INTRODUCCION
El siguiente trabajo sobre los actores procesales y sus roles en el proceso penal es un tema de suma importancia en lo que se refiere a materia de Proceso Penal, y mas aun con nuestro nuevo código el cual nos rige actualmente.
A la luz del nuevo código procesal penal, los actores o sujetos del sistema de justicia representan la esencia del proceso mismo, en virtud de qué hablar de ellos, es referirse a la temáti temática ca que define define el nuevo nuevo sistem sistemaa de justic justicia ia penal penal que rige actualm actualment entee la Republica Dominicana.
En un proceso penal intervienen diversos sujetos, los cuales pueden actuar en similares o diferentes direcciones. Los actores del proceso penal son la medula espinal de dicho proceso, ya que sin ellos no puede haber un debido proceso.
Para la elaboración del material del siguiente trabajo cite muchas fuentes y autores los cuales definen muy claramente los actores y a la vez nos especifica los roles, derechos y deberes de cada uno en el proceso penal.
¨Espero que el siguiente trabajo sea de mucho a grado y ayuda a nuestra querida Prof. Mena Colon y a todos los demás lectores. ¨
LOS SUJETOS O ACTORES PROCESALES. En la Republica Dominicana el Sistema de Justicia Penal está dirigido por sujetos del procedimiento que representan la cara del Estado de seguridad a través de la aplicación de la Justicia. Se habla de esas personas como los Sujetos del Proceso, ya que ellas disponen siempre de derechos autónomos en el procedimiento. En el Proceso de Justicia Penal, los actores intervienen desde diferentes perspectivas, los sujetos del proceso penal son la piedra angular de dicho proceso, ya que sin la existencia de uno de ellos no puede haber un debido proceso. La razón es simple, ellos representan la esencia propia del Proceso Penal. Por ellos ha sido impulsada la reforma procesal, y sin ellos, simplemente, no existiría proceso. De forma conjunta, han sido reivindicados cada uno de los Sujetos Procesales que de una forma ordinaria interactúan en el devenir del Proceso Penal. Esto es fácilmente verificable en la clara individualización y delimitación de atribuciones legales que se hace con relación a cada uno de ellos. La diferencia existente en este orden es notable en relación al anterior ordenamiento de procedimiento penal; bajo la égida del Código de Procedimiento Criminal, el expediente era el eje central del proceso, lo que concluía reduciendo gástricamente el rol que los sujetos debían adoptar. Otro cambio prospero y palpable con la entrada en vigencia de la nueva reforma procesal penal, es lo concerniente a la delimitación e individualización de las atribuciones legales de los actores del Sistema de Justicia Penal. Tal diferencia radica en que en el antiguo Código de Procedimiento Criminal, las atribuciones de las partes, como se le llamaba, en su mayor parte reposaban en el accionar del árbitro del proceso. Por otra parte, la Nueva Legislación Penal permite el ejercicio de la acción civil conjuntamente con la acción penal, lo que no era permitido en la antigua normativa de procedimiento criminal; es por lo que algunos autores dividen los actores del proceso en dos sujetos penales y civiles, siendo los penales: La víctima, el querellante, el Ministerio Público y el imputado; y dentro los civiles se encuentran: el actor civil y el tercero civilmente demandado. Sin embargo otros autores han incluido dentro de los actores del Sistema de Justicia Penal a los Jueces y Tribunales, mas aun nuestro Código Procesal Penal ha hecho una muy buena división entre los órganos jurisdiccionales y los sujetos procesales; tocando la jurisdicción penal des de el articulo 56 hasta el 82, empezando en el articulo 83 con los actores del proceso penal y terminando en el artículo 133, si incluimos los auxiliares de las partes.
CONCEPTOS DE SUJETOS O ACTORES PROCESALES. Pietro Castro establece que: “Se emplea el termino de sujetos del proceso penal, eludiendo el de partes porque si este término es perfectamente aplicable en otros órdenes del derecho procesal, no es completamente claro ni pacifico en el proceso penal existan partes con la misma significación que otras”. Los Sujetos Procesales son las personas entre las cuales se desenvuelve y existe la Relación Jurídica. Cada una de dichas personas tiene por lo tanto una misión específica que cumplir, unos límites procesales que debe respetar, para que entre ellas pueda trabarse la relación jurídica indispensable para que se cumplan los fines mismos del proceso. Son todos aquellos que intervienen en el proceso penal de alguna u otra forma con excepción del imputado y la parte civil, los otros sujetos procesales pertenecen al ámbito del estado.
ENUMERACION Y CLASIFICACION DE LOS SUJETOS PROCESALES: Los sujetos procesales principales son: ✓
El Juez ✓ El Imputado ✓ El Ministerio Público ✓ La Defensa Técnica, ya que sin su presencia permanente no puede concebirse la actividad Jurisdiccional. ✓ La Victima o Agraviado. En cambio son Sujetos Procesales eventuales o accesorios o incidentales, aquellos cuya presencia dentro del proceso penal no está ordenada por la ley, no es necesaria para la legalidad o impulso de la acción penal, sino que son sujetos con facultad simplemente de apersonarse dentro del proceso para hacer valer sus derechos o pretensiones, es el caso del: ✓
Actor Civil. ✓ Tercero civilmente responsable.
Los sujetos procesales son: el juez, el fiscal, el imputado, el actor civil y el tercero civilmente responsable. ✓
Son sujetos procesales indispensables el juez, el fiscal y el imputado.
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Son sujetos procesales dispensables la parte civil y el tercero civilmente responsable.
LOS SUJETOS O ACTORES PROCESALES Y SUS ROLES EL JUEZ PENAL:
El Juez Penal es la persona física que ejerce la jurisdicción penal. También se puede decir que el juez penal es el sujeto procesal investido de potestad, de imperio para administrar justicia en materia penal. Es el que representa al órgano jurisdiccional y encargado de dar inicio al proceso, de dirigir la instrucción y de resolver mediante resoluciones jurisdiccionales los asuntos penales. El juez es la autoridad pública que sirve en un tribunal de justicia y que se encuentra investido de la potestad jurisdiccional. También se caracteriza como la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia. El Juez de hoy no puede ser un simple aplicador del concepto ley, de que se le muestre el hecho para aplicar el derecho, como se afirmaba que era la única función del juez, donde las leyes son claras y precisas el oficio del juez no consiste más que en asegurar un hecho, muy por el contrario la sociedad y los nuevos tiempos necesitan del juez humano, buscador de soluciones, inquisidor, que busque respuestas a los problemas que encierra la aplicación del derecho por la ley misma, un juzgador con carácter, firmeza, decidido, conocedor de los elementos formadores del ser humano. Desde la emisión por parte de la Suprema Corte de Justicia en el año 2003 de la Resolución No. 1920-2003, comienza la limitación de los jueces en el proceso penal, especialmente del juez de instrucción, como se le llamaba en el antiguo proceso, quien tenía a su cargo la fase que hoy se conoce como preparatoria; era quien la llevaba a cabo de una manera secreta, ejerciendo funciones de investigador y luego le otorgaba valor a las mismas investigaciones que el realizaba. Al momento de la Suprema Corte de Justicia emitir la Resolución señalada con anterioridad, el juez comienza a estar compelido a fallar con los pedimentos de las partes. En ése sentido la Resolución 1920-2003 en su dispositivo, establece lo siguiente: “Dispone durante la fase de instrucción y previo a la emisión o suspensión de mandamientos, el juez de instrucción celebrará una vista para que las partes y el ministerio público tengan la oportunidad de presentar alegatos sobre la decisión provisional que emitirá el juez instructor.” El proceso penal ha sido organizado de tal manera que se delimitan claramente las funciones que corresponde al juez, al cual le queda reservada la tarea de autorizar o tomar decisiones, pero nunca la de investigar.
Facultad del Juez Penal. ❖
El Código de Procedimiento Penal, establece que el juez es el director del proceso y en tal sentido le corresponde la iniciativa en la organización y desarrollo de la misma. ❖ El juez tiene el impulso procesal de oficio, igualmente la instrucción solo puede iniciarse de oficio o por denuncia del fiscal. ❖ Si se abre instrucción el juez puede impartir las siguientes imposiciones de carácter jurisdiccional la que da inicio al proceso penal en la instrucción, disponer la detención o comparecencia del imputado, fijar la caución y conceder la libertad provisional, disponer la realización y actuación de medios de prueba, dictar otras
medidas cautelares de carácter personal y real como embargo, incautación, etc. Emitir informe al concluir la instrucción si se trata de proceso ordinario, y sentencia si se trata de proceso sumario. ❖ El juez penal puede impartir orden a la policía nacional para la citación o para hacer comparecer o capturar al procesado.
EL MINISTERIO PÚBLICO: En un sistema procesal acusatorio como el que rige la República Dominicana en la actualidad, el Ministerio Público es el que lleva adelante y promueve el ejercicio de la acción pública. Su función no solo se limita a la investigación del procedimiento preparatorio, sino que tiene como deber el de presentar y sostener la acusación en el juicio, a través de las pruebas que ha obtenido de manera licita. Los especialistas del tema han convenido en que el Ministerio Público tuvo sus inicios en la Organización Jurídica de Grecia y Roma, el antecedente más remoto de dicho actor procesal lo encontramos en la figura de Arconte Magistrado que intervenía en los juicios en representación del ofendido. En Roma los funcionarios denominados Judice Questiones. Narra Wenceslao Vega que con el descubrimiento de la isla, se implantaron algunas de las instituciones jurídicas que existían en Castilla. De esta manera se crearon los puestos de Alcalde Mayor quien se ocupaba de Juzgar en Primera Instancia todos los asuntos Civiles y Criminales”. Posteriormente, durante la ocupación Haitiana, los Procuradores recibían el nombre de Comisionados de Gobierno, quienes asumían la defensa de la sociedad, y llevaban la acusación de todos los asuntos Penales, y a la vez opinaban en los asuntos Civiles y Comerciales siempre que el Estado tuviera algún interés envuelto. En el año 1684 ya existía en Santo Domingo la función de Ministerio Público tal como se les conoce hoy. En el Código Procesal Penal las funciones del Ministerio Público, están delimitadas en el artículo 88, y nos dispone que este será el responsable de la investigación y de practicar u ordenar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia del hecho punible y su responsable. Ministerio Público es un organismo público, generalmente estatal, al que se atribuye, dentro de en un estado de Derecho democrático, la representación de los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de los hechos que revisten los caracteres de delito, de protección a las víctimas y testigos, y de titularidad y sustento de la acción penal pública. Es la persona física encargada de la persecución de los delitos, se le conoce también como acusador público pues tiene a su cargo la denuncia y la acusación de los delitos de la acción pública. Asimismo, está encargado de contribuir al establecimiento de los criterios de la política criminal o persecución penal dentro del Estado, a la luz de los principios orientadores del Derecho penal moderno.
El Ministerio Público es un órgano del sistema de justicia, garante del estado de derecho, funcionalmente independiente en sus actuaciones. Es el encargado de dirigir la investigación de los hechos de carácter penal en representación de la sociedad, de la puesta en movimiento y del ejercicio de la acción pública; proteger a las víctimas y testigos en el ámbito de las actuaciones que realice y ejercer y cumplir todas las demás atribuciones que le confieren las leyes. Según el Art. 16 de la Ley 78-03. Corresponde al Ministerio Público el ejercicio exclusivo de la acción penal, sin perjuicio de la participación de la víctima o de los ciudadanos en el proceso conforme a lo que establece la Ley para ello tendrá las siguientes atribuciones:
Atribuciones del Ministerio Público: ❖
Investigar los hechos punibles de la acción pública. ❖ Representar y defender el interés público con respecto a todas las infracciones y asuntos que se requieran conforme a la Ley. ❖ Velar por la observación de la Constitución, las leyes y las libertades públicas fundamentales en todo el territorio nacional. ❖ Garantizar el efectivo cumplimiento de las normas del debido proceso legal, protegiendo y respetando la dignidad humana, sin discriminación alguna. ❖ Ejercer la dirección funcional y coordinar las investigaciones de los hechos delictivos por parte de la Policía Judicial. ❖ Poner en movimiento y ejercer la acción pública en los casos que corresponda. ❖ Entre otras, etc.
Funciones del Ministerio Público: El Ministerio Público es una institución del sistema de justicia autónoma e independiente, encargada de investigar los hechos punibles de acción pública y promover la acción penal ante los tribunales, de contribuir a la efectiva vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho de procesar el acceso a la justicia de todas las personas. Ningún tribunal del ramo penal puede funcionar sin tener un agente del Ministerio Público adscrito. Ningún proceso penal puede ser iniciado ni coordinado sin la intervención de un agente del Ministerio Público. Todas las determinaciones tomadas o providencias dictadas por jueces o tribunales, deben ser notificadas a ese ministerio, pues es parte imprescindible en todo proceso, en representación de la sociedad; su no intervención traerá consigo la nulidad de las actuaciones que se hubieren practicado sin su intervención. El Ministerio Público debe ser una institución de buena fe. La sociedad tiene tanto interés en el castigo de los responsables de los delitos, como en el respeto de los derechos y de las garantías de los individuos que componen el conglomerado, de manera que las funciones del Ministerio Público deben mantenerse equilibradamente dentro de esos dos extremos.
Consecuentemente, ese ministerio no debe desempeñar el papel de un inquisidor, ni constituirse en una amenaza pública o de procesados. El Ministerio Público tiene a su cargo la dirección de la investigación de todas las infracciones perseguibles por acción pública y actúa con el auxilio de la policía.
EL IMPUTADO: Podemos precisar que el imputado es aquel sujeto a quien se le atribuye un delito o falta. El magistrado Camacho Hidalgo lo define como: “La persona que se está persiguiendo por un hecho y sobre el cual se efectúa una investigación y se ha decretado medidas cautelares”. Binder establece que el imputado “es la persona contra quien se dirige, no la acción penal, puesto que ésta se dirige al juez, sino la pretensión punitiva, o pedido de castigo”. El Magistrado Camacho Hidalgo, citando a Maier, Julio B.J. Derecho Procesal Penal, Tomo II, Sujetos Procesales. “El imputado es aquella persona que sufre la persecución penal, y, por cierto, adquiere esa calidad y los derechos correlativos a ella desde el primer momento de su persecución, esto es, desde que frente a cualquier órgano estatal encargado de perseguir penalmente es individualizado como autor de un hecho punible”. De las definiciones antes planteadas, podemos establecer que se considera imputado a la persona que se señala como presunto autor o cómplice de un hecho punible. La palabra imputado le perdura a una persona, desde el momento en que es indicado como posible autor de un hecho punible, es decir, desde que acontezcan las primeras actuaciones públicas dirigidas a esclarecer el hecho delictuoso real o presuntamente acaecido, hasta que la persona sea enjuiciada y se le dicte sentencia condenatoria o absolutoria, pero con la condición que esta sentencia se convierta en firme. Es la persona contra quien se dirige la pretensión punitiva del Estado y el objeto de la actuación procesal. Es la persona señalada como participe en la comisión de un delito, en procedimiento dirigido en su contra y más específicamente cuando por este motivo se encuentran privados por su libertad. El sentido amplio de imputado comprende desde el acto inicial del proceso hasta la resolución firme. El imputado es la persona indicada como partícipe de un hecho delictuoso en cualquier acto de la persecución penal dirigido en su contra y desde el primer momento de ella, es decir, es el sujeto esencial de la relación procesal a quien afecta la pretensión jurídico penal deducida en el proceso. Es el principal protagonista del proceso penal. Tanto es así, que mientras el autor o partícipe del hecho punible no esté identificado físicamente, las diligencias de investigación para descubrirlo permanecerán en estado de indagación preliminar, primero ante el juez de instrucción por espacio hasta de sesenta días, y luego a disposición del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial.
Solo entonces, cuando se produzca esa identificación como verdadero o probable autor del hecho, es cuando procede dictar el auto cabeza de proceso. Aquí empieza ya el sumario, en el que, con la recepción de la indagatoria o con la declaratoria de persona ausente, el imputado adquiere la calidad de procesado. Pero cuando la ley dice que el procesado es el pasivo de la acción penal, apenas se está indicando que es contra quien se ejecuta la pretensión punitiva del Estado, considerándolo en todo caso simple objeto de la relación procesal, en cuyo caso no puede tenérsele como simple objeto de precesión. No se puede entonces concebir el proceso penal orientado con el fin probatorio de establecer la responsabilidad del imputado, sino también su inocencia o las circunstancias que puedan disminuir el contenido del injusto. Para adquirir tal calidad se requiere una indicación que puede provenir de un señalamiento expreso (requerimiento fiscal) o de un acto objetivo que implique sospecha oficial (citación a indagatoria) o que genere medidas de coerción (orden de detención) y que atribuya a una persona alguna forma de participación (autoría, coautoría, complicidad) en un delito. Pero la aludida indicación sólo será idónea para conferir la calidad de imputado, cuando se exteriorice en un acto de la persecución penal dirigido en su contra.
Derechos del Imputado. Este es el principal protagonista del proceso penal, es el sujeto en torno al cual va a girar y a desarrollarse toda la actividad procesal; ya que de él van a estar pendientes el juez, el fiscal, la eventual parte civil y sus defensores, todo lo que se diga y haga, de alguna manera va a estar vinculado a su persona, bien en su favor o en su contra. Lo que está en juego dentro de la causa que se le siga, es el bien inapreciable de la libertad. La lucha que se libre allí es su inocencia o por su responsabilidad o atenuación de esta. Por eso, dentro de un auténtico Estado de Derecho, dentro de una sociedad que se precie del respeto por las libertades individuales, un Código de Procedimiento Penal tiene que estar inspirado en los principios fundamentales de garantía y protección de esas libertades. Así se expresan las constituciones que en el mundo jurídico de hoy tienen un perfil democrático y aquellas legislaciones que supieron entronizar una ideología procesal que estuviera dignificada por el acervo de una filosofía liberal de respeto profundo por todos los valores que de diverso orden están ínsitos en el hombre sometido a una causa penal. Son tantos los derechos del imputado y tan justificados, que bien podría afirmarse que tal vez no existe un sólo capítulo del Nuevo Código en donde no se consagren varios de ellos. Empiezan con todos los principios rectores y continúan dispersos a través de todas las instituciones que conforman la ley procesal penal. El imputado tiene derecho: ✓
A la libre comunicación con su defensor en forma directa. ✓ A recibir correspondencia y visitas de parientes y amigos.
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A expresarse libremente sin coerción. ✓ A ocupar ambientes sanos y convenientes. ✓ A tratar de reunir todos los medios probatorios que demuestren su inocencia. ✓ A la visita de su abogado defensor cuantas veces sea necesaria.
EL ABOGADO DEFENSOR: Es el profesional que asiste el imputado en su defensa. Debe actuar con prudencia, honestidad y buena fe; por lo tanto no puede aconsejar actos dolosos, afirmar o negar con falsedad; hacer citas inexactas, incompletas y maliciosas, ni realizar acto alguno que estorbe o distorsione la administración de justicia. Ningún Abogado debe ejercitar influencia sobre el juez por medios políticos o dinerarios o por presiones jerárquicas y eludir la acción de la ley. El Abogado está obligado a guardar el secreto profesional, actuar con lealtad para con su patrocinado, luchar por el respeto del derecho para que impere la justicia. La intervención del abogado defensor en el proceso penal es de importancia vital porque su asesoría va a servir para que el imputado pueda hacer valer todos los derechos que le asisten y así hacer frente al poder del Estado manifestado en la maquinaria judicial puesta en movimiento para procesarlo. El concepto genérico de defensa involucra tanto la llamada defensa técnica (que es la que realiza un profesional en derecho) y el de defensa material (que es la que puede efectuar el propio imputado, fuera y dentro del proceso). Si este último carece de recursos económicos, el Estado debe proporcionarle gratuitamente los servicios de un defensor público o de oficio que atienda con toda diligencia y responsabilidad su caso. Sólo pueden ser defensores los abogados debidamente juramentados y que están matriculados en el Colegio respectivo de nuestra nación. La designación del mismo está exenta de formalidades; basta con la simple presencia del defensor para que la autoridad facultada y competente le reconozca. El imputado puede hacerse asistir por un máximo de tres abogados.
Derechos del Abogado Defensor. ✓
Defender con independencia a quien lo solicite. ✓ Concertar libremente sus honorarios profesionales. ✓ Renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia. ✓ Exigir el cumplimiento a la defensa. ✓ Informar verbalmente o por escrito antes de la sentencia. ✓ Exigir que se cumplan los plazos y los horarios expuestos en la ley. ✓ Ser atendido personalmente por los jueces o fiscales. ✓ Recibir de toda autoridad el trato que corresponde a su función. ✓ Patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, veracidad, honradez y buena fe.
Deberes del Abogado Defensor. ✓
Actuar como eficaz colaborador al servicio de la justicia.
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Defender con sujeción a las leyes, la verdad de los hechos y las normas del código de ética profesional. ✓ Guardar el secreto profesional. ✓ Actuar con moderación y guardar el debido respeto en sus intervenciones y en los escritos que autorice. ✓ Desempeñar diligentemente el cargo de defensor. ✓ Cumplir fielmente las obligaciones asumidas con su cliente. ✓ Abstenerse de promover la discusión pública de aspectos reservados del proceso aun no resuelto y que intervenga. ✓ Denunciar a las personas que incurran en el ejercicio ilegal de la Abogacía.
LA DEFENSORIA PUBLICA O DE OFICIO La Defensoría Pública es un servicio público gratuito que presta el Estado a través de la Defensoría publica, mediante el cual se provee de un defensor gratuito a las personas que se encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por sí misma la defensa de sus derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial. Lo constituyen los Abogados rentados por el Estado para asumir la defensa de los reos en cárcel y detenidos que no tengan recursos. Asimismo desempeñar su función en los juzgados penales, de paz, en las salas penales, fiscalías penales, en las fiscalías del niño y del adolescente y en los juzgados de familia. El ministerio de defensa lo constituyen los abogados rentados y designados por el Ministerio de Justicia, así como por los abogados que ejercen libremente la defensa.
Funciones de la Defensoría Pública o de Oficio. Dentro de las que podemos mencionar, están: ✓ Asistir gratuitamente a los procesados. ✓ Observar la debida moderación en sus intervenciones, o informes escritos. ✓ Guardar el secreto profesional. ✓ Visitar los centros penales donde se encuentran sus patrocinados. ✓ Autorizar recursos durante la instrucción, así como durante el juicio oral. Los abogados de oficio ejercen su función a dedicación exclusiva, es decir no pueden patrocinar causas particulares a no ser la propia.
EL AGRAVIADO O VICTIMA: Lo constituye la persona agraviada o víctima de la comisión de un delito. Su intervención en un proceso está dirigida a obtener la aplicación de la ley mediante una sanción penal, y la otra acción está dirigida a obtener el resarcimiento por el daño causado. Se considera agraviado a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Tratándose de incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su representación corresponde a quienes la Ley designe. El Código Procesal Penal organiza tres categorías de víctimas:
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El directamente ofendido por el hecho punible;
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En los casos en que el hecho punible conlleva la muerte del directamente ofendido tienen la condición de víctima, aquellos que tienen la representación sucesoral, en el orden de precedencia establecida por la ley. Concurren: a) El cónyuge o conviviente notorio y el hijo; b) en ausencia de éste último el padre biológico o adoptivo; c) en ausencia de estos últimos los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad (abuelos, hermanos y tíos) o segundo de afinidad (cuñados) d) en ausencia de estos últimos, los demás herederos hasta el límite legal. Es conveniente resaltar que la inclusión del “conviviente notorio” como víctima en la misma condición del cónyuge, constituye una verdadera novedad. Aunque el Código se refiere a los casos de “muerte” hay que asimilarle los casos en que la víctima quede imposibilitada física o mentalmente de valerse por sí misma en justicia. ✓
En los hechos punibles que afecten a una persona jurídica cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan, el Código Procesal Penal le reconoce la condición de víctima, a los socios, asociados o miembros.
Derechos y Deberes del Agraviado. El Código Procesal Penal (CPP) organiza los procedimientos, así como las facultades y los límites que tienen las autoridades judiciales durante la investigación y juzgamiento de la persona que se acuse de la comisión de ese asalto del que usted fue víctima. Puedo decirle que el CPP ha revolucionado, en su favor, los derechos de las víctimas en el proceso penal, sacándola del estado pasivo y ausente de verdaderos derechos en que la mantuvo el derogado Código de Procedimiento Criminal (CPC). Ahora, por su condición de víctima, además de poder exigir a las autoridades un trato digno, a que se le respete en su intimidad y a que se le brinde la debida protección, si ésta fuese necesaria, tiene derecho también a intervenir en el curso del procedimiento, exponiendo su versión de los hechos, a recurrir todos aquellos actos que pongan fin al proceso, a ser informada de los resultados del procedimiento, y a ser escuchada, previo a toda decisión, que pudiera extinguir o suspender la acción penal. Como víctima pudiere no conformarse con ejercer sólo los derechos anteriores, y presentar formal querella, con lo cual usted adquiere el derecho de promover por sí misma el proceso penal, lo que quiere decir que puede formular su propia acusación contra el imputado o adherirse a la que contra él haga el Ministerio Público. Además puede constituirse en actor civil, esto es, reclamar la reparación por los daños y perjuicios derivados de la infracción o hecho punible del cual usted fue víctima. Estos distintos roles que usted puede jugar en el proceso penal, no son excluyentes, sino más bien acumulativos.
El Código Procesal Penal, al reconocer todos estos derechos a la víctima, la convierte en un real sujeto procesal, permitiendo que haya un mayor equilibrio e igualdad entre las partes enfrentadas en el proceso penal. Con ello se posibilita, además, que la víctima pueda ejercer un cierto control sobre las autoridades encargadas de investigar, acusar y sancionar a quien o quienes resulten penalmente responsables del hecho punible. El agraviado tendrá los siguientes derechos: ❖ A ser informado de los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite. ❖ A ser escuchado antes de cada de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite. ❖ A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes, y a la protección de su integridad, incluyendo la de su familia. ❖ A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. El agraviado será informado sobre sus derechos cuando interponga la denuncia, al declarare preventivamente o en su primera intervención en la causa. Si el agraviado fuera menor o incapaz tendrá derecho a que durante las actuaciones en las que intervenga, sea acompañado por persona de su confianza.
ACTOR CIVIL: La acción civil puede ser ejercida por todas aquellas personas que hayan sufrido consecuencias del delito, así como sus herederos y legatarios, con el fin de obtener resarcimiento de los daños y perjuicios causados, o bien para obtener la restitución del objeto material del hecho punible, y puede ser dirigida tanto contra el imputado, principal responsable de pagar los daños y perjuicios ocasionados, como también contra aquella persona que las leyes señalen como corresponsable del pago de esa indemnización civil (art. 50 CPP). La víctima puede delegar el ejercicio de la acción civil en organizaciones no gubernamentales, cuyos objetivos se vinculen directamente con los intereses de aquella, cuando carezca de recursos o sea incapaz de hacer valer sus derechos (art 52 CPP). El actor civil es aquel que pretenda obtener resarcimiento o indemnización por un daño derivado de un hecho punible debe constituirse en actor civil mediante demanda motivada. Su ejercicio esta contenido desde el artículo 118 al 125 del nuevo Código Procesal. El actor civil es la persona que lleva adelante los intereses civiles del proceso y que ejerce la acción civil contra el imputado, este intervenir a través de un abogado. El ejercicio de la acción civil en el procedimiento penal constituye solo una opción para la víctima, que también puede reclamar la reparación del daño sufrido ante los tribunales competentes por las vías del procedimiento civil. Al ejercer la acción civil la victima convierte el imputado al mismo tiempo en demandado civil.
La Responsabilidad significa la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido. La Responsabilidad Civil, por el contrario a la idea de la producción de un daño a otra persona por haber transgredido el genérico deber de abstenerse de un comportamiento lesivo de los demás. El Código Procesal Penal establece en el Art. 119. Los requisitos para el escrito de constitución en actor civil, el cual debe contener: 1. El nombre y domicilio del titular de la acción y, en su caso su representante. Si se trata de personas jurídicas o entes colectivos, la denominación social, el domicilio social y el nombre de quienes la representan legalmente; 2. El nombre y el domicilio del demandado civil, si existe, y su vínculo jurídico con el hecho atribuido al imputado; 3. La indicación del proceso a que se refiere. 4. Los motivos en que la acción se fundamenta, con indicación de la calidad que se invoca y el daño cuyo resarcimiento se pretende, aunque no se precise el monto. Para el actor civil intervenir válidamente en el proceso el Lic. Fermín destaca varios puntos que son “Haber sufrido de modo directo o indirecto el hecho punible, elaborar y presentar ante el ministerio publico demanda motivada, en el mismo debe reseñar de forma precisa los hechos, someterse durante el proceso preparatorio, y el ministerio de su parte hace oponible a los otros sujetos procesales dicha demanda”. La sentencia absolutoria no impide al juez pronunciarse sobre la acción civil resarcitoria válidamente ejercida, cuando proceda. En los procesos penales la sentencia debe recaer sobre los hechos objeto de la acusación y las excepciones. Al decidir una pretensión de naturaleza civil, la sentencia debe estar en consonancia con las pretensiones contempladas en la demanda o con posterioridad en los casos expresamente contemplados y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas. El Código Procesal Penal establece en el Art. 123 que “el actor civil interviene en el procedimiento en razón de su interés civil”. Todavía más: Este mismo artículo precisa que el actor civil “limita su intervención a”: 1) acreditar la existencia del hecho, 2) determinar a sus autores y cómplices; 3) imputar el hecho a quien considere responsable 4) establecer el vínculo con el tercero civilmente responsable; 5) la existencia, extensión y cuantificación de los daños y perjuicios y 6) la relación de causalidad entre el hecho y el daño.
EL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE:
El tercero civilmente responsable es la persona que, por previsión legal o relación contractual, deba responder por el daño que el imputado provoque con el hecho punible y respecto de la cual se plantee una acción civil resarcitoria. ❖ Intervención. El tercero que puede ser civilmente demandado tiene derecho a solicitar su intervención en el procedimiento cuando se ejerza la acción civil. Su intervención es notificada a las partes. ❖ Incomparecencia. La incomparecencia del tercero civilmente demandado no suspende el procedimiento. En este caso, se continúa como si él estuviere presente. ❖ Oposición. El actor civil y el imputado, según el caso, pueden oponerse a la intervención voluntaria del tercero civilmente demandado. Cuando el actor civil se opone a la intervención voluntaria del tercero civilmente demandado, no puede intentar posteriormente la acción contra aquel. Son aplicables las reglas sobre oposición a la participación del actor civil. ❖ Exclusión. La exclusión del actor civil o el desistimiento de su acción hacen cesar la intervención del tercero civilmente demandado, sin perjuicio de que las costas sean declaradas en su provecho. ❖ Facultades. Desde su intervención en el procedimiento, el tercero civilmente demandado goza de las mismas facultades concedidas al imputado para su defensa, en lo concerniente a sus intereses civiles. La intervención del tercero civilmente demandado no lo exime de la obligación de declarar como testigo. El tercero civilmente demandado debe actuar con el patrocinio de un abogado y puede recurrir contra la sentencia que declara su responsabilidad. Es la persona natural o jurídica que sin haber participado en el hecho delictivo tiene que pagar sus consecuencias económicas. Su responsabilidad nace de la ley civil. Así por ejemplo tenemos a los padres, tutores, curadores que tienen que responder por los daños causados por los menores o mayores que por deficiencias causan un daño o cuando se trata de sus subordinados que causan daño. La responsabilidad civil que nace de la penal no cesa porque se extingan esta o la pena, sino que dura como las demás obligaciones civiles con sujeción a las reglas del derecho civil. Todo lo concerniente al tercero civilmente demandado está regulado por los artículos del 126 al 131 del Código Procesal Penal. Se define como tercero civilmente demandado la persona que conforme a la ley o conforme un contrato debe responder por el daño causado por el imputado mediante un hecho punible y respecto del cual se plantea una acción civil resarcitoria. El tercero civilmente demandado puede solicitar su intervención en el procedimiento de acuerdo a los que estipula Art. 127 del CPP “El tercero que pueda ser civilmente demandado tiene derecho a solicitar su intervención en el procedimiento, cuando se ejerza la acción civil”. Una vez constituido en el procedimiento el tercero civilmente demando tiene facultades similares a la del imputado aunque solo en los intereses civiles. Si el actor civil es excluido del proceso o desiste de su acción, trae como consecuencia que la intervención del tercero civilmente demandado cese. El Art. 131 del Código Procesal Penal regula las facultades. Desde su intervención en el procedimiento, el tercero civilmente demandado goza de las mismas facultades
concedidas al imputado para su defensa, en lo concerniente a sus intereses civiles. La intervención del tercero civilmente demandado no lo exime de la obligación de declarar como testigo. El tercero civilmente demandado debe actuar con el patrocinio de un abogado y puede recurrir contra la sentencia que declare su responsabilidad.
EL QUERELLANTE: Es aquel ofendido por un delito de acción pública se presenta y actúa dentro del proceso penal en forma conjunta o promiscua con el fiscal, encontrándose legitimado como parte acusadora. El querellante público será la persona ofendida por el ilícito, que la normativa le confiere la titularidad de la acción penal pública para su ejercicio autónomo, sin perjuicio de las potestades del Ministerio Público. La presentación como querellante debe hacerse por escrito, personalmente o mediante mandatario, con asistencia letrada hasta la clausura de la instrucción. El querellante puede constituirse también como actor civil. Es la víctima de un delito de acción pública que interviene facultativamente en el proceso penal, para acreditar la existencia de ese hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado, y lograr la condena penal de los partícipes. Otro de los beneficios que otorga el Código Procesal Penal a la víctima, es la oportunidad de constituirse en Querellante, conforme a lo que dispone en su artículo 85 el Código Procesal Penal. Puede definirse el querellante como la persona ofendida por el ilícito, que la normativa le confiere la titularidad de la acción penal publica para su ejercicio autónomo, sin perjuicio de las potestades del Ministerio Público. En el antiguo proceso penal solo le era permitido a la victima constituirse en lo que se llamaba “parte civil”, para reclamar solamente reparaciones de daños y perjuicios, pero no podía ejercer la acción penal como le está permitido en este nuevo proceso penal; por lo anteriormente expuesto es que algunos autores consideran al querellante como un “acusador privado”.
Derechos y Deberes del Querellante. El querellante tiene el derecho y el deber de: ✓
recurrir contra las resoluciones jurisdiccionales adversas a su interés, o favorables al imputado, llamase sobreseimiento y/o absolución, incluso si el Ministerio Público no las impugna. ✓ renunciar a su intervención en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiera causado ✓ acreditar la existencia del delito y la participación punible del imputado. ✓ debe de declarar como testigo. ✓ presentar su acusación o adherirse a la acusación del Ministerio Publico. ✓ aportar elementos de prueba para demostrar la culpabilidad y responsabilidad penal del acusado.
✓
solicitar la condena, ✓ impugnar cualquier decisión que le sea desfavorable y el Código Procesal Penal la sujete a algún recurso.
