La historia del Código Civil del Perú fueron, en sí, tres: primero el Código Civil de 1852, en la cual rige el Código dictado por el presidente puneño José Rufino Echenique; segundo el Código Civil de 1936, el cual fue presidente en ese entonces Oscar R. Benavides; y el tercero, el cual es vigente hoy en día, el Código Civil de 1984 que fue promulgado en el Gobierno de Fernando Belaunde Terry;
Pero antes de esos tres Códigos oficiales que tenía el Perú, habían dos antecedentes de proyecto: Código Civil de Lorenzo Vidaurre de 1834 y el Código Civil Santa Cruz de 1836, el Primero no entró en vigencia por su anti clericalismo y otras asuntos más y el segundo no es más que una transcripción Código francés, y una serie de deficiencias en su traducción y tuvo vigencia solo un año y medio. Ante eso, el Congreso de la República por ley del 9 de Octubre de 1845 autorizó al Presidente de la República para que preparara el Código Civil, está ley fue Promulgada por Ramón Castilla como presidente del Perú. LA HISTORIA DE LOS CÓDIGOS CIVILES PERUANOS 1. ANTECEDENTES DEL CÓDIGO CIVIL 1.1. Proyecto del Código Civil de Lorenzo Vidaurre de 1834.- El 31 de enero de 1825, Bolívar designó una comisión para redactar los códigos de la República Peruana presidida por el limeño Manuel Lorenzo De Vidaurre. El 23 de junio de 1834, el Supremo Tribunal acordó designar a Vidaurre para redactar el proyecto de Código Civil. El proyecto de Código Civil de Vidaurre redactado por este jurista fue publicado entre 1834 y 1836, Sin obtener sanción legislativa. El movimiento nacional de codificación se inicia con la aparición del Proyecto mencionado en el año de 1834, consta de tres partes: de las personas, de los dominios y los contratos, y de las últimas voluntades. El Derecho de Familia se regula en el libro relativo a las personas. En cuanto a la sociedad conyugal, sostiene el carácter mutuo y libre de la promesa de matrimonio, la cópula antes del casamiento rompe los esponsales y el estupro no produce obligación de contraerlo. Se considera el matrimonio como contrato natural y civil que requiere de mutuo y libre consentimiento, el que debe realizarse ante la autoridad pública y, por ende ...
Había nacido Vidaurre en Lima el 19 de marzo de 1773 y fue bautizado en la iglesia del Sagrario el 10 de junio de 1774. Estudió en el Convictorio de San Carlos y optó el título de abogado el 6 de diciembre de 1797 ante la audiencia limeña. Jorge Basadre Grohmann ha sido el primer estudioso de Vidaurre y decía que en él se aglutinaban las mentalidades del siglo XIX y de la naciente república. En 1810 empezó a efectuar Vidaurre un análisis sobre los defectos de la administración indiana que constituyó una «especie de aviso para que se modifique o reorganice la administración de las colonias». Este libro con adiciones salió después en 1823 de la prensa de Francisco Hurtel en la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos de Norteamérica con el titulo «Plan del Perú». Constituye un desgarrador estudio del gobierno que hacían los virreyes; la lentitud, la arbitrariedad y la irregularidad en el trabajo de las audiencias administrando justicia y de los defectos y taras del gobierno indiano, de las intendencias, los cabildos y hasta de la Universidad de San Marcos y los colegios de la capital: San Carlos, Santo Toribio y el del Príncipe. El libro está dedicado a Simón Bolívar en momentos en que Vidaurre le profesaba admiración. Coincidentemente con este libro, Vidaurre redactó su proyecto doctrinario de Código penal que había empezado a escribir en el Cuzco en 1812 e impreso dos años después en Boston en 1828 por Hiram Tupper. .. Una vez que el Perú ingresó a la era republicana, Vidaurre recibió el honor de ser designado miembro de la Corte Suprema siendo el primero en ejercer su presidencia. Su busto está colocado en el ingreso de este recinto en el Palacio de Justicia de Lima donde asisten y transitan litigantes y abogados en pos de obtener la máxima justicia. Concurrió Vidaurre al Congreso de Panamá convocado por Bolívar para obtener una utópica unión continental ante la amenaza europea, ya que una coalición militar se preparaba en Francia y Prusia para reponer a España sus dominios americanos.
CAPITULO I LOS PROYECTOS DE CÓDIGOS PREPARADOS POR MANUEL LORENZO DE VIDAURRE Y ENCALADA. 1.1. LAS TRANSFORMACIONES DEL DERECHO EN EL INICIO DE LA REPÚBLICA La situación jurídica del Perú a partir del 28 de julio de 1821 tenía los siguientes caracteres esenciales: a) El establecimiento de un nuevo régimen político de carácter republicano de acuerdo al precepto enunciado en las Bases de la Constitución Política suscritas por 57 diputados el 17 de diciembre de 1822 como integrantes del Congreso Constituyente instalado solemnemente el 20 de setiembre de ese año entre vítores y aclamaciones, estableciéndose que la soberanía de los peruanos residía en la nación libre e independiente. En consecuencia, desde el 7 de diciembre de 1822 fue establecida en el Perú la forma de gobierno republicano, hasta el día de hoy; b) Una notoria confusión en la aplicación de las leyes, ya que en el Derecho privado regían las disposiciones castellanas insertas en Las Partidas, en la Novísima Recopilación y en algunos casos, las provenientes del Derecho indiano que eran eminentemente casuistas; c) la aparición del fenómeno de la modificación del sistema jurídico hispano-indiano a través de las constituciones políticas, con notoria influencia extranjera. Así, las constituciones políticas sentaron las bases del gobierno republicano y su texto constituyó la ley fundamental fijándose los principios de la organización política y privada de la nación y transformando algunas normas del Derecho privado como fue la supresión del distingo de las personas en nobles y plebeyos; la eliminación de las penas infamantes; la confiscación de bienes y los empleos y privilegios hereditarios (1822); y,
d) la tendencia a iniciar con lentitud el innovador proceso de la codificación que fue enmarcado con carácter nítido en Europa por el Code civil francés del 21 de marzo de 1804. Las nuevas repúblicas empiezan a inicios del siglo XIX su largo y azaroso camino hacia un sistema jurídico codificado, y es el preámbulo de una nueva era en la historia del Derecho. Algunas leyes y decretos tuvieron incidencia trascendental que se irradiará más allá del período de la codificación civil que se plantea en la república peruana en el año 1852 sin considerar el fenómeno jurídico de la concesión de los códigos bolivianos durante la efímera confederación peruano boliviana. Los decre¬tos dictatoriales del 8 de abril de 1824 y 4 de julio de 1825 trataron sobre la abolición de los cacicazgos y la ley del 31 de marzo de 1828 disolvió legalmente las comunidades y las tierras comunales se convirtieron en propiedades individuales, perpe¬tuas y hereditarias. El hechizo efímero de Simón Bolívar conso¬lidó una reforma agraria incipiente. Esta última ley rústica permitió a los gamonales apropiarse de las tierras de los indíge¬nas. Felizmente la Constitución política de 1828 reconoció la subsistencia e intangibilidad de las tierras comunitarias prote¬giéndose a las comunidades de indígenas. La ley del 6 de agosto de 1846 promulgada por Ramón Castilla estableció que las enajenaciones de tierras nacionales o de bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción, beneficencias, comunidades religiosas y de indígenas efectuadas durante los gobiernos de Orbegoso, Santa Cruz y después del 15 de julio de 1835 fueran materia de indemnizaciones. 1.2. EL INICIO DEL ¿Qué se La respuesta a esta pregunta es esencial código es de antigua data en los sistemas
PROCESO CODIFICADOR PERUANO entiende por código? al curso de historia del derecho. El origen del término jurídicos románicos o romanescos y deriva del nombre
“codees”, con el que se conocía un volumen con variados números de pliegos cosidos entre si. En
los siglos III y IV de la era cristiana, el término «codex» se aplicó a las compilaciones públicas o privadas de la ley imperial. Es el tránsito del rollo de papiro al libro de pergamino. El »codex» era entonces, desde esta óptica, un sinónimo de compilación escrita de leyes como lo fueron el Codex Gregoriano, el Codex Theodosíanus o el célebre de Justiniano. Y, como tenía un rasgo de homogeneidad por su origen, mas no en su contenido hermenéutico, este término latino codex o codicus se hizo extensivo impropiamente a ciertas obras con relativa unidad en su elaboración por lo que así se habló del Código de Eurico o del Código de las Siete Partidas que en el fondo eran simples compilaciones. En el siglo XVIII, se extendió el concepto preciso del término “código” aplicándose a una ley de
contenido homogéneo, expues¬to en forma sistemática, articulada y ordenada que reguló una materia específica con lenguaje preciso. Venía a constituir un conjunto de preceptos, de máximas sobre los derechos inheren¬tes a toda persona, procurando garantizar su libertad civil a fin de protegerla frente a los embates del poder público y al de la nobleza. En materia penal, era la reunión ordenada de los delitos y las penas. La codificación ofrecía la oportunidad de aprovechar el material jurídico existente para obtener una regulación nueva, con un criterio racionalista y ya no meramente histórico y empírico. La primera elaboración de los códigos se rastrea en Baviera (1756), Austria (1777) y Prusia bajo una monarquía absolutista como la de Federico El Grande que pretendió unificar al país con la unidad de la ley. El Código civil prusiano reelaborado el 5 de febrero de 1794 fue un compendio de Derecho público y privado, manteniéndose la vigencia de los derechos territoriales y locales de los diferentes estados prusianos. El Código civil de Prusia se conoció como
el movimiento codificador austriaco había sido con incidencia en el ámbito procesal civil (1781), penal (1787) y procesal penal (1788). El Código civil austriaco recién se promul¬gó e1 1° de junio del año de 1811 para que entrara en vigor el 1° de enero de 1812 con evidentes aportes del derecho común vigente en Alemania. Llevó por título el de “Código general de los países hereditarios de la monarquía austriaca” modificándose durante la primera guerra mundial por tres novelas parciales,
dividido en tres partes y 1,502 numerales correlativamente eslabonadas y reguló sólo la materia privada del hombre. El código es una sola ley y no una recopilación o conjunto de leyes ordenadas o aglutinadas dispersamente, constituyendo desde el siglo XVIII la antítesis de este sistema recopilador. Quedó entonces superado el contenido nutrido, desordenado y a veces hasta monstruoso de una recopilación, abriéndose la era de la codi¬ficación que enmarca los siglos XIX y XX. La lenta evolución del sistema de los derechos, hizo imperativa la necesidad de obtener la uniformidad legislativa sobre todo en la esfera civil en el marco jurídico peruano. Las instituciones civiles que regían la vida del hombre peruano en la víspera de la independencia se encontraban adheridas en Las Partidas, en la Recopilación de los Reinos de Indias de 1680, en la Novisima Recopilación y las disposiciones múltiples que emanaron con los monarcas de la casa de los Borbones que cubrían un ámbito histórico-jurídico de 300 años. En cambio, existió un mayor retardo en el campo penal debido a múltiples circunstancias. Es que el Derecho penal romano no tuvo el brillo y la relevancia que adquirió el Derecho civil porque además sus principios no se habían consolidado. En el siglo XVIII apareció un movimiento destinado a humanizar el Derecho penal cuya figura cumbre fue el jurista Cesare Beccaria Bonesana (1738-1794) autor del libro en forma anónima titulado “Dei delitti e delle pene” que sentó nuevos hitos a partir de 1764, por lo que los cambios en esta materia al adoptarse la forma republicana por los nuevos Esta¬dos americanos, tenían éstos que cambiar su ropaje legislativo de acuerdo a la nueva realidad. Existieron entonces razones de interés nacional, prácticas filosóficas y técnicas para cambiar el estrato recopilador por el sistema codificado de las leyes pese al atraso español en esta materia. En el Perú se produjo una situación paradójica: los legisladores fueron en los años iniciales de la república a modificar los derechos civiles y las instituciones penales por medio de los textos constitucionales y así aparecieron las cartas políticas de 1823, de duración efímera, con un carácter liberal dotado de un Poder Ejecutivo debilitado y con un parlamento como elemento representativo de acuerdo a las ideas de Francisco Javier de Luna Pizarro; la autoritaria de Simón Bolívar jurada el 9 de diciembre de 1826 con un poder legislativo triple formado por tribunos, senadores y censores; la de 1828 moderadamente liberal y la primera en establecer el parlamento bicameral; la cuarta de 1834 llamada «reformada» y que es una reproducción del texto del año 1828; y la quinta del año 1839 llamada “de Huancayo” en que se vencen las tendencias autoritarias, centralistas y unitarias fijándose dos Cámaras renovadas por terceras partes cada dos años, los diputados y los senadores por mitades cada cuatro años. Dentro de este cúmulo de constituciones políticas rastreadas hasta el Código civil peruano de 1852, el movimiento codificador patrio se convirtió en necesidad y honor nacional. Su iniciativa no partió del Estado o de un trabajó colectivo de juristas escogidos selectivamente. Apareció la obra solitaria de Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada. Había nacido Vidaurre en Lima el 19 de marzo de 1773 y fue bautizado en la iglesia del Sagrario el 10 de junio de 1774. Estudió en el Convictorio de San Carlos y optó el título de abogado el 6 de diciembre de 1797 ante la audiencia limeña. Jorge Basadre Grohmann ha sido el primer estudioso de Vidaurre y decía que en él se aglutinaban las mentalidades del siglo XIX y de la naciente república. En 1810 empezó a efectuar Vidaurre un análisis sobre los defectos de la administración indiana que constituyó una «especie de aviso para
que se modifique o reorganice la administración de las colonias». Este libro con adiciones salió después en 1823 de la prensa de Francisco Hurtel en la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos de Norteamérica con el titulo «Plan del Perú». Constituye un desgarrador estudio del gobierno que hacían los virreyes; la lentitud, la arbitrariedad y la irregularidad en el trabajo de las audiencias administrando justicia y de los defectos y taras del gobierno indiano, de las intendencias, los cabildos y hasta de la Universidad de San Marcos y los colegios de la capital: San Carlos, Santo Toribio y el del Príncipe. El libro está dedicado a Simón Bolívar en momentos en que Vidaurre le profesaba admiración. Coincidentemente con este libro, Vidaurre redactó su proyecto doctrinario de Código penal que había empezado a escribir en el Cuzco en 1812 e impreso dos años después en Boston en 1828 por Hiram Tupper. Una vez que el Perú ingresó a la era republicana, Vidaurre recibió el honor de ser designado miembro de la Corte Suprema siendo el primero en ejercer su presidencia. Su busto está colocado en el ingreso de este recinto en el Palacio de Justicia de Lima donde asisten y transitan litigantes y abogados en pos de obtener la máxima justicia. Concurrió Vidaurre al Congreso de Panamá convocado por Bolívar para obtener una utópica unión continental ante la amenaza europea, ya que una coalición militar se preparaba en Francia y Prusia para reponer a España sus dominios americanos. Este Congreso con sede en Panamá y con la quimera de lograr una confederación continental (conferencias realizadas entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826) fracasó por los recelos del gobierno del Rio de la Plata, y la anarquía imperante en Chile. La monarquía brasilera fue indiferente al movimiento inde¬pendentista americano y tuvo simpatías, en ese momento, con la Santa Alianza. La visión quimérica bolivariana fue establecer los «Estados Unidos de Sudamérica» comprendidos desde México hasta el Cabo de Hornos y que a la postre fue una ilusión irrealizable. Los delegados de Bolivia no viajaron a la cita de Panamá. El Congreso de Estados Unidos se mostró reacio ante este intento de unión americana. Su representante señor Anderson murió en Bogotá sin que se designara a otra persona en su reemplazo y sólo asistieron a la cita de Panamá los delegados del Perú, de la Gran Colombia, Centroamérica y México. Inglaterra y Holanda enviaron observadores a esta cita convocada por el fervor confederativo de Bolívar. Vidaurre conceptuó inicialmente que éste era el inicio del gran Estado continental, por lo que propició una fórmula de solidaridad entre los Estados concurrentes al Congreso de Panamá. Pero, después Vidaurre se tornó pesimista ante el Congreso de Panamá y cambió de parecer, interesándole plasmar una federación que aglutinara a los países andinos. No obstante esta desazón, en el Congreso de Panamá se suscribió un tratado de unión, de límites y de confederación, creándose un ejército y una marina de guerra hispanoamericana. El sueño de Bolívar fracasó porque no existió una fuerza histórica forjadora de la unidad para los estados nacientes hacia una irreductible confederación. No pudo ni siquiera construir una sólida Gran Colombia. Como aspectos positivos y sobre los antagonismos de las nuevas repúblicas se sentaron las pautas del americanismo que alcanzó nuevos rumbos en el siglo XX. Coincidente con esta época, Vidaurre preparó el boceto de una ley agraria propugnando la venta de las tierras rústicas del clero, la disminución de los días festivos, y la igualdad de los derechos entre el labrador y el propietario. Y, el 31 de enero de 1825, Bolívar designó por decreto, una comisión para redactar los códigos de la república peruana, la que fue presidida por éste, reuniéndose según Vidaurre, sólo una vez. La opinión de Basadre Grohmann era que los miembros de la comisión codificadora fueron juristas «eminentes» pero «realistas, escépticos o rutinarios», aturdidos por la crisis inicial de la nación peruana y por la falta de una Constitución política estable. La tarea terca y solitaria para que el Perú ingrese a la era de la codificación provino de Vidaurre y así este jurista empezó a preparar, como así
lo hemos expuesto, primero su Código penal cuyos apuntes había preparado en 1811 cuando desempeñaba el cargo de oidor en la Audiencia del Cuzco y después en Cuba. El Congreso peruano de 1826 acordó publicar su proyecto de Código penal y la ley sobre los jurados, pero el Poder Ejecutivo no demostró interés por estos trabajos. Desaparecido Bolívar del escenario político peruano, Vidaurre fue luego parlamentario en el Congreso Constituyente de 1827 y ministro de Gobierno con Gamarra, llegando a presentar un proyecto de Constitución política, una ley de elecciones, un proyecto de ley de jurados y una ley de imprenta (20) Se convirtió Vidaurre también en periodista prolífico y a través de las páginas de un periódico que circuló curiosamente con el nombre de «El Discreto» ya que Vidaurre no poseía esta rara virtud de encontrar en los hombres públicos. Es digno de resaltar el proyecto del Código penal de Manuel Lorenzo de Vidaurre que constituyó un tratado con diversas disquisiciones doctrinarias sobre el delito y su sanción más que una ley orgánica de carácter penal, ya que de doscientas treinta páginas, doscientas siete corresponden a disertaciones jurídicas, históricas y filosóficas sobre su texto. Para Vidaurre, el Código penal debía ser un instrumento represivo, ya que constituye un cuerpo legal cívico y moralizador que debe buscar remedios preventivos contra la comisión de delitos, Vidaurre no siguió la huella del humanitarismo que había pregonado Beccaria. Aceptó la pena de azotes ya “que el ladrón le teme más que a la muerte”, y la pena capital con la confiscación de bienes salvo para la mujer y el menor
de veinte años de edad en su singular proyecto. Los reos debían realizar trabajos forzados y públicos provistos de letreros infamantes en los casos señalados por la Ley de Impren¬ta. Algunos condenados debían cargar ataúdes en los cemente-ríos. Después de sus experiencias parlamentarias, Vidaurre viajó a Argentina, Chile y Brasil, y luego a Europa. No olvidó Vidaurre el mandato de codificación que había expedi¬do Bolívar pese al tiempo transcurrido, y redactó el trabajo que ajuicio de Basadre Grohmann fue el más audaz: un proyecto del Código eclesiástico dedicado al Papa Pío VIII. Este singular proyecto de Código eclesiástico constituyó un texto sin método ni plan orgánico que revela el espíritu eminentemente anticlerical de Vidaurre: estableció que la religión católica, apostólica y romana era la religión del Estado y que éste asumía la res¬ponsabilidad de mantener al clero. Vidaurre se mostró partidario de la proliferación de cultos llegando al extremo de desconocer la autoridad del Obispo de Roma en cuanto limita las atribucio¬nes de los obispos nacionales. Propugnó el matrimonio de los clérigos y recusó la confesión auricular. La tesis de Vidaurre constituyó un ejemplo de literatura regalista elevada a su máxi¬mo exponente y una síntesis de las polémicas entre el Estado y la Iglesia que proliferan en el siglo XIX. El proyecto de Código eclesiástico tuvo escasa circulación, ya que el Congreso de la República del Perú no asumió el costo de su impresión, siendo reproducido parcialmente en «El Triunfo de la Libertad» aparecido en 1831 en la ciudad del Cuzco. Vidaurre retorna al Perú en el año 1831 y se dirige al Congreso para que adquiera los textos de su proyecto de Código penal y Código eclesiástico lo que no es aceptado. Los nubarrones políticos adversos para Vidaurre cambian cuando Agustín Gamarra asume la presidencia de la república y se le nombra Ministro de Gobierno en cuyo cargo el jurista Vidaurre ordena prisiones, destierros y fusilamientos llegando a acuñar la frase «callen las leyes para salvar las leyes». La Constitución política de 1834, en su articulo 11 de las disposiciones transitorias, había dispuesto que “en la apertura de cada sesión anual presentará al Congreso la Corte Suprema el proyecto de uno de los códigos de la legislación, principiando por el civil”. Así, el Supremo Tri bunal del Perú
acotó por unanimidad el 23 de junio de 1834 designar a Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada para que redactara el proyecto de Código civil y se constituyó una comisión revisora de su texto formado por los vocales señores Nicolás Araníbar, Justo Figuerola y el fiscal Manuel Pérez de
Tudela. El proyecto de Código civil de Vidaurre redactado por este jurista republicano fue publicado en tres volúmenes entre los años de 1834 y 1836, sin obtener sanción legislativa. El proyecto estuvo dividido en tres partes, con 810 páginas: la primera sobre las personas (publicada en agosto de 1834), la segunda del dominio y de los contratos (publicada en 1835) y la tercera parte de las últimas voluntades (aparecida en 1836). Las fuentes del proyecto del Código civil de Manuel Lorenzo de Vidaurre se rastrean en diversos orígenes como los derechos romano, español y el natural, ya que Vidaurre fue un ius naturalista convicto y confeso, como decía Basadre Grohmann en su cátedra en San Marcos. Le sirvieron también de gran inspiración los códigos civiles de Prusia y el francés de Napoleón Bonaparte, y recusa el Derecho canónico. En cuanto al influjo doctrinario, el texto de Vidaurre recibió el aporte de civilistas notables como Diego Covarrubias y Leyva, Diego Pérez, Gregorio López, Antonio Gómez y Juan del Castillo; del eximio indianista don Juan de Solórzano Pereyra; de los romanistas Bartolo y Baldo, y, de los juristas Juan Teófilo Heinecio, Hugo Grocio (1583-1645), Manuel Pufendorf (16341694), de Domat y de los autores del Código civil francés de 1804. La obra de Vidaurre inserta en su singular proyecto del Código civil se acercaba y se alejaba con ambivalismo de las ideas liberales en la Constitución de 1791. El referido proyecto consignaba; como lo hacía la Constitución francesa de 1791; el matrimonio como acto civil basado en el consentimiento de ambas partes pero no tomó en cuenta la Ley de divorcio de 1792 que admitió siete motivos determinantes para la disolución del vínculo conyugal (la demencia, la condena de uno de los cónyuges, los crímenes, la sevicia, la conducta pública desordenada, el abandono y la emigración). El Proyecto del Código civil de Vidaurre de 1834 mereció crítica severa y pasó inadvertido. En primer lugar no tomó en cuenta la técnica ni la política jurídica imperantes en Europa en donde se sustentaba el novedoso proceso codificador. Omitió compulsar el ambiente conservador de la época, ya que pretendió introducir un espíritu anticlerical en el primer Código civil peruano lo que repudiaba el ambiente tradicional imperante en la sociedad peruana. Colocó el matrimonio en su texto como un acto civil que se debía realizar ante el alcalde o funcionario público y civil, recusando la intervención del párroco o sacerdote. Laicalizó así el matrimonio siguiendo la huella de los “revolucionarios” franceses no pudiéndose otorgar a Vidaurre el beneficio de ser su iniciador.
Vidaurre conceptuó que el matrimonio era un contrato civil y natural que requiere del mutuo y libre consentimiento de las partes o affectio maritalis inhe¬rente en el Derecho romano, tolerándose el matrimonio de los exclaustrados y exclaustradas. Omitió mencionar Vidaurre en su proyecto de Código civil a los clérigos tratándose del régimen de las personas. La parte de las obligaciones y contratos era poco sus¬tanciosa. Además de estas razones para explicar el fracaso del proyecto de Vidaurre en materia de codificación civil, la concesión de los códigos bolivianos por obra de Andrés de Santa Cruz enterró la posibilidad de su aprobación legislativa. Puede añadirse que el proyecto de Código civil de Vidaurre siguió la huella de los pensadores franceses en su postura sobre el matrimonio como acto civil, tesis que fue seguida por algunos de los miembros de la comisión designada inicialmente por Ramón Castilla que elaboró el proyecto de Código civil de 1852. Estos fueron don Francisco Javier Mariátegui ex magistrado como había sido Vidaurre y don José Julio Rospiglio¬si. El temperamento de Vidaurre retrasó la promul¬gación del Código civil peruano ya que su concepto del matrimonio como acto civil fue defendido por estos dos juristas peruanos en el seno de la comisión codificadora designada en el gobierno de Ramón Castilla, originándose un desacuerdo esencial entre sus miembros. Los con¬ceptos de Vidaurre sobre la naturaleza del matrimonio civil y su notorio regalismo ocasionaron también el evidente conservadorismo del texto en el Código civil de 1852, promulgado por el Presidente José Rufino Echenique. De acuerdo al criterio de Jorge Basadre
Grohmann, en el fondo, el Código civil peruano de 1852 fue una reacción contra las ideas de Manuel Lorenzo de Vidaurre y sus seguidores que siguieron vigentes pese a su fallecimiento. CONCLUSIONES Es digno de resaltar el proyecto del Código penal de Manuel Lorenzo de Vidaurre que constituyó un tratado con diversas disquisiciones doctrinarias sobre el delito y su sanción más que una ley orgánica de carácter penal, ya que de doscientas treinta páginas, doscientas siete corresponden a disertaciones jurídicas, históricas y filosóficas sobre su texto. Para Vidaurre, el Código penal debía ser un instrumento represivo, ya que constituye un cuerpo legal cívico y moralizador que debe buscar remedios preventivos contra la comisión de delitos, Vidaurre no siguió la huella del humanitarismo que había pregonado Beccaria. Aceptó la pena de
azotes ya “que el ladrón le teme más que a la muerte”, y la pena capital con la confiscación de
bienes salvo para la mujer y el menor de veinte años de edad en su singular proyecto. Vidaurre se mostró partidario de la proliferación de cultos llegando al extremo de desconocer la autoridad del Obispo de Roma en cuanto limita las atribucio¬nes de los obispos nacionales. Propugnó el matrimonio de los clérigos y recusó la confesión auricular. La tesis de Vidaurre constituyó un ejemplo de literatura regalista elevada a su máxi¬mo exponente y una síntesis de las polémicas entre el Estado y la Iglesia que proliferan en el siglo XIX. El proyecto de Código civil de Vidaurre redactado por este jurista republicano fue publicado en tres volúmenes entre los años de 1834 y 1836, sin obtener sanción legislativa. El proyecto estuvo dividido en tres partes, con 810 páginas: la primera sobre las personas (publicada en agosto de 1834), la segunda del dominio y de los contratos (publicada en 1835) y la tercera parte de las últimas voluntades (aparecida en 1836). El Proyecto del Código civil de Vidaurre de 1834 mereció crítica severa y pasó inadvertido. En primer lugar no tomó en cuenta la técnica ni la política jurídica imperantes en Europa en donde se sustentaba el novedoso proceso codificador. Omitió compulsar el ambiente conservador de la época, ya que pretendió introducir un espíritu anticlerical en el primer Código civil peruano lo que repudiaba el ambiente tradicional imperante en la sociedad peruana. Omitió mencionar Vidaurre en su proyecto de Código civil a los clérigos tratándose del régimen de las personas. La parte de las obligaciones y contratos era poco sustanciosa. El temperamento de Vidaurre retrasó la promulgación del Código civil peruano ya que su concepto del matrimonio como acto civil fue defendido por estos dos juristas peruanos en el seno de la comisión codificadora designada en el gobierno de Ramón Castilla, originándose un desacuerdo esencial entre sus miembros. Los con¬ceptos de Vidaurre sobre la naturaleza del matrimonio civil y su notorio regalismo ocasionaron también el evidente conservadorismo del texto en el Código civil de 1852, promulgado por el Presidente José Rufino Echenique.
BIBLIOGRAFÍA JORGE BASADRE AYULO. Historia del Derecho. Editorial San Marcos. JORGE BASADRE. Antecedentes Del Código Civil De 1852. JORGE BASADRE. El Perú Republicano. Lima, 1960. MANUEL LORENZO VIDAURRE. Proyecto de reforma de la constitución peruana en cuanto al poder judicial. Lima, 1833
