Cuando hablo de soberanía popular y participación ciudadana me estoy refiriendo a dos de los más importantes principios del constitucionalismo democrático nacidos durante la revolución francesa. Uno tiende a preguntarse ¿Cómo surgieron tales ideas? ¿En que época pasaron a ser relevantes? ¿Qué filósofos o intelectuales tocaron el tema? ¿De que forma se manifiestan en nuestra realidad actual? ¿Qué avances hemos logrado en Latinoamérica respecto de ello? ¿Cuándo no se han respetado? ¿Qué características se desprenden de ellos? ¿Hacia donde se encaminan en el futuro? Entre otros. Lo cierto es que es un tema que da para hablar y que nos incumbe a cada uno de nosotros por el hecho de ser ciudadanos y que nuestra opinión vale de igual forma que las otras.
La soberanía popular se puede definir como la residencia legal y efectiva del poder de mando en un conjunto social, ejercida por la universalidad de los ciudadanos. Este concepto guarda relación con la frase acuñada en la Constitución francesa de 1793 "la soberanía reside en el pueblo...". Con el tiempo diversas nacionalidades en sus constituciones fueron adhiriendo a tal concepto, aunque en nuestro país tal definición no es válida ya que la Constitución Política de la República de Chile de 1980 sigue la doctrina de la soberanía nacional, que tiene ciertas diferencias significativas en cuanto a la ejecución y distribución del poder. Sobre la participación ciudadana podemos definirla como aquellos casos que representan una respuesta, individual o colectiva, de la sociedad a una convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales en aquellos espacios institucionales que éstas designan o crean. Aquí se busca que cada persona o colectividad sea parte de una toma de decisiones que puedan afectarle directa o indirectamente. La soberanía popular y la participación ciudadana deben ir aparejadas de un régimen democrático y pluralista en el cual cada persona pueda manifestar su voluntad con absoluta libertad y sin que existan reproches o castigos posteriores sino se está pasando a llevar o afecte a los derechos esenciales de otros ciudadanos.
La soberanía popular caló hondo en la sociedad francesa durante su revolución, ya que tal sueño de poder administrar por cuenta propia y sin un régimen político, social y económico vertical se estaba plasmando y tomando fuerza con la avanzada de principios y teorías libertarias y contrarias al absolutismo reinante en Francia por varios siglos. Hubo una serie de filósofos, científicos y gente erudita que buscaban visualizar y poder llevar a cabo un nuevo régimen que fuera más cercano a la gente, donde la justicia no adoleciera de vicios y la paz interior perduraran en el tiempo. Pero fue Jean Jaques Rousseau el que propuso y dio forma a un concepto nunca antes visto y algo radical para la época, el cual se trataba de la soberanía popular propiamente tal. Rousseau hace una crítica tenaz y desafiante a la concepción que existía durante aquellos años sobre la soberanía y a quienes le correspondía ejercerla. En su libro más importante, “El Contrato Social”, deja entrever que por el hecho de ser ciudadanos libres, con un criterio formado y ser parte de una comunidad tenemos el derecho de emitir un voto o proponer cosas sin importar cuanto dinero tengamos o a que ideología simpatizamos. Al ser un opuesto acérrimo al régimen jerarquizado y absolutista donde el rey hacía y deshacía plantea que uno no debe por que obedecer a un sujeto que se hace llamar rey y por el solo hecho de tener mayores riquezas o fuerza para dejarla caer se le debe rendir pleitesía si no respeta nuestras libertades, ni fue elegido por nosotros de forma democrática. Por otra parte, todos somos seres humanos y no se puede establecer diferencias o discriminaciones arbitrarías como es el caso de la esclavitud o ser condenado por que un rey lo ordena sin razones fundadas. Es por eso que él plantea la necesidad de unir fuerzas y someterse a una misma carta que consiste en un pacto social, el cual establece derechos y obligaciones para todos los ciudadanos y se debe respetar al pie de la letra todo lo acordado por que es la decisión de la mayoría. Tal acto de asociación hace que el contratante sea soberano y la vez particular en cuanto al ejercicio del poder y los derechos que debe respetar y procurar proteger. Cada voto será considerado en las asambleas para tomar una determinada decisión y el cuerpo soberano actuará en base a ello y buscando dejar a la mayoría
ganadora conforme ya que al existir tal dualidad lo último que se quiere es causarle un perjuicio a los ciudadanos por el hecho que conforman un todo y se le permitió emitir su voto validamente. De forma categórica Rousseau nos dice que la soberanía es inalienable ya que “la voluntad general puede únicamente dirigir las fuerzas del Estado de acuerdo con los fines de su institución”. El fin último del Estado es el bien común, ya que existe un acuerdo de voluntades entre cada uno de los ciudadanos para dejar a un lado individualidades en pro de toda la sociedad. Además plantea que la soberanía también es indivisible por las mismas razones expuestas anteriormente. La voluntad general se hace presente en cada momento pero existen limitaciones al ejercicio de ellas como es el caso no menoscabar el interés último de un individuo en particular estableciendo un plano de igualdad como base para que el soberano, el cual somos todos, no pase a llevar de forma arbitraria tal individuo. Cuando Rousseau habla sobre la separación de poderes, él esta conciente que es conveniente que exista un órgano legislativo que sepa cuales son las demandas reales del órgano ejecutivo, y eso se logra cuando somos nosotros mismos quienes creamos las leyes y posteriormente las hacemos valer, pero es muy difícil que ocurra y por ende es bueno y necesario que no se mezclen y cada órgano cumpla su función de forma correcta e independiente. Todo lo planteado por Rousseau siglos atrás nos deja como gran desafío que aun queda mucho por hacer y la democracia si bien nunca podrá ser tan perfecta como uno la idealiza se le puede dar más poder a la gente para que nosotros mismos tomemos las decisiones que creemos convenientes. Ya en tiempos contemporáneos tenemos el caso del Régimen Militar de 1973 en nuestro país, donde todo lo avanzado y logrado durante tanto tiempo de luchas arduas terminó siendo en vano al despojarnos completamente de la soberanía a cada uno de los ciudadanos. Si vemos la historia de Chile en el sigo 20, podemos darnos cuenta que durante los primeros 25 años el poder y las decisiones solamente tenían cabida en la oligarquía con un sistema parlamentario elitista y una pésima distribución de los recursos, sin considerar lo poco y nada que existía en cuanto a legislación laboral, previsión social y educación al alcance de todos. En el gobierno del Presidente Alessandri Palma, las cosas fueron cambiando un poco, tomando en cuenta la precaria
situación que vivían los chilenos por aquellos años, ya que bajo su mandato se creó una nueva constitución con un cierto corte social y que pondría fin a ciertos privilegios o discriminaciones aberrantes que existían anteriormente. No era suficiente, pero la población chilena entendió que le era válido demandar una cierta participación en cuanto a las elecciones o decisiones más importantes en el país. Durante los gobiernos radicales se vio paulatinamente un progreso mayor en cuanto a los derechos de los ciudadanos, como lo fue elevar las tasas considerablemente de inserción escolar y la continuidad de ellos, al menos en la enseñanza preparatoria y algunos en la secundaria, darle énfasis a la previsión social de los trabajadores y finalmente, que todos los ciudadanos mayores de 18 años y sin estar condenados a pena aflictiva pudiesen votar sin distinguir entre clases sociales o sexos. Bajo el gobierno del presidente Frei Montalva, existieron una serie de reformas que hicieron que los privilegios y acumulación de riquezas fueran menores dentro de lo que se podía, como es el caso de la puesta en marcha de la reforma agraria en forma clara y siguiendo al pie de la letra su lema “revolución en libertad,” al realizar ciertos cambios estructurales en el país a través de la creación de cooperativas y nuevas organizaciones sociales como juntas de vecinos, centros juveniles y centros de madres, dándole poder y fuerza a la población para que ellos pudieran en determinados casos tomar sus decisiones de forma independiente y bastando con el apoyo de los vecinos y dirigentes de distintas organizaciones menores. Sobre el gobierno del presidente Salvador Allende, Sergio Teitelboim, en su libro “Derechos Humanos y Soberanía Popular”, nos relata el legado jurídico que dejó el presidente antes del golpe militar. Se promovieron avances constitucionales en cuanto a materias relacionadas con los partidos políticos, como establecer garantías y libertades para ellos y su conformación. También aceptando la movilización de diversos gremios en todo el país y escuchando sus demandas en pro de una sociedad más justa y menos desigual. La creación de movimientos sindicales y de distintas organizaciones políticas y sociales, que pudieran tener un diálogo cercano y equitativo frente al Estado, entre otros. Aquí Teitelboim nos da un concepto de sociedad civil que podríamos resumir en un conjunto articulado de instituciones a través de las cuales los individuos expresan su conciencia de pertenencia a organizaciones que los representan en sus intereses y por medio de las cuales pueden realizar
actividades, integrarse y ejercer sus derechos. Además debemos rescatar el coraje del presidente al buscar realizar una reforma constitucional radical sobre la propiedad, pero dejando en claro que ella no afectaría directamente a los derechos e intereses generales de la colectividad nacional, ya que señala que para él es primordial el respeto por derechos individuales como son el de conciencia, pensamiento, de elegir y ser elegido, al decir expresamente que la soberanía debe radicar en el pueblo y ellos la ejercen mediante elecciones periódicas para tener autoridades legítimas y ellos se encontrarán a disposición de las demandas de todos los ciudadanos. Aun no se avanzaba lo suficiente ni necesario para decir que estábamos frente a un país en el cual la soberanía popular se ejercía en su máxima expresión, pero bien, con todo lo recabado anteriormente se desprende que fue significativo y no menor que los ciudadanos de una u otra manera pudieron gozar aunque por corto tiempo de aquellas reivindicaciones sociales que le fueron tan esquivas en el siglo anterior. Lamentablemente, como ya es sabido ocurrió un golpe militar en el año 1973 que terminó con la democracia y todo lo relacionado con ella, como es el caso de la abolición de partidos políticos, la disolución del congreso nacional, la censura y represión sobre partidarios o simples simpatizantes a una ideología distinta al régimen militar, el no permitir manifestaciones culturales o laborales, tales como reuniones de sindicatos en lugares públicos, la concentración del poder y la riqueza en los fervientes adherentes a tal régimen, entre otros. La soberanía popular y la democracia van de la mano y es impensable creer que aun existe si no se dan las garantías mínimas y esenciales para ejercer nuestros derechos como ciudadano libre. Hoy en día al menos tenemos una democracia en parte participativa y pluralista, que no se puede comparar con la suiza o ateniense de hace mas de 2000 años atrás, pero que nos permite elegir a nuestros gobernantes, formar agrupaciones sociales que no sean contrarías a la nación misma, salvaguardar nuestros derechos fundamentales y estar al tanto de lo que acontece en las esferas de poder al no existir una censura previa y un secretismo descarado como años atrás.
Dejando de lado la soberanía popular en su género, se analizará como se da la participación ciudadana en Latinoamérica, y lo que se ha logrado en el ultimo tiempo. El mexicano Mauricio Merino en su ensayo “La participación ciudadana en la democracia” deja entrever que la participación ciudadana no busca en sí poder estar presente en todas las tomas de decisiones, sino más bien relegar aquella participación a las que realmente nos afectan y son de nuestra incumbencia. Se trata de explicar el significado de participar, que podría ser tanto tomar parte de algo como compartir una determinada cosa. La participación no se da de forma individual ya que inexorablemente tenderemos a adherir a una determinada organización pública o privada, con o sin fines de lucro, pero al fin y al cabo donde participan otros individuos de igual o similar forma que nosotros. Es por eso que el término participación está inevitablemente ligado a una circunstancia específica y a un conjunto de voluntades humanas. En cada país y en cada circunstancia la participación adopta formas distintas, y cada una de ellas genera a su vez resultados singulares. Aquel puente entre representación y participación políticas, que en principio aparecía construido con votos, se desdobla así en una gran variedad de relaciones distintas, formada por múltiples intercambios recíprocos entre las autoridades formales y los ciudadanos organizados. Cuando vivimos bajo un régimen es democrático, no solo pretendemos encontrar en él algo más que elecciones libres y partidos políticos. Es sabido que en casi todo el mundo la democracia existente es representativa y ella se encarga de transmitir la voluntad popular al realizar lo prometido en su campaña y escuchar las demandas del pueblo, pero al mismo tiempo es preciso que en ese régimen haya otras formas de controlar el ejercicio del poder concedido a los gobernantes. Todo esto se enmarca bajo el sustento que todo funcionario público deberá responder por los actos realizados y quedará a disposición de los tribunales en caso de que halla existido alguna irregularidad pero también será juzgado indirectamente por la opinión del pueblo y un supuesto rechazo a tal acto cometido. Si bien la participación ciudadana es una consecuencia de la soberanía popular, una característica de ella, actualmente se habla más de participación
ciudadana propiamente tal, ya que está cobrando mucha fuerza e interesando a distintas localidades repartidas a lo largo y ancho del continente. Tenemos el ejemplo de Venezuela, quien ha ido en la vanguardia en cuanto a participación ciudadana y poder popular. Muchas veces se le tilda al gobierno venezolano de déspota, intransigente y autoritario. Es cierto que no existe plena libertad de expresión o que les ha causado perjuicio a los grandes empresarios al ser mucho más rigurosos con ellos o simplemente despojarles sus empresas para que pasen a manos del estado, pero no podemos ignorar que al pueblo mismo se le ha escuchado en sus demandas como nunca. El presidente Chavez ha promovido una serie de cambios en cuanto a la estructura de las organizaciones vecinales, su poder de decisión y la fuerza que tienen para ratificar o rechazar tales acuerdos planteados en los llamados consejos comunales que se materializa con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular del Gobierno de Venezuela. El diputado Pedro Lander durante la instalación de la octava jornada nacional de Parlamentarismo Social en la Calle se refiere a esta reforma de la siguiente manera: “estamos dando el paso para abrir esa participación que tenemos por derecho constitucional todos los venezolanos, en cuanto a lo que es la democracia participativa y protagónica. Por primera vez en la historia del país, estamos haciendo esta consulta para elaborar leyes, que alegría y satisfacción siento cuando hago esta labor a favor de mi patria, de los excluidos de siempre, que hoy construyen el poder popular.” Estas palabras nos hacen reflexionar y preguntarnos. ¿Acaso no todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en el gobierno que nosotros mismos elegimos o mostrar nuestro descontento rechazando tales planteamientos? Será necesario definir en parte que se puede considerar como poder popular. Poder Popular: Es el poder del pueblo organizado, en las más diversas y disímiles formas de participación, para la toma de decisiones en todos sus ámbitos (político, económico, social, ambiental, organizativo, internacional y otros) para el ejercicio pleno de su soberanía. Ósea, en resumidas cuentas, un poder perteneciente a cada uno de nosotros y amparado por nuestra legislación. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular de Venezuela, esta compuesta por 8 títulos, cada uno con distintos capítulos que tratan sobre el objeto de ésta ley, que se busca con la participación ciudadana, que organizaciones componen y concretizan tal
participación, la elección de los cargos públicos, como se realiza la consulta popular, como se pueden dar curso a iniciativas legales, por que se fomenta la descentralización, de que manera se puede cuidar el medio ambiente, que recursos judiciales existen, entre otros. El artículo 1 de la presente Ley Orgánica nos dice lo siguiente: La presente ley tiene por objeto desarrollar las políticas legales y sociales, vinculadas a los mecanismos y normas relativas a garantizar, organizar e impulsar la participación ciudadana, directa, individual o colectiva, y el desarrollo del poder popular, mediante la formulación de Políticas Públicas para la consistencia social, material y cultural de la participación protagónica consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este cumple con decir el alcance y sentido de ésta ley que pretende como lo ha señalado el presidente Chavez en reiteradas ocasiones ser el camino para lograr la revolución socialista y bolivariana del sigo 21. El artículo 5 es de suma importancia ya que contiene todos los principios inspiradores de tal carta como lo son la soberanía popular, la formación para la participación y el protagonismo popular, la formación para la emancipación cultural, el estado social de derecho y justicia, la corresponsabilidad, los derechos humanos, la universalidad, la voluntariedad, la transparencia, la eficiencia, la equidad, la solidaridad, la información, la pluralidad, la consulta popular, el interés superior de niños, niñas y adolescentes y la gratuidad. Lo positivo de esta Ley Orgánica es que fue redactada de forma didáctica y define cada materia en forma categórica para no dar paso a lagunas o ciertas dicotomías que pudieran atenuar el poder de ella. Con la participación ciudadana la población se siente parte del Estado y esto genera un gran incentivo para que se mantengan informados y sepan reclamar de forma correcta lo que les corresponde, sin perjuicio de que hayan determinados temas que le sean propios al poder ejecutivo y legislativo discutirlos y decidir que se llevará a cabo. La finalidad de los consejos comunales es que los habitantes mismos de un determinado sector de la ciudad sepan que hacer y de que forma resolverán algún problema o como invertirán los recursos entregados por el Estado, sin tener que acudir o plantear las demandas a organismos intermedios lo votado en tal consejo de forma democrática y pluralista, para que no se genere una gran burocracia o pudiendo rechazar
ciertos puntos sin estar informados del todo sobre la realidad o las necesidades que aun no han sido cubiertas a cabalidad por parte del Estado. Algunos van más allá e incluso plantean que la Asamblea Nacional de Venezuela sería conveniente transformarla para dar paso a una nueva forma de legislar propia del poder constituyente originario, el cual es un atributo exclusivo e intransferible de los pueblos para crear o cambiar las estructuras jurídico-legales para alcanzar la añorada liberación definitiva en la construcción de un socialismo real y comunitario. Tenemos otros casos en Latinoamérica como es el caso de Brasil, específicamente en la ciudad de Porto Alegre, donde se llevan a cabo asambleas democráticas para definir y establecer en que se invertirán los recursos dados por la municipalidad o el Estado. A esto le llamamos presupuesto participativo y consiste principalmente en dividir las comunas en varios sectores menores en donde analizarán y discutirán cuales son sus propuestas y en que quieren invertir el presupuesto que les será entregado posteriormente. Una vez que se llega a un acuerdo por parte de la comunidad menor, ésta lleva una serie de delegados que defenderán y expondrán por que sus necesidades y lo que pretenden edificar es de suma urgencia más que en otras localidades. Aquí se aprecia un debate abierto en el cual la gente que acude votará por la opción que más le simpatice, teniendo en cuenta que será clave el número de personas que congregaron a tal asamblea. En Brasil esta idea del presupuesto participativo se está esparciendo y ha generado un gran acercamiento entre las autoridades locales y los propios habitantes de la localidad. Esto se debe a que nadie sabe mejor en que se necesitan invertir los recursos que la misma comunidad, puesto que el día a día y la experiencia con las vivencias anteriores tendrán relevancia al momento de elegir en que cosas es bueno invertir y que cosas son prescindibles y pueden esperar a futuro. En nuestro país se está tramitando en el congreso una ley sobre la participación ciudadana y las organizaciones sociales, que tiene como objeto regular y esclarecer las actividades que podrán realizar como también descentralizar y darle fuerza a las decisiones tomadas al interior de cada organización vecinal. El portal de presupuesto participativo nos da a entender
que una comisión mixta deberá dirimir regulación para el voluntariado y un estatuto común para las organizaciones sociales, puesto que han existido ciertas diferencias entre las diversas bancadas para poder llegar a un acuerdo definitivo y aprobar tal proyecto que es de gran relevancia. Así lo dieron a conocer los senadores Ricardo Núñez y Jaime Orpis, presidente e integrante de la instancia legislativa, respectivamente, quienes coincidieron en valorar esta iniciativa que, entre otras materias, crea un fondo para incentivar la participación ciudadana. El legislador del partido socialista Ricardo Nuñez, reconoce que estamos frente a una situación difícil de zanjar del todo en estos días, al ser complejo poder implementar y facilitar el ejercicio del derecho de asociación mediante regulaciones que simplifiquen la constitución de las agrupaciones intermedias que persigan finalidades de interés social o cultural, sin fines de lucro y que no estén reglamentadas por estatutos especiales ya que existe una delgada línea entre el emprendimiento y la ayuda comunitaria versus la creación de organismos ficticios que buscan lucrar con dineros entregados por parte del estado. En tanto el senador gremialista Jaime Orpis, cree que es meester modificar el Código Civil para elaborar un estatuto simple y que sea aplicable a todo tipo de organizaciones para facilitar su constitución, organización y rendición de cuentas, entre otras cosas. Lo esencial del proyecto dispone que tanto las organizaciones sin fines de lucro como las de interés público, deberán estar inscritas en sus respectivos registros, los que serán administrados por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, para que exista una mayor transparencia y no se presenten malos entendidos como ha ocurrido en casos anteriores. Además de un marco regulador, debemos entender que sin los conocimientos básicos o la experiencia requerida para concretizar tales proyectos de participación ciudadana las cosas serían difíciles de manejar y de mantener la senda correcta a lo largo del tiempo, y es por eso que se están realizando talleres de capacitación acorde a temas relacionados con el presupuesto participativo y la administración de fondos como es el caso de la localidad de Hualpén, situada en la región del Bio Bio. Estas iniciativas son gratamente recibidas por la comunidad y la hacen comprometerse para que se siga avanzando en esta línea de gestión pública local, al difundir y gestionar apoyos con diversos actores sociales y políticos de la comuna y región.
Podemos concluir que ha habido una evolución importante en cuanto al rol del ciudadano común y corriente y su participación en las diversas elecciones sea para elegir a nuestro futuro Presidente de la República como también para tomar decisiones de carácter local y que nos atañen solamente a nosotros. Está demás decir que las generaciones futuras deberán seguir luchando para que nuestra participación ciudadana y el ejercicio de la soberanía popular se den en su máxima expresión.
Bibliografía: Textos: -Derechos Humanos y Soberanía Popular: Sergio Teitelboim -El contrato social: Jean Jaques Rousseau -Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular: Gobierno de Venezuela -La participación ciudadana en la democracia: Mauricio Merino Sitios web: http://www.revelion.org http://www.presupuestoparticipativo.cl http:// www.beyondelections.com
