Tema 27 Los Actos de Comunicacion Con Otros Tribunales y Autoridades

Tema 27.- Los actos de comunicación con otros tribunales y autoridades

Tramitación Procesal y Administrativa

Tema 27 Los actos de comunicación con otros tribunales y autoridades: oficios y mandamientos. El Auxilio Judicial: los exhortos y los mandamientos en el proceso penal. Cooperación jurídica internacional: las Comisiones Rogatorias. 1.- Los actos de comunicación con otros tribunales y autoridades: oficios y mandamientos La práctica de diligencias entre juzgados o tribunales de otros territorios jurisdiccionales o funcionarios o autoridades de distinto orden al judicial se lleva a cabo mediante “actos de comunicación judicial” o de “cooperación judicial”, que pueden ser definidos como “los efectuados por un juzgado o tribunal y dirigidos a otro órgano judicial, autoridades o funcionarios de distinto orden, por los que se recaba su colaboración en la tramitación de un asunto determinado”. La Cooperación judicial se encuentra regulada en la LOPJ, en la LEC y en la LECrim. Según el art. 273 de LOPJ “los jueces y tribunales cooperarán y se auxiliarán entre sí en el ejercicio de la función jurisdiccional”.

El art. 274.1, LOPJ dispone que “se solicitará cooperación jurisdiccional cuando deba practicarse una diligencia fuera de la circunscripción del juzgado o tribunal que la hubiere ordenado o dicha diligencia fuere competencia de otro juzgado o tribunal”. La petición de cooperación, cualquiera que sea el juzgado o tribunal a quién se dirija, se efectuará siempre directamente, sin dar lugar a traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios (art. 274.2, LOPJ) No obstante, los jueces podrán realizar cualesquiera diligencias de instrucción penal fuera de su jurisdicción, cuando el lugar se halle próximo y ello resulte conveniente, dando inmediata noticia al juez competente. Los jueces y tribunales de otros órdenes jurisdiccionales podrán también practicar diligencias de instrucción o prueba fuera del territorio de su jurisdicción cuando no se perjudique la competencia del juez correspondiente y venga justificado por razones de economía procesal (art. 275 LOPJ)

1.2.- Clasificación Exhortos: Entre juzgados. Oficios: Entre juzgado y autoridades de distinto orden del judicial. Mandamientos: Dirigidos a notario, registradores, agentes de policía, subalternos.

2.- El auxilio judicial en el proceso civil 2.1.- Exhortos en materia civil 2.1.1.- Introducción Anterior a 1984 se usaba el exhorto para dirigirse a un juzgado de igual clase, la carta-orden a uno inferior y el suplicatorio a uno superior. La Ley 34/1984, de 6 de agosto, generalizo el exhorto como forma de comunicación.

2.1.2.- Casos en que procede el auxilio judicial La LEC lo establece en su art 169: 1. 2.

Los tribunales están obligados a prestase auxilio en las actuaciones que, habiendo sido ordenadas por uno, requieran la colaboración de otro para su práctica. Se solicitará el auxilio judicial para las actuaciones que hayan de efectuarse fuera de la circunscripción del tribunal que conozca del asunto, incluidos los actos de reconocimiento 1



judicial, cuando el tribunal no considere posible o conveniente hacer uso de la facultad que le concede la LEC de desplazarse fuera de su circunscripción para practicarlas. 3. También podrá pedirse el auxilio judicial para las actuaciones que hayan de practicarse fuera del término municipal en que tenga su sede el tribunal que las haya ordenado, pero dentro del partido judicial o circunscripción correspondiente. 4. El interrogatorio de las partes, la declaración de los testigos y la ratificación de los peritos se realizará en la sede del juzgado o tribunal que esté conociendo del asunto de que se trate, aunque el domicilio de las personas mencionadas se encuentre fuera de la circunscripción judicial correspondiente. Sólo cuando por razón de la distancia, dificultad del desplazamiento, circunstancias personales de la parte, del testigo o del perito, o por cualquier otra causa de análogas características resulte imposible o muy gravosa la comparecencia de las personas citadas en la sede del juzgado o tribunal, se podrá solicitar el auxilio judicial para la práctica de los actos de prueba señalados en el párrafo anterior.

2.1.3.- Órgano al que corresponde prestar el auxilio judicial (art. 170 LEC) Corresponderá a la Oficina del Juzgado de Primera Instancia del lugar en cuya circunscripción deba practicarse. No obstante, si en dicho lugar tuviera su sede un Juzgado de Par, y el auxilio judicial consistiere en un acto de comunicación, a éste le corresponderá practicar la actuación.

2.1.4.- Contenido y forma (art. 171 LEC) El auxilio judicial se solicitará por el tribunal que lo requiera mediante exhorto dirigido a la Oficina judicial del que deba prestarlo y que contendrá: 1º. La designación de los tribunales exhortante y exhortado. 2º. La indicación del asunto que motiva la expedición del exhorto. 3º. La designación de las personas que sean parte en el asunto, así como de sus representantes y defensores. 4º. La indicación de las actuaciones cuya práctica se interesa. 5º. Cuando las actuaciones interesadas hayan de practicarse dentro de un plazo, se indicará también la fecha en la que éste finaliza. 6º. Si para el cumplimiento del exhorto fuera preciso acompañar documentos, se hará expresa mención de todos ellos. La expedición y autorización de los exhortos corresponderá al Letrado de la AJ.

2.1.5.- Remisión del exhorto (art. 172LEC) Los exhortos se remitirán directamente al órgano exhortado, mediante sistema informático judicial o cualquier otro medio telemático o electrónico, salvo en el supuesto que deba realizarse en soporte papel por incluir elementos que no sean susceptibles de conversión a formato electrónico. En todo caso el sistema utilizado deberá garantizar la constancia de la remisión y recepción del exhorto. Si la parte a la que interese el cumplimiento del exhorto así lo solicita, se le entregará éste bajo su responsabilidad, para que lo presente en el órgano exhortado dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el exhorto expresará la persona encargada de su gestión, que en todo caso solo podrá ser el litigante o el Procurador designado por este. Las demás partes podrán designar procurador, cuando deseen que las resoluciones que se dicten para el cumplimiento del exhorto, les sea notificadas. Tales designaciones se harán constar en la documentación del exhorto. Si el exhorto fuera remitido a un órgano diferente al que deba prestar el auxilio, el que lo reciba lo enviará directamente al que corresponda, si es que le consta cual sea éste, dando cuenta de su remisión al exhortante.

2.1.6.- Cumplimiento del exhorto (art. 173 LEC) El responsable de la Oficina judicial que lo recibe, dispondrá su cumplimiento y lo necesario para que se practiquen las actuaciones que en él se interesen dentro del plazo señalado. Cuando no ocurra así, el Letrado de la AJ, de oficio o a instancia de parte, recordará al exhortado la urgencia del cumplimiento. De persistir la situación el órgano exhortante lo pondrá en conocimiento de la Sala de Gobierno del Exhortado.

2.1.7.- Intervención de las partes (art. 174 LEC) Las partes y sus abogados y procuradores podrán intervenir en las actuaciones que se practiquen para el cumplimiento del exhorto. Las resoluciones que se deriven de su cumplimiento, solo se notificarán a las partes que hayan designado procurador para intervenir en la tramitación. 2



Si no se hubiere designado procurador, no se harán otras notificaciones que las que exija el cumplimiento del exhorto, cuando este prevenga que se practique alguna actuación con citación, y las que sean precisas para requerir de estas que proporcionen datos o noticias que puedan facilitar aquel cumplimiento.

2.1.8.- Devolución del exhorto (art. 175 LEC) Cumplimentado el exhorto se comunicará al exhortante conforme a lo previsto en el art. 172.1, para su remisión. Si las actuaciones practicadas no pudieran ser remitidas telemáticamente, se remitirán por correo certificado, se entregará al litigante o procurador al que se le hubieran encomendado su gestión, que las presentará en el órgano exhortante dentro del plazo de los diez días siguientes.

2.1.9.- Falta de diligencia de las partes en el auxilio judicial (art. 176 LEC) El litigante que, sin causa justificada, demore la presentación al exhortado o la devolución al exhortante de los despachos cuya gestión le haya sido encomendada, será corregido con multa de 30 € por día de retraso respecto del final del plazo establecido.

2.2.- Mandamientos y oficios en materia civil Se utilizará la forma de mandamiento para ordenar el libramiento de certificación o testimonio y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución corresponda a los Registradores de la Propiedad, Mercantiles, de buques, de ventas a plazos de bienes muebles, Notarios, o funcionarios al servicio de la Admón. de Justicia. Cuando jueces y tribunales se dirijan a autoridades no judiciales o funcionarios distintos de los mencionados, se usará la forma de oficio. Serán remitidos por el letrado de la AJ que los expida a la autoridad o funcionario a que vayan dirigidos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación. En todo caso, la parte a cuya instancia se libren, habrá de satisfacer los gastos que requiera su cumplimentación.

3.- Suplicatorios, exhortos y mandamientos en el proceso penal 3.1.- Exhortos en materia penal Su regulación se recoge en los arts. 183 y ss. De la LECrim, además de regularse en la LEC, como supletoria que es. Cuando una diligencia judicial hubiere de ser ejecutada por un juez o tribunal distinto del que la haya ordenado, éste encomendará su cumplimiento por medio de: -

Suplicatorio: Cuando se dirija a un juez o tribunal superior en grado. Exhortos: Cuando se dirija a un juez o tribunal de igual grado. Mandamientos: cuando se dirija a un juez o tribunal subordinado suyo. La LECrim también utiliza la denominación de carta-orden para denominar a estos en su art. 184.

Las particularidades que presentan los suplicatorios, exhortos y mandamientos, son los siguientes:

Art 188 LECrim Los suplicatorios, exhortos o mandamientos en causas en que se persigan delitos que no sean de los que sólo por querella privada puedan ser perseguidos, se expedirán de oficio y se cursarán directamente para su cumplimiento por el juez o tribunal que l os hubiere librado. Los que procedan de causas por delito que sólo pueden ser perseguidos en virtud de querella particular, podrán entregarse bajo recibo al interesado o a su representante a cuya instancia se libraron, fijándole término para presentarlos a quien deba cumplirlos. Se exceptuarán los casos en que expresamente se disponga otra cosa en la ley.

Art 189 LECrim La persona que reciba los documentos los presentará en el término que se le hubiese fijado, al juez o tribunal a quien se haya encomendado el cumplimiento, dando aviso, acto continuo, de haberlo hecho así al juez o tribunal de quien procedan Al verificar la presentación, el funcionario correspondiente extenderá diligencia a continuación del suplicatorio, exhorto o carta-orden (mandamiento), expresando la fecha de su entrega y la persona que lo hubiese presentado, a la que dará recibo, firmando ambos la diligencia. Dicho funcionario dará, además, cuenta al juez o tribunal en el mismo día, y si no fuere posible, en el siguiente.

Art 190 LECrim Cuando hubiesen sido remitidos de oficio, el juez o t ribunal que los reciba acusará inmediatamente recibo al remitente. 3



Art. 191 LECrim El juez o tribunal que reciba, o a quien sea presentado un suplicatorio, exhorto o carta-orden (mandamiento), acordará su cumplimiento, sin perjuicio de reclamar la competencia que estimare corresponderle, disponiendo lo conducente para que se practiquen las diligencias dentro del plazo, si se hubiere fijado en el exhorto, o lo más pronto posible en otro caso. Una vez cumplimentado, lo devolverá sin demora en la misma forma en que lo hubiere recibido o en que se le hubiese presentado.

Art. 192 LECrim Cuando se demorare el cumplimiento de un suplicatorio más tiempo del absolutamente necesario para ello, atendidas la distancia y la índole de la diligencia que haya de practicarse, el juez o tribu nal que lo hubiese expedido remitirá de oficio o a instancia de parte, según los casos, un recuerdo al juez o tribunal suplicado. Si la demora en el cumplimiento se refiriese a un exhorto, en vez de recuerdo dirigirá suplicatorio al superior inmediato del exhortado, dándole conocimiento de la demora. Del mismo apremio se valdrá el que haya expedido una carta-orden, para obligar a su inferior moroso a que la devuelva cumplimentada.

Art. 193 LECrim Los exhortos a tribunales extranjeros se dirigirán por la vía diplomática, en la forma establecida en los tratados, y a falta de éstos, en la que determinen las disposiciones generales del Gobierno. En cualquier otro caso se estará al principio de reciprocidad.

Art. 427 LECrim Cuando el testigo no hubiere de comparecer ante el Juez Instructor para prestar la declaración (por residir fuera del partido o término municipal), se harán constar en el suplicatorio, exhorto o mandamiento que se expida, las circunstancias precisas para la designación del testigo y las preguntas a que deba contestar, sin perjuicio de las que el Juez o Tribunal que le recibiere la declaración considere conveniente hacerle para el mayor esclarecimiento de los hechos.

Art. 428 LECrim El secretario del Juez comisionado que haya de autorizar la declaración expedirá la cédula preventiva en el artículo 175 1 , con todas las circunstancias expresadas en el mismo, y la de haberse de recibir la declaración en virtud de suplicatorio, exhorto o mandamiento.

3.2.- Mandamientos y oficios o exposiciones en materia penal La LECrim señala que, con las autoridades, funcionarios, agentes y Jefes de Fuerza Armada, que no estuvieren a las órdenes inmediatas de los jueces y tribunales, se comunicarán éstos por medio de atentos oficios, a no ser que la urgencia del caso exija verificarlo verbalmente, haciéndolo constar en la causa. Para ordenar el libramiento de certificación o testimonio y la práctica de cualquier diligencia judicial, cuya ejecución corresponda a Registradores de la Propiedad, Notarios, auxiliares o subalternos de Juzgados o Tribunales y funcionarios de Policía judicial que estén a las órdenes de los mismos, se empleará la forma de mandamiento. Para dirigirse a las Cortes y a los Ministros, tanto para que auxilien a la Administración de Justicia en sus propias funciones como para que obliguen a las autoridades a que suministren los datos o presten los servicios que se les hubieren pedido, se dirigirán por medio de exposición, por conducto del Ministerio de Justicia. 1

Artículo 175.

Las citaciones y emplazamientos se practicarán en la forma establecida para las notificaciones, con las siguientes diferencias: La cédula de citación contendrá: 1. Expresión del Juez, Tribunal o Secretario judicial que hubiere dictado la resolución, de la fecha de ésta y de la causa en que haya recaído. 2. Los nombres y apellidos de los que debieren ser citados y las señas de sus habitaciones; y si éstas fuesen ignoradas, cualesquiera otras circunstancias por las que pueda descubrirse el lugar en que se ha llaren. 3. El objeto de la citación, y calidad en la que se es citado. 4. El lugar, día y hora en que haya de concurrir el citado. 5. La obligación, si la hubiere, de concurrir al primer llamamiento, bajo la multa de 200 a 5.000 euros o si fuese ya el segundo el que se hiciere, la de concurrir bajo apercibimiento de ser perseguido como reo del delito de obstrucción a la justicia tipificado en el artículo 463.1 del Código Penal. La cédula del emplazamiento contendrá los requisitos 1), 2) y 3) anteriormente mencionados para la de la citación y, además, los siguientes: 1. El término dentro del cual ha de comparecer el emplazado. 2. El lugar en que haya de comparecer y el Juez o Tribunal ante quien deba hacerlo. 3. La prevención de que, si no compareciere, le pararán los perjuicios a que hubiere lugar en derecho.

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4.- Cooperación jurídica internacional: las comisiones rogatorias 4.1.- Cooperación activa Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Art. 74.2, párrafo 2º Las peticiones de cooperación internacional serán elevadas por conducto del Presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia al Ministerio de Justicia, el cual las hará llegar a las Autoridades competentes del Estado requerido, bien por la vía consular o diplomática o bien directamente si así lo prevén los Tratados internacionales.

Art. 75 El Consejo General del Poder Judicial prestará su asistencia a los Juzgados y Tribunales españoles que lo soliciten, para la correcta remisión y el eficaz cumplimiento de las peticiones de cooperación jurisdiccional que hayan de dirigirse a los órganos judiciales de otros Estados. Dicha asistencia será prestada por los órganos técnicos del Consejo competentes en materia internacional, o con intervención de los puntos de contacto de la Red Judicial Europea en materia penal, de la Red Judicial Europea en materia Civil y Mercantil o de otras redes judiciales radicados en el seno del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de las funciones de los miembros de la Red Judicial Española de Cooperación Internacional.

Art 276 LOPJ Las peticiones de cooperación internacional se tramitarán de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas que resulten de aplicación.

4.2- Cooperación pasiva El art. 277 LOPJ dispone que “ los juzgados y tribunales españoles prestarán la cooperación que se les solicite, por parte de las autoridades extranjeras, según los tratados internacionales, las normas de la UE y las leyes españolas sobre esta materia”. Así también dispone el art 278 LOPJ que “sólo será de negada por los juzgados y tribunales españoles cuando:

1. 2. 3.

El objeto o finalidad de la cooperación sea contrario al orden público. El proceso de que dimane la solicitud, sea exclusiva competencia de la jurisdicción española. El contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial requerida. En tal caso, este remitirá la solicitud a la autoridad judicial competente, informando de ello a la autoridad judicial requirente. 4. La solicitud de cooperación internacional no reúna el contenido y requisitos mínimos exigidos por las leyes para su tramitación. En el ámbito civil, el art. 177 LEC, está en consonancia con lo dispuesto en la LOPJ. En materia penal, la LECrim establece que, los exhortos a tribunales extranjeros se dirigirán por la vía diplomática, en la forma establecida en los tratados, y a falta de estos, en la que determinen las disposiciones generales del Gobierno. En cualquier caso, se estará al principio de reciprocidad (art 193 LECrim). En las mismas condiciones se actuará para dar respuesta a los exhortos extranjeros (art. 194 LECrim).

4.3.- Examen de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil 4.3.1.- Introducción Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en materia Civil. Dicha ley se aplica en materia civil y mercantil con independencia del órgano jurisdiccional, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo.

4.3.2.- Régimen general de la cooperación jurídica internacional A) Ámbito de aplicación Será de aplicación para los actos de comunicación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales, tales como notificaciones, citaciones y requerimientos, así como a las comisiones rogatorias que tengan por objeto los actos relativos a la obtención y la práctica de pruebas.

B) Efectos Los actos de cooperación jurídica internacional realizados por las autoridades españolas no prejuzgan la determinación de la competencia judicial internacional ni el reconocimiento y ejecución en España de resoluciones judiciales extranjeras. 5



C) Autoridad central española. Funciones Es el Ministerio de Justicia que tendrá las siguientes funciones: a) b) c) d) e) f) g)

Verificar la adecuación de las solicitudes que se reciban a lo previsto en la Ley. Prestar el auxilio y la colaboración que las autoridades judiciales competentes requieran en materia de cooperación jurídica internacional. Garantizar la correcta tramitación de las solicitudes de cooperación jurídica internacional. Promover el uso de las redes internas e internacionales de cooperación disponibles. Proporcionar información sobre Derecho español cuando proceda, así como información sobre Derecho Extranjero. Solventar en lo posible las dificultades que puedan suscitarse en el cumplimiento de las solicitudes de cooperación jurídica internacional. Colaborar con las autoridades centrales de otros Estados, así como con otras autoridades españolas y extranjeras.

D) Transmisión de las solicitudes Podrán tramitarse, siempre que estuvieran previstas en el ordenamiento jurídico de ambos estados, por cualquiera de las siguientes vías: a. b. c. d.

Vía consulado o diplomática. A través de las respectivas autoridades centrales. Directamente entre los órganos jurisdiccionales. Por conducto notarial, si ello es compatible con la naturaleza del acto de cooperación.

E) Contenido y requisitos mínimos de las solicitudes de cooperación En las solicitudes de cooperación jurídica deberán especificarse: a) b) c) d) e) f) g)

La autoridad requirente y, si fuere conocida, la autoridad requerida, con indicación de todos los datos disponibles, en particular de la dirección postal y electrónica. El nombre y la dirección de las partes y, en su caso, de sus representantes procesales. El nombre y la dirección de la persona a quien se refiera la diligencia, y cuantos datos adicionales de identificación fueren conocidos y necesarios para el cumplimiento de la solicitud. El proceso judicial y el objeto del mismo, así como una exposición sumaria de los hechos. Una descripción detallada de la diligencia solicitada y de las resoluciones o decisiones que se fundamente. Los documentos debidamente traducidos y, en su caso, debidamente legalizados o apostillados, así como una relación detallada de los mismos. Caso de estar sujeta la diligencia solicitada a plazo o ser de urgente realización, la indicación de los plazos precisos para el cumplimiento y una motivación de las razones que justifican la urgencia.

La autoridad central española comprobará que la solicitud de cooperación reúne el contenido y los requisitos legales. Cuando la solicitud no reúna tales requisitos se devolverá a la autoridad requirente, indicando los motivos concretos de la devolución.

F) Idioma -

-

Las solicitudes de cooperación jurídica internacional, y sus documentos adjuntos, que se dirijan a una autoridad extranjera, deberán acompañarse de una traducción a una lengua oficial del Estado requerido o aceptada por éste. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional dirigidas a las autoridades españolas, y sus documentos adjuntos, deberán acompañarse de una traducción con arreglo al art. 1442 de LEC.

G) Tramitación Las solicitudes de cooperación jurídica internacional acordadas por las autoridades españolas se enviarán: -

-

Mediante oficio a la autoridad central española que las trasmitirá a las autoridades competentes del Estado requerido, bien por vía diplomática o consular, bien a través de la autoridad central de dicho Estado si existiere y a ello no se opusiere su legislación. Podrán asimismo remitirse directamente por las autoridades españolas a las autoridades competentes del Estado requerido, si ello estuviere previsto en su legislación.

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Artículo 144. Documentos redactados en idioma no oficial. 1. A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la traducción del mismo. 2. Dicha traducción podrá ser hecha privadamente y, en tal caso, si alguna de las partes la impugnare dentro de los cinco días siguientes desde el traslado, manifestando que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, el Secretario judicial ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la traducción oficial del documento, a costa de quien lo hubiese presentado. No obstante, si la traducción oficial real izada a instancia de parte resultara ser sustancialmente idéntica a la privada, los gastos derivados de aquélla correrán a cargo de quien la solicitó.

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Sin perjuicio de la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, las solicitudes de cooperación jurídica internacional acordadas por autoridades extranjeras se transmitirán a la autoridad central española, que las remitirá a las autoridades españolas competentes para su ejecución. La transmisión podrá realizarse por cualquier medio que garantice la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones y que los documentos son auténticos y legibles. Una vez ejecutadas, las solicitudes se devolverán por la vía de transmisión utilizada para cursarlas.

H) Procedimiento de ejecución La s solicitudes de cooperación jurídica internacional se ejecutarán sin dilación conforme a las normas procesales españolas. Excepcionalmente y a solicitud de la autoridad extranjera requirente podrán aceptarse formalidades o procedimientos especiales, si ello es compatible con la legislación española y resulta practicable.

I) Motivos de denegación Las autoridades judiciales españolas denegarán las solicitudes de cooperación jurídica internacional cuando: a. b. c. d. e.

El objeto o finalidad de la cooperación solicitada sea contrario al orden público. El proceso de que dimane la solicitud de cooperación sea de la exclusiva competencia de la jurisdicción española. El contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de la autoridad judicial española requerida. En su caso, ésta podrá remitir la solicitud a la autoridad competente, informando de ello a la a utoridad requirente. La solicitud de cooperación internacional no reúna el contenido y requisitos mínimos exigidos por esta ley para su tramitación. Se cumpla el supuesto recogido en el apartado 2 del art. 3 de la ley: decisión del Gobierno de que no presten las autoridades españolas cooperación a las autoridades de un Estado cuando exista denegación reiterada de cooperación o prohibición legal de prestarla por las autoridades de dicho Estado.

Se comunicará a las autoridades requirentes la resolución motivada por la que se deniegue la solicitud de cooperación.

J) Ejecución por funcionarios diplomáticos y consulares españoles de diligencias procesales Las diligencias que resulten de un procedimiento tramitado ante la autoridad judicial española podrán ser ejecutada en el extranjero por funcionario diplomático o consular español siempre que no impliquen coacción y hayan de realizarse en la demarcación consular y a ello no se oponga la legislación del Estado receptor. En estos casos el Ministerio de Justicia trasladará la solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para que la haga llegar al funcionario diplomático o consular español encargado de su ejecución.

K) Desplazamiento al extranjero de jueces, magistrados, fiscales, Letrados de la AJ y funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y de otro personal Las autoridades españolas están habilitadas, con carácter general, para desplazarse a un Estado extranjero con el fin de llevar a cabo o intervenir en las diligencias procesales que deban practicar en dicho Estado. Estos desplazamientos se ajustarán, en todo caso a lo previsto por la legislación específica.

L) Medios técnicos y electrónicos Podrán solicitarse la utilización de cualesquiera medios técnicos y electrónicos de comunicación para la práctica de las diligencias de cooperación jurídica internacional que hayan de llevarse a cabo en el territorio de otro Estado. Si en el órgano jurisdiccional del Estado requirente o requerido no se dispone de acceso a los indicados medios, serán admisibles cualesquiera acuerdos que permitan su facilitación.

M) Gastos, costas y asistencia jurídica gratuita Los gastos relativos al trámite y ejecución de las solicitudes de cooperación jurídica internacional serán a cargo de la autoridad requirente o en su caso de la parte a cuya instancia se realicen. Respecto a las actuaciones procesales que se realicen por autoridades españolas, el interesado podrá solicitar las prestaciones que pudieran corresponderle conforme a la normativa sobre asistencia jurídica gratuita. Cuando el solicitante de la cooperación esté exento del pago de los gastos de las actuaciones procesales, se aplicará lo previsto para quienes gocen del derecho a la asistencia jurídica gratuita. La autoridad central española no estará obligada a asumir gasto alguno en relación con las solicitudes presentadas ni, dado el caso, por los gastos derivados de la participación de un abogado, procurador u otro profesional requerido. La autoridad central española podrá solicitar una provisión de fondos.

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N) Normativa general en materia de protección de datos Las solicitudes de cooperación jurídica internacional contendrán únicamente los datos personales necesarios para su ejecución. Los datos transmitidos no pueden usarse ni tratarse para fines no directamente relacionados con la solicitud sin la expresa autorización de la autoridad requirente. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional cursadas a instancias de un órgano jurisdiccional español harán constar que los datos personales contenidos en ellas se transmiten a los únicos efectos previstos en la solicitud, no pudiéndose usar o tratar para fines no directamente relacionados o derivados de aquélla sin la expresa autorización de la autoridad requirente. El juez podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las salvaguardas necesarias para proteger la confidencialidad de los datos personales.

4.4.- Comisiones rogatorias 4.4.1.- Concepto Las comisiones rogatorias son el instrumento a través del cual se materializa la ayuda judicial a nivel internacional. Cabe citar como ejemplos de convenios de colaboración: -

Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la UE. La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la UE.

En el ámbito civil: -

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-

Reglamento del Consejo de la UE nº 1393/2007, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales extrajudiciales en materia civil o mercantil. Reglamento (CE) nº 1206/2001, de 28 de mayo de 1001 relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil; el Reglamento (CE) nº 743/2002, de 25 de abril de 2002, por el que se establece un marco general comunitario de actividades con el fin de facilitar la cooperación judicial en materia civil; y la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil para facilitar la cooperación judicial entre los Estados miembros. Entre otros.

A través de una comisión rogatoria el órgano jurisdiccional que conoce de un asunto (órgano requirente) solicita la ayuda o cooperación de un órgano jurisdiccional extranjero (órgano requerido), a efectos de obtener una determinada actuación judicial, como puede ser la práctica de una prueba (interrogatorio de un testigo, la emisión de un dictamen pericial, el reconocimiento judicial, etc.). 4.4.2.- Formas de transmisión Las comisiones rogatorias pueden transmitirse a través de diferentes sistemas como:

Autoridades centrales: que se encargan de trasladar la solicitud al órgano requerido. La vía diplomática o consular. La comunicación directa entre los Ministerios de Justicia de ambos países o entre mismos órganos judiciales. 4.4.3.- Contenido, forma e idioma La forma suele ser un formulario tipo. En cuanto al contenido, se suele exigir la identificación del órgano requirente y requerido; datos relativos a las partes en el procedimiento y, en su caso, representantes; tipo de causa judicial y objeto de la misma y actuaciones a realizar, normalmente en el plazo más breve posible. En cuanto al idioma, la regla general es el del estado requerido, o bien el empleo de la lengua acordada entre el Estado requirente y requerido.

4.4.4- Ejecución La ejecución de la actuación solicitada normalmente se efectuará en la forma prevista por la legislación del Estado requerido, si bien en algunos casos se permite solicitar una forma especial de actuación, siempre que sea compatible con la legislación del Estado requerido y sea de posible aplicación.

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Destacar los distintos sistemas que se están creando para facilitar la cooperación judicial internacional como es el caso de la Cooperación en Red, creados para facilitar la ayuda jurisdiccional, o la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil. En el ámbito interno se ha creado la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE) cuya principal función es prestar asistencia a los órganos judiciales para la correcta remisión y eficaz cumplimiento de las solicitudes de cooperación jurisdiccional, así como el apoyo que precisen los puntos de contacto de la Red Judicial Europea e Iberoamericanas y de otras instituciones de análoga naturaleza. La Red española estará compuesta por magistrados titulares de los distintos órdenes jurisdiccionales, seleccionados por un período de 5 años por la Comisión Permanente del CGPJ, entre Magistrados con tres años de servicios en la categoría y, al menos, cinco años perteneciendo a la Carrera Judicial. La Red está integrada por dos divisiones: 1º. REJUE-Civil, de la que formarán parte Magistrados con destino en los órdenes jurisdiccionales civil, social o contencioso-administrativo. 2º. REJUE-Penal, compuesta por Magistrados con destino en los órdenes jurisdiccionales penal o contencioso-administrativo. La intermediación activa de la Red comprende las funciones de informar, asesorar, coordinar y llevar a cabo a aquellas otras gestiones tendentes a la agilización de la asistencia judicial en materia internacional, con pleno respeto a la potestad jurisdiccional de los órganos judiciales afectados.

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