TEMA I CLAUSULA COMPROMISORIA Es aquella en que las partes interesadas convienen en que las diferencias que pueden surgir entre ellas, generalmente como consecuencia de la interpretación o del cumplimiento de un contrato, serán dirimidas en juicio de árbitro o de amigable componedor. La establecida por las partes para obligarse a someter a árbitros las divergencias originadas con ocasión del cumplimiento de un contrato, de la interpretación de un testamento o de cualquier otro asunto jurídico que a ellas solas ataña. La cláusula compromisoria es aquella estipulación incluida en un contrato, ya sea como cláusula del mismo o en escrito separado, mediante la cual las partes deciden que todas o algunas de las controversias que de tal convenio puedan resultar en el futuro, sean sometidas a juicio arbitral. Para Matthies, “es un acuerdo de voluntades que se celebra casi siempre conjuntamente con
uno a varios negocios jurídicos y en donde las partes declaran de antemano su decisión de someter cualesquiera controversias que pudieran resultar de la interpretación o ejecución de dichos negocios, a la exclusiva jurisdicción de los árbitros. Se le da el nombre de cláusula porque generalmente va inserta como una de mu chas cláusulas de que consta el o los negocios que liga a dos o más partes. ” Normalmente la cláusula compromisoria es accesoria a los contratos y procura excluir éstos del conocimiento de los jueces permanentes, a favor de los árbitros. También se establece la autonomía de dicha cláusula para evitar de esta forma la posibilidad que se produzca un laudo sin fundamento. Esto sucedería si mediante el laudo se anula un contrato que contiene una cláusula compromisoria, porque al anularse la cláusula que obliga a acudir a un proceso arbitral, se dejaría sin fundamento el mismo proceso arbitral y por ende el laudo a que se llegue. De las definiciones expuestas anteriormente, se desprende que la cláusula compromisoria se pacta dentro de un contrato principal, pero puede existir separadamente, pero haciendo expresa referencia al contrato principal. Con la estipulación de esta cláusula, las partes se obligan, en el eventual caso de que exista un conflicto relacionado con el contrato principal, a sustraerse de la intervención del poder judicial, y confiar en una decisión de uno o varios árbitros.
CAPITULO I Cláusula compromisoria vs. Compromiso arbitral Aunque en principio, la cláusula compromisoria va muy ligada al compromiso arbitral, no podemos confundirnos, al punto de equiparar ambos conceptos, pues existen ciertas diferentes, que a continuación señalamos.
Básicamente el compromiso es el “acto por el cual en cumplimiento de una cláusula
compromisoria, de una disposición de ley, o bien sin que exista obligación previa alguna, las partes someten a la decisión arbitral las diferencias concretas y ya surgidas que en él se determinan, nombrándose los árbitros y fijándose las condiciones del laudo.”
Para Carlos Cárdenas, el compromiso arbitral es definido como aquél mediante el cual “…dos o más personas acuerden voluntariamente que una controversia determinada, existente entre ellas, materia o no de un juicio, sea resuelta por uno o más terceros (el o los árbitros) a los que designan, sometiéndose expresamente a su jurisdicción y decisión.”
De las definiciones dadas podemos determinar que el contrato de compromiso debe incluir al menos lo siguiente:
a) el acuerdo mediante el cual se somete la controversia al conocimiento del árbitro o árbitros; b) el objeto de la disputa, abarcando de ser posible, los puntos sobre los cuales las partes están en acuerdo o en desacuerdo; y c) el método para constituir el tribunal arbitral o para designar el árbitro. A diferencia de la cláusula compromisoria que es vista como un precontrato, el compromiso arbitral es un contrato por el cual varias personas someten una controversia ya determinada a uno o varios terceros (árbitros por ejemplo), obligándose a la decisión que éste o estos tomen, por ello es que ambos deben tener un régimen diferente. De hecho, si bien el compromiso arbitral puede otorgarse como consecuencia de haberse pactado previamente una cláusula compromisoria, puede que aquel se realice aún a falta de ésta, pero eso sí, cuando ya ha surgido una controversia entre las partes. Es decir, existe en ese momento un conflicto concreto, real, a diferencia de lo que sucede con la cláusula compromisoria, la cual, como se dijo, se suscribe cuando todavía no existe controversia. Para José Mariano Bermúdez Jim énez, “el objeto de la cláusula compromisoria es el conflicto mismo, el cual puede ser indeterminado, mientras que en el compromiso debe estar identificado con claridad, ya que es el tema sobre el que q ue se substanciará la discusión.”
TITULO I La validez de la cláusula compromisoria La cláusula compromisoria es un contrato, entendido como un acuerdo de voluntades de dos o más sujetos que originan una relación jurídica. Los requisitos de la cláusula compromisoria se configuran como presupuestos de validez o de eficacia de la misma. Hablamos en relación a ellos de presupuestos objetivos y subjetivos. Los presupuestos subjetivos son aquellos que se refieren a la validez de la cláusula compromisoria en relación con las partes. Básicamente éstos se refieren a la capacidad, a la legitimación y la titularidad. La capacidad de actuar en las personas físicas y la competencia del órgano en las personas jurídicas constituyen presupuestos subjetivos fundamentales para la celebración de la clá usula compromisoria. (…) Un sujeto incapaz puede ser representado con la autorización judicial correspondiente en el momento de celebrar la cláusula
compromisoria, pues se trata de un acto de verdadera disposición y no de mera administración.”
En cuanto a los árbitros, su capacidad, además de requisito de validez, puede requerirse para su eficacia, y a su vez puede influir en el nacimiento, permanencia o eliminación de la cláusula compromisoria. El nombramiento de los árbitros en la cláusula compromisoria es un grave riesgo. Así, si los árbitros nombrados en la cláusula no aceptan el cargo, la cláusula queda sin efecto, y no podrá nombrarse a otra persona salvo común acuerdo de las partes. Lo mimo sucedería si el cargo o puesto utilizado para la individualización de una persona física, desaparece antes de que le sea presentada a esta la oferta para su aceptación. Por su parte, la legitimación como presupuesto subjetivo, designa una determinada posición del sujeto con referencia a particulares situaciones y, más precisamente, con relación al objeto o al otro sujeto de la relación. Finalmente, la voluntad compromisoria no requiere necesariamente que el sujeto tenga la titularidad. Puede suceder, por ejemplo, que una cláusula compromisoria pueda ser concluida válidamente en nombre ajeno, es decir, en ejercicio de una representación legal o voluntaria. Por otro lado, el objeto en la cláusula compromisoria se determina de manera genérica, eso quiere decir simplemente, que el objeto será la materia bajo disputa que se tendrá que someter a arbitraje.
CAPITULO II
REQUISITOS DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA Tenemos fundamentalmente, dentro de los requisitos objetivos de la cláusula compromisoria a la licitud, la determinabilidad, la posibilidad y la patrimoniabilidad. En términos sencillos: a) La Licitud del objeto determina que la materia a arbitrar no está prohibida por ley, la moral o las buenas costumbres. b) En la cláusula compromisoria, el objeto es Determinable, no determinado, ya que aun no ha nacido la controversia, de allí que la falta de determinación de la materia litigiosa ocasiona la ineficacia de la cláusula. c) La posibilidad puede ser física o jurídica, dependiendo de si su factibilidad depende o no de razones naturales o legales. La factibilidad legal conduce a la arbitrabilidad objetiva. d) La patrimoniabilidad del objeto en las obligaciones exige que el objeto pueda reducirse a un valor exigible, siendo la ausencia de ésta causa de ineficacia definitiva. En la cláusula compromisoria, aunque sea difícil determinar la valoración económica de la prestación, se encuentra implícita en los efectos del acuerdo, al establecer que la negativa de una de las partes a otorgar el compromiso, la hará responsable del pago de los daños y perjuicios y podrá exigirse la ejecución forzosa sobre lo acordado.
TITULO I Problemas derivados en la ejecución de la cláusula compromisoria A) Derecho aplicable Como ya se comentó en su momento, la cláusula compromisoria forma parte de un contrato más amplio, por lo que normalmente la ley aplicable a ésta es la misma del resto del contrato, sin embargo, tratándose de arbitrajes internacionales, se requiere que los contratantes determinen el derecho aplicable. Sin embargo, “si las partes contratantes no
eligen el derecho aplicable, la validez de las cláusula compromisoria puede tener que decidirse según su propia ley y la ley del lugar del arbitraje. (…) Este problema que
ciertamente es más teórico que práctico; puede evitarse mediante la inclusión de una cláusula de elecc ión de la ley.”
B) Autonomía de la cláusula compromisoria Es criterio generalizado la de calificar a la cláusula compromisoria como un contrato, por lo que se entiende que se trata de un acuerdo independiente y distinto de aquel en que se haya contenida. Así un contrato que contenga una cláusula compromisoria constituye dos contratos separados y no uno concluido al mismo tiempo. El primero o contrato principal se relaciona con las obligaciones comerciales de las partes. El segundo, o contrato colateral, contiene la obligación de resolver cualquier disputa que surja de las obligaciones comerciales por medio de arbitraje. Este contrato secundario puede no ejecutarse nunca. Si se ejecuta, constituye la base para el nombramiento del contrato arbitral, el cual entonces determinará los derechos y obligaciones de las partes de acuerdo con el contrato principal. De lo anterior es que se ha interpretado, que aún y cuando un contrato se declare nulo o inválido, no lo será la cláusula compromisoria, por lo que se entiende que esta es divisible, separable e independiente del resto del contrato o acuerdo, por lo que esta sobrevivirá y continuará siendo válida aunque el contrato principal no goce de esta condición.
C) Eficacia de la cláusula compromisoria La doctrina le ha atribuido una doble eficacia a la cláusula compromisoria, por un lado una eficacia positiva, al obligar a las partes a someter la controversia que surja a la decisión de los árbitros y por otra parte una negativa, la cual consiste en la sustracción de la controversia del conocimiento de los tribunales ordinarios. Así pues, de nacer el conflicto motivado al contrato a que se refiere la cláusula, se crea la posibilidad de exigir la ejecución forzosa de lo pactado y también la de oponer la excepción de incompetencia ante el juez ordinario. Por otro lado, la eliminación de la jurisdicción de los tribunales ordinarios no es de orden público, por lo que debe ser solicitada por la parte interesada mediante la respectiva excepción y no puede ser declarada de oficio por el juez estatal. La exclusión de la intervención de los tribunales de justicia puede presentarse en dos momentos distintos, según el procedimiento arbitral se haya o no iniciado: si surgida una controversia sometida
por las partes a cláusula compromisoria, una de ellas presenta demanda ante los tribunales ordinarios; o bien, cuando estando pendiente el proceso arbitral, una de las partes presenta demanda sobre el mismo objeto antes la jurisdicción estatal.
TITULO II
NATURALEZA JURÍDICA DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA La cláusula compromisoria es un contrato en virtud del cual, las partes de común acuerdo deciden someter posibles diferencias que surjan entre ellas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento. De esta forma, las partes están renunciando a la posibilidad de presentar sus pretensiones ante la justicia ordinaria, toda vez que de manera libre y voluntaria decidieron someter sus diferencias a terceros habilitados por ellas, para conocer y solucionar el problema en cuestión. Según el Autor Marco Gerardo Monroy Cabra “la cláusula compromisoria no es una simple cláusula accesoria a un contrato como anteriormente se ha observado, sino que por su misma naturaleza es un verdadero contrato cuya única exigencia es que debe ser por escrito”. Así mismo, “la justicia arbitral implica la suscripción voluntaria de un contrato o negocio jurídico, por medio del cual las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria y acuerdan someter la solución de cuestiones litigiosas, que surgen o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas, a la decisión de contrato y renuncia de jurisdicción”.
CAPITULO III
CARACTERÍSTICAS DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA Las características principales de la cláusula compromisoria son:
1. Las partes de común acuerdo, pactan que en caso de presentarse alguna diferencia entre ellas, acudirán a un Tribunal de Arbitramento para que resuelva la controversia. Sobre este punto, el Consejo de Estado estableció: “La cláusula compromisoria tiene como
característica principal la de ser un acuerdo de voluntades, mediante la cual las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de los árbitros, quienes están transitoriamente investidos de la función de administrar justicia, y profieren una decisión o laudo que, por mandato legal, adquiere la misma categoría jurídica y los mismos efectos de una sentencia judicial. Es así que la cláusula compromisoria tiene su fuente jurídica en el contrato y su finalidad no es otra que la de procurar la solución ágil de los eventuales conflictos que surjan entre las partes que lo celebran, y como se vio, en este caso particular, la voluntad de las partes estuvo encaminada a tal propósito, por lo que es forzoso concluir que no será la jurisdicción contenciosa administrativa la que defina la controversia suscitada”.
Es así, como se refleja el principio de habilitación de las partes, por medio del cual, como se menciono anteriormente, las partes facultan a terceras personas para resolver las controversias que se pueden llegar a presentar en el futuro.
2. Las diferencias que se susciten entre las partes deben surgir como causa de un contrato, como se dijo anteriormente la diferencia surge por motivo del desarrollo o liquidación del contrato que se celebró entre las partes. 3. Al momento de pactar la cláusula compromisoria, la controversia será un hecho futuro y desconocido para las partes, donde simplemente se prevé el proceso que se realizara en caso de cualquier diferencia. 4. La cláusula compromisoria puede estipularse dentro del mismo contrato o en un documento separado de este, siempre y cuando haga mención expresa del contrato principal. “La cláusula compromisoria,
por su parte, es el pacto contenido en un contrato o en un documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mismo, a la decisión de un Tribunal Arbitral”. Cabe anotar, que si la cláusula compromisoria consta en un documento separado del contrato, es necesario que el documento haga parte del contrato por ejemplo denominándolo otrosí, complementación, etc. De igual forma, es necesario que el documento sea suscrito por las mismas partes del contrato.
TITULO I
AUTONOMÍA RESPECTO DEL CONTRATO QUE LA CONTIENE Es importante anotar, que la cláusula compromisoria es autónoma respecto del contrato que la contenga, por lo cual no depende de la existencia y validez de dicho contrato sino que ella subsiste por sí sola.
EN SINTESIS:
¿Cuál son las características principales de una cláusula compromisoria? La cláusula compromisoria constituye un acuerdo autónomo de contrato, ya que si el contrato se considera nulo, la cláusula sigue surtiendo efectos jurídicos.
TEMA II EL LAUDO ARBITRAL 1. LAUDO. Resolución que dicta el árbitro o árbitros en el arbitraje de derecho, o arbitraje de equidad, resolviendo definitivamente el conflicto que les ha sido sometido. Dichas resoluciones son ejecutivas ante los Tribunales ordinarios. 2. Laudo es la denominación de la resolución que dicta un árbitro y que sirve para dirimir (resolver) un conflicto entre dos o más partes.
El equivalente al laudo en el orden jurisdiccional es la sentencia, que es la que dicta un juez. La diferencia estriba en que, mientras que la jurisdicción del juez viene marcada por la ley, la jurisdicción del árbitro viene dictada por la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, el arbitraje debe ser aceptado por ambas partes (ya sea de forma previa, a través de un contrato, o de posteriormente, cuando ya ha surgido el conflicto) como forma de resolver el litigio. Para la ejecución del laudo arbitral es necesario acudir a un juez, que es quien tiene la potestad para ordenarlo y, en su caso, forzar su cumplimiento. Si el laudo ha sido dictado conforme a derecho, el juez no entrará a conocer sobre el contenido del mismo, sino que simplemente ordenará su aplicación. Por ello, un laudo no tiene por qué estar fundamentado en derecho. Las partes pueden haber acordado que el arbitraje se haya hecho basándose en criterios de equidad. Finalmente es necesario distinguir entre tres grupos de laudos:
1. Laudos totales o parciales. 2. Laudos definitivos o firmes. 3. Laudos de derecho o equidad. CAPITULO I * EL LAUDO ARBITRAL * I) Características. Requisitos Esenciales El laudo constituye la decisión que emite el árbitro y que resuelve la controversia sometida a su conocimiento. Es la última y, sin duda, la más importante fase del proceso arbitral.
En verdad, toda la institución arbitral está estructurada para llegar a esta etapa.Asimismo el laudo arbitral equivale a una sentencia judicial y puede ejecutarse como tal.Entre las características del Laudo, más allá de ser vinculante y obligatorio es muestra palpable que quienes han sido investidos como árbitros tienen pleno ejercicio de lo que hace a la jurisdicción, aun cuando sea de carácter meramente temporal - es decir, que la misma comienza con la aceptación del cargo y culmina con la decisión final plasmada en el laudo mismo-; así, también no debemos dejar de lado lo que hace al contenido del mismo, y que tendrá por límite de validez principal , el que solamente deberá contener los puntos controvertidos que solamente las partes acordaron someter al juicio de los árbitros y no otras ( al igual que sucede con las controversias sometidas a los jueces naturales), lo cual acarrea en caso de excederse o tratar sobre otras cuestiones no sometidas , la tacha de la nulidad.-
CAPITULO II MARCO LEGAL * DECRETO 67 – 95 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. Asimismo el laudo, generalmente, requiere que sea fundamentado, en cuanto decisión final de los árbitros, " de manera que ésta pueda ser hilvanada como una lógica derivación de las motivaciones que determinaron la solución aplicada al Litigio", requisito éste que asimismo deberá apoyarse en normas legales, frente a un arbitraje de iuris (derecho), o cuando frente a un arbitraje de equidad, aun cuando podría el mismo sostenerse sobre normas legales, su apartamiento implica la doble responsabilidad de demostrar y generar en ánimo de las partes que la decisión fue única y acertada.Por lo que resta a los efectos del laudo - de manera similar en lo que respecta a la sentencia emanada de jueces naturales -, goza de vigor jurídico, toda vez que se puede solicitar su ejecución por ante los tribunales judiciales del estado.Como consecuencia de ello, una vez dictado el laudo y de no llevar el germen de la nulidad en su seno, ni ser apelable por decisión de las partes, el mismo genera como efecto el de no poder ser revisado ni menos aun, la parte a la que no satisfizo la decisión, no podrá iniciar un proceso en sede judicial, ya que en el laudo también goza del fruto de la Cosa Juzgada.-
CAPITULO III ANALISIS DE LAUDO ARBITRAL UNION TEMPORAL SURTIELECTRICOS DEL CARIBE LITDA, PROYECTOS, CONSTRUCCION, CONSULTORIA E INTERVENTORIA LIDA VS MUNICIPIO DE CHAMPERICO. FECHA DE EXPEDICCION: Abril 8 de 2011 ARBITROS: Dr. Arnaldo Mendoza Torres (presidente). Dr. Ricardo Anaya Visbal.
Dr. Vicente Noguera Carbonell. SECRETARIO DRA ERIKA ALBARRACIN NATURALEZA DEL FALLO: EN DERECHO TEMAS JURIDICOS TRATADOS: 1. Incumplimiento de contrato por la entidad. 2. cumplimiento del contratista 3. Actualización de sumas adeudas 4. Liquidación de interés moratorio en el contrato estatal. 5. Actitud procesal Negligente de la Entidad. NORMAS JURIDICAS CITADAS: CODIGO CIVIL ART 1600 CODIGO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO, ART S171, 176, 177 178,267 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: ARTS, 115, 243, 246, 305, 306, LEY 80 DE 1993, ART 4,70 LEY 444 1998, DECRETO 679 DE 199.ART 1 JURISPRUDENCIA CITADA: SENTENCIA DE OCTUBRE 28 1994 EXP 8092 CONSEJO DE ESTADO: Sentencia de noviembre 12 de 1996 exp 9964
ANTECEDENTES Y HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA SE PUEDEN RESUMIR ASI: * Entre el municipio y la unión Temporal se celebró el contrato No 086 de 1996, suscrito el 20 de junio de 1996, cuyo objeto consistió en suministrar elementos y bienes a realizar Obras civiles necesarias para construir el relleno sanitario del mencionado municipio. * El plazo de ejecución del contrato inicial se estableció, conforme a la clausula cuarta, en ciento veinte días calendario (4meses) contados a partir de la fecha en que el Municipio pagara el anticipo pactado y entregara la carta de crédito por parte del municipio. * De acuerdo con lo señalado por el demandante en el capítulo de los Hechos, la unión Temporal cumplió con la totalidad de las obligaciones a su cargo, pues suministro todos los bienes y ejecuto todas las obras que se comprometió, no habiendo el municipio manifestado inconformidad alguna con el desarrollo objeto del contrato. Sobre el particular, obran el expediente actas de entrega parcial de bienes y obras. * A pesar de lo anterior, el Municipio no ha suscrito el acta final de la obra, ni cancelado el valor total de las actas presentadas por la unión temporal.
PRETENCIONES CONTENIDAS EN LA DEMANDA A) Que se condene al Municipio de sabana larga a pagarle a la unión Temporal una suma de $93.326.926 NOVENTA Y TRES MIL MILLONES TRECIENTOS VEINTE Y SEIS MIL NOVECIENTOS VIENTE SEIS PESOS M/L, por concepto de valores pendientes por cancelar de las actas de entrega presentadas en desarrollo de la ejecución del contrato 086 del 1996 n y por otros suscritos. La estimación de este valor la discrimino en el hecho noveno de que anexo la misma. B) Que sobre la suma anterior se cancelen intereses de moratorios desde la fecha efectiva de pago; C) Pago de perjuicios D) Costas procesales, incluyendo agencias en derecho. CONTESTACION DE LA DEMANDA En este laudo se observo que el Municipio no contesto la demanda, a pesar de habérsele concedido oportunidad para ello, por tanto no propuso excepciones contra las pretensiones. TRAMITE PREARBITRAL 1. El 20 De septiembre de 1999 el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de comercio de Barranquilla, apoderado especial de la Unión Temporal presento a dicho Centro de demanda contra el Municipio de Sabana larga para convocatoria de un Tribunal de Arbitramento. 2. Se le corrió traslado de la demanda y se notifico en el término de 10 días para que se le reconociera personería al apoderado especial 3. Agotados los tramites el tribunal quedo integrado por los Dos RICARDO ANAYA BISBAL VICENTE NORUEGA
TEMA III DIFERENTES CENTROS DE ARBITRAJE EN GUATEMALA Centro de Arbitraje y Conciliación de Cámara de Comercio de Guatemala El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala, CENAC, es la primera institución privada creada con el propósito de fortalecer la justicia a través de la promoción, capacitación y prestación de servicios de administración eficaz del arbitraje y conciliación y el desarrollo de los métodos de solución pacífica de conflictos. Nuestra experiencia de más de 12 años nos respalda para
garantizarle a usted y a su empresa la pronta y efectiva solución a sus controversias comerciales a través de la conciliación y el arbitraje. El mundo globalizado en el que vivimos demanda agilidad en nuestras operaciones y en la pronta solución de las controversias comerciales que se nos presenten día a día. La conciliación y el arbitraje son procedimientos privados, legales y efectivos para la rápida resolución de conflictos comerciales nacionales e internacionales.
CAPITULO I TRAMITE DE LA CONCILIACION ANTE EL CENAC: CONCILIADORES. Los conflictos o controversias que se produzcan entre dos partes pueden ser objeto de un arreglo mediante la conciliación que realice uno o más Conciliadores del Centro. SOLICITUD DE CONCILIACIÓN. Cualquier persona que desee recurrir a la conciliación, debe dirigir su solicitud a El Centro, planteando en la misma una relación de su pretensión, la dirección para notificación de las dos partes en conflicto, y deberán adjuntar la cantidad prevista en el arancel respectivo, a cuenta de los gastos y honorarios en que se incurrirá por el procedimiento de conciliación. COMPARECENCIA. Las partes pueden comparecer personalmente o por medio de representante legal. TRAMITE DE LA CONCILIACIÓN. Recibida la solicitud de conciliación, así como la determinada provisión de fondos, El Centro procederá a notificar a la otra parte o partes, requiriéndole que manifieste dentro de los cinco (5) días siguientes si acepta participar en la conciliación. Cuando no exista acuerdo de conciliación entre las partes y el requerido no contesta dentro del plazo señalado, se procederá a notificar al requirente que la conciliación no podrá ser administrada por El Centro, entregándole la liquidación de gastos respectiva sobre la provisión inicial de fondos. En caso la conciliación sea originada en virtud de un acuerdo entre las partes sea o no designado El Centro como administrador de la conciliación, y el requerido no contesta dentro del plazo señalado, se procederá a notificar al requirente que se tiene por agotada la vía conciliatoria, entregándole la liquidación de gastos respectiva sobre la provisión inicial de fondos.
PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE CONCILIADORES. Una vez las partes han aceptado someter a conciliación la controversia, El Centro hará la designación del conciliador, salvo lo dispuesto en el último párrafo de este artículo, observando el siguiente procedimiento: a) El Centro enviará a las partes su lista del registro de conciliadores y, en un plazo de cinco (5) días las partes deberán seleccionar a uno o más conciliadores de dicha lista, con indicación del orden de su preferencia. b) El Centro designará al conciliador entre cualesquiera de los que hubieren sido seleccionados por las partes y tal designación no podrá objetarse, salvo que las partes dispongan de otra designación de común acuerdo. c) Si una de las partes no selecciona al conciliador en el plazo indicado, El Centro tomará en cuenta únicamente la selección de la parte que si lo hubiere hecho y no podrá objetarse la designación. d) Si ninguna de las partes hiciere la selección del conciliador, El Centro lo designará no pudiendo objetarse tal designación. Si las partes se han reservado el derecho de designar al conciliador deberán seleccionarlo del registro de conciliadores del Centro dentro del plazo indicado en la literal a) de este artículo. Las partes en todo caso, podrán seleccionar de común acuerdo a un conciliador aunque éste no estuviere en el registro de conciliadores del Centro. El Centro en todo caso estará facultado para aceptar o no dicha designación, así como para designar conciliadores que no estuvieren incluidos en el registro del Centro. Dependiendo de cada caso, podrá nombrarse a un secretario y a más de un conciliador. PLAZO. El Centro hará el nombramiento del Conciliador dentro de los cinco (5) días siguientes a partir de que haya concluido el plazo señalado en el artículo anterior. AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN. Las audiencias de conciliación que puedan requerirse, se llevarán a cabo en el lugar que sea señalado por El Centro, y se realizarán de acuerdo con el presente Reglamento o de conformidad con lo acordado por las partes. El conciliador oirá a las partes para que cada una le exprese sus pretensiones. El acuerdo al que arriben las partes, según lo decidan, deberá documentarse por medio de documento privado con legalización de firmas, acta notarial o escritura pública, entregándose una copia al conciliador, a cada una de las partes y a El Centro. En el caso que las partes no llegaran a un acuerdo se hará constar por escrito la imposibilidad de conciliar la controversia. Ninguna persona que haya sido conciliador para resolver una controversia, podrá ser nombrada como árbitro de la misma, a menos que las partes decidan lo contrario.
SOMETIMIENTO AL REGLAMENTO Y ARANCEL. Las partes y los Conciliadores, en el ejercicio de su encargo, se obligan a actuar conforme al Reglamento, al Código de Ética y al Arancel del Centro.
DE FORMA RESUMIDA EL TRÁMITE SE ESTABLECE DE LA SIGUIENTE MANERA: Conciliación: Es el procedimiento a través del cual las partes por sí mismas o por medio de sus representantes, con la colaboración de un conciliador, tratan de resolver una controversia existente entre ellas mediante un acuerdo de cumplimiento obligatorio. Solicitud: Cualquier persona que desee recurrir a la conciliación, debe dirigir su solicitud a CENAC, planteando en la misma una relación de su pretensión, la dirección de notificación de las dos partes en conflicto, y deberán adjuntar la cantidad prevista en el arancel respectivo, a cuenta de los gastos y honorarios que se incurrirá por el procedimiento de conciliación. Trámite: Recibida la solicitud de conciliación, así como la determinada provisión de fondos, CENAC procederá a notificar a la otra parte o partes, requiriéndole que manifieste dentro de los cinco (5) días siguientes si acepta participar en la conciliación. Cuando no exista acuerdo de conciliación entre las partes y el requerido no contesta dentro del plazo señalado, se procederá a notificar al requirente que la conciliación no podrá ser administrada por CENAC, entregándole la liquidación de gastos respectiva sobre la provisión inicial de fondos. En caso la conciliación sea originada en virtud de un acuerdo entre las partes en el que sea señalada a CENAC como administrador de la conciliación, y el requerido no contesta dentro del plazo señalado, se procederá a notificar al requirente que se tiene por agotada la vía conciliatoria. Designación de Conciliadores: El Artículo 10 del Reglamento de Arbitraje y Conciliación del CENAC, establece que: “Una vez las partes han aceptado a someter a conciliación la controversia, CENAC hará la designación del conciliador, salvo lo dispuesto en el último párrafo de ese artículo, observando el siguiente procedimiento: a)
CENAC enviará a las partes su lista del registro de conciliadores y, en un plazo de cinco (5) días las partes deberán seleccionar a uno o más conciliadores de dicha lista, con indicación del orden de su preferencia.
b)
CENAC designará al conciliador entre los que hubieren sido seleccionados por las partes.
c)
Si una de las partes no selecciona al conciliador en el plazo indicado, CENAC tomará en cuenta únicamente la selección de la parte que si lo hubiere hecho y no podrá objetarse la designación.
d)
Si ninguna de las partes hiciere la selección del conciliador, CENAC lo designará no pudiendo objetarse tal designación.
Plazo: CENAC hará el nombramiento del conciliador dentro de los cinco (5) días siguientes a partir de que haya concluido el plazo señalado para la selección del conciliador. Audiencias: El Artículo 12 del Reglamento de Arbitraje y Conciliación del CENAC establece: “Las audiencias de conciliación que puedan requerirse, se llevarán a cabo en el lugar que sea señalado por CENAC, y se realizarán de acuerdo con el Reglamento o de conformidad con lo acordado por las partes. El conciliador oirá a las partes para que cada una le exprese sus pretensiones. El acuerdo al que arriben las partes, según lo decidan, deberá documentarse por medio de documento privado con legalización de firmas, acta notarial o escritura pública, entregándose una copia al conciliador, a cada una de las partes y a CENAC. En el caso que las partes no llegaran a un acuerdo se hará constar por escrito la imposibilidad de conciliar la controversia. Ninguna persona que haya sido conciliador para resolver una controversia, podrá ser nombrada como árbitro de la misma a menos que las partes decidan lo contrario. Arancel establecido por el CENAC:
CUANTIA De 0 a 25,000.00
ARBITRO 900.00
SECRETARIO
CENAC
450.00
450.00
900.00
De 25,000.01 a 50,000.00
300.00 + 4%
150.00 + 2%
375.00 +5%
De 50,000.01 a 100,000.00
400.00 +3%
200.00 +1.5%
525.00 +3%
De 100,000.01 a 500,000.00
500.00 +2%
250.00 +1%
675.00 +1%
De 500,000.01 a 1,000.000.00
600.00 +1%
300.00 +050%
850.00 +0.75%
De 1,000.000.01 a 5,000.000.00
800.00 +0.50%
400.00 +0.25%
1,150.00 +0.50%
De 5,000.000.01 a 20,000.000.00
1,000.00 +0.25%
500.00 +013%
1,500.00 +0.25%
De 20,000.000.00 en adelante
60,000.00
30,000.00
30,000.00
CAPITULO II CAMARA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LA CAMARA DE INDUSTRIA GUATEMALTECA (CRECIG) ¿Qué es la CRECIG? Es una institución privada especializada en la administración de procedimientos de conciliación, mediación, negociación y arbitraje, con el fin de poner sus servicios a disposición de sus asociados y de la población guatemalteca en general.
¿Desde cuándo existe CRECIG? En un esfuerzo por lograr un mayor acceso a la justicia de manera eficaz, eficiente y en pro del desarrollo económico nacional, la Cámara de Industria fundó en 1997 la Comisión de Resolución de Conflictos (CRECIG).
¿Cuál es nuestra misión? La CRECIG no solamente administra los procedimientos, sino que también tiene como misión la difusión y aplicación de los métodos alternos de solución de controversias a través de la organización de seminarios de capacitación con expertos sobre el tema, dirigido a jueces, abogados, funcionarios del gobierno y a todo aquel que esté interesado en conocer un poco más de estos procedimientos.
¿Cómo se realizan los procesos en CRECIG? Los procesos en la CRECIG se realizan a puerta cerrada en la sede elegida, a donde no tiene acceso el público y en el cual se puede hablar con entera confianza, de una manera llana y sin protocolo especial. El procedimiento se desenvuelve como lo desean los interesados, en un ambiente que el árbitro busca sea de cordialidad, pues ante todo se quiere mantener la relación entre las partes.
TITULO I TRAMITE DE LA CONCILIACION ANTE LA CRECIG CONCILIACION: Las controversias originadas entre los socios, agremiados y las entidades de la Cámara de Industria de Guatemala, así como las surgidas entre particulares, miembros o no de la Cámara, y entes públicos o privados, sean de carácter nacional o internacional, pueden ser objeto de un arreglo voluntario mediante cualesquiera de los medios alternativos de solución de conflictos que la CRECIG brinda al público en general.
DE LA NEGOCIACIÓN: Si alguna de las partes solicita la asistencia de uno o varios negociadores de la CRECIG para la solución de una controversia, la CRECIG notificará a la otra parte el deseo de negociar del solicitante, en un plazo que no deberá exceder de ocho días hábiles, señalando la fecha y hora en que deberá verificarse la primera sesión de negociación. La CRECIG brindará toda la infraestructura necesaria para que se lleve a cabo dicho proceso de negociación, específicamente proporcionando una sede neutral para verificar la o las reuniones de que se trate. La negociación puede ser conflictual o no contractual y no conflictual o contractual. DE LA NEGOCIACIÓN CONFLICTUAL: Si concluida la primera sesión de negociación, las partes no arribaran a un acuerdo, se señalará una nueva sesión, y así sucesivamente hasta un máximo de tres reuniones; en cuyo caso, se dará por agotada la vía de la negociación y las partes podrán optar por cualesquiera otros de los medios alternativos de solución de controversias que ofrece la CRECIG, a menos que expresamente acuerden proseguir las negociaciones. DE LA NEGOCIACIÓN CONTRACTUAL: La CRECIG podrá proporcionar a las partes de que se trate, una sede neutral y toda la infraestructura que fuere necesaria, para llevar a cabo las sesiones de negociación que fueren requeridas a efecto de discutir o concertar sobre los puntos de cualesquiera negociaciones, contratos o tratados, sean éstos de carácter nacional o internacional. En este caso, se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos que preceden, en lo que resultare pertinente. DE LA EVALUACIÓN PROFESIONAL NEUTRAL O ASESORÍA TÉCNICA: Las partes pueden solicitar previo a resolver su controversia por cualesquiera de los medios alternativos de solución de conflictos; o como una alternativa primaria para dirimirlos, la evaluación neutral de uno o varios expertos en la materia de que se trate, asistidos por un profesional del derecho, si fuere necesario, nombrados del listado que la CRECIG posee para el efecto, quienes deberán actuar en forma conjunta. Después de oír a ambas partes, evaluar y analizar la documentación correspondiente, los expertos designados emitirán el dictamen respectivo acerca de la controversia en particular y su posible solución, NO siendo este dictamen vinculante para las partes, salvo que éstas, de común acuerdo, pacten lo contrario. En el caso que las partes decidan de común acuerdo que el dictamen sea de carácter vinculante, éstas deberán hacer todos los arreglos necesarios a efecto de que su acuerdo quede debidamente documentado para su ejecución legal y la CRECIG no asume responsabilidad alguna en cuanto al referido dictamen y su cumplimiento. Recibida la solicitud para una evaluación profesional neutral, se notificará a la otra parte, y se nombrará al experto o expertos respectivos o se confirmará la designación hecha por las partes, en un plazo que no deberá exceder de cinco días hábiles. Nombrado el o los
expertos, de considerarse necesario, podrán reunirse con la o las partes, y recibirán la documentación pertinente, debiendo rendir la evaluación neutral del caso dentro de los 10 días hábiles siguientes. En caso que el solicitante manifieste su negativa a notificar a la otra parte, se procederá bajo Reserva de Confidencialidad. DE LA CONCILIACIÓN O MEDIACIÓN: La conciliación o mediación es un procedimiento voluntario, mediante el cual las partes en conflicto se reúnen con el fin de arribar a un acuerdo provechoso para ambas, con la ayuda de uno o varios terceros imparciales. Las partes que para el efecto se aboquen a la CRECIG, pueden optar por resolver todas aquellas controversias, permitidas por la ley, mediante el procedimiento de la conciliación o la mediación, el cual podrá llevarse a cabo, a elección de las partes, por uno, dos o tres, (extraordinariamente si el caso lo amerita) conciliadores de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala (CRECIG), en cuyo caso, los conciliadores deberán actuar en forma conjunta. DEL CONCILIADOR: El o los conciliadores o mediadores, nombrados por la CRECIG para cada caso, salvo pacto expreso en contrario de las partes; el o los conciliadores podrán ser escogidos y nombrados por ellas del listado de conciliadores capacitados con que la CRECIG cuenta para tal efecto, para los fines de este Reglamento la expresión “el conciliador o el mediador” designa indistintamente al número de conciliadores que participen. No obstante, si las partes manifestaren su deseo de nombrar conciliador o mediador o conciliadores o mediadores que no figuren en el referido listado o que hayan sido nombrados en pacto conciliatorio previo, la CRECIG administrará el procedimiento conciliatorio y proveerá de toda la infraestructura que sea necesaria para llevarlo a cabo, pero no se responsabilizará por la calidad del mismo, disposición que también deberá aplicarse para el caso de nombramiento de negociadores y expertos que no figuren en el listado que la CRECIG lleva para el efecto. El Conciliador o Mediador podrá excusarse según su criterio, sin expresión de causa, nombrándosele en este caso, un suplente. ROL DEL CONCILIADOR O MEDIADOR: La función del o de los Conciliadores o Mediadores es facilitar la comunicación entre las partes para que éstas lleguen a un acuerdo. El o los conciliadores o mediadores, de estimarlo, podrán formular las propuestas que consideren necesarias para promover un arreglo entre las partes, atendiendo en todo momento a principios de objetividad, equidad y justicia, teniendo en cuenta, entre otros factores, la ley, los derechos y obligaciones de las partes, los usos y costumbres del lugar, la materia de que se trate, y las circunstancias de la controversia en particular; e, incluso, cualesquiera prácticas establecidas entre las partes, a fin de mantener las buenas relaciones existentes entre ellas. CONFIDENCIALIDAD: El conciliador o mediador y las partes mantendrán el carácter de confidencialidad en todo lo relativo al procedimiento conciliatorio o el proceso de mediación, incluyéndose
documentos, declaraciones, comentarios, notas y apuntes. La confidencialidad se hará también extensiva a los acuerdos arribados, salvo en los casos en que su revelación sea necesaria para fines de ejecución y cumplimiento posterior de los mismos. Para tal efecto, queda prohibido que el conciliador actúe como árbitro, representante o asesor de una de las partes en procedimiento arbitral o judicial alguno, relativo a la controversia que hubiera sido objeto del procedimiento conciliatorio, salvo pacto expreso en contrario de las partes. Las partes o sus respectivos mandatarios facultados legalmente para ello, podrán acudir a la CRECIG solicitando un procedimiento conciliatorio o un proceso de mediación, para lo cual deberán llenar el formulario respectivo en el que se indicará brevemente, entre otros: a) el nombre y lugar para notificarle del sometimiento al procedimiento conciliatorio a la parte o partes contrarias; b) el objeto de la controversia; c) el monto estimado de la controversia (si lo hubiere); d) número de conciliadores deseado; e) en caso de haberse acogido las partes a su derecho de nombrar a el o los conciliadores o mediadores correspondientes, el nombre del conciliador de los que figuren en el listado de la CRECIG, designado por cada parte, el nombre del conciliador o mediador o conciliadores que hayan sido designados por las partes de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del presente Reglamento; o bien, su consentimiento para que, en su defecto, la CRECIG haga tal designación y nombramiento; y f) el depósito de la cantidad que fije la Comisión de acuerdo al arancel respectivo, en concepto de gastos de administración no-reembolsables, los cuales, en caso de prosperar el procedimiento conciliatorio o proceso de mediación, serán abonables para la parte que los haya cancelado, en el momento de ser practicada la liquidación respectiva. Recibido el formulario de solicitud de Conciliación o Mediación, la CRECIG deberá designar y nombrar, en su caso, a el o los respectivos conciliadores, salvo que las partes se hayan reservado tal facultad. Una vez nombrados el o los respectivos conciliadores, se señalará fecha para la primera sesión de conciliación, en un plazo que no exceda de 8 días hábiles, debiéndose notificar a las partes del día y hora de verificación de la misma, acompañando la documentación correspondiente . DE LOS HONORARIOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Previo a verificarse la primera sesión conciliatoria o sesión de mediación, las partes deberán realizar el depósito correspondiente de los gastos de administración y honorarios de él o mediador, los que, salvo pacto expreso en contrario de las mismas, serán cubiertos en partes iguales, de acuerdo con lo estipulado en el arancel respectivo. Si por incomparecencia de alguna de las partes no pudiera realizarse o fuere suspendida la primera sesión señalada, la administración de la CRECIG señalará de oficio otra nueva sesión, la cual deberá verificarse nuevamente dentro de un plazo que no exceda de cinco días hábiles, salvo casos excepcionales, en que éste plazo podrá ser mayor. Si las partes no se manifestaren de alguna manera y persistiere su incomparecencia, la CRECIG dará por agotado el procedimiento conciliatorio o proceso de mediación, faccionándose el acta correspondiente.
DE LA SESIÓN CONCILIATORIA: Previo pago de los honorarios y gastos de administración a que se refiere el artículo 13 del presente Reglamento, las partes podrán acudir a la o las sesiones conciliatorias o sesiones de mediación, en forma personal o por medio de apoderados legalmente facultados para ello. De considerarlo necesario, las partes podrán hacerse acompañar de sus abogados y/o expertos, quienes participarán en el procedimiento conciliatorio o proceso de mediación, únicamente en calidad de observadores, sin ningún tipo de intervención. El conciliador o mediador iniciará la sesión conciliatoria o sesión de mediación, explicando los propósitos, procedimiento y normas de conducta a observarse durante el transcurso de la misma. Acto seguido, las partes y el conciliador o mediador procederán a firmar el acuerdo de sometimiento a conciliación o mediación, bajo las reglas de la CRECIG. Durante el transcurso de la sesión, las partes emitirán las declaraciones que estimen necesarias para establecer su posición en relación con el objeto de la controversia, pudiendo apoyarse en documentos, fotografías, planos, notas o apuntes que consideren necesarios. DE LAS REUNIONES PRIVADAS: Durante la o las sesiones de conciliación o sesiones de mediación, de que se trate, el conciliador o mediador, de estimarlo necesario o de ser solicitado por alguna de las partes, podrá sostener breves reuniones privadas con alguna o cada una de ellas. Cualquier tipo de información que sea proporcionada a él conciliador o mediador durante estas reuniones privadas, será estrictamente de tipo confidencial, a menos que la parte de que se trate autorice expresamente a él conciliador o mediador a compartir dicha información con el resto de las partes, en aras de arribar a un acuerdo provechoso. DEL ACUERDO: El acuerdo al que arriben las partes voluntariamente, sea éste total o parcial, tendrá que hacerse constar por el conciliador o mediador en un documento privado el cual deberá contener legalización notarial de firmas para el efecto de su ejecución; dicho documento podrá ser elevado a Instrumento Público a solicitud de las partes, si se diera éste caso los gastos de escrituración serán cubiertos a prorrata por las partes, y éstas deberán hacer los arreglos necesarios para la documentación del mismo. Sea cual fuere el caso dicho acuerdo deberá ser faccionado en original y tantas copias como partes halla. El documento original o el testimonio de la escritura pública, si fuere el caso, quedará archivado en poder de la CRECIG, y las copias respectivas se entregarán a cada una de las partes. En caso de incumplimiento, la parte que desee ejecutar el acuerdo conciliatorio o acuerdo de mediación, podrá solicitar a la CRECIG que le sea entregado el documento original. En caso las partes no hayan arribado a un acuerdo o el mismo haya sido parcial, el conciliador o mediador harán constar tal circunstancia faccionando el documento correspondiente, en la cual se señalará el día y hora para la nueva sesión o bien el deseo de las partes de dar por agotada la vía conciliatoria o vía de mediación.
CONCLUSIÓN DE LA CONCILIACIÓN: El procedimiento conciliatorio o procedimiento de mediación, concluirá: a) cuando las partes hayan arribado a un acuerdo; b) mediante la solicitud verbal o escrita de alguna de las partes; c) por sugerencia del conciliador o mediador. Una vez concluido el procedimiento conciliatorio o proceso de mediación, exista o no acuerdo, las partes deberán cancelar, en partes iguales, salvo pacto expreso en contrario, la totalidad de los gastos de administración y honorarios de el o los conciliadores, según el respectivo arancel de la CRECIG. Sin haberse cumplido con este requisito previo, no se les entregará ni la copia respectiva, ni el documento original donde conste el acuerdo, en caso de ejecución posterior. PROCEDIMIENTO OPTATIVO: Si la conciliación o mediación, por cualesquiera motivos, no fuere exitosa, el conciliador o mediador puede sugerir o las partes pueden optar, a que cualquier controversia no resuelta o reclamo posterior que surja en relación con el acuerdo arribado, puedan ser resueltos por medio de arbitraje presentado y administrado ante la CRECIG. NORMAS PROCESALES: Los procedimientos aquí establecidos, se substanciarán de conformidad con el presente reglamento salvo lo dispuesto por las partes en Acuerdos, y en su defecto las que el Conciliador o Mediador y las partes señalen en forma expresa y de común acuerdo. Quedan incluidas las normas de la Ley de Arbitraje en lo que le sean aplicables. NORMA SUPLETORIA: En aquello no previsto por este Reglamento, los conciliadores, mediadores, negociadores o la CREIG, se resolverán de acuerdo con la Ley de Arbitraje, y en lo no previsto por dicha ley por analogía con las disposiciones de otras instituciones de arbitraje y conciliación.
CAPITULO III CENTRO PRIVADO DE DICTAMEN DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (CDCA) Este Centro Privado de Conciliación utiliza los mismos parámetros del CENAC, fundado por el Abogado y Notario Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano en el año de 1,987, siendo el primer presidente del Consejo de Administración de referido centro de mediación, utiliza los modos de resolución de conflictos similares a los empleados por la Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC), ya que el licenciado Rohrmoser ha sido uno de los pioneros en aplicar en Guatemala la búsqueda a soluciones de conflictos con énfasis en Arbitraje Internacional.
CAPITULO IV UNIDAD DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS (RAC) Quiénes somos? Los Centros de Resolución Alternativa de Conflictos “Centros RAC” (Negociación,
Conciliación, Mediación y Arbitraje), son sociedades integradas por profesionales de distintas disciplinas, que ofrecen servicios de consultoría y capacitación en el campo de Resolución Alternativa de Conflictos (Negociación, Conciliación, Mediación y Arbitraje), a organismos; estatales, privados, organizaciones no gubernamentales y la comunidad en general.
Qué son los métodos RAC? La Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) consiste en una serie de métodos y procedimientos para resolver conflictos sin tener que recurrir a los Tribunales Comunes. Las técnicas de Resolución de Conflictos son: La Negociación, la Conciliación, la Mediación, el Arbitraje y el Juicio.
