse. SEXTO: Además de lo dicho, se expone como fundamento de la contradicción no haberse acompañado el contrato de cuenta especial tarjeta de crédito y la liquidación que sustenta la cantidad puesta a ejecución; sin embargo, el contrato fue presentado por el ejecutante al

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absolver la contradicción (el mismo que corre de fojas cincuenta y nueve a sesenta y uno) y en cuanto a la liquidación, toda vez que según la carta de fojas sesenta y uno, al completarse el pagaré únicamente se consignó la suma capital, resulta irrelevante el contar con la liquidación de los otros conceptos permitidos por el contrato; más aún cuando el mismo ejecutado no prueba cuál sería la suma menor que, de acuerdo a su dicho, debe a BBVA Banco Continental, razones estas por la que también se desestima este extremo de la contradicción. SÉTIMO: En tal sentido, no habiéndose desvirtuado el mérito ejecutivo del pagaré con que se recauda la pretensión incoada, subsisten los fundamentos que dieron mérito para expedir el mandato ejecutivo; más aún cuando conforme a lo establecido en el artículo 1229 del Código Civil la prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado; y no habiéndose acreditado que se haya producido la extinción de la obligación por pago realizado por Roberto Herwing Jiménez Rosales corresponde ampararse la demanda. OCTAVO: Adicionalmente, debe tenerse en consideración que son efectos de las obligaciones autorizar al acreedor a emplear las medidas legales a fin que el deudor le procure aquello a lo que está obligado, conforme a lo previsto en el artículo 1219 inciso 1 del Código Civil y asimismo, el tenedor del título valor puede ejercitar la acción derivada de este, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Títulos Valores Nº 27287, por lo que el demandante se encuentra habilitado para solicitar el pago de su acreencia por esta vía. NOVENO: En relación al cobro de intereses corresponde aplicar la cláusula especial que obra en el título valor, monto que será liquidado en la etapa técnica de Ejecución. DÉCIMO: En cuanto al pago de las costas y costos del proceso deberán ser asumidas por la parte vencida, de conformidad con lo previsto por el artículo 412 del Código Procesal Civil. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con los artículos 1, 52 y 158 de la Ley de Títulos Valores Nº 27287, así como los artículos 688 inciso 4 y 690-E del Código Procesal Civil, se resuelve:

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1. Declarar saneado el proceso. 2. Declarar IMPROCEDENTE la contradicción y FUNDADA la demanda interpuesta, la misma que obra de fojas treinta y uno a treinta y cinco, en consecuencia ORDENO que se lleve adelante la ejecución, hasta que el ejecutado ROBERTO HERWING JIMÉNEZ ROSALES cumpla con pagar a favor de BBVA BANCO CONTINENTAL la suma de S/. 99,940.62 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 62/100 NUEVOS SOLES); más los intereses compensatorios y moratorios pactados, con costas y costos del proceso. Notificándose.

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BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

• ANDOLINA, Ítalo. “Cognición” y “ejecución forzada” en el sistema de la tutela jurisdiccional. Communitas, Lima, 2008. • ARIANO DEHO, Eugenia. El proceso de ejecución. Rodhas, Lima, 1996. • ARIANO DEHO, Eugenia. Problemas del proceso civil. 1ª edición, Jurista Editores, Lima, 2003. • BAPTISTA DA SILVA, Ovidio A. “Jurisdicción y ejecución”. En: La tradición romano-canónica. Palestra Editores, Lima, 2005. • CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Tomo I, Uteha, Buenos Aires, 1944. • CAVANI, Renzo. “Incoherencias del proceso de ejecución peruano: causales de contradicción y suspensión de la ejecución. Análisis desde el derecho fundamental a la tutela efectiva, adecuada y tempestiva”. En: Proceso y Constitución Efectividad y ejecución de las resoluciones judiciales. Ponencias del Cuarto Seminario Internacional de Derecho Procesal: Proceso y Constitución. Palestra Editores, Lima, 2014. • CHAMORRO BERNAL, Francisco. La tutela judicial efectiva. 1ª edición, Bosch, Barcelona, 1994. • CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954. • COUTURE, Eduardo J. Estudios de Derecho Procesal Civil. Tomo I, 3ª edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1979. • COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4ª edición, Editorial IBdef, Buenos Aires, 2010.

241


• DE LA OLIVA SANTOS, Andrés; DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio y VEGA TORRES, Jaime. Derecho Procesal Civil. Ejecución Forzosa Procesos Especiales. 2ª edición, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2003. • DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. 2ª edición, Temis, Bogotá, 2009. • DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial II. 6ª edición, Temis, Thomson-Civitas, Madrid, 2007. • DINAMARCO, Cándido Rangel. La instrumentalidad del proceso. Communitas, Lima, 2009. • DOS SANTOS BEDAQUE, José Roberto. Efectividad del proceso y técnica procesal. Communitas, Lima, 2010. • FAIREN GUILLÉN, Víctor. Temas del ordenamiento procesal. Tomo II, Tecnos, Madrid, 1969. • GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho Procesal Civil. Tomo I, 2ª edición, Colex, Madrid, 2007. • GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Derecho a la Tutela Jurisdiccional. 3ª edición, Editorial Civitas, Madrid, 2001. • GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo I, 4ª edición, ThomsonCivitas, Madrid, 1998. • GUILHERME MARINONI, Luiz. Derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. Palestra Editores, Lima, 2007. • HURTADO REYES, Martín. “En búsqueda de la tutela perdida en los procesos de ejecución de hipoteca, apuntes iniciales”. En: Proceso y Constitución Efectividad y ejecución de las resoluciones judiciales. Ponencias del Cuarto Seminario Internacional de Derecho Procesal: Proceso y Constitución. Palestra Editores, Lima, 2014. • LAFUENTE TORRALBA, Alberto José. La Oposición a la ejecución. 1ª edición, Thomson-Civitas, Navarra, 2006.

242


• LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo II, 1ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2008. • LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo III, 1ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2008. • LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Derecho Procesal Civil. Ejea, Buenos Aires, 1980. • LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, Tomás. Proceso Civil Práctico. Tomo III, La Ley, Madrid, 2007. • MICHELI, Gian Antonio. Curso de Derecho Procesal Civil. Tomo III, Ejea, Buenos Aires, 1970. • MONROY GÁLVEZ, Juan. Teoría General del Proceso. 3ª edición, Communitas, Lima, 2009. • MONROY GÁLVEZ, Juan F. La formación del proceso civil peruano (Escritos reunidos). 3ª edición, Communitas, Lima, 2010. • MONTERO AROCA, Juan. Tratado de Proceso de Ejecución Civil, Tirant lo Blanch, Valencia, Tomo I, 2004. • MONTERO AROCA, Juan. Tratado de Proceso de Ejecución Civil, Tirant lo Blanch, Valencia, Tomo II, 2004. • MONTERO AROCA, Juan y FLORS MATIES, José. Amparo Constitucional y Proceso Civil. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005. • MONTERO AROCA, Juan. De la legitimación en el proceso civil. 1ª edición, Bosch, Barcelona, 2007. • MONTERO AROCA, Juan; GÓMEZ COLOMER, Juan Luis y BARONA VILAR, Silvia. Derecho Jurisdiccional. Tomo I, 20ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012. • MONTOYA MANFREDI, Ulises; MONTOYA ALBERTI, Ulises y MONTOYA ALBERTI, Hernando. Comentarios a la Ley de Títulos Valores. 8ª edición, Idemsa, Lima, 2012.

243


• ORTELLS RAMOS, Manuel. Derecho Procesal Civil. 10ª edición, Thomson Reuters, Navarra, 2010. • OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Compendio de Derecho de las Obligaciones. Palestra, Lima, 2008. • PALACIO, Lino Enrique. Derecho Procesal Civil. Tomo VI, 2ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993. • PALACIO, Lino Enrique. Derecho Procesal Civil. Tomo V, 2ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993. • PALMADERA ROMERO, Doris. Código Civil comentado. Tomo X, 2ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2007. • POTHIER, R.J. Tratado de las Obligaciones. Editorial Atalaya, Buenos Aires, 1947. • PRIORI POSADA, Giovanni F. La tutela cautelar su configuración como derecho fundamental. Ara Editores, Lima, 2006. • PRIORI POSADA, Giovanni. Código Civil comentado. Tomo VI Derecho de Obligaciones. 2ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2007. • QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio. Teoría General del Proceso. 3ª edición, Temis, Bogotá, 2000. • ROSENBERG, Leo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo III, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1955. • SEVILLA AGURTO, Percy Howell. “El saldo deudor en el proceso único de ejecución de garantías”. En: Gaceta Civil & Procesal Civil. Tomo 5, Gaceta Jurídica, Lima, noviembre, 2013. • SOTO COAGUILA, Carlos Alberto. Comentarios a la Ley peruana de Arbitraje. Tomo I, 1ª edición, Instituto Peruano de Arbitraje, Lima, 2011. • SPOTA, Alberto G. Prescripción y caducidad. 2ª edición, La Ley, Buenos Aires, 2009.

244


• TAIPE CHÁVEZ, Sara. “La contradicción en el proceso de ejecución”. En: Las Garantías Reales. 1ª edición, Lima, 2014. • TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Acto Jurídico. 2ª edición, Idemsa, Lima, 2001. • VIDAL RAMÍREZ, Fernando. El Acto Jurídico. 9ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2013. • VON IHERING, Rudolph. El espíriu del Derecho Romano en las diversas fases de su desarrollo. 2ª edición, Comares, Granada, 2011. • VON THUR A. Tratado de las obligaciones. Comares, Granada, 2007.

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ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL INTRODUCCIÓN........................................................................................................ 7

CAPÍTULO I EL PROCESO DE EJECUCIÓN EN GENERAL I.

Breve reseña histórica...................................................................................... 13 1. La proscripción de la acción directa como fuente del nacimiento del proceso.................................................................................................. 13 2. El surgimiento de la ejecución................................................................. 14 3. La ejecución en el Derecho Romano........................................................ 18 4. El processus executivus................................................................................ 19 5. La ejecución en el Derecho español......................................................... 21

II.

Su ubicación dentro de la teoría general del proceso.................................. 22 1. El proceso de cognición............................................................................. 22 1.1. Las pretensiones declarativas o declarativas puras...................... 23 1.2. Las pretensiones constitutivas......................................................... 23 1.3. Las pretensiones condenatorias o declarativas condenatorias... 24 2. El proceso de ejecución............................................................................. 25 3. El proceso cautelar..................................................................................... 26

III. Noción................................................................................................................ 27

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Índice general IV. Naturaleza......................................................................................................... 30 1. ¿Jurisdiccional o administrativa?............................................................. 30 2. ¿El proceso de ejecución es un proceso de cognición sumaria?.......... 33 2.1. Los procesos plenarios u ordinarios............................................... 34 2.2. Los procesos sumarios...................................................................... 35 V.

¿Proceso de ejecución o continuación del proceso de cognición?............. 37

Vi.

El título ejecutivo.............................................................................................. 41 1. Títulos ejecutivos de naturaleza judicial................................................ 42 2. Títulos ejecutivos de naturaleza extrajudicial........................................ 42

CAPÍTULO II EL PROCESO DE EJECUCIÓN COMO MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA I.

Noción de tutela jurisdiccional efectiva........................................................ 47

Ii.

La efectividad de la tutela jurisdiccional y el proceso de ejecución.......... 49

III.

El debido proceso y la ejecución..................................................................... 51

CAPÍTULO III EL DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN: “La oposición a la ejecución” I.

Noción de la oposición..................................................................................... 55

Ii.

Fundamento de la oposición........................................................................... 55

Iii.

¿Mecanismo de ataque o de defensa?............................................................ 57

Iv.

Naturaleza de la oposición.............................................................................. 60

250

Índice general V.

Trámite procedimental de la oposición en el Derecho comparado........... 61 1. Oposición como incidente dentro del proceso de ejecución................ 62 2. Oposición como proceso autónomo........................................................ 62

VI.

La oposición en el Derecho peruano.............................................................. 62 1. El Código de Enjuiciamientos Civil de 1852.......................................... 63 2. El Código de Procedimientos Civiles de 1912....................................... 63 3. Otras normas reguladoras del proceso de ejecución............................ 64 4. El Código Procesal Civil de 1993............................................................. 65 4.1. El proceso ejecutivo........................................................................... 66 4.2. El proceso de ejecución de resoluciones judiciales....................... 68 4.3. El proceso de ejecución de garantías ............................................. 68

CAPÍTULO IV LA MAL LLAMADA CONTRADICCIÓN (OPOSICIÓN) EN NUESTRO ACTUAL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN I.

El proceso de ejecución en el Decreto Legislativo Nº 1069 –El proceso único de ejecución–..................................................................... 75

II.

Trámite procedimental de la contradicción (oposición)............................. 77

III.

Causales de la contradicción (oposición)...................................................... 78 1. Excepciones procesales.............................................................................. 79 1.1. Excepción de incompetencia............................................................ 83 1.2. Excepción de incapacidad del demandante (ejecutante) o de su representante........................................................................... 86 1.3. Excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante (ejecutante) o del demandado (ejecutado).............. 87 1.4. Excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda........................................................................ 90

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Índice general 1.5. Excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa....... 92 1.6. Excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante (ejecutante) o del demandado (ejecutado)..................................... 93 1.7. Excepción de litispendencia............................................................. 94 1.8. Excepción de cosa juzgada............................................................... 96 1.9. Excepción desistimiento de la pretensión...................................... 97 1.10. Excepción de conclusión del proceso por conciliación o transacción.......................................................................................... 99 1.11. Excepción de caducidad................................................................... 100 1.12. Excepción de prescripción extintiva............................................... 101 1.13. Excepción de convenio arbitral....................................................... 105 2. Defensas previas......................................................................................... 107 3. Inexigibilidad de la obligación................................................................. 109 4. Iliquidez de la obligación.......................................................................... 122 5. Nulidad formal del título.......................................................................... 124 6. Falsedad del título...................................................................................... 127 7. Llenado de título valor emitido de forma incompleta contrario a los acuerdos adoptados................................................................................... 129 8. Extinción de la obligación......................................................................... 135 9. Las excepciones o defensas en la Ley de Títulos Valores..................... 143 IV.

Breves reflexiones acerca del proceso único de ejecución.......................... 146

ANEXOS •

Competencia y excepción de competencia en el proceso único de ejecución....................................................................................................... 155

•

Excepción de representación defectuosa o insuficiente en el proceso único de ejecución............................................................................................. 171

252

Índice general •

Excepción de ambigüedad u oscuridad en el modo de proponer la demanda en el proceso único de ejecución............................................... 177

•

Excepción de cosa juzgada en el proceso único de ejecución.................... 187

•

Excepción de prescripción extintiva en el proceso único de ejecución..... 195

•

Defensas previas en el proceso único de ejecución..................................... 199

•

Inexigibilidad de la obligación....................................................................... 205

•

Nulidad formal del título................................................................................ 217

•

Llenado de título valor emitido incompleto contrario a los acuerdos adoptados........................................................................................................... 223

BIBLIOGRAFÍA Bibliografía.................................................................................................................... 241

ÍNDICE GENERAL Índice general............................................................................................................... 249

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Las Causales de contradicción en proceso de ejecución

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