EL ESTADO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Las Políticas Públicas juegan un rol fundamental en el desarrollo económico de una nación, ya que estas son un conjunto de lineamientos y decisiones
que
orientan
la acción que
va
a
permitir
alcanzar
determinados objetivos, es decir es un conjunto de acciones que atacan un problema en concreto y logran un objetivo específico. Las Políticas Públicas se pueden entender como el ámbito privilegiado de realización del “pacto” entre Estado y sociedad. Un nuevo papel del Estado, en el sentido de hacerlo más ágil y organizador. Aquí podemos rescatar el sentido participación entre estos dos actores, pero el objetivo final de beneficio a la sociedad es como lo veremos más adelante un punto que muchas veces queda olvidado, de aquí el fracaso de muchas Políticas Públicas. Cabe resaltar que no todo es asunto público y de lo público no todo se convierte en política y, actualmente asuntos públicos están siendo atendidos solamente y únicamente por el gobierno. El Estado como una organización social presenta una serie de características que lo diferencian claramente y le dan su significación, entre ellas:
Constituye una organización cuasi-perfecta; ya que sus funciones
están distribuidas entre sus integrantes o diversas categorías de funcionarios.
La solidaridad es intensa; en el sentido que en caso de algún
conflicto (desastre o estado de emergencia, por ejemplo) priva el interés que pueda generar la necesidad estatal sobre cualquier otra. Las políticas públicas son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública, con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad.
Las Políticas Públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios. Consisten, precisamente, de reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad. Esto es lo que generalmente se conoce como “agregar demandas”, de forma tal que al final, las soluciones encontradas permitan que personas y grupos coexistan a pesar de sus diferencias. Las
políticas públicas
juegan un rol fundamental en el desarrollo
económico de una nación, en este sentido, el Estado es el encargado de velar por el diseño y administración de políticas que proporcionen estabilidad económica y permita la vinculación del sector privado con el gobierno. Podríamos afirmar entonces que una de las funciones del Estado es esta, para que esto se lleve a cabo necesitamos reglas de juego claras y que sean cumplidas, lo que además implica que los compromisos adoptados por los encargados de la política pública sean creíbles. El diseño de la política pública es crucial para un buen resultado, el hecho que se cumpla en otro país no quiere decir que se cumpla en Venezuela y viceversa. La existencia de instituciones robustas es una condición importantísima para que las políticas públicas tengan resultados favorables, de nada sirve discutir en el parlamento una cantidad de programas de políticas públicas, si el Estado no tiene capacidad de ejecución, si apenas se aprueban ya están pensando en cómo hacer la trampa para poder obtener rentas. Este último punto es importante porque la posibilidad de que exista comportamiento oportunista por parte de los diferentes actores que entran en juego es consecuencia precisamente de la estructura de incentivos existente que permite que el “guiso” y “el caribe” se apodere de estructura decisional del Estado venezolano.
Planes de la nación en Venezuela El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación es el instrumento de planificación mediante el cual se establecen las políticas, objetivos, medios, metas y acciones dirigidas a darle concreción al proyecto nacional plasmado en la Constitución de la República, a través de la intervención planificada y coordinada de los órganos y entes del Poder Público e instancias del Poder Popular, actuando de conformidad con la misión institucional y competencias correspondientes. Artículo 26 Ley Orgánica De Planificación Pública Y Popular En el contexto histórico, Venezuela ha contado con los siguientes planes de gobierno: 1.- El Primer Plan de la Nación 1960-1964 El tema de la participación se articula a políticas, programas y proyectos de Desarrollo de la Comunidad, entendido este, como un elemento destinado a incorporar a los sectores populares en los programas destinados a elevar su calidad de vida. Se creó la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN), mediante Decreto Ejecutivo del 30 de Enero de 1962. 2.- El Segundo Plan de la Nación 1963-1966 Se consolida y amplía la visión sobre el Desarrollo Comunal como medio de promoción de la participación social y como elemento estratégico para el desarrollo adecuado y eficiente de las políticas públicas. 3.- El Tercer Plan de la Nación 1965-1968 Fue una continuación y mejoramiento de la visión, objetivos y propósitos fundamentales de los dos planes anteriores. El propósito central del 3er Plan fue impulsar la gradual tecnificación del programa de Desarrollo de la Comunidad, mediante la sistematización de sus contenidos, la calificación de recursos humanos
y la
institucionalización
de
mecanismos
coordinación y acción de los entes vinculados a la estrategia.
de
4.- El Cuarto Plan de la Nación 1969-1973 El tema de la participación social toma otra vertiente de desarrollo. Esta vez vinculada a la política social y más específicamente aún referida a los sectores sociales marginados. Se crean las políticas de promoción popular. 5.- El Quinto Plan de la Nación 1973-1978 En el contexto del 5to Plan, la propuesta central fue los denominados “Módulos de Servicios” que concentraban la coordinación de programas tales como: vialidad y urbanismo, reubicación, mejoramiento y autoconstrucción de viviendas y asistencia social. 6.- El Sexto Plan de la Nación 1979-1984 Se consolidó la democracia participativa, mediante la cual se persigue impulsar la presencia activa del pueblo en la preparación, toma y ejecución de decisiones 7.- El Séptimo Plan de la Nación 1984-1988 Se caracterizó por la privatización de entes públicos y se dividió en los siguientes componentes: Avance hacia una sociedad más justa y Profundización de la democracia política. 8.- El Octavo Plan de la Nación 1989-1994 Tuvo un desarrollo multisectorial del tema de la participación en la gestión gubernamental. El Gran Viraje como también se le conoció propuso como objetivo lograr una democracia moderna y eficiente, capaz de propiciar un ambiente para que las decisiones colectivas incorporen las voces de todos los afectados, generando una nueva cultura nacional de participación y concertación. 9.-El Noveno Plan de la Nación 1995-1999 Se inicia la aplicación de las primeras medidas macroeconómicas definidas por: Aplicación de una política de control de precios; control de cambio; eliminación del IVA y sustitución por el ICSVM; paralización del proceso de privatización iniciado en el 2do mandato de CAP con la venta de CANTV y VIASA. Sin embargo, la amplitud y profundidad de la crisis económica y social obliga a introducir giros que eviten el colapso de la administración. En este
marco, el gobierno presenta al país un programa de ajuste neoliberal llamado Agenda Venezuela cuyo propósito era corregir los grandes desajustes macroeconómicos provocados por el control de cambio, control de precios y déficit fiscal. 10.- Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001–2007 El X Plan de la Nación, establecía cinco componentes programáticos denominados “equilibrios” que agrupaban los distintos lineamientos y proyectos para la acción que debían marcar la gestión del gobierno en el período 2001-2007. Tales equilibrios eran los siguientes: equilibrio económico, equilibrio social, equilibrio político, equilibrio territorial, equilibrio internacional 11.- Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (primer plan socialista) Este plan establece las orientaciones para la construcción del Socialismo del Siglo XXI en la República Bolivariana de Venezuela, durante el periodo 2007- 2013. Las mismas están enmarcadas en siete directrices: Nueva Ética Socialista, La Suprema Felicidad Social, Democracia Protagónica y Revolucionaria, Modelo Productivo Socialista, Nueva Geopolítica Nacional, Venezuela: Potencia Energética Mundial y Nueva geopolítica. 12.- Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (segundo plan socialista) Enfocado en grandes campos para la transición, desde el punto de vista político, social, económico, nacional e internacional en el cual se organizan las políticas públicas por área denominas objetivos históricos: 1. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional 2. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad
social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro pueblo. 3.
Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América.
4. Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria 5.
Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.
EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Los procesos de toma de decisiones en el sistema político y en la administración constituyen una de las “cajas negras” de las políticas públicas y de la ciencia de las Políticas, toda vez que la casuística podría llevarnos a establecer que cada política pública, sea esta global o sectorial, obedece a un proceso específico y prácticamente único de toma de decisiones, que atraviesa la totalidad de la estructura institucional de un servicio o ministerio, o de varios servicios e instituciones, desde los niveles estratégicos o decisionales hasta los niveles operativos y de ejecución. El interés por las decisiones y los procesos que resultan en ellas, es uno de los tópicos característicos de la Ciencia de las Políticas, donde la preocupación -iniciada ya en los años 40 del siglo xx- proviene del hecho que cada política pública compromete desde su diseño e implementación -y a lo largo de todo su proceso o “ciclo de vida”- a un conjunto de instituciones, servicios y agencias, de manera que las decisiones que allí se adoptan van modificando más o menos sensiblemente los resultados de su aplicación.
La diversidad de modos de decisión o de mecanismos de decisión, pudiera conducirnos incluso a constatar que no ocurre un proceso de toma de decisiones, sino que en realidad sucede que se superponen, entrecruzan y yuxtaponen distintos diferentes dinámicas
procesos
decisionales sometidos
institucionales,
inercias
y
resultantes
organizacionales y
a a
diversos ritmos de resolución. Todas las políticas públicas generan efectos y toda política pública encubre una teoría de cambio social, ya que existe una relación de causa a efecto en las disposiciones que rigen y fundamentan las acciones públicas. Pero además, conlleva costes y obligaciones, e inconvenientes y beneficios para los sujetos que se ven afectados, quienes como demuestra la experiencia, consideran más importante los costes y los beneficios que le atañen de manera personalizada, que aquellos que afectan a la colectividad.
ENFOQUES DEL PROCESO DECISIONAL La dimensión de “proceso” es sin lugar a duda el punto de partida conceptual y teórica para analizar las decisiones en torno a la política pública. Un proceso puede describirse como una secuencia encadenada de eventos, de actos. El diseño y la implementación de una política pública en los Estados modernos, supone efectivamente una secuencia concatenada de eventos, de actos políticos, administrativos, jurídicos, financieros y organizacionales. De esta manera, el concepto de proceso conduce a relacionar la formulación y aplicación
de
una
política
pública,
con
la institucionalidad estatal
y
administrativa encargada de aplicarla, es decir, se puede afirmar que la calidad, racionalidad y eficiencia del proceso de toma de decisiones en el aparato del Estado está relacionado con el grado de institucionalización que tenga ese proceso al interior del sistema estatal.
El enfoque que se puede dar a análisis de los procesos decisorios varía: a) habría un enfoque organizacional que intenta comprender cómo y bajo qué condiciones una política pública pasa a través de distintos órganos del Estado e involucra a un conjunto de instituciones y servicios, desde su definición hasta su aplicación, en lo que llamaríamos un proceso circular de continua implementación y redefinición: sería ésta la “espiral fáctica de una política”; b) y habría un enfoque procesual que pone el acento en el comportamiento de las distintas agencias, servicios, instituciones y reparticiones públicas a la hora de poner en marcha y aplicar el proceso de diseño e implementación. Aquí el análisis se torna hacia las dimensiones de comportamiento organizacional frente a las exigencias de cambio y continuidad que pone de manifiesto una nueva política.
El proceso decisional desde un punto de vista organizacional. Todo proceso de toma de decisiones implica un conjunto de operaciones intelectuales y materiales, cuya secuencia es aproximadamente la siguiente: 1º la evaluación de la pertinencia, urgencia e implicancias sociales y políticas que tiene un determinado problema, como para ser objeto de una política explícita. 2º la determinación de los parámetros de aplicabilidad de la política: objetivos, recursos disponibles (financieros, humanos y organizacionales), impacto y efectos multiplicadores. 3º la fijación de los objetivos de la política pública, generales o estratégicos y operacionales. 4º la fijación de los medios o recursos que serán necesarios para su implementación. 5º la fijación de los mecanismos y/o procedimientos a través de los cuales se pondrá en marcha la política. 6º el establecimiento de la estructura o servicio o unidad que tendrá a su cargo y atribuciones, la implementación de la política.
7º la fijación de los criterios de evaluación de los resultados de la política. Veamos ahora en detalle ese proceso.
LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Los procesos de implementación estudian todo el proceso, hasta la aplicación del programa y su ejecución. Los estudios de implementación ayudan a comprender como es el ejercicio del Gobierno y del poder en la práctica. A través de ellos se observa como los programas de las sociedades avanzadas están definidos por la intervención de muchos órganos, diferentes niveles de Gobierno, diferentes grupos afectados, y de la interacción de todos ellos depende el éxito de la puesta en marcha de un determinado programa. Sin el acuerdo y colaboración de los intervinientes en una política no se pueden alcanzar los objetivos adecuadamente. Para que un programa se ejecute adecuadamente se necesitan los siguientes elementos:
Cuestiones no jurídicas : mediación, persuasión de los poderes públicos
El apoyo de los actores intervinientes en el proceso
Capacidad de prever la evolución del contexto
Existen dos modelos analíticos diferentes para el estudio de la fase de implementación en el análisis de políticas públicas: a) TOP – DOWN (De arriba-abajo) b) BOTTON – UP (De abajo-arriba)
La
De arriba-abajo característica
fundamental
del
enfoque
top-down
es
su
perfecto
acoplamiento con la primera tradición de estudios de políticas públicas distinguidos ampliamente por su orientación al estudio de las decisiones, así
pues en este enfoque se enfatiza la decisión “creadora” de la tecnocracia gubernamental y sus diseñadores con capacidad de generar programas y políticas que se implementan por derrame causal. Por derivación la jerarquía, la dirección y el control se constituyen en los elementos principales a la hora de comprender el proceso de instrumentación de políticas. La jerarquización alude principalmente a la importancia y la influencia de la escala de poder que tienen los distintos niveles políticos y burocráticos sobre la implementación, siguiendo la imagen de la pirámide, a mayor cercanía al vértice mayor capacidad (supuesta) de controlar y definir la suerte de la misma, es por esto que la mayor responsabilidad recae sobre la cúspide que es la que da las órdenes y vigila que se cumplan para lograr los objetivos definidos con anterioridad. La dirección y el control están igualmente ligadas a la estructura jerárquica; siguiendo la tradición tayloriana quienes planean y estructuran las políticas son responsables de su éxito, valiéndose de su capacidad directiva y de control sobre los niveles inferiores.
En el enfoque top-down predomina una visión racionalista ideal capaz de generar decisiones casi perfectas, organizar la mejor forma de llevarlas a cabo y preveer su precisa ejecución y posibles obstáculos, para evitarlos, hasta producir los resultados esperados sobre la población objetivo y la problemática que inspiró la acción gubernamental. Operativamente esto se expresa en la definición desde arriba de objetivos claros, estructura de órdenes hacia abajo debidamente prevista, aseguramiento de los recursos y apoyos necesarios y un sistema de comunicación que garantice el descenso de las órdenes centrales y la retroalimentación de los responsables. Como visión racional ideal el enfoque top-down hace alarde de eficacia y eficiencia, demostrando que “papá” Estado es todopoderoso. Para el top-down lo importante y determinante sucede “arriba”, que es la causa de lo que sucede “abajo”. Este enfoque se sustenta en la tradición de la administración pública estadounidense que separa política y políticas de administración e implementación; los políticos y burócratas que hacen las políticas van por un lado y los implementadores por otro, es la crítica que reciben el enfoque top-down del enfoque bottom-up que veremos a continuación.
De abajo-arriba
Para el enfoque bottom-up lo importante y determinante sucede “abajo”, los protagonistas de la instrumentación están en la ventanilla de las oficinas gubernamentales o en la calle con la gente, entregando los servicios públicos y materializando las políticas. Los burócratas a borde de calle dada su discrecionalidad reformulan las políticas dadas “arriba”, por lo que no siempre sucede lo que planean los diseñadores de políticas. Es necesario aclarar que el enfoque top-down tiene un alto componente prescriptivo, básicamente orientado a mostrar cómo deberían implementarse las políticas, mientras el enfoque bottom-up mantiene su perspectiva analítica académica descriptiva y explicativa, recomendando hacer los análisis respectivos a partir de lo que Elmore llamó el “mapeo regresivo”, es decir de abajo hacia arriba, esta perspectiva no tendría tanto valor normativo para los “practitioners” de las políticas, ya que no sería claro como implementar una política exclusivamente desde abajo, sin que medien órdenes y recursos de niveles superiores. La dimensión normativa de este enfoque está dirigida a llamar la atención de los analistas de políticas sobre por dónde empezar su trabajo.
El aporte teórico más destacado dentro del enfoque bottom-up es el de Hjern y colegas. Sabatier (1986: 12-16) lo presenta como el de mayor elaboración metodológica, con suficientes elementos como para contrastarlo con el enfoque top-down, enfoque con mayor sustentación empírica. El enfoque Bottom-up según la propuesta de Hjern empezaría con el reconocimiento de las redes de actores que intervienen en la entrega de servicios, sus capacidades, estrategias, interrelaciones y contactos, y a partir de la reconstrucción de esa red de contactos “devolverse” hacia arriba en la identificación de los actores involucrados en los distintos niveles intergubernamentales en todo el proceso de implementación. La aplicación de este modelo fue lo que llevó a Hjern a concluir que la buena implementación no depende de individuos sino de “estructuras locales de implementación.” Esta es, sin duda, una gran diferencia con el enfoque top-down el cual empieza con la decisión y como sus objetivos
se logran en el tiempo, lo cual tiene implicaciones concretas sobre el análisis, por ejemplo, la identificación de actores en el top-down es de arriba hacia abajo, mientras que en el bottom-up es al contrario.
Seguimiento de las políticas publicas El seguimiento de las políticas públicas consiste en un proceso sistemático de supervisión de la ejecución de actividades, en sus diversas dimensiones, con el objeto de suministrar a los ejecutores responsables de la política información sobre la marcha de las actividades con miras a introducir ajustes y correcciones que aseguren el logro de los objetivos. Esta etapa también suele ser denominada “evaluación intermedia”, ubicada en diversos momentos de la ejecución entre la evaluación ex ante y la ex post. El seguimiento incluye tareas de relevamiento y registro de la información, el control de su calidad, su procesamiento (con frecuencia, para la elaboración de indicadores) y la puesta a disposición de los decisores. MODELOS ANALÍTICOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Para lograr un análisis imparcial se puede mencionar que Han existido dos modelos: el modelo racional y el modelo incremental.
El modelo racional de Hebert. Simon, que consiste en recoger
informaciones e investigar de forma sistemática con el objeto de identificar los problemas presentes o posibles. Definir todas las alternativas posibles para enfrentar cada problema. Hacer un análisis omnicomprensivo de todas las posibilidades alternativas y de sus consecuencias. Simon, considera que las políticas públicas siguen un ciclo fijo (formulación,decisión-implementación-evaluación) del que se esperan unos resultados que se correspondan con los objetivos que han dado pie a la aparición de las políticas públicas. Se basa en la creencia de que las políticas públicas de tipo
perfectamente racional y planificado son el ideal que tiene que perseguirse en cualquier tipo de acción pública, a pesar de que se reconozcan las limitaciones que la realidad impone en la toma racional de la toma de decisiones En la actualidad vemos cómo no existe prácticamente una política que parta de cero, casi todas en su inmensa mayoría ya han sido planteadas con anterioridad por autoridades que han antecedido a quien ahora las retoma. Sin embargo, cabe la posibilidad de generar alguna política innovadora o totalmente nueva. En la realidad los directivos públicos no buscan la mejor política, es fácil que se conformen
con
seleccionar
las
políticas
satisfactorias
y
realizar
un
comportamiento satisfactorio Simon describo las limitaciones que impiden la aplicación del modelo racional puro contraponiendo la racionalidad clásica económica con la racionalidad administrativa:
De carácter psicológico
El comportamiento racional impecable necesita una inteligencia cocimientos y habilidades que superan las capacidades reales de las personas. La información que fundamenta la acción publica, puede ser muy extensa o incompleta y a menudo el decidor tiene que tomar decisiones prematuras, sobre temas poco conocidos, y con poca estructuración quedando distante en calculo y previsión del hombre económico
Los valores
El hombre económico decide en solitario; las consecuencias de sus acciones le relevan a el y por consecuente se orienta de sus propios valores. Por contrario los decidores públicos no actúan en solitario, y muchas veces toman decisiones compartidas donde los valores entran en competencia. En esta idea de diversidad intelectual se fundamenta la ruptura con el modelo racionalista, ya que toda alternativa satisfactoria para un grupo social es fuente de problemas para otros.
De carácter organizativo
El carácter organizativo y estructurado de las administraciones son barreras muy difíciles de superar, ya que la excesiva departa mentalización, la especialización funcional. Los defectos del diseño de la misma, la tendencia a eludir la evaluación de los programas etc. Provocan su distorsión.
Los costes
El modelo racional, debido a la amplitud de información, de medios tecnológicos, de recursos, de cualificación y de tiempo, provoca que el modelo racional sea muy costoso de mantener, generalmente ante la obviedad de la posibilidad de resumir el proceso de análisis, se prefiere destinar los fondos a otros fines.
Limitaciones situacionales
El modelo racional puro parte de cero para elaborar una decisión y eso es una desventaja ya que en muy pocas ocasiones los decidores públicos se encuentran en una situación de cero, ya que lo habitual es que tengan que continuar las decisiones del equipo anterior y tratar problemas que ya se tratan en otras administraciones, casi nunca se decide desde el vació, la presión de los precedentes, de los grupos de presión, de los usuarios… limitan la capacidad de elección. Esto llega al extremo de que buena parte de los problemas a tratar tienen su solución preestablecida antes de que el decidor trate sobre ellos. Para simon la conclusión estará fundamentada en que el proceso de adopción de decisiones estará regido por la racionalidad limitada. La racionalidad individual estará concebida por los factores que influyen en ella y por el concepto del decisor sobre su finalidad, que puede coincidir o no con el de la organización, sus valores, y de grado de información.
El modelo incremental. Un autor llamado Charles Lindblom reviso la tesis de Simon sobre las limitaciones del modelo racional para la adopción de políticas públicas y negó que fuese el mejor modelo para las políticas públicas.
En el modelo incremental se utiliza una interpretación más descriptiva y menos prescriptiva y se basa en gran parte en la observación de los Policy makers Para Lindblom es la interacción política entre los individuos y los grupos sociales el factor que más condiciona la elaboración de las políticas públicas. El análisis adquiere así otro significado, pues no es la alternativa al juego político como apela el modo racional sino una parte del mismo. Este modelo incremental dirá que las decisiones en política son sobre toro pragmáticas, y no se basan en relaciones científicas o bien estudiadas, y que el método de aproximaciones sucesivas y limitadas guiara las políticas públicas por un
camino ya empezado y que variara de una forma limitada. De esta manera de desecha todo lo ya considerado y se hace hincapié en la novedad, desechando así lo que no se lleva a cabo y obviando todo lo que no sea nuevo o
desconocido. El incrementalismo se basa en que cuanto más novedosa sea una política más desconocida serán sus consecuencias y más complicado será presentarla de una forma convincente así pues difícil de sustentarla con un apoyo político. Las decisiones son fruto de una larga cadena de decisiones precedentes con sus logros y errores correspondientes, ampliando así las capacidades de controlar el error y lograr el triunfo. En esta disciplina esta es la única manera de predecir sus impactos, sus constes y sus beneficios. Este estilo de gestión de políticas públicas que aumenta el margen de maniobra de los gobiernos fue considerado como el natural de las democracias pluralistas y poliarquías donde existan grupos de presión poderosos, informados, autónomos y con una capacidad de presión efectiva. Este modelo se criticó desde el racionalismo por negarlo y por enfatizar la viabilidad política como política adecuada. Existe el fundamento de que cambiar las políticas solo marginalmente puede reducir el riesgo pero imposibilita la ambición y la innovación. Este modelo es tachado de conservador. En esta contemplación no se atacan los verdaderos problemas ni sus causas solo quizás solucionarlo de una
manera temporal. Generalmente el incrementalismo legitima la teoría sobre la inercia y se asocia con organizaciones burocráticas garantistas
El modelo de la decisión incremental de Lindblom, discrepa del enfoque de Simon y utiliza en su análisis, es
escéptico sobre el potencial de la
planificación que los decidores públicos pueden imponer en el ciclo de las políticas. Propone Lindblom el concepto mudding trough (ingeniárselas) para describir la manera como los políticos, técnicos, altos funcionarios y otros trabajadores de la Administración Pública se adaptan a
las situaciones
concretas de sus entornos de trabajo, y como suelen actuar en su trabajo de provisión
de los bienes, servicios y prestaciones públicas, de manera
incremental respecto a lo que se ha implementado en ejercicios anteriores Ambos
modelos
pueden
resultar
muy
útiles
a
personas
con
responsabilidades políticas y de acción, ya que les posibilitan un esquema apto donde operar, las tesis de los dos autores señalan que los modelos de hacer políticas públicas son racionales (Ruiz Viñals, 2004:55) y siguen una serie de peldaños que definen su proceso, lo que marca la diferencia son las fases en el proceso de las políticas públicas. Según Lindblom debería seguirse el siguiente ciclo: 1) Estudiar cómo aparecen los problemas y se recogen en la agenda de decisiones del Gobierno sobre políticas públicas. 2) Estudiar cómo la gente plantea los temas para la acción, cómo proceden los legisladores y cómo actúan los funcionarios que implementan las decisiones tomadas. 3) Analizar cómo se evalúan las políticas públicas.
https://gobiernoyadministracion.wordpress.com/2011/06/14/los-procesos-detoma-de-decisiones-de-las-politicas-publicas-una-aproximacion-desde-laciencia-politica/ https://gobiernoyadministracion.wordpress.com/2010/05/14/el-proceso-deimplementacion-de-las-politicas-publicas/ http://es.slideshare.net/amailycamacaro/polticas-pblicas-desde-1958-hasta-lafecha?next_slideshow=1 http://www.unla.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA %20PUBLICA%20web.htm http://html.rincondelvago.com/politicas-publicas.html
