UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN FACULTAD DE EDUCACIÓN PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA ____________________________________________________ ___________________________ _______________________________________ ______________
“DE LA RETÓRICA MULTICULTURAL A LA INTERCULTURALIDAD FUNCIONAL:
LA PROPUESTA DEL ESTADO CHILENO HACIA EL PUEBLO MAPUCHE (2000-2006)”
TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO DE PROFESOR DE ESTADO EST ADO EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Profesor guía: Dr. Omar Turra Díaz Tesistas: Álvaro Contreras Barraza Vannia Escobar Henríquez Concepción, ciudad universitaria, 2010
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN FACULTAD DE EDUCACIÓN PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA ____________________________________________________ ___________________________ _______________________________________ ______________
“DE LA RETÓRICA MULTICULTURAL A LA INTERCULTURALIDAD FUNCIONAL:
LA PROPUESTA DEL ESTADO CHILENO HACIA EL PUEBLO MAPUCHE (2000-2006)”
TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO DE PROFESOR DE ESTADO EST ADO EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA
Profesor guía: Dr. Omar Turra Díaz Tesistas: Álvaro Contreras Barraza Vannia Escobar Henríquez Concepción, ciudad universitaria, 2010
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AGRADECIMIENTOS A mi madre Guacolda y a mi padre Norberto, por ser el sustento moral y material de esta travesía que emprendí hace ya un par de años atrás, por su apoyo irrestricto. A mi sobrina Magdalena, que gracias a su infinita ternura e inocencia ha sido el lucero que ha guiado mis pasos en las horas más oscuras A mis hermanos Paula y Rodrigo, por ser voz de aliento y ejemplo constante. A Vannia, por ser mi compañera tesista, hermana, enemiga y aliada, todo por creer y sacar lo mejor de mí en cada momento, por ser mi sustento emocional en esta investigación. A Paulina, César y Víctor, por ser compañeros de ruta y mi familia junto con Vannia, por compartir esa pasión y curiosidad por la historia, por los incontables desvelos en su compañía. A Jovanka, por llenar mi vida de alegría gracias al encanto de tu ritmo. A.C. Quisiera agradecer a mi Madre Ana, mis Hermanos y queridas sobrinas por acompañarme y apoyarme en este proceso de aprendizaje y crecimiento. A mis amigos y compañeros de ideas con los que comenzamos esta aventura y con los que finalmente terminamos. Si bien no somos muchos a estas alturas seguimos siendo los mismos, gracias a todos por haber hecho esta etapa una de las mejores. A mi compañero César con el cual hemos construido nuestra propia historia, sueños e ideales. Al Profe’ Jorge por su buena voluntad y siempre buena disposición, durante todos estos años. V.E.
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ÍNDICE Portada ......................................................................................................... Pág. 1 Índice ............................................................................................................ Pág. 5 Introducción................................................................................................... Pág. 7 I.- Diseño de Investigación ............................................................................ Pág. 9 I.1 Problema de investigación .................................................................. Pág. 9 I.2 Metodología base de Estudio ........................................................... Pág. 11 I.3 Interrogantes de investigación .......................................................... Pág. 14 I.4 Objetivo general ............................................................................... Pág. 14 I.5 Objetivos específicos ....................................................................... Pág. 14 I.6 Supuestos de investigación .............................................................. Pág. 15 I.7 Determinación de las fuentes .......................................................... Pág. 15 I.8 Técnicas de reproducción de la información ..................................... Pág. 16 I.9 Procedimiento de análisis e interpretación de la información ........... Pág. 17 I.10 Procedimiento de validación .......................................................... Pág. 19 II.- Marco Teórico-Conceptual ..................................................................... Pág. 21 II.1 Concepción de Estado ..................................................................... Pág. 21 II.1.1 Concepto de Estado ............................................................. Pág. 23 II.1.2 Concepto de nación ............................................................... Pág. 29 II.1.2.1 Nación Cultural .......................................................... Pág. 31 II.1.2.2 Nación Política ........................................................... Pág. 33 II.1.3 Estado-Nación Unitario ......................................................... Pág. 34 II.1.4 Estado-Nación Multicultural ................................................... Pág. 35 II.2 Interculturalidad ............................................................................... Pág. 42 II.2.1 Integracionismo ..................................................................... Pág. 49 II.2.2 Diálogo simétrico ................................................................... Pág. 55 III.- ¿Nuevo siglo, nuevo mileno, nuevo trato? ............................................ Pág. 58 III.1 La instalación del nuevo gobierno .......................................... Pág. 58 III.2 La retórica del reconocimiento Multicultural ............................. Pág. 59 III.3 Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato ............................... Pág. 67
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III.4 Una nación indivisible: La concepción de Estado unitario ....... Pág. 77 IV ¿Interculturalidad crítica o funcional? ..................................................... ..................................................... Pág. 84 IV.1. Interculturalidad en tiempos de globalización ......................... Pág. 85 IV.1.1 Educación intercultural bilingüe ..................................... ..................................... Pág. 88 IV.1.2 El reconocimiento de la salud intercultural .................... Pág. 92 IV.2 Integración en tiempos de cólera ............................................ ............................................ Pág. 97 IV.3 Diálogo simétrico ................................................... ................................................................... ................ Pág. 106 IV.3.1 El diálogo limitado de Ralco ........................................ ........................................ Pág. 107 IV.3.2 Diálogo y Verdad Histórica Histórica ......................................... Pág. 111 Conclusiones..................................................... ................................................................................. ........................................ ............ Pág. 124 Bibliografía ........................................................ .................................................................................... ........................................ ............ Pág. 129 1 29 Anexos .................................. .............................................................. ........................................................ ........................................ ............ Pág. 135 1 35
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INTRODUCCIÓN El presente trabajo se enmarca en el proceso final de formación académica, con el cual se pretende acceder al título de profesor de Historia y Geografía. Este estudio intenta desvelar cuales son los lineamientos teóricos, dentro de los que se sustentan las ideas y principios que dirige el Estado durante el período 2000-2006, hacia el pueblo indígena mapuche en los ámbitos políticos y cultural, alejándose de la idea de ser una evaluación que verifique si lo que se propuso por parte del gobierno se cumplió o no, por el contrario se quiere averiguar cuales son las ideas que se pretenden perpetuar y transmitir al resto del entramado social. Dentro del actual ajuste curricular aprobado por el Consejo Superior de Educación en Julio de 2009 la temática abordada en esta investigación se enmarca en la etapa de Segundo año medio, dentro de los contenidos mínimos obligatorios “Persistencia “ Persistencia de pueblos indígenas en Chile contemporáneo ”, ”, con el objetivo de que el estudiante pueda “reflexionar sobre la incidencia del mestizaje en la conformación de la sociedad chilena y sobre la presencia de los pueblos indígenas en Chile Contemporáneo.” No se puede desconocer ante esta realidad, que toda política derivada desde un Estado o institución, es sustentada en una ideología que fundamenta lo que dice y quiere hacer como forma de reproducir un modelo. Además, esta relación se da dentro de un contexto de globalización, donde la invitación forzada es a formar una gran aldea global, bajo las lógicas de apertura económica, expansión de los medios de comunicación y el cuestionamiento de las identidades. En el primer capítulo para comenzar con nuestro estudio, y dotarlo de legitimidad científica, quedará establecida nuestra metodología a seguir. Este modelo metodológico esta conformado por diez partes, la cuales hemos optado sean de carácter cualitativo, ya que nos permite captar la dimensión subjetiva y subyacente en el discurso o propuestas de los actores relevantes. Se incluye el tipo de investigación, las técnicas de recolección de la información y como nuevo elemento, el procedimiento de validación que nos permitirá triangular nuestra información, otorgarle coherencia interna y mayor rigurosidad a esta pesquisa.
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En un segundo capítulo, presentaremos el bagaje teórico en el cual se fundamenta nuestro estudio, el cual está conformado por la conceptualización de los principales términos, que utilizaremos y tendremos como referentes al momento de identificar las ideas y principios en los aspectos políticos y culturales. Los términos a utilizar, son los que en el capitulo anterior establecemos como categorías y subcategorías a priori y que creemos vamos a encontrar como resultado discursivo desde el Estado hacia el pueblo mapuche. Su construcción esta hecha bajo una lógica de discusión, en torno a la visión de distintos autores que se han dedicado a tratar la temática. El tercer capítulo de nuestra investigación esta conformado por el desarrollo y la exposición de los resultados en el ámbito político, de acuerdo a las subcategorías de Estado nación Unitario y Multiculturalidad, paradigmas filosóficos y políticos bajo los cuales actúa, o se moldean las propuestas estatales hacia el mundo indígena. En el cuarto capítulo esta compuesto por la exposición y análisis de los referentes culturales de acuerdo a las categorías de interculturalidad y subcategorías de integración y diálogo simétrico, las cuales nosotros establecemos anteriormente como dos formas de relaciones interculturales, y que logramos identificar en las fuentes consideradas para esta investigación. La quinta parte de nuestro estudio la conforman nuestras conclusiones, las cuales van a responder nuestras interrogantes de investigación, nos otorgarán las principales ideas que hemos llegado en el estudio, y nos dará pie a dejar nuevas interrogantes abiertas si se considera necesario. En la penúltima parte que compone nuestra investigación se exponen las fuentes bibliografiítas utilizadas en esta construcción investigativa Por último se adjunta un anexo con el transcurso cronológico de la temática en cuestión, construido a partir del trato que se le realiza en el diario La Nación, este tiene la finalidad de podernos hacer un panorama general del transcurso de esta situación problemática, la cual tiene muchas aristas entre estos actores disímiles cuantitativa y cualitativamente.
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CAPÍTULO I
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN I.1 Problema de Investigación. Nuestro problema de investigación se enmarca dentro de un proceso histórico de larga data el que ha sido denominado, desde los inicios del siglo XX, conflicto indígena o conflicto mapuche 1. Intentar realizar un estudio, o quizás una aproximación, a tal o cual objeto con características historiables (procesos, sujetos, relaciones, etc.), nos lleva necesariamente a desentrañar una problemática, examinar un aspecto del desarrollo de su tránsito histórico y hacerla plausible para el análisis o comprensión. Nuestro problema hace referencia a dos actores cuantitativa y cualitativamente disímiles, tanto en las relaciones entre ellos mismos, y las relaciones con agentes o interlocutores foráneos, es decir, el resto del conglomerado nacional no mapuche. La notoria postergación y criminalización, que a nivel estatal, recibe el conglomerado social reconocido como etnia mapuche2, cuando lleva a cabo protestas por sus reivindicaciones, que en un primer momento son territoriales, pero que con el pasar del tiempo trascienden a niveles culturales, políticos, económicos, sociales, históricos, entre tantos otros. Para efecto de nuestro estudio serán analizadas las ideas y principios que se manifiestan en las propuestas, dadas en los ámbitos políticos y culturales, que 1
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Esta primera categoría la consideramos inapropiada, discutible y arbitraria como para ser ocupada dentro del estudio, ya que consideramos que para hablar de conflicto deben haber dos actores en pugna por un interés, además, dicha concepción (la de conflicto mapuche) está cargada de una intencionalidad racista por parte del Estado chileno y transmitido a todo el entramado social, al atribuirle el inicio del llamado conflicto a la sociedad mapuche de forma unilateral. Para profundizar el tema en cuestión, remitimos al lector a Caniuqueo, S. Siglo XX en el Gulumapu: de la fragmentación del Wallmapu a la unidad nacional Mapuche. 1880 a 1978 P. 130 en Marimán, P. et. al. (2006) ¡…Escucha, winka…! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro. Ed. Lom. Santiago, Chile. También recomendamos Informe FIDH nº 445/3 de abril del 2006 Chile: La otra transición chilena: derechos del pueblo Mapuche, política penal y protesta social en un Estado democrático. P. 18 Se define como etnia a este conglomerado social mediante la ley indígena 19.253, del 5 de octubre de 1993. Más adelante abordaremos de forma más plausible la categoría dentro de la cual entenderemos en este estudio al pueblo mapuche. 9
ha otorgado el Estado ante la notoria importancia que ha tomado a nivel internacional su accionar jurídico – represivo 3. En este contexto, Chile no queda exento de la denominada “Emergencia indígena en América latina” (Bengoa. 2007) por lo que consideramos haber descubierto o vislumbrado nuestro tema de interés, ya que facilitados por elementos globalizadores4 (uso de Internet, entre otras herramientas tecnológicas), una comunidad cultural en sí restringida numéricamente5, en comparación al total nacional, además de poseer una identidad cultural específica, han sido capaces de utilizarlos a su favor para mantener en el tiempo prácticas culturales y políticas disímiles, diferenciadas de los paradigmas propiciados por distintos Estados, como lo son los modelos multiculturales e interculturales (Díaz-Polanco. 2007), cuestionando la hegemonía 6 que ejerce el Estado hacia ellos. En definitiva interesa identificar algunos principios velados en los planteamientos político – culturales emanados del Estado chileno, para posteriormente analizar en que se basa la estructura de estas propuestas hacia el pueblo mapuche, entendiéndolas dentro de un contexto determinado,
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Cabe destacar acá algunas de las recomendaciones dadas por el relator especial para los derechos indígenas de Naciones Unidas, Dr, Rodolfo Stavenhagen, en su informe de octubre del 2003, en la cual solicita al gobierno de Ricardo Lagos revisar el uso de la legislación antiterrorista en contra de comuneros mapuche, la acusación de asociación delictuosa y la criminalización de la protesta social indígena, debido a que estarían contraviniendo a tratados internacionales de derechos humanos. Remitimos a la lectura del Informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, misión a Chile, Naciones Unidas, Consejo Económico Social . En el libro La Batalla de la memoria, la autora plantea como a través del tiempo los mapuche se han ido apropiando de elementos modernizadores, utilizándolos a favor de sus demandas. Lautaro vendría a ser una primera expresión, o propulsor de lo anterior, iniciándose “ La apropiación tecnológica, impregnada de poder que necesariamente ella porta, es un acto de transformación de re/apropiación cultural. Nuevo poder que agrega capacidades a su autonomía ”. (Illanes. 2002:224) Las cifras que maneja el gobierno en cuanto al total de las personas indígenas que componen Chile, son por lo demás cuestionables. “De acuerdo al censo del 2002, la población del país alcanza a un total de 15.116.435 personas, de las cuales 692.192 (equivalente al 4,6% del total) declaró pertenecer a algún pueblo originario o indígena. Cifras que no se condice con los resultados del censo anterior (1992), donde un total de 998.385 personas mayores de catorce años se habían autoidentificado como indígena, aumentando a casi un 1.350.000 personas (más del 10% de la población total) si se considera también a los menores.” (Acevedo en Aylwin y Yáñez et. al. 2007: 478) Para una breve conceptualización por lo que se entenderá por hegemonía, revisar el marco teórico-conceptual de esta investigación. 10
específicamente en los seis primeros años del siglo XXI, para con ello visualizar cambios, persistencias o acomodaciones en las propuestas actuales. Delimitando nuestro tema, y dándole una cualidad de aporte como reconstrucción histórica, es que hemos encontrado relevante realizar dicho análisis documental dentro de un marco temporal concreto, para apuntar de este modo a la exteriorización de problemáticas históricas actuales pero de larga data, con características socio-históricas específicas, las cuales entendemos han ido evolucionando desde los orígenes de este proceso (con la construcción decimonónica del Estado-nación chileno) a nuevas fases7, donde ambos actores (Estado chileno – pueblo mapuche) se han ido adecuando a esta problemática de intereses, apropiándose de las herramientas especificas a su alcance. La actualidad del tema, agregando la autolimitación temporal, nos facilita el acceso a las fuentes materiales emanadas desde uno de los actores, y comprobar desde allí cuales son los principios e ideas que le dan la sustancia a las políticas que son dirigidas hacia el pueblo mapuche. I.2 Metodología base del estudio Investigación cualitativa El querer analizar el discurso que tiene el Estado chileno para sobrellevar el tema de la diversidad cultural, y específicamente el que dirige hacia el pueblo indígena más numeroso de nuestro país, el cual ha mantenido sus demandas a través de los diversos contextos históricos, nos lleva a tener que desentrañar un planteamiento cargado de ideas, intenciones y percepciones subjetivas diversas, donde algunas, reconocidas como tales y otras ocultas, por parte de los diversos actores, torna confusa la comprensión de las políticas y prácticas que caracterizan las relaciones entre las distintas culturas. De acuerdo a las políticas 7
Cuando hablamos de una nueva fase de nuestra “situación problemática” no es por mero capricho, ya que creemos identificar en la coyuntura del año 1997 (escalada de violencia en comunidades mapuche, específicamente la quema de camiones forestales) como el inicio de la construcción de un nuevo referente por parte del Estado, en cuanto al trato con el actor social indígena. 11
internacionales, el país no ha quedado exento de los últimos modelos que han pretendido legislar este tema desde el mundo occidental, utilizando para dar respuesta no tan sólo a los pueblos indígenas, sino que también a las minorías sexuales, culturales o discapacitados como las comunidades sordas, propuestas planteadas por los paradigmas multi e interculturalistas de la diversidad cultural, los cuales han ido adecuándose a las diferentes etapas o estados de las relaciones con sus minorías indígenas, introduciendo nuevas variables y modificándose otras al momento de analizar y comprender este fenómeno social. Con el objetivo de exponer algunas conclusiones acerca de este tema, abogamos por valernos de un método que nos apruebe mezclar diversas variables, analizarlas, dar una explicación a transcursos sociales complejos y que nos permita, además, adentrarnos en el mundo de las percepciones y fundamentos que guían las relaciones humanas, para esto trabajaremos con el método cualitativo, que desde su fundamentación nos dota de las herramientas necesarias para esta exploración. Las investigaciones que pretenden explicar las relaciones humanas, no necesariamente se deben basar en un fenómeno o características específicas, al contrario puede también buscar explicaciones en aspectos generales y que éstas nos otorguen los fenómenos específicos o viceversa, siendo el objetivo encontrar la esencia; hacia esta área apunta nuestra metodología, ya que: “la investigación cualitativa, trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones ” (Martínez. 2006:128). Según este autor “el enfoque cualitativo de investigación es, por su propia naturaleza, dialéctico y sistémico ” (Ibídem: 128). Dialéctico porque al momento de analizar el conocimiento como resultado, no se puede obviar que el producto entre el objeto de estudio y el sujeto que forma parte de él, se encuentra cargado de intereses, valores y creencias propias, entre otras características. Por otra parte la naturaleza sistémica, responde a que el objeto en el área de las ciencias humanas, ontológicamente esta compuesto por múltiples variables, dotándola de
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estructuras complejas y sistémicas e influenciadas a la vez por las variables biopsicosociales. (Martínez. 2006) Así todo el constructo que pueda resultar desde las relaciones sociales, estaría basado entonces, en sujetos, objetos y estructuras dinámicas, creadas desde la subjetividad y sometidas a constantes cambios según el contexto histórico. Esta disposición entonces nos podría ayudar a comprender los nuevos rasgos, según el contexto, que ha ido tomando el Estado chileno como institucionalidad para dirigirse al pueblo mapuche, dirigiéndolas hacia nuevas esferas de poder. Todos estos elementos, más los que se pueden desentrañar producto de un análisis cualitativo, nos pueden entregar la parte de la estructura y principios que guían el trato entre ambas culturas, en palabras de Erickson: “el método interpretativo es un intento de combinar un análisis intenso de detalles finos de la conducta y su significado, en la interacción social de cada día, con análisis del contexto social más amplio (el campo de las influencias sociales) dentro del cual ocurre la interacción personal ” (En Ruiz. 2007:21). Las variables que se analizan al ser dinámicas, facilitan que la organización de la investigación cualitativa también pueda ser móvil y no necesariamente estructurada, omitiendo en algunos estudios las categorías a priori o la hipótesis, lo cual queda a elección del investigador, quien en publicaciones de carácter cuantitativo no podrían faltarle estos elementos. En palabras de Denzin y Lincoln: “la investigación cualitativa como conjunto de prácticas interpretativas, no privilegia ninguna metodología, no posee ninguna teoría, ni paradigma, ni conjunto de métodos que sea específicamente suyo ”. (En Ruiz. 2007:20) Además del dinamismo, la investigación cualitativa nos proporciona procedimientos metodológicos basados principalmente en donde buscar la información y como interpretar estos escenarios. En nuestro estudio ahondaremos en documentos emanados directamente de uno de los actores en cuestión, discursos y propuestas políticas implementadas, las cuales fundamentan sus actos. Con esta premisa nos estaríamos remitiendo en principio a: “la búsqueda en un primer momento de todo lo que nos pueda servir como fuente para obtener las impresiones de nuestros actores, para luego observarlo y
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desentrañarlos, buceando y siendo capaces de captar sus significados más perceptibles o escondidos.”(Rodríguez. 1996:45). En conclusión, vamos a utilizar el método cualitativo por ser el más apto para analizar las variables que emanan de las relaciones humanas, que condicionan y son determinadas por el entorno o contexto, y que generan situaciones sociales, las cuales son inexcusablemente dinámicas y mutables. Esta metodología en sí trata de ser sensible a la complejidad de las realidades de la vida moderna y al mismo tiempo, estar dotada de procedimientos rigurosos, sistemáticos y críticos. I.3 Interrogantes de Investigación 1. ¿Qué ideas o principios de carácter político, con relación a la concepción de Estado, es posible reconocer en las propuestas estatales dirigidas al pueblo mapuche? 2. ¿Qué ideas o principios de carácter cultural, con relación a la concepción de Interculturalidad, es posible reconocer en las propuestas estatales dirigidas al pueblo mapuche? I.4 Objetivo General. Desvelar las ideas o principios políticos y culturales que emanan del Estado nacional, durante el período 2000-2006, para poder caracterizar el tipo de relación que mantiene con el pueblo indígena mapuche. I.5 Objetivos Específicos Reconocer las ideas o principios de carácter político que intenciona y explicita el Estado, a través del gobierno de turno, dirigidas al pueblo indígena mapuche •
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Reconocer las ideas o principios de carácter cultural que intenciona y explicita el Estado, a través del gobierno de turno, dirigida al pueblo indígena mapuche. •
I.6 Supuestos de Investigación Nº 1. El Estado posee propuestas específicas dirigidas al mundo indígena en general, con las cuales da respuestas a las demandas del pueblo mapuche en particular. Dentro de estas propuestas pueden reconocerse ideas y principios de carácter político y cultural. Nº 2. El Estado de Chile con su carácter unitario e indivisible, mantiene una relación con el pueblo mapuche, enmarcado en una legislación que otorga derechos y deberes para el accionar de ambos actores. I.7 Determinación de las Fuentes Las siguientes fuentes fueron seleccionadas, ya que poseen la característica de representar documentos oficiales, los cuales emanan de la institucionalidad; mediante éstas el Estado plasma su ideología nacional, presentando sus ideas y validándose, en su práctica, frente a los organismos internacionales: •
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Diario La Nación, correspondiente al período de estudio. Documento Oficiales nacionales: “Ley Indígena 19.253” “Programa Orígenes” “Informe final Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas”
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I.8 Técnicas de producción de la información El método cualitativo de investigación, además de darnos el marco referencial para responder a nuestras inquietudes investigativas, nos dota de estrategias para llevarla a cabo, entre la que destaca, de acuerdo a la construcción teórica que realiza Valles, como el primer peldaño de la metodología de investigación, la técnica cualitativa documental o uso de documentación (Valles. 2007). Para efectos de nuestra investigación nos ceñiremos a esta técnica, por ser la que más se acomoda al momento de delimitar nuestras fuentes a explorar, caracterizada por la recolección en un primer momento e interpretación de documentos o fuentes primarias disponibles. Ello por cuanto: “la expresión más característica de esta opción metodológica se encuentra en trabajos basados en documentos recogidos en archivos oficiales o privados; documentos de todo tipo, cuya elaboración y supervivencia (depósito) no ha estado presidida, necesariamente, por objetivos de investigación social ” (Ibídem: 109). Aunque se puede considerar como tradicionalista o positivista, ha sido la técnica que filósofos, historiadores, sociólogos, entre otros, han utilizado en períodos y contextos históricos distintos, como herramienta para interpretar sus propias circunstancias, generando desde ahí una perspectiva distinta, o de frentón una crítica certera y otras veces ideologizada, de su escenario coyuntural. Esta práctica de indagar en documentos que están presentes, disponibles y que regulan nuestra propia realidad, se hace importante en la medida en que con una mirada incisiva, rigurosa y crítica, se puede extraer información que no siempre es explícita y clara en el discurso. De la variedad de definiciones que existen de los materiales documentales , y sus significaciones etimológicas, Moliner en su “Diccionario de uso del español”, lo define como: “escrito que sirve para justificar o acreditar algo ” e “instrucción o enseñanza de una materia .” La primera acepción (según el diccionario consultado), recalca la equiparación con el material escrito, y más concretamente con los documentos de carácter legal. Sin duda estos sirven para dar crédito, pero
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pueden resultar ser falsos (Ibídem: 119). Para la primera definición podemos agrupar la documentación jurídica y la prensa. Esta última se enmarca en lo que Valles (2007) comenta como la práctica que realizan los medios de comunicación, al transformar las declaraciones de personajes públicos en documentos escritos, sonoros y audiovisuales, los cuales sirven para justificar o acreditar. La segunda acepción de documentación, la relacionaremos con la interpretación del documento Verdad Histórica y Nuevo trato con los Pueblos Indígenas 8, la cual reescribe el devenir de la historia de los pueblos originarios, innovando en una nueva fuente que puede ser utilizada para la enseñanza, la aplicación de nuevas políticas referentes al tema, para conocer e instruirse de los parámetros políticos y culturales para la investigación, entre otros. Pero para poder lograr estas conclusiones, utilizando la forma verbal de documentarse como estrategia, debemos ligarnos a su significación etimológica que es “instruirse convenientemente sobre algo antes de tratarlo o escribir sobre ello ” (Ibídem: 119), enlazando en el sentido que se le da como estrategia metodológica de obtención de información. I.9 Procedimiento de análisis e interpretación de la información La información se reducirá en consideración a los ámbitos temáticos político y cultural. En un segundo momento adquieren relevancia lo propuesto en los objetivos: ideas o principios, y en función de éstas levantamos categorías a priori, que se relacionan con los ámbitos o áreas de la investigación. •
Político: Concepción de Estado
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Cultural: Concepción de interculturalidad
Estas categorías fundamentales, además las operacionalizaremos en subcategorías establecidas a priori:
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También nombrada con las siglas CVHNT en el presente estudio. 17
Ámbito
Categoría
Político
Concepción de Estado
A) Unitario
Concepción de Interculturalidad
A) Integracionismo
Cultural
Subcategoría B) Multicultural B) Diálogo simétrico
Subcategoría Política A) Unitario: se entenderá como la yuxtaposición de un modelo político nacional sobre una realidad cultural nacional, basada en las ideas universalistas homogeneizantes y hegemónicas, propia de los Estados nacionales modernos. B) Multicultural: Se entenderá como un nuevo paradigma de organización estatal, propio del siglo XX, el cual promueve un reconocimiento constitucional (en base a la ética y la moral) de grupos culturales diversos, dentro de un mismo Estado-nación. Subcategoría Cultural A) Integracionismo: propuesta conceptual para sobrellevar el tema de la diversidad cultural, basado en la aceptación e inclusión de una cultura diferente (minoritaria) a las lógicas políticas, económicas y sociales de la cultura predominante (mayoritaria), con el objetivo de que el aminorado grupo alcance el desarrollo del conglomerado hegemónico. B) Diálogo simétrico: conversación entre dos o más partes, fundamentada en la valoración del otro en un contexto de horizontalidad y neutralidad, lo que conllevaría a la eliminación de las relaciones hegemónicas de poder.
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I.10 Procedimiento de validación Para efecto de nuestra investigación, utilizaremos la triangulación hermenéutica correspondiente a los datos, esto por ser nuestra investigación de carácter documental. En uno de nuestros vértices situaremos el marco jurídico vigente para tratar el tema indígena: “Ley Indígena 19.253”. El segundo eje a considerar son los documentos oficiales emanados del Estado propiciados directamente por el ejecutivo, los cuales no tienen el carácter de ley durante el período en estudio: Informe de “Verdad Histórica y Nuevo Trato”, emanado de la comisión encabezada por el ex-presidente Patricio Aylwin Azócar; “Programa Orígenes”, solventado en su mayoría por fondos extranjeros del BID (Banco Interamericano de Desarrollo); por último, nuestro tercer vértice sería la prensa escrita, específicamente el diario La Nación, por representar la institución oficial encargada de difundir el referente, dotarse de símbolos y legitimarse frente a la opinión publica. Con el fin de dar validez a como hemos abordado las fuentes en nuestra investigación, y dotarla de legitimidad frente a quienes tengan en sus manos este estudio exploratorio, es que se ha escogido como paradigma de validación el planteado por Guba y Lincoln (En Ruiz. 2007), este ha sido estructurado desde la necesidad de tener un sello distintivo para llevar a cabo una investigación cualitativa, buscando alejarse del tradicionalismo proveniente del positivismo y su manifestación cuantitativa, para dar paso a una tradición interpretativa crítica. Estos autores reemplazan los criterios de calidad propuestos por el paradigma cuantitativo: validez interna, validez externa, fiabilidad y objetividad, por los de credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad, respectivamente. A continuación un breve alcance sobre dichos parámetros: a) Credibilidad : este criterio tiene que ver con la relación que plantea el investigador, entre sí mismo y los hechos, conceptos y/o procesos estudiados, de manera transparente, permitiéndole al lector la capacidad de esclarecer la reflexión teórica realizada por el investigador sin esconder elemento alguno.
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b) Transferibilidad : este criterio tiene que ver con la capacidad de extrapolar hipótesis o supuestos de una investigación a otra, dado para casos similares de manera horizontal. No como la generalización que se da de forma vertical, por ejemplo en una muestra representativa. c) Dependencia : este criterio está en relación con el anterior, y tiene que ver con que los resultados son más o menos estables, a pesar de que puedan ser introducidos elementos que desestabilicen la investigación. d) Confirmabilidad : este criterio está en relación con el investigador, puesto que hace referencia a la capacidad de éste de colegir neutralmente sobre su trabajo. Para este propósito los autores plantean la necesidad de producir una triangulación, con el fin de generar una mayor objetividad. En palabras de Denzin (En Ruiz. 2007), la triangulación es la combinación de metodologías en el estudio de un mismo fenómeno, puede esta llevarse a cabo en todos los momentos de una investigación, siendo los mas óptimos el inicial y el final, ya que permite contrastar la investigación es sí misma. Continuando con nuestro autor, si bien la triangulación puede producirse de varias maneras, dentro del estudio se utilizará en específico dos: la triangulación de datos, esta se da cuando son utilizados datos con diferencia temporal, espacial o por ser utilizados por diversos autores; triangulación de teorías, esta se lleva a cabo cuando se recurre a varias perspectivas o paradigmas teóricos. Todas ellas dentro de una misma investigación.9
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Para mayor información revisar: Tójar, J. (2006) Investigación cualitativa: comprender y actuar , Editorial La Muralla, Madrid, España. P. 215-219. y Ruiz, J. (2007) Metodología de la investigación cualitativa , Ed. Universidad de Deusto Bilbao, cuarta edición, España. P. 102-117. 20
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL Si bien el presente trabajo de tesis se plantea dentro de sus objetivos primordiales el dar luces sobre ideas y principios de las propuestas contenidas en el discurso del Estado nacional chileno, con respecto al pueblo mapuche, en específico durante los primeros años del siglo XXI, coincidiendo con la tercera administración de la coalición concertacionista, deberíamos partir realizando una pequeña aclaración acerca de las características propias del sujeto histórico, en este caso un órgano burocrático encabezado por el ejecutivo, que realizará y utilizará dichas categorías discursivas. Debemos aproximarnos a la reconstrucción de procesos históricos complejos, aprehender la historia y ver como actúa el “sujeto colectivo” reconocido a través del Estado, del cual podemos esclarecer algunas de sus motivaciones. También debemos aproximarnos a las categorías que este sujeto, representante de un ideal republicano y homogeneizante, va adquiriendo, elaborando y practicando, para así perpetuarse, legitimarse y continuar con su tránsito histórico como proceso y sujeto vivo. Actualmente las categorías relacionadas a las ideas de reproducción política del Estado, están ligadas a las ideas de multiculturalismo, interculturalismo e integración, posiciones que acercan de una manera u otra, los llamados de distinción que sociedades culturales llamadas “menores” hacen, las cuales pretenden lograr un reconocimiento o diferenciamiento a nivel nacional e internacional. II.1 Concepción de Estado Para comenzar a hablar de un concepto bastante complejo, debido a la cantidad de variables que lo constituyen, debemos aclarar que es lo que entendemos por las realidades que engloban a esta idea (el Estado y la nación). Después de una primera aproximación conceptual, logramos percatarnos que responden a representaciones de procesos históricos paralelos los cuales en 21
contados casos (ninguno para la realidad latinoamericano) comulgan en una misma realidad sociocultural específica, tomándose como sinónimos, siendo así sugerido o evidenciado por gran cantidad de los autores que tocan el tema10. El anterior supuesto lo apoyamos en la idea de que: “Todos los estados latinoamericanos son previos a la existencia de las naciones contemporáneas “, ya que “ninguna de las formaciones estatales locales son producto de una comunidad etnocultural preexistente ”11 (Bartolomé. 2006: 137 y 139) Es decir, las naciones-políticas latinoamericanas, al decir de Pinto (2000), son posteriores a la existencia del Estado, no así las naciones-culturales. De hecho, la tradición mapuche en específico: “no se estructuró piramidalmente como un Estado, ni a través de unidades autónomas y separadas unas de otras como una tribu, sus agentes pudieron pertenecer a uno o más ámbitos de conocimiento. La institucionalidad de la que hablamos se presenta como conjunto de intersección, sin embargo no creó cúspide s” (Marimán et. al. 2006: 66). A continuación una breve teorización sobre ambos conceptos por separado, para ver en qué medida se comportan en el caso chileno.
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A lo largo del estudio se cuestionará la visión del Estado como proyección política de una nación, ya que debido al sin número de conjuntos humanos que pueden ser catalogados como naciones, muchos de ellos en el caso latinoamericano y específicamente chileno, no dan cabida a expresiones políticas occidentales, debido a que responden a procesos de convivencia marcados por patrones culturales poco esclarecidos por la literatura en general, y los sesgos de prejuicio de la academia en particular, dando como resultado relaciones políticas singulares y siempre mutables. Una rápida contraposición entre filosofía del Estado e historia del mismo, contrastando a autores que tratan el tema de la construcción de Estado, tanto clásicos como en el caso de Rousseau, o más contemporáneos para el caso chileno, como lo son Pinto, Góngora, Salazar, entre otros, podemos desprender la idea del Estado como constructor de la nación y no al revés. El autor hace hincapié en las diferencias entre nación y Estado, asumiendo como postura primordial que los esquemas conceptuales provenientes de las escuelas europeas y norteamericanas, no pueden aplicarse para el caso latinoamericano, ya que en nuestro continente la nación cultural que se construye no estaría ligada tan estrechamente al concepto de “etnia”, como se utiliza para los casos de configuraciones burocrático-administrativas del viejo continente. 22
II.1.1 Concepto de Estado Si bien los primeros análisis de constructos estatales podemos encontrarlos en ideas clásicas como el concepto platónico de República , o bien la Política de Aristóteles, dichas ideas tendrán que madurar a los largo de siglos para poder alcanzar una clara definición, a propósito de la puesta en práctica en 1789 de la primera configuración moderna de Estado, subyacente al proceso revolucionario francés de dicho año12. Con respecto a los Estados nacionales florecientes en los siglos XVIII y XIX europeo, los cuales al ser considerados por Hobsbawm (1992), dice sobre dichos proyectos, y en específico para el caso de la construcción estatal de la nación, que: “pertenece exclusivamente a un período concreto y reciente desde el punto de vista histórico. Es una entidad social sólo en la medida en que se refiere a cierta clase de estado territorial moderno, el «estado-nación»”, debido a que “el nacionalismo antecede a las naciones. Las naciones no construyen estados y nacionalismos, sino que ocurre al revés ” (Hobsbawm. 1992: 18). Para haber logrado su tránsito histórico, como también testimoniar los logros obtenidos por un o unos sujetos históricos colectivos (el triunfo de la concepción burguesa liberal del Estado), dicha realidad burocrática-institucional que ejerce su dominio sobre un territorio y población determinada, es que debió haber sido preconcebida, es decir, fue pensada como arquitectura antes de ser edificada. Para el caso chileno, si bien hemos afirmado que dichas realidades no debieran proyectarse de la misma manera en que se hizo en la tierra que vio nacer esos proyectos históricos, ya que responden a especifidades concretas, las cuales son ajenas a los contextos socioculturales existentes en nuestro continente, y modificadas durante siglos (conquista y colonia española), de todas formas podemos extraer de dichos modelos ciertos elementos, los cuales hicieron propios los nacientes órganos burocráticos latinoamericanos decimonónicos, ya que 12
Para profundizar en el tema del Estado como constructor de una identidad nacional en el caso europeo, y específicamente el francés, remitimos al lector a Hobsbawm, E. (1992) Naciones y nacionalismos desde 1780. Barcelona, España. Ed. Crítica. 23
recordemos que la élite como “actor social” hace suyas las ideas provenientes desde Europa, pese al horror que en un primer momento causan los acontecimientos revolucionarios franceses (Silva et. al. 2006). No por nada autores de la talla de Gabriel Salazar hablan del “afrancesamiento” de la élite decimonónica chilena13 (Salazar y Pinto. 1999: 33 y siguientes). Es en este punto donde nos encontramos con una primera variable a tener en cuenta, la cual hace referencia a la “idea de Estado” o “razón de ser del Estado”. Originalmente la idea de Estado que maneja la élite chilena en el siglo XIX, proviene de la tradición liberal francesa del siglo XVIII. Es en el año 1762 cuando verá la luz “El contrato social”, obra considerada clásica dentro del los parámetros liberales bajo los que se rige el modelo de Estado chileno. Dicha obra plantea en esencia responder a una cuestión fundamental: “Cómo encontrar una forma de asociación que defienda y proteja, con la fuerza común, la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos los demás, no obedezca más que a sí mismo y permanezca, por tanto, tan libre como antes ” (Rousseau. 1983: 41) Es decir, plantea desde una perspectiva filosófica el paso del hombre con libertad limitada sólo por su fuerza de obtener lo que quiere (estado natural), ganando la libertad civil-propietaria de lo que se ha adueñado (estado civil). Lo anteriormente descrito, es decir, el paso entre individualidad primitiva y asociatividad moderna, homologando la institución familiar a un conjunto humano que se ha visto envuelto en la dependencia de vivir juntos, lo vendría a explicar el pacto social, donde cada individuo garante de su soberanía personal, es capaz de cederla en pos de su expresión política como “voluntad general”. Esta expresión del conjunto de libertades individuales, vendría a no contrariar la voluntad de ninguno en particular, salvo en los contados casos en que la voluntad individual entre en abierta hostilidad con el bien común (Ibídem).
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Estos autores dan a conocer dentro de su construcción histórica, como se refleja el modo de ser de la élite decimonónica chilena, como también esa síntesis que englobaba su proyecto de construcción nacional, el cual era conservador y autoritario en lo político, mientras que en la variante económica lo era de corte liberal y mercantil. Este rasgo es primordial para entender la construcción decimonónica de Estado y nación en Chile. 24
Es para evitar el atropello al conjunto de voluntades individuales que el pacto social cobra cuerpo físico, o en este caso político, siendo su armazón primigenio como constructo homogeneizador, las leyes que se expresen de la voluntad general, mediante las cuales se legislará el bien común del conjunto humano. En otras palabras, los elementos constitutivos de una nación vendrían a ser la soberanía popular del conjunto de individualidades, quienes pactan imaginariamente con un conglomerado con el cual comparten cierto grado de tradición, y mediante esto se expresará el Estado como garante del bien común. Es así como ligado a soberanía debemos entender la imposición de la voluntad general, ya que “el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos ”14 (Ibídem: 60) La soberanía de todos sería la única capaz de sojuzgar a quien nos esté contrariando en el goce y disfrute de la libertad individual. Si hablamos de “imposición” no es por mero capricho. La construcción de la idea de Estado, delimitado recién, como creación propia de un grupo humano, responde a la intencionalidad que ellos quieran imprimirle, o bien se ven atrapados por la misma intencionalidad que envuelve a la idea de Estado, la cual es sin dudas la dominación. Primeramente ocupamos la categoría que conceptualizó Max Weber, donde caracteriza las condiciones necesarias para el surgimiento de las relaciones de dominación que nacen junto a la formación del Estado, las cuales se traducirán en el: “monopolio de la legítima violencia ”, ya que “la comunidad política monopoliza la aplicación legítima de la fuerza mediante su aparato coactivo, y se transforma gradualmente en un instituto protector de los derechos ” (Weber.1997: 667). En nuestro estudio, y parafraseando a Bartolomé (2006: 136 y 137), debemos entender el factor dominación propio de “…un grupo culturalmente diferenciado de otra parte de la población que habita en el ámbito de su 14
Rousseau, aparte de considerar la soberanía como indivisible, inalienable e indestructible, considera que los límites de la misma vendría a ser la expresión de litigios particulares dentro del cuerpo político, donde en realidad debería imponerse siempre el interés de todos, o el bienestar de cada miembro. 25
hegemonía política ”. La dominación que ejerce el Estado debe comprenderse no sólo desde la óptica coactiva, sino que también bajo la lógica de ejercer poder hegemónico. En cuanto reconocemos en este: “…otro aparato, el hegemónico, (el cual está) constituido por la sociedad civil, a través de instituciones tales como la Iglesia, la escuela, los medios de comunicación, los partidos políticos…” (Leal. 1991: 130), Bajo los parámetros anteriores es que se ejerce el consenso de la hegemonía, siendo esta parte de la estructura estatal los garantes de la imposición ideológica, universalista y homogeneizante, propia del racionalismo francés, es decir, la construcción de la nación política. Subyacente a la dominación, encontramos el tema de la ideología, la cual como sistema sufre de mutabilidad, al igual que el propio Estado; ambos son procesos dinámicos, ya que son cognitivos y sociales. Entendiendo que el sujeto histórico que está en estudio posee una ideología , debemos entender que ella: “se relaciona con los sistemas de ideas y especialmente con las ideas sociales, políticas o religiosas que comparte un grupo o movimiento.” (Van Dijk. 2003: 14) La ideología vendría a ser una interpretación identitaria, basada en valores e intereses específicos. Karl Mannhein (1958) reconoce a la ideología como una deformación consciente de la naturaleza real de una situación. Con los elementos recién descritos, y siguiendo el estudio de Pinto (2000: 70), podemos distinguir ciertos elementos iniciales mediante los cuales el Estado, respondiendo a los intereses elitistas chileno-criollo, trata de configurarse, es decir, elementos objetivamente concretos aprehendidos subjetivamente por este grupo dirigencial. Para expresarse en un escenario local convulsionado (América independentista), primeramente el Estado debe apropiarse de una territorialidad mediante la cual ejercerá su soberanía. Dicho territorio responde a los mismos patrones intencionales de formación estatal, debido a que durante la primera centuria republicana se llevará a cabo una línea de expansionismo-
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integracionismo, la cual dará pie al territorio nacional hoy conocido 15. Es curioso dicho proceso adquisitivo, ya que desde una mirada contemporánea y escéptica, podría decirse que tal ciclo responde a la pérdida de territorio al “otro lado de la cordillera” (Góngora. 2006), porque dicho espacio no cumplía las necesidades del naciente Estado, al presentarse como económicamente improductivo y desconectado de los circuitos comunicacionales de aquél entonces. Un segundo elemento reconocible y subyacente al primero, dice referencia en cuanto a la población que ocupa dicho territorio. En los albores y hasta mediados del siglo XIX chileno, dicha población es heterogénea, ya que en el territorio nacional conviven multiplicidad de identidades culturales, las cuales tienen como claro rasgos diferenciador, entre otros, el referente racial 16, ya que ni siquiera Bello “avanzado intelectual” de la época “…pudo evitar la influencia del racismo europeo tan en boga en el siglo XIX.” (Larraín. 2001: 88). Reconocemos en esta época un grupo minoritario blanco poseedor y constructor de “la verdad cultural”, otro grupo de mayor cuantía de tez cobriza (etnias aborígenes) con identidades múltiples y un tercer y mayoritario grupo mestizo, víctima cultural del conflicto racial entre los conjuntos recién constatados. Las adscripciones culturales de las etnias recién mencionadas17 podríamos declararlas dentro de tres conjuntos: El elemento blanco es cristiano occidental declarado, el grupo cobrizo es no occidental y responde a un rico abanico de expresiones específicas de las etnias sobrevivientes de la conquista española, y el grupo mayoritario-mestizo, el cual culturalmente es ambivalente, no posee a estas alturas aún una identidad propia, debatiéndose todavía en el sincretismo cultural heredado del período de la dominación Ibérica. El tercer elemento que constituye a este Estado, es un cuerpo jurídico que lo estructure. Reafirmando la idea de que la naciente república se da a la tarea de 15
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Sobre el expansionismo decimonónico chileno y su carácter colonial-militar, remítase el lector al primer capítulo de Góngora, M (2006). Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Ed. Universitaria. Santiago, Chile. P. 63 en adelante. No queremos caer en un determinismo racista en cuanto a la composición cultural de dichos grupos, pero es regla general para los sujetos que viven en esta época, ya que logran diferenciarse según el color de su piel en un primer momento, visión heredada por la tradición hispana por lo demás. El análisis posterior nos mostrará los patrones socioculturales que oculta esa epidermis. Entiéndase por etnia a un grupo humano con afinidades raciales, lingüística, religiosas, etc. 27
construir la identidad nacional, es que podemos entender como este elemento es uno de los que cualitativa y cuantitativamente más mutó en el transcurso de los primeros años de la historia republicana chilena. Sólo a manera de reseña podemos recordar como los intentos moralistas (constitución política del año 1823), federalistas (leyes federales de 1826), liberales (constitución política de 1828) y finalmente autoritarios (constitución política de 1833), tratan de dar coherencia, legitimidad y gobernabilidad al reciente aparato burocrático creado. Este ciclo de metamorfosis jurídica (conocido eufemísticamente como “anarquía política” en la historiografía clásica chilena) da luces sobre las contradicciones internas del grupo social, el cual se conjuga como “puntapié inicial” de la chilenidad, cuyo norte está bien definido (concretar un Estado sobre una identidad nacional que no existe) y hace pensar en que el fin justifica los medios. Es esta la realidad discursiva que se transmite. Como cuarto y último elemento constituyente del Estado, se encuentra un aparato burocrático-militar, el cual sucumbiendo al contexto histórico decimonónico, está sujeto a las mismas contradicciones internas, impidiendo expresarse bajo una única identidad, mas, responde a liderazgos y personalidades fuertes, conocidas comúnmente bajo el denominador de “caudillos militares”18. Burocráticamente el Estado igual busca afianzamiento y va complejizándose en dicho proceso, recordemos la imposición en territorio mapuche de la estructura administrativa creada por ley en 1852: la provincia de Arauco, la cual “…reprodujo el mismo esquema que se aplica en el resto del país, pero aplicando algunos criterios personales ” (Pinto. 2000: 166). También reconocemos como intención (no como condición) propia del Estado, mediante la cual plasma su rol histórico, o bien podríamos decir el objetivo que subyace de esta realidad burocrática, es la de crear individuos leales y obedientes, culturalmente identificados bajo el patriotismo y que expresen su “chilenidad” a través de instrumentos legales y su calidad de ciudadanos. Esta 18
Recordemos que la mayoría de los próceres y primeros hombres chilenos los une su amor a la “patria”, el cual lo expresaban bajo la tutela militar y el cuidado a la nación; entre estos caudillos encontramos, entre otros a: Bernardo O’higgins, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, Ramón Freire, José Joaquín Prieto, etc. 28
identificación se logrará mediante la educación, otorgándole un carácter de urgencia dentro de un universo demográfico mayoritariamente analfabeta. Nos llama la atención este carácter contradictorio, ya que la institucionalidad moldeará al nuevo ciudadano, le dará luces no mediante mecanismos enciclopedistas propios de la Ilustración que tanto añoran, sino mediante el componente oral, “el chisme y el pregón” (Silva et. al. 2006: 32) Sólo recién avanzado gran parte del siglo XIX y comienzos del XX, es cuando la educación formal emanada del Estado comenzará a dar sus frutos: “En 1860, había 18.000 estudiantes en las escuelas básicas, y 2.200 en las escuelas medias del sistema público. Hacia 1900, se registraban 157.000 y 12.600 estudiantes en las escuelas básicas y medias respectivamente” (Meller, 1998: 26)19. En otras palabras, Estado es un aparato burocrático-militar, el cual ejerce dominio sobre un territorio y población determinados, también posee un cuerpo jurídico que lo argumenta y legitima con la comunidad nacional e internacional. II.1.2 Concepto de nación Al igual que el concepto anterior, la realidad que trata de objetivarse bajo el término de “nación” es bastante compleja, y necesita pormenorizarse en algunos aspectos. Hablar de cuándo se origina una nación es por demás difícil, sino imposible, ya que dichas construcciones identitarias son de larga data, además de confundirse su presencia con el de otras categorías, tales como etnia y pueblo20. Algunos modelos que plantean los elementos constituyentes de la nación, hacen hincapié en unas u otras características primordiales. Por un lado tenemos a Hobsbawm (1992), quien hace referencia a la relación misma que hay entre los 19 20
El autor hace referencia a este y otros datos para identificar el aumento del gasto público, y la consecuente participación del Estado en la economía chilena durante el siglo XIX. Recordemos que en la Grecia y Roma clásicas existía una clara confusión entre los conceptos de nación, etnia y pueblo, usándose indistintamente según lo estimara conveniente el autor, ya que sus acepciones eran más o menos similares. No es sino hasta mediados del siglo XIII cuando surgirá una nueva definición de nación gracias al legado inglés, aún así el conflicto mismo del término no se hará latente sino hasta avanzados ya algunos siglos, al plantearse el problema concretamente para los nacientes estados nacionales decimonónicos en Europa. (Bartolomé. 2006) 29
factores objetivos y subjetivos que forman una nación (lengua, territorio, etnia, religión, entidad política, etc.), ese juego que se logra al contraponer los diversos agentes. Por otro lado, si seguimos el modelo de Anderson (1991) quien hace referencia a la nación como una “comunidad imaginada”, donde el vínculo entre la colectividad pasa de presencial, a enmarcar un grupo determinado, limitado y soberano. También podríamos incluso ser más reduccionistas y limitarnos al sustrato cultural en torno al cual se construye la nación, con lo cual podríamos derivar nuestro análisis a una dimensión de reivindicación étnica. Seguir en modo alguno a los autores recién señalados, si bien nos dan luces sobre elementos propios a la realidad objetiva de una nación, sería en cierta forma contradecir nuestra investigación, ya que en un apartado anterior hacíamos hincapié en que los modelos ajenos a la realidad latinoamericana, es difícil contrastarlos, ya que caemos en anacronismos y errores interpretativos, al querer hacer propios los modelos e ideas foráneos para realidades históricas diametralmente distintas a nuestro continente. Por lo anterior, y para darle continuidad a nuestro estudio, analizaremos las circunstancias bajo la cual se instaura el modelo nacional político chileno, bajo la óptica y factores que propone Pinto (2000), haciendo los respectivos alcances que consideremos al respecto. Si bien nuestro autor no define concretamente la figura de “nación”, sí la subdivide en categorías, con lo cual logra hacer más accesible el fenómeno para nuestro entendimiento, señalando así dos referentes en torno a los cuales se construye la nación, y sobre los cuales el Estado actuará irremediablemente: la “nación cultural” y la “nación política”. El nexo entre ambas expresiones de nación se reconoce casi como indisoluble, ya que la construcción del Estado se centra en la figura de la nación política, la cual tiene como antecedente inmediato el fenómeno de la “nación cultural”, la cual a su vez no “evoluciona” necesariamente a la categoría política de esencia occidental, ya que sus modos de ser y hacer política en Chile no se condicen en todos los casos. Plantear plausiblemente cuándo la o las naciones existentes en el territorio nacional surgen, es un tema bastante polémico y no definido en específico por ningún autor, ya que la mayoría de ellos hacen referencia a la tradición histórica
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que envuelve a la nación, añadiéndole un marco cronológico de varios siglos al menos para su formación en la antigüedad. Para el caso chileno, tenemos a Góngora (2006) quien en su “Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX ” hace referencia a la idea de que es el Estado quien organiza y construye los parámetros de la nación chilena. En la edición que manejamos de dicho estudio, Bernardino Bravo Lira, utilizando las palabras de varios historiadores (Krebs, Eyzaguirre, Meza, Villalobos y Vial, entre otros), y a las ideas de algunos personajes históricos importantes en los primeros años de la república decimonónica (Portales en específico) llega a la conclusión de que es muy apresurada la idea de Góngora, ya que la nación bajo la cual ejercerá su dominación el Estado liberal del siglo XIX, es un proyecto que viene de la época anterior, es decir, la nación indiana, la cual entra en contradicción con el Estado durante el siglo XVIII, siendo el nacionalismo el propulsor de la emancipación chilena e hispanoamericana.21 II.1.2.1 Nación cultural Se entenderá por nación cultural el sentido de pertenencia que elaborará una comunidad determinada, el cual será entregado por factores objetivos dentro de su desarrollo, los cuales hacen relación a la temporalidad y espacio (historia y geografía) durante el cual dicha agrupación reside en un contexto específico. La síntesis de dicha relación espacio-tiempo-pertenencia, vendrían a ser las prácticas sociales que la misma comunidad toma como legítimas en su desarrollo histórico, es decir, el triunfo de la fuerza de la tradición. En torno a su surgimiento, se dice que: “Las naciones culturales surgen casi espontáneamente, existiendo más allá de la voluntad de algunos individuos de crearla, otorgando a sus miembros un sentido de identidad que se reconoce o se vive sin que medie acción alguna tendiente a establecerla ” (Pinto. 2000: 71). 21
Para ver en extenso la contestación de Bravo Lira a la tesis de Góngora, remitimos al lector a la lectura de Góngora, M. “Ensayo histórico…” P. 383 y siguientes. 31
Desglosando las líneas anteriores, no podemos dejar de relacionar en algún sentido nuestro concepto al de etnia, ya que gracias a los avances de la literatura antropológica, podemos entender la relación inmediata entre nación y etnia, debido a que “…son configuraciones sociales resultantes de distintos procesos históricos y políticos vividos por comunidades etnoculturales que pueden ser de naturaleza similar.” (Bartolomé. 2006: 134). Son resultados de procesos históricos específicos, los cuales son independientes de la voluntad humana para configurarse. Dicho de otra forma, nación cultural vendría a ser la adscripción a un conglomerado humano con rasgos culturales compartidos, o la autodeterminación de una comunidad cultural determinada, con la cual se comparten rasgos socioidentitarios (objetivos y subjetivos) mediante los que se logra la construcción de un referente pasado (la fuerza de la tradición), para así mantener una proyección en el futuro de la identidad en cuestión que asumió la comunidad, es decir, cumplir con el destino de nuestra agrupación humana, para un espacio y tiempo reconocido por la misma colectividad. Siguiendo esta idea de nación cultural, es que afirmamos que a la hora en que el Estado chileno comienza con la construcción de la nación, en los albores del siglo XIX, podemos distinguir al menos para el caso que nos ocupa, la existencia de dos “naciones culturales”22, con sus rasgos diferenciadores por lo demás, vale decir la nación hispano-criolla-mestiza y la nación mapuche, en el caso de este último grupo humano, si bien ya se pueden distinguir restos líticos antiguos que avalan la ocupación del territorio, “sólo hay una cierta evidencia de que alrededor de los años 500 y 600 a. C. ya existía una cultura que se puede denominar Mapuche ” (Gob. De Chile CVHNT. 2003: 319) Esta sociedad siguió existiendo y ejerciendo influencia, pese a los cambios propios de las relaciones con los demás pueblos que se aproximan a sus 22
No excluimos la existencia de otras identidades nacional-culturales, como pueden ser los otros grupos indígenas que actualmente están presentes en el territorio nacional, que más que mal han tenido que soportar la imposición de modelos políticos y culturales al igual que la sociedad mapuche. Dichas experiencias societales las encontramos en los pueblos Diaguitas, Atacameños, Rapa-Nui, entre otros. Para el análisis de cada pueblo sería necesario un estudio en particular para cada uno. 32
fronteras, existiendo como identidad y nación cultural hasta nuestros días. Aproximándonos un poco más a esta idea de nación cultural mapuche, incluso podemos reconocer su propia forma de gobierno antes de la imposición estatista decimonónica, la cual se diferencia debido a que: “su modo de ser política, social y culturalmente estaba vinculado a los principios de la igualdad, la reciprocidad, la redistribución y la horizontalidad, lo que impedía prácticas vinculadas a la verticalidad del poder y su jerarquización, así como a la estratificación social y la consecuente acumulación de los recursos en pocas manos ” (Marimán et. al . 2006: 65) II.1.2.2 Nación política Siguiendo la tónica de nuestro estudio, con el modelo de Pinto (2000) y las acotaciones a dicho modelo, es que encontramos en la idea y posterior realidad conceptualizada como nación política, el referente liberal que construyó como comunidad políticamente cohesionada la élite chilena desde la década del 30’ del siglo XIX. Reconocemos el año 1810 como inicio de dicho proceso, donde de manera matizada en un principio, y de forma más fehaciente después, se harán patentes las ideas ilustradas sobre la concepción de Estado y la construcción de la nación, bajo las ideas fuerza universalizantes de la ilustración, homogeneizar a la población del territorio, a través de la imposición de un contrato imaginario que será garante del bien común de todos. En un principio se incluye el particularismo mapuche, dentro de una perspectiva del mito que debe desarrollar la naciente república para autolegitimarse con el conglomerado nacional, rescatando el ímpetu y bravura del indígena en su eterna lucha por la libertad (característica que viene como anillo al dedo al modelo de libertad individual preconizado desde las esferas de gobierno) (Silva et. al. 2006). Con el pasar de los años se terminarán excluyendo los particularismos en general y la tradición mapuche en particular, considerada por los prohombres de la época como resabios de un mundo bárbaro preblanco, porque “la gran mira del
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gobierno de Chile debe ser la civilización de los indios i su reunión con los demás chilenos, en términos que se forme una gran nación ” (Pinto. 2000: 86). Para que la nación política tome forma, los elementos constituyentes fundamentales, o en este caso los sujetos bajo los cuales esta realidad actuará son en específico dos: los constructores de la nación y el resto de la población. Serán los primeros quienes gracias al papel de la historia, el mito, la fantasía, la apropiación y reconceptualización de los elementos del pasado indiano, la coyuntura política, y otros elementos simbólicos, se propondrán la creación de individuos leales, obedientes y que se sientan incluidos dentro del proceso identitario nacional. En otras palabras: “…la nación política implica voluntad de crearla y extenderla a la población sobre la cual se quiere ejercer la acción del estado. Estado y nación son, en consecuencia, dos realidades de un mismo proceso de dominación .” (Pinto. 2000: 71). La élite chilena plasma de dicho modo, toda su intencionalidad y su argumentación jurídico-propietario-liberal, a través de: “La idea de contrato social, la idea de la nación como una unión de individuos gobernados por una ley y representados por una asamblea de la que emerge la ley, son ideas que implican una definición político institucional de la nación ” (Subercaseaux. 2007: 115). En otras palabras, nación política vendría a ser la adscripción involuntaria de individuos a un modelo identitario y político, el cual emanado desde la cúspide del poder, aprehendido socialmente a través de representaciones simbólicas, presenta rasgos con los cuales los individuos bajo los que se ejerce la dominación, tendrán que imaginarse, ordenarse y actuar a favor del bien de la comunidad. II.1.3 Estado-nación unitario Subercaseaux (2007: 115) nos señala que “A partir de esta definición política de la nación se constituye la forma Estado-nación como forma jurídica que presupone a los ciudadanos, como territorialización delimitada del poder, como
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discurso ideológico de integración y como marco para la organización de la educación y de la cultura ”, agregando que sólo “en alguna medida el Estado funciona, por ende, como una maquinaria de coacción ”. Estado-nación unitaria vendría a ser la yuxtaposición de un modelo político nacional sobre una realidad cultural nacional, términos impuestos desde una institución burocrático-militar específica, la cual basándose en una tradición intelectual europea (universalista, homogeneizante y unilateral), establece parámetros jurídico-coercitivos para administrar “el buen vivir” de una población determinada, ocupando espacios y tiempos específicos, los cuales son de la misma forma impuestos desde las esferas del poder. La intencionalidad a la que responde la realidad del Estado-nación es la que le imprime un grupo elitario ilustrado, identificados con el poder político y económico. Dicho grupo tendrá como horizonte el formar y afianzar una nación política compuesta por ciudadanos obedientes y leales, quienes se manifestarán en las esferas políticas del país mediante los mecanismos que la ley estime convenientes. II.1.4 Estado-nación multicultural Antes de introducirnos de lleno en el concepto de multiculturalismo, debemos comprender algunos aspectos históricos y contextuales, dentro de los cuales este concepto se ha desarrollado, transformado y ejercido influencia dentro de la filosofía política occidental. Si bien la diversidad cultural propia del género humano es innegable, la forma en que se ha tratado desde los distintos paradigmas políticos, no han atendido específicamente este particularismo: la diversidad. Esta diferencia se manifiesta en diversos campos, los cuales hacen referencia a la identidad cultural que tienen los sujetos. Por esto tendremos que entender la cultura como: “las formas de existencia, reproducción y transformación de las sociedades humanas, particulares y concretas, que incluye su lenguaje y simbolizaciones, sus instituciones, creencias, su cultura material y todos aquellos aspectos relacionados con sus formas de vida ”, (Turra. 2008: 12) ya que “las culturas constituyen
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sistemas estructurados con una relativa autonomía, de los individuos que la componen, en la toma de decisiones respecto a los elementos culturales propios y ajenos” (Saavedra en Turra. 2008: 12) Desde que entraran en pugna el racionalismo francés y el romanticismo alemán, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, a propósito de la vigencia que toman los nuevos estados modernos, ambos paradigmas occidentales abordaron el tema de la nacionalidad, y la construcción del Estado, tomando como eje central uno u otro concepto (Velasco: 2006). Las diferencias entre ambas escuelas distaba en la fórmula en la cual denotaba mayor atención uno u otro concepto: la francesa se ceñía a la idea de “un Estado, una nación” (papel homogeneizador del Estado liberal), mientras que la alemana era más cercana a la fórmula “una nación, un Estado” (fundamento étnico de la nación). Dicha pugna entraría en especial contradicción durante el siglo XX, ya que la tendencia romántica se deformaría hasta el punto de atentar en contra de la diversidad cultural, específicamente con los hechos acaecidos en la Alemania nazi de la primera mitad del siglo en cuestión. Una vez terminada la segunda guerra mundial, y dentro de un contexto mundial polarizado, donde se erigen dos extremos opuestos que luchan por establecer su hegemonía mundial, estamos hablando de los bloques socialista y capitalista, es que paradójicamente surge con mayor fuerza el relativismo cultural, el mismo que hace marcar las diferencias entre una y otra identidad. Sin embargo, teniendo el horror de la guerra tan cercano todavía, es que científicos de la UNESCO desechan todas las tesis racistas en la década del 50’ del siglo pasado. Desde este punto, toda diferencia debe ser reivindicada desde el campo cultural (Díaz-Polanco. 2007). Tomándose o no en cuenta este nuevo criterio, de todas formas se erigieron luchas separatistas y emancipadoras durante la segunda mitad del siglo XX, enmarcadas “como el tercer gran movimiento de la historia moderna de la libertad o contra el imperialismo” (Mardones en Colom et. al. 2001: 39) y avaladas en gran medida por el reconocimiento que hace el liberalismo de un derecho colectivo fundamental, el cual será la base teórica de estos movimientos que buscan el
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reconocimiento de su diversidad: el derecho de los pueblos a la libre determinación. Entre algunas de dichas luchas podemos encontrar: el separatismo vasco en España, el IRA en Irlanda del norte, las luchas anticolonialistas en África y Asia, entre otros ejemplos. En el caso latinoamericano, si bien durante las décadas del 50’ y el 80’ del siglo XX se dan luchas con tintes emancipatorios, la mayoría de ellas tiene como elemento central un componente ideológico, subordinando el tema cultural a esta realidad, especificándose las ideas en un sentimiento anticapitalistas y antiimperialista. Algunas de esas luchas las encontramos en Cuba, Nicaragua, Chile, Brasil, etc. (Mires. 1989), sufriendo distintos destinos cada uno de estos proyectos. Durante el último cuarto del siglo XX, en nuestro continente Americano, se darán las luchas reivindicativas del actor social indígena, adoptando especial fuerza y vitalidad23, hecho que se desprende de su casi total exclusión de las esferas políticas, beneficios económicos, reconocimientos culturales y ocultamiento de su historia como sujeto colectivo. A partir de finales de los 80’, todo el transcurso de los 90’ y comienzo del presente siglo, es donde el tema de la identidad, y específicamente el reconocimiento cultural de las etnias indígenas, toman una vital importancia. Casos de lo anterior los encontramos en la experiencia zapatista en México (EZLN. 1997), los mayas en Nicaragua, los mapuche en Chile (Bengoa. 1999), la amalgama de etnias existentes en Bolivia y que desencantó con el nombramiento de un indígena en la primera magistratura, etc. Frente a la cada vez más creciente sensibilidad mundial respecto a estas minorías24, es que vendrán a proponerse modelos políticos alternativos, o más bien, discusiones político-filosóficas que apunten al reconocimiento cultural de la diversidad. Esta discusión decantará en el modelo político conocido como Estado 23
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No está demás anotar que “La retórica de las raíces identitarias, del sentido de pertenencia y de la singularidad grupal ha obtenido ahora un protagonismo que antes le era negado de manera sistemática por los principales lenguajes políticos de la modernidad.” (Velasco en Colom et. al. 2001: 117) Entendiendo por esta clasificación que “Un grupo minoritario se caracteriza no por su número, sino por su posición de subordinación social respecto a un grupo social mayoritario…” (Ibídem: 120) 37
multicultural , la cual en lo sustantivo se basa en el reconocimiento constitucional de las diversas identidades culturales. La disyuntiva más poderosa con la cual deben acarrear estos nuevos paradigmas políticos, será el mismo que los hizo triunfar siglos atrás, es decir, la visión homogeneizante del liberalismo decimonónico. ¿Por qué se desatan todas estas luchas que niegan la uniformidad de la nación, siendo que el modelo universalista y homogeneizador del Estado-nación en su concepción francesa había triunfado? A esta pregunta Díaz-Polanco (2007), a parte de reconocer la respuesta antiglobalizadora de gran parte de la sociedad mundial, advierte que cuando se erige el Estado-nación en su versión moderna, lleva en sí mismo el germen de su destrucción, ya que se instaura la “nación política” sobre la “nación cultural”, es decir, se configuran Estados-nación en realidades culturales plurales, diversas “…e incluso multinacionales si se caracterizara en términos herderianos.” (Díaz-Polanco. 2007: 28). El multiculturalismo vendrá a ser la respuesta que el liberalismo tratará dar en el tema de la diversidad cultural, intentando desentrañar la contradicción esencial del modelo político y su reproducción en la sociedad, la cual hace relación a la diferencia entre los derechos y garantías, tanto individuales y comunitarios, es decir, poder: “…garantizar la coexistencia de los derechos humanos como derechos individuales con los derechos de las minorías como derechos colectivos .” (Velasco en Colom et. al. 2001: 117) El primer argumento que tiene la crítica al liberalismo ortodoxo puede ser “Visto desde la perspectiva moral, el multiculturalismo muestra una elevación de la sensibilidad actual acerca de la vulnerabilidad humana en la modernidad.” (Mardones en Colom et. al. 2001: 41), pero frente a esta sensibilidad moral resulta otro problema, el de la tolerancia, ya que la filosofía liberal, atendiendo a su particularismo universalista, tolera la diferencia mientras esta se presente como inofensiva al sistema político-económico en vigencia, manteniendo cierta condescendencia frente a las expresiones culturales singulares, pero rechazando abiertamente prácticas con sesgos autonómicos, o como lo diría Zizek:
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“…lo que el liberal multiculturalista reprocha al Otro no es en realidad el contenido particular de su creencia… lo que de verdad le molesta es la forma de la creencia como tal.” (Díaz-Polanco. 2001: 37) La discusión que se ha dado en torno al multiculturalismo está circunscrita a los enfoques teóricos anglosajones, ya que los pensadores liberales que discurren en esta idea, si bien parten de la premisa del “reconocimiento” del otro cultural, lo hacen ateniéndose al marco jurídico vigente, proponiendo varias restricciones a los derechos colectivos reconocidos, y los destinatarios de los mismos. Kymlicka es uno de los autores que ha desentrañado en algo el concepto, proponiendo un modelo que intenta dar una cierta respuesta autonómica a las comunidades culturales distintas dentro de un Estado, ya que siguiendo una lectura crítica de sus postulados, nos encontramos frente a que sus proposiciones: “…en el ámbito de las relaciones intragrupales, se encontraría el derecho del grupo minoritario a limitar la libertad de sus propios miembros en nombre de la solidaridad grupal (restricciones internas)… en el ámbito de las relaciones intergrupales, estaría el derecho de un grupo a garantizar su propia existencia e identidad, así como a asegurar que los recursos y las instituciones de los que depende su subsistencia no sean vulnerables (protecciones externas)…” (Velasco en Colom et. al. 2001: 140) El autor al hablar de “restricciones internas” trata de normar las relaciones propias de la comunidad, las cuales en su mayoría apuntan al otro extremo, a ser “protecciones externas”, ya que es mediante la diferenciación y el resguardo de los patrones culturales, cómo una cultura se defiende ante otra dominante. DíazPolanco (2007) reconoce en esta propuesta que el criterio utilizado por Kymlicka, va en directa relación a la preeminencia de los derechos individuales, y qué los podría atacar. De hecho, Kymlicka rehúsa hablar de “derechos colectivos”, sintiéndose cercano a la expresión “derechos de grupos”, reduciendo su propuesta a que sólo puede ser aplicada en occidente. Cercanos a esta postura son también Taylor y Habermas, el primero enmarca su propuesta de reconocimiento cultural como parte trascendental del
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desarrollo del individuo, mientras el segundo es algo más puntual en sus propuestas, las cuales atacan el modelo jurídico, ya que: “el reconocimiento de las diferencias ha de realizarse mediante técnicas de derecho público que garanticen la imparcialidad y la eficacia de las soluciones encontradas .” (Velasco en Colom et. al. 2001: 138) El multiculturalismo traza nuevas líneas de entendimiento entre las diversas culturas, donde cada una tiene el derecho a tener una representación explícita, política y cultural, dentro de los máximos ordenamientos jurídicos de los estadosnaciones (Mardones en Colom et. al. 2001). Por esto se hace necesario que la sociedad se organice de manera coherente, con el hecho de que existan en la sociedad grupos humanos culturalmente diversos. “La política ya no puede aspirar a dirigir los intereses generales de la sociedad, ni el Estado puede aspirar a ser la institución organizadora de la sociedad en su conjunto” (Abellán en Badillo et. al. 2003: 26). Para Badillo cabe hablar de dos visiones de multiculturalismo, por un lado la visión débil, la cual tiene al liberalismo y su concepción del mundo como finalidad, resguardando sobre todo el concepto de igualdad ante la ley de los ciudadanos; y por otro lado la visión fuerte, la cual: “busca un cambio fundamental en nuestra forma de entender la ciudadanía. Este cambio garantizará el reconocimiento profundo -formal, legal y constitucional- de la identidad de los respectivos grupos…” , (Badillo. 2003: 53) Quienes se guiasen por esta visión fuerte, terminarían dotándose de la facultad de gobernarse de acuerdo a su idiosincrasia, dejando el Estado de gobernar bajo estructuras que le son extrañas a los grupos cultural y políticamente disímiles. Estas prácticas políticas tendientes al reconocimiento cultural, podrían llevarse a cabo de dos maneras: en la primera de ellas, los grupos ejercerían como gobiernos autónomos dentro del Estado, mientras que en la segunda, los grupos con identidad diferenciados como colectividades aceptarían el marco formal, optando a la inclusión de sus representantes dentro de los ámbitos generados por dicho marco. La visión débil del multiculturalismo trata los
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potenciales impactos generados tras el choque de culturas y los derechos de los individuos como ciudadanos. En fin esta visión busca “compatibilizar la acomodación multicultural sin abandonar la protección de los derechos individuales .” (Schachar, en Badillo, 2003: 54) El multiculturalismo puede, además, ser tipificado desde su puesta en práctica, como una mezcolanza producto del mestizaje, que genera una nueva realidad que supera o asimila a las anteriores existentes, o bien como un mosaico donde conviven por separado diferentes culturas, cada una generadora de su propia realidad dentro de la sociedad. (Badillo, 2003) Es necesario expresar las razones por las cuales el multiculturalismo no ha sido capaz de generar cambios en una realidad como la actual. Como bien señala Turra (2008) si las diversas culturas se limitan a coexistir, convivir e integrarse, es probable que se genere una estática social, que podría llevar a una fragmentación dentro de un espacio determinado, en vez de ayudar a producir relaciones interactivas que las sitúen en un mismo nivel de acción. Sartori (En Turra, 2008), nos ayuda a complementar esta idea, al señalar que las identidades de adscripción (nacionalidad, lengua, raza, religión) del multiculturalismo, pueden crear guetos cerrados que impidan a sus miembros atravesar fronteras interculturales, generándose, según Azurmendi (En Turra, 2008), la coexistencia dentro de un mismo Estado de derecho, de unas culturas democráticas con otras que no lo son. Para subsanar esta posible convivencia, apunta a que la relación entre culturas debe estructurarse sobre valores democráticos, reconociendo el derecho de todos a vivir según la misma ley, la que facultara a cada cual a ser ciudadano según sus diferencias. El multiculturalismo es un fenómeno que ha existido desde el momento en que una cultura buscó asimilar a otra, es decir, desde el momento en que se generó un choque entre culturas, sin embargo, es conocido como tal, tras los alcances mundiales que fueron consiguiendo movimientos que buscaron, y algunos que siguen buscando, reivindicar su suerte de seres diferentes dentro de una cultura mayoritaria.
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Por lo tanto, y hablando a escala mundial, el proceso conocido como globalización generó contradicciones estructurales, ya que si bien mundializó el sistema económico que redunda en occidente, liberalizó el flujo de capitales transnacionales, etc., provocó a su vez que el mundo conociera las vejaciones y etnocidios sufridos por grupos minoritarios, y condujo a que los Estado-nación de corte unitario debieran generar políticas de reconocimiento y respeto a los derechos humanos, y a las diferencias culturales dentro del marco democrático en el que se mueven. Las políticas de multiculturalismo sin embargo, no han sido llevadas a cabo eficientemente, ya que se quedan en su mayoría sólo en el discurso de eminentes personajes políticos y coaliciones gobernantes, disociándose de las reales necesidades políticas, económicas y sociales de los grupos que desean ser reconocidos dentro de su especificidad. En definitiva, multiculturalismo tiende a buscar: “…tanto en la teoría como en la práctica, a la reivindicación de un modelo de sociedad que se organice de manera coherente con el hecho de la existencia en la sociedad de grupos humanos culturalmente diversos.” (Abellán en Badillo. 2003: 18) o dentro de una perspectiva más crítica, es “…ni más ni menos, que el enfoque y la “política de la identidad” del neoliberalismo globalizador”. (DíazPolanco. 2007: 174) II.2 Interculturalidad. El Multiculturalismo y la Interculturalidad, en un primer momento los vamos a entender como formas o estrategias utilizadas por los Estado-nación para sobrellevar el proceso de la diversidad y el “pluralismo cultural”25 (Moreno. 1998), para luego el Interculturalismo, que es lo que nos compete, pensarlo más allá de una temática cultural si no como un quehacer político (Tubino en Castro. 2004). 25
Pluralismo cultural plantea la presencia, coexistencia o simultaneidad de poblaciones con distintas culturas en un determinado ámbito o espacio territorial y social, que es una propuesta de inclusión y por lo tanto se opone y se presenta como alternativa a los sistemas, prácticas y formulaciones de los modelos de exclusión en relación con la gestión sociopolítica de la diversidad cultural. 42
Los impulsores de la Interculturalidad parten de la necesidad de superar los conceptos de Multiculturalismo: “Viendo en este una amenaza a la identidad nacional, como insuficiente como proyecto de cohesión social de la comunidad política en donde se ubican los diferentes, sus limitaciones para reflejar la dinámica social y el relacionamiento entre grupos étnico culturales diversos, considerando que estos conceptos tienden a reflejar una realidad estática, inamovible, una situación de estática social” (Moreno. 1998: 4) Para Tubino (2005), en América Latina se hace una diferenciación clara entre Multiculturalismo e Interculturalidad: “Mientras que el multiculturalismo busca reproducir y produce sociedades paralelas, la interculturalidad busca producir sociedades integradas y relaciones simétricas entre las diversas culturas. Las políticas multiculturales evitan los desencuentros, las políticas interculturales promueven los encuentros. El multiculturalismo promueve la tolerancia, el interculturalismo el diálogo. El multiculturalismo no erradica los prejuicios y los estereotipos negativos que contaminan las relaciones entre los deferentes. La interculturalidad busca erradicar los prejuicios que están en la base de la estigmatización social y la discriminación cultural” (Tubino. 2005: 93-94) En síntesis los resultados fueron sólo un “reconocimiento ” de la diferencia (Taylor: 1993), encapsulando este reconocimiento en un tema cultural y un proyecto sociopolítico como pretende ser el interculturalismo que explicaremos a continuación. El estudio de la Interculturalidad en América Latina en específico, tiene su origen en el encuentro y resistencia de los pueblos autóctonos u originarios de esta localidad, con los portadores de la modernidad, la cual podríamos datarla hacia el año 1492, con la llegada de los europeos a nuestro continente. Este primer encuentro no se caracterizó beneméritamente por un contacto pacífico y consensuado, por el contrario, su expresión desde el siglo XV: “siempre fue a través de una violencia inicial constitutiva de la relación” entre sistemas, culturas, naciones, personas. (Dussel en Castro. 2004: 118). Se buscó el asimilacionismo
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inmediato, ya que según la ideología occidental de comprender el mundo, estos nuevos seres carecían de racionalidad, debiendo ser civilizados y evangelizados. Se introdujo el modelo económico basado en el andamiaje de la cultura científica del capitalismo histórico, (Castro. 2004) y una vez formado el Estado, se hizo bajo las políticas uniformizadoras de construcción nacional (Tubino en Castro. 2004), de esta manera: “con la modernidad las lenguas y las culturas originarias quedan recluidas al ámbito privado y se transforman en culturas societales carentes de funcionalidad social.” (Ibídem: 86). Producto de esta condicionante etnicidad de intolerancia cultural, denominada así por Tubino (2004), la cual ha respaldado una visión racista y discriminadora hacia las culturas originarias, traspasando estas características a todos los ámbitos de las relaciones humanas, se suma además, que el modelo económico impuesto ha deteriorado el tejido social de los pueblos originarios, supeditándolos a una pobreza casi inherente, a la negación de sus derechos y a la exclusión social. Pero de alguna u otra forma, las identidades que trataron de ser subordinadas han sabido mantenerse en pie, y no dejar de ocupar nunca los espacios de funcionalidad social, demostrando que: "La modernización fracasa en América Latina, ya que en lugar de enraizarse en la multiplicidad de las tradiciones ya existentes y recrearse desde ellas, les niega validez y las coloca como resistencias u obstáculos para el progreso, ve en las morales y costumbres alternativas, formas pre-políticas y arcaicas de convivencia social despojando así a los pueblos indígenas de sus lugares ancestrales en nombre del progreso y el bienestar de la nación”. (Tubino en Castro. 2004). Frente a esta modernidad fracasada, plantea Tubino (2004) que no es casual que el discurso y la praxis de la Interculturalidad, hayan aparecido directamente ligados a las luchas de los excluidos por el reconocimiento de sus derechos:
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“La Interculturalidad surge como oferta ético – política es resistencia a la modernización occidentalizadora y al mismo tiempo proyecto de radicalización de la democracia. Como identidad de resistencia fomenta la revalorización de las identidades despreciadas pero sin promover su encapsulamiento en un pasado idealizado ” (Tubino en Castro 2004:92) Frente a esto lo que se quiere cuestionar trasciende a ciertos aspectos de carácter cultural, por el contrario avanza en materias estructurales, las formas de hacer política, cómo se están llevando a cabo y para qué, e invita a romper con el análisis por separado invitando a ver los temas culturales holísticamente: “La interculturalidad como proyecto ético – político es justamente eso: una manera de superar en democracia, la violencia simbólica estructurada en el imaginario social. (Ídem: 93) La interculturalidad puede presentarse como un paradigma que se enfrenta a los procesos de exclusión y regulación, proponiendo cambios en la ética universal de las culturas, básicamente como alternativa crítica para producir una transformación de las identidades por procesos de interacción, donde sean las propias fronteras las que promuevan la interacción. En este sentido: “la filosofía intercultural propone impulsar la desobediencia cultural, leer la cultura en clave de dialéctica de liberación y opresión” . (Castro. 2004: 142). Liberación y opresión, ya que la interacción entre el hombre moderno y los/as indígenas partieron de forma desigual, y contextualizándonos actualmente al trato que los Estados modernos llevan a cabo, sabiendo mantenerse como representantes de una cultura que se cimentó como identidad legítima, a través del dominio del capital cultural en los espacios sociales (Bourdieau en Rothers. 2005)26, la interculturalidad no vendría a ser una acción, o sólo una propuesta 26
Bourdieau plantea que existe una cultura legítima de las clases sociales, que es producto del dominio de grupos hegemónicos y que está destinada a mostrar el dominio y su legitimación; y una cultura de la sociedad, poco o nada diferenciada en clases sociales; étnicas, religiosas u ordenada bajo criterios nacionales, en donde los instrumentos de adaptación para la cultura transferida son para todos más o menos accesibles. Esta cultura legítima, que para nuestro estudio la podríamos identificar en el Estado y sus instituciones, han sabido controlar lo que el sociólogo denomina el “capital cultural”, desde su lógica dominante y trasmitiéndolo a la vez de manera desigual. Dentro del manejo del capital cultural la cultura hegemónica establece 45
política de un nuevo y ético buen trato, si no que por el contrario una multiplicidad de pre, futuras y siempre presentes prácticas y políticas, que deberían equilibrar esta impar relación: “La interculturalidad no es un fin en sí mismo si a ésta la entendemos como la búsqueda del diálogo y el entendimiento cultural entre los diferentes, por el contrario es un medio de búsqueda y construcción, de confrontación permanente para el entendimiento cultural pero cuyo fin último es la redistribución social de los poderes y las representatividades democráticas. Se trata en suma de un medio para posicionar políticamente a los grupos dominados y entonces así generar nuevas relaciones sociales y de poder. En medio de este planteamiento se encuentra la autonomía de los pueblos indígenas, condición necesaria para generar relaciones sociales más incluyentes en las que los grupos diferentes tengan voz e incidan en el proceso históricos de las naciones con diferencias culturales” (González, 2007:64) Tubino (En Castro. 2004) plantea que hay dos formas en que se llevan a cabo este proceso: la Interculturalidad Crítica y la Intercultural Funcional . Dichas categorías no son homogéneas: “La primera es un discurso y una praxis que forma parte de la agenda de los movimientos indígenas latinoamericanos. Cuestiona la modernización occidentalizadora representada en el neoliberalismo global y promueve la revalorización de las identidades indígenas, la erradicación de las causas de la pobreza y la promoción de Estados plurinacionales o multiculturales. La interculturalidad funcional, es un discurso y una praxis que invisibiliza la pobreza en nombre de un supuesto diálogo intercultural que legitima las relaciones de poder existente” (Tubino en Castro 2004: 84)
relaciones de dominación cultural, basados en un poder simbólico; cimentado en sobreentendidos, como representatividad, unitario, formación integral y el consenso. Este poder simbólico por su parte esconde una tradición velada que oculta los intereses de quienes practican hegemonía. Para profundizar en el tema desde la ámbito educacional, ver ROTHER, Tanja. Conflicto Intercultural y Educación en Chile: Desafíos y Problemas de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) para el Pueblo Mapuche . Rev. austral cienc. soc. [online]. 2005, no.9 [citado 22 Noviembre 2010], p.71-84. Disponible en la World Wide Web: . ISSN 0718-1795. 46
De acuerdo al contexto latinoamericano con un pasado colonial común y persistente, el cual sólo ha mutado a nuevas formas de dominación: “La interculturalidad como alternativa ético-político es, en nuestro continente, un discurso y una praxis de resistencia frente a la modernización occidentalizadora de nuestras sociedades representada por el neoliberalismo. Es un discurso ligado orgánico y esencialmente a la protesta contra la postergación histórica y la exclusión absoluta de los pueblos indígenas ”. (Tubino en Castro. 2004: 90) Producto de las fallidas formas de regular el tema de la diversidad e identidad cultural, llegamos a una contemporaneidad en donde se presentan “nuevas encrucijadas ” que resolver (Stavenhagen en Castro. 2004: 17), debido a la misma problemática, y donde quienes la vivifican han sabido mantenerlas en la “memoria histórica ” (Pacari en Castro. 2004: 35) independiente de los diversos contextos y sistemas imperantes. Así La globalización, a pesar de querer forjar la idea de la gran aldea global, basándose en los mismos planteamientos económicos, políticos y sociales, anteriormente mencionados, no se ha mantenido al margen de presenciar el fenómeno de tener que lidiar con: “Identidades de Resistencia o Proyectos 27 (Castell 2001), “por el contrario ha venido a ser un proceso difusor de un conjunto de fenómenos sociales y culturales” (Bello, 2004: 91). Difusor a nuestro entender, porque ha reforzado y/o provocado la resistencias producto de intereses transnacionales, por ejemplo proyectos forestales o hidroeléctricos, entre otros, que chocan directamente con la cosmovisión valórica de los pueblos originarios, y a la vez ha permitido que más 27
En su libro La era de la información, Economía, Sociedad y Cultura , Catells (2000: 30) realiza una distinción entre tres identidades a) Identidades legitimadoras : son aquellas que invisibilizan la lógica de dominación y que se trasmiten a través de los “aparatos hegemónicos” de la sociedad – escuela, iglesias, medios de comunicación, que son identidades colectivas funcionales a las relaciones de poder entre la élite hegemónica y los colectivos subalternos. b) Identidades de resistencia : son generadas por aquellos actores que se encuentran en posiciones y condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo que construyen trincheras de resistencia y supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad. C) Identidades proyecto ; surgen cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura social. 47
personas tengan conocimiento de estas reivindicaciones, producto de la globalización de los medios de comunicación. Así: “la globalización que en un principio parecía estar sólo reservado a la economía, la informática y las comunicaciones, ha sido trasladado por la globalización al ámbito de las ideas, la cultura y los valores, haciendo que éstos trasciendan las fronteras nacionales e irradien.” (Ibídem: 91) Además de esto, el fenómeno de la globalización cae en una contradicción inherente a sus planteamientos, ya que si bien plantea una cultura global, no considera el hecho de que simultáneamente van re-apareciendo culturas locales, la globalización va siempre acompañada de la glocalización, y es cuando esa cultura que es local se resiste, colocando en jaque a la modernidad (Larraín: 2004). En conclusión vamos a entender por la interculturalidad, como una postura democrática ante la diversidad cultural, no solamente en el ámbito cultural si no que político y económico, derribando toda violencia simbólica y superando para nuestra construcción teórica, una de las críticas que le hace Tubino al concepto: “su limitación es que muchas veces se intenta, en nombre de ella, superar los conflictos interculturales desligando la injusticia cultural (la violencia simbólica) de la injusticia económica y social” (Tubino en Castro, 2004:94) Con lo anterior, es donde a partir de la comprensión y aceptación natural de lo diferente, y de lo que ese modelo conlleva en ideología y práctica, aunque sean modelos distintos al hegemónico no sean incompatibles necesariamente, sino que deben ser considerados en las construcciones sociales. En este contexto, las relaciones de aculturación y asimilación no pueden estar presentes si no, por el contrario, el diálogo y la participación activa, eliminando la generación de subculturas o contraculturas que para el caso del pueblo mapuche adopta la forma de pueblo indígena. Así no se puede desconocer que existe una dificultad, aún en nuestros propios estados, para superar el tema de la diversidad cultural y el desarrollo libre de otras identidades distintas a la nacional, la cual suelen desembocar todavía en prácticas discriminatorias.
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II.2.1. Integracionismo Otra forma de relaciones interculturales entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, aparte del Aismilacionismo característico de la época en que se comenzaba a conformar los Estados liberales, va a ser el Integracionismo u indigenismo moderno (Aravena. 2005:13). El Asimilacionismo 28 y las políticas basadas en esta conceptualización, que han sido utilizadas por más de un siglo como herramienta para sobrellevar la diversidad cultural, comenzaron a ser cuestionadas producto de los nuevos escenarios políticos y económicos, en donde el capitalismo evolucionaba a una nueva etapa de carácter global. El capitalismo, representado por Estados Unidos, había ganado las pugnas bélicas y como sistema político, económico y social, vendría a introducirse en las entrañas de todos los Estados nacionales occidentales, ahora todos los participantes de la nación debían ser parte de ella y los indígenas no serían la excepción, aunque su sistema ideológico y de vida chocara rotundamente en contra de este modelo. Los principales exponentes de esta nueva forma de tratar la diversidad cultural fueron intelectuales latinoamericanos, quienes reunidos en el Primer Congreso indigenista Interamericano, realizado en abril de 1940, en Patzcuaro 28
El Asimilacionismo es “la desaparición del grupo étnico como entidad separada, una vez que se evaporan sus valores distintivos ” (Oehmichen. 2005: 54) fue descrita, como el resultado de la aculturación entendiendo por tal “ese fenómeno que se produce cuando grupos de individuos que pertenecen a distintas culturas participan en contactos directos, con los consiguientes cambios en las pautas culturales originales de ambos grupos ” (Redfield en Ariño. 2009) además, “Aculturación debe ser distinguida de cambio cultural, del cual sólo es un aspecto y de Asimilación que es, a intervalos, una fase de la aculturación ” (Aguirre.1957: 13). El fenómeno de aculturación debe ser entendido más allá de sólo identificar los elementos de una cultura que se pierden, en mayor o menor grado, que pueden producir un cambio cultural, por el contrario en donde pone énfasis es en el contexto social en el que se da, y cuales son la multiplicidad de factores que influyen en él. Dependiendo de lo anterior, se dan distintas formas de aculturación: “el proceso de aculturación se puede estudiar tanto en el nivel individual, como en el de los grupos y la sociedad general. Depende o consta de dos dimensiones: del grado en que los individuos participan en la vida cultural de la nueva sociedad (participación) y, simultáneamente, del grado en que mantienen su identidad cultural original (fidelidad). Al conjugar estas dos dimensiones (orientación hacia el propio grupo y preferencia por la continuidad cultural, de un lado, y orientación al contacto con otros grupos y participación en sus pautas culturales, de otro), se obtienen cuatro estrategias para las relaciones interculturales: integración, asimilación, separación y marginalización ” (Gortari en Aguirre. 1956: 49) a la vez esta interacción cultural denominada aculturación “se caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de fuerzas, entre formas de vida de sentido opuesto, que tienden a su total identificación y se manifiesta, objetivamente, en su existencia a niveles variados de contradicción ” (Ibídem) 49
Michoacán, México, auspiciados por el gobierno de ese país y de la Organización de los Estados Americanos (O.E.A). Como resultado se elabora un acta final del primer Congreso, que reconoce la existencia del problema indígena y su carácter universal. Si bien esta fecha refleja el año de inicio en que se reconoce y se comienza a hablar de Integración, Chile se suscribe al acuerdo en el año 1968, siendo el último país latinoamericano en hacerlo (Aravena. 2005:15) Aguirre Beltrán fue uno de los principales gestores de este congreso, ideólogo y teorizador del tema. Para Aguirre (1957: 53), el término Integración es el: “Proceso social que tiende a armonizar y unificar diversas unidades antagónicas, ya sean elementos de la personalidad, de los individuos, de los grupos o de mayores agregados sociales ”. Como el mismo escribe, al elaborar ciertas conceptualizaciones de aculturación, reconoce que en ese proceso inevitablemente se dan choques de fuerzas entre las culturas, entre las cuales se infiere que la Integración vendría a armonizar. Díaz-Polanco (2006), desde una visión menos violenta y más idealizada, plantea que se trata de introducir: “los componentes de la cultura indígena en principio son aceptados como válidos, postulándose en adelante una integración de los indios a la sociedad nacional, realizada respetando los valores de sus culturas y su dignidad de hombres (Ibídem: 92). Es “un elemento de justicia social en la política indigenista ” (Ibídem: 94) Se invita a que estas culturas, que tienen sus características propias, puedan participar de la unidad nacional, y que las características identitarias que manifiestan sean parte de este, en palabras de Beltrán (1976): “la integración del indio a la sociedad nacional, con todo su bagaje cultural, proporcionando los instrumentos de la civilización necesarios para su articulación dentro de una sociedad moderna ” (Aguirre.1957: 92). Las bases en las cuales están fundadas estas nuevas formulaciones de integración, no salen del alero de lo que se plantea desde un principio por las escuelas francesas y norteamericanas de corte eurocentrista, dejando siempre
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entrever que deben integrarse a la modernidad, siempre símbolo de civilización y de los marcos de progreso, negando cualquier otro esquema o espacio donde hacerlo. Gamio, a quien Aguirre sindica como autor original de la formula Integracionista, asegura: “que en las culturas indias hay aspectos positivos que es bueno preservar y rasgos nocivos cuya exterminación se vuelve obligada si se desea que el nativo se incorpore a la civilización, retomando la marcha hacia el progreso ” (Aguirre en Díaz-Polanco, 2006: 94) Cuando se comienza a teorizar acerca de esta nueva Integración, se hace desde un: “enfoque culturalista, en donde se reconocen culturas diferentes, pero no superiores o inferiores, concebir lo diferente como inferior, conducía infaliblemente a las mas reprobable etnocentrismo ”. (Mechthild.1984:93) Así y todo, la invitación no era a aceptar la diferencia automáticamente, si no a integrarse a las “civilizaciones modernas”, desde ya entonces, se está haciendo la diferencia en que una cultura es la que predomina por sobre la otra, o una de ellas es la que debe ser el modelo a seguir. Lo anterior es lo que se comenzó a cuestionar apareciendo las críticas de manera inevitable, el funcionamiento de esta nueva propuesta no cobrará el sentido que se esperaba, por el contrario, sólo extendía una nueva invitación a que esta culturas se Integraran a la nación hegemónica, pudiendo así asimilarse de manera definitiva dentro del aparto burocrático militar, político, económico y social que este portaba, como manifiesta Díaz-Polanco: “las comunidades son incitadas a invertir sus propios esfuerzos para lograr su propio mejoramiento y su integración a la nación, para que efectivamente se conviertan en parte integrantes de la misma” . (Díaz- Polanco. 1991). Vendría a ser una especie de Asimilacionismo encubierto, siendo el sacrificio que debían exteriorizar, para poder integrarse a esta modernización, el desarraigo como precio a pagar (Tubino en Castro. 2004: 88) El concepto de integración en estructura, no cumplió con lo que se creía debía cambiar, principalmente la comprensión de la alteridad en todo sus
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aspectos, por lo que las resistencias se mantuvieron intactas, es más, cada vez se reforzaba más su otredad. Ahora esta integración a la cultura nación chilena y su modelo político económico, no es una creación propia y exclusiva del Estado chileno, si bien los estados por sí solos son los que controlan los medios legislativos, jurídicos y los medios de la violencia en el sistema capitalista mundial, éste a su vez se construye por medio de la integración de un conjunto de procesos de producción geográficamente amplio, en la cual participan distintos estados, afectando las distintas construcciones culturales, caracterizando a la vez el modelo al cual se quiere invitar. Esto significa una contradicción, lo cual puede plasmarse en la siguiente pregunta: “¿Las transformación que se producían en su zona debían entenderse como el paso de una “cultura” local y tradicional a una “cultura” moderna mundial o se trataba simplemente de que aquellas poblaciones recibían presiones para que abandonasen su “cultura” y adoptaran la de la potencial o potencias imperialistas occidentales?” (Wallerstein. 2007: 226) Lo que queremos decir con lo anterior, también es planteado por Mattelart: “El análisis de las interacciones y transacciones entre las culturas, no puede abstraerse de las lógicas geoeconómicas y geopolíticas que influyen en la nueva estructuración de las jerarquías, de las polarizaciones y de las causas de exclusión.” (Mattelart. 2002: 171). Estas lógicas geopolíticas y geoeconómicas, que influyen en las realidades subjetivas sociales, actúan a la vez en las “relaciones” sociales y en lo que de ellas deviene, por lo que no podemos entender las ideas y principios que se puedan sugerir, fuera de un contexto global, marcado por todos los ámbitos del quehacer humano. Para poder explicar lo que estamos tratando de plantear, Eugenio Ortega (2002) realiza unos esquemas que tratan de conceptualizar las tensiones en las sociedades actuales, y que para efecto de nuestro estudio ocuparemos para ver como influyen en las Identidades.
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Según Ortega, la globalización o mundialización de los mercados, “estaría esparciendo la cultura y los valores que porta el capitalismo occidental todo ello acarrearía efectos en la sociedad en la política y en el medio ambiente”. (2002: 10) Por una parte la vida cotidiana se transforma, la economía mercantilizada y competitiva, el aparato científico-tecnológico, las comunicaciones y, en general el poder, se concentran y se globalizan. Por otra parte las sociedades se individualizan29. De esta tensión, como lo denomina Ortega entre la individualización y la globalización, resultan dos formas de relacionarse, la exclusión y la integración. Si las sociedades se logran adecuar a los cambios en curso, no se sienten amenazados e implican mayor cuestionamiento, se integran, mientras que los que no se logran adecuar, resultan irremediablemente excluidos. Desde la perspectiva de las personas grupos o países, Ortega también realiza un esquema y plantea que se generan otras paradojas.
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Vamos a entender por Individualización de manera distinta a Individualismo, el cual tienen un carácter peyorativo de egoísmo, por el contrario Ortega (2002) se refiere a la Individualización como un significado sociológico, que pretende caracterizar en “primer lugar , el proceso de desvinculación de los individuos de sus tradiciones o anteriores ámbitos de relaciones sociales que conformaban sus “mundos de vida”. Frente a esto, argumenta que la modernización de los sistemas suscita la búsqueda de la “individualización” y esta a la vez el reconocimiento, la individualización no solo es la autoconstrucción del si mismo, si no que requiere de otros para desplegarse (personas o instituciones) que valoren y reconozcan la “identidad”. Un segundo momento de esta individualización implica la revinculación a nuevas formas de vida en sociedad, en sustitución de las antiguas. 53
La modernización globalizada dice Ortega, genera una interdependencia mundial progresiva y gradual, junto con una creciente diferenciación de los sistemas funcionales, esto trae consigo lo que se denomina Individualización, cada grupo o persona tiene su tarea asignada, la cual no depende del otro, se desvincula de las relaciones sociales, generando así la diferenciación propia de la individualización. Junto con ella y en otro eje, las personas acrecientan una búsqueda por acentuar las identidades del pasado, o por crear nuevas. En el primer caso se trata de preservar las tradiciones, culturas étnicas nacionalidades o religiones. En el segundo, se trata de recomponer nuevas formas de vinculación social en donde se redefinen las identidades del pasado y se crean nuevas, muchas de ellas ligadas al nuevo contexto. En otras palabras: “la globalización se enfrenta de nueva manera a las culturas que buscan un arreglo complejo con el avasallador proceso de modernizaciones capitalista que tiende hacia una homogeneización cultural”. (Ortega. 2002: 25) En este contexto de globalización se producen tensiones con las sociedades individualizándolas, y hay quienes integrados o excluidos del sistema, se identifican con algo y desarrollan un sentido de pertenencia, reivindicando ciertos elementos que los caracterizan y unen. De acuerdo a esto, y contextualizándolo con nuestro estudio, la cultura mapuche se encontraría en tensión, no tan sólo con la globalización o las denominadas lógica geoeconómicas, 54
también lo estaría con las geopolíticas, ya que hasta el día de hoy sigue manteniendo una situación problemática. Algunos grupos de esta identidad piden reivindicaciones fuera de lo que solamente se les quiere entregar o proponer, con el fin de integrarlos. En conclusión entenderemos por Integracionismo, una nueva forma de sobrellevar la diversidad cultural, propiciada por tendencias indigenistas, principalmente estadounidenses, que invitan a la integración de las culturas minoritarias y sus elementos constituyentes, idioma, creencias, costumbres, formas de organización política y todo el mosaico que compone una cultura, a la nación mayoritaria portadora de los elementos desarrollistas, pero que en esencia y materia no son compatibles con la legislación nacional, por lo cual no se pueden desarrollar ni plantear de manera libre, transformándose las cualidades anteriores en folcklorizaciones culturales, dentro de un Estado dominante. II.2.2 Diálogo simétrico Para comenzar a hablar sobre Dialogo Simétrico es necesario establecer que significan cada una de estas palabras en sí mismas. Según la Real Academia Española, Diálogo es una plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos, o bien es una discusión o trato en busca de avenencia. Simétrico tiene su significado en reciprocidad, e implica idéntica participación de dos o más seres en alguna acción o situación. 30 Con esto incorporado, podemos construir fácilmente este concepto como una conversación entre iguales, donde no existen diferencias de poder, ni existe un monólogo que establezca los parámetros por medio de los cuales han de guiarse las partes involucradas. En pos de esto, es que se ha hablado en más de alguna ocasión de que la Interculturalidad es en si misma un diálogo simétrico, como por ejemplo, en el marco de la realización de la Segunda Mesa Regional de Educación Intercultural Bilingüe, realizada en la localidad de Sanagasta, Argentina. Aquí, Adriana Sorrudo (2010) planteó que: 30
Extraído de RAE, versión digital. Consultado el 13 Agosto de 2010. 55
“La interculturalidad debe ser un diálogo simétrico entre culturas, debe ser considerada como un aporte. La misión es internalizar los aportes de los pueblos originarios ”. O bien Ana Martínez, quien plantea que no es posible generar una comunicación si no se reconoce y valora al otro como sujeto. Además, habla de que es necesario que dicho diálogo se lleve a cabo en un espacio neutro y legítimo para las partes involucradas: “Respeto, reciprocidad e igualdad son valores fundadores de todo diálogo entre sujetos autónomos. No pertenecen por tanto a ninguna cultura en particular y puede constituirse, por consiguiente, en el suelo de legitimador de un diálogo intercultural ” (Martínez. 1996: 90) De gran utilidad es la concepción que posee Luis Villorrio (En Olivé: 1993) sobre la cultura, es decir, la ética de la cultura, para nuestro estudio, puesto que establece cuatro principios fundantes para una relación horizontal: Autonomía, Autenticidad, Sentido y Eficacia. Autonomía en cuanto, una cultura debe tener capacidad de autodeterminación, sin coacción ni violencia; Autenticidad en el sentido de que una cultura debe ser la expresión de los deseos, propósitos y actitudes de los sujetos, respondiendo a sus necesidades reales y actuales; Sentido debido a que una cultura señala fines y valores, y estos serán mejores cuanto más acerquen a los hombres a formas de vida más perfectas; y Eficacia ya que una cultura debe poner en práctica los medios necesarios para alcanzar sus fines propuestos. Es con la eliminación de los dos primeros principios que se genera una asimetría entre culturas, que comienza con el diálogo y termina bordeando todos los ámbitos que las componen: “La sociedad pierde autenticidad y autonomía cultural cuando por presión externa o por dificultades internas, se vuelve incapaz de mantener el control de su dinamismo de creaciones e intercambios ” (Martínez. 1996: 88) Todo lo hablado con anterioridad, recae en esencia en las políticas que desde los Estados puedan generarse para producir transformaciones culturales dentro de las naciones establecidas, y en menor medida de las reivindicaciones exigidas por las minorías culturales, como en el caso de Chile.
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Así ya planteado, si no se generan cambios estructurales, no podrá llevarse a cabo un diálogo simétrico, ya que hay que barrer con siglos de dominación, discriminación y racismo, producto de la europeización de las culturas americanas. Se hace imperativo replantearse al otro como un ente digno de valorar, como reflejo de fondo y forma distinta a las propias. Por esto, es que hay que hacer hincapié en los primeros años de sociabilización de la sociedad, es decir, es necesario preparar a la población que nace rodeada de diversos elementos culturales para que sea capaz de, en palabras de Gastón Sepúlveda, ser “sujeto de pedagogía”: “ser capaces de reconocer las estructuras cognoscitivas de las otras culturas y les facilite los espacios donde, sobre esa base, puedan construir conocimiento… en una comunicación constituyente ” (Sepúlveda.1996: 99) Para que una conversación logre constituirse, generar una amalgama compartida de conocimientos entre las partes involucradas, que nutran sus mundos con apreciación de sus significancias, es importante que se dé una simetría del discurso, ya que si no es así, continuando con Sepúlveda, “nos moveremos desde la articulación simbólica hacia la violencia simbólica ”, retrocediendo al Asimilacionismo en todo su esplendor. En conclusión, diálogo simétrico es la relación de entendimiento que debe darse en términos horizontales, entre dos o más culturas, donde cada una es libre de autodeterminarse frente a la otra, y donde cada una de ellas debe intentar comprender a su par desde la más absoluta empatía, puesto que si es comprendida desde la propia cultura se corre el peligro de preenjuiciar y desvalorar al otro.
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CAPÍTULO III
¿NUEVO SIGLO, NUEVO MILENIO, NUEVO TRATO? III.1 La instalación del nuevo gobierno El 11 de marzo de 2000 la Concertación de Partidos por la Democracia asume una nueva administración política del país. Desde que volviese a imperar un sistema democrático, estamos frente a la tercera gestión que asumirá el conglomerado político de centro-izquierda. En materia internacional Chile viene transitando una senda de progreso, de milagro económico de los años 90’, recién recorridos, en contraposición a la década perdida de los 80’. Pese a la llamada “crisis asiática” de finales del milenio pasado31, Chile se da a conocer en el extranjero como un país estable, con un modelo económico abierto al flujo de capitales globalizados, impulsando medidas modernizadoras de toda índole, en materia cultural y tecnológica, adoptando un número considerable de tratados internacionales, tanto económicos de libre mercado, como los que hacen relación a derechos humanos. El Presidente que guiará el destino nacional por un período de seis años es Ricardo Lagos Escobar32, cuya figura genera muchas expectativas, sobre todo para los sectores de la población históricamente postergados y excluidos, tanto económica, política y culturalmente, como es el caso de parte de la sociedad mapuche (Aylwin y Yáñez et. al. 2007)33. Los dirigentes mapuche veían en esta
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Acaecida específicamente en 1996. Fundador y militante del Partido Por la Democracia (PPD), con un pasado político comprometido con ideas socialistas. De hecho, viene a ser el primer presidente de izquierda propiamente tal, que gobernaría el país tras el regreso de la democracia, ya que las dos administraciones anteriores fueron del centro político, es decir, del Partido Demócrata-Cristiano. En este estudio al hablar de Ricardo Lagos y las expectativas que causa, los autores hacen alusión a su cercanía con el fallecido presidente Salvador Allende, quien para los mapuche significó una sistemática política de restitución de tierras, amparada por la Reforma Agraria. Dentro de las promesas de campaña que tanta expectativa causaron en los indígenas, está el anuncio de la ampliación y perfeccionamiento de la ley 19.253, la reforma constitucional tendiente al reconocimiento del carácter de “Pueblo” de las etnias indígenas, la ratificación del convenio 169 de la OIT y la entrega de 150 mil Ha. de tierras a manos de las etnias originarias. 58
asunción al poder la posibilidad de lograr por fin un reconocimiento del carácter de “Pueblo” a nivel constitucional. No obstante, a poco andar el gobierno en su trato específico con los mapuche, particularmente con el segmento Pehuenche, tendrá que lidiar con una situación problemática heredada de la administración anterior. Horas antes de entregar la banda presidencial el saliente gobernante de la república, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, da la concesión eléctrica definitiva para que vuelvan los trabajos en la central hidroeléctrica Ralco (La Nación. 11 de marzo de 2000: 31), dejando para el debutante gobierno la pugna entre la transnacional y las comunidades mapuche afectadas, la cual acarrearía más de un dolor de cabeza para el mandatario. Dentro de toda la administración de Ricardo Lagos habrá una tendencia, en el discurso, a atacar la variante hegemónica y homogeneizadora de la concepción de Estado, de hecho, nos encontraremos frente a lo que parece una voluntad política de personeros de gobierno (tanto del poder ejecutivo y legislativo), de transformar y redireccionar parte de la construcción jurídica nacional, estableciendo reformas tendientes al reconocimiento de una sociedad diversa culturalmente. En la práctica, la acción del Estado avanzará en la senda contraria, la cual tiende a reafirmar que la nación es una e indivisible, contraviniendo las promesas que hiciera en tiempos de campaña Ricardo Lagos. Quedan así sepultadas todas las tentativas modernizadoras de un Estado multicultural, nuevamente postergándose el tan anhelado reconocimiento constitucional del carácter de pueblo de las distintas etnias existentes en el país. III.2 La retórica del reconocimiento Multicultural A poco de haber comenzado el nuevo gobierno, nos encontramos frente a los primeros gestos que marcarán la incipiente voluntad política del ejecutivo 34. Comenzando la segunda quincena de marzo, es que se constituye un grupo de 34
Nombramos de esta forma el presente apartado, ya que partimos de una tesis central según Díaz-Polanco (2007: 173), la cual sería que “El multiculturalismo se ocupa de la diversidad en tanto diferencia “cultural”, mientras repudia o deja de lado las diferencias económicas y sociopolíticas…” 59
trabajo intersectorial (indígenas, empresarios y gobierno), el cual se auto impone un plazo de cincuenta días para dar a conocer las primeras propuestas, las cuales serán las directrices para el Nuevo Trato con los pueblos indígenas. La prensa del día siguiente muestra una gran cobertura a esta iniciativa, destinándose dos páginas completas a este reportaje bajo el título “Diseñarán “nuevo trato” para etnias” (La Nación. 17 de marzo 2000: 2). En el reportaje, se exponen las posturas que se rescatan en dicho encuentro, las cuales tienen como tono el escepticismo por parte de empresarios y mapuche, ya que los primeros hablan de que el presidente debe dar las garantías para respetar el Estado de derecho y terminar con la conflictividad indígena en el sur del país, mientras que los segundos pese a destacar la iniciativa, recuerdan que las anteriores administraciones habían constituidos grupos de trabajo similares, los cuales no habían dado soluciones satisfactoria para ellos. La postura del ejecutivo hace alusión a la diversidad cultural del país, es decir, nos encontramos ante una idea o principio del discurso proveniente del Estado, en este caso de base multiculturalista, ya que se pretende: “…terminar con la discriminación racial, otorgar igualdad de oportunidades y respetar la diversidad cultural.” (La Nación. 17 de Marzo de 2000: 2). Es decir, se puede señalar que en sus inicios el gobierno declarativamente expone una perspectiva multiculturalista, aunque de carácter débil y restrictivo 35. Por lo mismo, Aucán Huilcamán, dirigente del Consejo de Todas las Tierras dirá en esta ocasión que estudiará la posibilidad de trabajar en el grupo, pese a que no se le convoca a dicho encuentro. El caso Ralco ni se menciona en el cónclave. Reafirmando la idea de una reconceptualización de la concepción de Estado, y en palabras del diputado DC Francisco Huenchumilla, es que reconocemos un desglose de los cambios políticos para alcanzar y/o practicar el multiculturalismo, ya que el parlamentario nos deja entrever una clara intención 35
Esta visión del multiculturalismo “…se dirige más efectivamente a tratar los impactos que se dan entre diversos grupos, debido a la acomodación multicultural, porque ella se ocupa de la tensión potencial que puede producirse entre reconocer diferentes culturas y proteger los derechos de los miembros del grupo como ciudadanos.” (Badillo. 2003: 54). Podríamos considerar esta categoría como la postura del gobierno, en el caso de que sólo se tomase esta fuente de información como referente del accionar discursivo del gobierno. 60
discursiva de atentar en contra del Estado-nación unitario existente en el país, apuntando a una concepción multicultural de la nación, debido a que propone una declaración de reconocimiento legal de la etnia mapuche, a través: “…del pacto social que es la Constitución, mediante el reconocimiento explícito del pueblo Mapuche, con miembros propios en el Senado y la Cámara, con gobiernos regionales y municipios …” (La Nación. 19 de marzo del 2000: 6). No obstante, estas buenas intenciones políticas iniciales, las agrupaciones mapuche manifestaban su descontento por la dilatación o faltas de medidas de cambios concretos. Las distintas expresiones políticas del pueblo mapuche se hacen evidentes mientras transcurren los primeros meses de gobierno. Las ocupaciones de sedes diplomáticas, juzgados, caminos, sedes de partidos políticos y catedrales, serán la tónica general del accionar indígena36. Frente a este escenario convulsionado, donde el actor social mapuche trata de visibilizarse, no sólo frente al Estado, sino que al conjunto de la comunidad nacional 37, es que el jefe de gobierno tiene que recurrir a una estrategia política, la cual tiende a captar estas expresiones políticas agitadas, y poner “paños fríos” a la situación. Con el pasar de los días, se concretará una construcción discursiva caracterizada en diez y seis medidas, las que establece el primer mandatario, las cuales vendrían a hablar sobre la postura que adoptaría el gobierno de Lagos en materia indígena, en su mayoría apuntando a los aportes económicos y mayor implementación en materias socio-culturales. Dos de las medidas en específico no podíamos dejar de ver, ya que resultan imprescindibles para nuestro estudio. Una de ellas hace relación al compromiso del gobierno en constituir la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato , la cual se encargaría de idear recomendaciones para modificar las relaciones entre el Estado y las etnias de Chile, las que apuntaran a una reorientación política y reconocimiento cultural. La segunda medida hace
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Ver anexos de los primeros meses del año 2000 Acá estamos presente bajo otra expresión de identidad mapuche, la cual cabe en la categoría de Identidad de resistencia , definida por Castells (2000) mencionada más arriba. 61
referencia a una promesa por parte del Presidente, quien se compromete a entregar: “Reconocimiento constitucional efectivo de los pueblos originarios, su lengua y el respeto de las tradiciones culturales.” (La Nación. 1 de junio de 2000: 2)38. Dicho de otra forma, estamos frente a la arquitectura discursiva del Estado, la cual a meses de iniciado su gobierno, es de claro corte multiculturalista, por lo cual se reconoce un paso cualitativo en la concepción de Estado-nación unitario, heredado de la tradición liberal francesa. Esta postura vendría a plantearse debido a la recomendación de la primera mesa de trabajo, la cual había sido convocada a tres días de iniciado el nuevo gobierno, ya que dicha comisión estableció que: “Un punto de partida sería reconocer el carácter pluriétnico y multicultural de la sociedad chilena…” (La Nación. 1 de junio de 2000: 3). Si bien los anuncios son auspiciosos, las visiones que tienen diversos actores sobre el tema en cuestión son dispares. Los empresarios piden que se respete la propiedad privada de los actuales dueños de tierras reclamadas por comunidades mapuche, por otro lado, los indígenas se muestran frente a una satisfacción a medias. Sobre el caso de Ralco en esta oportunidad el presidente hace una referencia, la cual dice relación a que es un caso que no debe repetirse, ya que hay que saber congeniar el desarrollo de megaproyectos, con los intereses de todos. No debería repetirse lo ocurrido en Ralco 39. Semanas después de este anuncio, las cuales no están exentas de hechos de violencia, donde el enfrentamiento con carabineros, la represión a estudiantes mapuche y la interrupción de actos oficiales de gobierno, es que por pedido del ese entonces presidente de la cámara de diputados, Víctor Barrueto, quien en compañía del vocero del Consejo de Todas las Tierras, solicitan se frene la 38
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Es decir, contravenir lo que “…se ha puesto de manifiesto que las estructuras políticas nacionales se construyeron sobre formas hegemónicas de identidad cultural…” (Velasco en Colom et. al. 2001: 117 y 118) No debería repetirse, ya que la puesta en marcha del megaproyecto eléctrico va en contra de los postulados multiculturalistas, debido a que “Entre las reivindicaciones del multiculturalismo destaca la demanda de reconocimiento de derechos colectivos para determinados grupos sociales que reúnan determinadas características.” (Abellán en Badillo et. al. 2003: 21), entonces lo que está aconteciendo en el Alto Bio bío vendría a ser la vulneración de esos derechos, en este caso territoriales, reconocidos en la ley 19253, art. 12 a 19. 62
iniciativa legal que se está tramitando, la cual hace referencia al reconocimiento de los pueblos indígenas, ya que: “…si bien reconoce a los indígenas, no les señala sus derechos, ni regula su participación política, ni se refiere a sus territorios, ni a su autodeterminación, entre otros…” (La Nación. 26 de agosto del 2000: 10). Según lo anterior, si bien se trata de llevar en la práctica cambios en la concepción unitaria del Estado-nación, estos cambios son catalogados como exiguos por algunos diputados, como por voceros emblemáticos del mundo mapuche. Junto a esta insuficiencia crónica que padecen las propuestas legislativas, comenzará a compartirse la responsabilidad sobre la tardanza del reconocimiento constitucional, en específico acusándole a la oposición derechista, quien en su segmento más conservador (UDI), se rehúsa tajantemente a reconocer otros pueblos dentro del Estado, ya que asumir ese principios le traerá costos políticos, los cuales irían en desmedro directo de sus intereses económicos, políticos y jurídicos (Seguel en Aylwin y Yáñez et. al. 2007). El diputado Barrueto se encargará de avanzar cualitativamente en el discurso, llegando a plantearse una realidad que rebasa las categorías de nuestro análisis, ya que en una edición posterior, mediante una columna de opinión titulada “Chile, nación pluriétnica ” (La Nación. 12 de noviembre de 2000: 4), se facultará para hablar del por qué se rechazó la propuesta de reforma constitucional, insistiendo que el mismo hecho del rechazo ya es un fracaso para la sociedad chilena. Aparte de culpar a la derecha de la falta de acuerdo, sus dichos hacen referencia a la composición pluriétnica del país, es decir, ya no habla de un reconocimiento del carácter multicultural débil, si no que hay que reconocer a las distintas etnias que coexisten como sistemas culturales distintos (DíazPolanco. 2007) en Chile. Afirmándose en los dichos del académico Johan Galtung, quien afirma la existencia en la actualidad mundial de cerca de 2000 naciones y sólo 200 Estados, es que comienza a hablar de la actualidad mapuche, la discriminación histórica que se le ha hecho, la exclusión y reducción de su patrimonio territorial, entre otros aspectos. Finalmente afirma que para que avance Chile debe tenerse en cuenta que:
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“La diversidad étnica es una realidad en nuestro país. Sólo es posible construir la unidad reconociendo la diversidad.” (La Nación. 12 de noviembre de 2000: 4). Algo distinto en su enfoque, pero siempre con un alto grado de expectativas por el modelo político logrado, son las palabras del aquel entonces vicepresidente de la república José Miguel Insulza, quien en un foro internacional en contra de la discriminación que se realizaba en el país, al cual asistieron representantes de gobiernos, ONG’s de todo el continente, y la visita especial de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Robinson, a la hora de tomar la palabra, el secretario de Estado expresa su confianza como personero de gobierno en el modelo político chileno, ya que: “…el país recorrió un largo camino para llegar a la democracia, forma de gobierno que permite la libertad como requisito básico para reconocer la existencia de la diversidad étnica, jurídica, política y social.” (La Nación. 6 de diciembre de 2000: 10)40. Sus palabras no insinúan el real estado jurídico en que se encuentran las etnias indígenas, en particular la mapuche41. Se reconoce una composición multicultural de la sociedad chilena, pero no se habla sobre el no reconocimiento actual de estos actores sociales indígenas42. En esta misma ocasión, el werkén del Consejo de Todas las Tierras, se encargará de denunciar los atropellos en contra del mundo mapuche, a través de las instancias que el mismo foro entrega. Varias son las voces que seguirán surgiendo y repitiéndose, reconociendo la postergación que sufre el segmento indígena. El senador PPD Roberto Muñoz, nos habla sobre las “…fórmulas que satisfagan las aspiraciones de un pueblo tan postergado…”; Francisco Huenchumilla (DC) reiterará su postura de que en 40
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Sin reconocer que “Del lado liberal, particularmente en países latinoamericanos, se consolidan las tendencias que rechazan la pluralidad como fundamento del régimen democrático por construir, y se regresa con más fuerza a los planteamientos integracionistas.” (Díaz-Polanco. 2007. 23) Las que “desde luego bajo ciertas condiciones estrechamente vigiladas por el Estado neutral, (sólo mantienen) algunos vistosos rasgos culturales, costumbres, lenguas, etc.” (Díaz-Polanco. 2007: 177) De hecho este discurso va en la dirección de que se “…acentúe la política del “reconocimiento” mientras evita cualquier consideración o política relativa a la redistribución….” (Ibídem: 174), entendiendo esta redistribución como los beneficios que otorga el marco jurídico vigente 64
nuestro país debería regir “Un Estado multicultural. Esa realidad, el Estado debería reconocerla…” ; mientras que José Antonio Viera-Gallo (PS) por su parte plantea que existe en Chile “La necesidad de reconocer a los pueblos indígenas a nivel constitucional con el fin de lograr una solución del conflicto mapuche…” (La Nación. 24 de febrero de 2001: 6; 12 de agosto de 2001: 3; 10 de septiembre de 2001: 4). Es bastante peculiar el constatar esta “subida de tono” de los parlamentarios oficialistas, debido a que si bien se hace alusión de una manera más destacada, se reconoce que debe haber una actuación más profunda en cuanto al marco legal 43 que se les ha impuesto a los mapuche, pudiendo así alcanzar una resolución para este segmento de la población tan excluida. Esta realidad discursiva está enmarcada en un contexto nacional particular, dentro del cual predomina la agitación social indígena. Durante casi todo el segundo año de gobierno, la violencia acaecida en sectores reclamados como territorios ancestrales indígenas (en las VIII, IX y X regiones), como por ejemplo en la hacienda Lleulleu, el fundo Alaska, entre otros; la violencia policial que se aplica al mapuche, la cual en su caso más crítico dejó a cuatro indígenas heridos a bala; las ocupaciones de sedes diplomáticas, partidos políticos o la solicitud de asilo político; o expresiones más pacíficas, como diversas marchas, cartas de peticiones, etc., serán parte del acontecer coyuntural44. No podemos dejar de hacer mención a una característica específica de cómo se aborda el problema, en este caso a través de lo desprendido de La Nación. En casi la totalidad de las noticias que abordan hechos violentos, enfrentamientos u otras expresiones de esta índole, se hace ver al mapuche como el iniciador de la violencia, también en ocasiones se les olvida a los reporteros la “presunción de inocencia”, cayendo en descalificar y apuntar con su índice al indígena como el culpable de los incendios, los cuales afectan por igual las plantaciones forestales o la maquinaria productiva de la transnacional. Estamos frente al principio de la “criminalización” de la protesta social Mapuche. 43 44
Volcar todos los esfuerzo en un paradigma Multicultural fuerte , (Badillo et. al. 2003: 53). Lo cual a la larga quedará sólo en el discurso de los diputados. Ver anexos del año 2001 65
Con toda esta efervescencia social, es que el ejecutivo se encargará de emitir un nuevo gesto político, tomando como símbolo una nueva conmemoración del “día de la raza”, ya que a un día de conmemorarse: “…el gobierno envió en este marco una indicación al Senado para que se reconozca constitucionalmente a los pueblos indígenas…” pretendiéndose de esta forma “…avanzar en las directrices que conduzcan a su consagración constitucional, como parte de la diversidad de la sociedad chilena…” (La Nación: 13 de octubre de 2001: 15). Con el pasar del tiempo, esta indicación como otras sucesivas que hablen de reconocimiento, serán rechazadas en los distintos trámites legislativos. Sin darse por vencido, en esta afrenta con los sectores de oposición, seguirá el ejecutivo actuando en pos de sus promesas de campaña, y en las concesiones que dará al actor social mapuche, para así opacar las distintas críticas que van surgiendo en torno a su administración, específicamente con el trato hacia el indígena. En un nuevo episodio: “…Lagos explicó que se reimpulsará la modificación constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas y la ratificación del convenio 169 de la Oficina (sic) Internacional del Trabajo (OIT), que ya se aprobó en la Cámara de Diputados.” (La Nación: 20 de marzo del 2002: 9). El presidente será secundado por el timonel del PPD, Guido Guirardi, quien propuso se utilice mecanismos de discriminación positiva con los indígenas, teniendo que conformarse el congreso en un 10% de representación directa de las etnias, las cuales alcanzan casi el 10% del total de la población nacional; también sugiere a un ministro sin cartera, el cual pueda actuar sobre otros ministerios 45. Finalmente pide que se aplique ley de Seguridad Interior a los grupos paramilitares46, no a las comunidades mapuche. 45
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Siguiendo de esta forma, uno de los postulados del multiculturalismo, ya que “…las reivindicaciones de ciertas minorías no pueden satisfacerse mediante la referencia a derechos individuales…” (Velasco en Colom et. al. 2001: 123) A partir del año 2002 entrará en juego un nuevo actor dentro del territorio en disputa, el cual es el autodenominado grupo “Hernán Trizano”. Según la información que se maneja y se desprende de los defensores de la causa mapuche, este grupo estaría compuesto por un número indeterminado de civiles que actúan bajo una óptica paramilitar, defendiendo a los latifundistas de la zona y atormentando al grupo indígena mapuche en general. Puede 66
Ya para terminar con este apartado, y pasando por alto una serie de tenues manifestaciones a favor de un modelo multicultural, lo cual sería redundar en la retórica multiculturalista de los políticos chilenos, es que hacemos alusión a las palabras del ministro de Educación, Sergio Bitar, quien anuncia que: “Este domingo 5 de octubre se cumplieron 10 años de la promulgación de la ley indígena (19.253), que reconoció la existencia de las diversas etnias en Chile y el carácter de nación multicultural o multilingüística.” (La Nación: 5 de octubre de 2003: 31). Esta será en definitiva la postura del gobierno, la cual se ciñe a cambios lentos y parciales, ya que por el mero hecho de existir una legislación sectorial (ley Indígena 19.253), se da por entendido que Chile es un país multicultural, aunque en materia de derechos y resguardos para con el conglomerado social, la realidad dista mucho del papel. La idea y principio es que Chile es un país multicultural, las etnias ya se reconocen en la legislación.47 III.3 Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Dentro de todo el período de estudio es posible entrever un principio transversal para con los indígenas, el cual es trabajado en sendas comisiones, e incluso finalizará con la publicación de un extenso informe, nos referimos a la idea de Nuevo Trato que maneja el ejecutivo, la cual intenta marcar un nuevo referente para modificar las relaciones entre el Estado, la sociedad chilena y el mundo indígena. En lo particular este Nuevo Trato no puede ser entendido como tal, ya que a nivel general viene a reafirmar las líneas trazadas por gobiernos anteriores en esta materia, en específico se ciñe en sus recomendaciones a todo lo normado en la Ley Indígena, proponiendo algunos cambios en cuanto a la institucionalidad que el Estado impone al mapuche, los cuales a la larga serán desoídos, ya que el
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consultarse al respecto las palabras del aquel entonces diputado Socialista, Alejandro Navarro, en la edición del 18 de marzo de 2002 de La Nación. En nuestro próximo apartado se desplegará específicamente el tipo de reconocimiento que tiene el Estado chileno con los mapuche, en particular en su carácter de etnia. 67
accionar del ejecutivo irá en la senda de reafirmar todas las acciones que ha llevado a cabo. Lo que sí el informe entrega o hace patente, como elemento nuevo, y que por lo demás es aceptado por los personeros de gobierno, es el tratado histórico que se hace sobre las relaciones entre el Estado y los indígenas del país. Vendrá a ser la aceptación de esta funesta historia, los malos tratos que se le ha dado al componente social indígena, etc., el fundamento moral que tendrá el Estado para seguir argumentando su posición paternalista y de resguardo para con los mapuche, ya que debe existir un Nuevo Trato, se debe recompensar, cuidar y condicionar el accionar político mapuche a la legalidad vigente, para así lograr mantener y conservar su cultura, dentro del campo de visión que maneja el Estado. Repitiéndose los tópicos que fueron compromisos adquiridos en tiempos de campañas, los cuales hacen referencia a: “El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y de sus derechos colectivos, políticos y territoriales, tales como una representación parlamentaria y el derecho al uso y goce de recursos naturales a través de la implementación de Territorios Indígenas…” (La Nación. 29 de octubre de 2003: 2) Estas fueron algunas de las principales y más auspiciosas recomendaciones del informe final elaborado por la CVHNT 48 con los Pueblos Indígenas. Con este preámbulo, bastante sugerente por lo demás, es que fue anunciada por fin el término del trabajo de la comisión encabezada por Patricio Aylwin. En la cobertura del acto de entrega del mencionado informe al presidente Ricardo Lagos, éste se compromete a implementar un programa de políticas
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Cuestionamos la categorías de “nuevas ideas y nuevo trato” que acarrea consigo la CVHNT, no por mero capricho retórico, sino que hacemos referencia al accionar del Estado, el cual pese a contar con una variedad de recomendaciones entregadas por la CVHNT, hará oídos sordos a esta instancia que emanó desde el propio ejecutivo, a la vez que retoma viejas herramientas jurídicas originales de la pasada dictadura militar (ley Antiterrorista del 16 de mayo de 1984, y sus modificaciones posteriores), para cooptar el accionar político mapuche y combatirlo como foco de subversión interna. En lo concerniente a las nuevas ideas que implementará el ejecutivo, un rápido análisis de las recomendaciones junto con lo estipulado en la ley Indígena, nos hace entrar en la cuenta de que el trabajo de la comisión apuntó hacia los mismos objetivos ya trazados por la legislación de 1993. 68
públicas dentro de los próximos 20 días, basado en las conclusiones a las que llegó dicho informe, las cuales no serán anunciadas sino hasta abril de 2004. Aunque en el fondo estas medidas no vendrán a dictar nada nuevo en materia del Nuevo Trato al indígena, mas sólo su contenido apunta en gran medida a hacer una cuenta pública del gobierno, en cuanto al trato de las distintas etnias del país, haciendo hincapié en los proyectos de inversión en materia cultural, educación, salud y entrega de tierras fiscales. Una vez iniciado el 2005 recién vendrá una propuesta de reconocimiento constitucional más profunda, la que en lo sucesivo no prosperará (Acevedo en Aylwin y Yáñez et. al. 2007) Para tratar en específico lo que concierne al informe final de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (CVHNT), es que en una primera aproximación debemos constatar las recomendaciones, a nivel general para la sociedad indígena (reconocimiento, normas y derechos, e institucionalidad pública), y en particular para los mapuche (propuestas en específico a los indígenas urbanos y rurales, y la situación puntual de las tierras), y su relación con otros elementos que puedan ayudarnos en nuestro análisis, como la existencia de una ley sectorial (Ley Indígena), las interpretaciones que puedan hacerse de la misma, etc. De hecho, si nos ceñimos estrictamente a lo planteado por la ley, las recomendaciones de la CVHNT vendrían a plantear temas y medidas ya utilizadas por el ejecutivo. Recomendaciones Nº 1, 2 y 3: Ámbitos generales 1. Reconocimiento constitucional: Lo que la CVHNT propone al ejecutivo con respecto a este tema, es que se reconozca la categoría de Pueblos Indígenas , que son descendientes de las sociedades precolombinas, que el Estado debe garantizar la diversidad étnico cultural del país y los derechos colectivos de las comunidades. (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 535 y 536) Dicho punto ya estaría tratado en la ley 19.253, ya que en su el artículo 1º plantea que:
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“El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos” (Ley Indígena. 2008: 12) Dicho reconocimiento a las actuales etnias que conviven en el territorio nacional, debe entenderse como tenue, ya que no las eleva al estatus jurídico de “pueblo”. Dicha negativa vendría a darse por las características propias de la ideología de los las cúpulas políticas y económicas de Chile, porque reconocemos como parte de ese constructo de los planteamientos del gobierno, de cómo ve las pretensiones de la cultura mapuche, en la aseveración de las ideas integracionistas de la política de Nuevo Trato, ya que los indígenas: “Hoy día reivindican esa identidad y los lugares a los que ella está atada, no con el afán de desconocer los íntimos vínculos que poseen con la nación chilena, sino con el propósito de integrarse plenamente a ella desde lo que ellos son, desde lo que han llegado a ser.” (Gob. De Chile. 2004: 32) Otro hecho que reafirma lo anterior, es la no ratificación del convenio 169 de la OIT (el cual recién fue aprobado en la administración de Michelle Bachelet), siendo un signo de ese sesgo en la concepción de la nación chilena, la cual se rige bajo los principios de unicidad e indivisibilidad. De hecho en la actualidad, pese a la ratificación de dicho convenio, el status jurídico de las etnias no ha cambiado en lo sustancial, lo cual por lo demás será bastante difícil, sino se siguen las propuestas del multiculturalismo49. 2. Normas y derechos colectivos: Las categorías jurídicas que debería considerar el Estado, recomendadas por la comisión para elaborar una política de Nuevo Trato, son tres: •
A) Derechos políticos: Participación y representación, integración y gestión del gobierno comunal y regional, reconocimiento de las instituciones propias, que se les consulte a los indígenas sobre
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Una de las cuales plantea que “La lucha por el reconocimiento sólo puede encontrar una solución satisfactoria, y ésta consiste en el régimen del reconocimiento recíproco entre iguales.” (Taylor. 1993: 42) 70
leyes, programas y proyectos que les atañen directamente. (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 536 a 538) •
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B) Derechos territoriales: Territorio (reconocimiento del territorio), tierra (mecanismos legales de protección) y recursos naturales (usufructo de sus riquezas naturales) (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 538 a 546) C) Derechos culturales: Incidencia en la educación de los miembros de sus comunidades, promoción de la educación intercultural, reconocimiento y protección de las prácticas económicas, sociales, religiosas y culturales, y el reconocimiento del derecho Consuetudinario y del derecho Propio. (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 546 a 550)
En cuanto a los derechos políticos que deben tener los indígenas, las recomendaciones de la comisión son algo más puntuales que la Ley Indígena, ya que ésta en su artículo 34 sólo hace referencia a la participación de las etnias en cuanto a los temas que les conciernan, aunque de manera más específica se habla de la posesión de sus tierras, haciendo una somera enunciación de que tienen que ser tomadas en cuenta su opinión cuando una decisión, o una política pública, trastoquen los intereses de las organizaciones indígenas reconocidas por ley, y que no necesariamente expresan las opiniones directas de las comunidades indígenas que habitan Chile50, aunque ambas pueden gozar de personalidad jurídica. El informe final hace referencia a la representación indígena que debe satisfacerse en diferentes instancias, como las cámaras del poder legislativo, ya que deberían tomarse medidas de discriminación positiva en dicho aspecto.51
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Desde el multiculturalismo se plantea que “…las manifestaciones culturales no tienen una forma de expresión estrictamente personal ni reservada a la esfera privada, el reconocimiento de las diferencias culturales no puede quedar relegado al ámbito de la privacidad.” (Velasco en Colom et. al. 2001: 193) De hecho, entre algunas de las máximas del enfoque de diversidad cultural encontramos que “El multiculturalismo piensa que la base personal del Estado no necesita ser solo un pueblo, sino más bien una comunidad de comunidades, cada una con diferentes grados de autonomía y relacionadas entre sí con vínculos políticos y jurídicos.” (Abellán en Badillo et. al. 2003: 23) 71
Si bien el artículo 13 de la ley establece cuáles son y pueden ser las tierras indígenas, a la vez que aclara que: “…no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia .” (Ley Indígena. 2008: 16)52 Son muy pocos los casos en que ha primado la calidad de tierras indígenas comunitarias frente a otras leyes sectoriales, como en el caso Ralco, en que la principal disputa era las contradicciones entre las leyes utilizadas para dirimir la cuestión, ya que habían tres leyes que debía congeniar la empresa, bajo las cuales la entidad de capital extranjero pudo seguir adelante con sus proyectos de inversión, específicamente entregándosele concesiones planteadas en la ley Eléctrica, verificándose que: “…en los últimos años ha aumentado la proliferación indiscriminada de proyectos de explotación minera, forestal e hidroeléctricos emplazados en sus territorios ancestrales, alentados por los tratados de libre comercio suscritos por el país…” (Acevedo en Aylwin y Yáñez et. al. 2007: 469). En otras palabras, se está contraviniendo lo que de forma más puntual la normativa 19.235 plantea en sus primeros artículos. Desde una perspectiva crítica de modelos de diversidad cultural, es que consideramos que en este tema específico, el choque de la legitimidad del Estado, plasmada en sus leyes, velará por los intereses de los capitales globales internacionales, debido a que: “El designio multiculturalista es claro: manejar la diversidad en las sociedades liberales, acordes con las nuevas necesidades del capital global…” (Díaz-Polanco. 2007: 175) Los derechos culturales a los que hace alusión el informe de la CVHNT, van muy ligados a lo que el gobierno viene trabajando, y ya está legislado en el artículo 32 de la Ley Indígena. En este caso estaríamos frente a una 52
Si bien la ley deja mucho a la interpretación, sobre todo en los derechos de los indígenas como en los deberes del Estado, entre los artículos 14 y 19 de la mencionada ley, se hace una pormenorizada normativa en cuanto a las excepciones bajo las cuales sí pueden adquirirse, enajenarse y permutarse tierras indígenas, primando para eso una visión individualizante sobre la propiedad de la tierra, es decir, velando por los derechos individuales sobre los colectivos. 72
profundización de carácter más cuantitativo que cualitativo en cómo se trata el tema, ya que es la Conadi quien: “en las áreas de alta densidad indígena y en coordinación con los servicios u organismos del Estado que correspondan, la que debe desarrollar un sistema de educación intercultural bilingüe a fin de preparar a los educandos indígenas para desenvolverse en forma adecuada tanto en su sociedad de origen como en la sociedad global.” (Ley Indígena. 2008: 24) 3. Institucionalidad y políticas públicas: Se recomiendan crear un Consejo de Pueblos Indígenas, un Instituto de Investigación y Promoción de los Pueblos Indígenas, un Fondo General Indígena e incorporar la participación indígena en la ejecución de programas públicos dirigidos a ellos mismos. (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 550 a 557) Es quizás acá donde encontramos un punto de inflexión, una no correlación directa, ya que la ley vigente sólo hace alusión al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, las Áreas de Desarrollo Indígena y un Fondo de Desarrollo Indígena (artículos 23 y siguientes), acciones las cuales para implementarse están estipulados en la ley anual de presupuesto, fondos que se adjudica la Conadi. Estas recomendaciones, las cuales vendrían a variar un poco el panorama institucional bajo el que deberían regirse los indígenas en general, y los mapuche en particular, en lo sucesivo no vendrán a ser consideraras por el ejecutivo, dejando que el tema lo aborde la institucionalidad ya vigente. Acá estamos frente a un principio de paternalismo propio del Estado, el cual en ningún momento propone una mayor flexibilidad en las decisiones tendiente a manifestar cierta autonomía, o auténtico reconocimiento, a favor de los mapuche53.
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“…las decisiones que el grupo culturalmente subordinado pueda adoptar de cara a su propio sistema cultural y que busca dar sustento a su vida colectiva, en tanto comunidad o pueblo, no deben permitirse desde un punto de vista liberal.” (Díaz-Polanco. 2007: 176) 73
Recomendaciones Nº 6 y 8: Ámbitos específicos. 6. Propuestas particulares a cada pueblo: En específico son dos secciones a tener en cuenta, considerando las categorías jurídicas que se recomienda incentivar: •
•
F) Relativas a los indígenas urbanos: Derechos culturales, desarrollo social, infraestructura y servicios básicos, salud y vivienda. (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 566 y 567) G) Relativas al pueblo mapuche: Derechos alimentarios, salud, política medioambiental y cultural. (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 567 y 568)54
8. Propuestas situación de las tierras mapuche: Se recomienda crear una Corporación de Reparación, la cual debe regirse bajo los criterios de: •
•
•
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Competencia: Confeccionar un catastro de tierras originalmente incluidos en los títulos de dominios55, completar y profundizar los antecedentes de la CVHNT, determinar casos de restitución que conciernan al Estado y ser un ente de conciliación en conflictos entre mapuche y particulares. Integración: Garantizar la imparcialidad, competencia técnica y sentido histórico de la Corporación. Plazo: Dar respuesta en un plazo no superior a tres años. (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 577)
Cómo actúa el gobierno en torno a estas categorías, las cuales se pueden clasificar en un óptica de políticas culturales, serán abordadas en extenso en el próximo capítulo. Entre estas tierras destacan las reconocidas por el Estado, específicamente en el artículo 12 de la ley Indígena, en la cuál “Son tierras indígenas: 1°Aquellas que las persona s o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión provenientes de los siguientes títulos: a) Títulos de comisario de acuerdo a la ley de 10 de junio de 1823. b) Títulos de merced de conformidad a las leyes de 4 de diciembre de 1866; de 4 de agosto de 1874, y de 20 de enero de 1883.” (Ley Indígena. 2008: 15 y 16), esto en tanto a las tierras reconocidas por el Estado en el contexto del siglo XIX, sin considerar títulos reconocidos antes del establecimiento de la república. 74
En lo referente a la Corporación de Reparación, la cual vendría a hacer un mecanismo “real y seguro” para dirimir sobre “la cuestión de las tierras” entre los mapuche y particulares, o con el mismo Fisco, el ejecutivo en su anuncio de abril de 2004, sólo habla de una reestructuración de la Conadi, la cual se seguirá encargando: “…con énfasis en el mejoramiento de la gestión del Fondo de Tierras y Aguas, bajo las directrices de la Subsecretaría de Mideplan y de la Dirección de Presupuestos. Hoy se puede señalar que dicho proceso está en marcha y se han obtenido importantes logros en cuanto a contar con una Corporación Nacional Indígena modernizada y al servicio de los pueblos originarios.” (Gob. De Chile. 2004: 28) Con lo anterior se reafirma la idea de que “…el modelo de democracia liberal, republicano o no, está vinculado con las políticas de exclusión.” (Mardones en Colom et. al. 2001: 49), lo cual no permitiría una legislación pertinente para asegurar la participación política indígena. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, recordemos, es una instancia decidida e implementada unilateralmente por el gobierno con la ley de 1993, restringiendo la participación de las etnias a ocho representantes (elegidos por el mismo ejecutivo de un listado que entreguen las agrupaciones indígenas) dentro de la mesa directiva, mientras que el gobierno cuenta con sus ocho representantes de confianza, más la voz y el voto del Director Nacional de esa institución (Art. 41 ley Indígena. 2008: 27). Frente a cualquier discrepancia entre la sociedad indígena y el gobierno, siempre va a primar la visión de este último. Con esta amplia gama de facultades que posee el Estado, es fácil reconocer una actitud paternalista por parte de este, ya que se asume como el garante del resguardo de las etnias presentes en el territorio nacional, su patrimonio cultural y material, promoviendo la implementación en materia social y cultural, a través de fondos económicos especialmente destinados a dicha materia, al mismo tiempo que margina la participación política del indígena en la sociedad en general a una escasa participación, y unos exiguos derechos de consulta que el mismo Estado verá si respeta o no, ya que será la visión que
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tengan los grandes inversionistas, en pos del desarrollo económico del país, los intereses por los que velará el ejecutivo (Opaso en Aylwin y Yáñez et. al. 1997). Pese a ser distinto, a poseer una cosmovisión disímil, una manera de ser moral y política incompatible, etc., se entiende al mapuche dentro del universalismo de la ciudadanía56 , ya que sus características especiales no lo hacen merecedor de ningún trato preferencial, debido a que si primara un marco que velara por los derechos colectivos de estos sujetos, se estaría atentando en contra de este universalismo, por lo que la igualdad de oportunidades que rige para todos los ciudadanos se vería avasallada57. Con todo, estamos en presencia de un tratamiento jurídico especial del mapuche, en particular de su tierra. Acá nos podemos ver frente a una contradicción, ya que bien existe una normativa específica para los indígenas en nuestro país, la cual establece los derechos de las etnias y los deberes del Estado en su resguardo, la principal materia que se norma con la legislación 19.253 es el tema de las tierras, pero más que su protección se ve la manera en que puede ser comprada, enajenada y permutada, para así “proteger” al indígena de cualquier tipo de abuso por parte de particulares, teniendo que poseer estos el beneplácito del ejecutivo, y que los territorios indígenas cumplan con la condición de ser mal explotadas (Ley Indígena. 2008: 16 a 19) A grueso modo, las recomendaciones no son tomadas en lo sustancial, mas sólo el gobierno se encargará, en lo sucesivo de evidenciar sus aportes en materia indígena. La participación política y los derechos colectivos son fuertemente restringidos. Las ideas y principios reconocidos acá son una actitud paternalista del Estado, sobretodo en materia económica y políticas de corte cultural, mientras que en la variante política, se tiende a restringir e integrar al indígena.
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Esta idea la desprenden de que “…el universo liberal opera como un particularismo cuya peculiaridad radica precisamente en su pretensión de ser universal.” (Díaz-Polanco. 2007: 25) Ya que “…la democracia liberal mantiene la tesis de si bien existen diferencias culturales entre los individuos… tales diferencias no afectan el status jurídico y político de los ciudadanos.” (Velasco. 2006: 112) 76
III.4 “Una nación indivisible” : La concepción de Estado unitario Algunos de los factores que hemos tenido en consideración al comenzar nuestro estudio, en cuanto a la forma en cómo el gobierno de Ricardo Lagos enfrentó la “cuestión mapuche”, han sido la falta de reconocimiento constitucional, la desprotección jurídica de sus derechos (pese a los marcos legales existentes), los impactos de megaproyectos de desarrollo cercanos o en las tierras de las comunidades, y la forma en que el Estado chileno abordó la protesta social mapuche. En efecto, de ella la mayoría de los especialistas en el tema la denominan como “criminalización” de esta protesta58 (González en Aylwin y Yáñez et. al. 2007), también es catalogada así por el enviado especial de Naciones Unidas para los Derechos Indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen 59, en su visita a nuestro territorio acaecida en 2003, durante plena administración de Ricardo Lagos, ya que la situación de los derechos indígenas en nuestro país estaba llamando mucho la atención, debido a que: “Mientras en la mayoría de los países se avanza hacia la reforma del Estado, sustituyendo el concepto del Estado-nación por el del Estado pluriétnico o plurinacional, reconociendo importantes derechos políticos y territoriales a los pueblos originarios, en Chile no se avanza en esta materia.” (Seguel materia.” (Seguel en Aylwin y Yáñez et. al. 2007: 132) El sexenio de Lagos, se ve inserto en una contingencia nacional e internacional, dentro de la cual se da vital importancia a los derechos humanos de los sectores postergados, la diversidad cultural que deja en evidencia la 58
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Cuando se habla de “criminalización” es en base a la práctica jurídico-coercitiva que lleva ll eva a cabo el gobierno. En marzo de 2002, y tras diez años en desuso, se volverá a aplicar la legislación antiterrorista y asociación delictuosa, en este caso contra mapuche que son partícipes en álgidas protestas en el contexto de sus reivindicaciones territoriales. El viejo marco jurídico que se utilizaba para combatir la subversión interna, será sacado del olvido por el ahora expresidente, convirtiéndose su mandato en el primero que aplica dicha ley para castigar el accionar político mapuche. Remitimos al lector al “Informe “Informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, misión a Chile, Naciones Unidas, Consejo Económico Social” , como también recomendamos el Informe FIDH nº 445/3 de abril del 2006 Chile: La otra transición chilena: derechos del pueblo Mapuche, política penal y protesta social en un Estado democrático.
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globalización, el pluralismo y tolerancia con el que se debe seguir desarrollando económica y socialmente el país, para poder superar de una vez por todas la etapa conocida como “transición democrática”, son algunas de las variables que envuelven el contexto en el que se desenvuelve el gobierno. Las promesas del presidente a favor del reconocimiento de las etnias del país en tiempos de campaña, hacen creer que los caminos en los cuales se volcará el gobierno para tratar a la sociedad indígena, serán las ideas y principios del diálogo, el reconocimiento y el resguardo del componente c omponente social mapuche. Para que dicha fundamentación generase cambios que se viesen plasmados concretamente, se necesita de un cuerpo jurídico que los fundamente y garantice. El marco jurídico debiera y será cambiado 60, ya que se ha propuesto como meta el modernizar al aparato del Estado, restarle todas las cláusulas que lo identifiquen con el pasado de la dictadura militar. A propósito de estas reformas constitucionales que se vienen anunciando, entre las cuales está la modificación del Tribunal Constitucional, el recorte del período presidencial, la designación de los altos mandos militares como facultad del ejecutivo, entre otras, La Nación nos adentra en la lógica bajo la cual será tratado el concepto de nación chilena, al aclarar en una noticia las modificaciones que maneja el oficialismo, ya que aclara que: “Se establece que la nación chilena es indivisible aunque se agrega el reconocimiento de la diversidad de origen de los chilenos y se garantiza el respeto de las culturas indígenas.” (La indígenas.” (La Nación. 17 de enero de 2002: 2 002: 2). Si bien las reformas que estamos hablando serán aprobadas en el último año de mandato del presidente, ya tenemos acá un primer síntoma de cómo se abordará en concreto la diversidad cultural del país: no importa de donde provengan, los chilenos somos una sola nación de ciudadanos, de hecho se tiene como paradigma el papel que jugó la construcción del Estado nacional, el cual: “…tuvo por objeto erigir una comunidad sobre la cual fundar el universalismo de la ciudadanía .”, .”, fundamentado en la práctica, desde el siglo XIX 60
Para ver en extenso las reformas al aparato burocrático que se manejan desde el ejecutivo, remitimos al lector a la edición de La Nación, fechada f echada el 17 enero de 2002. 78
a la fecha, de dos procesos “el de negación de la identidad y existencia de los Pueblos Indígenas a favor de la formación de una identidad nacional única, y el de apropiación de su territorio a favor de la consolidación del territorio nacional…” (Gob. de Chile CVHNT. 2004: 531 y 532) Concretamente, para el Estado existen las diferencias culturales en cuanto a la procedencia de los chilenos, lo cual sí puede ser reconocido, pero que no vendrá a trastocar la universalidad de los derechos, libertades y deberes ciudadanos. En casi doscientos años de historia republicana, la concepción universalista del Estado sustancialmente se ha mantenido casi intacta61. En lo sucesivo, será abordado en pocas ocasiones la concepción del Estado unitario, por parte de los personeros de gobierno, dándose como un criterio compartido por toda la clase política del país, es decir, su ideología 62. Tenemos como ejemplo las palabras del Ministro Secretario General de Gobierno del período, Heraldo Muñoz, quien a un poco más de un año de creada la Comisión de Verdad Histórica, la cual vendría a marcar un nuevo referente de ideas y principios bajo los cuales actuará el Estado con los pueblos indígenas manifiesta: “…que el gobierno quiere “reorientar algunas acciones que se están realizando. Por ejemplo relanzar la Comisión de Verdad Histórica; desagregar de las reformas constitucionales el tema de reconocimiento de la especificidad de los pueblos indígenas.”” (La indígenas.”” (La Nación. 19 de marzo de 2002: 8) ¿A qué se debe esta hostilidad discursiva? Si bien el Ministro insiste en que el problema de los mapuche no es sólo la pobreza y la violencia, sino que va más allá de esos tópicos, en lo concreto la movilización social mapuche está tornándose llamativa, específicamente en los meses de febrero y marzo del mismo año, ya que se cuenta en más de setenta los indígenas detenidos en distintas refriegas con carabineros, las cuales en su mayoría hacen relación con las protestas en contra de la construcción de la hidroeléctrica Ralco, el robo de
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En la actualidad se sigue percibiendo “Esta concepción homogeneizadora, en base a la cual se construyeron las naciones latinoamericanas, (la cual) percibía los particularismos y las diferencias como un estorbo.” (Subercaseaux. estorbo.” (Subercaseaux. 2007: 21) La cual “...es concebida como una unidad entre una visión de mundo y sus correspondientes formas de conducta.” (Larraín. conducta.” (Larraín. 2008: 108) 79
madera, la quema de camiones y la toma de fundos en la octava región 63, de hecho, tras la repetición de los incendios que afectan a camiones, es que se comenzará a aplicar la Ley Antiterrorista, siendo el gobernador de la provincia del Bio bío, Esteban Krause, quien interponga el primer recurso con esta figura legal. (La Nación. 20 de marzo de 2002: 9) Con el pasar de los meses, el señor Muñoz será más puntual en sus afirmaciones, cuando nos señala: “…de manera categórica que si bien es cierto el gobierno ha estado por cambiar la constitución para reconocer explícitamente los pueblos originarios, es en el marco de un Estado unitario” (La Nación: 3 de diciembre de 2002: 7) No existe otra lógica para atender las demandas indígenas. Las anteriores palabras del Ministro, son en respuesta a los dichos del alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, quien expresa que los mapuche deben crear su propio himno nacional 64, al igual que sus símbolos patrios, es decir, ejercer control territorial mapuche 65, el cual se exprese en un ejercicio simbólico y físico de la autodeterminación tantas veces rechazada. Para finalizar este apartado, ¿en qué consiste en específico la reforma planteada por el gobierno, concerniente al reconocimiento constitucional? Después de la primera propuesta de reconocimiento cultural rechazada en mayo de 2005 (Seguel en Aylwin y Yáñez et. al. 2007), la cual tenía como eje central lo cultural, una clara ambigüedad de los derechos y deberes del Estado hacia los indígenas, y la expresión textual “de los pueblos que habitan el territorio nacional ”, la cual por lo más desagradó de sobremanera a los sectores de derecha más
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Ver anexos del presente estudio, donde se deja constancia de los hechos acaecidos en los meses descritos, siempre dentro de la cobertura que hace La Nación sobre los mismos. Hobsbawm (1998: 18) nos dice al respecto de la creación de una nación, que “…al igual que Gellner, yo recalcaría el elemento de artefacto, invención e ingeniería social que interviene en la construcción de naciones.” Así define el señor Millabur el proyecto de rescate de la identidad indígena que propone su agrupación “Identidad Lafkenche” , la cual sin dudas es un referente como ente articulador de comunidades mapuche. Acá estamos frente a un proyecto identitario que llama la atención, ya que puede ser entendido como una Identidad Proyecto , la cual está definida en nuestro marco teórico-conceptual. De todos modos remitimos a la lectura de Castells (2000: 32), para ver en específico las definiciones que él reconoce como proyectos identitarios. 80
conservadores. En enero de 2006 entra en trámite en la cámara baja una nueva propuesta, la cual explícitamente declara en dos incisos lo siguiente: •
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“La nación chilena es una e indivisible” “Especialmente, la ley garantizará el derecho a conservar, desarrollar y fortalecer la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones espirituales, sociales y culturales de los pueblos indígenas que forman parte de la Nación chilena”. (Seguel en Aylwin y Yáñez et. al. 2007: 132)
El segundo inciso que habla del reconocimiento constitucional, no fue aprobado en la sesión con fecha de 10 de enero de la Cámara de Diputados, ya que faltaron los votos de la derecha política (al menos eso siempre han alegado personeros concertacionistas)66, ya que seguía conteniendo la fórmula “de los pueblos indígenas”. Caso contrario para el primero de los incisos, ya que este se aprobó por unanimidad de los presentes, relegando al rincón más lejano cualquier tentativa de autonomía, o de autodeterminación para los pueblos indígenas en general, y la sociedad mapuche en particular. El símbolo entregado a la comunidad nacional es claro y determinante: Somos “una nación indivisible” 67 , que les quede claro. Las ideas y principios reconocidos son los de unicidad e indivisibilidad de la nación chilena. Dentro del ámbito político la noción del Estado unitario es la que se manifiesta de manera más patente, como principio rector e ideología base de
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Será el Presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Barrueto, quien comenzará a atrincherarse bajo este argumento, siendo seguido de cerca por varios parlamentarios oficialistas. Puede consultarse la edición de La Nación del 12 de noviembre del 2000, como la oportunidad en que comenzará esta tendencia discursiva. Subtítulo de la noticia aparecida en el diario La Nación publicada el 17 de enero de 2002. El título de la misma hace referencia a las reformas “duras”, con las cuales se pretende eliminar los resabios autoritarios legados por la dictadura militar. Si bien las modificaciones a las que se hace alusión, como la eliminación de los senadores designados, el abandono de los militares de la política, entre otras, serán aprobadas el año 2005, ninguna de ellas atañe al reconocimiento de la diversidad cultural del país. 81
quienes guían el destino nacional68. Dentro del período de estudio, la concepción indivisible de la nación chilena es la tónica a seguir, remitiéndose cualquier tratativa de reconocimiento de la diversidad cultural, como los marcos en que los sujetos con identidades disímiles deben moverse, a ser regulada dentro de la legalidad vigente. Aunque dentro de la información recabada son pocas las fuentes que hablen en específico sobre esta concepción, es por el mismo motivo y por cómo son de categóricos los personeros de gobierno que hablan de ella (Heraldo Muñoz es el mejor ejemplo), que vemos en esta idea la piedra angular del aparataje ideológico que mantienen desde el ejecutivo. De hecho, que se haya votado por unanimidad de los presentes, en enero de 2006, la reforma que decía que la nación chilena es una e indivisible, habla por sí mismo 69. Siguiendo la lógica de la modernización, también se mejorará al aparato coactivo, es decir a la institucionalidad castrense, por otro lados los medios de comunicación disponibles por parte del Estado y finalmente la reglamentación jurídica para castigar cualquier tipo de acción ilegal. Lo anterior quedará de manifiesto en la constante y sistemática represión de las expresiones políticas mapuche, las cuales redundan en la encarcelación de dirigentes, los desalojos de las tomas de terreno, entre otros; también es fundamental el tratamiento que los medios de prensa, y el diario La Nación en particular, dan cuenta de los hechos en que se ven implicados los mapuche, esto y la facilidad tecnológica de que disponen, comulgan en la parcialidad con que se tratan las reivindicaciones indígenas, abundando la “criminalización” de la protesta social (González en Aylwin y Yáñez et. al. 2007), ya que siempre se ve al mapuche como el que inicia el conflicto, como quien no quiere conversar (sin ahondar en el por qué de su postura), despreocupándose de la presunción de inocencia, y por el trasfondo de sus demandas, cayendo en una invisibilización de cualquiera de sus legítimas reivindicaciones, entre otros; también hay que 68
Es importante poder reconocer, aunque sea en líneas generales, esta construcción cognitiva, ya que “…es en y por la ideología, por lo tanto, que una clase puede ejercer hegemonía sobre otras clases.” (Larraín. 2008: 108) 69 De hecho, “A través de la estructura ideológica de la clase dominante, es decir, de las instituciones de difusión de la ideología, se organizan los medios que utilizan para influir de manera permanente en la llamada “opinión pública” . (Leal. 1991: 112) 82
destacar el accionar judicial en contra del indígena, quien en lo sucesivo será tratado bajo la legislación Antiterrorista de 1984, la cual ha sido reacomodada para aplicarla en tiempos de democracia, como también será obligado a sufrir un doble proceso por el accionar de tribunales de justicia y militares, al tiempo que casi ningún policía es amonestado por uso excesivo de violencia.
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CAPITULO IV
¿INTERCULTURALIDAD CRÍTICA O FUNCIONAL? Hablar de la diversidad cultural hoy en un contexto de mundialización, se torna complejo y contradictorio a la vez. Los diversos estados han asumido y desarrollado un discurso público que promueve la valorización de la diversidad cultural. No obstante, como lo hemos planteado en nuestro marco teórico, el entendimiento de interculturalidad varía en sus conceptos de un lugar a otro. Retomamos aquí la idea de Tubino (en Castro 2004), quién categoriza este concepto en dos entendimientos posibles: como interculturalidad funcional o crítica70. En el capítulo que nos adentramos pretendemos desvelar hacia donde transita la propuesta estatal, en relación con la interculturalidad promovida en el discurso público hacia los mapuche. Primeramente reconoceremos y analizaremos cuales son los ámbitos que el Estado reconoce, denomina y promueve como interculturales. Segundo se pretende dejar constancia como la interculturalidad que se propone, se lleva a cabo a través de una integración de corte asimilacionista, esto lo entenderemos como un eje teórico por ser lo que se plantea en las fuentes como metodología base a seguir. Y por último analizaremos, a través de la prensa, la práctica del diálogo simétrico para poder comprobar si este se da en la práctica o no. Esta área la denominaremos como eje práctico, para poder evaluar la relación que el Estado mantuvo con el pueblo indígena mapuche, en el periodo que se promovía el nuevo trato. Esta área del estudio que vendría a ser el análisis del ámbito cultural, no la entendemos como algo por si solo ni desentendido de lo político, por el contrario lo que tratamos de hacer es desentrañar el carácter político de la cultura, en este caso de las prácticas culturales que se quieren transmitir al pueblo mapuche.
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Remitimos al lector a nuestro marco conceptual para mayor claridad teórica. 84
IV.1. Interculturalidad en tiempos de globalización. Si entendemos la interculturalidad como lo planteamos en nuestro marco conceptual, una propuesta ético-política, y no ético-moral como sugiere el multiculturalismo, donde la interrelación sea para el enriquecimiento mutuo en diversidad (Schmelkes en Turra. 2001), el Estado que Chile ha brindado diferentes iniciativas, para sobrellevar este tema, siendo preferentemente la retórica más nutrida en el ámbito multicultural que en el de la interculturalidad, aunque esta no está del todo ausente. Esta interrelación por su parte se desarrolla en un contexto de globalización, donde los canales informáticos y mercantiles se han abierto al mundo, provocando que ciertos patrones culturales se inserten, o regulen los cánones políticos, económicos y sociales de otros países (Castell: 2001). Frente a esto, las identidades regionales que la componen se han visto mezcladas o amanzanados por ciertas identidades globales, enfrentándose a situaciones de aculturación.71(Redfield en Ariño: 2009) Díaz-Polanco escribe en torno a lo anterior que, “la configuración de un sistema mundial en el que las antiguas sociedades totales devienen entidades “parciales” o celular de conjuntos mayores, generalizó el problema de la diversidad como fuente de conflictos intrasociales o interculturales” (2007: 132). Así la globalización, “En vez de venir a solidificar la homogeneización nacional, vendría a reimpulsar las identidades, la individualización que promueve tendría el efecto de estallar por todos lados como búsqueda incesante de sentido de la comunidad”. (Díaz-Polanco. 2006: 134). Estas transformaciones y situaciones homogeneizantes de la diversidad, interpeladas por la globalización, sumado a la deuda histórica que el Estado de Chile mantiene con los pueblos indígenas (Gob. de Chile CVHNT: 2003) han hecho que el Estado tenga que entrar en estos planteamientos, los cuales estarían dirigidos por las líneas de la Ley Indígena 19.253.
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“Fenómeno que se produce cuando grupos de individuos que pertenecen a distintas culturas participan en contactos directos, con los consiguientes cambios en las pautas culturales originales de ambos grupos” 85
Esta ley, la cual da el planteamiento legal para actuar sobre la materia y el marco referencial en el cual debe moverse toda política o discurso, manifiesta y deja preestablecida una relación asimétrica con los pueblos indígenas. Aplicar, cualquier política que se contradiga sería autoinflingir el propio Estado de Derecho. La Ley Indígena en el Párrafo 3, denominado “De las Culturas Indígenas”, hace referencia a los derechos que tienen las etnias y los deberes que Estado tiene hacia ellos: Articulo 7º72 •
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El Estado reconoce el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales, en todo lo que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. El Estado tiene el deber de promover las culturas Indígenas las que forman parte del patrimonio de la Nación chilena” (Ley Indígena. 2008: 13)
En este sentido es el Estado el encargado de mantener y promover las culturas indígenas. Las concibe como propiedad de él y no como un distinto “autónomo”, aspecto fundamental para entenderse en la interculturalidad democrática, (Tubino. 2006). El ejercer esta hegemonía, dominio o administración sobre las culturas distintas del país, se lo otorga el actual cuerpo legal, estableciendo de entrada una relación jerárquica de superioridad-inferioridad, donde la nación chilena sería la cultura de referencia
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Ley Indígena 19.253 tiene como antecedente, según Pablo Andueza (1997), Abogado diplomado y master en Antropología Social y Cultural, Universidad de Lovania la Ley Nº 17.729 aprobada por el Congreso Nacional en 1972, esta ley según el abogado, constituyó el precedente a la actual legislación, además, fue un intento serio de regular la cuestión indígena, “por primera vez en el siglo una ley se refiere a los indígenas por si mismos más allá de su relación con la tierra. Se da creación a un instituto de Desarrollo Indígena destinado a promover el desarrollo social, económico, educacional y cultural de los indígenas ; se favorece su educación profesional y técnica; se le incorpora al proceso de reforma agraria garantizándoles una ampliación de sus tierras; se restringe el proceso de división de la tierras indígenas al exigir que la división procedería a petición de la mayoría de los comuneros o por razones técnicas. Si bien no es una respuesta intercultural, podría responder a una primera aproximación de carácter multicultural. Para profundizar en el tema. Recomendamos ver “La nueva Ley Indígena chilena historia, contexto internacional y análisis normativo”, 1997 en Revista de Cs. Sociales Universidad de Valparaíso Chile. Primer y Segundo Semestre. 86
Del anterior marco legal, vendría a surgir el Programa Orígenes (2001) y el Informe Final de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003), dos documentos que siguen la temática y plantean recomendaciones a seguir, tendientes a otorgar un buen y mejor trato a la diversidad cultural del país en materia indígena. Estos Informes que se remiten a sugerir prácticas en los ámbitos, políticos (sólo el Verdad Histórica), económicos, sociales y culturales, para que fuesen planteamientos según las lógicas de la interculturalidad, o de una relación intercultural no funcional, no deberían nacer al alero de la Ley, ya que sería una continuación de la relación desigual entre ambos actores. Esta relación asimétrica que desde los inicios del Estado ha estado presente es reconocida en esta Nueva Verdad Histórica: “Esta actitud homogeneizadora desde el Estado hacia el Pueblo Mapuche, están presentes una serie de mecanismo de dominación... recalcando que se trata de un proceso que sigue presente hasta el día de hoy.” (Millaman en CVHNT: 351). Frente a la fuente y si leemos la relación en la “ dialéctica liberación - opresión ”, como plantea Castro (2004), esta relación no es unidireccional, ya que existe la presencia de ciertos pueblos Indígenas que cuestionan los planes económicos, sociales, políticos y culturales de carácter integral de la nación chilena. Por otro lado el Estado recalca su carácter de indivisible, manteniendo el status quo de la relación desigual. De esta forma el plantear cuales serían los metros que se les otorgará a los indígenas para moverse “libremente”, se acercaría más a las lógicas de la integración 73 que a las interculturales. Aunque como tratamos de dejar en claro anteriormente, la relación intercultural se da sin los cimientos teórico que nosotros establecemos previamente, el Estado va a impulsar y denominar a ciertas políticas como interculturales, estos están en dos ámbitos bien especificados, por un lado la parte educacional, específicamente a través de las políticas de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y la salud intercultural. Estos dos puntos, más lo que concierne a la 73
Los resultados que se encontraron en este aspecto en las ideas o principios que tiene el Estado para el conglomerado mapuche, se verán en el siguiente punto en mayor profundidad. 87
economía y la readecuación de la institucionalidad, son puntos que según el informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato: “Se deben reconocer, proteger y fomentar de manera que dichas prácticas se integren a los que desarrollan las instituciones publicas”. (Gob. de Chile. CVHNT, 2003: 549) Esta contradicción de querer integrar la interculturalidad, va dirigido a distintos ámbitos no sólo el educacional y salud. Ante esto publicaba el diario la Nación acerca del Programa Orígenes en esta área: “Entre algunas de las alternativas de desarrollo intercultural que se plantean se encuentran: en vivienda la que recoge elementos tradicionales y de la modernidad; en educación bilingüe, la creación de jardines infantiles y escuelas como vehículos de comunicación familiar y comunitaria; y en salud, diálogo y respeto entre la medicina occidental y la Mapuche.” (La Nación. 3 de diciembre de 2001: 8) En este sentido haremos referencia a las dos políticas denominadas como interculturales en los programas, y que a la vez han sido analizadas y cuestionadas por académicos e intelectuales. IV.1.1 Educación Intercultural Bilingüe La Educación Intercultural Bilingüe que se desarrolla desde el año 1996, y que tiene por objetivo según un artículo escrito por Enzo Pistascchio, Secretario ejecutivo del Programa Orígenes: “fortalecer la valoración y estima de nuestra vertiente indígenas en las escuelas”. (La Nación 11 de julio de 2005: 9) no estaría exenta de cuestionamiento, debido a una noticia que encontramos, que si bien no es tema de este estudio no podemos dejar pasar. Mientras se impulsa hace 8 años la Educación Intercultural bilingüe no hay claridad en como se llamaría la lengua que se estaría enseñando. “La lengua de los mapuches se llama mapunzugun en vez de mapudungún. Esta distorsión se entiende por la falta de consenso sobre cómo escriturar este idioma, problema que se arrastra desde hace 500 años, y que hoy tiene circulando
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cuatro grafemarios distintos para su divulgación. Uno de estos textos fue legitimado por la Conadi y el Ministerio de Educación para hacer talleres y material pedagógico, hecho que ha desatado una ardua polémica, pues académicos y comunidades le restan validez.” (La Nación. 11 de noviembre de 2004) Indiferente de esto y como tema pendiente, la Ley 19.253 en su artículo número 32, plantea que la Conadi tiene la tarea: “en las áreas de alta densidad indígena y en coordinación con los servicios u organismos del Estado que correspondan, la que debe desarrollar un sistema de educación intercultural bilingüe a fin de preparar a los educandos indígenas para desenvolverse en forma adecuada tanto en su sociedad de origen como en la sociedad global.” (Ley Indígena. 2008: 24) Según lo anterior no es todo el conglomerado nacional quien la valora, manifestando una intención reduccionista, que alejaría a quienes no son de origen mapuche, la posibilidad de poder comprender como parte de la naturaleza ontológica de una cultura diferente al interior de nuestro territorio, el utilizar una lengua distinta, tan natural como es el inglés para una cultura disímil como la norteaméricana, pero legítima como referente a seguir. ¿Entonces como podríamos generar nuevas prácticas interculturales basados en la tolerancia? Son preguntas que dejaremos abiertas, en este trabajo que van surgiendo de nuestros resultados. La educación Intercultural Bilingüe que potenciaría una parte de la cosmovisión indígena, para ejecutarla fue altamente inyectada con recursos monetarios. De esto se deja constancia en el Informe Política de Nuevo Trato con los pueblos indígenas: Derechos indígenas, Desarrollo con Identidad y Diversidad Cultural , el que tiene un carácter sintético y evaluativo del desarrollo de las distintas temáticas, elaborado por el gobierno de turno. “Entre 1999 y 2003 se han destinado 2.500 millones de pesos para la aplicación de la política de Educación Intercultural Bilingüe”. (Gob. de Chile. 2004:18) esto se habría visto reflejado en que: “Entre los años 1991 y 2004 el gasto en educación intercultural bilingüe se ha incrementado en cerca de un 400 por ciento, lo que se ha traducido en dotación
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de recursos pedagógicos y tecnológicos pertinentes desde el punto de vista de la cultura indígena, como: bibliotecas bilingües, instrumentos musicales y deportivos para las escuelas; en adecuaciones curriculares, en el desarrollo de proyectos culturales entre la escuela y la comunidad, en apoyo a la formulación de proyectos educativos, y en la capacitación específica en interculturalidad a sus docentes, entre otras cosas”. (Gob. de Chile. 2004:19) Si bien lo anterior son áreas que se deben potenciar como en cualquier sistema educativo, ya que se vuelven la herramienta imprescindible para su desarrollo, la ausencia de inversión en el sentido social, no tan sólo para las comunidades también en todo el territorio, por ejemplo que estos programas sean implementados en todos los colegios del país, no se estarían considerando. Por otra parte el área educativa, fundamental para el desarrollo de cualquier país o pueblo, en Chile ha seguido la lógica de la liberalización dejándose en manos del mercado. El Informe sigue esta línea y plantea que: “En este sentido es clave reconocer que en el Informe de Verdad Histórica se plantea que el problema de educar a las nuevas generaciones es un problema de recursos, antes que una cuestión de derechos bajo la actual Carta Constitucional en Chile . Para lo cual la Comisión estima que ese derecho podía ser ejercitado hoy día por los pueblos Indígenas en base al principio de libertad de enseñanza que reconoce la Carta Fundamental… y que si es necesario, alentar diversas que favorezcan la educación autogestionada por esos pueblos.” (Gob. de Chile. CVHNT. 2003: 547) Del paternalismo dictaminador acerca de la forma y donde se llevara a cabo los programas educativos, se pasa a que puede ser libremente desarrollado y el Estado puede o no hacerse cargo de ella, reduciéndolo a la parte privada de la vida de las personas indígenas y funcional al libre mercado. La Educación Intercultural Bilingüe como propuesta hacia la diversidad cultural se ha visto cuestionado, si genera o no verdaderas relaciones Interculturales.
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El académico Guillermo Williamson 74 (2004) cuestiona esta práctica, enfocándose en debatir si las políticas que se teorizan y se implementan, sirven para propiciar relaciones interculturales al interior del conglomerado nacional. En su artículo “Educación Universitaria y Educación Intercultural en Chile” , apunta principalmente a desarrollar la idea que no se llevaría a cabo una verdadera propuesta Intercultural, por el contrario sería una política de carácter Indigenista. El hecho de que sólo se implemente en las zonas con mayor densidad de población autóctona, hace que esta no sea considerada como un tema país, y se reduzca al encapsulamiento, en el aspecto cultural, que sólo compete al pueblo mapuche. En este ámbito el mismo Ministro de la cartera de educación de ese entonces, Sergio Bitar, reafirma lo anterior: “En el 2001 se inició el Programa Orígenes que beneficia a 162 escuelas apartadas y de escasos recursos de 5 regiones (I, II, VIII, IX y X), que fueron seleccionadas por los gobiernos locales. La primera fase de este Programa de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas (2001 – 2004) dispone para el año 2003 de un aporte de 1500 millones de pesos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)” (La Nación: 5 octubre 2003: 31) Por otra parte cuando hablamos de la carencia de funcionalidad social nos referimos a lo que plantea como que: “La concepción de Educación Indígena no se asume institucionalmente, sino se refiere a ella desde la perspectiva de la socialización en la familia, en la comunidad y al interior de las organizaciones indígenas, es educación para, por y entre indígenas y desde sus pautas culturales y en relación a sus intereses y necesidades de reproducción, existencia y ampliación de poder y no una cuestión referente al sistema educacional, esta aplicación sesgada del interculturalismo no permitiría hablar de relaciones interculturales verdaderas” (Williamson, 2004: 20).
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Docente del Departamento de Educación, Universidad de la Frontera, Chile. Para ver en extenso remitimos al lector al artículo: “Educación Universitaria y Educación Intercultural en Chile ”, en Cuadernos Interculturales , primer semestre, año/vol. 6, número 010 Universidad de Valparaiso, Viña del Mar Chile. 2008. 91
Por otra parte Tanja Rother (2005: 71 a 94) en su artículo Escuela y Poder 75, afirma que incentivar algún tipo de cambio en las lógicas sociales, desde la escuela, sería una contradicción ya que es esta una de las principales trincheras por donde se traspasa el capital cultural hegemónico, y acorde con la ideología que se quiere mantener. Esta clase legítima, al elegir el capital cultural que se va a transmitir, lo reproduciría hacia los establecimientos en un curriculum velado, que guardará los verdaderos intereses e ideología de la clase dominante. Según lo que plantea Rother, el hecho que pueda desarrollarse de manera autogestionada la educación tomaría más sentido. La EIB en Chile, “se trata de una política de satisfacción, de pacificación, cuyas diferentes caras y nombres, como interculturalidad, diversidad cultural, sociedad pluricultural, desarrollo sostenible, se adecuan al creciente vocabulario “moderno” pero que de ninguna deben afectar al status quo de las relaciones de poder y dominio en la sociedad”. (Rother. 2005: 8) Así como nos dejan entrever los diferentes programas, las políticas que se pretenden aplicar para los pueblos Indígenas, siempre buscan el desarrollo y la acomodación de estos en los contextos de modernización, o de la sociedad global como ya en el año 1993 se da plantea con la Ley Indígena. Por lo que proponer una política que nos haga repensar las prácticas, o cuestionarlas, sería cuestionar el propio sistema que ha sido aceptado durante largo tiempo, a través del denominado “consenso”. IV.1.2 El reconocimiento de la Salud Intercultural La Salud ha sido el segundo ámbito que el Estado ha intentado reforzar en específico, a través de prácticas que apellida de Interculturales. 75
Este artículo realiza un análisis de las lógicas de poder que se transmiten con los programas de EIB. Para este fin, realiza un estudio de caso en La Escuela Primaria Nº 128 de Piedra Alta, situada en la región de Budi, donde recoge la opinión de diversos docentes que implementan este programa en el establecimiento. Los docentes se caracterizan por ser de distintos orígenes, mapuche y winkas , lo que influiría en la opinión de los docentes si lo que realmente se esta aplicando es o no una educación Intercultural. Rother concluye que en esta área no se podrá otorgar una solución real, ya que si bien lo que se plantea es una relación intercultural, las bases teóricas, sustentadas en el curriculum, que el denomina oculto, inevitablemente legitima a la cultura hegemónica y sus lógicas de poder. 92
Las primeras experiencias de interculturalidad en salud fueron implementadas por el Servicio de Salud Araucanía, en la IX región, con el Programa de Salud Araucanía76 que se remonta al año 1992. Este programa parte de la idea de una serie de estrategias, las que consideraba e incluía las variables étnicas y culturales de la población mapuche, en los procesos de atención y recuperación de la salud (Aguirre: 2006). Este vendría a ser el antecedente del actual Programa de Salud y Pueblos Indígenas o de Salud Intercultural, referente a esto el Ministerio de Salud (MINSAL de ahora en adelante) publicó que: “El reconocimiento de que ningún sistema médico es capaz de satisfacer, por sí solo, todas las demandas de salud que presenta una población, lo que implica dejar de concebir el modelo biomédico como el único deseable y válido. La medicina indígena tiene un ancestral, amplio y dinámico desarrollo, en especial en las enfermedades relacionadas con los aspectos psicosociales y espirituales” (MINSAL, 2003: 20). Este planteamiento abierto al reconocimiento principalmente de la visión indígena y que invita a un cambio de paradigma, en la forma de concebir la salud y abrirse a otros espacios que puedan participar en ella, es un paso para salirse del encapsulamiento paradigmático en un principio, como lo podemos reconocer en la amplitud de la declaración. Pero a la vez le quita cierto valor al decir que tiene sobre todo importancia en el ámbito espiritual y psicosocial en ausencia del físico, restándole legitimidad a sus saberes técnico en esta área. Esta valoración que por parte del MINSAL se otorga de manera parcial, lo recoge también el Informe de Verdad Historia como una deuda, ante esto: “Se sugiere la necesidad de respeto, reconocimiento, participación y desarrollo de los pueblos originarios. El área de la Salud es un área que encabeza la deuda histórica que hay que reforzar. (CVHNT, 2003:158:) 76
A través de este plan se establece la imagen del facilitador Intercultural, este es una persona que tiene la tarea de readecuar la atención en hospitales y consultorios a la realidad multiétnica de la región. Los facilitadores son personas de origen indígena, o que manejen la lengua de la etnia, mediante el que se puedan acercar el usuario indígena con los clínicos-administrativos, con quienes presentaría distancias culturales. En el 2006 se identificaban 18 centros de salud con facilitadores: Servicio de Salud Arica, Iquique, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Bio Bio, Arauco, Araucanía Norte, Araucanía Sur, Osorno, Valdivia, Llanchipal, Magallanes, Metropolitano Norte, Metropolitano Sur, Metropolitano Sur Oriente, Metropolitano Occidente, Metropolitano Oriente. 93
La política de salud y pueblos indígenas, invita a entender la Interculturalidad en Salud a través de los siguientes elementos: •
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“Integralidad en el concepto de salud – enfermedad. Sistema de salud incluyente, abierta, que reconoce, respeta y aplica concepciones y prácticas de salud de otras culturas. Visión holística. Oferta de servicio regular, equitativo y con pertinencia cultural Personal de salud calificado y sensible a las necesidades de salud de la población. La capacitación aborda sistemáticamente la diversidad y problemática local en materia de salud. Complementariedad entre sistemas médicos oficial e indígena”. (MINSAL 2003: 20)77.
En este sentido la relación entre la salud indígena y chilena vendría a solaparse en cierta medida del sesgo dominativo, el reconocimiento sería lo esencial en lo anterior, pero no se habla de una valides propia u ontológica de la salud indígena, ya que es la salud formal, entendiendo por esta la propiciada por el Estado de visión occidental, la que se abriría para que la indígena se integrara a ella. Frente a esto, en los dos primeros puntos no vendría a “redistribuirse el poder ” (Gonzáles: 2007) propio de una relación intercultural. Y en lo que respecta a los sobrantes, sólo refiere a cómo debería ser la oferta, apropiándose nuevamente de las prácticas y ejerciendo el rol de ente impulsor. Como el rol del Programa Orígenes es inyectar recursos, los cuales han sido obtenidos como préstamos por el BID78, también hace alusión a la importancia de reforzar esta área: 77
En la tesis “La Figura del facilitador Intercultural mapuche ¿Hacia una verdadera Interculturalidad en Salud? La experiencia de salud de la comuna de Pudahuel ”. Verónica Aguirre 2006. Universidad de Chile. Plantea que Internacionalmente el Estado ha recogido “algunos” llamado de organismos (OMS/OPS) para avanzar desde los Ministerios de Salud en la generación de estrategias nacionales, en torno a la salud de los pueblos originarios. Un acuerdo al cual se ha afiliado el Estado es el firmado en 1996, entre la Organización Panamericana de la Salud y el Parlamento Indígena de las Américas, en donde se estipulaba la preparación de una agenda legislativa para las políticas de salud, y la producción de leyes que protegieran a las tradiciones indígenas. (Ibídem. 2006: 6) 94
Los objetivos de este componente son mejorar la salud de la población indígena, fortalecer la medicina indígena, mejorar el acceso físico a la red pública de salud y capacitar a los funcionarios de los establecimientos de salud para la atención de población indígena. (Síntesis Ejecutiva Programa Orígenes. 2004:6) Al mismo tiempo el programa Orígenes plantea: “En salud se ha invertido un promedio anual de 700 millones de pesos en el desarrollo de un modelo de atención centrado en el usuario, con enfoque intercultural y comunitario. En la actualidad existen 57 establecimientos de salud que cuentan con facilitadores culturales y se encuentra en proceso la implementación de 10 centros de salud familiar en zonas de presencia indígena”. (Gob. de Chile. 2004: 27) Si bien el rol del facilitador fue integrado como parte de una primera fase de salud intercultural, para que esta área pudiese desarrollarse a mayor cabalidad y cobertura debieron pasar años para la primera inauguración de un centro médico de Salud Intercultural, el cual es fechado en enero de 2006, ad portas de dejar el gobierno Ricardo Lagos: “En enero próximo abrirá sus puertas el primer Hospital Intercultural mapuche del país. “Hasta el momento, el proyecto, que contempla una inversión de 10 mil millones de pesos, presenta el avance de un 55 por ciento de las obras que están emplazadas en la comuna de Nueva Imperial.” (La nación: 30 de junio de 2005) El en ese entonces Secretario Ejecutivo del Programa Orígenes, Enzo Pistacchio, encargado de ejecutar las políticas del programa, escribía en el diario estatal: “Un Estado que persigue el bienestar común no puede reducir las demandas de los pueblos Originarios sólo a la restitución de tierras. Hemos aprendido que los pueblos indígenas mantienen sus propios sistemas de salud ”. (La Nación 26 de agosto de 2005: 10). 78
Según el contrato entre el BID y el gobierno de Chile, el programa pretende: (i) mejorar las capacidades y oportunidades de los beneficiarios en el ámbito productivo, educativo y de salud; (ii) fortalecer a las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), y a las comunidades indígenas beneficiarias del Programa en materia de desarrollo integral con identidad, mediante una gestión participativa; e (iii) institucionalizar la temática indígena en los distintos sectores, creando capacidades en los organismo públicos para que la atención a las poblaciones indígenas sea articulada, adecuada y con pertenencia cultural. p. 201. 95
Para esto en Santiago se estaba realizando un evento, el cual buscaba sentar las bases para poder dar coherencia y sentido al mandato, y así dar validez al precepto que le dio vida en 2001, el que se remitía a: “Definir su quehacer en la capacidad de formular procedimientos en intervención y gestión que persigan la incorporación de las comunidades originarias al desarrollo ”. (La Nación 26 de Agosto de 2005: 10) Si seguimos las líneas que otorga el Ministerio de Salud, por una parte y el programa orígenes por otra, difieren en el discurso, por una parte se muestra abiertos y comprensivos, como visión-misión, pero el Orígenes, y quien en ese entonces era el Secretario Ejecutivo, Enzo Pistacchio, dejan en claro que el eje es el desarrollo con identidad. La dialéctica del reconocimiento y valoración se ve supeditada nuevamente, queriendo alcanzar referentes designados por otra cultura de antemano. Reduciendo la relación intercultural a la integración a la modernidad, a quienes no son garantes de ello. El que cada cultura quiera preservar sus prácticas de salud y de bienestar físico, o que cada persona en su individualidad quiera implementar formas alternativas de tratamiento, requiere que sean aceptadas por un conglomerado mayor, más que intenciones que puedan generar prácticas distintas. Significa la comprensión de otra cosmovisión, aunque no coincida con las lógicas occidentales. Lo anterior no es fácil de implementar, si es que no se pasa por un proceso de reconocimiento y validación. Frente a esto: “el proceso salud/ enfermedad/ atención, así como sus significaciones, se ha desarrollado dentro de un proceso histórico en el cual se construyen las causales específicas de los padecimientos, las formas de atención y los sistemas ideológicos (significados) de los mismos. Este proceso histórico está caracterizado por las relaciones de hegemonía/subalternidad que opera entre los sectores sociales que entran en relación en una sociedad determinada, incluido sus saberes técnicos.” (Menéndez 1994: 72) Algo similar a lo anteriormente planteado en el área educativa, no son solamente los capitales culturales, como los denomina Bourdeau (En Téllez. 2002). Aquí encontramos que los saberes técnicos, también estarían incluidos en
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las relaciones hegemónicas que establecen las clases dominantes, y en general a todo el quehacer que deriva ideológicamente de la superestructura estatal 79. Esto reforzaría su encapsulamiento a desarrollar preferentemente el área psicosocial y emocional, más que el físico, y reducirlo a entender el desarrollo a participar de las lógicas económicas. El medio periodístico estatal, anteriormente había dado a conocer el surgimiento de farmacias y remedios de origen mapuche concluyendo que: “Debido a los buenos resultados, el año pasado esta farmacia ganó el “Toqui de Plata”, como la mejor empresa mapuche, una estatuilla de estímulo para los emprendedores de esa etnia que entrega la Conadi y el Ministerio de Economía.” (La Nación. 8 de febrero de 2004: 19) IV.2. Integración en tiempos de cólera De acuerdo a lo que encontramos en un primer momento, lo que el Estado chileno practica para sobrellevar la diversidad cultural, es proponer y aplicar prácticas discursivas que atañen a todos los ámbitos sociales, dentro de los cuales se desenvuelven los mapuche en la nación chilena. Estas propuestas, como pudimos identificar no se basarían en paradigmas interculturales democráticas, o críticas según nuestras bases teóricas, por el contrario se alejan de los planteamientos que emiten Williamson (2004), Rothers (2005) y González (2007), Tubino (2006), entre otros. En cambio lo que pudimos encontrar según las propuestas y prácticas, es un trato basado en ideas Integracionistas, o lo que denomina el Estado “desarrollo con Identidad”. El Programas Orígenes hace referencia que el objetivo es: 79
Entendemos este concepto como lo denomina Gramsci (En Larraín. 2008), donde la superestructura sería el Estado que esta constituido por una a) sociedad política formada por las instituciones políticas en base al control legal constitucional, el cual ejercería el poder coactivo de la fuerza y b) la sociedad civil: formada por la esfera privada y económica. Esta esfera es la que a través del consentimiento, establece cuales son los patrones culturales aceptables. Este consentimiento es el momento por medio del cual la necesidad económica es transformada en un programa político, que es un “deber ser”, es el momento por medio del cual la necesidad se hace conciencia de la misma libertad. Para profundizar en el tema de la hegemonía que establece el Estado en todos los campos del desarrollo social, ver Cuadernos de la Cárcel de Gramsci o también Larrain 2008 97
“Mejorar de manera sostenible las condiciones de vida de las comunidades de los pueblos Aymara, Atacameño y Mapuche, en el área rural, y promover su desarrollo con identidad, particularmente en los ámbitos económico, social, cultural, ambiental y jurídico.” 80 . (Síntesis ejecutiva Programa Orígenes. 2004: 2) El desarrollo inherentemente lo representa la sociedad chilena y el desarrollo es siempre con miras a acomodarse a los avances de la modernidad.81 La denominación en tiempos de cólera, se otorga producto de los constantes conflictos en los cuales se había visto envuelto el actor mapuche, desde 1997 y el icónico conflicto del Alto Bío Bío.(Saavedra:2007), lo cual tenía al actor indígena constantemente a la palestra en los medios de comunicación como evidenciamos en la revisión de fuentes. Para comenzar a identificar las ideas o principios que van a justificar su carácter de integracionista, nos quedaremos con el siguiente enunciado ya que consideramos que nos puede otorgar ciertas líneas de exploración al momento de analizar las diversas fuentes. “La integración es la incorporación al proceso de cambio que propone la modernización globalizada en donde los individuos encuentran reconocimiento, roles a jugar y el sentido de sus vidas personales.” (Ortega. 2002: 36) Para poder establecer un análisis de mayor precisión, los reconoceremos en las áreas político y cultural, sin desconocer inherentemente que el aspecto económico y todo lo que influya en las sociedades, están directamente relacionados con ellos.
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Síntesis Ejecutiva Programa Orígenes elaborada por la dirección de presupuestos. Estamos frente a una contradicción, porque los nombra como grupos humanos o grupos culturales, quitándole la calidad de pueblos que podrían esgrimirle algún tipo de autonomía y soberanía. 81 No queremos decir en este estudio que a lo que debemos apuntar es a un proyecto que reivindique un pasado idealizado, o extremo que rompa con las sociedades para crear otras: “Lo que se rechaza la modernización es su sesgo homogeneizante y occidentalizador. Optar por la interculturalidades por ello optar por crear formas nuevas de modernidad. Lo que esta en juego entonces, es la posibilidad de recrear la modernidad desde múltiples tradiciones .” (Tubino. 2005: 04) 98
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Reconocimientos políticos
Como hemos mencionado, el Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato, aparte de reconocer la historia de un grupo subalterno, admitiendo la carga represiva que el Estado chileno ha ejercido y ejerce hacia los conglomerados indígenas del país, adjunta “sugerencias” o “recomendaciones” para que se pueda generar este nuevo trato. Se plantea una reconceptualización a nivel constitucional82. En lo que se refiere a la condición de indígena, ésta los reconoce en calidad de grupos humanos más antiguos de Chile83 (Ley Indígena. 2008: 12) y la Comisión da un paso adelante: “sugiriendo que se declare la existencia de Pueblos Indígenas, pero que forman parte de la nación chilena, siendo el Estado quien garantizará la preservación de la diversidad étnica cultural de la nación, asegurando el desarrollo con identidad y los derechos colectivos de los pueblos”. (CVHNT. 2004: 535). La integración política va en la línea de los siguientes puntos, los cuales sólo nos remitiremos a nombrar: •
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Participación de los Pueblos Indígenas en la formación de la voluntad general de la nación, a través de elección de sus propios representantes en el Senado y la Cámara de Diputados. Participación de los Pueblos Indígenas en la integración y gestión de gobierno a nivel comunal y regional. Reconocimiento de las instituciones e instancias organizativas de cada uno de los Pueblos Indígenas. Participación de los Pueblos Indígenas en la discusión, formulación, ejecución y evaluación de leyes, políticas y programas de desarrollo o de cualquier otra naturaleza que afecten sus culturas, instituciones, territorios y recursos . (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 536-537)
Según la ley Indígena, en esta no se reconocen como pueblos, si no que se supedita a la calidad de “etnias”, encapsulándolo en el reconocimiento de sus atributos culturales más que políticos. Art. 1 Párrafo 1°Principios Generales Titulo i d e los indígenas, sus culturas y sus comunidades 99
En estos planteamientos existen dos ideas que podemos reconocer, que es por un lado el reconocimiento de las propias instituciones, y la participación de los indígenas con derecho a expresar su opinión, dando luces de cierta autonomía84, pero a la vez los dos primeros puntos establecen los marcos en los cuales se espera que se dé su participación. Estas instancias organizativas son las existentes en el país y que devienen de la tradición republicana y donde no se asemeja a las formas organizativas de los indígenas (Bengoa: 2001) Se invita entonces a integrarse a la República y al Estado de derecho de Chile. •
Reconocimientos culturales
Para efectos de esta investigación, entenderemos por reconocimientos culturales los que van dirigidos hacia los ámbitos educativos, salud, tradiciones, derechos consuetudinarios y el reconocimiento territorial, ya que las sugerencias que en estos aspectos se planteen, nos dejarán entrever cual es la intención, ideas o valoraciones que tiene el Estado chileno hacia la cosmovisión indígena, distinta a la constituida por la clase política hegemónica desde la formación del Estado moderno. Vale preguntarnos ¿comprende y respeta la cosmovisión que componen la cultura del “otro” en sus ideas y principios? A) Los Derechos territoriales85 están dentro de la categoría de derechos colectivos, al igual que los derechos políticos y estarían reconocidos en ámbitos distintos y complementarios: 84
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Cuando los sujetos se constituyen en “sujetos sociales”, se plantea la autonomía como demanda fundamental, siendo el resultado de una conquista no de una concesión, de hecho “la autonomía estará determinada por la naturaleza histórica de quien la ejerce (realidad histórica/vida cotidiana) y por el carácter sociopolítico del régimen estatal-nacional en que cobrará existencia” (Sánchez 1999: 109) Según Díaz-Polanco, la autonomía es un sistema por medio del cual los grupos socioculturales ejercen el derecho a la libre determinación, como ejercicio de autodeterminación, la autonomía supone: a) base político – territorial, b) jurisdicción propia, c) autogobierno y d) facultades propias. Podemos inferir en este planteamiento, que un sujeto se transforma en un sujeto político, activo y funcional, lo que según nuestro marco teórico se acercaría a planteamientos interculturales más que de corte integracionista. Referidos a la capacidad de los pueblos indígenas para gestionar, utilizar, gozar, disponer y contribuir a la conservación de sus territorios, tierras y de los recursos naturales que estos albergan, de los que la especificidad cultural de los pueblos indígenas es en todo indisociable. 100
i) En el ámbito de los Territorios Indígenas: este punto pretende reconocer la relación de valoración intransable existente entre los pueblos indígenas y la tierra. Según el informe: “la cosmovisión indígena, el territorio y los recursos que alberga son inescindibles para el pueblo mapuche se expresa en la estrecha relación de un Mapu (tierra), determinado y particular, con las distintas formas de vida natural, vegetal, animal” (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 539). Además de comprender en el papel la cosmovisión, sugiere que de acuerdo a los territorios indígenas, de los cuales son garantes los pueblos autóctonos, tengan derecho a participar en la gestión de dichos espacios territoriales86, esto está indisociablemente interrelacionado con el reconocimiento de los territorios indígenas los cuales, para el caso mapuche se deberán considerar las siguientes categorías: Lof, Rewe, Ayllarewe, Futa el Mapu (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 539) basándose en lo anterior, también se sugiere poder generar instrumentos de ordenamientos territoriales que promuevan procesos de desarrollo pertinentes. ii ) En el ámbito de las tierras indígena: se hace referencia a la demarcación, titulación y protección de aquellas tierras sobre las cuales se demuestra propiedad ancestral, para lo cual se recomienda el traspaso de dominio de dichos territorios, a las comunidades por parte del Estado, esto es algo que la Ley Indígena ya reconoce desde 1993, y dispone: “su inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad” (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 540) iii) En el ámbito de los recursos naturales: este tercer y último ámbito, referido a los recursos presentes en los territorios, sería el que vendría a operacionalizar su funcionamiento y explotación, mientras que también entra a sembrar ciertas contradicciones e incongruencias, con lo que se plantea en un principio al reconocer la inalienable, inembargabilidad e imprescriptibilidad de las tierras para
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Son considerados Territorios Indígenas los: a) los espacios territoriales que han vivido ancestralmente las etnias indígenas, b) existencia de tierras de comunidades o individuos indígenas, c) homogeneidad ecológica, d) dependencia de recursos naturales para el equilibrio de esos territorios, tales como manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna. 101
los mapuche. Primero se plantea el derecho a poder explotar los recursos sobre los cuales el Estado tiene el derecho eminente: “Independiente de los derechos del dueño del suelo superficial, tales como recursos del subsuelo, las aguas (incluidas las subterráneas), borde costero, recursos marino, terrenos de playa, porciones de mar, lagos, lagunas, fuentes termales y acuíferas en general.” (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 541) Este derecho de explotación, por su parte recomienda que sean los mapuche los prioritarios para explotarlas, pero no los exclusivos: “En el caso que estos no lo hagan uso del derechos de preferencia, atendida la envergadura de la industria que supone ejerce la facultad de explotar la concesión, otro inversionista, persona natural o jurídica puede solicitar su otorgamiento. Es un derecho de preferencia, y no un derecho exclusivo o excluyente ”. (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 541). A la vez el Estado debe facilitar que las comunidades constituyan derechos sobre esas concesiones, con el fin de que lo puedan aprovechar o hacer productivo. El lema según nuestro análisis sería explotar en forma capitalista las tierras, lo cual pondría en cuestionamiento las lógicas de exclusividad y perdurabilidad de las tierras, ya que según las lógicas de mercado, en el caso de que existiera una mejor oferta para poder explotar los recursos, se podría sobrepasar la cosmovisión para transitar hacia la vereda opuesta, la nacional y capitalista. Para que la implementación de inversión pública y privada en territorio indígena se pueda llevar a cabo, deben seguirse ciertos canales regulares como el “derecho a consulta” el cual busca un diálogo con un propósito preestablecido a nuestro parecer, ya que según lo escrito en el propio informe, está: “Orientado a obtener el consentimiento de los pueblos, comunidades y/o personas indígenas cuando el Estado quiera hacer uso y aprovechamiento de los recursos naturales localizados en tierras indígenas” (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 543), Como aquí se deja en evidencia, paradójicamente lo que se busca es el consentimiento, esto iría entonces, cargado de una intención a querer llevar a
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cabo los usos, y no da cabida a la negativa que el actor indígena puede manifestar. Fuera de las líneas de exclusividad a las que se sugería en un primer momento, se pasa a establecer lo que se debería hacer en caso de que la inversión de los proyectos llegase a producir alteraciones negativas para la comunidad: a) Compensación por daños, b) Traslado de pueblo o comunidad indígena, este se prohíbe pero si existe el consentimiento se deberá compensar económica y culturalmente, esto se contradice con la realidad 87 y c) acuerdos impacto – beneficio, en caso de impacto poder beneficiar económica, laboral o culturalmente, y por último Incentivar la certificación técnica, social y ambiental en actividades de uso intensivo de recursos naturales. (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 544) Frente a esto la exclusividad, inembargabilidad y durabilidad de la tierra indígena, no se ven aseguradas. En cambio lo que se remarca es que se debe: “Asegurar que la actividad productiva sea respetuosa de la realidad económica, cultural, social y ambiental de las comunidades. Al mismo tiempo puede beneficiar a las empresas, otorgándoles ventajas para enfrentarse al mercado internacional y dando mayor sustentabilidad a sus operaciones” (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 545) C) Derechos Culturales: La ley Indígena que regula esta temática plantea acerca de eso lo siguiente: Párrafo 3° De las Culturas Indígenas Artículo 7°
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“Pese a la ardua lucha dada por los pehuenches por mantener sus tierras, conservar los lugares donde descansan sus ancestros por seguir viviendo en armonía con la tierra, ellos deberán emigrar. El poder se está imponiendo, de nuevo” (La Nación: 2 de febrero de 2003) 103
“El Estado reconoce el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales, en todo lo que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público.” (Ley Indígena: 2008: 13) Con esto el Estado asegura el orden establecido y la status quo de la nación, asegurando también las prácticas y los marcos regulativos. De esta forma, las manifestaciones que no contradecirían lo anterior serían las siguientes, potenciándose: “la capacidad de los Pueblos Indígenas de ejercer los bienes asociados a su identidad histórica y cultural, tales como la lengua, el derecho consuetudinario, formas de resolución de conflictos, pautas culturales largo tiempo asentadas en el manejo de territorios, tierras y recursos, religión, etc. Los derechos culturales lingüísticos se refieren a aquellos cuya finalidad es garantizada a los pueblos Indígenas el ejercicio de la cultura propia” (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 546). Como primera lectura, notamos la ausencia del ámbito político, y se opta por todo lo que tenga que ver con tradición o prácticas privadas: “Folklorizar es banalizar, trivializar, reducir una cultura a sus manifestaciones externas.” (Tubino. 2005: 93) Por otra parte en lo que se refiere al derecho consuetudinario, entendemos por este lo introducido por la costumbre: “Este derecho sería posible desarrollar sin trabas en la vida privada o familiar, pero este no podría influir en el derecho penal sustantivo y las regulaciones de la propiedad ." (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 548). Para concluir el tema de la protección y fomento de los elementos culturales de los pueblos indígenas, el Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato, el cual nace con la labor de que: “…elabore las pautas generales de integración de los pueblos indígenas originarios de Chile, abordando sus problemas y reconociendo la diversidad cultural.” (La Nación. 1 de junio de 2000: 2). Elabora una lista de sugerencias u “Otras medidas tendientes a la protección y fomento de las culturas indígenas: ” (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 549)
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Reconocer proteger y fomentar las prácticas e instituciones culturales propias de los Pueblos Indígena, en especial en lo que concierne a la economía, la salud, la educación, y la readecuación de la institucionalidad publica pertinente, de manera que dichas prácticas culturales indígenas se integren a las que desarrollan las instituciones publicas en estos ámbitos La protección y recuperación del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de los Pueblos Indígenas (historia, patrimonio arqueológico, sitios ceremoniales y espacios de significación histórico, cultural y religioso), y el establecimiento de una categoría de protección especial para este patrimonio, garantizando la participación de los Pueblos Indígenas en su establecimiento y conservación. El reconocimiento, protección y desarrollo de las lenguas indígenas, incentivando su uso y vitalización, a través de mecanismo tales como: otorgamiento de puntajes adicionales a postulantes a cargos públicos que dominen alguna lengua indígena, cuya destinación corresponda con zonas de alta concentración de población indígena; proporcionar cursos obligatorios a funcionarios públicos en las lenguas indígenas, en particular a aquellos que desempeñan funciones en zonas de alta concentración de población indígena; implementación de señalética bilingüe en servicios públicos y en caminos y carreteras; publicación bilingüe de llamados a licitación, concursos y otros llamados públicos. la comisión estima que en el caso de Isla de Pascua debe declararse al idioma Rapa Nui como oficial en este territorio, junto con el castellano. El acceso de los indígenas a una educación pertinente (Educación Intercultural) así como a mayores niveles de educación, en particular el acceso a la educación superior. El ejercicio por parte de los indígenas de sus derechos religiosos, tanto a través del respeto a sus creencias prácticas religiosas, como a través de la protección y restitución de sitios sagrados indígenas. (Gob. de Chile CVHNT. 2003: 549)
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En este sentido y tomando los principales ideas fuerzas de estas sugerencias, la autonomía que podría no generar una situación de integración de carácter asimilacionista, estarían en ausencia total, en contraposición a ideas de corte multiculturalista, basado principalmente en el reconocimiento y paternalismo por parte del Estado, el cual proteja, fomente, resguarde y promueva el desarrollo de los pueblos, los cuales seria parte del patrimonio de la nación chilena. Según la definición de integración con la cual partimos y que establecimos al principio de este punto, en un sentido democrático como lo plantea Ortega (2002), en la práctica no se llevaría a cabo el reconocimiento, sólo se plantea pero hasta el día de hoy no es una realidad a nivel constitucional, para los legalistas, por el contrario se plantea un tipo de trato paternalista y benefactor. El Estado es el que tiene que mantener, cuidar, promover siendo estos sus principales enunciados. Los roles que jugarían los pueblos indígenas serían pasar a formar parte del patrimonio de la nación chilena, a quienes hay que cuidar y fomentar, y en lo que se refiere al sentido de sus vidas, es algo que no podemos determinar en este escrito, ya que seria parte de un estudio de carácter más sociológico. IV.3 Diálogo simétrico El concepto de diálogo simétrico no es un elemento fácil de identificar ni de construir, de hecho es una categoría basada en una construcción subjetiva para efectos de este estudio, y que consideramos surge de la necesidad de identificar cómo se presenta el diálogo entre la diversidad cultural heterogénea de un país, en un sistema de gobierno de democracia representativa. El diálogo y las prácticas políticas que se manifiestan en los distintos países, son buenas demostraciones para poder identificar en que nivel podría encontrarse la democracia o autonomía de un país, clasificando cual es la calidad de ésta (Villorrio en Olivé. 1993). Esta aptitud se evidencia a partir del diálogo que se propone y se practica; dentro del contexto de nuestro estudio, en primera instancia nos preguntamos cuál es el nivel de democracia que hoy en día se
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ejerce, qué grado de intervención hay de la sociedad civil, en los aparatos institucionales y viceversa. Lo que queremos responder, es si el diálogo que se genera entre estos dos actores, disímiles cualitativa y cuantitativamente, es de carácter democrático, autoritario, restrictivo, simétrico u otro carácter que se le pueda adjudicar, y cómo estos han influenciado y moldeado las identidades, y el trato tolerante o no hacia la diferencia. Según Tito Tricot: “El reconocimiento del otro pasa por el reconocimiento de las propias fronteras identitaria y esto, simultáneamente, pasa por el fortalecimiento de la identidad y sus componentes constitutivos. Es el carácter dialógico de la construcción de la identidad, pero no es un diálogo simétrico, pues remite al poder y la dominación donde coexisten en desigualdad de condiciones culturas y naciones en un contenedor territorial denominado Chile por los chilenos y Wallmapu por los mapuche” . (2007: 36) Como esta categoría será una construcción propia, a base de lo que se pueda inferir y proponer, lo haremos en torno a dos momentos distintos, en los cuales el Estado tuvo que mantener una situación de entendimiento con los Mapuches: a) El diálogo que se generó con los Pehuenche , quienes se oponían a la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco, perteneciente a capitales transnacionales, en la localidad del Alto Bío bío, b) El diálogo que se da previo a la formación de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. IV.3.1 El diálogo limitado de Ralco Cuando Ricardo Lagos asume el nuevo periodo presidencial, lo hace con la carga que le ha dejado el anterior Gobierno de Eduardo Frei Montalva, producto de la controversial iniciativa de llevar a cabo un megaproyecto hidroeléctrico, el cual Endesa asentó en la localidad de Alto Bío-bío. Lo anterior generó el rotundo
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rechazo de las comunidades y la activa movilización de los indígenas, instando a ser escuchados desde su negativa al megaproyecto. Distintos son los personeros que se muestran preocupados por avanzar en el diálogo como el caso de los diputados oficialistas: “…Guido Guirardi (PPD), Alejandro Navarro (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y el dirigente mapuche Aucán Huilcamán anunciaron ayer que crearán una comisión mediadora que busque una “salida política” al conflicto.” (La Nación.10 de mayo de 2000: 9). Además se anunciaba una reunión con el ministro Secretario General de la Presidencia de aquél entonces, Álvaro García, la cual vendría a poner dentro del escenario una nueva instancia de diálogo, paralela a la del gobierno con otros dirigentes indígenas. Pese a lo auspicioso de la medida, la postura del ejecutivo, en palabras de la ministra del Mideplan, Alejandra Krauss, manifiesta que el tema ya no le atañe al gobierno, ya que el asunto está dirimiéndose en tribunales, lavando así la imagen de la administración Lagos, insistiendo en: “…que todas las instancias legales que dieron el vamos a la construcción de la central hidroeléctrica por parte de Endesa fueron cumplidas durante la administración de Eduardo Frei …” (La Nación. 10 de mayo del 2000: 9). Para ser noticias publicadas el mismo día, son evidentes las contradicciones que se observa en los planteamientos: por un lado se quiere dialogar, mientras que por otro se intenta coartar algún tipo de salida política, ya que no está en esas esferas. Frente a las varias manifestaciones a nivel nacional (Santiago, Concepción y Temuco), acaecidas la segunda quincena de mayo, desde el Estado, y en palabras del aquel entonces Ministro de la Presidencia Álvaro García, surge una nueva opción de diálogo con las hermanas Quintremán, cónclave que: “…estaría formado por el ministro de Economía y Energía, José de Gregorio; la ministra de Mideplan Alejandra Krauss, y por el propio ministro García.” (La Nación. 26 de mayo de 2000: 31).
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Esta acción de individualizar a los afectados de la comunidad, y querer generar un diálogo, se va a contraponer con lo que días atrás las hermanas Quintremán habían manifestado, ya que aseveraban que: “No vamos a negociar porque no queremos que se construya Ralco.” , y que “…no dejarán sus tierras y que no han pedido ninguna mesa de mediación ” (La Nación. 13 de mayo del 2000: 9). Como podemos evidenciar no sería realizada por la propia voluntad de ambas partes, si no por la imposición de un sujeto en calidad de autoridad. Esto no cumpliría con la condición de autonomía que debería tener una relación horizontal, ni apto para un diálogo simétrico. Reconocemos en esta actitud el querer, además de imponer el diálogo, individualizar a los afectados, ya que dentro de esta mesa tripartita no estaría considerado el vocero del Consejo de Todas Tierras, Aucan Huilcamán. Esta individualización, lleva otra arista de esta “forma de trato”, la cual sería la invisibilización del “problema”. Prontamente la tónica va a ser dar a conocer a los grupos mapuche divididos, financiados por la misma Endesa, en donde algunos como el: “…lonko Juan Gallina Rodríguez aseguró que las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán no representan el pensamiento de las comunidades indígenas del Alto Bio-bío.” (La Nación. 31 de mayo de 2000: 32). El diálogo entre las partes afectadas no duró mucho tiempo, y no se avanzó en medidas sustanciales que pudiesen parar el megaproyecto, o respetar la cosmovisión de los indígenas. “Tras seis años pidiendo audiencia, por fin, ayer las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán de las comunidades pehuenches del alto Bio-bío, fueron recibidas por el Presidente Ricardo Lagos con quien dialogaron durante más de media hora.” (La Nación. 8 de julio de 2000:10). Se titulaba una noticia, la cual aparecía en primera plana y que al interior del diario contradictoriamente no abarcaba media columna. Esta situación deja en evidencia la burocracia por un lado y la postergación del actor indígena por otra parte.
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Desde el último gran esfuerzo de las hermanas Quintremán que el panorama no se había vuelto muy alentador, y en menos de un año se informaba que: “En un acto considerado demoledor para las pretensiones de impedir la construcción de la repesa Ralco en el Alto Biobío, Berta Quintremán, una de las hermanas símbolo de la resistencia a la hidroeléctrica, firmó el documento que autoriza la permuta de sus tierras con otras ofrecidas por Endesa, recibiendo de la empresa, según fuentes, “centenas de millones de pesos”” (La Nación: 4 de enero de 2002: 9) Al día siguiente se alude en el diario que las presiones (familiares y de la empresa), y el haberse sentido sola en su lucha, habría gatillado la decisión. Después de este fracaso para el medio ambiente, las medidas a tomar por la empresa serían: “Aumentar de 144 a 500 los cupos para pehuenches en las obras de construcción de la central Ralco y abordar a más tardar en abril un proyecto de electrificación rural para las comunidades de Ralco Lepoy, Quepuca Ralco y El Avellano fueron los acuerdos de corto plazo adoptados durante la mesa de trabajo entre dirigentes pehuenches, representantes de Endesa y el gobernador de Biobío para dar respuesta a las demandas indígenas.” (La Nación. 26 de enero de 2002: 8) Esta situación conflictiva propiciada entre el Estado, los inversionistas extranjeros que amenazaban las tierras indígenas y los mapuche, el diario la Nación daba cuenta de que: “Pese a la ardua lucha dada por los pehuenches por mantener sus tierras, conservar los lugares donde descansan sus ancestros por seguir viviendo en armonía con la tierra, ellos deberán emigrar. El poder se está imponiendo, de nuevo” (La Nación: 2 de febrero de 2003: 16). El día 28 de septiembre de 2004 se anuncia el inicio de las operaciones, hecho valorado por el propio ministro de Energía, Jorge Rodríguez, quien manifestaba sentirse satisfecho en la forma de cómo se había llegado a este
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puerto, y destacó el respeto por la ley que efectuó Ralco en las impugnaciones, al igual que las complejas realidades sociales y culturales que envuelven al proyecto. En síntesis, si analizamos lo ocurrido en Ralco, por el hecho que se haya llevado a cabo la construcción de la represa, podemos darnos cuenta que las instancias de diálogo fallaron, el indígena que tiene su cosmovisión valórica hacia la tierra no fue respetado en la práctica. Este diálogo no fue simétrico, sino de carácter autoritario y unilateral, ya que se impulsó por parte del gobierno, no respetando la autonomía de una relación horizontal según nuestro marco conceptual, por otro lado fue sectario ya que individualizó a los distintos sectores, haciéndolos negociar por separado. Esto deja entrever que en ningún momento el Estado, o los personeros en calidad de representantes, iban con una visión neutral o que buscara garantizar el respeto a la visión de las comunidades, por el contrario el fin del diálogo era buscar el consentimiento de los indígenas, haciendo claudicar su negativa. IV.3.2 Diálogo y Verdad Histórica. Además del problema de Ralco, el cual se transformó en una lucha emblemática de principio de siglo XXI, el actuar de los indígenas se había venido haciendo notar con más fuerza desde 1997, específicamente con la radicalización en las formas de lucha, retomando prácticas como las tomas de terreno en sitios forestales, y el incendio de camiones de estas mismas empresas que se movilizaban por las zonas de la IX región. Sin duda esto último había puesto en alerta el accionar del gobierno, ya que amenazaba la tranquilidad nacional y del empresariado del sector principalmente forestal. (Saavedra: 2002) A los pocos días de asumir Ricardo Lagos, citó a los indígenas a una mesa de diálogo, instancia que vendría a asentar las nuevas líneas en la que se llevará, de ahora en adelante, el trato con los pueblos indígenas, hablando de un vuelco en las relaciones, resolución de problemas, consideraciones políticas para con los mapuche, entre otras medidas. Esta declaración de buenas intenciones, donde se puede identificar una disposición a un diálogo entre las partes, comienza con
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controversia, ya que la reunión a realizarse en Temuco, donde se acogerían las propuestas indígenas, es cancelada a última hora por el mismo presidente: “…quien resolvió suspender el viaje y trasladar el cónclave a la sede del Poder Ejecutivo… el Mandatario desea establecer una nueva relación con los pueblos indígenas y generar un alto grado de participación .” (La Nación. 15 de marzo 2000: 8). Este gesto nos da indicios que el principio de neutralidad que se espera haya en una situación de diálogo, sea trastocado por el ejecutivo, primero por establecer el lugar donde se reunirán, y segundo por cambiar unilateralmente y a última hora lo acordado, esto podría provocar molestia en una de las partes. Esta mesa que dio origen a lo que seria después la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, aunque surgió de una instancia de diálogo por la iniciativa estatal, mostrando intenciones de querer realizar algo que compense las deudas históricas, finalmente el objetivo de esta comisión no innovaría en proponer nuevas lógicas de trato hacia la diversidad cultural, por el contrario vendría a ser la que: “…elabore las pautas generales de integración de los pueblos indígenas originarios de Chile, abordando sus problemas y reconociendo la diversidad cultural.” (La Nación.1 de junio de 2000: 2). Este enunciado no nos haría pensar que cambiarían en algo las relaciones. Dentro de un contexto nacional hostil, donde priman las expresiones políticas violentas del sujeto social indígena 88, es que se lleva a cabo la constitución, después de casi un año de trabajo de la primera instancia de diálogo, de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, la cual queda presidida por el expresidente Patricio Aylwin Azócar, además de estar: “…integrado por 18 personas, entre las cuales se cuentan representantes de las etnias originarias, académicos, religiosos y funcionarios de gobierno, [los cuales] tienen por objeto, según las palabras del mandatario, orientar y crear las bases para generar una política de Estado respecto de los pueblos originarios…” (La Nación. 19 de enero de 2001: 8). 88
Ver anexos para los meses de diciembre de 2000 y enero de 2001. 112
Una vez emitido el informe, éste da a conocer las propuestas y recomendaciones a la instancia de participación y consulta de los pueblos indígenas, el cual coloca como eje la creación de un: “Consejo de Pueblos Indígenas”. Esta se concibe como una institucionalidad de participación y consulta a través de la cual se efectúe el diálogo entre el Estado y los Pueblos Indígenas en todos los ámbitos de la Política Publica, y que se materializa de la siguiente forma: - Dotando al organismo de consulta de rango legal . - Garantizando, por su intermedio, el ejercicio de los derechos participatorios que forman parte del estatuto jurídico que la Comisión propone reconocer a los Pueblos Indígenas; y que deben permitir ampliar y profundizar - y en ningún caso amagar- aquellos establecidos en la Ley 19.253. (Gob. de Chile CHVNT. 2003: 551) Este Consejo de Pueblos Indígenas surge de la necesidad de establecer instancias y procedimientos que, dotados de fuerza legal, permitan la formación de la voluntad común de los pueblos indígenas, optimizando sus decisiones sobre las políticas que les conciernen. En opinión de la Comisión, el reconocimiento que sugiere se les otorgue a los pueblos indígenas, conlleva al otorgamiento de derechos colectivos89, los cuales deberían coexistir con la condición ciudadana de los miembros indígenas: “quienes de este modo participarían de dos voluntades: la de los respectivos Pueblos Indígenas a los que pertenecen, y la de la comunidad nacional a la que ese pueblo esta integrado.” (Gob. de Chile CHVNT. 2003: 551) Este consejo tendría las siguientes funciones: - Pronunciarse sobre las propuestas de políticas dirigidas hacia los Pueblos Indígenas. En este sentido, el Consejo constituiría un órgano obligatorio, aunque no vinculante, para la autoridad gubernamental. - Fiscalizar la ejecución de las políticas indígenas y, en particular, los planes, programas y proyectos ejecutados por la CONADI, ministerios y servicios 89
Remitirse a la categoría Integración para ver los derechos colectivos. 113
velando por su pertinencia y adecuado uso de los recursos destinados a estos fines, informando de ellos al Presidente de la Republica, a través del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, y recomendando medidas correctivas, si es el caso. - Velar por el ejercicio de los derechos indígenas que se reconozcan constitucionalmente, recomendando al Presidente de la República a través del Ministerio de Secretaria General de la Presidencia, el desarrollo de acciones con esta afinidad. - Evacuar anualmente un informe sobre la situación de los derechos de los Pueblos Indígenas de Chile. (Gob. de Chile CHVNT. 2003: 551) Por último esta instancia que pretende ser de consulta, reconoce la convicción de la Comisión en que la instauración de un órgano de consulta como el que se propone, permitirá al Ejecutivo: “cuando deba pronunciarse sobre cuestiones que conciernen el interés indígena, tomar decisiones contando con información completa sobre la materia sometida a su deliberación .” El consejo de Pueblos Indígenas será un órgano representativo de los pueblos indígenas, generado democráticamente, independiente y distinto de las instancias gubernamentales. (Gob. de Chile CHVNT. 2003: 551). No manejamos antecedentes que nos hagan pensar que la instancia del Consejo de Pueblos Indígenas, podría venir a abrir otras formas de comprensión, por el contrario el hecho de asentarse en las lógicas ciudadanas, el respeto a la legalidad y al estado de Derecho de la nación, a la cual está “integrado” no podrían verse cuestionada. Dentro de esta categoría de diálogo no podrían están incluidas las facciones más radicales del pueblo mapuche, ya que como la ministra Alejandra Krauss manifestó: “…el Ejecutivo no dialogará con aquellos que insisten en caminos al margen de la legalidad vigente…” (La Nación: 1º de marzo de 2001: 39).
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Siendo que han sido estos lo que han puesto en jaque las prácticas gubernamentales, obligando al ejecutivo tener que replantearse para mejor cooptar estas expresiones disidentes. En conclusión, en este capítulo nos pudimos percatar de que las relaciones Interculturales en Chile están percibidas desde una óptica teórica conceptual conservadora, esta se manifiesta y percibe como una forma de tratarse entre distintas culturas, a través de prácticas que no conlleven el cuestionamiento de las lógicas geopolíticas ni geoeconómicas, que las clases dominantes y el Estado han querido reproducir.90 Al contrario de su incuestionabilidad por parte de actores externos a la estructura estatal o institucional, ellas (las lógicas geopolíticas y geoeconómicas) si influirían de sobremanera en las decisiones que se toman en todo el territorio nacional, pasando a llevar las visiones que difieren de las mayoritarias. La interculturalidad es por encima de cualquier otra cosa, un “proyecto sociopolítico ” (Tubino en Castro 2006) cooptarles la participacion, dilatando el reconocimiento constitucional, negándoles autonomía territorial, encapsulándolos educacionalmente, (lo cual tampoco asegura que con esto le darán una solución definitiva), los restringe de “funcionalidad social” (Tubino 2005) evitándose el cuestionamiento desde dentro de la institucionalidad misma, a las lógicas y métodos de la hegemonía estatal. Díaz-Polanco (2006) hace referencia a esta situación, comentando la situaciones que se dieron en Brasil, Nicaragua, Guatemala, y Perú, donde una vez reconocidos constitucionalmente entre los años 80` y 90´ del siglo pasado, estos adquirieron una mayor conciencia política de sus reivindicaciones, cuestionando el estado de la política nacional, desde el interior de ésta, siendo una mayor amenaza para la legitimidad nacional. Demostrando a la vez que el reconocimiento constitucional sólo sería un paso a dar si los indígenas lo solicitan, pero no la solución definitiva a su condición de inferioridad,
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Esta concepción de la Interculturalidad es construcción propia a partir de lo que pudimos desprender de nuestros resultados, influenciados por la base teórica que sustentaron nuestro estudio, según nuestra apreciación esto no se vio reflejado. 115
Esta ausencia, entonces de funcionalidad social, más allá del reconocimiento constitucional, si no que como parte de las prácticas sociales de todo el país, determina que los mapuche no sean agentes activos y que se vean reducidos a los ámbitos privados, siendo estas prácticas, de carácter racista e intolerantes. (Tubino. 2005) Por otra parte, como evidenciamos en el desarrollo y como parte de nuestros resultados, la implementación de la interculturalidad como planteamiento, para sobrellevar la diversidad cultural, no se da de manera transversal en todas las políticas que emanen del aparato estatal. Los ámbitos que son denominados como tal, son los educativos y la salud. Así la idea o principio que se demuestra, es que la interculturalidad no es algo bidireccional o pluridireccional, que estaría presente en todas las áreas del quehacer social, implementado como proyecto político, que debiese ser conocido y comprendido por todo el conglomerado nacional Para el Estado, a través de la Conadi y el Ministerio de Educación, la parte fuerte a reforzar es principalmente la Lengua, según ellos y en teoría reforzaría su identidad. En este ámbito estarían proporcionando herramientas que los ayudaran a salir de la pobreza y a tener mayores posibilidades de desarrollo. Lo que podría ser un avance de carácter intercultural, sería enseñarles todos los contenidos desde la cosmovisión indígena91: Matemáticas, Lenguaje, Historia y todo lo que sugieran los planes y programa, ya que esto ayudaría a reforzar su identidad de manera estructural, Tubino dice al respecto: “En los discursos interculturales instituidos desde los Estados, los problemas de la interculturalidad y el bilingüismo no son vistos como problemas públicos, es decir políticos. La interculturalidad es así descargada de su 91
Roths, en su estudio Conflicto Intercultural y Educación en Chile: Desafíos y Problemas de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) para el pueblo mapuche , incluye un estudio de caso realizado en la Escuela Primaria Nº 28 de Piedra Alta, Región de Budi, en donde el Director del establecimiento Don Eduardo, sin especificar apellido, si su origen mapuche, plantea desde su percepción y calidad de mapuche, que él optaría por proponer planes y programas y un curriculum desde la perspectiva de la cultura de su etnia y sus conocimientos endógenos, o sea desde su cosmovisión, la organización social, la lengua y la relación con el medio ambiente. Sin que sean descartado el conocimiento global y del mundo occidental. 116
intencionalidad político-liberadora pedagógica…” (2005: pedagógica…” (2005: 85).
y
reducida
a
su dimensión
técnico-
A pesar de la intencionalidad de los beneficios educacionales, que podríamos concluir, tienen caracteres culturales más que políticos. polític os. El área de la salud por otra parte, no queda exenta de observaciones aunque a diferencia de la educación esta área ha mostrado una mayor apertura hacia un conjunto mayor de la sociedad y no sólo a quienes son de origen mapuche. Hace poco se publicó la noticia que se incorporaría medicina mapuche en los consultorios de Concepción92. Sin embargo pudimos evidenciar que la interculturalidad que se propone en el país no es Crítica (Tubino: 2006), pues que no recogía los cuestionamientos que los pueblos hacen a los modelos políticos y económicos, que el país utiliza como vía de desarrollos. Pudimos evidenciar que era de tendencia funcional, a través de los planteamientos teóricos de la Integración de corte asimilacionista, como la denomina Díaz-Polanco (2006) y Liberal según Saavedra (2002): “Su objetivo es la incorporación plena de los indígenas a las sociedades nacionales, como ciudadanos de una misma nacionalidad con los mismos deberes y derechos. Según esta posición la incorporación de los indígenas debe basarse en la libre competencia, la ganancia y la propiedad privada”. (Saavedra. 2002: 157). La esencia paternalista y asimilacionista encubierta como lo denomina Díaz-Polanco (2006), es lo que predomina también en el trato, si bien se otorgan ciertas garantías y derechos que pudiese llegar a ejercer, las lógicas de movimientos son dentro del Estado de derecho, con calidad de única e indivisible y dentro del sistema económico capitalista de corte neoliberal, que a escala global ningún Estado puede regular, por completo. Lo mismo pasa con los derechos territoriales, los cuales caen finalmente dentro de las lógicas del mercado, demostrando que no se comprende de manera ontológica la cosmovisión de los pueblos, ya que si así fuera estas no se llevarían a ser transadas por po r el mercado. 92
http://www.radiobiobio.cl/2010/11/02/incorporan-medicina-mapuche-en-consultorios-deconcepcion/ 117
Acerca de la autonomía, no se hace ninguna recomendación de manera explícita, sólo se reconocen que tienen prácticas culturales, económicas y sociales distintas, pero por el contrario las prácticas políticas se omiten, obviamente esto significaría aun mayores contradicciones, y sería cuestionar las lógicas geopolíticas y, como denomina Mattelart. Aguirre (en Díaz-Polanco: 1991), señala que hay ciertos atributos que deben mantenerse de las culturas indígenas y otros de frentón eliminarse. El planteamiento de quien habría participado en la formación de la ideología integracionista en el I Congreso Indigenista realizado en Patzcuara México en 1940, correspondería según los resultados y nuestro análisis de aquellos, a la forma que el Estado utiliza para dirigir sus propuestas al conglomerado indígena nacional, según los resultados. Las principales áreas, que según Aguirre son dignas de mantener, y que para el Estado chileno no contradecirían ni amenazarían los fundamentos del estado de derecho, son las que apuntan a reforzar prácticas de carácter cultural: educación, salud, tradiciones, manifestaciones religiosas, y la protección del patrimonio arqueológico, histórico y cultural. Según el discurso estatal esas áreas se deben integrar y reforzar ya que son los cimientos de la identidad nacional (Gob. de Chile CVHNT. 2003) Las principales misiones que tiene el Estado hacia los pueblos indígenas según nuestros resultados, dentro de la nación única e indivisible, es siempre, reforzar, mantener, propiciar, facilitar, proteger, instaurar, mejorar, velar, desarrollar, capacitar, entre otras acciones de corte paternalista, ausentándose prácticas que conlleven el comprender, aceptar o tolerar formas distintas de percibir el mundo. Según Saavedra, este tipo de prácticas indigenistas que se suele relacionar con ciertas ideas interculturales: “Puede ser considerado etnocida, ya que reduce las culturas indígenas a ciertos aspectos, o dimensiones aparentemente compatibles con las sociedades nacionales capitalistas, colocando la mayor parte de su preocupación en los aspectos culturales, buscando un cambio de otros aspectos que, en la práctica,
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destruyen las bases de existencia y reproducción de estos grupos étnicos.” (Saavedra. 2002: 149) 93 Por otro lado lo que no se acepta integrar, es lo que se refiere al tema político. En teoría se propone, pero parlamentariamente no se ha aceptado, y hasta el día de hoy no ha habido un cambio cualitativo en torno al tema. Por ende se invisibiliza. Por último en lo que respecta de las demás manifestaciones culturales, como las tradiciones culinarias, manifestaciones religiosas, y protección del patrimonio arqueológico, histórico y cultural, podríamos decir que, queda reducido a una folclorización de su práctica, algo digno de nuestro pasado histórico que aún es posible rescatar y practicar sin perder la lógica de ser una tradición o costumbre, llegando según el área, a caer en lo mitológico o curioso, esto puede ser comercializado, haciendo que: “los indígenas inviertan sus propios esfuerzos para lograr su propio mejoramientos y su integración a la nación ” (Aguirre en Díaz-Polanco. 2006: 98) El proceso que se lleva a cabo para obtener ese resultado se denomina Etnofagia94 (Díaz-Polanco. 2006) al vender una imagen país. Lo anteriormente planteado, es a lo que se refería Díaz-Polanco cuando reflexionada en torno a lo que había surgido del Congreso de Patzcuara: “Los pocos rasgos culturales que en realidad se respetaron, resultaron ser aspectos mas vistosos que esenciales, y además fueron convertidos en objeto de curiosidades folklóricas o sometidos a una feroz manipulación política, en incluso a una comercialización, que terminó disgregándolos…” (Díaz-Polanco. 2006: 96). Esto no cumplirá con el resabio de justicia social que según Díaz-Polanco (2006) se quiere otorgar con la integración, y se mantiene así la hegemonía de la 93
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Lo anterior no es una elaboración propia de Saavedra, ya que de acuerdo a las Lecturas podemos identificar planteamientos de Díaz Polanco y su libro “Autonomía regional la autodeterminación de los Pueblos Indios (2006) Ed. Siglo XXI. México. Según Díaz-Polanco (2006: 97-98) la Etnofagía es una estrategia, que se inicia con el abandono de los programas y las acciones explícitamente encaminadas a destruir la cultura de los grupos étnicos , y se adopta un proyecto de más largo plazo que apuesta al efecto absorbente y asimilador de las múltiples fuerzas que pone en juego la cultura dominante. La Etnofagía expresa, el proceso global mediante el cual la cultura de la dominación busca engullir o devorar a las múltiples culturas populares, principalmente en virtud de las fuerza de gravitación que los patrones “nacionales” ejercen sobre las comunidades étnicas. El estado puede presentarse como el garante o el “defensor” de los valores étnicos, especialmente cuando su política debe atenuar los efectos de los brutales procedimientos del capitalismo salvaje. 119
cultura de la nación chilena, haciendo cuidadosamente la distinción de cual es la que predomina. Desde el último vértice con el cual hemos concomitado nuestro estudio, lo que anteriormente se plantea acerca del tema, se lleva a cabo a través de lógicas de diálogo, muy disímiles de lo que nos gustaría ver. Estas instancias de entendimiento que se proponen para mejorar las relaciones, o solucionar problemas, no reforzarían una relación de horizontalidad, elemento fundamental para un buen ejercicio de diálogo simétrico. Para que exista la presencia de un diálogo simétrico, de partida no deberían existir las relaciones de poder entre los sujetos, ninguna cultura debería ser referente, o la que establezca las reglas de cómo se llevará a cabo. En este caso, históricamente el pueblo mapuche ha sido la cultura subordinada y el Estado, desde su formación como clase hegemónica, ha regulado el desarrollo de la sociedad y se ha encargado de mantener su hegemonía a través de los distintos periodos republicanos. (Gob. de Chile CVHNT: 2003) Para reforzar lo anterior seguiremos las líneas que propuso Villorio (En Olivé: 1993), para que se dé una relación horizontal en donde está presente el diálogo. Estas categorías son: autonomía, autenticidad, sentido y eficacia95. Si hablamos de Autonomía y la capacidad de autodeterminación que deberían tener los mapuche, debería estar libre de coacción y violencia, no podemos hablar de ello de manera integral. Cuando se proponen nuevas pautas a seguir en el tema indígena, se hace sin romper con las lógicas del paternalismo, es el Estado quien propone o incentiva las formas. Que dentro de estas iniciativas estén incluidos representantes indígenas, eso no les otorga autonomía para sugerir propuestas, ya que todo lo que se diga no debe chocar con los principios del Estado nación chilena, el marco conceptual esta establecido con anticipación. La violencia que se ejerce para llegar a instancias de diálogo y propiciar buenas relaciones, están presentes por ambas partes, el gobierno se siente presionado por los hechos de violencia, pero mientras arregla esto en las ciudades
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Para ver en que se fundamenta cada uno remitirse a nuestro Marco Conceptual, Capitulo II. 120
con mesas de diálogo, el estado de militarización sigue presente en las comunidades y en las ciudades de manera velada. Esta Autonomía que comprometería estar presente, está directamente relacionado con la Autenticidad que pueda alcanzar respecto a la otra cultura, los mapuche como cultura debieran ser la expresión de sus deseos, propósitos y actitudes de los sujetos respondiendo a sus necesidades reales y actuales. De acuerdo a una perspectiva conservadora o liberal, podríamos opinar, que ellos son los que aún no se neutralizan y se integran a la nación chilena sinónimo de desarrollo, pero por otro lado desde el ámbito de la diversidad cultural y lo que ello conlleva, un ambiente de tolerancia y reconocimiento, esta autenticidad sería posible visualizar en su esplendor, ya que principalmente su cosmovisión no concuerda con las actuales lógicas en que se mueve el mundo, lo que obliga a que ellos deban deja u obviar ciertas prácticas culturales para integrarse a la mayoritaria. De esta forma sus necesidades reales, que podrían estar enfocadas en ingeniar técnicas de cómo complementarse desde la tolerancia, destinados a conseguir una mejor calidad de vida desde sus costumbres y valores, no se podrían en la práctica. Por el contrario sus esfuerzos están dirigidas a ver la forma de cómo no desaparecer y resistir al arrase de la identidad. Frente a esto el Sentido, tercer eje de las relaciones horizontales, que se fundamenta en que cada cultura tiene sus propios valores y formas de alcanzar un mejor nivel de vida no estaría presente. Por último el cuarto elemento, la Eficacia que una cultura debe poner en práctica en los medios para alcanzar sus fines y propuestas, podría quedar restringido debido a que ninguna de los anteriores puntos se cumple, los medios que los mapuche utilizan no sería para reforzar los puntos anteriores, sino que para resistir y poder alcanzar una forma de vida mejor. En síntesis el tema de la diversidad cultural, en el país por si incompleto se vuelve, según Díaz-Polanco (2006), en una obsesión política el carácter “incompleto” o inatendido de la nación misma, dada la persistencia de los grupos étnicos y como corolario de esto la búsqueda afanosa de las formulas que
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permitan “completar” o “integrar” a sociedades cuyos tejidos son socialmente heterogéneas, viendo esta heterogeneidad como un defecto de la nación que debe ser superada”. En conclusión si bien el tipo de retórica que se establece en las propuestas hacia los pueblos indígenas, que hacen alusión a reconocer el carácter multicultural de la nación, o sea reconocer que dentro de nuestro país son muchas las culturas diferentes, esto no vendría a cambiar las relaciones interculturales. No nos podemos quedar en el trato moralmente correcto, como lo plantea el multiculturalismo, sino que debe ser concebido como un proyecto Intercultural de carácter ético-político, donde sea: “posible imaginar una modernidad diversa y plural, más rica, que explore muchas alternativas a la vez y que las confronte permanentemente en los nuevos y veloces espacios de intercomunicaciones. (Zuñiga, M y Ansión, J en Tubino. 2006: 95) Esto es lo que plantearía a la vez la Interculturalidad Crítica, el poder cuestionar las lógicas de la modernidad, confrontarlas, logrando la valorización de la cosmovisión indígena, en la lógica de la comprensión o del respeto, para poder erradicar los elementos que generan situaciones discriminatorias o racistas. Pero en la práctica, no es esto lo que podemos encontrar ya que si bien el Estado de Chile propicia el Multiculturalismo, lo hace sólo en la retórica y no en la práctica. Mientras no hayan cambios sustanciales en la constitución y sobre todo en las prácticas sociales, seguirán siendo estas relaciones entre las cultural de carácter funcional al estado unitario y homogeneizante, manteniendo el estatus quo de las situación, las visiones de corte indigenista y reducidas a lo folklórico y por ende las relaciones de poder existentes, tensionando la dialéctica de liberación-opresión (Castro 2008) que también propone el interculturalismo. Es por eso que aún emprendemos este tipo de estudios, porque aún no son temas acabados, mas todavía cuando hay más de un pueblo que cuestiona al Estado nacional hegemónico, como es el caso del Pueblo Rapa Nui. Podríamos pensar actualmente, que con el acceso al gobierno del conglomerado de carácter conservador y liberal, podría haber cambios cualitativos
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en la temática. Son cosas que se están comenzando a ver y que podrían ser procesos de futuros estudios.
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CONCLUSIONES En consideración a nuestra propuesta metodológica, corresponde en este apartado presentar las conclusiones del estudio. Ella se realizará de acuerdo a las respuestas a nuestras preguntas de investigación, correspondientes a los objetivos específicos. Debido a lo vasto de nuestro estudio, la innumerable cantidad de aristas que posee, su carácter de conflicto reciente (pese a su larga data), entre otras características peculiares, etc., creemos dejar abiertas un montón de dudas e interrogantes de investigación, al mismo tiempo que invitamos a la reflexión y al trabajo histórico. Obviamente que por razones metodológicas, necesitamos llamar este apartado “conclusiones”, pero debemos entenderla exclusivamente como las respuestas a nuestras preguntas de investigación, las cuales en futuros estudios pueden ser complementadas, ya que este tema dista mucho de estar concluido para los actores en pugna. En lo concreto, para responder a nuestra primera pregunta de investigación, la cual recordemos nos consultaba sobre: ¿Qué ideas o principios de carácter político, con relación a la concepción de Estado, es posible reconocer en las propuestas estatales dirigidas al pueblo mapuche? A lo largo del estudio hemos reconocido que nuestras categorías se comportan de manera particular. La concepción del Estado Unitario, pese a ver sido ideada en el siglo XVIII en Europa, y transmitida en el siglo XIX a nuestro continente, es la idea principal bajo la cual se entiende la lógica del Estado en nuestro estudio, tornándose en el cimiento teórico de la nación, al mismo tiempo que se reafirma la indivisibilidad de la misma, cuestión que se ratificó en nuestra investigación, de hecho, el principio de universalismo de la ciudadanía (idea ligada estrechamente a la concepción de Estado unitario) es una de sus bases morales fundantes. En lo sucesivo este principio es reconocido y profundizado en las propuestas, debido a que no hay tentativas concretas para reconocer derechos políticos del mapuche, por el contrario, jurídicamente es entendido desde la lógica liberal, por ende, los indígenas son otro ciudadano chileno más como cualquiera, quien tiene unos derechos y deberes universales a todos, como a su vez debe respetar el estado 124
de derecho vigente en el país, ya que sus prácticas políticas, como es el derecho Consuetudinario, tiene escasa utilización en los marcos de la legalidad chilena. El Estado Unitario vendrá a manifestarse a través de varias herramientas, las cuales se engloban en el principio del paternalismo, estando esta categoría bastante presente en todas las iniciativas del gobierno, ya que su política es atender las reivindicaciones mapuche desde una perspectiva cultural, es decir, inversión económica en temas como la salud, la educación y el traspaso de tierras, siendo este último tópico en su carácter de propiedad individual, debido a que los derechos colectivos son fácilmente trastocados. Retóricamente, las propuestas del ejecutivo estarán marcadas por ideas ligadas al multiculturalismo, las cuales son manejadas por varios personeros de gobierno durante el período de estudio, todos ellos oficialistas. Si bien es bastante tratada esta idea, no lo será así su puesta en práctica por parte del Estado, ya que en las diversas instancias legislativas donde puede comenzar a discutirse, no será aceptada. En lo sucesivo, se reconocerá al país como un Estado multicultural, por el mero hecho de poseer una ley específica que trata a los indígenas. Lo anterior se verifica con las palabras del Ministro Sergio Bitar, quien será categórico al anunciar que Chile ya es un país multicultural, por el sólo hecho de existir una ley sectorial, en este caso la ley Indígena 19.253, siendo este cuerpo jurídico el garante de la diversidad cultural, debido a que reconoce a las distintas “etnias” que comulgan en el suelo patrio. Lo que al parecer de nosotros el señor Bitar no tiene en cuenta, es que dicha ley no reconoce propiamente tal a las culturas indígenas, mas sólo reconoce la diversidad de origen que poseen los ciudadanos de Chile. En el caso chileno, la aplicación de los modelos de diversidad cultural es por lo demás bastante ambigua. Dentro de nuestro estudio, nos percatamos que esta concepción del Estado no ha calado hondo en la clase política del país, como podría esperarse de una nación en vías de desarrollo, democrática y tolerante, pese a todas las alusiones que se hace sobre el tema. Es más, la discusión que se da, o al menos el discurso que se hace entrever a la sociedad civil, en específico a través de las fuentes que hemos tratado en nuestro estudio, hacen ver que la
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realidad del multiculturalismo es poco comprendida, y mal o nulamente aplicada en el marco jurídico del país. Las voces son disímiles, ya que en contraposición al Ministro Bitar, tenemos a personeros de gobierno que promueven y hacen tácita la necesidad de implementar un Estado multicultural, como es el ejemplo del entonces Diputado Francisco Huenchumilla (DC), quien se muestra favorable a medidas de discriminación positiva, tendientes a desgravar la escasa inclusión que poseen los indígenas en general, y los mapuche en particular, sintiéndose de acuerdo en que haya un cambio en la legislación chilena, promoviendo una ad hoc a los tiempos que se viven, estableciendo que debe velarse por una participación activa del componente social indígena, mediante cambios constitucionales que garanticen la representación de los pueblos originarios en el aparato del Estado, como también el reconocimiento constitucional explícito de su calidad de “pueblos”. Este reconocimiento, obviamente debe entenderse como una facultad exclusiva del Estado, la cual no vendría a testimoniar la calidad de autoreconocimiento del segmento indígena, dejándolo supeditado siempre a la lógica dentro de la cual el Estado quiere que se mueva, que en lo particular se verá manifiesto en la restricción interna de sus derechos colectivos, ya que estos no deben chocar con la particularidad de cada individuo, ni mucho menos con los intereses del propios del Estado. En síntesis el multiculturalismo prima desde una óptica retórica, sin plasmarse en concreto una auténtica política de reconocimiento cultural. ¿Qué ideas o principios de carácter cultural, en relación a la concepción de interculturalidad, es posible reconocer en las propuestas estatales dirigidas al pueblo Mapuche? El carácter de la interculturalidad que pudimos identificar, hace referencia a lo que en un comienzo siguiendo a Tubino (2006) reconocimos como Interculturalidad Funcional. Si bien en un principio existe un discurso políticos, hacia el actor indígena que lo reconoce como tal, dando luces de lo que podría denominarse una relación multicultural, las ideas o principios que encontramos en las propuestas del área
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cultural, se clasificarían en la lógica de la integración como forma de relación intercultural y que se clasificaría dentro de la denominada funcional. Por otra parte la interculturalidad crítica, que cuestiona la modernización occidentalizadora representada por el neoliberalismo global, y que promueve la revalorización de las identidades indígenas, sería descargada de esta crítica e integraría y promovería aspectos culturales que no harían tal cuestionamiento. Por el contrario las propuestas que se plantean se hacen en aras de que el actor indígena pueda conducirse al desarrollo patrocinado por el Estado, quien es el principal garante de su reconocimiento, fomento y protección. Siendo esta interculturalidad funcional garante del poder hegemónico, el rol del actor indígena estaría descargado de funcionalidad social, por ende el otro no es reconocido como tal, y se niega su participación en todos los ámbitos del quehacer social limitando que sea comprendido por parte de la población. Así el grupo cultural indígena, producto de las políticas desarrolladas en tiempos de globalización se ha individualizado, teniendo que descargarse de ciertos patrones culturales propios al ser integrado en las lógicas de la cultura dominante. Estaríamos en frente de la idea que reconocimos como el desconocimiento del otro, y un cambio de forma en las prácticas de asimilacionismo, y exclusión. Se invita al actor indígena a invertir sus propios esfuerzos para alcanzar el desarrollo del conglomerado nacional, jugando bajos las lógicas mayoritarias descargándose de sus elementos identitario. Como es característico de la integración de corte asimilacionista, que explicamos en nuestro marco conceptual, el Estado da espacios de movimientos al indígena, pero bajo las lógicas políticas y económicas predominantes, las cuales no son propias del indígena ni construidas en conjunto. En este sentido reconocemos una nueva idea, la de folcklorización, se toman ciertos elementos de la cultura indígena, se escoge el capital cultural, que se puede rescatar y es transformado en pos de las tradiciones y cimientos de la nación chilena, integrándose a la vez estas tradiciones a las lógicas del mercado con el fin de vender una imagen país.
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En definitiva esta relación intercultural funcional, que coloca a la cultura chilena como la de referencia, estaría compuesta por todas las ideas y principios que encontramos, como una forma de poder entender la relación entre el Estado de Chile y el pueblo indígena mapuche y las lógicas políticas que tienen en el ámbito cultural con el objetivo de perpetuar su hegemonía y estado de las cosas.
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ANEXOS Del radicalismo a la invisibilización: crónica de la ideología de la criminalización de la protesta social mapuche El presente apartado surge de dos necesidades específicas, concernientes al trabajo mismo de la reflexión histórica: lograr una mediana sistematización de las diversas variables que se desprenden del estudio en sí, mientras que al mismo tiempo se dejan evidencias de la información recabada, la cual puede ser fácilmente contrastada con otros estudios que toquen el tema en cuestión. Dentro de la parcialidad de nuestro estudio, es que debemos entender el siguiente recuento de hechos, ya que para esta construcción de los mismos nos hemos ceñido estrictamente a la información desprendida del diario La Nación, en su versión impresa para los años del estudio (entre el 11 de marzo de 2000 y el 10 de marzo del 2006). Resultaría interesante contrastar la presente recopilación con estudios que tiendan, en líneas generales, hacia los hechos narrados y una explicación holística de los mismos96. La información que exponemos la catalogamos dentro de tres ejes específicos: el primero hace relación a la persecución judicial que se hace de la protesta social mapuche, es decir, las órdenes de arresto emanadas del Ministerio público anunciadas por el medio, las querellas que los personeros de gobierno interponen, etc.; el segundo eje se concentra en las medidas judiciales que pretende proteger la integridad física, el patrimonio cultural-material y concretar los debidos procesos a los que deben ser sometidos los mapuche; y el tercer eje habla de las manifestaciones políticas concretas que utiliza el indígena para demostrar su postura, o los distintos actores a los que se les sindica como 96
Un estudio con el cual resultaría interesante contrastar esta información, es el realizado por Eduardo Mella (2007), quien en su libro Los Mapuche ante la justicia: criminalización de la protesta indígena en Chile, Lom ediciones, hace un recuento de estos mismos hechos, pero desde la perspectiva de los oficios emanados por el Ministerio Público y algunos comunicados de las comunidades indígena en cuestión. Lectura complementaria también resulta el trabajo realizado por Nancy Yáñez y José Aylwin coord. (2007), El gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el “nuevo trato”: las paradojas de la democracia chilena, Lom ediciones, el cual es una mirada holística e interdisciplinaria del período estudiado. 135
simpatizantes de dichas luchas, tales como: tomas de fundo, quema de camiones, recuperaciones económicas, etc. Hemos identificado tres tendencias en cuanto a como actúan las variables en cuestión: para el período comprendido entre inicios del 2000, y comienzos del 2002, se rescata del medio la continua radicalización que toman las protestas indígenas, con la consecuente persecución que se hace frente a las manifestaciones fuera del marco legal; entre los años 2002 y finales de 2004, es cuando esta persecución judicial decanta en la figura conocida como “criminalización” de la protesta social indígena, en específico por la reintegración de la ley Antiterrorista para perseguir a los mapuche, y también distinguida así gracias a los aportes que hace el relator especial de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen y otros estudiosos (Ver Yáñez y Aylwin et. al. 2001); el tercer período comprendido entre el 2005 y principios de 2006, se caracteriza no sólo por el avance en la labor de judicialización en contra del mapuche 97, y las consecuentes sentencias, sino por la sistemática invisibilización que se hace del tema mapuche por parte del periódico, remitiéndose gran parte de la información que atañe a este grupo social, a cuestiones meramente culturales, es decir cae en cierta folclorización de la identidad cultural mapuche, o por otro lado, mostrar las expresiones más violentas del mismo sector social. No está demás recalcar que la información es extraída completamente del medio informativo en cuestión, y por ser su edición impresa, hay que tener cuidado al anunciar el día de los hechos, ya que mínimamente el periódico tiene un desfase temporal de un día o más. La ley del más fuerte: judicialización en contra del mapuche 17 de marzo del 2000. Orden de arresto contra Enrique Millalén, por su implicancia en un atentado incendiario. •
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Fruto de la llamada “Operación Paciencia”, la cual fue la labor de inteligencia llevada a cabo por el Ministerio Público y policía de investigaciones, la cual tenía como objetivo perseguir a los Mapuche más radicalizados y articulados orgánicamente, en específico el trabajo de infiltración en la CAM. Esta operación fue revelada por el mismo Subsecretario del Ministerio del Interior (Ver Mella. 2007) 136
30 y 31de marzo del 2000. Se designa a un Ministro en visita (Julio César Grandón) para que investigue el secuestro de dos jueces del Juzgado de Letras de Collipulli, ocurrida el día anterior. Posteriormente se anuncio que el gobierno está estudiando la posibilidad de interponer una demanda, aludiendo a la Ley de Seguridad Interior del Estado. •
23 de enero de 2001. El entonces subsecretario del Interior, Jorge Burgos, dice que el gobierno, a través de la intendencia de la IX región, iniciará acciones legales en contra quienes resulten responsables del ataque al fundo Ginebra, donde resultaron heridos cuatro personas. Se alude a la imagen legal del homicidio frustrado. •
26 de enero del 2001. Diputados de la Alianza por Chile (derecha) anuncian que pedirán la intervención del COSENA (Consejo de Seguridad Nacional), para así tomar mayores y más eficaces medidas respecto a la situación conflictiva que se vive en el sur del país, ya que aseguran que hay intervención extremista. Con el pasar de los días los mismos diputados desestimarán esta misma convocatoria. •
27 de enero de 2001. Después del desalojo de la hacienda Lleu-lleu, la cual terminó con 13 detenidos mapuche, el gobierno evalúa aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, debido a las agresiones sufridas por personal de carabineros cuando realizaban el operativo. Fueron palabras del ministro del Interior, José Miguel Insulza. Se descartó, por el momento, convocar al COSENA. Al día siguiente la acción es interpuesta por el intendente de la VIII región, Jaime Tohá, permaneciendo 10 personas detenidas, todos sindicados como miembros de la CAM. Entre los detenidos se encuentra Héctor Llaitul. Éste último, junto a dos comuneros a quiénes se les mantenía con procesos por la fiscalía militar de Concepción, serán liberados con fecha de 14 de febrero del mismo año. Finalmente será confirmado el procesamiento por “maltrato de obra a carabineros con resultado de lesiones leves” que se hace efectivo el 23 de febrero. •
2 de febrero de 2001. El subsecretario del interior desmiente categóricamente la información publicada por la Tercera el día anterior, donde se aseguraba que se habrían dictado más de quince órdenes de detención en contra de comuneros mapuche, pertenecientes a la Coordinadora Arauco-Malleco y al •
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Consejo de Todas las Tierras. Pese a este anuncio, catalogado de categórico por La Nación, son sometido a proceso por el delito de incendio. Los imputados son Jaime Cona y Manuel Fren. Héctor LLaitul, debido a su estado de salud, tuvo que comparecer en el hospital de Curanilahue. Dichos comuneros quedarán en libertad días después. 3 de febrero de 2001. Tres mapuche son encargados como reos por el delito de agresión a carabineros en servicio. Dicho proceso es llevado por la Primera Fiscalía Militar de Concepción. La medida atañe a Segundo Ancalao, Eduardo Meñaco y Héctor Llaitul, este último internado en un centro asistencial por las heridas de balín ocasionadas por efecto de un allanamiento, y no de un enfrentamiento como se afirmaba días atrás. •
5 de febrero de 2001. Es detenido José Huañaco, sindicado como partícipe de un ataque al médico Wilson Carrasco, perpetrado cerca de uno de los fundos de Forestal Mininco. Según el fiscal a cargo de la causa, el hecho se habría llevado a cabo porque el médico fue confundido con uno de los ingenieros que trabaja en el lugar. •
6 de febrero de 2001. El alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, califica de desproporcionado el operativo realizado por efectivos de fuerzas especiales en dicha comuna, la cual se llevó a cabo por la información recabada por la Dipolcar, la cual advertía sobre un presunto ataque que se llevaría a cabo contra aviones Dromedario, los cuales estarían dispuestos en la zona para amainar cualquier foco de incendio. “Están jugando a la guerra con los mapuche” asevera el ilustre. •
21 de marzo de 2001. Avelino Meñaco Lincopi, Luis Meñaco Santi y Roberto Leiva, quedan en prisión preventiva, tras haber sido interrogados por el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Eliseo Araya, quien instruye un proceso por infracción a la ley de Seguridad del Estado. Esto tras los hechos ocurridos el pasado 26 de enero en la haciendo Lleu-lleu. Al día siguiente serán detenidos otros cinco mapuche: Héctor Llaitul, Cecilia Salazar, Ramón Llanquileo, Emilia Pilquimán y Segundo Paillán. •
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25 de marzo de 2001. Es finalmente sometido a proceso, por infracción a la ley de Seguridad del Estado, el dirigente de la comunidad Pascual Coña, Avelino Meñaco. Con el pasar de los días, Héctor Llaitul correrá la misma suerte. •
11 de abril de 2001. Es sometida a proceso por infracción a la ley de Seguridad del Estado, la comunera Nancy Millanao. •
16 de mayo de 2001. Juan Leumán es traslado a El Manzano, en calidad de detenido y quedando incomunicado. Esto debido a estar sometido a la Ley de Seguridad del Estado. A su vez, se informa que quedaron detenidos once Mapuche en dos allanamientos realizados unos días atrás, después de llevarse dichos operativos en las comunidades Chequenco y Juan Millacheo, colindante al fundo Ginebra. •
20 de mayo de 2001. Queda detenida María Llanquileo Antileo, quien era requerido por el ministro instructor Eliseo Araya, debido a los hechos ocurrido en enero pasado en la hacienda Lleu-lleu, quedando en calidad de incomunicada. •
14 de junio de 2001. Son declarados en rebeldía cinco Mapuche, entre ellos José Huenchunao, debido a que son requeridos para comparecer por los hechos acaecidos en la hacienda Lleu-lleu en enero pasado, situación a la cual no están dispuestos a someterse. •
10 de julio de 2001. Irma Bavestrello, fiscal de la Corte de Apelaciones de Concepción, pide penas que van de 541 a 800 días de presidio, en contra de siete mapuche que habrían estado involucrados con los hechos de violencia, acaecidos al principiar el año en la hacienda Lleu-lleu. Pide se aplique la sanción de acuerdo a la ley de Seguridad del Estado. •
27 de julio de 2001. La intendenta de la IX región, Berta Belmar, interpuso acciones en contra de quienes resulten responsables de los destrozos, derivados a las marchas mapuche que se están llevando a cabo en Temuco. Del centenar de detenidos que dejó la manifestación, seis quedaron a disposición de la fiscalía, siendo a los dos días dejados en libertad. •
3 de septiembre de 2001. En prisión preventiva y sujetos a medidas cautelares quedaron los mapuche Julio Huentecura y Juan de Dios Puel, tras un •
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desalojo desarrollado por carabineros. También tendrán que enfrentar cargos en la justicia militar. 1º de octubre de 2001. El Seremi de gobierno de la octava región, Víctor Schuffeneger, informó que el gobierno regional interpondrá una querella contra quienes resulten responsables de los últimos atentados incendiarios llevados a cabo en el Alto Biobío, donde quedaron reducidos a cenizas dos camiones y una retroexcavadora. En esta ocasión el personero de gobierno dice que no se descarta la participación de mapuche en el atentado. •
30 de noviembre de 2001. Aucán Huilcamán junto a otros cinco mapuche, son sometidos a proceso por la fiscalía militar de Temuco, aludiendo la falta de maltrato de obra a carabineros, debido a los hechos de violencia que se suscitaron por el desalojo de la sede del Consejo de Todas las Tierras de esa ciudad. •
15 de diciembre de 2001. El ministro de la corte de Apelaciones de Concepción, Eliseo Araya, dictó sentencia contra seis de los siete mapuche implicados en los hechos de violencia en la hacienda Lleulleu. La pena será de 541 de presidio remitido. Absolvió al otro acusado. •
24 de diciembre de 2001. Es detenido el dirigente mapuche Pascual Pichún, sindicado como el responsable de uno de los incendios que afectó al fundo Nancahue, el pasado 12 de diciembre, en la región de la Araucanía. •
28 de febrero de 2002. El subsecretario del Interior, Jorge Correa, se muestra preocupado frente a los antecedentes que le llegan de inteligencia, los cuales apuntan a un financiamiento desde el extranjero para las asociaciones mapuche radicalizadas. En esta ocasión hace referencia a que los incendios forestales ocasionados por encapuchados, son de carácter terrorista. Le solicita a la Corma los antecedentes que tiene a su disposición para estudiar los últimos atentados. •
7 de marzo de 2002. Autoridades de gobierno y Endesa estudian interponer acciones judiciales en contra de los 55 detenidos que dejó un desalojo del camino público a Ralco Lepoy. Los Manifestantes quedaron en privados de libertad en la cárcel de Chillán, y a disposición de la fiscalía militar. No se descarta el aplicar la •
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Ley de Seguridad Interior. Finalmente serán procesados 8 Pehuenche por maltrato de obra a carabineros, el resto queda en libertad bajo fianza. 13 de marzo de 2002. Al interior de la comunidad Chequenco se realizó un operativo policial, quedando 4 personas detenidas, una de ellas menor de edad. No se especifica los motivos del accionar de carabineros. •
19 de marzo de 2002. El gobernador de la provincia del Biobío, Esteban Krause, interpone ante la Corte de Apelaciones de Concepción el primer requerimiento por infracción a la “ley sobre conductas terroristas ”, por los sucesivos atentados incendiarios en la zona. •
22 de marzo de 2002. Los senadores RN Alberto Espina y José García, y el diputado de ese mismo partido José Antonio Galilea, entregaron una lista de diez nombres al ministros (S) del Interior, Franciasco Vidal. Los nombres corresponderían a los individuos que instigan los actos de violencia en la Araucanía. También se designa un ministro en visita que verá la situación de conducta terroristas en el Alto Biobío. •
17 de abril de 2002. El gobierno anuncia que se querellará contra quienes resulten responsables por el ataque incendiario del lunes pasado, en el cual se quemaron dos camiones del empresario forestal Gerardo Yubini, dejando con lesiones al conductor. •
7 de mayo de 2002. El gobernador de Arauco, Rodrigo Peñailillo, interpondrá un recurso judicial contra de quienes resulten responsables del último ataque incendiarios en la hacienda Lleulleu. •
13 de mayo de 2002. Tras un control rutinario quedan detenidos Nelson y Mauricio Huenchún, ya que en la camioneta en la que se desplazaban se incautaron cinco escopetas, dos de ellas hechizas. •
27 de junio de 2002. El subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, aseguró que la CAM está siendo investigada por su presunta participación en actos de violencia registrados en la novena región. •
16 de julio de 2002. Tras los enfrentamientos entre Pehuenche , que terminaron con un saldo de dos muertos y varios heridos, el gobernador del •
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Biobío, Esteban Krause, dice que interpondrá una querella criminal en contra de los responsables de los asesinatos. 7 de noviembre de 2002. Siguiendo una orden de la Corte de Apelaciones de Concepción, detienen por ley Antiterroristas a Víctor Ancalaf, ex vocero de la CAM. La orden es llevada a cabo por el recurso que interpuso el gobernador Krause. Primera vez, después de 10 años, que se aplica la medida a un dirigente mapuche. •
15 de noviembre de 2002. Debido al incremento sustancial de ataques incendiarios, en protesta por la muerte de Alex Lemún, es que se solicita aplicar la ley Antiterrorista a los que resulten responsables de estos hechos. •
1º de diciembre de 2002. Después de un año y medio en la clandestinidad, es detenido el líder de la CAM José Huenchunao, sindicado como el ideólogo de los hechos de violencia propiciados por su agrupación. Junto a él es igual apresado Jaime Coña, integrante de la misma orgánica. Con el pasar de los días serán procesados por la ley de Seguridad Interior del Estado. •
5 de diciembre de 2002. En un operativo policial a varias comunidades de la novena región, y catalogando el hecho como un fuerte golpe a la organización, son detenidos 16 personas vinculadas al accionar de la CAM. Serán procesados por cometer el delito de asociación ilícita, el cual está contemplado en la legislación antiterrorista. Con los días aumentarán a 24 los detenidos por esta misma causa. •
25 de enero de 2003. Son detenidos Juan Huenulao y Juan Colihuinca, mapuche sindicados como los responsables de un ataque incendiario ocurrido en diciembre pasado, el cual afecto a Forestal Mininco. •
1º de abril de 2003. Se anuncia que se utilizarán testigos sin rostro, en el primer juicio por la ley Antiterrorista en lo que va de la reforma procesal penal. Los acusados son Pascual Pichún, Patricia Troncoso y Aniceto Norín. Llevan un año y medio en prisión preventiva. En día 10 serán absueltos por el tribunal oral de Angol, pero no quedarán en libertad, ya que deben enfrentar otros procesos en Temuco y Collipulli. •
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7 de mayo de 2003. Es detenido el comunero mapuche Francisco Llanca, en la comunidad Chequendo de la novena región. Sindicado como el líder más buscado de la CAM, ya que tendría varias órdenes de detención pendiente por ataques a dueños de fundos, carabineros y trabajadores forestales. Las órdenes emanaban tanto del Ministerio Público como de la Fiscalía Militar. En un juicio abreviado será condenado a cinco años de cárcel, y a pagar una multa de 4 UTM. •
29 de junio de 2003. Fuentes extrajudiciales adelantan que la Sala Penal de la Corte Suprema revoca el fallo dictado por el Tribunal Oral de Angol, el cual absolvía a Pascual Pichún, Aniceto Norín y Patricia Troncoso. Tiene que llevarse a cabo un nuevo juicio oral bajo la figura de la ley Antiterrorista. El anuncio se hará el 2 de julio próximo. •
21 de agosto de 2003. Se da a conocer la detención del lonko de Trapa Trapa, Belisario Tranimil. La Coordinadora Biobío vio en este hecho una provocación por parte de las autoridades. •
28 de septiembre de 2003. En un nuevo juicio oral, son encontrados culpables y condenados a una pena de cinco años los comuneros Pascual Pichún y Aniceto Norín, encausados por la Ley Antiterrorista. •
15 de octubre de 2003. El gobernador de Malleco, Mario Venegas, interpuso una querella contra quienes resulten responsables del ataque incendiario al fundo Montenegro, de la comuna de Ercilla, propiedad de René Urban. •
17 de diciembre de 2003. El intendente de la novena región, Ricardo Celis, interpuso una denuncia por agresión contra el dirigente mapuche Galvarino Raimán, quien lo habría insultado e intentado sacar de un coloquio que se llevaba a cabo con la etnia. Al día siguiente presentará una querella. •
15 de enero de 2004. Es detenido el dirigente Pascual Pichún. Sobre el había una orden de detención para que cumpla una pena de 5 años y un día, la cual se debe a que estaba acusada de “amenaza terrorista”. •
21 de enero de 2004. Son condenados 10 Mapuche a 541 días de presidio en su grado mínimo, y a pagar una indemnización de dos millones de pesos, •
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debido a que se les encontró culpables del robo de quintales de trigo, en el fundo Chiguayhue, en Ercilla. 13 de octubre de 2004. Debido al proceso que se lleva a cabo por la ley antiterrorista, la cual afecta a 8 de 16 mapuche, estando la otra mitad en la calidad de prófugos, el diario resalta la declaración de un testigo protegido, quien culpa a la CAM de haber querido “explotar Temuco”, mediante una seguidilla de atentados. El 5 de noviembre del mismo año serán absueltos los indígenas por la Segunda Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, ya que no se acreditaron ni los hechos, ni los cargos. Durante el proceso la fiscalía presentó a declarar a cerca de 160 testigos, de los cuales 44 lo hicieron en calidad de protegidos o secretos y con sus rostros cubiertos. •
21 de febrero de 2005. Es detenido y dejado en prisión preventiva el Mapuche Juan Huenulao, prófugo de la justicia desde agosto del año pasado, acusado del incendio que afecto el fundo Poluco Pidenco en 2001, en la comuna de Ercilla y que pertenece a Forestal Mininco. •
2 de marzo de 2005. Se da a conocer un e-mail mandado el último día de febrero, donde la CAM habla de un rearticulación de su orgánica. En la noticia se hace expresa alusión al carácter violentista de la organización, y su apoyo irrestricto a las comunidades indígenas que llevan a cabo procesos de recuperación de tierras. •
7 de abril de 2005. La Segunda Sala de la Corte Suprema, por fallo unánime, decide anular el fallo del Tribunal Oral de Temuco, el cual dejaba absueltos a 6 mapuche y 2 activistas indígenas, acusados por la ley antiterrorista, ya que se les vincula con el accionar de la CAM. •
24 de junio de 2005. En la repetición del Juicio que la corte Suprema habría anulado 40 testigos sin rostros declararan en contra de los 6 mapuche y 2 activistas. •
19 de Julio de 2005. se reinician los alegatos en el Tribunal oral de Temuco contra los 6 mapuches y 2 activistas que se había suspendido el año pasado, acusados de asociación ilícita. Abrían sido absueltos pero la corte suprema ordeno repetir el juicio. •
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28 de Julio de 2005. falló los exculpo. La resolución contó con los votos favorables de los jueces Ester Valencia y Héctor Hinojosa, y con el pronunciamiento negativo del propio Padilla. El Fiscal de la región de la Araucanía, Sergio Moya no descarta presentar un recurso ante tribunales supriores. •
Los resquicios de la legalidad burguesa: la “legítima” protección del mapuche 18 de marzo del 2000. Se anuncia la presentación de dos recursos de protección (violación a la ley indígena y la de medio ambiente), el cual pretende objetar la legalidad de los decretos emanados del Ministerio de Economía del 10 de marzo, con el cual se le entregó la concesión eléctrica definitiva a ENDESA para construir la central Ralco. •
1º de abril del 2000. Berta y Nicolasa Quintremán interponen dos recursos de protección en contra del Estado, una por la violación al Código de Agua, mientras que la segunda es por transgredir la Ley Indígena y la Ley del Ambiental. •
8 de abril del 2000. José Huenchunao, dirigente la Coordinadora Arauco Malleco, pone un recurso de protección a su favor, aduciendo que su teléfono está intervenido, a la vez que integrantes de su agrupación están siendo objeto de seguimientos y vigilancia. •
22 de julio de 2000. Juana Calfunao Paillalef interpone una querella en contra de carabineros, acusando de tortura a funcionarios de la Segunda Comisaría de Temuco. Los hechos que se denuncian son los tratos vejatorios y violentos que recibió Juana, entre los cuales caben destacar las patadas reiteradas, el desnudamiento obligado y el que la hayan colocado una luma en la boca hasta la tráquea. La detención se llevó a cabo, debido a que uno de los carabineros habría acusado a Juana de ser parte de los procesos de recuperación de tierras. La golpiza terminó con la pérdida del hijo que Juana llevaba en el vientre. •
1º de febrero de 2001. Se da a conocer el informe por parte de carabineros de Cañete, solicitado para dilucidar acerca del recurso de amparo puesto a favor •
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de nueve mapuche que se encuentran detenidos, los cuales habrían sido aprendidos tras el desalojo de la Hacienda Lleu-lleu, hecho constatado en la prensa del 27 de enero pasado. 3 de febrero de 2001. Se da a conocer el recurso de protección presentado por el abogado Rodrigo Calderón, quien presenta la medida frente a la Corte de Apelaciones penquista, con razón de que se establezca un claro procedimiento general, para que no sean afectados los menores que habitan las comunidades allanadas. Abraham Santi Calbullanca, acompañado de Alejandro Navarro y Adolfo Milabur (alcalde de Tirúa), interponen una denuncia ante el Fiscal Militar local, por el uso de violencias innecesaria, en contra de los efectivos policiales que actuaron en el procedimiento. •
8 de febrero de 2001. Se interpone un recurso de amparo a favor de los comuneros Héctor Llaitul, Segundo Ancalao y Eduardo Meñaco pidiendo su libertad provisional. El Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo lleva a cabo la misma acción, interpuesta en Santiago, en beneficio de los mismos afectados. •
14 de febrero de 2001. El diputado PS Alejandro Navarro, y el werkén del Consejo de Todas las Tierras Aucán Huilcamán, presentan una denuncia frente a la fiscalía regional de Concepción, con tal de que se investigue una serie de violaciones contra la seguridad de las personas, las cuales estarían siendo perpetradas por agricultores de la zona en contra de comunidades mapuche. •
14 de marzo de 2001. La corte de apelaciones de Concepción acogió a trámite un recurso de protección, el cual fue interpuesto por 44 pehuenche del Alto Bio-bío, en defensa de un antiguo cementerio indígena. De todas formas no se detienen las faenas de la central Ralco, ya que el tribunal no accedió a la orden de no innovar, solicitada para detener los trabajos. •
17 de marzo de 2001. Pehuenche de la comunidad Trapa Trapa y el Consejo de Todas las Tierras interpondrán una querella en contra de colonos, por asociación ilícita y porte de armas, después de un incidente en el cual fueron amedrentados con armas de fuego. •
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17 de abril de 2001. Los abogados Rodrigo Calderón y Pablo Ortega solicitaron la libertad bajo fianza ante la corte de Apelaciones de Concepción, la cual beneficiaría a los comuneros Avelino Meñaco, Héctor Llaitul, Manuel Fren y Nancy Millanao. Esta solicitud será negada. •
27 de abril de 2001. Comienza a verse, en la segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la situación de la central Ralco, a la luz de las Ley General de Servicios Eléctricos (1982) y la Ley Indígena (1993) •
17 de mayo de 2001. El alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur; el diputado socialista, Alejandro Navarro; y el consejero de la Conadi, Miguel Liguempi, hacen una petición a la corte de Apelaciones de Concepción, para que se establezca un ministro en visita que investigue los hechos en que cuatro Mapuche quedaron heridos a bala, en la localidad de Tirúa. •
18 de mayo de 2001. El abogado Pablo Ortega presenta un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Concepción, la cual iría en beneficio de los cuatro comuneros mapuche heridos a bala, ya que, alega el profesional, se encuentran en calidad de detenidos sin saberse de manera clara qué delito cometieron. •
19 de mayo de 2001. Se concede la libertad bajo fianza a cinco de los seis mapuche procesados por la Ley de Seguridad del Estado, debido a los hechos ocurridos en enero pasado. La medida beneficia a Avelino Meñaco, Manuel Fren, Héctor Llaitul, Nancy Millanao y Gumercindo Leiva. A la semana después quedará en libertad Juan Leumán y María Llanquileo. •
25 de mayo de 2001. Rodrigo Marihuén, por medio del abogado Hugo Gutiérrez, interpone una querella criminal por homicidio frustrado en el Juzgado de Cañete, en contra de quienes resulten responsable del procedimiento en que quedaron heridos a bala cuatro mapuche en la localidad de Tirúa. Con los días se sumarán dos de los afectados, y se individualizará a los funcionarios de la policía civil que cometieron los hechos de violencia, quedando interpuesta tres querellas contra los efectivos policiales. •
2 de junio de 2001. El abogado José Lincaqueo presentó frente a la Fiscalía Regional del Ministerio Público un recurso, con lo cual se busca que sean •
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sometidos a proceso por malversación de fondos públicos, a ex dirigentes de la Conadi. Dichos delitos se habrían llevado a cabo en la administración de Eduardo Frei. 2 de marzo de 2002. Los diputados Alejandro Navarro (PS) y Eugenio Tuma (PPD), junto al werkén del Consejo de Todas las Tierras, anuncian que interpondrán acciones judiciales contra funcionarios de la Corma, por considerar racistas los dichos emanados de dicha institución, la cual vincula a Mapuche con incendios forestales. •
10 de marzo de 2002. El diputado Alejandro Navarro junto al abogado Roberto Celedón, pedirán un ministro en visita que investigué los hechos ocurridos en el Alto Biobío, los cuales dejaron un saldo de 55 detenidos. Con el pasar de los días será desestimada esta petición. •
17 de octubre de 2002. Las familias Pehuenche que se oponen a la construcción de la central Ralco, recurrirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a la vulneración de sus derechos indígenas •
20 de noviembre de 2002. La familia del fallecido Alex Lemún, anuncia que interpondrán una querella por violencia innecesaria con resultado de muerte, en contra de funcionarios de carabinero. •
7 de diciembre de 2002. El diputado Alejandro Navarro interpone un recurso de protección a favor de los 15 mapuche detenidos, acusados por ley Antiterrorista. •
¡Las tierras robadas serán recuperadas!: La protesta social mapuche 29 de marzo del 2000. 25 Mapuche guiados por Víctor Ancalaf son detenidos, ya que se tomaron las dependencias del Juzgado de Collipulli, en protestas por las detenciones de comuneros de su etnia. Retuvieron al Ministro de la Corte de Apelaciones Lenin Lillo. •
16 de abril del 2000. Ocupación pacífica por parte de 18 Mapuche, de la sede diplomática de la Comunidad Económica Europea, protestando por la situación judicial de 13 comuneros en particular. •
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5 de mayo del 2000. Ocupación por más de 15 horas del camino hacia la central hidroeléctrica Ralco, la cual se encontraba en construcción. Se afirma que la medida de presión la llevaron a cabo una cincuentena de mapuche. •
26 de mayo del 2000. La Red de Acción Bio-bío Libre mantiene una toma de la sede del PPD, mediante la cual reclama al presidente Ricardo Lagos reciba a las hermanas Quintremán, evitando también la construcción de la central Ralco. Las hermanas Quintremán encabezan la toma de la catedral de Concepción. En Temuco tres jóvenes universitarios mapuche, que exigían mejoras en las condiciones de los hogares universitarios indígenas, resultan con lesiones producidas por balines, debido a enfrentamientos derivados de una toma de la sede de la Conadi, •
10 de junio de 2000. Una veintena de estudiantes mapuche son detenidos, ya que se encontraban ocupando las dependencias de la Conadi, en Santiago. Sus demandas apuntan a mayores recursos para mejorar las pésimas condiciones en la que se encuentra su hogar universitario, y el hacinamiento al que están sometidos. •
11 de junio de 2000. Mientras se celebraba el Día Internacional del Medio Ambiente, en un acto organizado por la CONAMA, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro García, es interrumpido por activistas pro defensa del Alto Bio-bío, quienes extendieron un lienzo y acusaron al gobierno de auspiciar el genocidio en contra de la población pehuenche. •
24 de junio de 2000. Mientras que en el palacio de gobierno Ricardo Lagos encabeza un acto oficial de gobierno, referente a la celebración del año nuevo mapuche, en las afueras de la casa de gobierno integrantes de la red por el Biobío Libre y grupos mapuche protestan en contra del doble discurso que mantiene el ejecutivo respecto a las minorías étnicas, sus derechos y el servilismo del jefe de gobierno para con las transnacionales. •
14 de julio de 2000. Nuevos hechos de violencia, esta vez en la comuna de Tirúa, cerca del sector conocido como Cerro Negro. Durante el día, y en dos ocasiones, carabineros acompañados por trabajadores de forestal Mininco primeramente, posteriormente acompañados de gases lacrimógenos, carro lanza •
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aguas y balines de goma, se enfrentan a comuneros mapuche. La Nación dice que los indígenas habrían actuado enrabiados por la presencia de los trabajadores. Después de ocurrido el primer hecho de violencia, los efectivos piden refuerzos, desatándose otro hecho represivo. Durante la noche atacan a un jeep propiedad de la forestal en cuestión. En la noticia se habla de que los que habrían llevado a cabo este hecho son presumiblemente mapuche. Se trata de ligar a la CAM con estos episodios. 25 de julio de 2000. La agrupación de ayuda a los presos políticos mapuche, Meli Wixan Mapu , se reunieron frente al Ministerio de Justicia para entregar una carta desmintiendo las declaraciones del ministro José Antonio Gómez, en las cuales emitía un juicio categórico: En Chile no existen los presos políticos. •
5 de octubre de 2000. Alrededor de doscientos mapuche, agrupados en el Consejo de Todas las Tierras, inician una caminata desde Santiago hacia Valparaíso, para presionar al gobierno y ratifique prontamente el convenio 169 de la OIT. Una vez iniciada la caminata, su primer objetivo fue pasar por la sucursal de Endesa para entregar una carta de protesta por la construcción de Ralco. Posteriormente pasaron por la casa de gobierno, donde entregaron una carta con sus demandas a Ricardo Lagos. Después emprendieron rumbo a Valparaíso. El miércoles 11 del mismo mes se dará la noticia sobre el arribo de los manifestantes, quienes tras días de recorrido, llegaron finalmente a la sede del legislativo en Valparaíso. En esta ocasión se dirá que son trescientos mapuche. •
13 de octubre de 2000. Con motivo de la conmemoración de un nuevo “día de la raza”, y en un contexto que no estuvo marcado por la violencia, es que se llevaron a cabo dos actos de protesta que rebasaron los ánimos de calma. En la X región, la comunidad Manchehue ocupó un predio de 450 hectáreas, pertenecientes a la sociedad agrícola Manchehue Ltda. En Santiago, integrantes del Consejo Mapuche Pikunche ingresaron a la Moneda, donde leyeron una proclama en la pileta central de dicho paseo de los naranjos. •
15 de octubre de 2000. Luego de una protesta que fue duramente reprimida, y que culminó con varios detenidos, la ministra del Mideplan, Alejandra •
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Krauss, estudia la opción de expulsar a una ciudadana francesa que fue aprehendida en dicha ocasión. 3 de noviembre de 2000. Se hace alusión a una marcha llevada hace dos días en Concepción, llevada a cabo por la Coordinadora de fuerzas por el Bio-bío. Dicha marcha estuvo encabezada por el dirigente apuche Iván Ancatén, quien realizó el recorrido sobre un caballo. •
8 de diciembre de 2000. Mientras emitía su discurso frente a la Conferencia Preparatoria de las Américas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y formas Conexas de Intolerancia, el presidente Ricardo Lagos es interrumpido por cerca de sesenta manifestantes mapuche. Una representante de la etnia le arrebata el micrófono y procede a hacer sus denuncias, sobre el estado actual de los indígenas chilenos, los atropellos que sufren política y culturalmente, como también el hecho de que no están reconocidos como pueblo en la constitución chilena y la no ratificación del convenio 169 de la OIT. •
17 de diciembre de 2000. Con motivo de la puesta en marcha de la reforma procesal penal, cuya primera etapa de implementación se llevó a cabo en las localidades de Temuco y la Serena, un grupo de mapuche, encabezados por Aucán Huilcamán, realizaron una protesta pacífica frente a la sede de la defensoría pública de Temuco, donde se leía la siguiente consigna de una pancarta: “El pueblo mapuche continuará sometido a la tiranía del imperialismo español”. •
14 de enero del 2001. Un grupo de nueve mapuche se toman las dependencias de la embajada de Holanda, aduciendo las irregularidades de los procesos de detención que atañen a los distintos comuneros, particularmente el caso dado hace un año atrás de Enrique Millalén, donde acusan un montaje por parte de carabineros. •
20 de enero de 2001. En una actividad realizada en el Parque Nacional Conguillío, y a días de haberse constituido la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, un mapuche anónimo increpa al presidente de la república, exigiéndole mayores derechos para los pueblos originarios de la zona. •
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23 de enero del 2001. Se acusa a través de la prensa el recrudecimiento de la violencia en la IX región, la cual sería llevada a cabo por presuntos mapuche. Los afectados, hace un par de días, habrían sido atacado por hombres encapuchados y armados con escopetas. Cuatro serían los heridos, con marcas de perdigones y fracturas, los cuales fueron visitados en el hospital por la ministra Berta Belmar. Al mismo tiempo se inculpa al accionar mapuche la quema que sufrieron siembras de trigo el día de ayer. También se señala la toma de un fundo de la UFRO por parte de comunidades mapuche. •
24 de enero de 2001. 30 encapuchados, presuntos indígenas de la comuna de Collipulli, incendiaron un campamento del fundo Rucañanco, perteneciente a forestal Mininco. Ocho de diez contenedores habilitados como viviendas terminaron en cenizas. El diputado Alberto Espina (RN) pide que se aplique la Ley Antiterrorista. •
26 de enero de 2001. Unos 70 miembros de la comunidad Nicolás Carbollanca ocupan el predio Los Troncos, ubicado en la localidad de Lleu-lleu, como respuesta a la ausencia de la ministra del Mideplán Alejandra Krauss, con la cual tenían pactada una junta hacía más de un año. •
27 de enero de 2001. Unos 25 integrantes de la comunidad Pascual Coña ocupan la hacienda Lleu-lleu, propiedad de Osvaldo Carvajal, reclamando en contra de las medidas adoptadas por el gobierno en cuanto a la resolución de sus reivindicaciones territoriales. En su ocupación quemaron rastrojos de la siembre de trigo. Siete funcionarios policiales y cinco mapuche resultaron heridos, uno por un impacto de balín en uno de sus ojos. El medio dice que ese mismo un grupo habría ingresado al fundo Los Troncos. Avelino Meñaco, dirigente de la comunidad Pascual Coña en la publicación del día siguiente, desmiente estos hechos, aclarando que el grupo mapuche estaba manifestándose de forma pacífica, cuando llegaron efectivos policiales y actuaron con extrema violencia, como también el destrozo de su casa por un operativo de allanamiento y el hurto que sufrió de $500 mil. •
29 de enero de 2001. Dos predios de Bosques Arauco, ubicados en las inmediaciones del lago Lleu-lleu, son afectados por el accionar de encapuchados •
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(presuntos mapuche). En uno resultó destruida la casa de un cuidador, mientras que en el otro resultó quemada una plantación de pinos. 31 de enero de 2001. Grupo de mapuche (afirma la Nación) ingresaron a predios de las forestales Volterra y Bosques Arauco, ubicados en la zona de Arauco, provocando focos de incendios, los cuales habrían sido controlados. •
3 de febrero de 2001. Aucán Huilcamán encabeza una protesta de su organización, llevada a cabo pacíficamente en Temuco. En dicha ocasión se critica la invención de la derecha de la figura del “Comandante Héctor”, la cual vendría a justificar la militarización de los territorios en conflicto. •
6 de febrero de 2001. Sergio Huepe asegura que desde el día de ayer se mantienen ocupados, en la provincia de Arauco, cuatro predios. •
10 de febrero de 2001. 80 comuneros Mapuche ocupan el Fundo Queuco, ubicado en el sector cordillerano de la provincia del Bio-bío. Según la prensa, la situación estuvo a punto de derivar en enfrentamientos, debido a que en la zona ocupada habitan 60 familias de colonos, los cuales no son dueños de la tierra. El gobernador(s) de la provincia tuvo que hacer de mediador, logrando un momentáneo acuerdo de paz. •
14 de febrero de 2001. mapuche pertenecientes a la comunidad Huilliche Antonio Lepileo, se tomaron el fundo Chauquén, perteneciente al empresario Fernando Léniz. Este hecho ocurrió en la zona de Panguipulli, región de Los Lagos. También ingresaron a los Fundos Calafquén y a un fundo de la sociedad agrícola Fonape. Serán desalojados al día de iniciada esta ocupación. •
15 de febrero de 2001. Un grupo de Pehuenche entregan las dependencias regionales de la Conadi en Ralco, las cuales se encontraban ocupadas hace un par de días. Con este hecho comienza otro proceso de diálogo con las comunidades en cuanto al problema que representa la construcción de la central hidroeléctrica Ralco. •
16 de febrero de 2001. Se acusa a través del diario sobre la agresión que habrían llevado a cabo mapuche a los colonos del fundo Queuco, después de un fallido proceso de negociación. Se dice que una casa fue quemada, y algunos colonos, entre ellos una mujer embarazada, habrían sido agredidos. Las •
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declaraciones de los colonos son contradictorias a los informes de carabineros. También son agredidos en esta ocasión consejeros nacionales de la Conadi. 18 de febrero de 2001. Dos nuevas tomas de terrenos se registran en Panguipulli por parte de mapuche, en la X región. El medio anuncia que estos hechos se llevaron a cabo de forma pacífica. Asociaciones de agricultores llaman a “organizarse” para adoptar medidas tendientes a evitar estos hechos, haciendo un parangón entre la actual situación de inestabilidad que sufren al igual como fue en la época de la Unidad Popular. •
22 de febrero de 2001. Dos mujeres son tomadas detenidas luego de encadenarse a uno de los pilares de los tribunales de Justicia de Concepción, después de una protesta en contra de la construcción de la central hidroeléctrica Ralco. •
23 de febrero de 2001. Un centenar de mapuche de la comunidad Temucuicui se enfrentaron con carabineros, al interior del fundo Alaska, perteneciente a forestal Mininco, tras haber fracasado un proceso de negociación que llevaban a cabo con el gobierno para obtener dicho fundo, por lo cual iniciaron la toma como medida de presión. Dirigidos por una tanqueta, carabineros hiere a cuatro de los ocupantes. Al día siguiente continuará la ocupación y los ataques de los mapuche a personal de carabineros, quienes están apostados en el lugar para resguardar las faenas de tala de la forestal. La Conadi insiste en que el rompimiento unilateral por parte de la comunidad, su postura agresiva y la ocupación del predio, no hacen eco de la que iba a ser una pronta adquisición del predio para hacerle entrega al grupo aborigen. Los mapuche aluden a que se les ha tramitado mucho tiempo para solucionar este problema. Paralelo a estos hechos, se realiza la toma del fundo El Ulmo, en Victoria, propiedad de la misma forestal. •
25 de febrero de 2001. 200 mapuche se enfrenta con carabineros, resistiendo al intento de desalojo por parte de la fuerza policial del fundo Alaska, operativo en el cual resulta detenido un joven de trece años, quien denunció su detención ilegítima, como también el maltrato al que fue sometido, ya que a la hora en que se le priva de su libertad, se encontraba transitando pacíficamente por •
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el sector. En Panguipulli, X región, se inicia otro proceso de recuperación de tierras y tala de árboles, lo cual es denominado por los Mapuche como ocupaciones productivas. 26 de febrero de 2001. Integrantes de comunidades Lafkenche de la octava y novena región, acuerdan iniciar una marcha desde Tirúa a Concepción. La iniciativa se llevará a cabo del 4 de marzo, y tiene como finalidad plantear las propuestas que dicha etnia tiene sobre lo concerniente a sus reivindicaciones. Entre las medidas destaca la autodeterminación mapuche (gobernarse a sí mismos dentro de la legalidad del Estado), como también la ratificación del convenio 169 de la OIT. Comuneros Pehuenche de la comunidad Quepuca Ralco, cercaron su cementerio, para así evitar que se extiendan las faenas de la construcción de la central Ralco. •
1º de marzo de 2001. Dos incendios intencionales se produjeron en fundos pertenecientes a particulares, y que están en disputa por comunidades indígenas. Uno sería al fundo Chauquén, perteneciente al empresario Fernando Léniz; mientras que el segundo habría afectado dos hectáreas de plantación de pino insigne, en el fundo El Desierto, en la novena región, perteneciente a Alfonso Ruiz. •
8 de marzo de 2001. Cerca de dos horas estuvo tomada, por un grupo de Pehuenche , la capilla contigua a la casa del cardenal Francisco Javier Errázuriz, ubicada en la comuna de Ñuñoa. •
11 de marzo de 2001. Son desalojados 15 jóvenes que mantenían ocupada la sede del PPD en Santiago, desde hacía dos días. La medida la llevaron a cabo en protesta por la construcción de la central Ralco. •
13 de marzo de 2001. Se da a conocer las versiones contradictorias entre carabineros y Pehuenche , en lo relativo a incidentes que se habrían llevado a cabo el pasado fin de semana. La primera versión dice relación con un ataque que sufrido una patrulla, propinada por un grupo de hombres a caballo, armados de boleadoras, piedras y palos. Resultaron con heridas menores dos carabineros y un vehículo institucional dañado. La versión de los Pehuenche no es descrita. •
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7 de abril de 2001. Se presume que Pehuenche de la comunidad Trapa Trapa, habrían incendiado una cabaña de un fundo particular, emplazada en la zona cordillerana de Antuco. También habrían robado especies y animales. •
22 de abril de 2001. Siete mapuche ocupan la sede de la embajada de Australia en Santiago, protestando por las irregularidades en los procesamientos de comuneros inculpados en la quema de camiones, hechos acaecidos en febrero de 2000. •
16 de mayo de 2001. cuatro mapuche heridos de bala y cinco detectives con contusiones de puños, fue el saldo de una refriega tras el operativo de detención en contra de los indígenas, en la comuna de Tirúa, provincia de Concepción. Los cuatro mapuche quedan internados en un centro asistencial en calidad de detenidos. El 23 del mismo mes quedarán bajo libertad por falta de méritos. •
17 de mayo de 2001. Un centenar de estudiantes mapuche de Temuco se toman la subdirección de la Conadi, en protesta por los hechos ocurrido en Tirúa donde quedaron heridos de bala cuatro mapuche. En Santiago, un grupo de estudiantes de esta etnia hacen entrega, al presidente Ricardo Lagos, de una carta de reclamo por los mismos hechos. •
19 de mayo de 2001. Un centenar de personas marchan hacia la plaza de la Independencia en Concepción, en rechazo a los hechos ocurridos en Tirúa hace algunos días. Por la tarde, un grupo de Pehuenche del Alto Bio-bío llega a la sede del gobierno regional, exigiendo la libertad de cinco mapuche que fueron detenidos hace algunos días tras el desalojo del camino público de Ralco. •
27 de julio de 2001. Se informa en el diario sobre una manifestación mapuche que fue disuelta días atrás, la cual no habría sido autorizada y que se habría llevado a cabo en repudio a un allanamiento que sufrió un local del Consejo de Todas las Tierras. Aucán Huilcamán llama a un “proceso de movilización sin tregua”. •
9 de agosto de 2001. Cuatro Mapuche ingresan a la embajada de Suecia en Santiago y piden asilo territorial. Su demanda es movilizada por la ilegalidad con que los persigue el Estado chileno, ya que vulnera, entre otros, su derecho de •
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asociación. Con el pasar de los días se sumarán dos mapuche más a la iniciativa, acogiendo a trámite la petición de asilo por parte del gobierno sueco. Finalmente no serán asilados, ya que la embajada les cobra $61 mil por cada persona. 11 de agosto de 2001. Según el diario, cerca de 20 presuntos Pehuenche , encapuchados y en estado de ebriedad habrían atacado a camiones en el Alto Biobío, los cuales llevaban forraje para comunidades. •
3 de septiembre de 2001. Comunidades indígenas de Carahue, ayudadas por la CAM, inician un proceso de tala y explotación de pinos en los fundos Los Arroyo y Aguas Blancas. •
30 de septiembre de 2001. Encapuchados no indígenas serían los responsables de unos ataques incendiarios, perpetrados en el Alto Biobío. Los bienes quemados fueron dos camiones y una retroexcavadora, de las empresas Frebrasa y Endesa, respectivamente. •
16 de octubre de 2001. Grupos indígenas, ecologistas y antiglobalización, entre otros, realizaron una manifestación en los pies del cerro Santa Lucía criticando la política indigenista del gobierno. Se informa de ocupaciones que han llevado a cabo en días anteriores grupos indígenas, como el caso de la ocupación de la ruta que une Cañete y Tirúa, y barricadas en el camino que une Chol chol y Galvarino •
15 de noviembre de 2001. Se informa de algunos hechos de violencia que se han llevado a cabo en zonas habitadas por mapuche, en la VIII y IX región. En el área de Queuco, Alto Biobío, dos comunidades Pehuenche se enfrentaron entre sí por la propiedad de un predio, mientras que en Lumaco, comuneros mapuche intentaron detener faenas de trabajo de la forestal Mininco. En este último hecho, al menos unos 10 mapuche resultaron lesionados, algunos con heridas de perdigones. •
26 de noviembre de 2001. Nuevo atentado incendiario en la hacienda Lleulleu. En esta ocasión seis encapuchados, armados con escopetas de caza y cócteles molotov, quemarán la casa patronal y la vivienda del cuidador del predio. El intendente Jaime Tohá se querellará contra quiénes resulten responsables tras la investigación, acudiendo a la ley de Seguridad Interior. •
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9 de enero de 2002. Incidentes entre mapuche y carabineros en Tirúa. Estos ocurrieron cuando carabineros concurría al fundo Miraflores, debido a las constantes denuncias por hurtos de madera. A su encuentro salieron unos sesenta encapuchados a atacarlos con palos y piedras. Posteriormente quemaron un camión de una contratista de la Forestal Valdivia. No hubo detenidos en esta ocasión. •
15 de enero de 2002. Pehuenche se toman el camino que va hacia el Alto Biobío, a unos siete kilómetros de las obras de la central Ralco. Su acción se debe al incumplimiento de un acuerdo firmado en 1998 con la transnacional, la cual se comprometía a invertir US$1 millón para mejorar la calidad de vida de las comunidades a quienes no afecta directamente la construcción de la central. Una niña de seis años resulto herida. •
23 de febrero de 2002. En el sector conocido como “Cuatro esquinas”, un grupo de Mapuche apedrean los vehículos en los que se trasladan maquinaria que operará en la central Ralco. Tras un operativo policial quedan detenidas Carmen Paine, Berta Quintremán y Francisca Treca. En otra manifestación un grupo de 25 comuneros en el Alto Biobío, se tomaron el camping Loncoche, cercano a la comunidad Ralco Lepoy. La medida se habría tomado para demandar la presencia de ejecutivos de la transnacional para dialogar. En las afueras de Concepción un grupo de jóvenes arma una barricada con neumáticos encendidos, la cual genera un taco de proporciones. •
2 de marzo de 2002. Un grupo de Pehuenche se encadenó en el puente Calderón en el camino a Santa Bárbara, con el fin de impedir el paso del convoy que lleva un de las turbinas que se utilizarán en la central Ralco. Son detenidas cinco Pehuenche , entre las que están las hermanas Quintremán. •
5 de marzo de 2002. Nuevo ataque incendiario en contra de un camión que se utiliza en la construcción de la central Ralco. El Intendente Jaime Tohá dice que se perseguirá a los responsables. Se insiste en no responsabilizar a mapuche, ya que el tipo de accionar es distinto a la forma en que se manifiestan los indígenas. •
7 de marzo de 2002. 18 horas duró la ocupación del camino público que va a Ralco Lepoy. En los enfrentamientos que hubo por el desalojo llevado por •
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carabineros, 55 personas quedan detenidas, mientras que el saldo de lesionados es de 44, entre manifestantes y carabineros. Un camión fue quemado en la refriega. Con el pasar de los días se dará a conocer la improcedencia utilizada por carabineros, ya que realizaron allanamientos a casas y destrucción de bienes, tomando detenidos a ancianos y golpeando a mujeres. 10 de marzo de 2002. Organizaciones y comunidades mapuche realizan una marcha pacífica hacia el Alto Biobío, en solidaridad con los 55 detenidos que dejó una manifestación en contra de la central Ralco. Unas 200 personas se expresaron de esta forma, encabezadas por Aucán Huilcamán. •
12 de marzo de 2002. Unos 50 integrantes de la comunidad Nicolás Calbullanca se toman el fundo Los Troncos, en la provincia de Arauco. Horas después son desalojados, quedando 9 detenidos. •
19 de marzo de 2002. Se da a conocer en el diario un ataque incendiario perpetrado días atrás, en el cual se habría quemado un camión cerca de la zona donde se realizan los trabajos de Ralco. Este hecho hará que el gobernador de la provincia invoque la ley antiterrorista. •
7 de mayo de 2002. Nuevo ataque incendiario en la hacienda Lleulleu. En esta ocasión son reducidas a cenizas las últimas dos construcciones que quedaban en pie. •
11 de junio de 2002. Ocho integrantes del Consejo de Lonkos del Alto Biobío ocupan la oficina del programa Orígenes, de la cartera del Mideplan, en Concepción reclamando mayor participación en esta instancia. •
9 de agosto de 2002. 15 integrantes de agrupaciones indígenas metropolitanas se tomaron las dependencias de la Unión Europea, en Santiago. La medida se hace en protesta por la detención de dirigentes de la CAM. •
14 de agosto de 2002. Después de un breve enfrentamiento con carabineros, en la cual los mapuche rechazan las plantaciones que lleva a cabo Forestal Mininco, son detenidos cinco comuneros en la comuna de Ercilla, novena región. •
16 de agosto de 2002. Son quemados tres containers de la Forestal Mininco en el fundo Podenco, ubicado en Ercilla. También se da a conocer la detención de •
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ocho comuneros, quienes se habrían tomado las dependencias de la Conadi en Traiguén, exigiendo la libertad de todos los presos mapuche de la región. Serán desalojados los primeros días de septiembre. 4 de septiembre de 2002. Tras la ocupación de la Intendencia de la novena región, son desalojados los miembros de la comunidad Antonio Panitrut. Piden que se optimicen los mecanismos de entrega de tierras. •
12 de septiembre de 2002. Una veintena de estudiantes mapuche de la Universidad de la Frontera, se enfrentaron con funcionarios de fuerzas especiales, en una jornada que marcaba dos hechos sustanciales, por un lado la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre, y el rechazo a las detenciones de lonkos y comuneros mapuche en Traiguén. •
18 de septiembre de 2002. Nuevos destrozos en el fundo Lleulleu, esta vez evaluados los daños en cinco millones de pesos. En el atentado se quemaron árboles nativos y frutales, se robaron cables eléctricos como también estacas del cerco. •
12 de octubre de 2002. En el marco de una nueva conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, llega una marcha integrada por 200 Pehuenche a la ciudad de Concepción. En esta ocasión amenazan con acampar en la plaza de la ciudad y realizar un plebiscito, con la finalidad de presionar al intendente y obtener una pronta devolución de tierras que reclaman como propias, en el Alto Biobío. Una veintena de estudiantes arman una barricada en las afueras de la Universidad de Concepción. •
16 de octubre de 2002. En el Alto Biobío se les impide el paso a la “comisón de hombres buenos”, la cual estaba encargada de la tasación de la mitad de los terrenos que necesita Ralco para terminar su proyecto. Familias Pehuenche son las que no permiten que la comisión ingrese a sus territorios. •
12 de noviembre de 2002. Tras unos “confusos” incidentes entre carabineros y mapuche en Ercilla, se mantiene con muerte cerebral el joven comunero Edmundo Lemún Saavedra (17), quien recibió un disparo en su cabeza, después de intentar una ocupación en el fundo Santa Alicia, perteneciente a Forestal Mininco. Los médicos no saben si declarar la muerte cerebral del joven. •
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Este hecho vendrá a caldear los ánimos de los mapuche, promoviendo una serie de movilizaciones. 13 de noviembre de 2002. Debido a la muerte de Edmundo Lemún, se arman barricadas a las afueras de la Universidad de Concepción, enfrentándose carabineros con encapuchados, dejando un saldo de 4 detenidos. •
14 de noviembre de 2002. En Santiago unos 300 manifestantes mapuche marcharon por las calles de Santiago, en repudio al asesinato ocurrido en Ercilla. Son apedreadas las autoridades de la gobernación de Malleco que iban a dar las condolencias por la muerte del activista mapuche. Son enterrados los restos de Alex Lemún. •
15 de noviembre de 2002. Se intensifica la violencia en la zona de la Araucanía. En la noche ocurrieron tres ataques incendiarios a fundos particulares, específicamente a la hacienda Lleulleu, y al aeródromo de Tirúa. •
18 de noviembre de 2002. Continúan los hechos de violencia en la novena región. Manifestaciones todos los días, cortes de camino y tomas de terreno son la tónica. En el acceso a Nueva Imperial arman una barricada que mantuvo cortado el tránsito por una hora. Mil comuneros mapuche marchan, pertenecientes a 15 agrupaciones indígenas, marchan por la calles de Temuco. •
19 de noviembre de 2002. Un grupo de mapuche del sector Boyero, prenden fuego a una retroexcavadora del concesionado del vertedero Temuco. Con 24 detenidos termina una marcha violenta en Temuco, donde en las calles céntricas los manifestantes destruyeron todos los locales comerciales que habían en su camino. Al día siguiente habrán movilizaciones en Lebu. •
23 de noviembre de 2002. En el sector norte de Temuco, específicamente en el fundo San José, encapuchados incendian una retroexcavadora perteneciente a una forestal. •
26 de noviembre de 2002. La agrupación Mujeres de la Resistencia Pehuenche , se tomaron la sede de la gobernación provincial del Biobío en Los •
Ángeles, exigen la inmediata liberación de Víctor Ancalaf.
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3 de diciembre de 2002. Un grupo de jóvenes mapuche cortan la ruta 5 Sur a la altura del puente Manuel Rodríguez. La acción se habría llevado a cabo en respuesta a la detención de José Huenchunao. •
7 de diciembre de 2002. Ataque incendiario en el fundo Chihuahue en Ercilla, novena región perpetraron encapuchados. Tres viviendas resultan destruidas. El diario relata que mientras el fiscal realizaba pesquisas en el lugar, fue amenazado por los mismos encapuchados •
26 de diciembre de 2002. En la plaza de Cañete se realiza una concentración pública, donde comunidades Lafkenche inician un plan de movilizaciones. Sus demandas serán: fin a la represión y libertad a los presos políticos mapuche. •
21 de enero de 2003. La empresa forestal Mininco sufre un nuevo ataque incendiario, en esta ocasión atacaron un campamento ubicado en el fundo Poluco Pidenco. La acción la habrían perpetrado encapuchados, empuñando armas hechizas y bombas molotov. Se liga a los hecho una acción policial que busca desarticular a una banda que fabrica esta armas, y que estaría proveyendo a de las misas a delincuentes y mapuche radicalizados. •
12 de marzo de 2003. Dos nuevo ataques incendiarios en los sectores Santa Marta e Hijuela el Muco, en la comuna de Ercilla, novena región. •
7 de abril de 2003. Nuevamente ataques incendiarios en la novena región. Esta vez serán afectados la parcela Hilahue y el fundo Rinconada Colpi, todos en la comuna de Galvarino. •
20 de abril de 2003. Tras un intento de ocupación del fundo Santa Elisa de la comuna de Ercilla, son detenidos ocho mapuche por personal de carabineros, después de enfrentarlos. •
30 de abril de 2003. Son tomados de forma pacífica, y abandonados de la misma forma, un total de 12 fundos, entre la novena y décima región. Jaime Andrade, subsecretario del Mideplan, cataloga las acciones como una simple “forma de llamar la atención”. •
4 de septiembre de 2003. 50 comuneros de Lumaco participan en una nueva toma en un fundo de Forestal Mininco. La medida de presión es •
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fundamentada en el trato “burocrático y de engaño” en que la Conadi tiene sumidas a las comunidades indígenas. 14 de octubre de 2003. Se informa de un ataque incendiario que afecto el fundo Montenegro, a cinco kilómetros de Ercilla, propiedad de René Urban. La acción habría sido llevada a cabo por cinco encapuchados, quienes actuaron como un “comando militar”. La acción se enmarca, según el diario, en el conflicto mapuche. Quedaron destruidos tres galpones, una leñera y una bodega donde se guardaba maquinaria de uso agrícola. •
22 de octubre de 2003. Cinco mapuche heridos con balines y diez detenidos, fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre comuneros y carabineros, llevado a cabo en el sector Licanco, comuna Padre Las Casas en la novena región. •
4 de noviembre de 2003. En una acción pocas veces vista, son tomados un total de 45 predios en tres regiones al sur del país, en Malleco, Cautín y Valdivia. Estos hechos fueron llevados a cabo por reivindicaciones territoriales de las comunidades. Al mismo tiempo se lleva a cabo la ocupación de la Municipalidad de Puerto Saavedra, la cual ya alcanza los 5 días, y es realizada por alrededor de 300 personas. •
17 de diciembre de 2003. En un coloquio que se llevaba a cabo en un hotel de la capital de la Araucanía, es agredido el intendente de la novena región. Un ayudante del intendente y un guardia resultaron heridos, ya que habrían sido atacados con huevos y piedras. •
20 de mayo de 2004. Con un saldo de 11 detenidos quedó una protesta de jóvenes universitarios mapuche, quienes ocuparon la sede de la Conadi regional ubicada en Temuco, novena región. En la ocasión solicitaban una instancia de diálogo con Francisco Huenchumilla, ministro secretario general de la Presidencia, para debatir sobre la política de hogares •
7 de junio de 2004. La organización Comunidades mapuche en Conflicto (CMC), sería quien se adjudicó una serie de atentados, incendiarios en fundos forestales, y con artefacto de ruidos en sedes bancarias, perpetrados en distintos puntos de la octava y novena región. •
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