ECONOMÍA SOCIAL Y ECONOMÍA POPULAR. SIMILITUDES, DIFERENCIAS Y CONSIDERACIONES
CRÍTICAS.
La economía popular es el conjunto de actividades de producción, distribución o consumo que realizan las personas y organizaciones. Cuando la economía popular pone en juego como elemento central el apoyo mutuo, la cooperación y diversas formas de compartir (conocimientos, mercados, tecnología), coloca en escena una “Economía Solidaria” también llamada
Economía
Social.
La Economía Social es concebida como un instrumento para la atención de las necesidades de la población excluida económicamente, mediante la creación de empleo productivo y sustentable; así mismo, es una vía para la generación de excedente
económico
que
apuntale
la
creación
de
capital
social.
Las Unidades Económicas Asociativas (cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas) constituyen la unidad básica del Sistema que configura la Economía Social. Se caracterizan fundamentalmente por su carácter participativo, que las lleva a comprometerse con la calidad de vida de sus integrantes, asociados, trabajadores, y con las comunidades en las cuales operan; son socialmente responsables, siendo esta pauta de conducta la medida para que quienes conforman la actividad económica se sientan protagonistas en el empeño por una sociedad más cohesionada y solidaria, que junto con el compromiso fundamental de generar capital social y empleo, también adquiera conciencia de su responsabilidad por atender y mejorar el bienestar de la población y de las condiciones de su entorno, de tal forma que el equilibrio entre lo social y lo económico contribuya a potenciar la inclusión y la cohesión social en los espacios comunitarios, para vincular la creación de riqueza con su distribución.
La estrategia en este caso es maximizar el factor solidario para lograr la satisfacción de las necesidades básicas y generar acumulativamente procesos de desarrollo y conseguir en conjunto lo que individualmente no es posible lograr. CONCLUSIÓN La Economía Social describe la noción de las redes productivas conformadas por miles de unidades productivas pequeñas de carácter comunitario pero de propiedad social y autogestionaria que provoque un aumento en la producción y hace paréntesis de los tipos de empresas de autogestión y cooperación. Esta economía puntualiza el énfasis sobre las tareas formativas de las comunidades autogestionarias como poderes populares y células primarias de articulación
de
este
sistema
productivo.
Se encuentra soportada por un conjunto de principios; tales como: la solidaridad, la complementariedad, la cooperación, la equidad, la igualdad, principios que le dan el molde perfecto en la construcción de un nuevo modelo productivo y de construcción de hombre y sociedad nuevos donde se rompa con la relación histórica capital-trabajo para invertir esta fórmula y lograr la emancipación del trabajo y colocar su creatividad en función de la liberación del mismo
y
no
de
su
propia
opresión.
Las nuevas formas de organización política, social y económica supone la consolidación y creciente fortalecimiento de la Economía Social y Participativa como una Política de Estado, orientada a suministrar el apoyo financiero necesario para generar empleo productivo y sustentable, siendo ésta una de las estrategias del Gobierno Bolivariano para acatar la pobreza y la exclusión social.
Se encuentra planteada en el proyecto de gobierno, en el plan de la nación, y en los lineamientos de la política social, tiene una visión integradora de lo económico y lo social; como estrategia se impulsan formas de organización alternas como cooperativas, microempresas y otras formas asociativas, orientadas hacia una mayor justicia social y equidad, fomentando la autogestión y la solidaridad. La revolución bolivariana lleva consigo pues un proceso donde exalta los valores y principios elevando la dignidad de la persona y la propuesta de un proyecto colectivo de crecimiento y desarrollo capaz de producir para satisfacer las reales necesidades del hombre. Por ello Socialismo y democracia son inseparables. Economía, economía social y economía popular. Similitudes, diferencias y consideraciones críticas. * Aproximaciones al neoliberalismo como economía-mundo: sus categorías de análisis y la consolidación crítica de una macro-estructura. * La economía social y su vinculación con la transformación del sistema socioeconómico, desde una visión popular y participativa. * Importancia estratégica que tiene para el Estado, la consolidación de una economía social, solidaria y participativa (seguridad alimentaría, etc.,) II.- Modelos de desarrollo y modelos de desarrollo venezolanos: Las relaciones de propiedad de los medios de producción, relación privada, relaciones mercantiles, división social del trabajo. * Contexto histórico social-cultural del desarrollo endógeno sustentable: marco de los modelos de desarrollo (articular con las discusiones de las Unidades Curriculares “Derechos Humanos y Modelos de De sarrollo y Protección Jurídica del Medio Ambiente). * Desarrollo endógeno socialista, su relación con las formas sociales de organización económica: Cooperativas, Organismos de Integración, Empresas de Producción social, Sociedades Mercantiles, pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas industrias, otras formas colectivas de asociación; y la
estructuración
de
políticas
públicas.
* Núcleos de Desarrollo Endógeno: formas de organización que lo componen, articulación con la comunidad, articulación con el estado.
LA CONSOLIDACION DE UNA ECONOMIA SOCIAL., SOLIDARIA Y PARTICIPATIVA .SU IMPORTANCIA PARA EL ESTADO VENEZOLANO. En la nueva Constitución, aprobada por referendo en diciembre de 1999, se depositaron múltiples visiones y propuestas que finalmente terminaron en la ampliación de las funciones del Estado y del sistema Presidencial, la supremacía de la justicia social como norte político de las acciones del Estado y la participación ciudadana como fundamento de las relaciones institucionales. También hace referencia nuestra constitución que el Estado y pueblo organizado son los dos actores principales. El Estado se concibe como una estructura abierta a la participación de los ciudadanos, apelando a una legitimidad que descansa en la soberanía popular. De la unión Estado-Pueblo se desprende el principio de corresponsabilidad, entendido como Estado y ciudadanos tomando decisiones de manera conjunta. De esta forma se pretende que el protagonismo del pueblo organizado en todas sus formas de representación comunitaria logre trascender hacia el poder y las instituciones que lo representan. Ello se cree posible en la medida que se logre una profunda reestructuración del Estado, para que sea viable la participación, regulación y control de gestión por parte de las comunidades; así para que el Estado también asuma responsabilidades en la satisfacción de las necesidades vitales de la población e intervenga en la sociedad bajo
los
mandatos
de
la
justicia
y
la
solidaridad.
La Constitución contempla un capítulo exclusivamente dedicado al régimen económico y a las funciones del Estado en la economía. En este capítulo se establece que la economía tiene un papel político en la construcción del proyecto de país, adoptando los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad.
La economía tiene carácter mixto (público-privado), entendiendo por ello que el Estado y la iniciativa privada deben generar en forma conjunta: fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, mejor nivel de vida de la población y soberanía económica. El carácter mixto de la economía es expresado por el MPD 2001 del siguiente modo: “La acción complementaria del mercado y del Estado es indispensable para
el funcionamiento eficaz y progresivo de la economía. Es lo que entendemos como la fórmula de las dos manos, donde interactúan la mano invisible del mercado y la mano visible del Estado. El reto del desarrollo debe ser fundamental para el Estado, especialmente en las circunstancias de un país donde éste es poseedor de las principales riquezas y cuya distribución desigual entre la población produce depauperación
en
amplios
sectores
de
la
sociedad”.
En este sentido, el Estado cumple un rol principal dentro de la función económica. La Constitución establece que los objetivos de la mutua responsabilidad públicaprivada en la economía solo pueden lograrse si se da un crecimiento económico permanente, sustentable y equitativo; una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica de la economía, hecha de manera democrática, participativa y de consulta abierta. Este capitulo constitucional dispone entonces la existencia de un conjunto de prioridades a las que debe responder la política económica del Estado. Estas prioridades
constitucionales
son:
• Protección de la industria petrolera y del comercio interno: el Estado debe
garantizar la protección de áreas económicas estratégicas para el desarrollo y la soberanía nacional como la actividad petrolera y otras industrias, y la política comercial para defender a las empresas nacionales de las inversiones extranjeras. • Privilegio a la agricultura y erradicación del latifundio: el Estado debe privilegiar la
agricultura dentro de las prioridades públicas, teniendo como principal reto eliminar
toda forma de tenencia de tierras basada en el latifundio. Este aspecto se liga con el objetivo de la seguridad alimentaria y, para ello, deben alcanzarse niveles suficientes
de
autoabastecimiento.
• Promoción de la asocia tividad económica colectiva: el Estado debe promover un
sector económico de carácter asociativo y formas de colectivización de la propiedad. En este aspecto destaca la aplicación de impuestos a las tierras ociosas y medidas para hacerlas productivas, sobre todo las de vocación agrícola. Los campesinos y productores tienen derecho a la propiedad de la tierra en la forma que dicte la ley y el Estado promoverá y protegerá las formas asociativas y particulares que aseguren la producción agrícola. Especialmente lo hará con formas de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo bajo régimen de propiedad colectiva; con la artesanía,
la
industria
popular
y
la
industria
turística
nacional.
En el año 2001, el Presidente puso en práctica las facultades que le concedió la norma constitucional para promulgar decretos con carácter de leyes nacionales. Estos decretos-leyes fueron el preludio de un agudo conflicto político en el año 2002, tal y como lo narra el ILDIS (2005): “Entre los años 2001 y 2002 el gobierno
dedicó sus mayores esfuerzos a la elaboración de nuevas leyes, muchas de ellas sensibles a los sectores económicos. Entre éstas destaca un paquete de 49 leyes promulgadas por el ejecutivo mediante Ley Habilitante a finales del año 2001, incluyendo la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Pesca y Acuicultura, la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable y, posteriormente, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social aprobada en el año 2002 por la Asamblea Nacional. Con motivo de la promulgación de estas 49 leyes, una aguda confrontación política fue penetrando todas las esferas de la vida del país, la cual derivó en el llamado a un paro cívico nacional, luego a un paro petrolero y después a un intent o de golpe de Estado en el año 2002” .
Dentro de este conjunto de leyes, las económicas representaron el mayor número y, dentro de éstas, las de mayor importancia fueron la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Micro financiero y la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (ZEDES). En la siguiente tabla se hace un breve resumen
de
sus
contenidos
más
importantes.
Comenzando con la economía, la política de economía social y el desarrollo endógeno tienen el claro propósito de producir cambios de amplio alcance en el modelo de crecimiento económico, la estructura social y la tradición productiva del país. Esto se puede lograr, según expresan los lineamientos públicos, mediante tres mecanismos: a) la democratización del capital y la tierra; b) el fortalecimiento de la soberanía en la orientación y distribución de la riqueza nacional, hacia el desarrollo de las potencialidades internas de las comunidades en la ciudad y el campo; y c) la inclusión social en la actividad productiva. Los esfuerzos económicos del gobierno han estado dirigidos a consolidar los ingresos fiscales a fin de lograr estos propósitos en un contexto de alta volatilidad económica, rigidez del gasto público, baja inversión privada y. en los últimos años, una aguda conflictividad
política.
En efecto, sigue siendo la renta petrolera el mecanismo preponderante de la riqueza nacional, se ha elevado la dependencia externa de importaciones agrícolas, no se observan variaciones sustantivas en la estructura de empleo ni en la consolidación de sistemas públicos que garanticen bienestar y protección social a la población. De estas consideraciones podemos concluir que hasta ahora no parece existir un sector de economía social como tal, lo que existe es un enfoque económico distinto, cuyo promotor central
es
el
Estado.
Es necesario superar la visión estática del Estado que se expresa en intervenciones fragmentadas, discontinuas y formalistas, cuyo resultado es ampliar la frontera burocrática inhibiendo el pensamiento y las acciones innovadoras para cristalizar en esquemas rígidos y dependientes de la asistencia pública. Una condición básica para que este proceso tenga éxito es que opere un cambio en la perspectiva de observación, análisis e intervención que ha sido dominante hasta el presente y sea sustituida por una visión de proceso, con una proyección de objetivos estratégicos y acciones encadenadas en términos de agregación de valor
como
base
de
rentabilidad
sostenida
del
proyecto.
Es preciso desarrollar una visión estratégica en el nivel de los actores que haga mas potente la confianza en sus propias capacidades y posibilite un mejor aprovechamiento del acompañamiento del estado, definiendo desde los propios interesados, las condiciones y oportunidad en que la asistencia debe estar disponible. El cambio desde una actitud pública preocupada por solucionar el problema hacia un comportamiento del Estado orientado a generar condiciones que permitan maximizar los recursos de la comunidad, es el camino para hacer más consistente una economía basada en la solidaridad, por el reconocimiento de intereses similares, y en la cooperación, por la capacidad de articular estrategias convergentes. Necesitamos de un Estado que sea “flexible
y no rígido, libre y no controlado, interactivo y no segmentado. Es decir, un Estado que se manifieste como una compleja red de relaciones temporarias diseñadas para resolver los problemas a medida que aparecen y conectada por canales informales
de
comunicación”.
(Mintzberg).
El cambio desde una actitud pública preocupada por solucionar el problema hacia un comportamiento del Estado orientado a generar condiciones que permitan maximizar los recursos de la comunidad, es el camino para hacer más consistente
una economía basada en la solidaridad, por el reconocimiento de intereses similares, y en la cooperación, por la capacidad de articular estrategias convergentes. Necesitamos de un Estado que sea “flexible y no rígido, libre y no controlado, interactivo y no segmentado. Es decir, un Estado que se manifieste como una compleja red de relaciones temporarias diseñadas para resolver los problemas a medida
que
aparecen
y
conectada
por
canales
informales
de
comunicación”.(Mintzberg). Los actores de la “economía social” necesitan de una relación unilateral con el
estado, no puede ser una relación directamente reciproca de clientes ni tampoco una relación que se reduce al beneficio de la infraestructura publica disponible. Por el contrario, requiere de una ampliación cualitativa de esa infraestructura, de una inversión creciente del Estado para obtener resultados tangibles en términos de mayor integración y menor riesgo social. En este punto es fundamental, destacar la importancia de la calidad profesional y técnica del estado para
neutralizar
los
efectos
nocivos
de
la
burocracia.
En la medida que el Estado desarrolla una visión sistémica de los procesos económicos y sociales, tiende a la implementación de políticas convergentes en el sentido de promover condiciones para la generación de valor económico y de valor social. En el contexto de los emprendimientos de la economía social, es necesario que el Estado genere condiciones que tiendan a aumentar la capacidad de negociación del pequeño emprendedor con los actores económicos y empresariales
a
los
cuales
esta
vinculado.
En este sentido la construcción de las redes productivas; requieren del involucramiento activo de los organismos públicos específicos para una inserción efectiva del emprendedor en el encadenamiento que hace de la transferencia de valor económico; asistencia técnica y crediticia, mejore el posicionamiento de los pequeños emprendedores, los eslabones mas débiles y fundamentalmente las
condiciones de sustentabilidad, basada en la capacidad de innovación. Esto solo pueden ser satisfecho en el marco de una alianza estratégica con el Estado, en la medida que la optimización del valor económico en el nivel de los emprendimientos de economía social genera valor social de integración al contexto
donde
operan.
No obstante se puede señalar la importancia del valor social y estratégico que reviste para el estado, en la medida que las actividades económicas promovidas hacen a los objetivos de integración, equidad, preservación y equilibrio sistémico. La intervención estratégica del estado, a través de la eliminación de la
rigidez
burocrática y la mayor
flexibilidad para la estabilización de las condiciones de negociación de los mas débiles en la Red, trae aparejado un incremento en la competitividad a nivel de todo el eslabonamiento y una reducción en los costos de transacción desde una perspectiva
sistémica.
El estado cumple un rol vital para estas unidades económicas, no tan solo en su papel de contralor y regulador, sino en las potencialidades promociónales que asume, al acercar a estas unidades; créditos, subsidios, capacitación, información, componentes necesarios, en muchos casos, para la sobrevivencia y el mejor resultado
económico.
Llegando a uno de los puntos, nos topamos con el capitulo del financiamiento; punto sangrante de un mundo dispuesto a producir, pero absolutamente descapitalizado. En nuestra consideración, son tres los aspectos claves que han de
resolverse:
En primer lugar; crear por medio de las mismas comunidades autogestionarias – como punto de partida y redistribución financiera-, un sistema confiable de síntesis de las enormes cantidades de dinero que en suma se mueven dentro de las comunidades y, en general, dentro de los espacios donde se desarrolla la economía
llamada
informal.
Se trataría, en primer término, de crear un sistema de ahorro solidario homogéneo que pueda garantizar la concentración de porcentajes crecientes de las masas de dinero que allí se mueven sin lugar común de decantamiento, y mucho menos de inversión para ser redistribuidas en forma de proyectos de
inversión
dentro
del
sistema
de
economía
social.
En segundo lugar, garantizar por medio de mecanismos de ley o de alianza, la posibilidad de que una parte importante de los acumulados que se concentren dentro de los nuevos sistemas de seguridad social por crear sean igualmente reinvertidos dentro del espacio de la economía social. Allí se encuentra un punto fundamental de articulación entre un sistema y otro, ligados ambos por una misma razón
social.
Tercero, profundizar y extender la actividad de financiamiento que actualmente adelanta el Estado a la microempresa, así como al resto de las empresas ligadas a
la
economía
social.
(Cooperativas).
Incluso seria necesario fijar por ley una cuota de subsidio presupuestario a la economía social, para que esta no quede a las anchas del mercado y las desgracias presupuestarias, y, sobretodo, seria necesario que se establecieran los mecanismos de alianza entre el sistema comunitario y autogestionario de ahorro y su propio sistema de bancos e institutos ligados al financiamiento de la economía social. Cuarto; quedan abiertos los mercados internacionales de financiamiento, para cuyo acceso es fundamental la sistematización informativa y las estrategias de formación de bloques negociantes que puedan hablar con fuerza dentro de estos mundos, cuestión para lo cual es mucho lo que también pueden hacer en bloque Estado
y
Sociedad.
Complementario al punto del financiamiento, consideramos fundamental la posibilidad de dirigir una buena parte de la demanda del estado hacia
la economía social. Sobre esta demanda se han alimentado por años los correajes de corrupción que todavía florean alrededor de todas las instituciones públicas. No cabe duda, incluso, que gran parte de la conflictividad de estos años se sitúa en la perdida de privilegios que han tenido muchos contratistas, importadores, licitadores, receptores de subsidios, etc.; los cuales, por años, constituyeron una de las fuentes principales de reproducción del sistema y una de las razones de la desigualdad y la creación de una plutocracia adinerada gracias a los recursos del Estado. La demanda del estado, desde las tecnologías necesarias hasta los niveles de servicios, alimentos y bienes básicos, al diversificarse, racionalizarse y estar vigilada por los sistemas de contraloría social, deben pasar a convertirse en una fuente
del
desarrollo
sustentable
y
equitativo
del
país.
Razón por la cual, al encontrarse con la economía social en forma gradual y planificada encontraría, de hecho uno de sus principales lugares de realización. Pero no solo vemos al estado por el lado de la demanda, existe igualmente toda una infraestructura de inmuebles, de maquinarias inutilizadas, inclusive de empresas de producción y de servicios semiabandonadas, que podrían pasar a manos del sistema de economía social (popular), mediante la utilización de principios normativos sencillos y formas de contratación que se adecuen al principio
de
corresponsabilidad
sobre
los
bienes
del
Estado.
Agregándole los elementos legales, vale decir; los vacíos legales que se hace imprescindible llenar si queremos llevar adelante un proyecto como este; tenemos que considerar no solo los logros de nuevas leyes que permitan el despegue de empresas cooperativas, microempresas y mas allá, de empresas asociativas, comunitarias, mutuales, etc.; para las cuales es necesario ordenar, discutir
y
CONCLUSIONES.
aprobar
los
proyectos
legales
respectivo
La revolución bolivariana en su visión constitucional permitió la superación del viejo esquema del “Estado de Derecho” introduciendo el concepto de “Estado social de Derecho y Justicia”, siendo el principio de justicia prioritario sobre la
simple
condición
normativa
y
reguladora
del
Estado.
Pasos como este debemos recalcarlos en todo momento, ya que se trata –a nuestro juicio- de un paso fundamental en la concepción de Estado que rompe de plano con las premisas del Estado delegativo, disciplinario y controlador sobre el cual se edificaron las democracias liberales. Ahora, además de actuar a favor de un Estado que se funde en la sociedad civil, también es necesario construir todos los espacios que viabilicen el desarrollo de un estado que se convierta en agente justiciero ya sea por su condición “benefactora” como y sobre todo por servir de
instrumento para la liberación de las fuerzas productivas y creadoras regadas por la sociedad. Se trata de la creación de espacios de participación que permitan el empoderamiento
al
pueblo
organizado.
Sin embargo en este orden de ideas, tanto las instituciones educativas en manos del gobierno central como aquellas que dependen de los gobiernos regionales como municipales (sistema de educación básica, sistemas de educación técnica y universitarias, instituciones culturales, etc.), y muy especialmente las comunidades autogestionarias y redes sociales productivas, deberían empezar a estrechar sus lazos de colaboración permanente
con
la
economía
social.
Este cuadro de factores desfavorables, ha competido inevitablemente con tales propósitos y se colocan continuamente como su principal freno. La economía social y el desarrollo endógeno cabalgan sobre una economía sin capacidad productiva, sin fuentes reales y estables de oportunidades económicas y sociales y sin sectores organizados e integrados que puedan insertarse, beneficiarse e impulsar los cambios propuestos. Con tales debilidades, los intentos por conformar una economía social sólida y trabajar en ella desde las potencialidades de
desarrollo Interno (no petroleras), parecen quedar atrapadas en las mismas condiciones
de
precariedad
que
han
venido
existiendo.
En efecto, sigue siendo la renta petrolera el mecanismo preponderante de la riqueza nacional, se ha elevado la dependencia externa de importaciones agrícolas, no se observan variaciones sustantivas en la estructura de empleo ni en la consolidación de sistemas públicos que garanticen bienestar y protección social a la población. De estas consideraciones podemos concluir que hasta ahora no parece existir un sector de economía social como tal, lo que existe es un enfoque económico distinto, cuyo promotor central es el Estado. ¿Importancia
de
los
programas
de
seguridad
alimentaria?
La Seguridad Alimentaria Nacional se refiere a la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable
y
activa.
Para dar cuenta de los avances en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, el país cuenta con una serie de instituciones y programas, que desde diferentes Se
sectores han
respaldan establecido
este ciertos
proceso. objetivos.
-Erradicar el hambre y la pobreza. La relación directa que se ha podido cuantificar entre estos dos factores, es un elemento característicos de las naciones en desarrollo, contar con elementos que faciliten el entendimiento en marco de una política pública es un factor indispensable para disminuir las prevalencias significativas que se han presentado en los últimos tiempos a través de instrumentos y mecanismos que posibiliten el desarrollo adecuado de los individuos.
-Reducir la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años en dos terceras partes. Cada persona puede consumir la cantidad de alimentos necesarios en un año que le permitan mantener la capacidad corporal, y las capacidades motoras y físicas; cuando las dietas son pobres y se presenta una persistencia de las enfermedades son evento de una inseguridad alimentaria de los hogares, cuidados inapropiados y práctica poco saludables. Estos elementos han generado una situación de dependencia entre los niveles de desnutrición y el incremento de las muertes por desnutrición o causas asociadas en menores de 5 años, en términos de la disposición o exposición
a
enfermarse.
-Mejorar la salud materna: la nutrición de las mujeres en estado gestacional o lactantes son elementos claves en términos del mantenimiento de la seguridad alimentaria y nutricional, ya que contar con los requerimientos de energía necesarios garantizar condiciones de salud tanto en la etapa de gestación como de crecimiento, lo que puede llevar a garantizar el cumplimiento de las metas en otros objetivos como la lucha contra enfermedades transmisibles, la igualdad entre los géneros y el logro de cobertura universal en educación básica primaria. Debemos
tener en cuenta para la protección de los alimentos y los elementos
que la integran las normativas de los decretos 3070 de 1997 y decreto 60 de enero Seguridad
del
2002 alimentaria:
ministerio conceptos
de y
salud. componentes
El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, Basado en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y Nacional. En los años 80, se añadió la idea del acceso, tanto económico Como físico. Y en la década del 90, se llegó al concepto actual que Incorpora la inocuidad y las preferencias culturales,
y Seguridad
se
reafirma
Alimentaria
como
un
la derecho
humano.
Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), La Seguridad Alimentaria Nutricional ¨es un estado en el cual todas las Personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, Económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, Para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un Estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO),
desde
la
Cumbre
Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad Alimentaria ¨a nivel de individuo,
hogar,
nación
y
Global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico
y
económico
a
suficiente
Alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, Llevar
con una
el vida
objeto activa
y
de sana”.
En esa misma Cumbre, dirigentes de 185 países y de la Comunidad Europea reafirmaron,
en
la
Declaración
de
Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, "el derecho de toda persona a tener
acceso
a
alimentos
sanos
y
Nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho Persona
a
fundamental
de
toda
no
padecer
hambre."
La seguridad alimentaria es un concepto amplio. Aparte de considerar la disponibilidad y la suficiencia de alimentos,
debe
definir
como
población
objeto
3
grandes
grupos:
* Grupos vulnerables, los que por su condición biológica son más susceptibles a una ingestión deficitaria de alimentos (embarazadas, mujeres que lactan, niños, ancianos). * Grupos en riesgo, integrados por la población con dificultades para acceder a los
alimentos
por
su
bajo
ingreso
familiar.
* Grupos con estado nutricional crítico, población con deficiencia energética crónica
de
segundo
y
tercer
grados.
Los sistemas locales de seguridad alimentaria deben identificar estos 3 grupos y apoyarse en los sistemas de información antes mencionados para tomar decisiones
y
evaluar
el
impacto
de
éstas.
Para evaluar los efectos de las políticas y programas de seguridad alimentaria y monitorear el cambio, se necesita un número reducido de indicadores, y la capacidad institucional es una condición necesaria. El marco político en que se desenvuelvan las estrategias de seguridad alimentaria dependerá de cada país y es dentro de éste donde deberían fijarse las condiciones para lograr la seguridad alimentaria
y
COMPONENTES
los
indicadores DE
LA
adecuados SEGURIDAD
para
evaluarla.
ALIMENTARIA
En el plano nacional, la seguridad alimentaria tiene 3 componentes: suficiencia, estabilidad y acceso, y se definen de la manera siguiente: asegurar suministros suficientes de alimentos, mantener la estabilidad de los suministros y asegurar el acceso a los suministros de alimentos a
todos
los
consumidores.4
El suministro suficiente de alimentos es un requisito esencial para el bienestar nutricional, depende del volumen de producción, de la reducción de las pérdidas poscosechas, del volumen de las importaciones y exportaciones. A nivel del hogar esto adquiere otros matices y se relaciona con la disponibilidad de alimentos en
los mercados locales o de la producción local o familiar, en la cual los efectos del clima desempeñan una función fundamental y hace que existan variaciones estacionales. Para lograr la estabilidad de los suministros debe existir estabilidad de la producción
y
de
los
precios
entre
las
diferentes
zonas.
El acceso material a los alimentos es esencial. La carencia de acceso puede ser económica (pobreza, altos precios de los alimentos, falta de créditos) y física (pobres
carreteras
o
infraestructura
de
mercado).
La capacidad de los hogares para acceder a los alimentos que pueden ofrecer el mercado y otras fuentes, depende de los niveles de ingresos y de los precios.5 Una vez que se tenga acceso a los alimentos, otros elementos tales como el deseo de comprar alimentos específicos disponibles o de cultivarlos para el consumo doméstico, los hábitos alimentarios, los conocimientos sobre nutrición y la forma de preparación de los alimentos influirán en el consumo de éstos y, por ende, en el bienestar nutricional, que es en sí el objetivo final de la seguridad alimentaria.
Constitución bolivariana de Venezuela Capítulo VII De los derechos económicos Artículo 112 . Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.
Artículo 113 . No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualesquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y 29 de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras, y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía. Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público. Artículo 114 . El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley. Artículo 118 Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos. El estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa.
